Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04283-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04283-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04283-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000 2023 04283 00
Referencia: Acción de tutela
Actor: NELSON FIDEL BARBOSA OSPINA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA
SUBSIDIARIEDAD. SI EL ACTOR ESTIMABA QUE EXISTIÓ ALGUNA
IRREGULARIDAD PROCESAL EN EL TRÁMITE DEL MEDIO DE
CONTROL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA, DEBIÓ ALEGARLA
DENTRO DEL MISMO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA,
A LA CONTRADICCIÓN Y AL MÉRITO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
I.- ANTECEDENTES
1
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 110010315000 2023 04283 00
Actor: NELSON FIDEL BARBOSA OSPINA
I.1.- La solicitud
El señor NELSON FIDEL BARBOSA OSPINA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL con
ocasión del trámite surtido en segunda instancia dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 110013335020 2018 00121 01.
I.2.- Hechos
Manifestó que en el año 2015, la COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL -CNSC2 convocó a concurso de méritos para
proveer, entre otros, el cargo de experto código G3 grado 6 de la
planta de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -en
adelante ANH-.
Comentó que participó como aspirante al cargo aludido y agotadas
2
En adelante CNSC.
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las etapas respectivas, la CNSC expidió la Resolución núm.
20172110023295 de 5 de abril de 2017, mediante la cual adoptó la
respectiva lista de elegibles, en la que ocupó el primer puesto.
Informó que la ANH lo nombró en el cargo referido, a través de la
Resolución núm. 590 de 13 de octubre de 2017, por lo que el 1o. de
diciembre siguiente tomó posesión.
Precisó que el señor CARLOS ERNESTO GARCÍA RUIZ, quien
ocupó el segundo lugar en la lista de elegibles, promovió un medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar
la legalidad de su acto de nombramiento, la lista de elegibles y las
decisiones con las que fueron resueltas las reclamaciones
interpuestas contra esta última.
Explicó que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 110013335020 2018 00121 00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al JUZGADO VEINTE
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ3 que,
mediante sentencia de 16 de diciembre de 2021, negó las
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En adelante el JUZGADO.
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pretensiones de la demanda.
Expuso que el allí demandante apeló la referida decisión ante el
TRIBUNAL que, mediante auto de 14 de diciembre de 2022, admitió
el recurso, no obstante, “[…] a pesar de haber enviado el mensaje
que contenía el aviso de la notificación por estado al buzón de
personas asociadas a otros procesos, no se envió al correo
electrónico del suscrito ni a la ANH ni a la Comisión Nacional del
Servicio Civil […]”.
Precisó que el 9 de marzo de 2023, la Secretaría de la Corporación
accionada ingresó el expediente al Despacho respectivo, indicándole
que ninguna de las partes ni el Ministerio Público habían efectuado
pronunciamiento alguno.
Adujo que, a través de providencia de 21 de julio de 2023, el
TRIBUNAL revocó la sentencia proferida en primera instancia y, en
su lugar, entre otros aspectos, declaró la nulidad de la lista de
elegibles y su nombramiento en el cargo aludido.
Anotó que la ANH elevó una solicitud de aclaración de la referida
providencia ante el TRIBUNAL, la cual está pendiente de ser
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resuelta.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Arguyó que la presente acción de tutela cumple con el requisito
general de la relevancia constitucional, comoquiera que la
vulneración deviene de la falta de envío del mensaje de datos que
contenía el estado en el que fue notificado el auto de 14 de diciembre
de 2022, en el que fue admitido el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia proferida en primera instancia del proceso origen
de la controversia.
Comentó que, lo anterior: “[…] me cercenó la posibilidad de
pronunciarme para ejercer oposición al recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante […]”.
Argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental absoluto, porque “[…] la secretaría del Tribunal
encargada de ejecutar la notificación del auto que admitió el recurso
de apelación, no me envió a mi correo electrónico conocido en el
proceso nfbarbosao@hotmail.com ni a ningún otro […]”.
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Explicó que la autoridad judicial accionada también desconoció el
artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA, “[…] que regula la notificación
por estado de los autos que no requieren de notificación personal, en
punto del deber de enviar el mensaje de datos al canal digital de los
sujetos procesales […]”.
Destacó que, al tratarse de la discusión sobre la negativa de las
pretensiones del demandante en el proceso ordinario, el aviso por
mensaje de texto de la notificación por estado del auto que admitió
el recurso era fundamental de cara a su derecho a la defensa,
comoquiera que constituía la única posibilidad con la que contaba
para defender la decisión proferida en primera instancia.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] Se solicita se tutelen los derechos fundamentales al debido
proceso y defensa, vulnerados por la Secretaría de la Sección
Segunda Subsección E del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al tramitar el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante con violación de las garantías
constitucionales mencionadas.
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Ordenar al Tribunal accionado que, en término de 48 horas, deje
sin efectos la constancia de fecha 9 de marzo de 2023 expedida
por la Secretaría del tribunal, así como los actos procesales
subsiguientes a esa actuación, y para que esa Corporación
ordene a la Secretaría del Tribunal, comunicar como era debido
mediante mensaje electrónico el estado No. 85 de diciembre de
2022, por medio del cual se surtió de forma irregular la
notificación del auto del 14 de diciembre de 2022, que admitió
el recurso de apelación presentado por el demandante […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL precisó que la presente acción de tutela no se
dirige a cuestionar ninguna decisión de fondo, sino que tiene como
finalidad “[…] dejar sin efectos la constancia del día 9 de marzo de
2023 (paso al Despacho para sentencia), para que la secretaría
proceda a notificar nuevamente el auto proferido el 14 de diciembre
de 2022 que aparece notificado por estado del día 16 de diciembre
de 2023, por medio del cual se admitió el recurso de apelación dentro
del expediente 11001-33-35-020-2018-00121-01 […]”.
Agregó que, en ese orden de ideas, advertía que el actor “[…] no ha
presentado solicitudes que invaliden las actuaciones adelantadas, es
decir, no hizo uso de los recursos que considere procedentes dentro
del proceso ordinario, con el fin de agotar los medios de defensa
judicial respectivos […]”.
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I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, destacó que la inconformidad del
accionante radicaba en las actuaciones secretariales adelantadas por
el TRIBUNAL, respecto de las cuales no tiene ninguna injerencia.
Agregó que, en todo caso, no ha vulnerado derecho alguno al actor,
además que este no aduce ninguna circunstancia en su contra.
I.5.3.- La ANH, vinculada en calidad de tercera con interés directo
en las resultas del proceso, solicitó ser desvinculada del presente
asunto comoquiera que carece de legitimación en la causa por
pasiva, en la medida en que no tiene ninguna facultad jurisdiccional
ni injerencia en la actuación que el actor pretende se deje sin efecto.
I.5.4.- La CNSC, vinculada en calidad de tercera con interés directo
en las resultas del proceso, solicitó ser desvinculada por falta de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no está llamada
a responder por las actuaciones cuestionadas.
Agregó que además la presente acción de tutela resulta
improcedente, porque el actor pretende la modificación de unas
decisiones judiciales, pasando por alto lo decidido en el fondo por el
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TRIBUNAL.
Destacó que los trámites administrativos a su cargo dentro del
proceso de selección van hasta la conformación y firmeza de las listas
de elegibles, por lo que es responsabilidad de la entidad respectiva
finalizar el proceso con el nombramiento en período de prueba,
posesión y evaluación, así como decidir las actuaciones propias de la
gestión del área de talento humano.
I.5.5.- El señor CARLOS ERNESTO GARCÍA RUIZ, vinculado en
calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,
pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que la CNSC y la ANH solicitaron ser desvinculadas
del presente caso, porque en su sentir carecen de legitimación en la
causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
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sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
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En el presente caso, independientemente de la prosperidad o no de
las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la ANH
y la CNSC son sujetos procesales en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho origen de la controversia, es claro que
tienen un interés directo en las resultas del presente asunto, por lo
que debían ser notificadas de su existencia, razón por la cual se
denegará su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
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jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
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que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
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fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efecto
todas las actuaciones surtidas a partir del informe de 9 de marzo de
2023, a través del cual la Secretaría del TRIBUNAL ingresó para
sentencia en segunda instancia el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110013335020 2018 00121 01.
En el proceso aludido un ciudadano cuestionó la legalidad de la lista
de elegibles que fue conformada por la CNSC para proveer el cargo
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de experto código G3 grado 6 de la planta de personal de la ANH, en
la que el actor ocupó el primer puesto y, en consecuencia, fue
nombrado en dicho empleo.
A través de sentencia de 21 de julio de 2023, el TRIBUNAL revocó
la sentencia proferida en primera instancia en la que se denegaron
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, accedió de forma
parcial a las súplicas del allí demandante.
El disenso del actor radica en que el auto mediante el cual el
TRIBUNAL admitió el recurso de apelación no le fue notificado
mediante el mensaje de datos a su correo electrónico, razón por la
cual, a su juicio, toda la actuación adelantada con posterioridad al
ingreso al Despacho debe dejarse sin efecto para que se haga en
debida forma, lo que implica incluso la sentencia mediante la cual fue
concluido el proceso.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la contradicción,
durante el trámite surtido en segunda instancia dentro del medio de
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control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
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En ese orden, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la subsidiariedad.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de la subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
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Actor: NELSON FIDEL BARBOSA OSPINA
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
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del fondo del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
En el presente asunto la Sala advierte que en la presente acción de
tutela no se cumple el requisito general de la subsidiariedad,
comoquiera que el actor no demuestra que dentro del proceso
ordinario, origen de la controversia, haya solicitado que se deje sin
efecto todas las actuaciones que se han surtido con posterioridad a
la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida en primera instancia.
En efecto, además de que en relación con tal aspecto en el escrito
introductorio el actor no hizo mención alguna, el TRIBUNAL informó
que este no le ha planteado los cuestionamientos formulados en la
solicitud de amparo, situación que concuerda con la información
contenida en el sistema de gestión SAMAI en el espacio del
expediente digital del proceso origen de la controversia5.
Si el actor estima que existió alguna irregularidad procesal que diera
lugar a que se declare una nulidad en los términos de los artículos
4 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.
5
Ver modulo del proceso en el TRIBUNAL
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100133350202018001
21012500023
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133 y siguientes del Código General del Proceso, debió haber
propuesto su inconformidad en tal sentido ante la autoridad judicial
accionada, sin que la acción de tutela sea un mecanismo alternativo
para tal efecto.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado por no cumplir el requisito general de la
subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y la AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de septiembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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