Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05676-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05676-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-05676-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
20 de enero de 2022
1
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05676-01 (2858-2019)
Demandantes: Luz Mery Castellanos Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-05676-01 (2858-2019)
Demandante: LUZ MERY CASTELLANOS MARTÍNEZ
Demandada: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ D.C.,
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO
Temas: Reintegro nombramiento temporal. Retiro del
servicio automático por fenecimiento del plazo
señalado en el acto administrativo de
nombramiento.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-003-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 7 de febrero de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Luz Mery Castellanos Martínez, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 10 a 11)
1. Declarar la nulidad del Oficio 2014EE3456 del 4 de diciembre de 2014
proferido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante el cual se
denegó la petición de reintegro de la demandante y el correspondiente
pago de los salarios dejados de percibir, así como las demás acreencias
laborales.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la entidad
demandada a reintegrar a la señora Luz Mery Castellanos Martínez al
cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría, con
retroactividad al 30 de agosto de 2014 (fecha de la desvinculación).
1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.
Se destaca que el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Bogotá, por medio de auto
fechado 9 de octubre de 2015, declaró la falta de competencia en razón de la cuantía y
ordenó remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
(reparto), según se advierte de folios 84 a 85.
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3. Reconocer y pagar a la libelista las sumas correspondientes a salarios y
demás emolumentos prestacionales dejados de percibir, tales como prima
técnica, vacaciones, prima semestral, bonificaciones, prima de navidad,
entre otros, con la inclusión de los aumentos que se hubieren decretado
con posterioridad al retiro del servicio, esto es, a partir del 1.° de
septiembre de 2014 hasta la fecha en que sea reincorporada al servicio.
4. Declarar que para todos los efectos no existió solución de continuidad en
la prestación de los servicios por parte de la señora Castellanos Martínez,
desde el momento de la desvinculación hasta que sea efectivamente
reintegrada.
5. Conminar al Distrito Capital de Bogotá, Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico a pagar los gastos de honorarios por apoderado en los cuales
incurrió con ocasión del presente proceso judicial, costos que la
demandante no debió asumir, que ascienden al valor de $4.000.000.
6. La condena respectiva deberá ser actualizada desde la data de la
desvinculación y hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al
asunto.
7. Reconocer y pagar los intereses corrientes causados y ordenar a la parte
pasiva dar cumplimiento a la sentencia conforme con el artículo 192 del
CPACA.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 1 a 5 –demanda- y 97-reforma-)
1. El alcalde de Bogotá D.C. por medio de Decreto 327 de 2013, creó 199
empleos temporales en la planta de personal de la Secretaría de
Desarrollo Económico, con el fin de dar cumplimiento al plan «Bogotá
Humana», cuya vigencia inicial se fijó entre el 1.° y el 30 de agosto de
2014.
2. Para tal efecto, la Comisión Nacional de Servicio Civil a través de Oficio
323421 del 2 de septiembre de 2013, autorizó a la mencionada Secretaría
para desarrollar el procedimiento de evaluación de capacidades y
competencias para la provisión de dichos cargos.
3. Luego, mediante Decreto 546 del 1.° de noviembre de 2013, se nombró a
la señora Luz Mery Castellanos Martínez en el cargo de profesional
universitario código 219, grado 01, por haber superado y aprobado el
procedimiento de evaluación de capacidades y competencias. Tomó
posesión del empleo el 12 de noviembre de la anualidad señalada.
4. Que en dicho acto administrativo quedó estipulado que era por el período
comprendido entre el 1.° de noviembre de 2013 y el 30 de agosto de
2014.
5. Durante la prestación del servicio, la demandante siempre demostró
buena conducta, excelente capacidad de servicio, idoneidad, respeto a
sus superiores y compañeros, habilidad y conocimiento de los asuntos
sometidos a su cargo, al punto de que «jamás se le llamó la atención o se
le inició investigación disciplinaria alguna».
6. Posteriormente, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
por medio de los Oficios 2014EE979 del 15 de mayo de 2014 y
2014EE1331 del 20 de junio de 2014, emitió concepto técnico favorable
para la prórroga de los empleos de carácter temporal que fueron
inicialmente creados.
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7. Con fundamento en lo anterior, mediante Decreto 261 del 27 de junio de
2014, el alcalde mayor de Bogotá, amplió el período de duración de toda
la planta de personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, respecto
de los mencionados cargos creados, hasta el 31 de diciembre de 2015.
8. Que al ser modificado el Decreto 327 de 2014 a través del Decreto 261
de 2014, último que determinó la «nueva o única vigencia» del período de
duración de la planta temporal de la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico perdió fuerza de ejecutoria la Resolución 546 de 2013, por
medio de la cual se nombró a la demandante como profesional
universitario, código 219, grado 01.
9. La entidad demandada con fundamento en el Decreto 261 de 2014,
profirió Resolución 385 de 2014 a través de la cual extendió el plazo de la
planta temporal hasta el 31 de diciembre de 2014 y nuevamente mediante
Resolución 633 de 2014 hasta el 31 de octubre de 2015.
10. Luego, a través de Decreto 571 del 22 de diciembre de 2015, se prorrogó
la planta temporal hasta el 30 de junio de 2016.
11. No obstante ello, a la señora Luz Mery Castellanos Martínez, entre otros,
se le informó el 29 de agosto de 2014, la terminación unilateral del vínculo
laboral, «infringiendo la vigencia de la planta temporal establecida en el
Decreto 261 de 2014».
12. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico desvinculó solo a algunos
empleados sin que mediara queja, proceso disciplinario en su contra,
anotaciones en la hoja de vida, o causal que justificara su retiro, tal y
como aconteció en el presente asunto.
13. Posteriormente, por medio de Resolución 406 del 29 de agosto de 2014,
la mentada Secretaría publicó convocatoria para proveer algunos cargos
de la planta temporal, entre ellos, el que ejercía la libelista, cuyo
procedimiento de evaluación de competencias básicas y funcionales
consistió en una entrevista y prueba psicotécnica, por lo que se omitió
para tal fin tener en cuenta factores objetivos como: i) grado de estudio; ii)
puntuación obtenida en evaluaciones de Estado; iii) experiencia en el
cumplimiento de funciones señaladas en el perfil de competencias y; iv)
otros factores conforme lo determinó la Corte Constitucional en la
sentencia C-288 de 2014.
14. En efecto, en el mentado procedimiento de selección para proveer
algunos cargos:
i) no se determinó en el cronograma el puntaje de ponderación
correspondiente a cada prueba ni el carácter eliminatorio o clasificatorio
de aquellas;
ii) no se previó fecha para presentar reclamaciones u observaciones
frente a la lista de inadmitidos;
iii) se omitió publicar los resultados de los puntajes obtenidos en la
entrevista y en la prueba psicotécnica;
iv) por lo tanto, se prescindió de señalar una fecha para las respectivas
reclamaciones u observaciones frente a la calificación de las pruebas;
v) no se publicó el puntaje de las personas seleccionadas a ocupar los
cargos en la planta temporal;
vi) todo lo anterior, en ausencia de la prueba escrita de conocimientos.
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15. Las anteriores circunstancias ponen en evidencia que la verdadera
finalidad de la entidad demandada era realizar una rotación en su planta
temporal, para «satisfacer pretensiones ajenas al interés general y
alejadas de una correcta y eficiente prestación del servicio público».
16. La demandante presentó petición el 12 de noviembre de 2014 ante la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con el fin de que le
reintegrara al empleo que se encontraba ejerciendo al momento del retiro
y se le pagaran los salarios y demás emolumentos dejados de percibir a
partir del 30 de agosto de 2014.
17. La entidad demandada dio respuesta negativa a la referida solicitud por
medio del Oficio 2014EE3456 del 4 de diciembre de 2014.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo» 2, porque es guía
y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las
pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados
por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto
de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más
legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 25 de abril de 2018.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
«La demandada propuso las siguientes excepciones previas: a) Inepta demanda,
porque el oficio del que se pretende la nulidad, no constituye un verdadero acto
administrativo, por lo que no se hace posible el estudio de fondo, en la medida
que no se acreditan la totalidad de los requisitos formales de la demanda para
que prospere y también por la no indicación de las normas violadas y concepto
de violación. Para resolver esta exceptiva, el magistrado conductor refiere, de
que el simple hecho de que el acto impugnado revista la forma de un “oficio” no
significa que no sea justiciable, si con él se decide una situación jurídica que
presuntamente vulnera los derechos laborales de la actora; en el caso de autos,
es de claridad meridiana que el acto acusado es el que decide la reclamación
laboral, por lo que no hay duda que era el acto administrativo susceptible a ser
demandado en éste proceso. Por otro lado, respecto de las normas violadas y el
concepto de violación advierte, que a folios 5 a 10 del expediente, hay un acápite
de “normas violadas y concepto de violación” mediante el cual la parte actora
expone las razones por las cuales considera que el acto administrativo
demandado adolece de ilegalidad, los cuales le permiten al Tribunal ejercer el
control de legalidad.
b) Indebido agotamiento de la vía gubernativa, en la medida en que no se
agotaron los recursos previstos en la ley para que se diera la oportunidad de
reconsiderar la decisión. El magistrado director expresa, que esta excepción no
está llamada a prosperar, habida cuenta que la demandante inició actuación
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
(2015).
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administrativa mediante petición de 11 de noviembre de 2014, generando el oficio
2014EE3456 de 4 de diciembre de 2014, en el cual la administración no señaló
expresamente si éste era o no susceptible de recurso, al tenor de lo dispuesto en
el inciso 2° del artículo 67 de la ley (sic) 1437 de 2011; por lo tanto, no estaba el
peticionario (sic) en la obligación de interponer recurso alguno, quedando
debidamente agotada la actuación administrativa. Por lo anterior refiere, que las
excepciones propuestas no tienen vocación de prosperidad y no advierte alguna
que deba resolverse de oficio.». (Folios 154 a 155 y CD obrante a folio 157
del plenario).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] La presente controversia se contrae a determinar i) si el acto administrativo
demandado adolece de falsa motivación y desviación de poder, por
fundamentarse en supuestos de hecho falsos y en la satisfacción de pretensiones
ajenas al interés general y, ii) si procede el reintegro y pago de salarios y
prestaciones sociales reclamados por la actora, LUZ MERY CASTELLANOS
MARTÍNEZ, desde la fecha de su desvinculación con la entidad. […]». (Cursiva
conforme a la transcripción). (Folio 155 y CD que reposa a folio 157 del
expediente).
SENTENCIA APELADA
(Folios 181 a 186)
El a quo profirió sentencia escrita el 7 de febrero de 2019, por medio de la
cual denegó las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
El tribunal de primera instancia inicialmente analizó el marco jurídico de los
empleos de carácter temporal, con el fin de advertir que aquellos son de
carácter transitorio y excepcional, que buscan solucionar las necesidades del
servicio y evitar la parálisis en el ejercicio de funciones públicas mientras se
realizan los procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una
determinada entidad, en aplicación de los principios de eficiencia y celeridad.
Al respecto, sostuvo que los derechos de permanencia y estabilidad son
inherentes a los funcionarios de período fijo o de carrera administrativa, más
no a favor de aquellos que acceden a la administración mediante
nombramiento provisional o temporal, éste último como es el caso de la
libelista. Aunado a ello, el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, refiere que el
retiro de quien ocupe un cargo temporal procede de manera automática, al
vencimiento del término de su duración.
En esta línea, puntualizó que conforme con la Resolución 546 del 1.° de
noviembre de 2013, por medio de la cual se nombró a la señora Luz Mery
Castellanos Martínez en el cargo de profesional universitario, código 219,
grado 01, el término de aquel se fijó hasta el 30 de agosto de 2014, vencido
el cual, quedaba retirada del servicio de forma inmediata, motivo por el cual,
su desvinculación devino por disposición normativa, circunstancia que
constituía una razón objetiva y legítima por regulación del Decreto 1227 de
2005.
De esta forma, no eran de recibo los argumentos esgrimidos por la parte
demandante, en la medida en que los nombramientos temporales tienen
carácter transitorio y no gozan de fuero de estabilidad, por tanto, el acto
administrativo enjuiciado se encontraba ajustado al ordenamiento jurídico.
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Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la libelista.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 194 a 198)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a sus
pretensiones. Para tal fin manifestó que, el tribunal de instancia «confunde»
la figura de empleo temporal con provisional, a tal punto que la mayor parte
de la sustentación jurídica, marco normativo y jurisprudencial, se centra en la
vinculación de los empleados en provisionalidad, cuando el objeto del
presente medio de control claramente es otro.
De otro lado, señaló que en relación con el vencimiento del término de
nombramiento de la señora Luz Mery Castellanos Martínez, cuyo plazo fue
objeto de prórrogas a través de los Decretos 261 de 2014 y 571 de 2015, en
el fallo recurrido se omitió efectuar un análisis armónico y sistemático sobre
la procedencia de aquellas, así como la obligatoriedad de dar aplicación a la
mentada normativa y de la garantía constitucional de los principios que rigen
la función pública.
Al respecto, puntualizó que el Decreto 261 de 2014 debió aplicarse de forma
obligatoria desde el momento de su publicación a la luz de lo regulado en el
artículo 65 del CPACA, el cual dispuso de forma expresa que el cumplimiento
del Plan de Desarrollo Bogotá Humana sería hasta al 31 de diciembre de
2015, disposición plenamente conocida por la entidad demandada, de
manera que, la vigencia de la planta temporal cobijaba a la señora Luz Mery
Castellanos Martínez, esto es, respaldaba y amparaba la continuidad en el
cargo, toda vez que la prórroga se efectuó para toda la planta temporal sin
discriminación alguna.
Adujo además que, si en gracia de discusión se tomara como cierto el hecho
de que la desvinculación se debió exclusivamente al fenecimiento de la
vigencia del nombramiento inicial, no se encuentra la razón del porqué este
fenómeno operó únicamente para ella y no para los demás empleados
temporales, siendo que el fundamento para prorrogar los otros cargos fue el
mentado Decreto 261 de 2014.
Asimismo, precisó que según el contenido del Decreto 571 de 2015 incluye el
empleo de profesional universitario, código 219, grado 01 que venía
desempeñando la demandante, por lo que le asiste el derecho a que se le
reconozca y pague de forma indexada, el salario mensual y los demás
emolumentos que dejó de percibir entre el 31 de agosto de 2014 y el 30 de
junio de 20163, toda vez que la necesidad de continuar con la medida de
empleos temporales persistió hasta la última fecha mencionada.
Lo anterior, en concordancia con los principios in dubio pro operario,
igualdad, pro homine y favorabilidad, que se encuentran amparados y
reconocidos en la Constitución, así como en los Estatutos de la OIT, los
cuales rigen la función pública, y que debieron ser observados por el tribunal
de primera instancia. Agregó, que se desconoció de igual forma, el principio
de confianza legítima.
3 Al respecto, se destaca que de las pruebas aportadas al plenario no se advierte el Decreto
571 del 22 de diciembre de 2015 que se señala en el libelo introductor y que prorrogó la
medida de planta temporal hasta el 30 de junio de 2016. En efecto, el análisis del a quo, se
ciñó al estudio de la prórroga de la planta temporal hasta el 31 de octubre de 2015, tal como
se verifica a folio 183.
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Precisó que al haber sido nombrada en el empleo temporal por haber
superado y aprobado el procedimiento de evaluación y competencias, para
luego ser desvinculada, «paradójicamente» se oferta de nuevo su cargo, con
lo cual se le vulneraron todos sus derechos fundamentales, circunstancia que
no fue analizada en la sentencia recurrida.
Añadió que el concepto de retiro automático del servicio al cual aludió el a
quo, opera exclusivamente cuando el término de duración del nombramiento
se ha cumplido sin que exista prórroga, tal como lo expuso la Comisión
Nacional del Servicio Civil en criterio unificado, caso en el cual la entidad sí
debe agotar el orden de provisión contemplado en el artículo 21 de la Ley
909 de 2004, máxime cuando toda la planta de empleados temporales fue
prorrogada, por lo que debe entenderse que el lapso inicialmente pactado,
comporta las diferentes prórrogas que se lleguen a expedir.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La entidad demandada (índice 16 SAMAI): señaló que no es válido
sostener como lo afirma la libelista, que en el sub lite se haya presentado un
despido injusto, sorpresivo y arbitrario, tampoco una terminación unilateral, ni
mucho menos hubo una desviación de poder en la finalización de la relación
que existió entre la señora Luz Mery Castellanos Martínez y la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico, dado que, lo que se produjo fue un retiro
automático del servicio como consecuencia del vencimiento del término
previsto para la duración del empleo temporal ocupado por aquella.
Aunado a lo anterior, en el acto administrativo mediante el cual se
«protocolizó» el nombramiento en la planta temporal se dejó registrado el
término de duración del mismo, por tal motivo al cumplimiento de aquel se
entendería retirada del servicio automáticamente la empleada temporal,
como ocurrió en el caso que nos ocupa.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en
desarrollo de esta etapa procesal según constancia secretarial visible a folio
224.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en la respectiva alzada. En el presente caso solo presentó
impugnación vertical la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:
¿La señora Luz Mery Castellanos Martínez tenía derecho a continuar en el
cargo de profesional universitario, código 219, grado 01, hasta el 31 de
octubre de 2015, en la planta de carácter temporal de la Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico, con ocasión de las prórrogas de todos los empleos
temporales de la mencionada entidad?
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Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la desvinculación de la
señora Luz Mery Castellanos Martínez obedeció a que feneció el período
para el cual había sido nombrada en el cargo temporal, de suerte que no
existan razones que justifiquen que la entidad demandada debía mantener
su nombramiento, pues la prórroga de las medidas, no le otorgaba fuero
alguno de inamovilidad o de escogencia obligatoria. Sobre este
planteamiento se expone lo siguiente:
De los empleos temporales y su forma de provisión
El desempeño de funciones públicas exige, por regla general, la creación de
un empleo público, el cual debe estar contemplado en la respectiva planta de
personal y debe reunir tres requisitos: i) funciones detalladas en la ley y el
reglamento; ii) consagración en la planta de personal y; iii) partida
presupuestal que prevea sus emolumentos, ello según lo regulado en el
artículo 122 Superior.
En efecto, a la luz del artículo 125 ibidem la designación en los empleos en
los órganos y entidades del Estado debe realizarse a través del sistema de
carrera administrativa, que es el instrumento que mide el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que fija la ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes. El retiro solo se hará por calificación no
satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
Como puede apreciarse, la creación de empleos en la planta de personal
para el desempeño de funciones públicas y la provisión de los mismos en
atención al mérito de las personas constituye la regla general en la función
pública. No obstante, por autorización del Constituyente, se prevén
excepciones como los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
De esta forma, se observa que el legislador puede instaurar algunas figuras
jurídicas de vinculación con el Estado con el propósito de satisfacer
necesidades del servicio generalmente de carácter transitorio o excepcional,
que desbordan las capacidades fácticas de la planta de personal para
atenderlas o que requieren de personal especializado.
Precisamente, el artículo 1.° de la Ley 909 de 20044, catalogó cuatro tipos de
empleos que conforman la función pública, uno de los cuales es el empleo
de carácter temporal, conforme se advierte a continuación:
«Artículo 1o. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del
sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que
deben regular el ejercicio de la gerencia pública.
[…]
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la
función pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.». (Resaltado intencional).
En cuanto a su creación el articulo 21 ibidem, señaló:
4«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones».
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«ARTÍCULO 21. Empleos de carácter temporal.
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se
les aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas
de personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá
responder a una de las siguientes condiciones:
a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de
las actividades permanentes de la administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por
hechos excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la
naturaleza de la institución.
2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá
contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y
disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones
sociales.
3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles
vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos
nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la
utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades
y competencias de los candidatos. (El texto subrayado fue declarado
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-288 de 2014.)
4. El nombramiento en los empleos temporales se efectuará mediante acto
administrativo en el que se indicará el término de su duración, al
vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio
automáticamente. Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador
en ejercicio de la facultad nominadora podrá declarar la insubsistencia del
nombramiento, cuando el servidor no cumpla las metas del proyecto o
actividades que dieron lugar a la creación de los mismos, de acuerdo con la
evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto administrativo
motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las disponibilidades y
apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como consecuencia
de los ajustes a los montos aprobados para su financiación». (Numeral 4,
Adicionado por Art. 6, Decreto 894 de 2017). (Negrillas fuera del texto
original).
En este sentido, el empleo temporal es una categoría especial en el que las
entidades del Estado, de carácter transitorio, desligado del régimen de
carrera administrativa, cuyas funciones se encaminan a atender actividades
o suplir necesidades de la planta de personal en la entidad, esto es, tendrán
lugar en las siguientes hipótesis:
• Funciones que no realiza el personal de planta;
• Programas y proyectos de duración determinada;
• Para suplir necesidades de personal por sobrecarga debido a hechos
excepcionales;
• En labores de consultoría y asesoría institucional de una duración no
mayor a doce meses.
Adicionalmente, en su forma de provisión, los cargos transitorios lo serán con
personas que pertenezcan a las mismas listas de elegibles para cargos
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permanentes, o en su defecto, por medio de una evaluación de capacidades
y competencias de quienes se presenten5.
Al respecto, se encuentra que la Corte Constitucional6, citando jurisprudencia
del Consejo de Estado, ha precisado que «el empleo temporal no es de carrera
sino que constituye una categoría independiente de empleo público». Así, en
sentencia del 19 de junio de 2008, la Sección Segunda de esta Corporación7
estimó que «resulta entendible el grado de protección que le pretende dar el
legislador al empleado temporal, pues si bien no tiene la categoría de empleado de
carrera administrativa, tampoco la de uno de libre nombramiento y remoción».
En cuanto a la forma de proveer el empleo temporal, el Decreto 1227 de
20058, señaló:
«ARTÍCULO 3°. El nombramiento en un empleo de carácter temporal se
efectuará teniendo en cuenta las listas que hagan parte del Banco Nacional de
Listas de Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma denominación,
código y asignación básica del empleo a proveer. Para el análisis del perfil y de
las competencias requeridas, la entidad deberá consultar las convocatorias que
le suministre la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Cuando, excepcionalmente, no existan listas de elegibles vigentes que permitan
la provisión del empleo temporal, la entidad realizará un proceso de evaluación
del perfil requerido para su desempeño a los aspirantes a ocupar dichos cargos,
de acuerdo con el procedimiento que establezca cada entidad.
El ingreso a empleos de carácter temporal no genera el retiro de la lista de
elegibles ni derechos de carrera.». (Numeral 4, Adicionado por Art. 6, Decreto
894 de 2017). (Resaltado fuera de texto).
Ahora bien, cabe señalar que la norma citada en cuanto a esa forma de
provisión de los empleos temporales por evaluación de la propia entidad
cuando no existe lista de elegibles, fue objeto de demanda ante el Consejo
de Estado en acción de nulidad, por exceso en el ejercicio de la potestad
reglamentaria y usurpación de las funciones constitucionales de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.
Empero, en sentencia del 26 de noviembre de 20099, la Sección Segunda
negó las súplicas de la demanda, al considerar que la evaluación de los
candidatos a empleos temporales cuando no se advierte la mencionada lista
de elegibles debe ser realizada por cada entidad y no por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, pues «no se está frente a empleos de carrera
administrativa»; y señaló que en tal caso, cuando no se presenta aquella, se
abre la posibilidad de que cualquier persona que reúna los requisitos para
ejercer el cargo aspire al empleo ofertado.
5 De acuerdo con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-288 de 2014, en
caso de ausencia de lista de elegibles se debe dar prioridad a la selección de personas que
se encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para el cargo y trabajen en la
misma entidad pública; se debe garantizar, así mismo, la libre concurrencia en el proceso a
través de la publicación de una convocatoria para la provisión del empleo temporal en la
página web de la entidad con suficiente anticipación, y por último se debe escoger al
candidato que tenga mayores capacidades para cumplir con el perfil de competencias del
empleo, cuyos criterios básicos son el estudio y la experiencia según señala el artículo 19 de
la Ley 909 de 2004.
6
Sentencia C-618 de 2015.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda, radicado: 11001-03-25-000-2006-00087-00 (1475-
06).
8 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de
1998».
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, radicado interno: 2006-00144.
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Bajo la anterior intelección, la Sala advierte las siguientes características de
los empleos temporales:
Norma Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005
a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por
no formar parte de las actividades permanentes de la
administración;
Cuándo procede su b) Desarrollar programas o proyectos de duración
vinculación. determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo,
determinada por hechos excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional
de duración total, no superior a doce (12) meses y que
guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la
institución.
Decreto 1227 de 2005, artículo 2°. El régimen salarial,
Remuneración prestacional y demás beneficios salariales de los empleos
temporales será el que corresponda a los empleos de
carácter permanente que rige para la entidad que va a crear
el cargo y se reconocerá de conformidad con lo establecido
en la ley.
La justificación para la creación de empleos de carácter
temporal deberá contener la motivación técnica para cada
Condiciones para su caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal
vinculación para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.
El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las
listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de
carácter permanente, sin que dichos nombramientos
ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la
utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación
de las capacidades y competencias de los candidatos.10
De la terminación del empleo temporal
Ahora bien, en lo que atañe al término de vinculación del empleo temporal,
como bien se ha indicado en líneas precedentes, debido al carácter
excepcional de esta categoría, el legislador determinó que la duración del
nombramiento dependería de la vigencia de la planta temporal; en efecto el
artículo 4.° del Decreto 1227 de 2005, previó:
«[…] El nombramiento deberá efectuarse mediante acto administrativo en el que
se indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe
quedará retirado del servicio automáticamente. Sin embargo, antes de cumplirse
dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional, podrá
declarar la insubsistencia del nombramiento. El texto subrayado fue declarado
NULO por el Consejo de Estado mediante Fallo de junio 19 de 2008 (Rad. 11001-
03-25-000-2006- 00087-00(1475-06).
El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal
deberá sujetarse a la disponibilidad presupuestal.».
Respecto a la forma de terminación de dicho vínculo laboral, el Consejo de
Estado11, al declarar la nulidad del aparte que facultaba al nominador para
declarar la insubsistencia del nombramiento, reiteró que en razón a la
10
Aparte subrayado declarado condicionalmente exequible por la sentencia C-288 de 2014
«en el entendido que el mismo deberá garantizar el cumplimiento de los principios de la
función pública de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad».
11 Sección Segunda, sentencia del 19 de junio de 2008, radicado: 11001-03-25-000-2006-
00087-00 (1475-06).
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transitoriedad de la relación laboral, la forma de desvincular al empleado
temporal era por expiración del período fijado en el acta de
nombramiento, el cual en todo caso depende de la disponibilidad
presupuestal. Frente a este punto precisó:
«De acuerdo con lo anterior, resulta claro que en este caso el querer del
legislador fue el de otorgar una cierta garantía de permanencia al empleado
temporal, al definir que estaría supeditado al período fijado en el acta de
nombramiento, el cual a su turno, pende de lo determinado en el estudio técnico
y a la disponibilidad presupuestal; por ello, mal podía el Ejecutivo extralimitarse
en su facultad reglamentaria, al querer incluir una disposición nueva, no
contemplada en la ley reglamentada.
Además, resulta entendible el grado de protección que le pretende dar el
legislador al empleado temporal, pues si bien no tiene la categoría de
empleado de carrera administrativa, tampoco la de uno de libre nombramiento
y remoción, como quiera que se trata de personas que forman parte de las listas
de elegibles (art. 3°, decreto 1227 de 2005) esto es, que superaron el concurso
de méritos y esperan ser nombrados en el período de prueba que les permite
acceder a la carrera administrativa; de ahí que su designación en un cargo de
esta categoría significa la oportunidad preferencial de acceder a un empleo
público en forma transitoria mientras se les nombra permanentemente en la
planta de personal.
En otras palabras: el art. 3° inciso 3° del decreto 1227 de 2005 fue muy claro
en precisar que el ingreso a un empleo temporal no genera derechos de
carrera, pero por ello tampoco se puede concluir que es de libre
nombramiento y remoción, lo cual se reafirma con el hecho de que
prácticamente la única causal de retiro establecida para ellos es la
culminación del período para el cual fueron designados.
Pero, además, es evidente que la frase acusada viola el principio de confianza
legítima, como extensión del de la buena fe, pues el empleado que ha sido
nombrado en un cargo temporal por un período determinado, tiene la idea de
permanencia y estabilidad en el empleo, porque existe la expectativa cierta y
fundada de conservarlo en cuanto cumpla fiel y eficientemente con sus
obligaciones laborales, hasta cuando se venza tal período.». (Resaltado
intencional).
En línea con lo expuesto, la designación en un empleo temporal conlleva la
oportunidad de acceder a un cargo público en forma transitoria, luego aun
cuando el empleado temporal no pueda ser desvinculado discrecionalmente,
ello no le otorga derechos de estabilidad definitiva, ni mucho menos de
carrera, pues su relación está prevista por un plazo determinado12.
Sobre el punto, se destaca que si bien es una facultad reglada, el
vencimiento del término del nombramiento tiene como consecuencia el retiro
automático, por lo que es diáfano concluir que la vinculación en dicha calidad
no genera la adquisición de derechos de carrera, tanto así que la finalización
del lapso estipulado no prevé la exclusión de la lista de elegibles, en el caso
en que el empleo se haya provisto a través del mentado mecanismo.
De acuerdo con la normativa y jurisprudencia señalada, se hace necesario
resaltar que en los siguientes eventos se puede dar por terminado el
nombramiento temporal:
• Vencimiento del término del nombramiento;
12En igual sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 18 de noviembre de 2021,
radicado: 25000-23-42-000-2016-04516-01 (3216-2020).
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• Antes de cumplirse dicho lapso, por acto administrativo motivado
cuando no se cumplen las metas del proyecto o actividades que
dieron lugar a su creación;
• Cuando no se cuente con las disponibilidades y apropiaciones para
financiar el empleo de carácter temporal;
• Las demás que se prevean para la culminación del mentado vínculo.
De esta forma, teniendo claro que el empleo temporal no es de carrera
administrativa, sino que es una categoría independiente de empleo público,
de carácter transitorio y excepcional, cuyo régimen de ingreso y retiro se
encuentra expresamente regulado en la ley, procede la Sala a efectuar el
análisis del caso que nos ocupa.
La demandante no tiene derecho a la prórroga del nombramiento
temporal más allá del lapso inicial en él consignado
De conformidad con el marco legal y jurisprudencial descrito, la Subsección
advierte que en atención al material probatorio recaudado y practicado en el
proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
El alcalde mayor de Bogotá D.C., por medio de Decreto 327 del 23 de
julio de 2013, creó la planta de personal temporal de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico, para el cumplimiento del «Plan de
Desarrollo Bogotá Humana», desde el 1.° de agosto de 2013 hasta el
30 de agosto de 2014, 199 cargos (folios 57 a 58), de la siguiente
manera:
Lo anterior, acorde con las siguientes consideraciones:
«[…] Que el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario
1227 de 2005, consagra que los organismos y entidades pueden crear en
sus plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio para el
desarrollo de programas y proyectos de duración determinada.
Que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con el propósito de
cumplir con los planes y proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo
BOGOTÁ HUMANA definió los siguientes proyectos: […]
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Que para el desarrollo de los proyectos formulados, la Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico deberá de manera especial, dar el alcance y la
cobertura que requieran estos Proyectos, con perfiles especializados,
destacados y orientados a temas relacionados directamente con el
desarrollo económico, por lo que es necesario contar con empleos de
carácter temporal.
Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, emitió
concepto técnico favorable mediante oficio número 2013 -E- E 1379 del
24 de junio de 2013 con las facultades otorgadas por el Acuerdo 199 de
2005, artículo 6°.
Que para los fines de este Decreto la Secretaría Distrital de Hacienda -
Dirección Distrital de Presupuesto-, expidió viabilidad presupuestal
mediante oficio radicado No. 2013EE158526 de julio 5 de 2013. […]».
En efecto, la señora Luz Mery Castellanos Martínez fue nombrada en
el cargo de carácter temporal de profesional universitario, código 219,
grado 01 de la planta de empleos temporales de la Secretaría de
Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., ello en
virtud de la Resolución 000546 del 1.° de noviembre de 2013 hasta el
30 de agosto de 2014 (folio 27 anverso y reverso), conforme se
vislumbra a continuación:
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Luego, el alcalde mayor de Bogotá expidió el Decreto 261 del 26 de
junio de 2014, mediante el cual se modificó el artículo 1.° del Decreto
327 del 23 de julio de 2013, a través del cual se prorrogaron los 199
empleos temporales creados inicialmente, ello, hasta el 31 de
diciembre de 2015 inclusive (folios 60 a 61).
En virtud de lo anterior, acorde con Resolución 00385 del 29 de
agosto de 2014, se prorrogó el nombramiento de los cargos
temporales a partir del 31 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2014,
de varios empleados. De ello, la Sala destaca, que no se encuentra el
nombre de la aquí demandante. En dicho acto administrativo, se
expuso que:
«[…] Que a través de Decreto No. 327 de 23 de julio de 2013 el Alcalde
Mayor de Bogotá D.C. resolvió crear empleos temporales en la planta de
personal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para el
cumplimiento del Plan de Desarrollo “BOGOTA (SIC) HUMANA” desde el
1° de agosto de 2013 hasta el 30 de agosto de 2014.
Que mediante Oficio No. 323421 de 2 de septiembre de 2013 la Comisión
Nacional del Servicio Civil autorizó a esta Secretaría para desarrollar el
procedimiento de evaluación de capacidades y competencias para la
provisión de los referidos empleos.
Que una vez surtido el referido procedimiento de evaluación, de acuerdo a
lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y la Ley (sic) 1227 de 2005 se
determinó que las personas que se señalan en la parte resolutiva cumplen
con los requisitos, capacidades y competencias para ser nombrados en
empleos temporales de acuerdo a su experiencia y formación académica.
Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió
concepto técnico favorable para la prórroga de los empleos de carácter
temporal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico mediante
oficios número 2014-E-E-979 del 15 de mayo de 2014 y 2014-E-E-1331
del 20 de junio de 2014 según las facultades otorgadas por el Acuerdo
199 de 2005.
Que la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de
Presupuesto -, expidió la viabilidad presupuestal para la prórroga de los
empleos de carácter temporal de la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico mediante oficio radicado 2014EE126423 del 25 de junio de
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2014, de conformidad con la disponibilidad de recursos hasta el 31 de
diciembre de 2014.
Que en virtud de lo anterior, mediante Decreto No. 261 de 26 de junio de
2014 el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. resolvió modificar el Decreto 327
del 23 de junio de 2013.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, […]». (Folios 28 a 39).
(Mayúscula del texto original).
Asimismo, se advierten los resultados definitivos de la convocatoria
pública para proveer 26 empleos temporales en la Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico en octubre de 201413. (Folios 55 a 56).
Mediante petición del 12 de noviembre de 2014, la libelista solicitó
ante la Secretaría de Desarrollo Económico, lo siguiente:
«[…] PRIMERO. SE PROCEDA AL REINTEGRO INMEDIATO DE […]
LUZ MERY CASTELLANOS MARTÍNEZ, […] en los empleos temporales
que veníamos desempeñando
SEGUNDO: SE PROCEDA AL PAGO DE LOS SALARIOS Y DEMÁS
PRESTACIONES Y EMOLUMENTOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE
LA FECHA 30 DE AGOSTO DE 2014. […]». (Folios 17 a 19). (Negrilla
y mayúscula conforme a la transcripción).
La entidad demandada dio respuesta de forma negativa a la referida
solicitud, mediante Oficio 2014EE3456 fechado 4 de diciembre de
2014, expedido por el director de gestión corporativa de la entidad
demandada, ello conforme a los siguientes argumentos:
«[…] La señora Luz Mery Castellanos Martínez […] fue nombrada
mediante Resolución No. 00546 de 1 de noviembre de 2013, a partir de
esa fecha y hasta el 30 de agosto de 2014, en el empleo temporal
denominado Profesional Universitario Código 219 Grado 01 con cargo al
Proyecto 716- Fortalecimiento de Iniciativas de Emprendimiento.
En este sentido, el día 29 de agosto de 2014 la Secretaría Distrital le
recordó a las citadas ex funcionarias, que de acuerdo a lo dispuesto en el
acto administrativo de nombramiento, su vinculación terminaba el 30 de
agosto de 2014; razón por la que la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico NO terminó unilateralmente la relación laboral que existió con
las peticionarias, sino que esta feneció de forma natural al vencimiento del
término establecido en el nombramiento.
[…]
Con fundamento en el marco normativo vigente esta Secretaría estima
que no es viable jurídicamente acceder a las pretensiones de las señoras
DOLLY YAZMÍN MURCIA Y LUZ MERY CASTELLANOS MARTÍNEZ.
[…]». (Folios 20 a 21). (Mayúsculas del texto original).
Posteriormente, a través de la Resolución 00633 sin fecha del año
2014, se prorrogaron los nombramientos de 199 empleos temporales
de la Secretaría de Desarrollo Económico desde el 1.° de enero de
2015 y hasta el 31 de octubre de la mencionada anualidad. (Folios 40
a 54).
Conforme con certificación suscrita por el subsecretario encargado de
Desarrollo Económico y Control Disciplinario del 9 de mayo de 2018,
se hizo constar que la señora Luz Mery Castellanos Martínez no
13 No se observan más datos.
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registra llamados de atención, ni anotaciones en su hoja de vida, así
como tampoco investigaciones o sanciones disciplinarias. (Folio 116).
De ello, también da cuenta la hoja de vida anexada en cd visible a
folio 117.
Acorde con lo evidenciado previamente, se encuentra que la Secretaría de
Desarrollo Económico a través del Decreto 327 del 23 de julio de 2013, creó
199 cargos de carácter temporal con el fin de dar cumplimiento al «Plan de
Desarrollo Bogotá Humana», desde el 1.° de agosto de 2013 hasta el 30 de
agosto de 2014 (folios 57 a 58).
En virtud de lo anterior, una vez superó el procedimiento de evaluación de
competencias y capacidades de que trata el artículo 21 de la Ley 909 de
2004 en concordancia con el artículo 3.° del Decreto 1227 de 2005, la señora
Luz Mery Castellanos Martínez fue nombrada a través de la Resolución
000546 del 1.° de noviembre de 2013, en el cargo de profesional
universitario, código 219, grado 01 de la planta de empleos temporales de la
Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,
hasta el 30 de agosto de 2014 (folio 27 anverso y reverso).
Vencido el término enunciado en el acto de nombramiento, la señora
Castellanos Martínez fue retirada del mencionado empleo, tal y como se
vislumbra de la Resolución 00385 del 29 de agosto de 2014, por medio de la
cual se prorrogaron unos nombramientos de la mentada planta temporal,
dentro de los cuales no se incluyó el nombre de la libelista (folios 28 a 39).
Sobre el punto, la Sala advierte que el retiro no dependía de la expedición de
este acto, sino del cumplimiento del plazo, esto es, que la prórroga no le
concedía opción automática para continuar en el empleo, como se analizará
a continuación.
Se resalta que, en el acto de nombramiento se hizo referencia expresa a
cada una de las reglas que sobre la vinculación temporal se señalaron en la
Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005 y se fijó claramente la fecha
hasta la cual estaría vigente el vínculo laboral, por lo que, sin lugar a dudas,
a partir del 30 de agosto de 2014, automáticamente quedaría desvinculada.
En este sentido, es palmario que la señora Luz Mery Castellanos Martínez
prestó sus servicios a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá D.C.,
en el desempeño de un cargo que fue creado de forma transitoria,
circunstancia que no crea una relación definitiva con el Estado y no genera
derechos de carrera administrativa.
Luego, vencido el plazo de duración temporal, se extingue la relación con la
administración, sin que pueda exigirse estabilidad laboral alguna o la
expedición de un acto administrativo que ratifique esa situación.
Lo anterior, toda vez que conforme lo señala de forma diáfana la normativa
reguladora y acorde con los lineamientos jurisprudenciales anotados
anteriormente, el acto administrativo de nombramiento es el que determina el
lapso de duración, esto es, cuando aquel expira, automáticamente el servidor
queda retirado del servicio, como en efecto ocurrió en el sub lite, pues desde
que fue vinculada tenía conocimiento de que su permanencia en el cargo era
limitada
Ahora, si bien es cierto, a través de las Resoluciones 00385 del 29 de agosto
de 2014 y 00633 sin fecha del año 2014, se prorrogaron los nombramientos
de los cargos temporales hasta el 31 de diciembre de 2014 y 31 de octubre
de 2015, respectivamente, los 199 empleos creados inicialmente, ello, per se
no conllevaba que su nombramiento tuviera la mentada ampliación.
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Al respecto, se advierte que la desvinculación de la libelista obedeció a que
feneció el plazo para el cual había sido nombrada, y el hecho de que se
prorrogaran las medidas de empleos temporales, no le otorgaba a la
demandante fuero de estabilidad alguno, pues su ingreso al empleo no fue a
través de concurso de méritos y el cargo por ella desempeñado estaba atado
a un plazo fijo desde su creación, por tanto, al vencimiento del lapso para el
cual fue nombrada, tuvo como consecuencia el retiro automático del servicio.
Ello implica que la estabilidad deprecada por la libelista en el caso objeto de
análisis dependía de la ocurrencia del plazo, tal y como se señaló en el acto
de nombramiento, es decir, hasta el 30 de agosto de 2014, diferente sería
que en aquel se hubiese señalado verbi gracia que el lapso sería «hasta que
duren las medidas de los empleos de carácter temporal» o simplemente se
hubiese omitido la fecha de terminación de la vinculación, circunstancia que,
como se advierte, no ocurrió.
En estas condiciones, resulta clara la diferencia entre la prórroga de la planta
de empleos de carácter temporal, tal como se estudió ampliamente en el
marco normativo y jurisprudencial de la presente providencia y la prórroga de
los nombramientos, dado que, la primera obedece a criterios técnicos de
viabilidad y necesidad transitoria del servicio y, la segunda, a la pertinencia
de perpetuar el vínculo laboral inicial, hecho que sí requiere manifestación
expresa de la entidad.
Como sustento adicional a la anterior tesis, en un proceso de contornos
similares al aquí estudiado, esta Subsección14 en reciente pronunciamiento,
esbozó:
«[…] Así, pues, se infiere que el señor Toro Mantilla estuvo vinculado de forma
temporal en la entidad, desempeñando un cargo creado de forma transitoria. No
se puede perder de vista que la esencia de la vinculación temporal está en su
transitoriedad, lo que tiene como consecuencia que no crea una relación
definitiva con el Estado y no genera derechos de carrera administrativa. Luego,
vencido el plazo de duración temporal, se extingue la relación con la
administración, sin que pueda exigirse estabilidad laboral alguna o la expedición
de un acto administrativo que ratifique esa situación.
Dicho de otra forma, tanto la vinculación temporal establecida en la Resolución
029 del 20 de febrero de 2013 como su prórroga, son un vínculo precario que por
su naturaleza no alcanza el grado de protección de un empleo de carrera
administrativa. […]».
Bajo esa óptica, se reitera que el nombramiento de la demandante tenía
vigencia hasta el 30 de agosto de 2014, por lo que la administración no se
encontraba en la obligación de emitir pronunciamiento alguno para consolidar
su desvinculación, ni aquella era beneficiaria de los derechos de inamovilidad
o de escogencia obligatoria que pretende arrogarse en este proceso, dado el
carácter de su vinculación al servicio.
Corolario, se debe indicar que el vencimiento del término para el cual había
sido nombrada no obligaba al nominador a prorrogar su nombramiento, dado
que el plazo se había cumplido y la señora Castellanos Martínez no era
beneficiaria de ningún fuero de estabilidad. Aunado a ello, la prórroga
general que se expidió de los cargos temporales por un periodo adicional,
tampoco producía la permanencia de la demandante más allá del interregno
señalado en su nombramiento, como lo reclama.
14Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:
25000-23-42-000-2016-04516-01 (3216-2020).
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19
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05676-01 (2858-2019)
Demandantes: Luz Mery Castellanos Martínez
En conclusión: la desvinculación de la señora Luz Mery Castellanos
Martínez obedeció a que feneció el período para el cual había sido nombrada
en el cargo temporal, de suerte que no existan razones que justifiquen que la
entidad demandada debía mantener su nombramiento, pues la prórroga de
las medidas, no le otorgaba fuero alguno de inamovilidad o de escogencia
obligatoria.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 7 de
febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B que denegó las pretensiones de la demanda, ello
habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación
formulado por la libelista.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201615, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa
valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos
últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como
la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm.
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura)
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP16,
previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario
judicial.
15 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante:
María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero
Bardi.
16 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […]».
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05676-01 (2858-2019)
Demandantes: Luz Mery Castellanos Martínez
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público17.
Por tanto, en ese hilo argumentativo, se condenará en costas a la
demandante y a favor del Distrito Capital de Bogotá D.C., Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico, toda vez que resultó vencida en esta instancia,
pues no prosperaron los argumentos del recurso de alzada y la entidad
demandada presentó alegatos de conclusión en esta instancia, según
constancia secretarial visible a folio 224. Las costas serán liquidadas por el a
quo acorde con lo regulado en el artículo 366 del Código General del
Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 7 de febrero de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
que denegó las pretensiones de la demanda, ello en el proceso que en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovió la señora Luz Mery Castellanos Martínez contra el Distrito Capital
de Bogotá D.C., Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante
y a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
17Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»
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