Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04343-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04343-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04343-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de enero de 2024
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04343-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04343-01
Demandante: ORLANDO URBANO GARZÓN JIMÉNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Temas: Tutela contra providencia judicial. Estudio y declaratoria de la
temeridad en la acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia del
28 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado que negó el amparo del derecho fundamental invocado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 14 de agosto de 2023, el señor Orlando Urbano Garzón
Jiménez, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con el fin
de reclamar el amparo de sus «derechos y principios fundamentales a la igualdad ante la
ley, debido proceso, vida en condiciones dignas, la protección a las personas de la tercera
edad, integridad física, favorabilidad, progresividad y no regresión en materia laboral».
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 7 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F mediante la cual
confirmó la providencia del 11 de mayo de 2020 (que negó las pretensiones de la
demanda), dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Facatativá al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
iniciado por el actor contra el Servicio Nacional de Aprendizaje, en adelante SENA,
identificado con radicado 25269-33-33-001-2017-00185 00/1.
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Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04343-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
(…)
SEGUNDO: En virtud del amparo concedido, cordialmente solicito DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
notificada el 9 de marzo de 2023, teniendo en cuenta que la decisión ya adoptada
es contraria a la ley, a la Constitución y a las jurisprudencias constitucionales, y a
las dictadas por la Corte Suprema de Justicia, fijadas en la materia. En su lugar,
ORDENE al despacho accionado, profiera nueva decisión subsanando los yerros
alegados en la presente tutela.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor Orlando Urbano Garzón Jiménez interpuso el 24 de octubre de 2017 medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el SENA, con el propósito
de que se reliquidara la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, entre el 1 de julio de 2008 y el 30
de junio de 20091, esto es: auxilio de alimentación, subsidio de alimentación, prima de
servicios de junio y diciembre, primas de navidad y vacaciones, gastos de transporte
ocasional, viáticos nacionales y sueldo por vacaciones.
Si bien las pretensiones de la demanda se argumentaron bajo los parámetros de la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, el Consejo de Estado en el
transcurso del trámite del proceso cambió la línea jurisprudencial a través del fallo de
unificación del 28 de agosto de 2018, el cual estableció que la pensión de jubilación se
liquida con los ingresos devengados durante los últimos diez años de servicio, con
inclusión de solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización al
sistema general de pensiones, o, en su caso, únicamente de los enlistados en el
Decreto 1158 de 1994, dada su taxatividad.
El 11 de mayo de 2020, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Facatativá negó las pretensiones de la demanda en consideración a que los factores
a incluir son los señalados en el Decreto 1158 de 1994.
El 7 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
1 «conforme al régimen anterior según lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley 33 de 1985, modificada
por la Ley 62 del mismo año, en consonancia con la sentencia de unificación de jurisprudencia de 4 de
agosto de 2010, proferida por el Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso administrativo
Sección Segunda».
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Segunda, Subsección F confirmó la sentencia proferida por el a quo. Indicó que el
señor Orlando Urbano Garzón había realizado aportes a pensión respecto de los
factores de asignación básica y bonificación por servicios prestados, los que fueron
tenidos en cuenta para realizar la liquidación de la pensión del demandante por parte
del SENA.
Agregó que en el caso en cuestión, se deben tener en cuenta las reglas establecidas
en la sentencia SU-230 de 2015, «a través de la cual adoptó y concretó la interpretación
del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 efectuada en sentencia C-258 de 2013»
y por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
precedente aplicable a todos los beneficiarios del régimen de transición, sin que ello
constituya vulneración a los derechos de los administrados.
Así mismo, el ad quem advirtió que tampoco puede accederse a la reliquidación
solicitada en la demanda ya que el IBL no fue un aspecto sujeto a transición, por lo
que no podría liquidarse exclusivamente en el último año y con emolumentos distintos
a los establecidos en el Decreto 1158 de 1994; así como tampoco pueden incluirse en
la base pensional todos los conceptos que constituyan salario, pues los factores
salariales que deben considerarse corresponden a los enunciados en el decreto ya
citado y aquellos que hayan sido objeto de cotizaciones al sistema general de
pensiones.
Destacó que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, fue enfática en
determinar que los emolumentos que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes y, que por lo tanto, no es posible
incluir ningún factor diferente a los indicados en esa disposición y en las normas que
lo modifiquen o adicionen.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El apoderado judicial del tutelante indicó que las pretensiones tendientes a solicitar su
reliquidación de la pensión estaban llamadas a prosperar, debido al carácter vinculante
de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 que dispuso la obligatoriedad
de calcular el IBL con los ingresos laborales devengados durante los diez últimos años
de servicios y la inclusión de aquellos ingresos sobre los que el empleador haya
omitido cotizar para tal fin.
Consideró además que la providencia reprochada, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección F incurrió en defecto
sustantivo, pues al decidir su caso conforme al Decreto 1158 de 1994 para liquidar la
pensión de jubilación, inaplicó la normatividad pertinente contenida en los artículos:
17, 18, 21, 22, 24, 53, 57, 141, 272 y 289 de la Ley 100 de 1993; 19, 20 y 78 del
Decreto 3063 de 1989; 20, 21 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 y 10 de la
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Ley 4.ª de 1992 y 3 de la Ley 33 de 19852. Lo que a su vez condujo a una decisión
sin motivación porque no tuvo en cuenta la normativa.
Así mismo manifestó que se presentó desconocimiento del precedente, para lo cual
hizo transcripciones de diferentes sentencias3.
También argumentó que en la sentencia del tribunal hubo violación de la
Constitución por desconocer los artículos 1.°, 2.°, 13, 29, 48, 53, 58, 93, 83, 85, 150
y 230 de la Constitución Política; 3.°, 12, 45 y 45 de la Carta de Organización de los
Estado Americanos; II, XIV, XVI y XVII de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; 1,°, 2,°, 8.°, 21, 25 y 26 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 2.° y 9.° del Pacto Internacional de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales, y 9.° y 19 del Protocolo de San Salvador.
Resaltó que, de acuerdo con el principio de favorabilidad establecido por la Corte
Constitucional, y en sentencia del Consejo de Estado4, «cuando existan dos o más
normas laborales que traten sobre el mismo tema, se aplica la que más beneficie al
trabajador, quedando excluido el Decreto 1158 de 1994 para liquidar pensión»5.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado ponente de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
en auto del 22 de agosto de 2023: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar a los a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F; iii) vinculó, en calidad de tercero con interés al SENA; iv) comisionó al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, para que notificara
el presente trámite constitucional a las demás personas que intervinieron dentro del
proceso ordinario, y v) requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Facatativá, para que remitiera copia digital del expediente del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado 25269-33-33-001-2017-00185-
00/1.
Así mismo, le reconoció la personería para actuar al abogado Juan Ramón Muñoz
2 Además 99 del Decreto 1848 de 1969; 9 de la Ley 153 de 1987; 42 del Decreto Ley 1042 de 1978;
103 de la Ley 1437 de 2011; 42, numeral 6.° de la Ley 1564 de 2012, y 16 del Decreto 758 de 1990.
3 C-228 de 2011; Convenio 95 de la OIT; T-079 de 2016; T-222 de 2018; SU-063 de 2023; sentencia
del Consejo de Estado del 18 de febrero del 2010, M.P. Gustavo Gómez Aranguren, radicado 25000-
23-25-000-2004-04269-01 (1020-08).
4 Radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15) del 12 de abril de 2018.
5 Para lo cual realizó el siguiente ejercicio:
«El SENA liquidó la pensión con el Decreto 1158 de 1994 por valor mensual de……. $2.128.037
Cálculo pensión con el procedimiento establecido en el artículo 18, Ley 100………... $4.329.550
Cálculo pensión con el procedimiento establecido en el Decreto 3063 de 1989……... $4.329.550
Cálculo pensión con el procedimiento señalado en el artículo 212 de la Ley de 1993. $4.329.550»
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Baracaldo, en calidad de apoderado judicial del señor Orlando Urbano Garzón
Jiménez.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
1.6.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá
Mediante memorial remitido por la secretaria del juzgado se adjuntó el cumplimiento
del despacho comisorio y la copia digital del expediente del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el radicado 25269-33-33-001-2017-00185-00/1.
Así mismo se aportó la carpeta digital de los trámites adelantados por dicho despacho
dentro del proceso de tutela con radicado 11001-01-15-000-2023-04319-0/1, con
identidad de partes adelantado por la Sección Primera del Consejo de Estado, sin
hacer ningún tipo de referencia al respecto.
1.6.2. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
El director de dicha entidad solicitó negar las pretensiones de la demanda teniendo en
cuenta que la litis fue resuelta por el juez natural dando cumplimiento a todas las
garantías propias de los derechos de defensa y contradicción.
Y como «solicitud especial» indicó que «revisada la presente tutela obra dentro de los
antecedentes administrativos que se dio respuesta el 22 de agosto de 2023 sobre los mismos
hechos y fundamentos de derecho a la consejera Nubia Margoth Peña bajo el radicado 11001-
01-15-000-2023-04319-00.»
Los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, guardaron silencio pese a haber sido notificados.
1.7. Fallo impugnado
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de
septiembre de 20236, denegó el amparo constitucional invocado por el señor Orlando
Urbano Garzón Jiménez, en consideración a que le fue reconocido su derecho
pensional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
en el Decreto 1158 de 1994, razón por la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F:
atendió el deber que le asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el
6 Notificada a través de correo electrónico el 23 de octubre de 2023.
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cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4.° de la Constitución, en tanto
ninguno de los enunciados se concretaron en el sub lite. En este estado de cosas,
es preciso concluir que la sentencia enjuiciada está sustentada con suficiencia -
conforme a la normatividad vigente y a la jurisprudencia-, sin que, de otra parte, se
hubiere demostrado que la actuación estuviera incursa en una causal de
procedibilidad de la acción de tutela que vulnerara los derechos fundamentales
invocados, o que el ejercicio de la autonomía e independencia judicial de las que
está investido el juez de la causa, hubiere sido desbordada.
Para llegar a esta conclusión el tribunal demandado estudio de fondo los argumentos
planteados por la parte actora.
1.8. Impugnación
Con escritos enviados por correo electrónico el 287 y 308 de octubre de 2023, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó la unificación de dos
sentencias de tutela9, respectivamente.
El apoderado judicial de la parte tutelante, en el escrito de impugnación10, manifestó
que no se tuvieron en cuenta cada uno de los defectos sustantivos en que incurrió el
tribunal demandado en la decisión judicial acusada, los cuales fueron expuestos en la
demanda de tutela11.
Así mismo, reiteró el precedente constitucional e insistió en la violación directa de la
Constitución y el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Posteriormente, en el escrito presentado el 30 de octubre de 2023, solicitó «UNIFICAR
los fallos de tutela proferidos en sede de primera Instancia»12, con base en:
1. El día 11 de agosto de 2023, se envió vía electrónica la referida acción de tutela
contra providencia judicial, adjuntando un vínculo, en razón a que no se recibió
mensaje de recibido (sic), se envió nuevamente el 14 de agosto de este mismo
año.
2. Esta acción de tutela fue asignada a los Honorables Magistrados, así:
• 18 de agosto de 2023 Doctora NUBIA GARZON PEÑA Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Primera PROCESO: 11001-03-15-000-2023-04319-00
7 Impugnó la sentencia de primera instancia.
8 Solicitó la unificación de las dos sentencias de tutela.
9 Proferidas sobre el mismo asunto, con radicados 11001-03-15-000-2023-04319-00 y 11001-03-15-
000-2023-04343-00.
10 Presentado el 28 de octubre de 2023.
11 «Artículos 17, 18, 21, 22, 24, 53, 57, 141, 272 y 289 de la Ley 100 de 1993; 2, literal a, y 10 de la Ley
4 de 18 de mayo de 19929; 9 de la Ley 153 de 15 de agosto de 188710; 42 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201211; 42 del Decreto núm. 1042 de 7 de junio de 197812; 19, 20 y 78 del Decreto núm. 3063
de 29 de diciembre de 198913; 99 del Decreto núm. 1848 de 4 de noviembre de 196914; 16 del Decreto
núm. 758 de 11 de abril de 199015 y 103 del CPACA, al aplicar el Decreto núm. 1158 de 3 de junio de
199416, toda vez que desmejoró su pensión al tener como Ingreso Base de Liquidación -IBL».
12 Copiado del texto original con errores.
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Sección Segunda, Subsección F
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• 23 de agosto de 2023 Doctor RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS
PROCESO: 11001-03-15-000-2023-04343-00 Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda Subsección A
3. Los honorables Magistrados, dictaron sentencias, así:
• El 23 de octubre de 2023, Doctor RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS
• El 26 de octubre de 2023, Doctora NUBIA GARZON PEÑA.13
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada por
el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez contra la sentencia del 28 de septiembre
2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
n.° 080 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problemas jurídicos
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los argumentos
del libelo introductorio, el material probatorio recaudado y las intervenciones de los
terceros, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
• ¿Se configura el fenómeno de la temeridad, con ocasión de la acción de tutela
que presentó el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, ante la
Sección Primera del Consejo de Estado y a la que se le asignó el radicado
11001-03-15-000-2023-04319-00/1?
Si se contesta de manera negativa este interrogante, se tendrá que responder:
• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales «al debido proceso, a la igualdad
ante la ley, a la vida en condiciones dignas, a la integridad física, la protección
a las personas de la tercera edad y a los principios de favorabilidad,
progresividad y no regresividad en materia laboral» del señor Orlando Urbano
Garzón Jiménez, a través de la sentencia del 7 de febrero de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F?
13 Ib.
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Para resolver estos problemas jurídicos, se analizarán los siguientes temas: (i)
panorama general de la acción de tutela; (ii) configuración del fenómeno de la
temeridad y, de superarse este, (iii) análisis de los requisitos generales de
procedibilidad.
2.3. Panorama general de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del
derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.
2.4. Desarrollo del problema jurídico relacionado con la configuración del
fenómeno de la temeridad
El apoderado judicial de la parte actora, en escrito presentado el 30 de octubre, solicitó
«UNIFICAR los fallos de tutela proferidos en sede de primera Instancia», comoquiera
que había presentado una acción de tutela idéntica a la del vocativo de la referencia
ante la Sección Primera del Consejo de Estado, así: «El día 11 de agosto de 2023, se
envió vía electrónica la referida acción de tutela contra providencia judicial, adjuntando
un vínculo, en razón a que no se recibió mensaje de recibido, se envió nuevamente el
14 de agosto». La Sala considera que no es procedente acceder a tal pretensión, pues
lo que realmente se evidencia es un actuar temerario por parte del accionante.
De la revisión al módulo de consulta de procesos de Samai se encontró que, bajo el
radicado 11001-03-15-000-2023-04319-00/1 se tramita la segunda instancia de la
acción de tutela instaurada por el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F; a partir de
lo cual, se extrae lo siguiente:
(i) La demanda de tutela fue presentada por el señor Orlando Urbano Garzón
Jiménez el 11 de agosto de 2023, a través de apoderado judicial.
(ii) Mediante auto del 15 de agosto fue admitida la acción de tutela.
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(iii) El 20 de octubre de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado dictó
sentencia de primera instancia, la cual fue notificada el 26 de octubre de
2023, a través de la cual se declaró la improcedencia de la acción por falta
de relevancia constitucional.
(iv) El 30 de octubre de 2023 el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez
presentó escrito de impugnación, argumentando la relevancia constitucional,
y solicitud de unificación de los fallos de tutela de primera instancia. Dicho
recurso se encuentra en trámite ante la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
Ahora bien, sobre el fenómeno de la temeridad en acciones de tutela, el artículo 38 del
Decreto Ley 2591 de 1991, establece lo siguiente:
ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona
o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. (Negrita y
subrayado fuera del texto)
Igualmente, la Corte Constitucional en la sentencia T-272 de 201914, respecto de la
temeridad y su análisis, precisó:
Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente
y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar
fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora. Concluyó esta Corporación
que la temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i)
identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv)
la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a
un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.
Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de
tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser
considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en
la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho;
o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En términos de la Corte:
“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación
sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que
existen elementos materiales particulares para determinar si una actuación es
temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela
14 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto Rojas
Ríos.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04343-01
aparentemente similares no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa
complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre su
configuración en cada asunto sometido a su competencia”15 (Negrita y
subrayado fuera del texto).
Desde el referido panorama normativo y jurisprudencial, procede la Sala a establecer
si se configura la triple identidad en las dos acciones de tutela que ejerció el señor
Orlando Urbano Garzón Jiménez, a través de apoderado judicial. Ello, con base en el
siguiente cuadro comparativo:
Presupuesto Expediente: 11001-03- Expediente: 11001-03-
Cumple
de análisis 15-000-2023-04319-00/1 15-000-2023-04343-00/1
identidad
Partes Accionante: Orlando Urbano Accionante: Orlando Urbano SI
Garzón Jiménez Garzón Jiménez
Accionado: Tribunal Accionado: Tribunal
Administrativo de Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F Segunda, Subsección F
Hechos «Mediante apoderado judicial el «Mediante apoderado judicial el SI
señor Orlando Urbano Garzón señor Orlando Urbano Garzón
Jiménez radicó el medio de Jiménez radicó el medio de
control de nulidad y control de nulidad y
restablecimiento del derecho restablecimiento del derecho
contra el Servicio Nacional de contra el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, con el Aprendizaje - SENA, con el
propósito de que se reliquidara propósito de que se reliquidara
la pensión de jubilación con la la pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factores inclusión de todos los factores
salariales devengados en el salariales devengados en el
último año de servicio -entre el 1 último año de servicio -entre el
de julio de 2008 al 30 de junio de 1 de julio de 2008 al 30 de junio
2009-, esto es, auxilio de de 2009-, esto es, auxilio de
alimentación, subsidio de alimentación, subsidio de
alimentación, prima de servicios alimentación, prima de servicios
de junio y diciembre, primas de de junio y diciembre, primas de
navidad y vacaciones, gastos de navidad y vacaciones, gastos
transporte ocasional, viáticos de transporte ocasional, viáticos
nacionales y sueldo por nacionales y sueldo por
vacaciones. vacaciones.
(…)» (…)»
Pretensiones «PRIMERO: Tutelar los «PRIMERO: Tutelar los SI
derechos y principios derechos y principios
fundamentales al señor Orlando fundamentales al señor Orlando
Urbano Garzón Jiménez de Urbano Garzón Jiménez de
igualdad ante la ley, debido igualdad ante la ley, debido
proceso, vida en condiciones proceso, vida en condiciones
dignas, protección a la tercera dignas, protección a la tercera
edad, integridad física, edad, integridad física,
favorabilidad, progresividad y no favorabilidad, progresividad y
regresión en materia laboral, no regresión en materia laboral,
presuntamente vulnerados en la presuntamente vulnerados en la
providencia acusada. providencia acusada.
15 Ob. Cit. «Sentencia T-548 de 2017».
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SEGUNDO: En virtud del SEGUNDO: En virtud del
amparo concedido, amparo concedido,
cordialmente solicito DEJAR cordialmente solicito DEJAR
SIN EFECTOS la sentencia SIN EFECTOS la sentencia
proferida por el Tribunal proferida por el Tribunal
Administrativo de Administrativo de
Cundinamarca, notificada el 9 Cundinamarca, notificada el 9
de marzo de 2023, teniendo en de marzo de 2023, teniendo en
cuenta que la decisión ya cuenta que la decisión ya
adoptada es contraria a la ley, a adoptada es contraria a la ley, a
la Constitución y a las la Constitución y a las
jurisprudencias jurisprudencias
constitucionales, y a las constitucionales, y a las
dictadas por la Corte Suprema dictadas por la Corte Suprema
de Justicia, fijadas en la materia. de Justicia, fijadas en la
En su lugar, ORDENE al materia. En su lugar, ORDENE
despacho accionado, profiera al despacho accionado, profiera
nueva decisión subsanando los nueva decisión subsanando los
yerros alegados en la presente yerros alegados en la presente
tutela.» tutela.»
De conformidad con lo expuesto ut supra, se advierte que las dos acciones de tutela
comparten la triple identidad a la que se refiere el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de
1991 y la Corte Constitucional para que se configure el fenómeno de la temeridad.
En ese sentido, se debe determinar si existió una justificación para que el señor
Orlando Urbano Garzón Jiménez ejerciera dos acciones de tutela que guardan
identidad de partes, hechos y pretensiones. Para ello, se comparará el juramento
realizado en ambas demandas en relación la presentación del mecanismo de
protección constitucional:
Expediente: 11001-03-15-000-2023- Expediente: 11001-03-15-000-2023-
04319-00/1 04343-00/1
«Bajo la gravedad del juramento que entiendo «Bajo la gravedad del juramento que entiendo
prestado con la presentación de este documento, prestado con la presentación de este documento,
manifiesto que el accionante no ha interpuesto manifiesto que el accionante no ha interpuesto
ante otra autoridad por los mismos hechos.» ante otra autoridad por los mismos hechos.»
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que el accionante no advirtió ni justificó
haber presentado dos demandas de tutela que compartían identidad de partes, hechos
y pretensiones.
Así mismo, es pertinente indicar que la acción de tutela que se le asignó a la Sección
Primera del Consejo de Estado con radicado 11001-03-15-000-2023-04319-00/1 se
admitió el 15 de agosto de 2023, y la que le conoció la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado con radicado 11001-03-15-000-2023-04343-00/1 se admitió
el 22 de agosto de 2023.
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Los dos autos fueron notificados a la parte actora, y en ambos casos se adelantó todo
el trámite de primera instancia hasta proferir sentencia, así:
Expediente: 11001-03-15-000-2023- Expediente: 11001-03-15-000-2023-
04319-00/1 04343-00/1
Sección Primera del Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado
Sentencia del 20 de octubre de 2023, Fallo del 28 de septiembre de 2023,
notificada el 26 de octubre del mismo notificado el 23 de octubre de 2023.
año.
«PRIMERO: DECLARAR «Primero: Denegar el amparo de los
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo derechos fundamentales invocados por
constitucional de la referencia por no el señor Orlando Urbano Garzón
cumplirse el requisito general de la Jiménez de acuerdo con los argumentos
relevancia constitucional, por las razones expuestos en la parte motiva de esta
expuestas en la parte motiva de esta providencia.»
sentencia.»
Conforme a lo estudiado en precedencia, la Sala advierte que el señor Orlando Urbano
Garzón Jiménez incurrió en una actuación temeraria al presentar dos acciones de
tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, y sin ninguna justificación para
hacerlo.
Igualmente, se observa que nunca manifestó que había interpuesto dos acciones de
tutela idénticas, solo hasta que se profirieron las dos sentencias de tutela de primera
instancia, frente a las cuales interpuso escritos de impugnación y solicitud de
unificación de las sentencias, de la siguiente manera:
Expediente: 11001-03-15-000-2023- Expediente: 11001-03-15-000-2023-
04319-00/1 04343-00/1
30 de octubre de 2023 presentación del El 28 de octubre de 2023, el demandante
escrito de impugnación y solicitud de interpuso impugnación y el 30 del mismo
unificación de las sentencias de primera mes y año presentó solicitud de
instancia. unificación.
Mediante auto del 10 de noviembre de El auto que concede el recurso fue
2023 se concedió la impugnación, la cual proferido el 24 de noviembre de 2023 y
correspondió conocer a la Subsección A por reparto debe resolver esta Sala.
de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y que actualmente se encuentra
al despacho para ser decidido sobre
aquel desde el 30 de noviembre de 2023.
Ahora, no hay asomo de duda que por haberse presentado las acciones de tutela de
manera virtual existiera un error en las plataformas de reparto o asignación de
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procesos, pues, deliberadamente el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez envió las
dos demandas y de ello tuvo conocimiento en tanto que fue notificado en debida forma
no solo de los autos admisorios, sino también de las sentencias proferidas, tan es así
que no se limitó a impugnar ambas decisiones, sino que también solicitó la unificación
de ambas providencias.
Para la Sección Quinta, este proceder es contrario a los deberes de lealtad16 y buena
fe que les asiste a las partes de los procesos judiciales, pues actuaciones como estas,
no solamente constituyen un ejercicio abusivo de los mecanismos de defensa
judiciales, sino que congestionan la administración de justicia. Esta conducta es aún
más reprochable en el presente caso porque el accionante actúa a través de un
profesional del derecho, quien se presume conoce sobre estos trámites y las
consecuencias y efectos sobre el sistema de justicia17.
Todo lo anterior, es indicador de que el demandante ha actuado de forma contraria a
la buena fe y a la lealtad procesal, además de contribuir a la congestión del sistema
de justicia porque ha iniciado múltiples actuaciones con el mismo propósito y sin
presentar razones que justifiquen el uso reiterado y abusivo de los mecanismos
judiciales.
Esto, sumado al hecho que, en el presente trámite, como se advirtió, pretendió ocultar
la existencia del proceso que cursa en segunda instancia en la Subsección A de la
Sección Tercera de esta Corporación, lo anterior, en consideración que solo manifestó
tal evento en el memorial aportado el 30 de noviembre de 2023 18, posterior a la
solicitud de impugnación.
Esta Sala advierte al abogado que en lo sucesivo se abstenga de presentar acciones
de tutela, por los mismos hechos aquí mencionados, so pena de compulsar copias a
la autoridad competente, de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991
el cual dispone que en los eventos en que los abogados promuevan varias acciones
de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, deben ser sancionados con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por 2 años.
16 Respecto al deber de lealtad, la Corte Constitucional en la sentencia T-001 de 2006 indicó: «Conforme
a lo establecido en los artículos 2, 4 -Inc. 2-, 83 y 95 -Num. 1 y 7- Superiores, los titulares de las acciones
constitucionales y legales consagradas en el ordenamiento para garantizar la efectividad de los
derechos, deben mostrar una lealtad mínima en el cumplimiento de los deberes y cargas correlativas,
así como respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.
Es así, como en aras de garantizar los principios de buena fe y economía procesal y, para evitar el uso
desmedido de la acción de tutela, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 38 16, previó que era contrario
al Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la acción de tutela, que se concreta en la
duplicidad del ejercicio de la acción de amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos
hechos y con el mismo objeto.»
17 Corte Constitucional, Auto 519 de 2021. MP José Fernando Reyes Cuartas.
18 Solicitud de «unificación de sentencias de primera instancia».
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2.5. Conclusión
Así las cosas, se revocará la sentencia del 28 de septiembre de 2023 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, para en su lugar declarar la
temeridad en el trámite constitucional del vocativo de la referencia por presentar dos
acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones sin ninguna
justificación para hacerlo y, en consecuencia, se negarán las pretensiones por las
razones expuestas en esta sentencia, de conformidad con el artículo 38 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2023 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
SEGUNDO: DECLARAR LA TEMERIDAD de la acción de tutela promovida por el
señor Orlando Urbano Garzón y en consecuencia NEGAR las pretensiones de la
demanda.
TERCERO: EXHORTAR al abogado Juan Ramón Muñoz Baracaldo, para que en lo
sucesivo se abstenga de presentar acciones de tutela con identidad de partes, hechos
y pretensiones sin ninguna justificación para hacerlo.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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