Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04192-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04192-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04192-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
29 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04192-01
Solicitante: ORLANDO URBANO GARZÓN JIMÉNEZ
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA
CONTRA TUTELA-Presupuestos para que proceda excepcionalmente. TUTELA CONTRA TUTELA-No procede
para revisar la decisión.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra el fallo proferido
el 3 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
B, que declaró improcedente la acción de tutela
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 12 de agosto de 2024, Orlando Urbano Garzón Jiménez, en nombre propio,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social en pensiones y
de acceso a la administración de justicia que alegó vulnerados por el Consejo de
Estado-Sección Tercera-Subsección A al proferir el fallo del 5 de febrero de 2024 en
el trámite de tutela identificado con el rad. nº. 11001-03-15-000-2023-04319-01.
En virtud del amparo, el accionante solicita que:
Primera: TUTELAR los siguientes derechos fundamentales a ORLANDO URBANO GARZON
JIMENEZ considerados vulnerados por la accionada: vida en condiciones dignas, derechos
adquiridos, defensa, seguridad social integral en pensiones, garantía a la propiedad privada,
mínimo vital completo, y acceso a la administración de justicia.
Segunda: En virtud del amparo concedido, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por
el Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SUBSECCION A de 5 de febrero de 2024, teniendo en cuenta que la
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04192-01
Solicitante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Acción de tutela – Segunda instancia
decisión allí adoptada es contraria a la ley, a la Constitución, y en su lugar, ORDENAR al
Despacho accionado a que profiera una nueva decisión liquidando la pensión de jubilación del
demandante incluyendo en el IBL los siguientes factores salariales devengados durante los
últimos diez (10) años: Asignación básica mensual, subsidio de alimentación, viáticos, horas
extras diurnas, gastos transporte ocasional, auxilio de manutención, prima de coordinación,
prima de servicio de junio, prima de servicio de diciembre, prima de navidad, prima de
vacaciones, bonificación por servicios, prima quinquenal, viáticos nacionales y sueldo por
vacaciones.
Tercero: En virtud del amparo concedido ordenar al Despacho accionado que en la nueva
decisión incluya el derecho constitucional accesorio a la obligación pensional como son los
intereses moratorios en pago tardío de pensiones acorde a lo establecido en el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993 y a las directrices fijadas en sentencias C-601 de 2000, SU 065 DE 2018,
T-450 de 2013, y SU 063 de 2023 que de no pedirse quedan en el vacío.
Cuarta: Declarar que el régimen pensional aplicable al demandante es el establecido en el
Decreto 758 de 1990 con fundamento en que el régimen especial para servidores públicos
establecido en la Ley 33 de 1985 perdió su vigencia con la expedición del Acto Legislativo 1 de
2005, o en su defecto el que de ley corresponda.
2. Hechos relevantes
El señor Orlando Garzón Jiménez formuló acción de tutela1 para que se le ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social
que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección F al proferir el fallo del 7 de febrero de 2023, que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso
contra unos actos del SENA que le negaron la reliquidación de su pensión con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante su último año de
servicios.
El asunto le correspondió en primera instancia al Consejo de Estado-Sección
Primera quien, por sentencia del 20 de octubre de 2023, declaró improcedente la
solicitud de tutela al considerar que no cumplía con el requisito de relevancia
constitucional.
El accionante impugnó el fallo. El Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A
mediante sentencia del 5 de febrero de 2024 modificó la decisión de primera
instancia en el sentido de declarar improcedente el amparo respecto de los defectos
sustantivo, decisión sin motivación y violación directa a la Constitución y la negó en
relación con el desconocimiento del precedente alegado.
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Identificada con el rad. nº. 11001-03-15-000-2023-04319-01
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04192-01
Solicitante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Acción de tutela – Segunda instancia
Inconforme con la decisión anterior, el accionante interpuso una nueva acción de
tutela2, pues a su juicio, la referida sentencia de tutela le vulneró sus derechos
fundamentales al incurrir en fraude procesal
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante sostiene que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado le vulneró los derechos fundamentales invocados, pues el fallo de tutela
proferido el 3 de septiembre de 2024, incurrió en fraude procesal.
Lo anterior, porque se le negó el derecho a que se le reliquide su mesada pensional
con inclusión de todos los factores devengados durante los últimos 10 años de
servicios, incluidos aquellos respecto de los cuales se realizaron aportes, así como
los que no por culpa atribuible al SENA, esto es, «[a]signación básica mensual,
subsidio de alimentación, viáticos, horas extras diurnas, gastos transporte ocasional,
auxilio de manutención, prima de coordinación, prima de servicio de junio, prima de
servicio de diciembre, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por
servicios, prima quinquenal, viáticos nacionales y sueldo por vacaciones», de
conformidad con la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de
Estado-Sección Segunda.
4. Trámite de primera instancia
El 13 de agosto de 2024 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial accionada,
así como a la Sección Primera del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F, al Juzgado Primero Administrativo
de Facatativá y al Servicio Nacional de Aprendizaje–SENA.
En el escrito de contestación el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección
A solicitó no conceder la acción de tutela en razón a la ausencia de argumentación
para controvertir la decisión acusada. Además, que tampoco satisface los
lineamientos establecidos en la sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04192-01
Solicitante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Acción de tutela – Segunda instancia
para que la tutela proceda contra una decisión de similar naturaleza, pues, aquella
no fue producto de fraude alguno.
La Sección Primera del Consejo, al oponerse al amparo, adujo que el amparo es
improcedente, toda vez que acción de tutela contra sentencias dictadas dentro de
procesos de la misma naturaleza, por regla general, resulta improcedente, excepto
que exista fraude, lo cual no está probado.
El Juzgado Administrativo de Facatativá adujo que la tutela es improcedente, debido
a que el accionante ha impetrado varias acciones de tutela habiendo actuado con
temeridad y faltando a la lealtad procesal.
El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA alegó su falta de legitimación en la causa
por pasiva y por lo tanto pidió su desvinculación.
Mediante sentencia del 3 de septiembre de 2024 el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B, declaró improcedente la acción.
El accionante impugnó, al considerar que existen elementos para declarar
procedente la acción de tutela por existir una situación de fraude. El 3 de octubre de
2024 se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 3 de septiembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B que declaró improcedente la acción de tutela.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04192-01
Solicitante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Acción de tutela – Segunda instancia
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo N°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que ésta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Acción de tutela contra sentencias de tutela
Se ha establecido que la acción de tutela contra una decisión de tutela es
improcedente, salvo que se reúnan los siguientes presupuestos: i) que se cumplan
los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, ii) que
no se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada, iii) que la decisión
controvertida sea producto de un fraude y iv) que no exista otro mecanismo legal
para resolver la situación5.
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4
Ibidem.
5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-627 del 1 de octubre de 2015 [fundamento jurídico 4.6.2.2].
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04192-01
Solicitante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Acción de tutela – Segunda instancia
Caso concreto
El accionante, acudió nuevamente a la acción de tutela con el fin que se le protejan
los derechos fundamentales invocados, pues a su juicio, la sentencia de tutela
proferida el 5 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A, rad. nº. 2023-04319-01 incurrió en fraude procesal.
La Sala advierte que la providencia reprochada decidió desfavorablemente la
solicitud de tutela que el accionante interpuso contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F, para que se dejara sin efectos el
fallo que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que interpuso contra los actos que le negaron la reliquidación de su pensión.
La autoridad accionada declaró improcedente la acción de tutela respecto los
defectos sustantivo, decisión sin motivación y violación directa a la Constitución en
la medida que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió de fondo la
controversia planteada por el accionante en el ordinario, por lo que advierte un
desacuerdo con los argumentos expuestos por la autoridad accionada, que no
constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga.
En este sentido, consideró que:
En primer lugar, explicó que conforme al precedente establecido en la sentencia de
unificación proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018 y en las
sentencias C258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, en las
pensiones amparadas por el régimen previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
el IBL no es un asunto sujeto a transición y, por tanto, se aplica lo señalado en el inciso
segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 21
ejusdem. Para el caso del actor, con el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales cotizó durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
razón por la cual no es posible acceder a la pretensión encaminada a que la prestación
se reliquide con los factores devengados en el último año de servicios.
En lo que atañe a los factores computables, la autoridad accionada también fue clara
en señalar que estos se establecen conforme a lo regulado en la Ley 100 de 1993 y
sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1158 de 1994, que indica cuáles
son los factores sobre los que se deben efectuar las cotizaciones. De modo que no es
acertado concluir que el ingreso base de cotización (IBC) se compone de todos los
emolumentos devengados, sino solamente por aquellos que constituyen factor salarial
o que tienen ese alcance por orden del legislador, y sobre los cuales se realizan las
respectivas cotizaciones.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04192-01
Solicitante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Acción de tutela – Segunda instancia
En ese orden, descartó que los factores reclamados por el actor (auxilio de
manutención, subsidio de alimentación, primas de servicios de junio, diciembre,
navidad y vacaciones, gastos de transporte ocasional, viáticos y sueldo por
vacaciones) tengan que ser computados para liquidar su pensión, por cuanto no fueron
determinados por el legislador como factores salariales para tales efectos, y, por ende,
la entidad empleadora tampoco estaba en obligación de cotizar al sistema pensional
sobre ellos.
Asimismo, negó el amparo respecto del defecto por desconocimiento del precedente,
al considerar que si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección F se apartó de lo decidido en la sentencia del 4 de agosto de
2010 proferida por el Consejo de Estado, también se cumplieron los requisitos
exigidos por la Corte Constitucional -transparencia y razón suficiente- para apartarse
de esa decisión. Lo anterior debido al cambio del criterio jurisprudencial que
estableció la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 28 de agosto de
2019, rad. nº. 52001-23-33- 000-2012-00143-01.
La Sala advierte que la providencia reprochada se dictó con ocasión de una acción
de tutela. En consecuencia, como la solicitud no satisface los requisitos generales
de la tutela contra providencia judicial, ni los supuestos excepcionalísimos de
procedencia del amparo contra una decisión de tutela, pues los reproches de la
solicitante se fundan en su desacuerdo con la decisión, la solicitud es improcedente.
De permitirse la acción de tutela contra sentencias de tutela, esta perdería su
efectividad y se desdibujaría su finalidad como es la protección de derechos
fundamentales. Se afectaría la administración de justicia y el acceso a la misma toda
vez que siempre sería posible postergar la resolución definitiva sobre la protección
del derecho presuntamente vulnerado.6
Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia de 3 de septiembre de 2024,
proferida por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
6
Corte Constitucional .SU 1219 de 2001.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04192-01
Solicitante: Orlando Urbano Garzón Jiménez
Acción de tutela – Segunda instancia
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de septiembre de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela de Orlando Urbano Garzón Jiménez contra el
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A.
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑO
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