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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02444-01

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02444-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Adicionar un numeral a la sentencia del 10 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Wilton José Molina Siado contra la Nación, Contraloría General de la República, para disponer lo siguiente: Al momento de pagar la anterior condena la Contraloría General de la República deberá realizar el descuento de lo percibido por el demandante por concepto del desempeño de otros cargos en el sector público durante el período comprendido entre el 21 de febrero y el 31 de diciembre de 2014, para no incurrir en la prohibición constitucional de percibir doble asignación del erario (artículo 128 de la Constitución Política), en concordancia con el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, y de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales trazados por la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022 proferida por la 28 Radicación: 25000-23-42-000-2014-02444-01 (3690-16) Demandante: Wilton José Molina Siado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. Tercero. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-02444-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

16 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-02444-01 (3690-2016)
Demandante: Wilton José Molina Siado
Demandado: Nación, Contraloría General de la República

Temas: Insubsistencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandantes
contra la sentencia proferida el 10 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo - CPACA, el señor Wilton José Molina Siado, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
la Resolución 0444 del 21 de febrero de 2014, por medio de la cual la Contraloría
General de la República declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de
asesor de gestión, grado 01, adscrito a la planta temporal de esa entidad en el

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: Wilton José Molina Siado

sistema general de regalías.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó i) ordenar su reintegro al cargo que venía desempeñando o a
otro de igual o superior categoría; ii) reconocer y pagar las prestaciones sociales,
salarios, intereses de cesantías, primas de navidad, vacaciones remuneradas,
prima de vacaciones, aportes por salud y pensión y demás emolumentos que dejó
de percibir desde la desvinculación hasta cuando se produzca el reintegro; iii)
reparar el daño causado con la declaración de insubsistencia con el pago de una
indemnización por perjuicio material, y por perjuicios morales; y iv) cumplir la
sentencia que ponga fin al proceso al tenor de lo dispuesto en los artículos 192 y
195 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El 18 de marzo de 2013, mediante la Resolución 01337, el señor Wilton
José Molina Siado fue nombrado en el cargo de asesor de gestión, grado 01,
adscrito a la planta temporal de regalías de la Contraloría General de la República.

ii) Ejerció el cargo hasta el 21 de febrero de 2014, fecha en la que se expidió
la Resolución 0444, por la cual se declaró insubsistente su nombramiento sin
ninguna motivación.

iii) Tan evidente es la desviación de poder en la que incurrió la entidad
demandada que en remplazo del actor fue nombrado el señor Rubén Darío Mina
Sánchez, en abierta violación a la ley de garantías electorales.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

2

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Demandante: Wilton José Molina Siado

Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 13, 25, 29, y 125 de la Constitución
Política; 32 y 38 de la Ley 996 de 2005, 4 del Decreto 1227 de 2005; y 135, 137 y
138 del CPACA.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:

i) La declaratoria de insubsistencia es abiertamente ilegal, alejada de la
jurisprudencia y de los preceptos legales y constitucionales, dado que no fue
motivada y además fue expedida en una época de restricción legal (Ley 996 de
2005, de garantías electorales), circunstancia que convierte la resolución
demandada en una clara desviación de poder.

ii) El accionante, al momento de la expedición del acto acusado, ostentaba
una inamovilidad relativa por restricción de conformidad con lo señalado en la ley
de garantías electorales.

iii) El empleado temporal no puede ser desvinculado discrecionalmente, pues,
aunque su ingreso a la administración no le otorga derechos de carrera ni
estabilidad definitiva, ya que su relación con el Estado está llamada a fenecer en
un tiempo determinado, el querer del legislador fue otorgarle una cierta garantía de
estabilidad supeditada a el período fijo por el cual, según la necesidad del servicio
plasmada en los estudios técnicos, se requiere que desarrolle su función.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la Contraloría General de la República se opuso a las
pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones de defensa:1

i) La situación de la planta temporal de regalías de la entidad no puede
implicar su equiparación con los empleos de carrera administrativa, pues los
cargos temporales no generan derechos de estabilidad. En ese orden, en contralor

1 Folios 94 a 110.

3

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Demandante: Wilton José Molina Siado

general en uso de la facultad discrecional se encontraba autorizado para remover
del cargo al funcionario sin necesidad de motivar el acto contentivo de la decisión.

ii) El actor poseía una doble situación administrativa de inestabilidad laboral:
1) el hecho de desempeñar un cargo adscrito al despacho del contralor para
desarrollar funciones de especial confianza y asesoría, es decir, de libre
nombramiento y remoción; y 2) vincularse a través de un empleo perteneciente a
la planta temporal, distinta a la de carrera administrativa de la entidad.

iii) Los artículos 32 y 38 de la ley de garantías invocada por el actor no le son
aplicables a la Contraloría General de la República, por cuanto es un órgano
especial que no hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público.

iv) No existe ningún empleo que tenga fuerza de inamovilidad; no obstante
ello, el derecho a la estabilidad no impide que la administración, por razones de
interés general ligadas a la eficacia y eficiencia de la función pública, pueda retirar
del servicio a funcionarios adscritos a plantas temporales, pues ello puede ser
necesario para que el Estado cumpla sus cometidos.

v) Finalmente, y de manera subsidiaria, en caso de que se acceda a las
pretensiones de la demanda se deben acoger los preceptos expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014, en cuanto al eventual
reconocimiento de una indemnización, pues este fue limitado para los empleados
provisionales, y en mayor medida, para los de libre nombramiento y remoción o
temporales.

Propuso la excepción de inepta demanda.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 10 de marzo de 2016, accedió parcialmente a las

4

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Demandante: Wilton José Molina Siado

pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:2

i) El artículo 32 de la Ley 996 de 2005, ordena suspender cualquier forma de
vinculación que afecte la nómina estatal de la rama ejecutiva del poder público en
época prelectoral; no obstante, la Contraloría General de la República es un ente
autónomo ajeno a esa rama, circunstancia que la excluye de la aplicación de esta
restricción.

ii) De igual modo, en lo que se refiere a la prohibición contenida en dicha
norma de invocar razones de buen servicio para desvincular a los empleados, se
debe precisar que la preceptiva hace referencia a los cargos de carrera
administrativa, lo cuales difieren sustancialmente de los empleos temporales, por
lo que la mentada restricción, en gracia de discusión, tampoco resultaba
obligatoria para la entidad demandada.

iii) El acto administrativo acusado fue proferido por la contralora general de la
República, en uso de la facultad discrecional que otorga el artículo 107 del Decreto
1950 de 1953, que le da la atribución de declarar insubsistente un nombramiento
ordinario provisional sin motivar la decisión, aunado a que según el artículo 5 del
Decreto 2025 de 2013, el empleo de asesor de despacho, grado 01, perteneciente
a la planta temporal de la entidad es calificado como de libre nombramiento y
remoción.

iv) No obstante, el legislador en el Decreto 2025 de 2013 «excedió su facultad
configurativa» al calificar el empleo temporal de asesor de despacho, grado 01
como de libre nombramiento y remoción.

v) Teniendo en cuenta que a la luz de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional los empleos temporales no se pueden catalogar como de libre
nombramiento y remoción, la administración no podía ejercer la facultad
discrecional para retirar del servicio al demandante, por el contrario, su

2 Folios 227 al 236. Con ponencia del magistrado Luis Gilberto Ortegón Ortegón.

5

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Demandante: Wilton José Molina Siado

desvinculación debió ser motivada y otorgársele oportunidad a este de controvertir
en sede judicial las razones del retiro. Dicho de otra manera, la falta de motivación
por expedición irregular es la causa de la nulidad de la Resolución 0444 del 21 de
febrero 2014 y así habrá de declararse.

vi) El Decreto 1539 del 17 de julio de 2012, creó hasta el 31 de diciembre de
2014 los empleos de la planta temporal de la Contraloría General de la República,
de manera que los nombramientos hechos en virtud de dicha norma tenían un
período fijo que fenecía en la última fecha y cuya terminación implicaba el retiro
del servicio de manera automática. En ese orden, no se tiene certeza de que en el
evento en el que el legislador, hipotéticamente, decretara la prórroga de la planta
temporal de la entidad el nominador ineludiblemente hubiese nombrado al aquí
demandante, «de ahí que al determinarse en el acto de nombramiento el período
de creación del cargo, la Sala se sujetará en estricto sentido a ese interregno y no
accederá a la pretensión de reintegro por ser de imposible cumplimiento».

vii) En suma, declaró la nulidad del acto administrativo demandado; condenó a
la Contraloría General de la República a pagar los salarios dejados de devengar
desde el 21 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2014 y la totalidad de las
prestaciones sociales dejadas de percibir como consecuencia de la declaratoria de
insubsistencia, y negó las demás pretensiones de la demanda.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. El demandante

El apoderado del señor Wilton José Molina Siado interpuso recurso de apelación
contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3

i) El Tribunal en su sentencia negó el derecho al reintegro del trabajador
invocando una imposibilidad física en consideración a que los empleos temporales

3 Folios 247 al 252.

6

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Demandante: Wilton José Molina Siado

de la Contraloría General de la República fueron creados hasta el 31 de diciembre
de 2014, «olvidándose la Sala de los derechos que generan las prórrogas
decretadas por la Ley 1744 de 2014, generando un defecto sustantivo en la
interpretación de la ley, aduciendo erradamente la Sala que no le constaba que
ineludiblemente la Contraloría estaba obligada a nombrarlo nuevamente en la
planta temporal conforme a la prórroga ordenada».

ii) Precisamente lo que hizo la Ley 1744 de 2014, fue ampliar los efectos,
deberes y derechos creados en el Decreto 1539 de 2012 hasta el 31 de diciembre
de 2016, y si en el futuro se expide otra nueva ley que prorrogue los efectos del
decreto ibidem, sucesivamente se irán adquiriendo los derechos que de él se
derivaron, hasta restablecer la garantía de reintegro y el pago de los sueldos y las
prestaciones sociales dejadas de percibir.

iii) En resumen, solicitó que se revoque la sentencia en lo no favorable y se
ordene el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales que se
generen por los derechos adquiridos derivados del Decreto 1539 de 2012 y las
prórrogas que se expidan a través de la Ley 1744 de 2014 y/o futuras leyes.

1.4.1.1. Mediante memorial del 3 de septiembre de 2019,4 el apoderado del
demandante presentó adición al escrito de apelación para señalar que la planta
temporal de regalías de la Contraloría General de la República fue nuevamente
prorrogada a través del Decreto 2190 de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018,
por lo que solicitó que se confieran todos los derechos y acreencias laborales
surgidas desde su desvinculación hasta la mentada fecha.

1.4.2. La demandada

El apoderado de la Contraloría General de la República interpuso recurso de
apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para

4 Folios 327 y 328.

7

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Demandante: Wilton José Molina Siado

en su lugar denegar las pretensiones de la demanda. Como sustento de su
petición expuso lo siguiente:5

i) El fallo de primera instancia vulnera el principio de congruencia, por cuanto
las razones que tuvo el a quo para declarar la nulidad del acto acusado se basó en
hechos o fundamentos fácticos y jurídicos que no fueron propuestos como cargos
dentro del libelo y además porque el análisis hecho por el fallador se edificó en
contravía flagrante de las normas vigentes y con base en jurisprudencia proferida
de forma posterior al acto de insubsistencia.

ii) La causal invocada por el actor no fue otra sino la de endilgarle a la
resolución demandada los vicios de desviación de poder y falsa motivación por la
mera transgresión de la Ley 995 de 2005, «fue ese punto y no otro el alegado por
el actor bajo el cual presuntamente la Contraloría realizó una actuación ilegal».

iii) El fallador no está partiendo de la variación de la argumentación jurídica en
una presunta aplicación del principio iura novit curia, sino del acontecer fáctico que
viciaría de nulidad el acto demandado.

iv) Insistió en que la falta de motivación no fue propuesta por la parte
demandante como núcleo central de la demanda, ni fue traída como elemento
fáctico y jurídico del debate judicial.

v) En gracia de discusión, el tribunal imprimió los efectos de ilegalidad del acto
demandado desconociendo la vigencia y legalidad tanto de la Ley 1640 de 2013,
como del Decreto 2025 de 2013, normas sobre las cuales la Contraloría basó el
ejercicio de la facultad discrecional al momento de proferir la resolución de
desvinculación.

vi) Asimismo, no puede derivarse la ilegalidad del acto demandado con base
en la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 2025 de 2013 a través de la

5 Folios 253 al 261.

8

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Demandante: Wilton José Molina Siado

sentencia C-506 de julio de 2014, pues para el 21 de febrero de 2014, por
disposición legal, el cargo desempeñado por el señor Molina Siado era de libre
nombramiento y remoción y, por lo tanto, susceptible de desvinculación sin
motivación.

vii) «No puede recaer el tribunal en que se despoje de su rol de juez de
legalidad y asuma el de juez de constitucionalidad y condene a la contraloría con
base en yerros del legislador con ocasión de juicios posteriores a la actuación
objeto de debate».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Tanto el señor Wilton José Molina Siado, como la Contraloría General de la
República reiteraron en esta etapa procesal los argumentos esgrimidos en los
recursos de apelación.6

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados, la Sala debe establecer lo siguiente:

6 Memoriales electrónicos obrantes en los índices 31 y 32 de la plataforma SAMAI.
7 Folio 338.

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-02444-01 (3690-16)
Demandante: Wilton José Molina Siado

1. Si el fallo de primera instancia vulneró el principio de congruencia, por
cuanto las razones para declarar la nulidad del acto acusado no fueron propuestas
como cargos dentro de la demanda (falta de motivación), y en caso de no ser así,

2. Si se deben reconocer, además de las prestaciones otorgadas en el fallo de
primera instancia, el reintegro y pago de los salarios y prestaciones sociales que
se generen por los derechos adquiridos derivados de las prórrogas del Decreto
1539 de 2012, previstas en la Ley 1744 de 2014 y en el «Decreto 2190 de 2017».

2.2. Marco normativo

El artículo 125 de la Constitución Política dispone lo siguiente:

Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera.
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
(…)
Parágrafo (adicionado por el artículo 6 del acto legislativo Nº 1 de 2003). Los
períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para
ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el
resto del período para el cual este fue elegido.

Sin perjuicio de esta regla general de carrera administrativa, la Constitución señala
unas excepciones, como son los empleos de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine
la ley. Siendo entonces competencia del legislador expedir las normas que regirán
el sistema de carrera en las entidades del Estado, respetando las excepciones
señaladas.

A su turno el artículo 1.º de la Ley 909 de 2004 clasifica los empleos públicos de la
siguiente forma:

Artículo 1.º. Objeto de la ley.

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Demandante: Wilton José Molina Siado

(…)
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la
función pública los siguientes empleos públicos:

a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.

En lo que se refiere a las características particulares de los empleos temporales,
como herramienta que pueden utilizar las entidades públicas para atender sus
necesidades excepcionales que no pueden ser solventadas con su personal de
planta, el artículo 21 ibidem estipuló lo siguiente:

Artículo 21. Empleos de carácter temporal.8

1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les
aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de
personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder
a una de las siguientes condiciones:

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las
actividades permanentes de la administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por
hechos excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la
naturaleza de la institución.

8 El Decreto 894 del 28 de mayo de 2017, por el cual se dictan normas en materia de empleo con

el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en su artículo 6
adicionó el numeral 4. a este artículo. En su sentido literal dispone lo siguiente:

4. El nombramiento en los empleos temporales se efectuará mediante acto administrativo en el
que se indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado
del servicio automáticamente. Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador en
ejercicio de la facultad nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el
servidor no cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los
mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto
administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las disponibilidades y
apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como consecuencia de los ajustes a
los montos aprobados para su financiación (negrilla de la Sala).
De igual manera, el retiro del servicio de los empleados temporales se podrá efectuar por las
causales consagradas en los literales d), h), i), j), k), m) y n) del artículo 41 de la Ley 909 de
2004.
Nota: las expresiones subrayadas fueron declaradas inexequibles parcialmente en la sentencia
C-527 de 2017, de la Corte Constitucional.

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-02444-01 (3690-16)
Demandante: Wilton José Molina Siado

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener
la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad
presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles
vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos
nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la
utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las
capacidades y competencias de los candidatos.9

Como se observa, en el ordenamiento jurídico colombiano ha sido prevista una
excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado
las distintas etapas de un proceso de selección por méritos ingresan al servicio
público a desempeñar empleos.

En ese orden, la Ley 909 de 2004 estableció como nueva categoría de empleo
«temporal o transitorio», de forma excepcional, que sólo puede utilizarse bajo para
cumplir funciones que no realiza el personal de planta. Vale la pena señalar, que
el Decreto 1227 de 2005, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley
909 de 2004, dispuso lo siguiente sobre las características de las vinculaciones
temporales:

Artículo 1. Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de
cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909 de
2004, por el tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento.

Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de
cargos vigentes para cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la
elaboración del plan de empleos, diseño y reforma de plantas de que trata la Ley
909 de 2004.

En la respectiva planta se deberán identificar los empleos que tengan la naturaleza
de temporales. El estudio técnico deberá contar con el concepto previo favorable del
Departamento Administrativo de la Función Pública.

Artículo 2°. El régimen salarial, prestacional y demás beneficios salariales de los
empleos temporales será el que corresponda a los empleos de carácter permanente
que rige para la entidad que va a crear el cargo y se reconocerá de conformidad con
lo establecido en la ley.

9
El texto señalado fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-288 de 2014.

12

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Demandante: Wilton José Molina Siado

Artículo 3°. El nombramiento en un empleo de carácter temporal se efectuará
teniendo en cuenta las listas que hagan parte del Banco Nacional de Listas de
Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma denominación, código y
asignación básica del empleo a proveer. Para el análisis del perfil y de las
competencias requeridas, la entidad deberá consultar las convocatorias que le
suministre la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Cuando, excepcionalmente, no existan listas de elegibles vigentes que permitan la
provisión del empleo temporal, la entidad realizará un proceso de evaluación del
perfil requerido para su desempeño a los aspirantes a ocupar dichos cargos, de
acuerdo con el procedimiento que establezca cada entidad.

El ingreso a empleos de carácter temporal no genera el retiro de la lista de elegibles
ni derechos de carrera.

Artículo 4°. El nombramiento deberá efectuarse mediante acto administrativo en el
que se indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe
quedará retirado del servicio automáticamente. Sin embargo, antes de cumplirse
dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional, podrá
declarar la insubsistencia del nombramiento.10

El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal deberá
sujetarse a la disponibilidad presupuestal.

Parágrafo. A quienes ejerzan empleos de carácter temporal no podrá efectuárseles
ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de
funciones distintas a las que dieron lugar a la creación de los mismos de acuerdo
con lo establecido en la Ley 909 de 2004.

La norma transcrita hace referencia a la forma de vinculación de los empleados
temporales y a su desvinculación: por una parte, señala que aquella ocurrirá de
forma automática al vencimiento del plazo establecido, esto es, la duración de la
planta de empleo temporal de la entidad, y por otra parte, antes de cumplirse el
referido término en ejercicio de la facultad discrecional del nominador.

Respecto de este último escenario, la Sección Segunda de esta corporación se
pronunció en estos términos:

En relación con el término de vigencia del nombramiento en un empleo temporal,
dispone el decreto 1227 de 2005 que se determinará en el acto nombramiento (sic)
por el tiempo definido en el estudio técnico (art. 1°) y de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal (inciso 2°, art. 4°) lo cual resulta armónico con la citada

10 El texto señalado fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante fallo de junio 19 de
2008 (Rad. 11001-03-25-000-2006-00087-00 (1475-06).

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Demandante: Wilton José Molina Siado

ley 909 de 2004, cuando expresa que la justificación para crear este tipo de cargos,
deberá contener la motivación técnica y la apropiación y disponibilidad presupuestal.

Lo anterior quiere decir que, cuando el Gobierno previó en el aparte acusado una
nueva causal de retiro, como fue la declaratoria de insubsistencia del nombramiento
en ejercicio de la facultad discrecional, lo que hizo fue exceder su potestad
reglamentaria, ya que de la lectura de la ley 909 se deduce fácilmente que sólo
estableció como causal específica de retiro del servicio de los empleados
temporales, el término de duración fijado en el acto de nombramiento, el cual, se
repite, depende tanto del estudio técnico como de la disponibilidad presupuestal.

Pues bien, como lo ha afirmado reiteradamente esta Sala, el poder de
reglamentación de las Leyes, tal como lo instituyó el Constituyente de 1991, en este
campo difiere en parte del contemplado en la Carta del 86, por cuanto ahora está
atribuido a diferentes autoridades, v.gr. el Presidente de la República, Consejo
Superior de la Judicatura, Contralor General de la República, etc.
[…]
De acuerdo con lo anterior, resulta claro que en este caso el querer del legislador
fue el de otorgar una cierta garantía de permanencia al empleado temporal, al definir
que estaría supeditado al periodo fijado en el acta de nombramiento, el cual a su
turno, pende de lo determinado en el estudio técnico y a la disponibilidad
presupuestal; por ello, mal podía el Ejecutivo extralimitarse en su facultad
reglamentaria, al querer incluir una disposición nueva, no contemplada en la ley
reglamentada.

Además, resulta entendible el grado de protección que le pretende dar el legislador
al empleado temporal, pues si bien no tiene la categoría de empleado de carrera
administrativa, tampoco la de uno de libre nombramiento y remoción, como quiera
(sic) que se trata de personas que forman parte de las listas de elegibles (art. 3°,
decreto 1227 de 2005) esto es, que superaron el concurso de méritos y esperan ser
nombrados en el periodo de prueba que les permite acceder a la carrera
administrativa; de ahí que su designación en un cargo de esta categoría significa la
oportunidad preferencial de acceder a un empleo público en forma transitoria
mientras se les nombra permanentemente en la planta de personal.

En otras palabras: el art. 3° inciso 3° del decreto 1227 de 2005 fue muy claro en
precisar que el ingreso a un empleo temporal no genera derechos de carrera, pero
por ello tampoco se puede concluir que es de libre nombramiento y remoción,
lo cual se reafirma con el hecho de que prácticamente la única causal de retiro
establecida para ellos es la culminación del periodo para el cual fueron designados.

Pero además, es evidente que la frase acusada viola el principio de confianza
legítima, como extensión del de la buena fe, pues el empleado que ha sido
nombrado en un cargo temporal por un periodo determinado, tiene la idea de
permanencia y estabilidad en el empleo, porque existe la expectativa cierta y
fundada de conservarlo en cuanto cumpla fiel y eficientemente con sus obligaciones
laborales, hasta cuando se venza tal periodo.
[…]
Así, desde la perspectiva constitucional, el principio de confianza legítima debe ser
tenido en cuenta en el caso en estudio, habida cuenta que la libertad que se otorga
en la norma acusada a la entidad para declarar insubsistente el nombramiento de un
empleado temporal, defrauda la confianza que este particular pone en el

14

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Demandante: Wilton José Molina Siado

ordenamiento jurídico que consagra que su permanencia sólo va a estar supeditada
al lapso por el cual fue nombrado.

En consecuencia, como quiera que el Gobierno excedió su potestad reglamentaria
al establecer una causal de retiro diametralmente distinta y nueva a la prevista en la
ley, se declarará la nulidad de la frase «Sin embargo, antes de cumplirse dicho
término, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional, podrá declarar la
insubsistencia del nombramiento» contenida en el art. 4° del decreto 1227 del 21 de
abril de 2005.

De la anterior transcripción se extrae que los empleos temporales no pueden
clasificarse como de carrera administrativa, ni mucho menos de libre
nombramiento y remoción, toda vez que la intención del legislador al desarrollar
este nuevo tipo de empleo, fue otorgar al trabajador una garantía de permanencia
sujeta a un período determinado.

En ese sentido, consideró la Sala que con la expresión «sin embargo, antes de
cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional,
podrá declarar la insubsistencia del nombramiento», el gobierno nacional excedió
su potestad reglamentaria al incluir el ejercicio de la facultad discrecional para
desvincular al personal que ejerce un cargo temporal en la administración, cuando
ello no fue previsto en la Ley 909 de 2004.

En suma, para esta corporación los empleos temporales no pueden catalogarse
como cargos de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción, al
paso que no le está dado al nominador retirar al trabajador temporal del servicio
bajo el ejercicio de la facultad discrecional.

Dicho presupuesto fue reglamentado posteriormente por el Decreto 894 del 28 de
mayo de 2017, por el cual se dictan normas en materia de empleo con el fin de
facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.

2.3. Hechos probados

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Demandante: Wilton José Molina Siado

2.3.1. En relación con la vinculación laboral del demandante

Mediante la Resolución 01337 del 18 de marzo de 2013, emitida por la contralora
general de la República, el señor Wilton José Molina Siado fue nombrado en el
cargo de asesor de gestión, nivel asesor, grado 01, adscrito a la planta temporal
de empleos de la Contraloría General de la República, en el Sistema General de
Regalías «en los términos del Decreto 1540 del 17 de julio de 2012», para
fortalecer la labor de vigilancia y el control fiscal sobre los recursos del referido
sistema.11 Tomó posesión en el empleo el 20 de marzo siguiente.12

2.3.2. En relación con el acto administrativo acusado

i) A través de la Resolución 0444 del 21 de febrero de 2014, la contralora
general de la República declaró insubsistente el nombramiento ordinario del señor
Wilton José Molina Siado.13 Las consideraciones del acto administrativo fueron las
siguientes:

Que en atención a la facultad discrecional que se señala en el artículo 107 del
Decreto 1950 de 1973, establece que en cualquier momento podrá declararse
insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia de
acuerdo con la facultad discrecional que tiene el Gobierno de nombrar y remover
libremente sus empleados.

Que en atención a lo contemplado en el artículo 5° del Decreto ley 2025 de
septiembre 17 de 2013, los empleos de carácter temporal de la planta de personal
de la Contraloría General de la República, para todos los efectos se clasifican como
empleos de libre nombramiento y remoción independientemente del nivel y
dependencia en los que se ubiquen.

ii) Por Resolución 0569 de 3 de marzo de 2014, la contralora general de la
República nombró, con carácter ordinario, al señor Rubén Darío Mina Sánchez, en

11 Folio 11.
12 Folio 158.
13 Folio 10.

16

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Demandante: Wilton José Molina Siado

el cargo de asesor de gestión, nivel asesor, grado 01, adscrito a la planta temporal
de empleos de la Contraloría General de la República.14

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. En primer lugar, debe la Sala precisar si el fallo de primera instancia vulneró
el principio de congruencia, por cuanto las razones para declarar la nulidad del
acto acusado no fueron propuestas como cargos dentro de la demanda, esto es,
que en el libelo no se propuso la falta de motivación como núcleo central de las
pretensiones.

Revisado el asunto se tiene que, contrario a lo afirmado por la entidad recurrente,
en la demanda sí se planteó como causal de reproche la falta de motivación del
acto administrativo. Si bien es cierto, el señor Molina Siado fundamentó su
solicitud con el argumento de que la Resolución 0444 de 2014 estaba viciada por
desviación de poder, ya que fue expedida en abierta violación a la ley de garantías
electorales; también lo es que, tanto en la narración de los hechos como en las
argumentaciones expuestas en el concepto de violación, su apoderado hizo
referencia al cargo de falta de motivación del acto que declaró la insubsistencia del
nombramiento.

En atención a ello, en el trámite de la audiencia inicial de que trata el artículo 180
del CPACA, el tribunal fijó el litigio teniendo en cuenta, además, ese objeto de
reproche, en los siguientes términos:

De igual modo, se observa que en el escrito de contestación de la demanda, la
entidad aceptó los hechos referentes a las resoluciones mediante las cuales se
nombró y posteriormente se declaró insubsistente al actor, sin embargo, respecto de
la situación fáctica consistente en que a consideración del actor la declaratoria de
insubsistencia del cargo es arbitraria e ilegal, toda vez que no fue motivada y
expedida en época de restricción legal de la ley de garantías electoral y que se
evidencia una desviación de poder ya que en su remplazo fue nombrado el señor
Rubén Darío Mina Sanchez, la accionada no las aceptó, por lo que el despacho
estima que existe litigio en relación con estos asuntos, lo cual deberá ser objeto de

14
Folio 118 del cuaderno de antecedentes administrativos 2.

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Demandante: Wilton José Molina Siado

debate legal y probatorio (negrilla de la Sala).

Se procede a fijar el litigio, para cuyo efecto se explica que el problema jurídico se
contrae a determinar: si al demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar la
ilegalidad del acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente su
nombramiento en el cargo de Asesor de Gestión, Nivel Asesor, Grado 01, adscrito a
la planta temporal de empleos de la Contraloría General de la República en el
Sistema General de regalías, por cuanto no se tuvo en cuenta la prohibición
contemplada en el artículo 38 parágrafo inciso 3° de la Ley 996 de 2005.

Así pues, esta Sala, con ponencia del magistrado William Hernández Gómez, ha
reiterado que «la fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de
allí que la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”15, porque es
guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe
resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las
excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el “acuerdo sobre el desacuerdo” en la audiencia inicial. De allí que los
problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se
convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la
sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia
inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar
adecuadamente la sentencia».16

En ese orden, en este asunto los puntos objeto de pronunciamiento fueron
claramente expuestos en dicha etapa del proceso, sin que las partes ejercieran
oposición, tal como quedó constancia en el acta de la audiencia.

En suma, los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada no tienen vocación de prosperidad, por cuanto el a quo sí deba
pronunciarse sobre el cargo de falta de competencia.

15 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
(2015).
16 Entre otras, en la sentencia del 10 de noviembre de 2022, expediente 5001-23-33-000-2016-

0036-01 (0516-2019).

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Demandante: Wilton José Molina Siado

Ahora, los argumentos expuestos por el tribunal, mediante los cuales se
fundamentó la decisión de declarar la nulidad de la Resolución 0444 del 21 de
febrero de 2014, se cimentan en que, tal como se explicó en el acápite de hechos
probados de esta providencia, los empleos temporales no pueden calificarse como
cargos de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción.

Así las cosas, como el empleo de asesor de gestión, nivel asesor, grado 01,
pertenece a la planta temporal de la Contraloría General de la República no puede
dársele el carácter anotado, luego tampoco puede hacerse uso de la facultad
discrecional para expedir actos de retiro del empleado temporal.

No puede perderse de vista que la Ley 1530 de 2012, por medio de la cual se
reguló el Sistema General de Regalías, dispuso que la Contraloría General de la
República, en desarrollo de sus funciones constitucionales, ejercería la vigilancia y
el control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías. Además, le
otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para crear los
empleos temporales en la Contraloría que fueran necesarios para fortalecer la
citada labor.

En virtud de lo anterior, se expidió el mentado Decreto 1539 de 2012, por medio
del cual se creó una planta temporal, equivalente a 338 empleos, la cual estaría
vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.

Posteriormente, la Ley 1640 de 2013, por la cual se efectúan unas modificaciones
al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013, facultó al
presidente de la República para modificar la Planta Temporal de Regalías de la
Contraloría General de la República y unificar esta Planta con la Planta de
Personal Ordinaria de la entidad.

En desarrollo del anterior precepto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley
2025 de 17 de septiembre de 2013 y en su artículo 5 dispuso lo siguiente:

19

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Demandante: Wilton José Molina Siado

Artículo 5°. Los empleos de carácter temporal de la planta de personal de la
Contraloría General de la República, para todos los efectos, se clasifican como
empleos de libre nombramiento y remoción, independientemente del nivel y
dependencia en los que se ubiquen; así mismo a estos empleos se les podrán
asignar funciones propias de la Contraloría General de la República,
independientemente de la fuente de financiación del recurso vigilado o controlado.

Parágrafo. Los empleos de carácter temporal de la planta de personal de la
Contraloría General de la República no se sujetan a las disposiciones previstas en la
Ley 909 de 2004, para empleos temporales.

Dicho Decreto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-506 de 16 de julio de 2014, al presentarse la figura de la
inconstitucionalidad por consecuencia, ante el retiro del ordenamiento de la norma
que le daba sustento jurídico.

Aunque dicha declaratoria de inexequibilidad fue dictada de forma posterior al acto
demandado (fechado el 21 de febrero de 2014), no se puede desconocer que en
la sentencia del Consejo de Estado del 19 de junio de 2008, al disponer la nulidad
de la expresión «[s]in embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador en
ejercicio de la facultad discrecional, podrá declarar la insubsistencia del
nombramiento» contenida en el artículo 4 del Decreto 1227 de 2005, eliminó
cualquier posibilidad de ejercer la facultad discrecional para proceder al retiro del
servicio de empleados que ocupan cargos en plantas temporales, al paso que
aclaró que no se les podía dar tratamiento de servidores de carrera administrativa
ni de libre nombramiento y remoción, según la correcta interpretación que debe
dársele al artículo 21 de la Ley 909 de 2004.

En ese orden, resulta acertado afirmar que el acto de declaratoria de
insubsistencia del nombramiento del actor, quien fuera designado en un cargo de
naturaleza temporal, por un período determinado, debía estar precedido del
ejercicio de motivación de la administración, esto es, debió hacerse uso de la
facultad nominadora, no de la discrecional.

En suma, le asiste razón al a quo al declarar la nulidad de la Resolución 0444 del
21 de febrero de 2014, por adolecer del vicio de falta de motivación.

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Demandante: Wilton José Molina Siado

Resta precisar que dicha regla de motivación de los actos de insubsistencia del
personal de carácter temporal fue incluida en el año 2017 en el numeral 4 del
artículo 21 de la Ley 909 de 2005, según lo preceptuado en el Decreto 894 del 28
de mayo de 2017, por el cual se dictan normas en materia de empleo con el fin de
facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.

2.4.2. Ahora, respecto de los argumentos del recurso de apelación elevado por el
actor, con el que pretende que se ordene, además de lo dispuesto en la parte
resolutiva de la sentencia, el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones
sociales que se generen por los «derechos adquiridos» derivados de las prórrogas
que se expidan al Decreto 1539 de 2012, se debe señalar lo siguiente.

Debe reiterar la Sala que el Decreto 1539 de 2012, por medio del cual se creó la
planta temporal de la Contraloría, dispuso que aquella estaría vigente hasta el 31
de diciembre de 2014.

De conformidad con dicha norma y con el acto administrativo de nombramiento, la
designación en el cargo de asesor de despacho, grado 01, tenía un período fijo
cuya terminación implicaba la desvinculación del servicio de forma automática, es
decir, era temporal. En ese orden, la expectativa legitima que le asistía al señor
Molina Siado con ocasión de su vinculación, correspondía únicamente a
permanecer en el cargo durante el lapso por el cual fue creado.

Lo anterior, por cuanto ni la administración ni él podían prever que se fuera a
prorrogar la vigencia de la planta de empleos temporales, ni podría el accionante
considerar válidamente que continuaría desempeñando el empleo con
posterioridad al 31 de diciembre de 2014. Establecer lo contrario sería exceder el
principio de planeación propio de la creación de ese tipo de plantas de personal.

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Demandante: Wilton José Molina Siado

Adicionalmente, el hecho de que el empleo temporal por él ocupado no fuera
catalogado como de libre nombramiento y remoción y, por ende, no estuviera dado
ejercer la facultad discrecional para declarar la insubsistencia de la designación,
no quiere decir que la Contraloría no pudiera, a través de un acto administrativo
motivado, propio de la facultad nominadora, disponer su retiro del servicio antes
de cumplirse el plazo pactado, si aquel, por ejemplo no garantizaba el
cumplimiento de los fines estatales o por alguna de las causales contenidas en el
artículo 41 de la Ley 909 de 2004, como la orden o decisión judicial, el abandono
del cargo, etc.

Al respecto, en reciente pronunciamiento esta Sección señaló lo siguiente:17

En línea con lo expuesto, la designación en un empleo temporal conlleva la
oportunidad de acceder a un cargo público en forma transitoria, luego aun cuando el
empleado temporal no pueda ser desvinculado discrecionalmente, ello no le otorga
derechos de estabilidad definitiva, ni mucho menos de carrera, pues su relación está
prevista por un plazo determinado.18

Sobre el punto, se destaca que si bien es una facultad reglada, el vencimiento del
término del nombramiento tiene como consecuencia el retiro automático, por lo que
es diáfano concluir que la vinculación en dicha calidad no genera la adquisición de
derechos de carrera, tanto así que la finalización del lapso estipulado no prevé la
exclusión de la lista de elegibles, en el caso en que el empleo se haya provisto a
través del mentado mecanismo.

De acuerdo con la normativa y jurisprudencia señalada, se hace necesario resaltar
que en los siguientes eventos se puede dar por terminado el nombramiento
temporal:

• Vencimiento del término del nombramiento;

• Antes de cumplirse dicho lapso, por acto administrativo motivado cuando no se
cumplen las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a su creación;

• Cuando no se cuente con las disponibilidades y apropiaciones para financiar el
empleo de carácter temporal;

• Las demás que se prevean para la culminación del mentado vínculo.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 20 de enero de 2022, exp. 25000-23-42-000-2015-05676-01 (2858-2019).
18 En igual sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 18 de noviembre de 2021,

radicado: 25000-23-42-000-2016-04516-01 (3216-2020).

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Demandante: Wilton José Molina Siado

De esta forma, teniendo claro que el empleo temporal no es de carrera
administrativa, sino que es una categoría independiente de empleo público, de
carácter transitorio y excepcional, cuyo régimen de ingreso y retiro se encuentra
expresamente regulado en la ley […]

En este sentido, es palmario que la señora Luz Mery Castellanos Martínez prestó
sus servicios a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá D.C., en el
desempeño de un cargo que fue creado de forma transitoria, circunstancia que no
crea una relación definitiva con el Estado y no genera derechos de carrera
administrativa.

Luego, vencido el plazo de duración temporal, se extingue la relación con la
administración, sin que pueda exigirse estabilidad laboral alguna o la expedición de
un acto administrativo que ratifique esa situación.

Lo anterior, toda vez que conforme lo señala de forma diáfana la normativa
reguladora y acorde con los lineamientos jurisprudenciales anotados anteriormente,
el acto administrativo de nombramiento es el que determina el lapso de duración,
esto es, cuando aquel expira, automáticamente el servidor queda retirado del
servicio, como en efecto ocurrió en el sub lite, pues desde que fue vinculada tenía
conocimiento de que su permanencia en el cargo era limitada.

Ahora, si bien es cierto, a través de las Resoluciones 00385 del 29 de agosto de
2014 y 00633 sin fecha del año 2014, se prorrogaron los nombramientos de los
cargos temporales hasta el 31 de diciembre de 2014 y 31 de octubre de 2015,
respectivamente, los 199 empleos creados inicialmente, ello, per se no conllevaba
que su nombramiento tuviera la mentada ampliación.

Al respecto, se advierte que la desvinculación de la libelista obedeció a que feneció
el plazo para el cual había sido nombrada, y el hecho de que se prorrogaran las
medidas de empleos temporales, no le otorgaba a la demandante fuero de
estabilidad alguno, pues su ingreso al empleo no fue a través de concurso de
méritos y el cargo por ella desempeñado estaba atado a un plazo fijo desde su
creación, por tanto, al vencimiento del lapso para el cual fue nombrada, tuvo como
consecuencia el retiro automático del servicio.

Ello implica que la estabilidad deprecada por la libelista en el caso objeto de análisis
dependía de la ocurrencia del plazo, tal y como se señaló en el acto de
nombramiento, es decir, hasta el 30 de agosto de 2014, diferente sería que en aquel
se hubiese señalado verbi gracia que el lapso sería «hasta que duren las medidas
de los empleos de carácter temporal» o simplemente se hubiese omitido la fecha de
terminación de la vinculación, circunstancia que, como se advierte, no ocurrió.

En estas condiciones, resulta clara la diferencia entre la prórroga de la planta de
empleos de carácter temporal, tal como se estudió ampliamente en el marco
normativo y jurisprudencial de la presente providencia y la prórroga de los
nombramientos, dado que, la primera obedece a criterios técnicos de viabilidad y
necesidad transitoria del servicio y, la segunda, a la pertinencia de perpetuar el
vínculo laboral inicial, hecho que sí requiere manifestación expresa de la entidad.

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Demandante: Wilton José Molina Siado

Así las cosas, pese a que el artículo 39 de la Ley 1744 del 26 de diciembre de
2014, por la cual se decretó el presupuesto del Sistema General de Regalías para
el bienio del 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, prorrogara hasta
esta última fecha los empleos de carácter temporal en la planta de la Contraloría
General de la República, no se tiene la certeza de que el nominador
ineludiblemente hubiera continuado el vínculo con el señor Molina Siado, por lo
que, tal como lo dispuso el a quo resulta materialmente imposible ordenar su
reintegro e improcedente disponer el pago de los salarios y prestaciones dejados
de percibir entre el 1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

Por consiguiente, el recurso de apelación propuesto por el actor no tiene vocación
de prosperidad, ya que el vencimiento del término para el cual había sido
nombrado no obligaba al nominador a prorrogar su nombramiento, dado que el
señor Molina Siado no era beneficiario de ningún fuero de estabilidad. Aunado a
ello, la prórroga general que se expidió de los cargos temporales por un período
adicional tampoco producía su permanencia más allá del interregno señalado en
su nombramiento, como lo reclama.

Resta precisar que el Decreto 2190 de 2017, mencionado por el señor Molina
Siado en la adición al recurso de apelación no prorrogó la planta de empleos de
carácter temporal en la planta de la Contraloría General de la República, contrario
a lo afirmado en ese escrito, pues dicha norma modificó la planta de empleos del
Departamento Nacional de Planeación.

2.4.3. Finalmente, teniendo en cuenta que el artículo 328 del Código General del
Proceso dispone que en caso de que ambas partes hubieran apelado la sentencia
de primera instancia el superior podrá resolver sin limitaciones, en este caso no se
puede pasar por alto que, debe darse aplicación a la sentencia de unificación del 9
de agosto de 2022 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado19 que fijó las reglas jurisprudenciales de interpretación para la

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 9 de agosto

de 2022, demandante: Sonia Yamile Rondón Tasco.

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resolución judicial de asuntos como el analizado, correspondiente a la procedencia
del pago de dineros por concepto de salarios y prestaciones sociales del empleado
público cuyo acto de retiro del cargo fue declarado nulo.

En dicha providencia se estudiaron las normas constitucionales y legales sobre la
prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público, respecto a
los valores que por concepto de salarios y prestaciones sociales hubiera percibido
el empleado a quien se le declaró la nulidad del acto del retiro del servicio, con
ocasión del desempeño de otros cargos públicos durante el período en el cual
estuvo desvinculado, y se concluyó que deben ser descontados del total de las
sumas que se generen por el restablecimiento del derecho ordenado en el fallo.

Concretamente, en la sentencia se consideró lo siguiente:

67. Según las anteriores pautas, el pago de los salarios o prestaciones dejados de
recibir por un empleado público hasta el momento en que sean reconocidos sus
derechos de manera judicial, debe asimilarse a título de restablecimiento del
derecho; en consecuencia, procede descontar de éste lo que la persona haya
devengado o percibido como ingreso salarial y prestacional durante el mismo lapso,
debido a que afecta al erario, que resulta ser la misma fuente de donde se originan
los recursos que pagan la sentencia dictada en favor del accionante, y de este modo
cobra sentido la prohibición constitucional contenida en el artículo 128 superior.

68. Por lo mencionado, la Sala Plena es del criterio que de la sentencia estimatoria
de las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (antes acción), se derivan tres consecuencias:

i) La anulación del acto, es decir, su retiro del ordenamiento positivo.

ii) El restablecimiento del derecho, que comporta una consecuencia del acto ilegal,
consistente en volver al demandante al estado inicial al que se encontraba antes de
su existencia. Por lo tanto, para efectos del pago de salarios y prestaciones
sociales, deberá determinarse si el servidor tuvo alguna otra vinculación con el
Estado para ordenar su descuento de la condena.

iii) La eventual reparación del daño, respecto del cual el interesado deberá
demostrar su existencia y nexo causal con el acto administrativo. Concepto del cual
difiere el restablecimiento del derecho, puesto que éste opera por ministerio de la
ley a causa de la nulidad pedida.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe concluir que son procedentes los
descuentos efectuados a la condena derivada del fallo que ordena la nulidad del

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acto administrativo que retiró del servicio, a razón de las sumas de dinero
recibidas por parte del titular del derecho por concepto de salarios y prestaciones
sociales que devengó con ocasión de sus servicios prestados en el sector oficial,
por incurrirse en la prohibición constitucional de doble erogación con cargo al
erario.

Aun cuando el referido precedente de unificación se refirió a los servidores
nombrados en provisionalidad, la Sala considera que el pago de los salarios y
prestaciones sociales a título de restablecimiento del derecho derivado del retiro
ilegalmente probado guarda similitud y la necesidad de proteger el erario en todos
los casos.

Asimismo, sin perjuicio de que el material probatorio obrante en el dosier no dé
cuenta de si el señor Molina Siado fue vinculado a la administración pública con
posterioridad a su retiro de la Contraloría General de la República, sí resultarían
procedentes los descuentos por concepto de salario y prestaciones sociales, si se
llegare a demostrar que aquel ocupó un empleo oficial luego del 21 de febrero de
2014, fecha de declaratoria de insubsistencia de su nombramiento como asesor de
gestión, nivel asesor, grado 01 y hasta el 31 de diciembre de 2014, data en la que
se cumpliría el plazo pactado en el acto de nombramiento en el empleo temporal.

En ese orden, tendrá que adicionarse la sentencia objeto de estudio para
disponer que se realice el descuento de lo percibido por el demandante por
concepto del desempeño de otros cargos en el sector público durante el referido
interregno.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201620, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-

01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.

26

Radicación: 25000-23-42-000-2014-02444-01 (3690-16)
Demandante: Wilton José Molina Siado

Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.

Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y
la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su
liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso21, la Sala considera que no es dable condenar en
costas de segunda instancia, por cuanto los recursos de apelación propuestos por
ambas partes fueron despachados desfavorablemente.

3. Conclusión

21 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el

expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

27

Radicación: 25000-23-42-000-2014-02444-01 (3690-16)
Demandante: Wilton José Molina Siado

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que el señor Wilton José Molina Siado logró
desvirtuar la legalidad del acto acusado, motivo por el cual se confirmará el fallo de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y
se adicionará en el sentido de indicar que deberán descontarse las sumas que el
libelista hubiere devengado con ocasión de la prestación de sus servicios en el
sector oficial durante el período comprendido entre el 21 de febrero y el 31 de
diciembre de 2014, por las razones expuestas. Sin condena en costas de la
segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Adicionar un numeral a la sentencia del 10 de marzo de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Wilton José Molina Siado contra la Nación, Contraloría
General de la República, para disponer lo siguiente:

Al momento de pagar la anterior condena la Contraloría General de la
República deberá realizar el descuento de lo percibido por el demandante por
concepto del desempeño de otros cargos en el sector público durante el período
comprendido entre el 21 de febrero y el 31 de diciembre de 2014, para no
incurrir en la prohibición constitucional de percibir doble asignación del erario
(artículo 128 de la Constitución Política), en concordancia con el artículo 19 de
la Ley 4ª de 1992, y de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales
trazados por la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022 proferida por la

28

Radicación: 25000-23-42-000-2014-02444-01 (3690-16)
Demandante: Wilton José Molina Siado

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Tercero. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM

29

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