Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04319-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04319-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04319-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
5 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-01
Demandante: ORLANDO URBANO GARZÓN JIMÉNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE -
Aplicación sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena
del Consejo de Estado – IBL.
La Sala decide la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia
proferida el 20 de octubre de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 11 de agosto de 20231, el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez, por medio
de apoderado, ejerció acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección F,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social,
supuestamente vulnerados con la expedición de la sentencia del 7 de febrero de
2023, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25269-33-33-001-2017-00185-01. Formuló las siguientes pretensiones
(se transcriben textualmente):
Primero: TUTELAR los derechos y principios fundamentales al señor
ORLANDO BURBANO GARZON JIMENEZ, de igualdad ante la ley, debido
proceso, vida en condiciones dignas, protección a las personas de la tercera
edad, integridad física, favorabilidad, progresividad y no regresión en materia
laboral, presuntamente vulnerados en la providencia acusada.
1 Se advierte que, el 30 de noviembre de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-01
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Segundo: EN virtud del amparo concedido, cordialmente solicito DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, notificada el 09 de marzo de 2023, teniendo en cuenta que la
decisión allí adoptada es contraria a la ley, a la Constitución, a las
jurisprudencias Constitucionales, y a las dictadas por la Corte Suprema de
Justicia fijadas en la materia. En su lugar, ORDENE al Despacho accionado,
profiera nueva decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Orlando Urbano Garzón Jiménez demandó al SENA, con el fin de que se
ordenara la reliquidación de su pensión de jubilación, teniendo en cuenta todos los
factores devengados durante el último año de servicios, de conformidad con lo
señalado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010.
De la demanda conoció en primera instancia el Juzgado Primero Administrativo de
Facatativá, el que, en sentencia del 11 de mayo de 2020, negó las súplicas de la
demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante fallo del 7 de febrero
de 2023, con fundamento en la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado el 28 de agosto de 2018.
1.3. Argumentos de la tutela
Luego de referirse al cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, el apoderado del actor señaló
que la sentencia cuestionada incurrió en los siguientes defectos:
Material o sustantivo. No se aplicaron los artículos 17 y 18 de la Ley 100 de
1993, según los cuales la cotización al sistema pensional de los empleados debe
ser sobre la totalidad de los ingresos o factores devengados.
Tampoco se aplicaron el artículo 2, literal a, de la Ley 4ª de 1992, que prohíbe el
desmejoramiento de los salarios y prestaciones sociales, ni el Decreto 3063 de
1989, en sus artículos 19, 20 y 78, el Decreto 1848 de 1969, artículo 99, en
concordancia con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 42
del Decreto Ley 1042 de 1978, que, en términos generales, consagraron el
derecho de que las cotizaciones al sistema pensional se realicen sobre todos los
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-01
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
factores devengados, garantía adquirida que no se desmejoró con la entrada en
vigor del Decreto 1158 de 1994.
Se desconoció, además, el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, por cuanto ese
precepto deja sin efecto cualquier disposición que contravenga el régimen salarial
y prestacional establecido por las normas anteriores.
Bajo similares argumentos, adujo que se inaplicó la Ley 33 de 1985 y los artículos
21 y 22 de la Ley 100 de 1993, en relación con el ingreso base de cotización a
tener en cuenta para liquidar la pensión.
También se desconoció lo preceptuado en los artículos 24, 53 y 57 de la Ley 100
de 1993, que consagran la obligación de los fondos pensionales de iniciar
acciones de cobro contra los empleadores que no efectúan correctamente las
cotizaciones.
De otra parte, sostuvo que no se tuvieron en cuenta los artículos 21 del Código
Sustantivo del Trabajo y 272 de la Ley 100 de 1993, que se refieren a la aplicación
preferente de la norma más favorable al trabajador, así como el artículo 141 de la
referida ley, en lo concerniente al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios por la tardanza en pagar las prestaciones.
Argumentó que se fijó el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones
aplicables al caso, toda vez que se dio aplicación al Decreto 1158 de 1994 para
liquidar la pensión, sin considerar los artículos 17, 18, 21 y 272 de la Ley 100 de
1993, 19 y 20 del Decreto 3036 de 1989, 20 y 21 del C.S.T., y el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992, entre otras disposiciones ya mencionadas, que también, en su
sentir se inaplicaron.
Por último, señaló que la providencia censurada prefirió la aplicación del Decreto
1158 de 1994, que es de menor jerarquía que las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003
y la 4ª de 1992; e inaplicó el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 6
del artículo 42 de la Ley 1564 de 2012, que propenden por la efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley, la prevalencia del
derecho sustancial y la interpretación de las normas oscuras o incompletas a la luz
de los principios constitucionales, la jurisprudencia y la doctrina.
Decisión sin motivación. La providencia cuestionada negó el reconocimiento de
los intereses de mora, con el único argumento de que estos se causan luego del
reconocimiento pensional.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-01
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Desconocimiento del precedente. La autoridad accionada desconoció las
sentencias C-228 de 2011, relacionada con el respeto al principio de progresividad
en materia pensional; T-079 de 22 de febrero de 2016, sobre la obligación del
empleador de responder por los periodos de cotización en mora, y T-222 de 2018,
referente a la prohibición para COLPENSIONES de negar el reconocimiento de las
pensiones invocando la falta o mora en los periodos de cotización.
Aludió a la sentencia proferida el 18 de febrero de 2010 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la que se
concluyó que el Decreto 1158 de 1994 no es aplicable a las personas cobijadas
por el régimen de transición.
En lo que atañe a la sentencia de unificación 00143 del 28 de agosto de 2018,
resaltó la regla según la cual esta es aplicable a todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial, salvo en los casos en los
que haya operado la cosa juzgada.
Estimó que se desconoció la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 12
de abril de 2018 [radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15)], en cuanto
hizo alusión al principio iura novit curia y a la obligación del juez de aplicar el
derecho correctamente.
Manifestó que las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y la
Corte Constitucional (CSJ -31302020 de 19 de agosto de 2020 y SU-063 de 2023,
respectivamente) no fueron consideradas por la autoridad accionada, a pesar de
que allí se justifica la procedencia del reconocimiento de los intereses moratorios
tanto en los casos de omisión de pago de la pensión, como en aquellos que se
produjo un pago incompleto.
Finalmente, se refirió a la sentencia de unificación emitida por el Consejo de
Estado el 4 de agosto de 2010, e insistió en que las directrices allí fijadas tienen
plena vigencia y no se modificaron, por lo cual resultan vinculantes para decidir la
controversia planteada en sede ordinaria, sobe todo para definir que el hecho de
no haber efectuado los aportes de ley sobre algunos factores no es determinante
para su exclusión del Ingreso Base de Cotización (IBC), por cuanto es factible
ordenar la reliquidación con la inclusión de dichos emolumentos y el consecuente
descuento de los aportes adeudados.
Violación directa a la Constitución. Con la sentencia censurada la autoridad
judicial accionada vulneró los derechos a la dignidad humana, a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia; y desconoció los fines
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Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
esenciales del Estado, junto con los principios de progresividad, irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos y a los derechos adquiridos, que, entre otros, emergen
como pilar fundamental en materia de seguridad social.
De otra parte, señaló que la providencia desconoció los tratados internacionales y,
con ello, lo preceptuado en el artículo 93 superior, así como los postulados de
buena fe y jerarquía normativa.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 15 de agosto de 2023, el despacho sustanciador admitió la
solicitud de amparo y ordenó que aquel se notificara a los demandados y a los
terceros con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
En auto del 7 de septiembre de 2023, se ordenó la vinculación de
COLPENSIONES, como tercero con interés, y se le concedió el término de 2 días
para que se pronunciara al respecto.
2.2. La Sección Segunda, Subsección F, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto del magistrado ponente de la providencia censurada,
señaló que las pretensiones no tienen vocación de prosperidad porque no se
configura ninguno de los defectos invocados. Adicionalmente, de los argumentos
esgrimidos por el accionante se deduce con claridad que lo pretendido es reabrir
el debate surtido en sede ordinaria.
En suma, manifestó que la inconformidad del accionante recae en la forma en que
se liquidó su pensión. Que, en efecto, pretende que el IBL se establezca con la
inclusión de la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios,
bajo la égida de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, sin embargo,
esa controversia se surtió en instancia ordinaria, oportunidad en la que el juez
natural de la causa, en virtud de su autonomía y en aplicación del precedente,
resolvió conforme a la tesis acogida por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018.
2.3. El Juez Primero Administrativo de Facatativá intervino para señalar que el
accionante pretende convertir esta acción constitucional en una tercera instancia,
pues los argumentos esgrimidos en la tutela coinciden con los expuestos en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida
el 11 de mayo de 2021. En ese orden, advierte sobre el incumplimiento del
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-01
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
requisito de relevancia constitucional.
De otra parte, adujo que el demandante no logró acreditar el defecto sustantivo
invocado, por cuanto no acreditó que la providencia atacada contenga una
decisión irracional, caprichosa, arbitraria o desproporcionada.
Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
instaurada por el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez.
2.4. El director del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA se refirió
ampliamente al tema debatido en el proceso ordinario, exponiendo las diferentes
tesis acogidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional respecto de la
forma en que se deben liquidar las pensiones amparadas en el régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Asimismo, se refirió al fenómeno de la compartibilidad pensional y explicó que en
virtud de la Resolución GNR 386076 del 2015, expedida por COLPENSIONES,
esa entidad reconoció la pensión al accionante y subrogó en la obligación al
SENA, a partir del 3 de enero de 2014, razón por la cual desde esa fecha es la
administradora de pensiones la que paga la prestación al actor.
También trajo a colación el pronunciamiento del 4 de agosto de 2010 y expuso
que a esa tesis de unificación le sobrevino la sentencia C-258 de 2013, en la que
la Corte Constitucional precisó que el ingreso base de liquidación (IBL) para las
pensiones amparadas por el régimen de transición, es el dispuesto en el tercer
inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo previsto en el
artículo 21 ejusdem. El criterio acogido en esa providencia se reiteró en la
Sentencia SU-230 de 2015, de modo tal que se aclaró que el régimen de
transición sólo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización,
ya que el IBL debe ser el previsto en el régimen general.
Luego del anterior análisis, concluyó que la autoridad judicial accionada no vulneró
derecho alguno en cabeza del señor Orlando Urbano Garzón Jiménez, toda vez
que la sentencia objeto de reproche dio cumplimiento al ordenamiento legal
aplicable y a la jurisprudencia vigente.
2.5. La Administradora Colombiana de Pensiones no se pronunció en esta
oportunidad, pese a que fue notificada en debida forma.
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Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
3. Fallo Impugnado
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia del 20 de
octubre de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no
cumple con el requisito de relevancia constitucional. A su juicio, el actor pretende
crear una instancia adicional al proceso ordinario, sin que se vislumbre que la
autoridad accionada haya tomado una decisión abiertamente arbitraria o
desbordado los límites de su autonomía, máxime si se considera que resolvió el
caso bajo los criterios de unificación acogidos por el Consejo de Estado en la
sentencia del 28 de agosto de 2018.
Señaló que el escrito de tutela muestra con claridad el interés del actor de reabrir
el debate surtido en sede ordinaria, para que su caso se analice a la luz del criterio
sentado en la sentencia del 4 de agosto de 2010.
Adicionalmente, indicó que todas las inconformidades esgrimidas por el actor
fueron atendidas ampliamente por el Tribunal accionado en la sentencia objeto de
reparo.
4. Impugnación
El señor Orlando Urbano Garzón Jiménez impugnó la anterior decisión, para lo
cual insistió en que la providencia censurada desconoció el precedente fijado por
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en las sentencias citadas en la
demanda, las que, en síntesis, respaldan la tesis según la cual las pensiones
amparadas por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 deben liquidarse con la totalidad de los factores devengados en el año
anterior al retiro del servicio. Esto, con independencia de que no se hayan
efectuado las cotizaciones oportunamente por el empleador, toda vez que no se
puede trasladar la mora en los aportes al afiliado.
Asimismo, insistió en la violación de los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 48, 83, 53, 58, 83,
85, 93,150 y 230 de la Constitución Política, reiterando lo expuesto en la demanda
de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar
a confirmar, revocar o modificar el fallo del 20 de octubre de 2023, proferido por la
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Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente
la tutela interpuesta por el señor Orlando Urbano Garzón Jiménez. Para el efecto,
lo primero que la Sala deberá determinar es si se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial
el de relevancia constitucional, cuyo incumplimiento se advirtió en primera
instancia. Si se cumplen, se establecerá si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, al proferir la sentencia del 7 de
febrero de 2023, incurrió en los defectos sustantivo, de decisión sin motivación y
violación de la Constitución alegados por la parte actora.
Así mismo, se analizará el defecto de desconocimiento del precedente judicial
alegado por el accionante.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 20142, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de
tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
2
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-01
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
De entrada, la Sala anticipa que coincide con el a quo en que la presente tutela
deviene improcedente porque no supera el requisito de relevancia constitucional,
en relación con los defectos sustantivo, decisión sin motivación y violación directa
de la Constitución, habida consideración de que el accionante busca revivir la
controversia planteada en sede ordinaria y convertir este valioso mecanismo de
protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
De los argumentos expuestos por la parte actora para sustentar los mencionados
defectos, se colige, sin duda, que su inconformidad radica en que la autoridad
accionada negó la reliquidación de su pensión con la inclusión de la totalidad de
factores devengados en el último año de servicios.
Según el demandante, no le es aplicable el Decreto 1158 de 1994 y que el SENA,
como entidad empleadora, estaba en la obligación de cotizar sobre la totalidad de
los emolumentos percibidos, de manera que al momento de establecer el IBL
todos ellos se computen, y como no lo hizo, en su sentir, le corresponde al fondo
pensional tomar las medidas y acciones necesarias para el cobro de aquellos
aportes no efectuados oportunamente, sin que tal omisión impida que se reliquide
la prestación con la inclusión de todos los factores percibidos en el último año de
servicios.
En ese orden, los argumentos esgrimidos por el tutelante coinciden con los
expuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales
fueron atendidos por el juez natural de la causa en la providencia objeto de
reproche. En efecto, en la sentencia censurada se lee:
3
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-01
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que el señor
Orlando Urbano Garzón Jiménez nació el 3 de enero de 1954 19 y que
según el contenido de la Resolución No. la Resolución No. GNR 386076 del
30 de noviembre de 2015 proferida por la Administradora Colombiana de
Pensiones “COLPENSIONES”, el actor laboró para la entidad demandada
con diferentes interrupciones, desde el 28 de enero de 1997 al 31 de
diciembre de 2013, por lo que acreditó un total de 13.338 días laborados
correspondientes a 1.905 semanas, valores que la referida administradora
de fondos de pensiones tuvo en cuenta en el momento se asumir el
reconocimiento y pago de la pensión del demandante.
Ahora bien, una vez revisada la certificación de devengados y deducciones
emitidos por el Director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, se
encuentra que el demandante solo realizó aportes a pensión con respecto a
los factores de asignación básica y bonificación por servicios prestados,
factores que a su vez fueron tenidos en cuenta para realizar la liquidación de
la pensión reconocida al Garzón Jiménez por parte de la demandada.
Expuesto lo anterior, encuentra la Sala que, en efecto, el señor Orlando
Urbano Garzón Jiménez es beneficiario del régimen de transición previsto
en la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1° de abril de 1994 -fecha de entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos
del orden Nacional, acreditaba más de 15 años de servicio.
De igual forma, se tiene que el accionante adquirió el estatus jurídico de
pensionado en los términos de la Ley 33 de 1985 el 3 de enero de 2009,
momento en el que acreditó 55 años de edad y más de 20 años de servicio,
habiendo cumplido entonces con los requisitos de edad y tiempo de
servicios exigidos. Por tanto, se tiene que adquirió el derecho pensional en
tiempo posterior al cumplimiento de los 10 años de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 para su caso particular.
Ahora bien, atendiendo el análisis normativo y jurisprudencial efectuado,
para la Sala es claro que al señor Garzón Jiménez no le asiste derecho a la
reliquidación de su pensión de vejez con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios, pues se encuentra
probado que su situación está regida enteramente por el inciso segundo del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de manera que el ingreso base de
liquidación de su pensión corresponde al previsto en el artículo 21 ejusdem,
esto es, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión.
Al respecto, la Sala itera que en casos como el que nos ocupa, se deben
observar las reglas expuestas por la Corte Constitucional en sentencia SU-
230 de 2015, a través de la cual adoptó y concretó la interpretación del
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 efectuada en sentencia
C-258 de 2013, precedente que como ya se advirtió, resulta aplicable a
todos los beneficiarios del régimen de transición, tal como lo indicó el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación jurisprudencial proferida el
28 de agosto de 201820, sin que ello constituya vulneración a los derecho
de los administrados. Por tal razón, se considera que los argumentos
expuestos en el recurso de apelación no tienen vocación de prosperidad en
este sentido.
De otra parte, corresponde resaltar que aún sin la decisión ya citada de la
entidad, en el presente asunto no podría accederse a la reliquidación
solicitada en la demanda ya que, como se explicó, el IBL no fue un aspecto
sujeto a transición, por lo que no podría liquidarse exclusivamente en el
último año y con emolumentos distintos a los enunciados en el Decreto 1158
de 1994. De igual forma, tampoco es acertada la posición del demandante
referente a que en la base pensional pueden incluirse todos los conceptos
que constituyan salario, pues como se indicó los factores salariales que
deben considerarse corresponden a los enunciados en el decreto ya citado y
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-01
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
aquellos que hayan sido objeto de cotizaciones al sistema general de
pensiones.
Finalmente, frente al planteamiento según el cual, los factores reclamados
deben incluirse porque la omisión en sus aportes no es imputable al
pensionado, debe indicarse que, sobre la viabilidad de su inclusión en
oportunidad posterior, la sentencia de unificación a la que se ha hecho
mención, fue enfática en determinar que los emolumentos que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por
lo tanto, no es posible incluir ningún factor diferente a los indicados en esa
disposición y en las normas que lo modifiquen o adicionen.
Siendo así, y con el fin de determinar los factores que deben integrar el
ingreso base de liquidación de la prestación, resta entonces verificar si los
emolumentos denominados auxilio de manutención, subsidio de
alimentación, prima de servicios de junio, prima de servicios de diciembre,
prima de navidad, prima de vacaciones, gastos de transporte ocasional,
viáticos y sueldo por vacaciones deben integrar, o no, el ingreso base de
liquidación de la pensión del actor, frente a lo cual se tiene que estos no
fueron señalados como factor de cotización por la normatividad atrás
relacionada ni por otra norma especial, por lo que en este sentido no son
procedentes las razones del recurso de alzada.
De lo anterior se desprende que la autoridad accionada resolvió a fondo la
controversia planteada por el accionante en sede ordinaria. En primer lugar,
explicó que conforme al precedente establecido en la sentencia de unificación
proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018 y en las sentencias C-
258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, en las pensiones
amparadas por el régimen previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el IBL
no es un asunto sujeto a transición y, por tanto, se aplica lo señalado en el inciso
segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 21
ejusdem. Para el caso del actor, con el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales cotizó durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, razón por la cual no es posible acceder a la pretensión encaminada a
que la prestación se reliquide con los factores devengados en el último año de
servicios.
En lo que atañe a los factores computables, la autoridad accionada también fue
clara en señalar que estos se establecen conforme a lo regulado en la Ley 100 de
1993 y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1158 de 1994, que
indica cuáles son los factores sobre los que se deben efectuar las cotizaciones.
De modo que no es acertado concluir que el ingreso base de cotización (IBC) se
compone de todos los emolumentos devengados, sino solamente por aquellos
que constituyen factor salarial o que tienen ese alcance por orden del legislador, y
sobre los cuales se realizan las respectivas cotizaciones.
En ese orden, descartó que los factores reclamados por el actor (auxilio de
manutención, subsidio de alimentación, primas de servicios de junio, diciembre,
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-01
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
navidad y vacaciones, gastos de transporte ocasional, viáticos y sueldo por
vacaciones) tengan que ser computados para liquidar su pensión, por cuanto no
fueron determinados por el legislador como factores salariales para tales efectos,
y, por ende, la entidad empleadora tampoco estaba en obligación de cotizar al
sistema pensional sobre ellos.
Así las cosas, se establece, sin esfuerzo alguno, que lo que existe en el presente
caso es una discrepancia de criterio de la parte actora con la providencia
censurada, diferencia que fue zanjada en segunda instancia por el juez natural del
proceso y que, en sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para
que el juez de tutela intervenga.
Además, para la Sala, los argumentos expuestos por la autoridad accionada son
razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional,
el hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para
volver a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente por el juez
ordinario de segunda instancia, con suficiente motivación, por lo que este
mecanismo de estirpe constitucional no puede convertirse en el único y preferido
medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus
intereses.
De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo, en cuanto
declaró la improcedencia de la acción de tutela respecto de los defectos
sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.
2.2. Del desconocimiento del precedente
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas4:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció5.
4 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
5 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del
hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica».
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Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un
caso análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso
las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no
habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean
similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
identifica el criterio jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las
razones para apartarse (principios de transparencia y razón suficiente6).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión
surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y
el material probatorio en cada caso concreto7.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido
proceso y la garantía de la confianza legítima.
En el caso bajo estudio, se alega que la autoridad accionada desconoció la
Sentencia C-228 de 2011. En aquella providencia la Corte Constitucional analizó
la exequibilidad del artículo 6 del Decreto Ley 1282 de 1994 y de los artículos 9 y
10 de la Ley 797 de 2003 (parcial), que establecieron el régimen de transición para
los aviadores civiles con régimen de pensión especial, vinculados antes de 1994; y
determinó que no son violatorios del principio de no regresividad de los derechos
pensionales, ya que se mantuvieron las expectativas especiales en materia de
edad de jubilación.
Como se advierte, el asunto tratado por la Corte en esa oportunidad, no coincide
para nada con la controversia que se zanjó en la sentencia ahora censurada y, en
todo caso, no sobra recordar que en la sentencia de unificación del 28 de agosto
6 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,
ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
7 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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de 2018, que fue el precedente vinculante acogido por la autoridad judicial
accionada para dirimir la controversia propuesta por el señor Garzón Jiménez, la
Sala Plena del Consejo de Estado sostuvo que la interpretación del régimen de
transición allí establecida, esto es, aquella según la cual el IBL es un aspecto no
sometido a transición (por ende, no es procedente la reliquidación de esas
pensiones con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de
servicios), no era violatoria de los derechos de los trabajadores y pensionados, y
tampoco de los principios de favorabilidad y progresividad en materia laboral. Así
discurrió la corporación en esa oportunidad:
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según
la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que
los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados
por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la
Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y
“factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas
que habitual y periodicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en
materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio
interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su
libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de
liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.
102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar
en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no
afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho
irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio colombiano,
cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios
constitucionales de universalidad y eficiencia.
103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión
de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre
los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en
un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el
sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del
sistema.
El accionante igualmente invocó el desconocimiento de las sentencias T-079 de
22 de febrero de 2016 y T-222 de 2018, en tanto previnieron a COLPENSIONES
«sobre su obligación de incluir en las historias laborales de sus afiliados los
periodos de cotizaciones no pagados, pagados de forma extemporánea o que no
han podido cobrarse por su falta de diligencia»; y recordó que, «[e]n los términos
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la mora del empleador en el pago
de los aportes pensionales no puede retrasar ni obstaculizar el reconocimiento de
las prestaciones económicas que amparan las contingencias cubiertas por el
Sistema de Seguridad Social Integral».
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Pues bien, estas providencias no guardan relación con el asunto resuelto en la
sentencia objeto de reproche, habida consideración de que la razón para que la
autoridad accionada no ordenara la reliquidación de la pensión del señor Garzón
Jiménez con la totalidad de factores devengados, no es porque el empleador
—SENA— hubiera incurrido en mora al efectuar los aportes, sino porque los
emolumentos que reclama no se encuentran consagrados como factores que
integren el Ingreso Base de Cotización (IBC) en la legislación vigente y aplicable,
tal y como lo explicó el juez natural de la causa cuando acotó:
Siendo así, y con el fin de determinar los factores que deben integrar el
ingreso base de liquidación de la prestación, resta entonces verificar si los
emolumentos denominados auxilio de manutención, subsidio de
alimentación, prima de servicios de junio, prima de servicios de diciembre,
prima de navidad, prima de vacaciones, gastos de transporte ocasional,
viáticos y sueldo por vacaciones deben integrar, o no, el ingreso base de
liquidación de la pensión del actor, frente a lo cual se tiene que estos no
fueron señalados como factor de cotización por la normatividad atrás
relacionada ni por otra norma especial, por lo que en este sentido no
son procedentes las razones del recurso de alzada. (Se destaca).
En cuanto al supuesto desconocimiento de la sentencia proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el 18 de febrero de 2010, con ponencia del
consejero Gustavo Gómez Aranguren, en la que se concluyó que el Decreto 1158
de 1994 no es aplicable a las personas cobijadas por el régimen de transición,
tiene que decir la Sala que ese pronunciamiento es anterior a la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 (acogida por la autoridad accionada), en la
que se establecieron las subreglas que deben observarse para la interpretación y
aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, entre las cuales se indicó que «(…) los factores salariales que se deben
incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios
de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los
aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones».
Respecto de la inobservancia de la sentencia proferida el 12 de abril de 2018, en
el proceso con radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15)8, la Sala
observa que en esa oportunidad la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó
reglas de unificación en materia de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes de personas vinculadas a las Fuerzas Militares, en cumplimiento de
la obligación constitucional de prestar el servicio militar obligatorio, que fallezcan
simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993,
situación que no guarda relación con la controversia planteada por el señor
Garzón Jiménez, la cual fue resuelta en la sentencia reprochada.
8
Sentencia de unificación por importancia jurídica: CE-SUJ-SII-010-2018.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En lo que atañe a las sentencias CSJ -31302020 de 19 de agosto de 2020 y SU-
063 de 2023, proferidas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional,
tiene que indicar la Sala que se refieren al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios, asunto que no es centro de discusión en la sentencia censurada.
Finalmente, el accionante se refirió a la sentencia de unificación dictada por el
Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, insistiendo en que las directrices allí
fijadas tienen plena vigencia y no se modificaron, por lo cual resultan vinculantes
para decidir el caso concreto.
Pues bien, en la sentencia con la que culminó el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, esta es, la proferida el 7 de febrero de 2023, la
autoridad judicial accionada, después de realizar un análisis normativo y
jurisprudencial del caso concreto, el que mencionó la sentencia de unificación del
4 de agosto de 2010, concluyó que:
Luego entonces, la nueva posición jurisprudencial en vigor de la Corte
Constitucional significó una ruptura respecto de la interpretación adoptada
por el Consejo de Estado en la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010,
suceso que propició la expedición de sentencias en uno u otro sentido al
interior del Contencioso Administrativo.
Además de esto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del H.
Consejo de Estado profirió sentencia de unificación jurisprudencial
calendada 28 de agosto de 2018, en la cual se advierte que ese Tribunal
cambió la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes
términos: (…)
Así las cosas, una vez identificado el estado del arte jurisprudencial
relacionado con controversias como las que nos convoca, esta Sala de
Subsección considera que las reglas de interpretación normativa expuestas
por la Corte Constitucional en sentencia SU-230 de 2015, y por el H.
Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2018 resultan de obligatoria
aplicación para todos los beneficiarios del régimen de transición, teniendo en
cuenta que la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 realizada por esa Corporación en sentencia C-258 de 2013 es de
ineludible adopción, entendimiento que este Tribunal acata y reitera, tal
como lo ha efectuado de manera consistente en casos análogos.
Visto lo anterior, estima la Sala que no se configuró el desconocimiento del
precedente alegado por el accionante, por cuanto, si bien es cierto que en ese
fallo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
se apartó de lo decidido en la sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por el
Consejo de Estado, también lo es que se cumplieron los dos requisitos exigidos
por la Corte Constitucional para ejercer ese derecho de apartamiento
(transparencia y razón suficiente).
En efecto, la autoridad judicial accionada reconoció expresamente la existencia del
precedente del que se apartó, esto es, el criterio jurisprudencial del Consejo de
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Estado contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010 (expediente 0112-09);
y, en cumplimiento del principio de la «razón suficiente», explicó, de manera clara,
suficiente y razonada, los motivos por los que no acogió el criterio allí expuesto,
entre otros, por el cambio de tesis jurisprudencial que estableció la Sala Plena del
Consejo de Estado, en providencia del 28 de agosto de 2018 (exp. 52001-23-33-
000-2012-00143-01), según la cual el anterior criterio desconocía el principio de
solidaridad en materia de seguridad social, así como la voluntad del legislador de
delimitar los factores salariales que conforman la base de liquidación.
De igual forma, se precisa que en la misma decisión esta Corporación estableció
que la nueva tesis se aplicaría con efectos retrospectivos «a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que,
en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
Bajo este contexto, teniendo en cuenta que para la fecha en que se dictó la
sentencia de unificación aún se encontraba en trámite el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Garzón Jiménez en contra
del SENA, le era aplicable esa tesis, sin que tal decisión, como se explicó,
implique el desconocimiento del precedente jurisprudencial, razón por la cual se
modificará la decisión de primera instancia, simplemente para negar el amparo
frente al desconocimiento del precedente invocado. Respecto de los demás
defectos se predica la improcedencia por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, tal como concluyó el juez de primer grado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Modificar la sentencia 20 de octubre de 2023, dictada por la Sección Primera del
Consejo de Estado, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela respecto de los defectos
sustantivo, decisión sin motivación y violación a la Constitución, por lo razonado
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Negar la solicitud de amparo, en lo que concierne al desconocimiento
del precedente alegado, conforme a lo expuesto en las consideraciones.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04319-01
Demandante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y
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integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidado
r.aspx
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