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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04319-00

Fecha
20 de octubre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04319-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por no cumplirse el requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-00 Actor: ORLANDO URBANO GARZÓN JIMÉNEZ

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04319-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ORLANDO URBANO GARZÓN JIMÉNEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE QUE SE ACOJA LA
INTERPRETACIÓN QUE PROPONE, CON FUNDAMENTO EN UNA
JURISPRUDENCIA QUE FUE PRECISAMENTE OBJETO DE
PRONUNCIAMIENTO POR EL TRIBUNAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO
PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “F”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-00
Actor: ORLANDO URBANO GARZÓN JIMÉNEZ

El señor ORLANDO URBANO GARZÓN JIMÉNEZ, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido

proceso, a la protección de la tercera edad y al principio de

favorabilidad, el cual estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber

proferido la providencia de 7 de febrero de 2023, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2569-33-33-001-2017-00185-01.

I.2. Hechos

Afirmó que nació el 3 de enero de 1954 y el 3 de enero de 2009 logró

su estatus pensional al cumplir 55 años de edad, de conformidad con

el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 23 de

diciembre de 19932.

Sostuvo que el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-3

expidió las resoluciones núms. 01021 de 22 de abril de 2009, “Por

la cual se reconoce pensión de jubilación al señor Orlando

Urbano Garzón Jiménez”; 01372 de 27 de mayo de 2009, “Por el

2
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
3
En adelante el SENA.

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3

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Actor: ORLANDO URBANO GARZÓN JIMÉNEZ

cual se resuelve un recurso de reposición presentado por el

señor Orlando Urbano Garzón Jiménez” y 00752 de 18 de febrero

de 2010, “Por la cual se reliquida la pensión de jubilación del

señor Orlando Urbano Garzón Jiménez”, a través de las cuales

se le reconoció y reliquidó su pensión de jubilación.

Señaló que los mencionados actos administrativos no tuvieron en

cuenta como factores salariales el auxilio y subsidio de alimentación,

la prima de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones,

los gastos de transporte ocasional, viáticos nacionales ni el sueldo

por vacaciones.

Indicó que, posteriormente, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES -COLPENSIONES-4 mediante Oficio núm. GNR

386076 de 30 de noviembre de 20155, le reconoció pensión de vejez

a partir del 3 de enero de 2014.

Manifestó que, como consecuencia de esa decisión, el SENA expidió

la Resolución núm. 1025 de 3 de junio de 2016, “Por la cual se

declara la pérdida de ejecutoriedad, se señala el valor de una

4
En adelante COLPENSIONES.
5
“Por la cual se reconoce una pensión mensual vitalicia de vejez de carácter compartida”.

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Actor: ORLANDO URBANO GARZÓN JIMÉNEZ

diferencia Pensional y se determina sumas a restituir”, en la

que se adujo lo siguiente:

“[…] al haber reconocido COLPENSIONES la pensión de vejez se
cumplió con la condición resolutiva a la cual se encontraba sometida
la obligación a cargo del SENA de pagar el cien por ciento del valor de
la mesada pensionas que corresponde por Resolución No. 1021 de 22
de abril de 2009 y, en consecuencia, se produjo la pérdida de
ejecutoriedad de este acto administrativo en cuanto a esa obligación
[…].
Que por cumplirse la mencionada condición resolutoria, y en virtud
de la COMPARTIBILIDAD entre la pensión reconocida por
COLPENSIONES y esta Entidad, […] la compartibilidad pensional
beneficia al SENA y al FONDO DE PASIVOS Y PESNIONES PÚBLICAS
DE CUNDINAMARCA, librándose totalmente del valor de la mesada
jubilación que le corresponde cubrir por haber sido mayor la pensión
de vejez, por lo cual cesó el SENA la obligación de pagar la mesada
pensional al señor ORLANDO URBANO GARZÓN JIMÉNEZ a partir del
3 de enero de 2014 (fecha del reconocimiento de la pensión de vejez),
por haberla asumido COLPENSIONES […]”

Precisó que debido a lo anterior, solicitó nuevamente la reliquidación

de su pensión al SENA que mediante Resolución núm. 2760 de 16

de diciembre de 2016, denegó su solicitud.

Adujo que, por tal razón, promovió demanda en ejercicio del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el SENA,

con el fin de que se le ordenara el reajuste de la liquidación de su

pensión de jubilación y se le tuvieran en cuenta todos los factores

salariales devengados durante el último año de servicios.

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Actor: ORLANDO URBANO GARZÓN JIMÉNEZ

Sostuvo que el referido proceso fue identificado con el número único

de radicación 2569-33-33-001-2017-00185-01 y le correspondió por

reparto al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE FACTATIVÁ6 que, mediante sentencia de 11 de

mayo de 2020, denegó las pretensiones de la demanda.

Refirió que, inconforme con la decisión, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante

sentencia de 7 de febrero de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

El actor advirtió que presentó la demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho con fundamento en la sentencia de 4

de agosto de 2010 proferida por el Consejo de Estado7; sin embargo,

durante el trámite del proceso ordinario dicha Corporación cambió su

línea jurisprudencial, razón por la cual el TRIBUNAL solo tuvo en

cuenta la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 proferida

por la Sala Plena del Consejo de Estado8, que estableció que la

6
En adelante el Juzgado.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 4 de
agosto de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-
2006-07509-01.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 52001-23-33-000-2012-
00143-01.

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6

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pensión de jubilación para los funcionarios públicos beneficiarios del

régimen de transición, se les debía tener en cuenta para su

liquidación los ingresos laborales de los últimos 10 años de servicios

sobre los cuales se realizaron los respectivos aportes.

Señaló que en la providencia censurada se incurrió en el defecto

material o sustantivo, al no tener en cuenta los dispuesto en los

artículos 17, 18, 21, 22, 24, 53, 57, 141, 272 y 289 de la Ley 100 de

1993; 2, literal a, y 10 de la Ley 4 de 18 de mayo de 19929; 9 de la

Ley 153 de 15 de agosto de 188710; 42 de la Ley 1564 de 12 de julio

de 201211; 42 del Decreto núm. 1042 de 7 de junio de 197812; 19,

20 y 78 del Decreto núm. 3063 de 29 de diciembre de 198913; 99 del

Decreto núm. 1848 de 4 de noviembre de 196914; 16 del Decreto

núm. 758 de 11 de abril de 199015 y 103 del CPACA, al aplicar el

Decreto núm. 1158 de 3 de junio de 199416, toda vez que desmejoró

su pensión al tener como Ingreso Base de Liquidación -IBL-

9
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
10
“Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
11
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
12
“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a
dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.
13
“Por el cual se aprueba el Acuerdo 044 de 1989 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios”.
14
“Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.”
15
“Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios”.
16
“Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 691 de 1994”.

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solamente dos factores salariales de los quince que devengó durante

el último año de servicios.

Sostuvo que TRIBUNAL accionado también incurrió en

desconocimiento del precedente, toda vez que no tuvo en cuenta

la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 proferida por la

Sección Segunda de esta Corporación, en la que se efectuó un

estudio jurídico acerca de la inclusión de todos los factores

devengados por el trabajador durante el último año de prestación de

servicios y, asimismo, realizó una interpretación errónea de las

sentencias de 28 de agosto de 201817; C-228/1118; T-079/2219; T-

222/1820; 18 de febrero de 201021; 12 de abril de 201822 y SU-

063/0323.

Por último, manifestó que igualmente se incurrió en violación

directa a la Constitución, por cuanto la autoridad judicial

accionada desconoció los artículos 1°, 2°, 13, 29, 48, 53, 58, 83, 85,

93, 150 y 230 de la Carta Política, habida cuenta que se debía calcular

17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 52001-23-33-000-2012-
00143-01.
18
Corte Constitucional, sentencia de 30 de marzo de 2011, C.P. Juan Carlos Henao Pérez.
19
Corte Constitucional, sentencia de 7 de marzo de 2022, C.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
20
Corte Constitucional, sentencia de 7 de junio de 2018, C.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
21
Consejo de Estado, Sección segunda -Subsección “A”-, sentencia de 18 de febrero de 2010, C.P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número único de radicación 25000-23-25-000-2004-04269-01.
22
Consejo de Estado, Sección segunda -Subsección “A”-, sentencia de 12 de abril de 2018, C.P. William
Hernández Gómez, número único de radicación 81001-23-33-000-2014-00012-01.
23
Corte Constitucional, sentencia de 4 de febrero de 2003, C.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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el IBL de su pensión de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100

de 1993 y el Decreto 3063 de 1989, esto es, con todos los factores

salariales que devengó el último año de servicios.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados, en los siguientes términos:

“[…] II. PETICIONES

Primero: TUTELAR los derechos y principios fundamentales al
señor ORLANDO URBANO GARZÓN, de igualdad ante la ley, debido
proceso, vida en condiciones dignas, protección a las personas de
tercera edad, integridad física, favorabilidad, progresividad y no
regresión en materia laboral, presuntamente vulnerados en la
providencia acusada.

Segundo: En virtud del amparo concedido, cordialmente solicito
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, notificada el 09 de marzo de
2023, teniendo en cuenta que la decisión allí adoptada es contraria
la ley, a la Constitución, a las jurisprudencias Constitucionales y a
las dictadas por la Corte Suprema de Justicia fijadas en la materia.
En su lugar, ORDENE al Despacho accionado, profiera nueva
decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela. […]”

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO solicitó declarar improcedente la acción de

tutela de la referencia, toda vez que no cumple con el requisito

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general de la relevancia constitucional.

Adujo que lo que pretende el actor con la presente solicitud de

amparo es convertirla en una tercera instancia para cuestionar las

sentencias proferidas dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2569-33-33-001-2017-00185-01.

Sostuvo que los argumentos del actor son los mismos que presentó

en el recurso de apelación dentro del citado proceso ordinario y,

además, que no logró acreditar la existencia de un defecto

sustantivo, comoquiera que la providencia censurada se fundamentó

en las leyes aplicables al caso concreto y a la jurisprudencia vigente.

I.5.2.- El TRIBUNAL manifestó que el actor se limitó a reiterar los

argumentos planteados en la demanda de nulidad y restablecimiento

del derecho objeto de la presente acción de tutela, los cuales ya

fueron estudiados y resueltos en la providencia controvertida.

Indicó que, contrario a lo señalado por el actor, su decisión no fue

arbitraria, pues tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 28 de

agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado, la cual contiene

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el criterio acogido actualmente por la jurisprudencia y no la

providencia de 4 de agosto de 2010, alegada como desconocida.

Aclaró que, por lo anterior, no incurrió en un defecto sustantivo por

desconocimiento del precedente, comoquiera que tuvo en cuenta las

normas legales y la jurisprudencia aplicable frente a la reliquidación

de pensiones, las cuales eran las que estaban vigentes al proferirse

la decisión.

I.5.3.- El SENA, vinculado en calidad de tercero con interés directo

en las resultas del proceso, señaló que los actos administrativos

demandados en el medio de control que dio origen a la solicitud de

amparo, estuvieron ajustados al ordenamiento jurídico, toda vez que

la pensión de vejez del actor se liquidó bajo las reglas definidas en la

Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 y no era procedente

aplicar el IBL establecido en la Ley 33 de 1985, pues el régimen de

transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo permite el

traslado de ese régimen, única y exclusivamente en cuanto a la edad,

el tiempo de servicio o semanas de cotización y el monto (tasa de

remplazo).

Advirtió que debido a lo anterior, los emolumentos referidos por el

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actor denominados sueldo de vacaciones y viáticos, entre otros, no

debían ser tenidos en cuenta para la liquidación de la pensión de

vejez.

Resaltó que conforme a la compartibilidad pensional solo debía cubrir

el valor total de la pensión del actor hasta que COLPENSIONES le

reconociera su pensión de vejez, lo cual ya ocurrió, por lo que, a su

juicio, solo debe pagar la diferencia entre las dos pensiones con el fin

de mantener el monto pensional reconocido al mismo.

Advirtió que, contrario a lo alegado por el actor, no debe aplicar lo

establecido en la sentencia de 4 de agosto de 2010, toda vez que el

Consejo de Estado y la Corte Constitucional ya definieron que el

régimen de transición pensional sólo se aplica para los conceptos de

edad, monto y semanas de cotización, de conformidad con las

providencias de 28 de agosto de 2018, C-258 de 2013 y SU-230 de

2015.

I.5.4.- La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -

COLPENSIONES-, vinculada en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, pese a ser debidamente notificada

del presente trámite constitucional, guardó silencio.

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al

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momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

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limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 7 de febrero de 2023 proferida por

el TRIBUNAL, mediante la cual se confirmó la decisión del a quo de

denegar las pretensiones, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2569-33-33-001-2017-00185-01.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos material o

sustantivo, desconocimiento del precedente y violación

directa a la Constitución, toda vez que no tuvo en cuenta para la

reliquidación de su pensión de vejez la sentencia proferida por la

Sección Segunda de esta Corporación el 4 de agosto de 2010 ni el

régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985, según lo cual

su pensión debía ser calculada con el promedio devengado durante

el último año de servicios e incluirse en el IBL los factores salariales

denominados: “auxilio de alimentación, subsidio de alimentación,

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prima de servicios de junio, prima de servicios de diciembre, prima

de navidad, prima de vacaciones, gastos de transporte ocasional,

viáticos, viáticos nacionales y sueldo por vacaciones”.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si el TRIBUNAL accionado vulneró los derechos

fundamentales invocados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

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de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional24, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».25

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación26, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el

24
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
25
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [27]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [28].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [29].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [30].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas

[27] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[28] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[29] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[30] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [31]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [32].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [33]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido

[31] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[32] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[33] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

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constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que en la

providencia de 7 de febrero de 2023 proferida por el TRIBUNAL,

aquí cuestionada, se tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 28

de agosto de 2018, en la cual se precisó que: i) el ingreso base de

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liquidación previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 34,

hace parte del régimen de transición para aquellas personas que se

pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo

del Régimen General de Pensiones previsto en la Ley 33 de 29 de

enero de 198535 y; ii) los factores salariales que se deben incluir para

la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la

transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado

los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

En efecto, en la sentencia censurada el TRIBUNAL consideró lo

siguiente:

“[…] 5.3 ANÁLISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.

[…]
5.3.2 Evolución jurisprudencial acerca del ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas en virtud del régimen
de transición.

[…]

En efecto, vale recordar que a comienzos de este siglo, la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado se encaminaba a entender que
el concepto de “monto” al que refería el inciso segundo del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, necesariamente debería incluir el ingreso base
de liquidación, de manera que, las pensiones reconocidas en virtud del
régimen de transición deberían ser calculadas en cuantía igual al
resultado de aplicar tanto la tasa de reemplazo como la base

34
“[…] El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior
que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE […]”.
35
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público.”

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liquidatoria establecida en los regímenes preexistentes al Sistema
General de Pensiones.

Dicha posición, sin embargo, también admitió interpretaciones diversas
por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado a la hora de
dar aplicación al ingreso base de liquidación previsto en la Ley 33 de
1985, Corporación que en la década siguiente sostuvo razonamientos
distintos sobre la base liquidatoria de las pensiones reconocidas bajo
el régimen de transición, pues mientras en algunas ocasiones
“consideró que al momento de liquidar la pensión debían incluirse todos
los factores salariales devengados por el trabajador; en otras […]
expresó que sólo podrían incluirse aquellos sobre los cuales se hubieren
realizado los aportes; y, finalmente [...] expuso que únicamente
podían tenerse en cuenta los taxativamente enlistados en la norma”.

Tal divergencia fue zanjada mediante sentencia calendada 4 de
agosto de 2010, oportunidad en la cual el Órgano Vértice de la
Jurisdicción privilegió la aplicación del principio de
inescindibilidad o conglobamento, y concluyó que “la Ley 33 de
1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los
mismos están simplemente enunciados y no impiden la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios”. La
interpretación acogida en 2010 por el H. Consejo de Estado
coincidió con aquella expuesta y aplicada hasta ese momento
por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional.

Ello permaneció así hasta la expedición de la sentencia SU-230 de
2015, providencia hito a través de la cual la Corte Constitucional
dispuso modificar el sentido de su jurisprudencia en vigor en el ámbito
de la tutela, extendió la ratio consignada en la sentencia C-258 de 7
de mayo de 2013 referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y precisó que el ingreso base de liquidación no es un
elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas
calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen
anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de
1993.

El precedente vertido por la H. Corte Constitucional en la sentencia SU-
230 de 2015 ha sido reiterado por esa Corporación en múltiples
pronunciamientos, y las subreglas de interpretación normativa
adoptadas fueron recientemente compiladas en sentencia SU-23 de 5
de abril de 2018 […].

Luego entonces, la nueva posición jurisprudencial en vigor de
la Corte Constitucional significó una ruptura respecto de la

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interpretación adoptada por el Consejo de Estado en la
sentencia proferida el 4 de agosto de 2010, suceso que propició
la expedición de sentencias en uno u otro sentido al interior del
Contencioso Administrativo.

Además de esto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del H. Consejo de Estado profirió sentencia de unificación
jurisprudencial calendada 28 de agosto de 2018, en la cual se
advierte que ese Tribunal cambió la postura que sostenía la
Sección Segunda […]

Así las cosas, una vez identificado el estado del arte
jurisprudencial relacionado con controversias como las que nos
convoca, esta Sala de Subsección considera que las reglas de
interpretación normativa expuestas por la Corte Constitucional
en sentencia SU-230 de 2015, y por el H. Consejo de Estado de
fecha 28 de agosto de 2018 resultan de obligatoria aplicación
para todos los beneficiarios del régimen de transición, teniendo
en cuenta que la interpretación del inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 realizada por esa Corporación en
sentencia C-258 de 2013 es de ineludible adopción,
entendimiento que este Tribunal acata y reitera, tal como lo ha
efectuado de manera consistente en casos análogos.

[…]

5.4. CASO CONCRETO.

[…]

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que el
señor Orlando Urbano Garzón Jiménez nació el 3 de enero de 1954 y
que según el contenido de la Resolución No. La Resolución No. GNR
386076 del 30 de noviembre de 2015 proferida por la Administradora
Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES”, el actor laboró para la
entidad demandada con diferentes interrupciones, desde el 28 de
enero de 1997 al 31 de diciembre de 2013, por lo que acreditó un total
de 13.338 días laborados correspondientes a 1.905 semanas, valores
que la referida administradora de fondos de pensiones tuvo en cuenta
en el momento se asumir el reconocimiento y pago de la pensión del
demandante.

Ahora bien, una vez revisada la certificación de devengados y
deducciones, emitidos por el Director regional del Servicio Nacional de
Aprendizaje, se encuentra que el demandante solo realizó aportes a
pensión con respecto a los factores de asignación básica y bonificación
por servicios prestados, factores que a su vez fueron tenidos en cuenta

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para realizar la liquidación de la pensión reconocida al Garzón Jiménez
por parte de la demandada.

Expuesto lo anterior, encuentra la Sala que, en efecto, el señor Orlando
Urbano Garzón Jiménez es beneficiario del régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1° de abril de 1994 -
fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para
los servidores públicos del orden Nacional, acreditaba más de 15 años
de servicio.

De igual forma, se tiene que el accionante adquirió el estatus jurídico
de pensionado en los términos de la Ley 33 de 1985 el 3 de enero de
2009, momento en el que acreditó 55 años de edad y más de 20 años
de servicio, habiendo cumplido entonces con los requisitos de edad y
tiempo de servicios exigidos. Por tanto, se tiene que adquirió el derecho
pensional en tiempo posterior al cumplimiento de los 10 años de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para su caso particular.

Ahora bien, atendiendo el análisis normativo y jurisprudencial
efectuado, para la Sala es claro que al señor Garzón Jiménez no
le asiste derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con
la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios, pues se encuentra probado que su
situación está regida enteramente por el inciso segundo del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de manera que el ingreso
base de liquidación de su pensión corresponde al previsto en el
artículo 21 ejusdem, esto es, el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión.

Al respecto, la Sala itera que en casos como el que nos ocupa,
se deben observar las reglas expuestas por la Corte
Constitucional en sentencia SU-230 de 2015, a través de la cual
adoptó y concretó la interpretación del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 efectuada en sentencia C-258
de 2013, precedente que como ya se advirtió, resulta aplicable
a todos los beneficiarios del régimen de transición, tal como lo
indicó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación
jurisprudencial proferida el 28 de agosto de 2018, sin que ello
constituya vulneración a los derecho de los administrados. Por
tal razón, se considera que los argumentos expuestos en el
recurso de apelación no tienen vocación de prosperidad en este
sentido.

De otra parte, corresponde resaltar que aún sin la decisión ya
citada de la entidad, en el presente asunto no podría accederse
a la reliquidación solicitada en la demanda ya que, como se
explicó, el IBL no fue un aspecto sujeto a transición, por lo que

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no podría liquidarse exclusivamente en el último año y con
emolumentos distintos a los enunciados en el Decreto 1158 de
1994. De igual forma, tampoco es acertada la posición del
demandante referente a que en la base pensional pueden
incluirse todos los conceptos que constituyan salario, pues
como se indicó los factores salariales que deben considerarse
corresponden a los enunciados en el decreto ya citado y
aquellos que hayan sido objeto de cotizaciones al sistema
general de pensiones.

Finalmente, frente al planteamiento según el cual, los factores
reclamados deben incluirse porque la omisión en sus aportes
no es imputable al pensionado, debe indicarse que, sobre la
viabilidad de su inclusión en oportunidad posterior, la sentencia
de unificación a la que se ha hecho mención, fue enfática en
determinar que los emolumentos que se deben tener en cuenta
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62
de 1985 y, por lo tanto, no es posible incluir ningún factor
diferente a los indicados en esa disposición y en las normas que
lo modifiquen o adicionen.

Siendo así, y con el fin de determinar los factores que deben
integrar el ingreso base de liquidación de la prestación, resta
entonces verificar si los emolumentos denominados auxilio de
manutención, subsidio de alimentación, prima de servicios de
junio, prima de servicios de diciembre, prima de navidad, prima
de vacaciones, gastos de transporte ocasional, viáticos y sueldo
por vacaciones deben integrar, o no, el ingreso base de
liquidación de la pensión del actor, frente a lo cual se tiene que
estos no fueron señalados como factor de cotización por la
normatividad atrás relacionada ni por otra norma especial, por
lo que en este sentido no son procedentes las razones del
recurso de alzada. […]” (Resaltado y subrayado fuera del texto)

De la anterior transcripción, se observa que el TRIBUNAL concluyó

que los factores salariales reclamados por el actor estaban cobijados

por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y que ello no era

óbice para que no se le aplicara el inciso 3º del artículo 36 de la Ley

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10036, conforme las reglas y subreglas establecidas en la sentencia

de unificación de 28 de agosto de 2018, la cual era la jurisprudencia

vigente al momento de proferirse la sentencia cuestionada.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la acción de tutela de la

referencia es improcedente por falta del requisito general de la

relevancia constitucional, porque a través de ésta el actor lo que

pretende es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo

se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario,

sin que en todo caso, se vislumbre que la autoridad accionada pudo

haber actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los

límites del principio de la autonomía judicial.

En efecto, la divergencia planteada por el actor subyace del hecho de

que de una adecuada aplicación de la jurisprudencia dispuesta para

el asunto, en su sentir, la sentencia de 4 de agosto de 2010, se podía

advertir el derecho que tenía a ser reliquidada su pensión de vejez

incluyendo los factores salariales denominados “auxilio de

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Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación
será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado
durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

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alimentación, subsidio de alimentación, prima de servicios de junio,

prima de servicios de diciembre, prima de navidad, prima de

vacaciones, gastos de transporte ocasional, viáticos, viáticos

nacionales y sueldo por vacaciones” devengados durante el último

año de servicios.

Lo anterior significa que lo pretendido por el accionante es que el

juez de tutela haga un nuevo examen integral del proceso de nulidad

y restablecimiento del derecho, con la finalidad de que se corrija el

análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la

interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo fuera

una instancia o recurso adicional a los previstos en el trámite

ordinario.

Sumado a lo anterior, las inconformidades que ahora alega el actor

en esta sede constitucional fueron ampliamente atendidas por el

TRIBUNAL, con fundamento en el análisis que realizó de las normas

jurídicas y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

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reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 29 de agosto de 201837, en la que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201738, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-

37
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
38
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se encuentra que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad judicial que conoce un

asunto, se debe respetar por el juez de tutela, quien no puede

desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito

de sus competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran

derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró

probado.

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En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carecer del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por no cumplirse el requisito general

de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de octubre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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