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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-41-000-2026-00297-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-41-000-2026-00297-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-41-000-2026-00297-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00297-01
Demandante: NELSON FIDEL BARBOSA OSPINA
Demandados: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Tema: Improcedencia de la acción en los eventos que la parte actora
tiene a su alcance otro medio judicial de defensa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
del 24 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, por medio de la cual se declaró improcedente el
mecanismo constitucional del asunto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

El señor Nelson Fidel Barbosa Ospina, por intermedio de apoderado judicial1,
mediante escrito presentado a través de correo electrónico el 18 de febrero de 2026,
instauró demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento2, con base en el artículo
87 de la Constitución Política y reglamentado en la Ley 393 de 1997, contra la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la
que solicitó el cumplimiento del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

Primero. DECLARAR que la Resolución No. 15088 del 26 de octubre de 2023 emitida
por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL perdió su fuerza ejecutoria al
desaparecer sus fundamentos de hecho y de derecho en los términos del artículo 91
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley

1 Poder conferido al profesional Ernesto Matallana Camacho
2 Ver índice 2, cuaderno de primera instancia

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Nelson Fidel Barbosa Ospina
Demandados: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otra
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00297-01

1437 de 2011-, y que dicha pérdida produce efectos jurídicos obligatorios para la
administración.

Segundo. DECLARAR que la Resolución No. 10769 de 2023 del 11 de septiembre de
2023 emitida por la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS perdió su fuerza
ejecutoria al desaparecer sus fundamentos de hecho y de derecho en los términos
del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-, y que dicha pérdida produce efectos jurídicos
obligatorios para la administración.

Tercero. DECLARAR que la Resolución CNSC 20172110023295 del 5 de abril de
2017 emitida por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL además de
encontrarse vigente y sin cuestionamiento firme de legalidad, contiene también
obligaciones claras, expresas y exigibles, o lo mismo, deberes imperativos e
inobjetables, en cabeza de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y siendo
susceptible de ser cumplida por medio de este ejercicio de acción.

Cuarto. DECLARAR que la Resolución No. 590 del 13 de octubre de 2017 emitida por
la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, además de encontrarse vigente y
sin cuestionamiento firme de legalidad, contiene también obligaciones claras,
expresas y exigibles, o lo mismo, deberes imperativos e inobjetables, en cabeza de
la AGENCIA NACIONAL DE HIDORCARBUROS y siendo susceptible de ser
cumplida por medio de este ejercicio de acción.

Quinto. DECLARAR que la Resolución No. CNSC 20172110023295 del 5 de abril de
2017 contiene una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL de mantener vigente la lista de elegibles en ella
contenida y de reconocer al señor NELSON FIDEL BARBOSA OSPINA en el primer
lugar de mérito dentro de la lista de elegibles del empleo de carrera administrativa
OPEC 205138, con plenos efectos jurídicos.

Sexto. DECLARAR que la Resolución No. 590 de 2017 emitida por la AGENCIA
NACIONAL DE HIDORCARBUROS, se encuentra vigente y sin cuestionamiento firme
de legalidad, contiene una obligación clara, expresa y exigible de vincular, o lo que
sería lo mismo, mantener en el cargo o restablecer el contenido normativo de la
resolución, al señor NELSON FIDEL BARBOSA OSPINA en el cargo de empleo de
Experto, código G3, grado 6 de la AGENCIA NACIONAL DE HIDORCARBUROS.

Séptimo. ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE HIDORCARBUROS al
cumplimiento inmediato, perentorio y sin condicionamiento alguno de la obligación
clara, expresa y exigible de vincular, o lo que sería lo mismo, mantener en el cargo o
restablecer el contenido normativo de la Resolución No. 590 de 2017, manteniendo
al señor NELSON FIDEL BARBOSA OSPINA en el cargo de empleo de Experto,
código G3, grado 6 de la AGENCIA NACIONAL DE HIDORCARBUROS, observando
como lista de elegibles la misma establecida, y vigente por la Resolución CNSC
20172110023295 del 5 de abril de 2017.

Octavo. ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL que reconozca
y mantenga la plena vigencia y efectos jurídicos de la Resolución No. CNSC
20172110023295 del 5 de abril de 2017, absteniéndose de aplicar las resoluciones
que han perdido fuerza ejecutoria3.

3 Transcripción original con posibles errores

2
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Demandante: Nelson Fidel Barbosa Ospina
Demandados: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otra
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00297-01

1.2. Hechos

La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Acuerdo 550 de 2015, convocó a
concurso abierto de méritos para proveer cargos en carrera al interior de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, la cual identificó como convocatoria 333 de 2015 y en
la que se ofertó el empleo Experto Código G3, Grado 6.

El señor Nelson Fidel Barbosa Ospina, se presentó y ocupó el primer lugar para el
citado cargo, conforme quedó establecido en la Resolución CNSC 20172110023295
del 5 de abril de 2017. No obstante, de manera posterior la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, solicitó la exclusión de la persona aduciendo la falta de experiencia
específica.

Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil, con ocasión de la anterior
solicitud, mediante auto 20172110006524 del 27 de julio de 2017, dispuso el archivo
de la actuación administrativa, pues, en su sentir, el señor Barbosa Ospina cumplía
los requisitos para ocupar el cargo.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, mediante Resolución 590 del 13 de octubre
de 2017, nombró al señor Nelson Fidel Barbosa Ospina en el empleo Experto
Código G3, Grado 6, habiéndose posesionado desde el 1 de diciembre de 2017.

A su turno, el señor Carlos Ernesto García Ruíz, promovió medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho4, en el que cuestionó el citado acto
administrativo de nombramiento y todo aquel relacionado con la designación del
señor Barbosa Ospina.

En primera instancia, el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá dictó sentencia el 16 de diciembre de 2021, en la que negó las pretensiones
de la demanda. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, mediante decisión del 21 de julio de 2023, revocó la
providencia del a quo y, en consecuencia, dispuso, entre otras, lo siguiente:

Tercero.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
se ordena a la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- excluir de la lista de
elegibles al señor Nelson Fidel Barbosa Ospina por no acreditar el cumplimiento de
los requisitos exigidos dentro de la Convocatoria 333 de 2015 para ocupar el empleo
de carrera denominado experto, código G3, grado 6 de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos -ANH-, y como consecuencia de ello, que reestructure la lista de
elegibles única y exclusivamente respecto del demandante Carlos Ernesto García
Ruíz, la cual tendrá una vigencia de dos años contados a partir de su publicación.

4 Identificado con radicado 11001-33-35-020-2018-00121-00/01

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Demandante: Nelson Fidel Barbosa Ospina
Demandados: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otra
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00297-01

En cumplimiento de la anterior decisión, tanto la Agencia Nacional de
Hidrocarburos como la Comisión Nacional del Servicio Civil, profirieron sendos
actos administrativos en virtud de los cuales se dispuso el retiro del servicio y la
exclusión de la lista al señor Barbosa Ospina.

Posteriormente, el 16 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, con ocasión del recurso extraordinario de revisión promovido por el
accionante, dictó sentencia en la que declaró fundada la causal alegada en la que
resolvió lo siguiente:

Primero. DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor Nelson Fidel Barbosa Ospina en contra de la sentencia del veintiuno (21) de
julio de dos mil veintitrés (2023) dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 11001-33-35-020-
2018-00121-01, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la notificación por estado
realizada el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022), referente al auto
que admitió el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Ernesto García
Ruiz en contra de la sentencia proferida el dieciséis (16) de diciembre de dos mil
veintiuno (2021) por el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá.

Tercero. INFIRMAR la sentencia del veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E.

Cuarto. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, que notifique en debida y legal forma, por estado, el auto del catorce
(14) de diciembre de dos mil veintidós (2022), dentro del trámite de segunda instancia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 11001-33-35-020-2018-00121-01, y que rehaga en su integridad las
actuaciones posteriores, incluida la emisión de la sentencia de segunda instancia que
en derecho corresponda.

Con base en lo anterior, el 28 de enero de 2026 se presentó solicitud ante la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la
que se pidió el reintegro del señor Barbosa Ospina al cargo que venía
desempeñando, por cuanto los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentaron
la decisión de removerlo del cargo que venía desempeñando habían desaparecido
y, en consecuencia, se había configurado la pérdida de fuerza ejecutoria.

A su turno, según manifestó el accionante, las autoridades dentro del término
establecido no dieron respuesta alguna, así como tampoco adoptaron medida
alguna encaminada al cumplimiento de la orden judicial, esto es procediendo al
reintegro del actor.

4
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1.3. Actuaciones procesales relevantes

Inicialmente el asunto se radicó ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, autoridad que, por auto del 20 de febrero de 2026 5, declaró su
falta de competencia y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dado que las autoridades convocadas son del orden nacional.

Posteriormente, mediante proveído del 27 siguiente6, el Magistrado Ponente del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, admitió
la acción constitucional y ordenó la notificaciones de las demandadas.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó escrito7 en el que solicitó que se
declare la improcedencia de la acción, ante la existencia de otro mecanismo judicial
de defensa, por lo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. Aunado lo
anterior, explicó que tampoco se advierte la existencia de un perjuicio irremediable.

La Comisión Nacional del Servicio Civil rindió informe8 en el que advirtió que la parte
accionante no agotó el requisito de constitución en renuencia de la entidad. De
forma subsidiaria, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

1.4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 24 de marzo de 20269, el Tribunal Administrativo
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró la improcedencia de la
acción. Al respecto, se consideró lo siguiente:

En ese orden, la controversia entre las partes no es posible ser zanjada a través de
la presente acción constitucional, pues es evidente que no se trata de la aplicación de
una norma u acto administrativo que establezca un mandato imperativo, expreso e
inobjetable en cabeza de las autoridades demandadas, sino que, las pretensiones del
actor deben ser resueltas por el Juez natural, es decir, por parte de la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, M.P. Ramiro
Ignacio Dueñas Rugnon, quien, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado
en sentencia proferida dentro del rad. 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024),
debía i) notificar en debida y legal forma, por estado, el auto del catorce (14) de
diciembre de dos mil veintidós (2022), dentro del trámite de segunda instancia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 11001-33-35-020-2018-00121-01, y ii) rehacer en su integridad las
actuaciones posteriores, incluida la emisión de la sentencia de segunda instancia que
en derecho corresponda.

5 Ver índice 5 de Samai – Cuaderno de primera instancia
6 Ver índice 6 de Samai – Cuaderno de primera instancia
7 Ver índice 13 de Samai – Cuaderno de primera instancia
8 Ver índice 14 de Samai – Cuaderno de primera instancia
9 Ver índice 16 de Samai – Cuaderno de primera instancia

5
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La improcedencia de la presente acción se refuerza al constatar que las pretensiones
propuestas por el accionante no pueden ser estudiadas en este mecanismo
constitucional, pues para ello la Sala desplazaría al Juez natural ordenando la
recomposición de la lista de elegibles expedida dentro de la Convocatoria No.333 de
2015 para el empleo Experto, código G3, Grado 6 y en consecuencia, el reintegro del
señor Nelson Fidel Barbosa Ospina, cuando los actos administrativos citados con
anterioridad se expidieron en cumplimiento de una decisión judicial, que a pesar de
ser dejada sin efectos con ocasión a lo ordenado en la resolución del recurso
extraordinario de revisión, debe rehacerse. Es decir que, el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho aún no se encuentra finalizado.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 27 de marzo de 202610.

1.5. Impugnación11

Para la parte actora, el a quo incurrió en una errónea interpretación y aplicación del
artículo 9 de la Ley 393 de 1997, pues advirtió una subsidiariedad derivada de la
existencia de un litigio, pero no tuvo en cuenta que el fin perseguido, no cuenta con
otro medio judicial de defensa.

No obstante, en su criterio, considera que en el presente asunto existe el deber de
declarar el decaimiento de las resoluciones proferidas por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y la Comisión Nacional del Servicio Civil, las cuales encontraron
sustento en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso ordinario, decisión
infirmada vía recurso extraordinario de revisión.

Reiteró la existencia de un mandato imperativo e inobjetable a partir de la lectura
del artículo 91 del CPACA, en el que las autoridades convocadas deben asumir las
consecuencias jurídicas que devienen de la remoción del ordenamiento jurídico de
la decisión que en su momento profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el accionante
contra la sentencia de primera instancia del 24 de marzo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125,
150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la

10 Ver índice 20 de Samai – Cuaderno de primera instancia
11 Ver índice 21 de Samai – Cuaderno de primera instancia

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Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección
Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo cual
se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional del Servicio
Civil se encuentran en el deber de acatar el mandato establecido en el
artículo 91 del CPACA y, como consecuencia de ello, declarar la pérdida de
fuerza ejecutoria de las Resoluciones 10769 y 15088 de 2023,
respectivamente?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

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Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)12

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

12Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

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d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

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Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
[13] (Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 14,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»15.

Al respecto, obra en el plenario el comunicado remitido el 28 de enero de 2026 con
destino a las autoridades accionadas16, por medio del cual la parte accionante agotó
el presente requisito.

13 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
14 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.
15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de

2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
16 Ver folios 173 al 178 del archivo de pruebas aportado con la demanda.

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Demandante: Nelson Fidel Barbosa Ospina
Demandados: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otra
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00297-01

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Demandante: Nelson Fidel Barbosa Ospina
Demandados: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otra
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00297-01

A su turno, se tiene que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, negó la posibilidad
de acceder a lo solicitado, pues, en su criterio, es necesario que la Comisión
Nacional del Servicio Civil proceda a la recomposición de la lista de elegibles.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Servicio Civil, dentro de la oportunidad legal
correspondiente guardó silencio, tal como lo reconoció en su memorial de
contestación de la demanda.

Con base en lo anterior, para la Sala emerge claramente que en el presente asunto
se encuentra agotado el requisito de constitución en renuencia y, en consecuencia,
corresponde realizar el estudio de los presupuestos de procedencia de la acción, y,
en el evento de ser superados, emitir un pronunciamiento de fondo respecto a las
pretensiones de la demanda.

2.3.3. Caso concreto

En aras de gozar de total claridad en el asunto sometido a estudio, como punto de
partida se hace necesario traer a colación la disposición alegada como incumplida,
sobre la cual se fundamenta las pretensiones de la acción constitucional.

LEY 1437 DE 2011
(Enero 18)
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma
expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras
no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán
obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado
los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan vigencia.

En el presente caso, se advierte que la pretensión de la parte accionante es que el
juez constitucional, amparado en la anterior norma, ordene a la Agencia Nacional
de Hidrocarburos y a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la remoción de los
siguientes actos administrativos:

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Demandante: Nelson Fidel Barbosa Ospina
Demandados: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otra
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00297-01

1. Resolución 10769 del 11 de septiembre de 2023, por medio de la cual se da
cumplimiento a un fallo judicial
2. Resolución 15088 del 26 de octubre de 2023, Por medio de la cual se excluye
al señor NELSON FIDEL BARBOSA OSPINA, de la lista de elegibles
conformada mediante la Resolución No. CNSC-20172110023295 del 5 de
abril de 2017, para el empleo identificado con el Código OPEC No. 205138
ofertado en el Marco de la Convocatoria No. 333 de 2015- Agencia Nacional
de Hidrocarburos y; en consecuencia, se recompone la Lista de Elegibles, en
cumplimiento al fallo en Segunda Instancia proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda-Subsección “E”

Lo anterior, a partir de la decisión adoptada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, del 16 de octubre de 2025 al interior del trámite de recurso
extraordinario de revisión 11001-03-25-000-2024-00059-00, la cual, a su turno,
infirmó la decisión que en su momento había proferido el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, del 21 de julio de 2023 en el
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-020-2018-
00121-00/01.

Lo expuesto, evidencia que, con ocasión de la sentencia proferida en el marco del
recurso extraordinario de revisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, debe reconstruir la actuación que fue dejado sin
valor ni efecto, lo cual implica necesariamente que deba proferir una sentencia que
estudie la pretensión de nulidad con el consecuente restablecimiento del derecho.

Entonces, se concluye, que es en dicho proceso contencioso subjetivo el escenario
ideal en el cual el ciudadano Barbosa Ospina podrá defender la legalidad de su
nombramiento al interior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; en igual sentido,
es donde puede plantear el debate que pretende ventilar en esta instancia judicial,
respecto a las decisiones que en su momento adoptaron las autoridades
administrativas y que fueron precisadas anteriormente.

Con base en el anterior panorama, para la Sala resulta claro que el debate
planteado vía acción de cumplimiento no satisface el requisito de subsidiariedad,
pues se pretende que a través del mecanismo constitucional se aborden cuestiones
propias del proceso ordinario y del recurso extraordinario.

Asimismo, se debe tener en cuenta que este juez tampoco se encuentra instituido
para determinar la legalidad o ilegalidad de las decisiones de la administración, o
para verificar si éstas se acompasaron con las eventuales órdenes judiciales
dictadas en el marco del medio de control correspondiente, o si observaron
derrotero alguno conforme los recursos extraordinarios que en su momento fueron
interpuestos.

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Radicado: 25000-23-41-000-2026-00297-01

Aunado lo anterior, se advierte que la aplicación del artículo 91 del CPACA, en los
términos solicitados por la parte accionante, en criterio de esta Sección, conlleva un
estudio que trasciende más allá de la aplicación irrestricta de la norma, pues impone
realizar un estudio de la causal invocada y su consumación en los términos
planteados en el escrito de la demanda.

Con base en lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia, dado que
no se satisface el requisito de subsidiariedad.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de marzo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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