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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04343-00

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
2 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04343-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04343 00
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / Criterio de interpretación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 contenido en la sentencia de unificación
de la sala Plena del Consejo de Estado proferida el 18 de agosto de
2018.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

El señor Orlando Urbano Garzón Jiménez a través de apoderado promueve acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad ante la ley, a la vida en condiciones dignas, a la integridad física, la
protección a las personas de la tercera edad y a los principios de favorabilidad,
progresividad y no regresividad en materia laboral.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita:

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04343 00
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al señor Orlando Urbano Garzón Jiménez
de igualdad ante la ley, debido proceso, vida en condiciones dignas, protección a la
tercera edad, integridad física, favorabilidad, progresividad y no regresión en materia
laboral, presuntamente vulnerados en la providencia acusada.

SEGUNDO: En virtud del amparo concedido, cordialmente solicito DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, notificada el 9 de
marzo de 2023, teniendo en cuenta que la decisión ya adoptada es contraria a la ley, a
la Constitución y a las jurisprudencias constitucionales, y a las dictadas por la Corte
Suprema de Justicia, fijadas en la materia. En su lugar, ORDENE al despacho accionado,
profiera nueva decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) Mediante apoderado judicial el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez radicó el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Servicio Nacional
de Aprendizaje -SENA, con el propósito de que se reliquidara la pensión de jubilación
con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio
-entre el 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009-, esto es, auxilio de alimentación,
subsidio de alimentación, prima de servicios de junio y diciembre, primas de navidad y
vacaciones, gastos de transporte ocasional, viáticos nacionales y sueldo por
vacaciones.

ii) Las pretensiones de la demanda se argumentaron bajo los parámetros de la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, sin embargo, el Consejo de Estado
en el transcurso del trámite del proceso cambió la línea jurisprudencial a través del
fallo de unificación del 28 de agosto de 2018, el cual estableció que la pensión de
jubilación se liquida con los ingresos devengados durante los últimos diez años de
servicio, con inclusión de solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o
cotización al sistema general de pensiones, o, en su caso, únicamente de los
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, dada su taxatividad.

iii) El 11 de mayo de 2020, el Juzgado Primero Administrativo de Facatativá negó las
pretensiones de la demanda en consideración a que los factores a incluir son los
señalados en el Decreto 1158 de 1994.

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Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez

iv) El 7 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, confirmó la sentencia proferida por el juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

Pese a que la redacción no es del todo clara el accionante consideró que la providencia
objeto de litis habría incurrido en los siguientes defectos.

1.3.1. Defecto sustantivo

i) El Tribunal al aplicar al caso el Decreto 1158 de 1994 para liquidar la pensión de
jubilación desatendió las siguientes normas: a) artículos 17, 18, 21, 22, 24, 53, 57, 141,
y 272 , Ley 100 de 1993, b) 19, 20 y 78 del Decreto 3063 de 1989, c) artículos 20, 21
del Código Sustantivo del Trabajo, d) artículo 10.° de la Ley 4ª de 1992, Ley 33 de
1985.

ii) A juicio del accionante con la expedición del Decreto 3063 de 1989, adquirió el
derecho a que se le liquidaran su pensión con base en todos los factores salariales,
pues la aplicación del Decreto 1158 de 1994 redujo desproporcionadamente los
factores causándole un menoscabo a su prestación.

iii) No tuvo en cuenta el Tribunal que el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA,
incumplió el deber legal de efectuar los aportes a seguridad social en pensiones de
todos los factores salariales devengados por el señor Orlando Garzón, razón por la
cual en aplicación del alcance integral inherente al régimen de transición de la Ley 100
de 1993, la demandada debió pagar los aportes pensionales sobre todos los factores
salariales devengados por el trabajador de forma periódica y habitual.

iv) El accionante consideró que las pretensiones tendientes a solicitar su reliquidación
de la pensión estaban llamadas a prosperar, debido al carácter vinculante de la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 que dispuso la obligatoriedad de
calcular el IBL con los ingresos laborales devengados durante los diez últimos años de

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servicios y la inclusión de aquellos ingresos sobre los que el empleador haya omitido
cotizar para tal fin.

v) La directriz fijada en la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010,
conforme a la cual «si el querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden
tomando como base los factores sobre los cuales se ha efectuado aportes a la
seguridad social no puede concluirse que, automáticamente, los factores que no han
sido objeto de deducciones de ley deban ser excluidos del ingreso base de liquidación
pensional, pues siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto
haya lugar», no ha sido modificada y por tal razón se encuentra vigente y es de
carácter vinculante en su caso.

vi) El inciso segundo del artículo 3.° de la Ley 33 de 1985 habilita factores salariales
mínimos para calcular el IBC, frente a la amplia gama de factores que se desprenden
del concepto de salario establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley 100 de 1993 y
127 del Código Sustantivo del Trabajo.

1.3.2. Desconocimiento del precedente

El Tribunal omitió los siguientes precedentes relacionados con los intereses de mora
en pensiones: a) Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, expedientes 000143,
del 18 de febrero de 2010, 25000 23 25 000 2004 04269 01, del 12 de abril de 2018 y
81001 23 33 000 2014 00012 01, b) C-228 de 2011, c) T-079 de 2016, d) Corte
Suprema de Justicia del 19 de agosto de 2018, expediente SCL-31302020.

De acuerdo con las reglas jurisprudenciales, el SENA generó una mora que tuvo como
consecuencia la imposición de un castigo contenido en el parágrafo del artículo 3.° de
la Ley 33 de 1985, por lo que la asignación pensional reconocida debía ser reliquidada.

1.3.3. Violación directa de la Constitución

Luego de transcribir el contenido de cada norma, consideró como desconocidos los
artículos 1.°, 2.°, 13, 29, 48, 53, 58, 93, 83, 85, 150 y 230 de la Constitución, 3.°, 12,

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Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez

45 y 45 de la Carta de Organización de los Estado Americanos, II, XIV, XVI y XVII de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1,°, 2,°, 8.°, 21, 25
y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.° y 9.° del Pacto
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y 9.° y 19 del Protocolo
de San Salvador.

1.4. Actuación procesal

Por auto del 22 de agosto de 2023, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó
notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, y como tercero interesado al Servicio
Nacional de Aprendizaje -SENA, al haber actuado como demandado en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 25269
33 33 001 2017 00185 00 [01], para que en el término de tres días rindieran el
respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El director del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA,1 Rodolfo Martínez
Pérez, solicitó negar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que la litis
fue resuelta por el juez natural dando cumplimiento a todas las garantías propias de
los derechos de defensa y contradicción.

1.5.2. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F,2 a pesar de que fueron notificados del presente trámite con
el fin de que rindieran el trámite correspondiente, guardaron silencio.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

1 Expediente digital de tutela.
2 Expediente digital de tutela.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04343 00
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección F, quebrantó los derechos fundamentales invocados por el
accionante al proferir la providencia del 7 de febrero de 2023 dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 125269 33 33 001 2017
00185 01, por medio del cual resolvió confirmar la providencia proferida por el Juzgado
Primero Administrativo de Facatativá que negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04343 00
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Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
sentencia C-590 de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que esta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que hubiere sido posible y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en

3
Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 20145 acogió un plazo de seis (6) meses, contado a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

De acuerdo a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción
de tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías
judiciales ordinarias, parámetro conforme al cual el caso objeto de estudio reviste
suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad ante la
ley, la vida en condiciones dignas, integridad física, protección a las personas de la
tercera edad y fueron desarrollados los argumentos para respaldar dicho cargo, así
como el defecto que, en su criterio, se configuró en la decisión objeto de litis.
La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
en cuanto se dirige contra la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección
F, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió la apelación propuesta
contra la decisión adoptada en providencia del 11 de mayo de 2020 por el Juzgado
Primero Administrativo de Facatativá, de modo que la parte accionante agotó todos los
medios ordinarios de defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma
subsidiaria.

De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 7 de febrero de 2023, notificada por correo

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente
radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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electrónico el 9 de marzo siguiente, mientras que la acción de tutela de la referencia
fue radicada el 18 de agosto de igual anualidad,6 es decir, dentro de los 6 meses
siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para
acudir al medio de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de
litis se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas, que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 24 de octubre de 2017, a través de apoderado el señor Orlando Urbano
Garzón Jiménez radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el propósito de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:

i) parcial de la Resolución 01021 del 22 de abril de 2009 expedida por el Servicio
Nacional de Aprendizaje -SENA a través de la cual se reconoció una pensión de
jubilación, ii) total de la Resolución 01372 del 27 de mayo 2009 proferida por el
Secretario General de la entidad demandada, que confirmó en todas sus partes el acto
administrativo de reconocimiento pensional, iii) total del Oficio 2-2011-009143 del 14
de junio de 2009 proferido por la Coordinadora del Grupo de Prestaciones del SENA,
que resolvió una solicitud de reliquidación pensional presentada por el actor, iv) parcial
de la Resolución 00752 del 18 de febrero de 2010 expedida por el SENA a través de la
cual reajustó la pensión de jubilación, v) total de la Resolución 1025 del 3 de junio de
2016 que declaró la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 1021 del 22 de abril
de 2019, como consecuencia de un reconocimiento pensional realizado por

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Colpensiones, vi) total de la Resolución 2760 del 16 de diciembre de 2016 que negó
una solicitud de reliquidación elevada por el actor.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar al Servicio Nacional de
Aprendizaje realizar una nueva liquidación de la pensión “conforme al régimen anterior
a lo previsto en los artículos 1 y 3 de la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del
mismo año” y la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de
2010, calculada con el 75 % del promedio total devengado durante el último año de
servicios es decir del 1º de julio de 2008 al 30 de junio de 2009 “incluyendo el IBL
además de los factores salariales tenidos en cuenta en las resoluciones Nos. 01021
de 2009 y 00752 de 2010”.

2.4.2. El 11 de mayo de 2020, el Juzgado Primero Administrativo de Facatativá negó
las pretensiones de la demanda, al efecto señaló:

El fundamento de su demanda fue la interpretación efectuada en la sentencia de
unificación proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, el 4 de agosto de 2010,
que aseguraba, como se dijo, que la enunciación de los factores salariales efectuada en
la Ley 33 de 1985 era enunciativa y no taxativa.

Conforme a lo indicado en la parte considerativa de esta providencia, quienes se
encuentran amparados por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, tienen derecho a que se les aplique el régimen legal anterior en lo que
respecta a la edad, monto y semanas de cotización, excluyendo el IBL, por cuanto, no
fue objeto de transición, es decir que no es un aspecto regulado por las normas
anteriores; de forma que el IBL a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los
beneficiarios del régimen de transición es el dispuesto en el Sistema General de
Pensiones, esto es el dispuesto en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o
en el artículo 21 ibídem, indicados en el Decreto 1158 de 1994.

Así la estudiar los factores que se reclaman, revisada la certificación de factores
salariales (fl.121), se advierte que se consignó, al momento de especificar los conceptos,
como base de cotización en el último año de servicios los correspondientes a la
asignación mensual y a la bonificación por servicios, sin que se incluyeran los solicitados
por el demandante lo que lleva a concluir que aquellos no pueden ser incluidos para
calcular la mesada pensional.

Sumado a lo anterior, debe atenderse el criterio establecido en la Sentencia de
Unificación proferida el 28 de agosto de 2018 por la Sala Plena del Consejo de Estado,
según el cual los factores de liquidación pensional son taxativos; razones que bastan
para negar la inclusión de los factores solicitados en la liquidación de la pensión.
En tal sentido, no le asiste razón al demandante al afirmar que la pensión de jubilación
no fue reconocida por la entidad conforme a derecho, transgrediendo preceptos
constitucionales que le asisten, toda vez que, como quedó demostrado en el acervo
probatorio que obra en el plenario, el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez le fue

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reconocido su derecho pensional conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, sin desconocer ninguno de los factores salariales
sobre los cuales cotizó y en un promedio del 75% del IBL fiado por lo devengado.

2.4.3. El 7 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, confirmó lo resuelto por el juez a quo.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Postura unificada frente a la reliquidación de la pensión ordinaria de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Dadas las posiciones disímiles que existían en torno del alcance del artículo 3.º de la
Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985, en materia de los factores salariales
que deben constituir el ingreso base de liquidación pensional, la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 unificó la jurisprudencia
adoptando el siguiente criterio:

La Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicios. Lo anterior, en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral. […]

De otro lado, se comparte la decisión del Tribunal en cuanto ordenó el descuento
de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena
y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal. Esta tesis ha sido
sostenida en otras oportunidades por esta Corporación, y se ha reiterado en las
consideraciones de la presente sentencia, en el sentido que la referida omisión por parte
de la administración no impide el reconocimiento de dichos conceptos para efectos
pensionales, toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se
haga el reconocimiento prestacional» [Se resaltan apartes].

En esta oportunidad la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó compartir
la tesis, según la cual, la liquidación de la pensión de jubilación se debe calcular no
solo con fundamento en los factores salariales sobre los cuales se efectuó la deducción
legal para cotización al sistema general de seguridad social en pensiones, sino
respecto de aquellos que teniendo el carácter salarial, no fueron objeto del respectivo
descuento.

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Ahora bien, la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, estudió el régimen
pensional especial de los congresistas previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 19927,
el que en virtud del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, sigue aplicándose tanto para aquellos que
adquirieron el derecho pensional bajo su amparo, como para aquellos que al 25 de
julio de 2005 hubiesen cotizado al menos 750 semanas al sistema de seguridad social
en pensiones.

En la referida sentencia, la Corte declaró inexequibles las expresiones «durante el
último año» y «por todo concepto», contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992,
al encontrar que la referida disposición resultaba contraria al ordenamiento
constitucional, por cuanto: (i) desconocía el derecho a la igualdad, en armonía con los
principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un
sistema pensional equitativo, (ii) generaba una desproporción manifiesta entre algunas
pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 cuando, además,
(iii) existía falta absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las
cotizaciones, lo cual conducía a que dicha desproporción excesiva fuera financiada
con recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. Esto, además, resultaba
incompatible con el principio del Estado Social de Derecho, puesto que, si bien los
subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio
fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la
dedicación al servicio público del beneficiario del elevado subsidio.

En la Sentencia SU-230 de 2015, la Corte modificó la jurisprudencia en vigor de las
diferentes Salas de Revisión relativa a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 respecto de los regímenes especiales, según la cual se vulneraban los
derechos cuando no se aplicaba en su integridad el régimen especial que amparaba
al beneficiario del régimen de transición, e hizo extensivos los considerandos previstos
en la Sentencia C-258 de 2013.

7 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.

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Así la Corte en la ratio decidendi advirtió que aunque la interpretación de las reglas del
ingreso base de liquidación establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se
enmarcaban en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley
4ª de 1992, ello no excluía la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de establecer que «el ingreso base de
liquidación no es un aspecto de la transición» y, que, por tanto, son las reglas
contenidas en la norma general las que deben observarse para determinar el monto
pensional, con independencia del régimen especial al que se pertenezca.

En los referidos pronunciamientos la Corte trajo de presente, de un lado, la manera
como debe entenderse el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, de otro,
resaltó la obligación de aplicar lo dispuesto por el Constituyente en el Acto Legislativo
01 de 2005, artículo 1.º, inciso 6.º, que introdujo como regla para la liquidación
pensional «que solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones»; finalmente, dio prevalencia a la aplicación del
principio de correspondencia entre lo cotizado y lo liquidado.

Estos elementos fueron tomados en cuenta por el Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de
agosto de 20188, en la que al pronunciarse respecto del correcto entendimiento y
debida aplicación de la transición prevista en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, estableció los criterios de aplicación de los factores salariales a incluir en el
ingreso base de liquidación.

Señaló, como regla jurisprudencial, que el IBL contemplado en el inciso 3.º del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 se aplica a los beneficiarios de la transición, es decir, a los
pensionados que cumplan los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo de la
Ley 33 de 1985, y contempló dos subreglas para su aplicación: la primera, relativa al
periodo para liquidar las pensiones y, la segunda, correspondiente a los factores
salariales a incluir en el IBL.

8
Consejo De Estado, Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo, del 28 agosto de 2018, exp. núm. 52001 23
33 000 2012 00143 01, actora: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro. Sentencia de unificación. Criterio de
interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

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En relación con la primera subregla, estableció la aplicación del IBL dependiendo de si
al servidor le faltaban menos o más de diez años para adquirir el derecho a la pensión;
y, respecto de la segunda subregla, resaltó la obligación de: i) cumplir el mandato
previsto en el inciso 6.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005, incorporado en
el artículo 48 de la Carta, de acuerdo con el cual «para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones» y; ii) que además, debía respetarse el «querer del
legislador», el que, al efecto, enlistó los factores salariales que conforman la base de
liquidación pensional, por lo que es a estos a los que se debe limitar la base de
liquidación.

Quiere decir lo anterior, que el supremo intérprete, investido por el Constituyente en
materia de lo contencioso administrativo, concluyó que respecto de la reliquidación
pensional ―régimen general―, existe obligación de dar cumplimiento tanto a lo
dispuesto: i) por la carta política, es decir, que para la liquidación pensional se deben
tener en cuenta solo los factores sobre los que se haya efectuado cotización; ii) como
por la ley aplicable en materia de factores salariales, esto es, que la liquidación se
debe realizar sobre los factores allí enlistados.

2.5.2. Análisis de la providencia de la que se predica la vulneración de los
derechos

En el asunto objeto de estudio, el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez incoó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la
igualdad ante la ley, a la vida en condiciones dignas, a la integridad física, la protección
a las personas de la tercera edad y a los principios de favorabilidad, progresividad y
no regresión en materia laboral, derivada de la sentencia de 7 de febrero de 2023 que
decidió confirmar la providencia proferida por el juez a quo, que negó las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho relacionadas con la
reliquidación pensional equivalente al 75% de todo lo devengado en el último año de
servicio, con inclusión de todos los factores salariales, el auxilio de alimentación,
subsidio de alimentación, prima de servicios de junio y diciembre, primas de navidad y

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vacaciones, gastos de transporte ocasional, viáticos nacionales y sueldo por
vacaciones.

Adujo que la providencia reprochada incurrió en un i) defecto sustantivo, pues al
decidir su caso conforme al Decreto 1158 de 1994 para liquidar la pensión de
jubilación, inaplicó la normatividad pertinente contenida en las siguientes normas: a)
artículos 17, 18, 21, 22, 24, 53, 57. 141 y 272 de la Ley 100 de 1993, b) 19, 20 y 78
del Decreto 3063 de 1989, c) artículos 20, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, d)
artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, Ley 33 de 1985 (sic), ii) desconocimiento del
precedente, relacionado con los intereses de mora, que a su juicio se causan por la
tardanza en el pago de pensiones después del reconocimiento del derecho pensional,
y iii) violación de la Constitución por desconocer abiertamente los artículos 1.°, 2.°,
13, 29, 48, 53, 58, 93, 83, 854, 150 y 230 de la Constitución, 3.°, 12, 45 y 45 de la
Carta de Organización de los Estado Americanos, II, XIV, XVI y XVII de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1,°, 2,°, 8.°, 21, 25 y 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.° y 9.° del Pacto Internacional de
Derechos Sociales, Económicos y Culturales y 9.° y 19 del Protocolo de San Salvador.

Consideró, además, que las pretensiones tendientes a solicitar su reliquidación de la
pensión estaban llamadas a prosperar, debido al carácter vinculante de la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018 que dispuso la obligatoriedad de calcular el
IBL con los ingresos laborales devengados durante los diez últimos años de servicios

y la inclusión de aquellos ingresos sobre los que el empleador haya omitido cotizar
para tal fin.

En el sub lite, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que debía
confirmar el fallo proferido el 11 de mayo de 2017 por el Juzgado Primero
Administrativo de Facatativá, luego de analizar la jurisprudencia vigente relacionada
con las reglas sobre el IBL en el régimen de transición,9 así como las normas
pertinentes, entre ellas, las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 -artículos 36, 273 y el
Decreto 691 de 1994, conforme a lo cual se tuvo como probado que a«pesar de ser

9
Consejo de Estado, Sección Segunda del 28 de agosto de 2018, 7 de octubre y 13 de septiembre de 1991, ii) 14
de febrero de 1992, iii) 10 de febrero de 2000, expediente radicado núm. 11878. iv) 8 de febrero de 2001, expediente
radicado núm. 12.792.

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beneficiario del régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993 [el 3 de enero
de 2009, acreditó 55 años de edad y más de 20 años de servicios] en lo que atañe a
la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, el IBL se determina conforme a las
reglas contenidas en la Ley 100 de 1993, ello atendiendo al criterio fijado por la Corte
Constitucional y las reglas de Unificación del Consejo de Estado, razón por la cual los
factores que lo componen son únicamente los enlistados en el Decreto 1158 de 1994
o aquellos sobre los cuales se hayan realizado aportes al sistema de seguridad social
en pensiones».

A estos efectos, el mencionado Tribunal al revisar el caudal probatorio que reposa en
el expediente, evidenció que el señor Orlando Garzón había realizado aportes a
pensión respecto de los factores de asignación básica y bonificación por servicios
prestados, los que fueron tenidos en cuenta para realizar la liquidación de la pensión
del demandante por parte del SENA.

Sobre el particular, el Tribunal discurrió como sigue:

Al respecto, la Sala itera que en casos como el que nos ocupa, se deben observar las
reglas expuestas por la Corte Constitucional en sentencia SU-230 de 2015, a través de
la cual adoptó y concretó la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 efectuada en sentencia C-258 de 2013, precedente que como ya se advirtió,
resulta aplicable a todos los beneficiarios del régimen de transición, tal como lo indicó el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación jurisprudencial proferida el 28 de
agosto de 2018, sin que ello constituya vulneración a los derechos de los administrados.
Por tal razón, se considera que los argumentos expuestos en el recurso de apelación no
tienen vocación de prosperidad en este sentido.

De otra parte, corresponde resaltar que aún sin la decisión ya citada de la entidad, en el
presente asunto no podría accederse a la reliquidación solicitada en la demanda ya que,
como se explicó, el IBL no fue un aspecto sujeto a transición, por lo que no podría
liquidarse exclusivamente en el último año y con emolumentos distintos a los enunciados
en el Decreto 1158 de 1994. De igual forma, tampoco es acertada la posición del
demandante referente a que en la base pensional pueden incluirse todos los conceptos
que constituyan salario, pues como se indicó los factores salariales que deben
considerarse corresponden a los enunciados en el decreto ya citado y aquellos que
hayan sido objeto de cotizaciones al sistema general de pensiones.

Ahora bien, respecto del argumento relacionado con que debieron reconocerse todos
los factores salariales en la reliquidación de la pensión debido al carácter vinculante
de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 que dispuso la obligatoriedad

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de calcular el IBL con los ingresos laborales devengados durante los diez últimos años
de servicios y la inclusión de aquellos ingresos sobre los que el empleador haya
omitido cotizar para tal fin, el Tribunal atendió tal reparo de la siguiente manera:

Finalmente, frente al planteamiento según el cual, los factores reclamados deben
incluirse porque la omisión en sus aportes no es imputable al pensionado, debe indicarse
que, sobre la viabilidad de su inclusión en oportunidad posterior, la sentencia de
unificación a la que se ha hecho mención, fue enfática en determinar que los
emolumentos que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes, y por lo tanto, no es posible incluir ningún factor
diferente a los indicados en esa disposición y en las normas que lo modifiquen o
adicionen.

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada y se ajusta a las reglas normativas, y que, por lo
tanto, no le asiste razón al accionante al afirmar que la pensión de jubilación no fue
reconocida conforme a derecho, toda vez que como quedó demostrado, al señor
Orlando Garzón le fue reconocido su derecho pensional en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, razón
por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, adoptó la decisión correcta en ejercicio de la autonomía e independencia judicial y
de acuerdo a la jurisprudencia en vigor, motivo por el cual no se está en presencia del
defecto sustantivo alegado.

De otra parte, se formuló reparo por desconocimiento del precedente, fundado en
que al accionante el SENA le generó una mora que tuvo como consecuencia la
imposición del castigo contemplado en el parágrafo del artículo 3° de la Ley 33 de
1985, y, en consecuencia, la asignación pensional reconocida debía ser reliquidada.

Pues bien, el Tribunal al fijar el objeto del litigio se centró en resolver si el señor Orlando
Urbano Garzón Jiménez , como beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tenía derecho a que la pensión de jubilación que
percibía fuera reliquidada teniendo en cuenta la totalidad de los factores de salario
devengados en el último año de prestación de servicios, de conformidad con lo previsto
en la Ley 33 de 1985 y la interpretación que el Consejo de Estado hizo de esta norma
en sentencia proferida el 4 de agosto de 2010, o si en su defecto, el IBL debía liquidarse

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con el promedio de los últimos 10 años de servicios, tal como lo indicó el a quo, pero
con la inclusión de los factores enunciados en el Decreto 1158 de 1994.

Así las cosas, identificado el tema a dilucidar, concluyó que no se tenía derecho a la
reliquidación de la pensión con todos los factores salariales, esto es, auxilio de
manutención, subsidio de alimentación, prima de servicios de junio, prima de servicios
de diciembre, prima de navidad, prima de vacaciones, gastos de transporte ocasional,
viáticos y sueldo por vacaciones, bajo la advertencia del Tribunal que estos no fueron
señalados como factor de cotización por la normatividad relacionada ni por otra norma
especial, por lo que en ese sentido no eran procedentes las razones del recurso de
alzada.

Finalmente, respecto de la presunta violación directa de la Constitución -en la que
habría incurrido la sentencia enjuiciada-, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que se configura cuando un juez ordinario adopta una decisión que desconoce la carta
ya sea porque i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o
ii) aplica la ley al margen de los dictados de la carta.

Conforme a lo expuesto en líneas precedentes, se precisa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, no desconoció
ningún precepto constitucional, ni realizó una interpretación de la normatividad
contraria a la Constitución, como tampoco dejó de aplicar una disposición legal
desconociendo el precedente constitucional; por el contrario, atendió el deber que le
asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato
consagrado en el artículo 4.° de la Constitución, en tanto ninguno de los enunciados
se concretaron en el sub lite.

En este estado de cosas, es preciso concluir que la sentencia enjuiciada está
sustentada con suficiencia -conforme a la normatividad vigente y a la jurisprudencia-,
sin que, de otra parte, se hubiere demostrado que la actuación estuviera incursa en
una causal de procedibilidad de la acción de tutela que vulnerara los derechos
fundamentales invocados, o que el ejercicio de la autonomía e independencia judicial
de las que está investido el juez de la causa, hubiere sido desbordada.

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3. Conclusión

La Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, no conculcó los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad ante la ley, a la vida en condiciones dignas, a la integridad física, la protección
a las personas de la tercera edad, ni los principios de favorabilidad, progresividad y no
regresividad en materia laboral, razón por la cual denegará el amparo constitucional
invocado por el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Denegar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor
Orlando Urbano Garzón Jiménez de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la presente sentencia, remitir el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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