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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00059-00

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00059-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Nelson Fidel Barbosa Ospina en contra de la sentencia del veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023) dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 11001-33-35-020- 2018-00121-01, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la notificación por estado realizada el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022), referente al auto que admitió el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Ernesto García Ruiz en contra de la sentencia proferida el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) por el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá. Tercero. INFIRMAR la sentencia del veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023) dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. Cuarto. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que notifique en debida y legal forma, por estado, el auto del catorce Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicado: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024) (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022), dentro del trámite de segunda instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-020-2018-00121-01, y que rehaga en su integridad las actuaciones posteriores, incluida la emisión de la sentencia de segunda instancia que en derecho corresponda. Quinto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00059-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)
Demandante: Nelson Fidel Barbosa Ospina
Demandados: Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH y Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC)- Carlos Ernesto García Ruiz

Temas: Causal quinta de revisión. Trámite previo a la sentencia.
Publicación de estado electrónico. Ausencia de envío de mensaje
de datos. DECLARA FUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por el señor Nelson
Fidel Barbosa Ospina contra la sentencia del veintiuno (21) de julio de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E2, para lo cual invocó la causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante el Acuerdo 550 del 28 de agosto de 2015, la Comisión Nacional del
Servicio Civil (CNSC) convocó a concurso abierto de méritos para proveer empleos
vacantes en la planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH),
bajo la Convocatoria 333 de 2015. Entre los empleos ofertados se encontraba el
cargo de Experto, Código G3, Grado 6, en la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

En la etapa de verificación de requisitos mínimos, la CNSC admitió a varios
aspirantes, entre ellos, al demandante y al señor Carlos Ernesto García Ruiz.
Superadas las pruebas, en febrero de 2017 se publicaron los resultados y, el 5 de
abril del mismo año, se conformó la lista de elegibles mediante Resolución CNSC
20172110023295, en la cual él ocupó el primer lugar, y el señor Carlos Ernesto
García Ruiz el segundo, quien ya venía desempeñando ese cargo por encargo
desde 2012.

Que la Comisión de Personal y la Subdirección de Talento Humano de la ANH
solicitaron a la CNSC su exclusión de la lista, alegando que no acreditó experiencia

1 La presentación del recurso se efectuó el 19 de febrero de 2024. Véase índice 00001 del aplicativo SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 13 de junio de 2017, por el Juzgado Tercero Administrativo del

Circuito de Pereira en el cual se abstuvo de continuar con la ejecución.

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en el sector hidrocarburos. En respuesta, la CNSC, mediante Auto
20172110005304 del 16 de mayo de 2017, le requirió para constatar el cumplimiento
de los requisitos y, posteriormente, mediante Auto 20172110006524 del 27 de julio
de 2017, archivó la actuación al verificar que sí cumplía con lo exigido.
Adicionalmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió
concepto el 2 de junio de 2017, indicando que no se debían incluir observaciones
restrictivas sobre la formación académica en el manual de funciones, conforme a la
normativa vigente y al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES).

Como resultado, la ANH expidió la Resolución 590 del 13 de octubre de 2017,
nombrándolo en el cargo de Experto, Código G3, Grado 6, en el cual se posesionó
el 1º de diciembre de 2017 y, una vez superado el periodo de prueba, ejerció el
cargo de forma sobresaliente hasta 2023, según consta en sus calificaciones
anuales.

Que el señor Carlos Ernesto García Ruiz ejerció el medio de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la ANH y la CNSC, solicitando anular la
Resolución 590 de 2017, la lista de elegibles y el auto de archivo, y que se ordenara
su reintegro al cargo.

Que fue vinculado como tercero interesado el 23 de mayo de 2019, pero su
contestación del 8 de agosto de 2019 no fue tenida en cuenta por no contar con
apoderado judicial.

Que, mediante auto del 6 de marzo de 2020, el Juzgado consideró improcedente la
solicitud presentada por el tercero interesado para que se le designara un
apoderado de oficio, al estimar que «la figura de ‘abogado de oficio’ no está
contemplada dentro del procedimiento administrativo […]. El tercero con interés
presentó en nombre propio contestación a la demanda, sin que en ninguna de sus
partes solicitara el amparo de pobreza. [Y en tanto] al notificarse personalmente de
la demanda el 23 de mayo de 2019 [y presentarse la solicitud por fuera del plazo
previsto en el artículo 152 del CGP], […] no e[ra] viable darle trámite a la solicitud
[y] no se tendrá por contestada la demanda respecto a éste».

Que el Juzgado 20 Administrativo Oral de Bogotá negó las pretensiones mediante
sentencia del 16 de diciembre de 2021, validando su nombramiento, al considerar
que los actos acusados habían sido expedidos conforme a derecho, teniendo en
cuenta que el empleo ocupado por el demandante lo era en encargo, y aunque
conformaba la lista de elegibles, ocupaba el segundo puesto, por lo que delante de
él existía una persona con mejor derecho, a quien efectivamente había nombrado
la entidad en el cargo ofertado.

Que la anterior decisión fue notificada a la dirección electrónica de correo indicada
desde su ignorada participación en el proceso el 9 de febrero de 2022.

Esta decisión fue apelada por el señor García Ruiz el 25 de enero de 2022 —sin
remitir copia del memorial a las demás partes—, y mediante auto del 14 de

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diciembre de 2022 se admitió el recurso. No obstante, el despacho únicamente
envió el mensaje de datos con el aviso de notificación a los buzones electrónicos de
las entidades accionadas, omitiendo hacerlo respecto del suyo.

Que el 9 de marzo de 2023, la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca ingresó el expediente al Despacho respectivo, indicándole que
ninguna de las partes ni el Ministerio Público habían efectuado pronunciamiento
alguno.

Como consecuencia, el Tribunal resolvió la apelación sin permitirle intervenir y,
mediante fallo del 21 de julio de 2023, revocó la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, entre otros aspectos, declaró la nulidad de la lista de elegibles y su
nombramiento en el cargo aludido.

Que fue notificado de la decisión el 24 de julio de 2023, momento en el cual conoció
que se había interpuesto, tramitado y decidido un recurso de apelación contra la
providencia —favorable a sus pretensiones— proferida en primera instancia.
Posteriormente, el 22 de septiembre del mismo año, recibió notificación oficial de su
retiro del cargo, formalizado mediante Resolución 10769 del 11 de septiembre de
2023.

Que interpuso acción de tutela en agosto de 2023, alegando vulneración a su
derecho al debido proceso, defensa y contradicción, y solicitó dejar sin efectos los
actos procesales posteriores a la admisión de la apelación. La Sección Primera del
Consejo de Estado la negó por improcedente; decisión que la Sección Quinta
confirmó el 9 de noviembre de 2023, señalando que existían otros mecanismos
judiciales, como el establecido en el artículo 250 del CPACA.

Que, durante el trámite constitucional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
reconoció que por error de un escribiente no se le notificó sobre la admisión de la
apelación, pese a que su dirección electrónica era conocida desde la primera
instancia.

Que la autoridad judicial intentó subsanar el error con posterioridad a la notificación
de la sentencia, al remitir tardíamente a su correo electrónico la comunicación del
estado que notificó la admisión del recurso de apelación el 24 de agosto de 2023.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El 21 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia
mediante la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la
nulidad de los actos administrativos y ordenó a la CNSC excluir al señor Nelson
Fidel Barbosa Ospina de la lista de elegibles conformada en la Convocatoria 333 de
2015, para el empleo de carrera denominado «experto», código G3, grado 6 de la
ANH. Además, dispuso la reestructuración de dicha lista únicamente en lo que
concierne al demandante, Carlos Ernesto García Ruíz.

Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:

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Indicó que el nombramiento del señor Barbosa Ospina, quien ocupó el primer lugar,
se realizó de manera irregular, ya que este no cumplía con los requisitos de
experiencia en el sector de hidrocarburos, exigidos por la convocatoria para el
empleo con OPEC 205138. Esta plaza, correspondiente al nivel asesor de la
Vicepresidencia Técnica de la ANH, exigía como requisito mínimo 51 meses de
experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo si se acreditaba
especialización, o 75 meses en caso contrario. Adicionalmente, para quienes se
postularan en el núcleo básico de conocimientos denominado «ingeniería civil y
afines» —categoría en la que se inscribió el señor Barbosa Ospina—, la ANH
estableció que la experiencia debía ser específicamente en el sector de
hidrocarburos.

Encontró que el señor Barbosa Ospina acreditó título profesional en Ingeniería
Catastral y Geodesia y título de especialista en Gerencia de Proyectos en
Ingeniería, cumpliendo así con los requisitos académicos y habilitándose para
acreditar 51 meses de experiencia. Sin embargo, determinó que la experiencia
presentada fue desempeñada en el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), entidad cuya función principal es la producción y gestión de
información estadística oficial, sin vinculación con el sector de hidrocarburos. Por lo
tanto, consideró que la experiencia aportada no podía considerarse válida para
efectos de la convocatoria, dado el requisito específico exigido por la ANH.

Dijo que en el Auto CNSC-20172110006524 del 27 de julio de 2017, la CNSC indicó
que el señor Barbosa Ospina contaba con 54 meses de experiencia relacionada.
Sin embargo, del análisis probatorio se evidenció que la experiencia realmente
acreditada era de 57 meses y 1 día, y que existían inconsistencias entre los
contratos suscritos y las certificaciones aportadas.

Indicó que la CNSC no realizó un análisis sustancial sobre si dicha experiencia se
desarrolló efectivamente en el sector de hidrocarburos, limitándose a validar
documentos sin verificar el cumplimiento del requisito sectorial específico. Incluso,
expuso que del análisis contenido en dicho auto se observa que se aludió a otro
empleo distinto y a un tercero (Eduin Yezid Carrillo Vega), sin emitir
pronunciamiento específico sobre el señor Barbosa Ospina, lo que descartó que se
tratara de un simple error mecanográfico, como se argumentó en la sentencia de
primera instancia.

Concluyó que el Auto CNSC-20172110006524 estaba viciado por falsa motivación,
al no realizar un estudio de fondo respecto de la experiencia profesional exigida. La
omisión de este análisis implicó que se incluyera en la lista de elegibles a un
aspirante que no cumplía los requisitos establecidos para el empleo OPEC 205138,
lo cual justifica su exclusión. En consecuencia, era procedente revocar la sentencia
de primera instancia, accediendo parcialmente a las pretensiones.

Declaró la nulidad parcial del auto mencionado, exclusivamente en lo referente al
señor Barbosa Ospina, así como de la Resolución 590 del 13 de octubre de 2017,
por medio de la cual fue nombrado en el cargo mencionado. Se ordenó además a
la CNSC reestructurar la lista de elegibles únicamente en lo que atañe al señor

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Carlos Ernesto García Ruíz.

Aclaró que la nueva lista de elegibles, en lo que respecta al demandante, tendría
una vigencia de dos años contados a partir de su publicación por parte de la CNSC.
Sin embargo, precisó que no es competencia de esta jurisdicción ordenar el
reintegro del señor García Ruíz al cargo que venía desempeñando en encargo, ni
su nombramiento en el empleo para el cual concursó.

Que, aunque se probó que el señor Barbosa Ospina no cumplía los requisitos
exigidos, lo procedente era retrotraer la actuación administrativa al momento de
conformación de la lista, para que la ANH, como entidad nominadora, sea quien
determine si el señor García Ruíz cumple con los requisitos exigidos para su
eventual nombramiento. En esa medida, tampoco procede el reconocimiento de
salarios, prestaciones o perjuicios morales, toda vez que no se trata de un caso de
reintegro sino de una corrección en la conformación de la lista de elegibles, derivada
del incumplimiento de los requisitos por parte de quien originalmente ocupó el primer
lugar. De este modo, indicó que se abre la posibilidad de que el señor García Ruíz
ascienda al primer puesto, pero será la ANH quien evalúe y decida sobre su
nombramiento en periodo de prueba.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor Nelson Fidel Barbosa Ospina interpuso recurso extraordinario de revisión
al considerar que la sentencia impugnada se encuentra incursa en la causal quinta
prevista en dicha disposición.

Para sustentar el recurso, presenta los fundamentos que pasan a exponerse:

Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, omitió notificarle la admisión del
recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Ernesto García Ruiz contra la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 20 Administrativo del
Circuito de Bogotá, omisión que le impidió ejercer su derecho de defensa, intervenir
en segunda instancia, pronunciarse sobre el recurso, solicitar pruebas o presentar
alegatos de conclusión, configurando una nulidad procesal sustancial conforme al
artículo 208 del CPACA, que remite a las causales de nulidad previstas en el artículo
133 del Código General del Proceso (CGP).

Que particularmente se configuran las establecidas en los numerales 5 y 6, que
sancionan las omisiones en la oportunidad para practicar pruebas, alegar de
conclusión, sustentar o controvertir recursos.

Cito el artículo 201 del CPACA que dispone que las providencias no sujetas a
notificación personal deben comunicarse por estado, mediante anotación
electrónica y con el envío de mensaje de datos al canal digital de los sujetos
procesales; obligación que, de omitirse según la Sentencia del 24 de octubre de
2013, Exp. 08001-23-33-000-2012-0047-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez hace que
la notificación no surta efectos.

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Que el propio Tribunal en sede de tutela reconoció que no se envió el mensaje de
datos al correo electrónico del señor Barbosa Ospina, a pesar de estar registrado
desde la primera instancia. Esta omisión, atribuida a un error del escribiente, fue
igualmente reconocida por el Consejo de Estado – Sección Quinta al resolver la
tutela.

Señaló que el mensaje de datos enviado no incluyó, relacionó ni identificó su correo
electrónico, y en el memorial de apelación tampoco fue mencionado ni copiado. Esta
última omisión vulneró también el numeral 4º del artículo 78 del CGP y desconoció
el deber legal consagrado en el artículo 2º de la Ley 2213 de 2022, frustrando su
derecho a intervenir oportunamente.

En consecuencia, el Tribunal pretermitió de forma absoluta la segunda instancia
para el recurrente, impidiéndole: i) pronunciarse sobre el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el artículo 247, numeral 4º del CPACA; ii) solicitar y
practicar pruebas en los términos del artículo 212 ibídem; y iii) presentar alegatos
de conclusión, como lo establece el numeral 5º del artículo 247.

A pesar de ello, la Secretaría del Tribunal indicó erradamente, a través de
constancia secretarial, que ningún sujeto procesal se había pronunciado sobre el
recurso ni había presentado alegatos, afirmación que desconoce que la falta de
intervención del señor Barbosa Ospina no fue una decisión voluntaria, sino la
consecuencia directa de no haber sido notificado de la admisión del recurso.

Considera que la omisión de notificación del auto admisorio, primera providencia
dentro del trámite de segunda instancia, implica la pretermisión de toda la segunda
instancia y, por ende, una grave vulneración del debido proceso; circunstancia que
no fue advertida por el Tribunal al momento de dictar sentencia de segunda
instancia, ni siquiera después de haber reconocido en sede de tutela el error de
notificación.

Que tampoco puede afirmarse que la notificación extemporánea corregía el defecto,
pues dicha comunicación fue tardía e ineficaz para garantizar su participación o
defensa, y fue emitida cuando ya se encontraba en curso la decisión definitiva del
Tribunal, que culminó con la revocatoria de la sentencia favorable y su
desvinculación del cargo público que ejercía desde el 1º de diciembre de 2017, el
cual representaba el único sustento laboral que tenía.

Manifestó que las nulidades procesales invocadas —i) falta de notificación del auto
admisorio de apelación; ii) omisión de oportunidad probatoria en segunda instancia;
iii) omisión del traslado para alegar de conclusión; y iv) omisión del traslado para
pronunciarse sobre el recurso— solo pudieron ser conocidas una vez fue notificado
del fallo de segunda instancia. Fue entonces cuando tuvo conocimiento de la
existencia del recurso, de su admisión y de la decisión que revocó su nombramiento.

Estas irregularidades, constitutivas de nulidad, afectaron gravemente su derecho de
defensa, contradicción y acceso a la justicia. De haberse respetado el
procedimiento, su intervención podría haber conducido a una decisión distinta o, al

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menos, habría permitido exponer argumentos y pruebas que respaldaban la
legalidad de su nombramiento.

Afirmó que la negativa del juez de primera instancia a concederle el amparo de
pobreza le impidió ejercer adecuadamente su defensa en esa etapa, por lo que la
segunda instancia representaba su única oportunidad para hacerlo, incluyendo la
posibilidad de solicitar la práctica de pruebas, como lo autoriza el artículo 212 del
CPACA.

Contestaciones al recurso extraordinario de revisión

La ANH3 expresó que no tiene dentro de sus funciones la provisión de vacantes en
los concursos de mérito, dado que la CNSC es la entidad encargada de adelantar el
proceso de selección para la provisión de empleos de la planta de personal, desde su
diseño, construcción, validación, individualización, ensamble, diagramación y
aplicación de las pruebas escritas.

Que, al no proferir autos ni sentencias, la ANH no puede ser ejecutora de la decisión
contenida en el recurso, ni puede predicarse omisión alguna de esa entidad.

Que, cumplió con lo dispuesto en la sentencia judicial, dando aplicación a los
principios de debido proceso y cosa juzgada establecidos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – en fallo de segunda instancia.

Por su parte, la CNSC4 señaló que, de evidenciarse que la decisión del Tribunal
vulneró el derecho fundamental al debido proceso del recurrente, se estaría afectando
la garantía prevista en el artículo 29 de la Constitución. Esto habría dejado al
interesado en estado de indefensión, al carecer de un medio o mecanismo procesal
que le permitiera ejercer su derecho de contradicción y legítima defensa para
demostrar al fallador judicial el error en que incurrió al adoptar su decisión.

El señor Carlos Ernesto García Ruiz, pese a haber sido notificado en debida forma,
guardó silencio.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el
21 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
considerando la causal presentada por el recurrente.

3 Véase índice 00022 del aplicativo SAMAI.
4 Véase índice 00023 del aplicativo SAMAI.

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Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causal de revisión invocada y iii) Caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En términos de artículo 248 del
CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada6. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:

i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente7.

ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular8.

iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.

iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 9.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada,
ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir
los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

5 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15

de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,

la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
8 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos

relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso

administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)

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En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley10.

Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada
en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar
esta circunstancia11.

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se
configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 12, que establece ocho motivos
específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 13, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A
modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones
como:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
11 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
12 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-

03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
13 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de

2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: falta de competencia, pronunciamientos sin el trámite debido, decisiones adoptadas
fuera de los términos legales, condenas sobre aspectos no solicitados o respecto de personas ajenas al proceso,
ausencia total de motivación, o irregularidades en la votación o suscripción del fallo.

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profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»14.

Así mismo, la Corporación ha mantenido el criterio según el cual hay otros motivos
que, aunque no están señalados dentro del catálogo taxativo del artículo 133 del
Código General del Proceso, pueden dar lugar a invalidar la sentencia contra la que
no procede ningún recurso. Estos motivos surgen de la violación al debido proceso,
derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

La falta al debido proceso se configura cuando la sentencia impugnada
desconoce alguna de las siguientes premisas fundamentales: i) la garantía de ser
juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante autoridad judicial
competente y según las formas propias de cada juicio ii) la aplicación de la ley más
permisiva o favorable, antes que la restrictiva o desfavorable, aunque aquella sea
posterior, en los casos que ello sea procedente; iii) la presunción de inocencia;
iv) el derecho de defensa y de ser asistido por un abogado en aquellos casos
que la ley lo indique; v) un proceso sin dilaciones injustificadas; vi) el principio
del non bis in ídem; vii) la posibilidad de presentar, conocer y controvertir las
pruebas dentro del trámite procesal; viii) la posibilidad de impugnar aquellas
providencias condenatorias; y ix) la nulidad de pleno derecho de la prueba que haya
sido obtenida ilícitamente15.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido16.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

En criterio del recurrente, la actuación del Tribunal pretermitió la segunda instancia,
al no notificarle en debida forma el auto que admitió el recurso de apelación. Tal
omisión, sostiene, le impidió: i) pronunciarse frente al recurso interpuesto, conforme
lo dispone el artículo 247, numeral 4º del CPACA, en su calidad de tercero
interesado; ii) solicitar y aportar pruebas en los términos del artículo 212 del mismo

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de febrero de 2013, Exp.

11001-03-15-000-2008-01027-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
16 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.

Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00.

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estatuto; y iii) presentar alegatos de conclusión, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 5º del artículo 247 ibídem.

Corresponde precisar que el caso bajo examen no configura la causal de nulidad
por pretermisión íntegra de la instancia prevista en el artículo 133, numeral 2º del
CGP. La irregularidad alegada no consistió en la omisión absoluta de la segunda
instancia, sino en el incumplimiento del procedimiento legalmente establecido para
surtir la notificación por estado del auto admisorio de la apelación. Tal omisión, aun
cuando no afecta la existencia formal de la notificación por estado, sí vulnera de
manera sustancial las garantías de publicidad, defensa y contradicción, al privar al
interesado de un conocimiento efectivo y oportuno de la actuación.

Así, si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tramitó el recurso de
apelación conforme al artículo 247 del CPACA en cuanto a su admisión, lo cierto es
que no se cumplió a cabalidad con los presupuestos que para la notificación prevé
el numeral 4 de la misma disposición, en concordancia con el artículo 201 del
CPACA17.

Dicha norma —modificada por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021— establece
que los autos no sujetos a notificación personal deberán ser notificados mediante
dos actuaciones conjuntas: (i) la anotación en el estado electrónico, y (ii) el envío
de un mensaje de datos a las partes que hayan registrado dirección
electrónica. Así lo ha señalado esta Corporación:

«[…] la notificación por estado como lo ha señalado esta Corporación está
compuesta de dos (2) actuaciones, a saber: la anotación en estados
electrónicos y el envío de un mensaje de datos a quienes hayan suministrado
su dirección electrónica18; último paso no puede confundirse con el instrumento
de notificación propiamente (el estado) ni con la notificación por medios
electrónicos de que trata el artículo 205 del CPACA

En ese contexto, cuando la notificación se realiza mediante anotación en
estado, esta se entiende surtida el día en que se desfija el estado, y los términos
que correspondan empezarán a correr desde el día siguiente, lo cual resulta
consonante con el inciso 2.° artículo 118 del Código General del Proceso.19 Por
su parte, la notificación electrónica que prevé el artículo 205 del CPACA se da

17 «ARTÍCULO 201. NOTIFICACIONES POR ESTADO. Los autos no sujetos al requisito de la notificación

personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la
responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en
ella ha de constar: [/]1. La identificación del proceso. [/] 2. Los nombres del demandante y el demandado. [/] 3.
La fecha del auto y el cuaderno en que se halla. [/]4. La fecha del estado y la firma del Secretario. [/] El estado
se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de medio notificador
durante el respectivo día.
<Inciso modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las notificaciones
por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos
por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de
datos al canal digital de los sujetos procesales. [/] De los estados que hayan sido fijados electrónicamente
se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el
término mínimo de diez (10) años. [/] Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al
acceso del público para la consulta de los estados» (Subrayado de la Sala).
18 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, i) Subsección

A, auto del 1.° de marzo de 2019, expediente 25000 23 42 000 2014 02444 01 (3690-16), M.P., Rafael Francisco
Suárez Vargas; y ii) auto del 2 de octubre de 2019, expediente 73001 23 33 000 2019 00041 01 (3590-2019),
M.P., Carmelo Perdomo Cuéter.
19 «El término que se conceda fuera de audiencia correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la

providencia que lo concedió».

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por realizada dos (2) días hábiles después de haberse enviado el mensaje, y
desde el día siguiente se contabilizarán los términos a que haya lugar»20.

Considera la Sala que, pese a que no pueden confundirse estos conceptos, ello no
significa que no exista la obligación legal de ejecutar ambos actos. Precisamente,
el sentido del legislador al establecer esta doble carga está directamente
relacionado con la efectividad del principio de publicidad del proceso y el acceso
real y oportuno a las actuaciones judiciales.

Ahora bien, si el envío del mensaje de datos no fuera exigible, cabe preguntarse:
¿por qué el legislador lo incluyó expresamente en el artículo 201 del CPACA, a
diferencia del Decreto 806 de 202021 —norma transitoria para la jurisdicción civil—
que no lo contempló, y cuya omisión fue reiterada en la Ley 2213 de 202222? Incluso
la Corte Suprema de Justicia23, al revisar esta última, ha reconocido que dicha
obligación no fue incorporada expresamente por el legislador en ese contexto, lo
que refuerza aún más que su inclusión en el CPACA no es accidental ni superflua,
sino una manifestación deliberada del legislador en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para reforzar las garantías procesales de las partes y el principio de
publicidad24.

Ahora bien, podría cuestionarse si la exigencia de remitir un mensaje de datos a los
sujetos procesales desnaturaliza la figura de la notificación por estado,
tradicionalmente entendida —en el marco del CGP y en la práctica judicial previa a
la digitalización— como la simple fijación del estado en la cartelera del despacho
judicial.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 12 de

septiembre de 2024. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
21 «ARTÍCULO 9. Notificación por estado y traslados. Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con

inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia
con firma al pie de la providencia respectiva.[/]No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las
providencias que decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así
lo disponga por estar sujetas a reserva legal. [/] De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban
hacerse por fuera de audiencia. .[/] Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea
para consulta permanente por cualquier interesado».
22 Ibid.
23 Entre otras: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia STC5158 DEL 5 DE

AGOSTO DEN 2020. M.P. Francisco Ternera Barrios. «Del citado canon es irrebatible que para formalizar la
“notificación por estado” de las disposiciones judiciales no se requiere, de ninguna manera, el envío de “correos
electrónicos”, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicación web y en ella hipervincular
la decisión emitida por el funcionario jurisdiccional. […] Agréguese a ello que librar la providencia emitida como
mensaje de datos a la “dirección electrónica”, o física mutaría en otra tipología de “notificación”, como es la
personal, pues son los parámetros anunciados por el artículo 291 del Código General del Proceso y 8° del
Decreto en mención»
24 En este punto, resulta pertinente señalar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

Estado, mediante auto de unificación jurisprudencial del 29 de noviembre de 2022, precisó que la notificación
por estado y la notificación electrónica son figuras distintas y que, presuntamente, no existía obligación de enviar
el mensaje de datos. Este aspecto, sin embargo, no fue objeto de la regla de unificación y, de hecho, existen
providencias de la misma corporación que sí reconocen dicha obligación, como se evidenciará en esta decisión.
Lo que realmente se unificó fue: «La notificación de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso
primero del artículo 203 del CPACA se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes
al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 205 del CPACA». Cabe anotar, además, que esta
decisión no se encontraba vigente para la época en que se profirió el fallo objeto de revisión. Véase: Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto 735 del 29 de noviembre de 2022. C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.

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Sin embargo, debe advertirse que dicha exigencia no altera la esencia ni el carácter
general de la notificación por estado, pues esta continúa materializándose con la
publicación en el estado electrónico —hoy fijado virtualmente en los medios oficiales
de la Rama Judicial en el micrositio que para el efecto tiene cada despacho—. El
envío del mensaje de datos no sustituye ni convierte la notificación por estado en
una notificación electrónica, sino que constituye una medida complementaria— pero
obligatoria y de garantía— orientada a reforzar el principio de publicidad, la igualdad
de acceso a la información procesal y el derecho de defensa en el entorno digital.

En este sentido, el legislador, al incorporar esta obligación en el artículo 201 del
CPACA, no modificó la naturaleza de la notificación por estado, sino que adaptó su
ejecución a los estándares actuales de acceso a la información, sin sustituirla por
otros mecanismos de notificación.

Esta Corporación ha señalado sobre la omisión de la remisión del mensaje de datos
que comunica el estado lo siguiente:

«De hecho, el mensaje de datos hace parte de la notificación por estado, de ahí
que se considere que es una obligación del secretario de la correspondiente
corporación o despacho judicial, enviar el mismo día de la publicación o
inserción del estado electrónico en la página web de la Rama Judicial, un
mensaje de datos al correo electrónico destinado para notificaciones judiciales,
en el que se informe sobre la notificación por estado electrónico ocurrida dentro
del proceso. Por consiguiente, la no remisión del mensaje de datos
desconocería el principio de publicidad de las actuaciones judiciales,
pues impediría conocer a tiempo las providencias dictadas dentro de un
proceso, más aún, cuando estas van encaminadas a establecer fecha y
hora para la celebración de alguna diligencia o audiencia.

Igualmente, la Sala advierte que la norma no faculta al juez o al secretario
para que a su discrecionalidad decida si se aplica o no el contenido total
del artículo 201 del CPACA y no establece excepciones ni condiciones»
(Subrayado para enfatizar)25.

Incluso, en desarrollo de esa norma, se ha precisado que:

«[…] en vigencia del CPACA la notificación por estado supone una actuación
compleja, constituida por las constancias inherentes al trámite
secretarial y la obligación de enviar el correspondiente mensaje de datos
a la parte que suministró una dirección de correo electrónico para el
efecto, de ahí que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos
previstos en los mencionados artículos impide predicar la notificación
en debida forma de una determinada providencia26»27(se destaca).

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. 4 de octubre 2018. Exp. 11001-

03-15-000-2018-02222-00 (Ac). CP. Stella Jeannette Carvajal Basto. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 19 de marzo de 2021. Exp. 52001-23-33-000-2020-01182-
01(AC). CP. Marta Nubia Velásquez Rico.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 25 de mayo de 2018, radicación número:

080012333004201200469 01 (número interno 59.283). De forma uniforme se indicó lo mismo por parte de la
Sección Segunda, Subsección de esta Corporación en sede tutela. Providencia del 14 de septiembre de 2017.
Exp. 27001-23-31-000-2017-00038-01(AC). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
27 En similar sentido puede verse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.

Sentencia del 24 de octubre de 2013. Exp. 08001-23-33- 000-2012-00471-01 (20258). C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. En dicha providencia se sostuvo al analizar el contenido del artículo 201 del COACA antes
de su modificación que es un deber del secretario, enviar un mensaje de datos el mismo día de la publicación
del estado en la página web de la Rama Judicial, a quien haya suministrado la dirección de correo electrónico,
informándole sobre dicha notificación.

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En otras palabras, la omisión en el envío del mensaje de datos previsto en los
artículos 201 y 205 del CPACA implicó que la notificación del auto de admisión de
la apelación se realizara de manera incompleta. Ello vulneró el principio de
publicidad y el derecho al debido proceso, al impedir que el tercero interesado
ejerciera sus derechos procesales en la segunda instancia. Dicha vulneración solo
fue advertida con la notificación de la sentencia —el 22 de septiembre de 2023—,
única actuación que sí fue comunicada en debida forma.

Además, se advierte que, tal como lo precisó el recurrente en el trámite de la
segunda instancia de la acción de tutela promovida por estos mismos hechos, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Oficio 0650 del 17 de agosto
de 202328, reconoció expresamente la irregularidad procesal en los siguientes
términos:

«[…] 2. Se ingresó el proceso al despacho para su trámite el día 4 de noviembre
de 2022 y se profirió […] el auto admisorio del recurso impetrado el día 14 de
diciembre de 2022.

3. Se notificó a las partes enunciadas dentro del proceso, esto es, al
demandante señor Carlos Ernesto García Ruíz por medio de su apoderado Dr.
Pedro Antonio Chaustre Hernández, a las partes demandadas en este caso la
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y la Comisión Nacional del Servicio
Civil -CNSC por medio de sus correos institucionales.

4. Pero, por error involuntario, por parte del Escribiente Juan José Rodríguez
Casas, quien realiza las notificaciones por estado de ese despacho, no se
evidenció que dentro del expediente proferido existe un vinculado llamado
Nelson Fidel Barbosa Ospina quien también debía notificarse de la mentada
providencia».

Cabe agregar que, como anexo de dicho informe, se remitió constancia de remisión
de la comunicación del auto que admitió el recurso el 24 de agosto de 2023; sin
embargo, tal circunstancia no estaba llamada a subsanar la irregularidad procesal
relacionada.

En ese contexto, debe resaltarse que el trámite previo a la sentencia cumple un
papel esencial en la efectividad del derecho de defensa y contradicción, y por tanto
del debido proceso, porque implica la posibilidad de solicitar pruebas y, sobre todo,
permitir a la parte que no apeló controvertir el fundamento de la alzada de la parte
contraria, a través de sus alegaciones finales.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que, para garantizar la existencia del
debido proceso en las actuaciones judiciales o administrativas, es necesaria la
existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que,
en desarrollo del principio de legalidad, se deban respetar las formas propias de
cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales29.

28 Véase índice 00047 SAMAI, archivo denominado «99RECIBEMEMORIAL_11001031500020230428(.zip)
NroActua 47», sub-archivo «027RECIBEPRUEBAS_ANEXO20230428300(.pdf) NroActua 13.pdf»
29 Corte Constitucional. Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Es importante resaltar que el señor Nelson Fidel Barbosa Ospina, antes de
promover esta acción, interpuso una acción de tutela ante esta Corporación30,
solicitud que fue declarada improcedente al verificarse la existencia de otro
mecanismo judicial de defensa, en los siguientes términos:

«[…] la presente acción no es procedente porque existe otro mecanismo
contemplado por el legislador para la defensa de los derechos e intereses del
accionante que se discutían en sede contencioso administrativa, el cual no ha
sido ejercitado por él. Al respecto debe advertirse que el artículo 251 del CPACA
prevé la posibilidad de presentar el recurso extraordinario de revisión dentro del
año siguientes a la ejecutoria de la sentencia cuestionada, por lo que el
accionante incluso aún puede acudir a dicho mecanismo».

En consecuencia, este pronunciamiento confirma que el recurso extraordinario de
revisión es el instrumento idóneo y eficaz para abordar el defecto procesal alegado,
descartando así que pueda acudirse a otras vías como la tutela para subsanarlo.

El estudio del reproche planteado, entonces, permite garantizar que la situación se
resuelva en el marco de la administración de justicia, presupuesto indispensable
para la materialización de derechos fundamentales, ya que, como ha señalado la
Corte Constitucional «no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y
de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice
adecuadamente dicho acceso»31.

En ese orden de ideas, debe concluirse que la omisión en el envío del mensaje de
datos correspondiente a la notificación por estado del auto admisorio del recurso de
apelación del 14 de diciembre de 2022 al señor Nelson Fidel Barbosa Ospina no
puede entenderse como un simple yerro secretarial. Por el contrario, dicha omisión
constituyó una irregularidad sustancial que afectó de manera directa y determinante
la posibilidad real y efectiva de ejercer su derecho de defensa y contradicción, al
impedirle tener conocimiento oportuno de las actuaciones procesales que le
concernían lo que a su vez, le imposibilitó ejercer plenamente sus facultades en la
segunda instancia, ya fuera para pronunciarse respecto del recurso de apelación
formulado, solicitar la práctica de pruebas o presentar sus alegatos de conclusión.

En estas condiciones, se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión. En
aplicación de lo previsto en el inciso tercero del artículo 255 del CPACA —según el
cual, cuando se acredite la causal del numeral 5 del artículo 250, «[…] se declarará
la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a
la revisión y se devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga
lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda»—, se dispondrá dejar
sin efectos tanto la notificación por estado realizada el 16 de diciembre de 2022,
relativa al auto que admitió el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos
Ernesto García Ruiz, como la sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por encontrarse esta última viciada a raíz de la
referida irregularidad procesal.

30 La cual se adelantó bajo el radicado 11001-03-15-000-2023-04283-00.
31 Corte Constitucional. Sentencia T-268 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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En consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que notifique en debida y legal forma, por estado, el auto
del 14 de diciembre de 2022 dentro del trámite de segunda instancia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-
33-35-020-2018-00121-01, y que rehaga en legal forma las actuaciones
subsiguientes, incluyendo la emisión de una nueva sentencia.

De la condena en costas

Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de la
condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:

«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…]
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando ya estaba
rigiendo la nueva ley, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en
costas, toda vez que se declaró fundado el recurso extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Nelson Fidel Barbosa Ospina en contra de la sentencia del veintiuno
(21) de julio de dos mil veintitrés (2023) dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 11001-33-35-020-
2018-00121-01, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la notificación por estado
realizada el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022), referente al auto
que admitió el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Ernesto García
Ruiz en contra de la sentencia proferida el dieciséis (16) de diciembre de dos mil
veintiuno (2021) por el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá.

Tercero. INFIRMAR la sentencia del veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés
(2023) dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E.

Cuarto. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, que notifique en debida y legal forma, por estado, el auto del catorce

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www.consejodeestado.gov.co
16

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)

(14) de diciembre de dos mil veintidós (2022), dentro del trámite de segunda
instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 11001-33-35-020-2018-00121-01, y que rehaga en su integridad las
actuaciones posteriores, incluida la emisión de la sentencia de segunda instancia
que en derecho corresponda.

Quinto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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