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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04360-00

Fecha
18 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04360-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04360-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04360-00
Accionante: Ana Mercedes Hernández Meza
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - falta de carga argumentativa - tercera instancia
• la parte actora pretende reabrir un debate probatorio y crear una instancia adicional
al proceso ordinario / SUBSIDIARIEDAD – los argumentos expuestos en sede
constitucional para sustentar la configuración de unos yerros no fueron expuestos
ante el juez natural de la causa / contrato realidad

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Ana Mercedes Hernández Meza
contra el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 14 de agosto del año en curso, la señora Ana Mercedes Hernández Meza
instauró demanda de tutela, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del
21 de noviembre de 2022 2, proferida por el Tribunal accionado, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió la actora contra la
Universidad del Atlántico.

2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la nulidad del
Oficio No. 20206040142601 del 3 de septiembre de 2020, expedido por la referida
institución educativa, a través del cual se negó la solicitud de la accionante de
reconocer la existencia de una relación laboral y el consecuente pago de

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 14 de febrero de 2023.
3 Identificado con número de radicado: 08001-33-33-004-2021-00039-00/01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04360-00
Accionante: Ana Mercedes Hernández Meza
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

prestaciones sociales. Esa petición se sustentó fácticamente en la vinculación que
tuvo con el ente demandado entre el 27 de noviembre de 2013 hasta el 18 de
diciembre de 2019, mediante la figura del contrato de prestación de servicios.

3.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, despacho que, mediante
sentencia del 30 de junio de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Dicha
decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de fallo
dictado el 21 de noviembre siguiente.

4.- A partir del estudio del material probatorio recaudado en el trámite contencioso
administrativo, ambas autoridades judiciales estimaron que la demandante no logró
acreditar los elementos necesarios para declarar la existencia de una verdadera
relación laboral, pues no se probó que las labores que desarrolló mientras estuvo
vinculada como contratista hubieren estado regidas por la subordinación, máxime,
considerando que la contratación de la actora se realizó con una unión temporal, con
el objeto de prestar un servicio profesional, conforme al apoyo que requería el ente
demandado de acuerdo a su objeto misional, vinculación que dista con la forma de
asociación propia a la institución educativa.

5.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia e igualdad, por haber incurrido en:

(i) Defecto fáctico “al desestimar la relevancia de la prueba documental y el
interrogatorio de parte, bajo la errada tesis de que no existía prueba documental
suficiente, pese a que eran pruebas claramente conducentes, oportunas y
necesarias, en las que se demostraba que cumplía horario, recibía órdenes, se le
impartían capacitaciones, tenía jefes, debía pedir permiso para ausentarse, le
entregaban las herramientas para laborar y tenía compañeros de trabajo que
desempeñaba el mismo cargo, pero en la planta de personal, entre otros elementos
propios del contrato laboral.”. En ese sentido, aseveró que no se valoró en debida
forma el manual específico de funciones de la entidad demandada, que daba cuenta
de que el cargo desempeñado por la actora existía en la planta de personal, así como
los contratos de prestación de servicios que permitían acreditar que se pactó una
remuneración por los servicios prestados, con la obligación de cuidar las
herramientas entregadas para la ejecución de las labores asignadas y de
permanecer en las instalaciones de la institución educativa mientras desarrollaba las
mismas, con lo cual se demostraba de forma suficiente que las funciones realizadas
por la actora se ejecutaban bajo una relación de subordinación y no de coordinación,
vinculación que, además, se prolongó de manera sucesiva por casi siete años.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04360-00
Accionante: Ana Mercedes Hernández Meza
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(ii) Defecto sustantivo: ante la errada interpretación del concepto de “coordinación
administrativa”, el cual se predica sobre el contratista que de manera coordinada
pero independiente ejerce sus funciones, supuesto de hecho que, según afirma, no
se enmarca en el caso concreto, pues es evidente que existía una relación de
dependencia y subordinación en el desarrollo de las labores.

(iii) Desconocimiento del precedente judicial por apartarse de la sentencia “de
unificación de 30 de octubre de 2020, proferida por la Sección Segunda -Subsección
“B” 6 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-05261-01
ACTORA:ZULY ZAYANA TORRES LÓPEZ”, al considerar que la imposición de
turnos, la entrega de herramientas para laborar, la existencia del cargo
desempeñado en la planta de personal y el pago regular, periódico y mensual en el
marco de los contratos de prestación de servicios, obedecían a elementos propios
de la coordinación, mas no de la subordinación.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

6.- Mediante auto del 17 de agosto de 2023, se dispuso: (i) admitir la acción de
tutela; (ii) notificar de su presentación a las autoridades judiciales demandadas; (iii)
vincular a la Universidad del Atlántico, en calidad de tercero con interés; (iv)
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo
de su cargo y; (v) requerir al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente
identificado con el radicado número 08001-33-33-004-2021-00039-00/01.

7.- El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla allegó el
expediente requerido, pero no se pronunció sobre los hechos objeto de relato en la
solicitud de amparo. Los demás guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

8.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 4 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,

exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04360-00
Accionante: Ana Mercedes Hernández Meza
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos y que
hubiere alegado tal afectación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

9.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto
que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que
el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional5.

10.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos6: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha
relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.

D. Análisis del caso concreto

11.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el recurso
de apelación presentado por la actora en ese trámite judicial, la Sala no encuentra
que los argumentos que presenta la accionante se proyecten como transgresión de
los derechos fundamentales que invoca. Por el contrario, la revisión de los mismos
permite advertir, no sólo su falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa,
sino que, además, su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional
en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo
tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate probatorio, al no estar de
acuerdo con la decisión adoptada por el juez natural de la causa.

12.- En el caso concreto, la parte actora alegó que el tribunal accionado incurrió en:
(i) desconocimiento del precedente, toda vez que se apartó del “fallo de unificación
proferido el 30 de octubre de 2020, por la Sección Segunda de esta Corporación”;
(ii) defecto sustantivo al interpretar erróneamente el concepto de “coordinación

5 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04360-00
Accionante: Ana Mercedes Hernández Meza
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

administrativa” y; (iii) defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas
obrantes en el expediente.

13.- En primer lugar, la Sala encuentra que el cargo por desconocimiento del
precedente judicial no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues los
argumentos esbozados para sustentar la ocurrencia del mencionado yerro no fueron
expuestos ante el juez natural de la causa, de ahí que no puedan ser objeto de
estudio por el juez constitucional, comoquiera que no fueron debatidos en el curso
del proceso ordinario.

14.- En efecto, revisado el expediente, se observa que si bien el recurso de
apelación presentado por el accionante en el trámite contencioso administrativo,
centró sus alegatos en que el material probatorio obrante en el plenario resultaba
suficiente para acreditar cada uno de los elementos constitutivos de un contrato de
trabajo, especialmente el relativo a la subordinación, lo cierto es que no hizo
referencia alguna a la sentencia que se alega como desconocida, por lo que es
evidente que los argumentos que fundamentaron la ocurrencia del aludido defecto
no fueron ventilados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pese
a que el accionante contó con las oportunidades procesales correspondientes para
plantear su inconformidad.

15.- Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que los reparos esgrimidos para
fundamentar la configuración del mencionado yerro, así como el defecto sustantivo,
tampoco satisfacen el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte
actora no cumplió con la respectiva carga argumentativa.

16.- En lo atinente al cargo por desconocimiento del precedente, se encuentra que
la demandante simplemente se limitó hacer alusión a la providencia que alegó como
desconocida, sin precisar las razones por las cuales resulta ser un precedente
judicial aplicable a su caso, en tanto obvió puntualizar si los hechos, fundamentos de
derecho, problemas jurídicos a resolver y ratio decidendi eran similares y, por ende,
aplicables a su asunto.

17.- En relación con el precedente jurisprudencial se tiene que este ha sido
denominado como “(…) el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por
el juez, que debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado
deben ser tenidas en cuenta por la autoridad a quien le competa para la resolución
de su caso concreto”7. La manera para determinar cuándo el precedente resulta
necesario para la solución del caso, por lo que se impone como deber de observancia
para el operador judicial, es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa
como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver; (ii)
se trata de un problema jurídico semejante y (iii) los hechos del caso o las normas

7 Corte Constitucional, sentencia T-1033 de 2012.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04360-00
Accionante: Ana Mercedes Hernández Meza
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

juzgadas en la sentencia son [similares] o plantean un punto de derecho [de igual
característica] al que se debe resolver posteriormente”8 De esta forma, el precedente
utilizado debe guardar semejanza entre los hechos, el problema jurídico planteado y
la normativa utilizada para resolver los casos.

18.- Bajo los parámetros indicados, no toda decisión judicial anterior a la solución
de un proceso constituye un precedente judicial, pues este se configura cuando la
sentencia pretende resolver un problema idéntico, desde la perspectiva jurídica y
fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y hechos similares. A
estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque
la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone a la
actora la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia
cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente,
determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.

19.- Con todo, cabe precisar que la sentencia que se invoca como precedente
judicial vinculante no tiene tal carácter, pues una vez consultado el número de
radicación citado, se evidencia que, contrario a lo manifestado por el actor, no se
trata de una sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, sino de un fallo de tutela que fue emitido el 27 de enero de 2022, por la
Sección Primera de la Corporación, en el que si bien se abordó un asunto
relacionado con el contrato realidad, lo cierto es que únicamente tiene efectos inter
partes en tanto fue proferido en el marco de una acción de tutela, por lo que al contar
con un alcance personal y concreto solo puede ser tenido como un criterio auxiliar
de interpretación y no como un precedente vinculante.

20.- En lo concerniente al defecto sustantivo, el actor simplemente alegó una
interpretación indebida respecto al concepto de “coordinación administrativa”, pero
no explicó de forma clara ni suficiente si la providencia enjuiciada se basó en alguna
norma inexistente, inconstitucional o en disposiciones que no debían aplicarse al
caso concreto o si, por el contrario, realizó una indebida interpretación de estas.

21.- La jurisprudencia constitucional 9 ha sostenido que dicho yerro se configura
cuando el operador judicial aplica una norma que no resulta aplicable al caso o deja
de aplicar la que claramente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica. En consonancia con ello, en la
sentencia SU-649 de 2017, la Corte sintetizó los diferentes supuestos a partir de los
cuales se puede configurar este defecto10.

8 Ibídem.
9 En sentencia T-792 de 2010, reiterada en la sentencia SU-543 de 2019.
10 “(i) cuando la decisión judicial se basa en una norma que no es aplicable, porque: (a) no es pertinente, (b) ha

sido derogada y por tanto perdió vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e)
a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la
cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente
por el legislador; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto,
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22.- Bajo ese escenario, es evidente que el actor no cumplió con el deber de indicar
con rigor demostrativo el yerro que, en su sentir, se produjo en el fallo que reprocha,
pues aun cuando invocó en un sentido general la existencia de una deficiencia de
tipo sustantivo, en ninguno de sus argumentos logró identificar los escenarios
genéricos de configuración perfilados por la Corte Constitucional para habilitar la
intervención excepcional del juez de tutela.

23.- En ese contexto, se advierte que, no basta con que el accionante enuncie los
derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que, a su sentir, incurrió la
autoridad accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener
una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y
motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los
derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que
ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y,
se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.

24.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, ni adecuar los referidos cargos, el juez de tutela no puede proceder a
ello de forma supletiva, dado que, tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales, la carga de contar con una argumentación coherente y
suficiente recae en quien invoca el amparo constitucional y no en quien la decide, en
razón a que están de por medio el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de
preservar la seguridad jurídica y la garantía de la independencia y autonomía de los
jueces.

25.- Con todo, es importante destacar que los argumentos esbozados para
sustentar los vicios en comento, más allá de dirigirse a demostrar que la autoridad
judicial accionada se apartó de la sentencia que se alega como desconocida o que
interpretó erróneamente alguna disposición que resultaba aplicable al caso, se
orientan a cuestionar la legalidad del acto acusado en el proceso contencioso
administrativo, motivo por el cual los alegatos expuestos resultan insuficientes para
que en sede de tutela se proceda a realizar un estudio de fondo en el presente caso,
pues, a partir de estos, lo que pretende la parte accionante es reabrir una discusión
que ya fue zanjada por el juez de la causa.

no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o se aplica una norma jurídica de forma
manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la
decisión judicial; (iii) no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes, (iv)
la disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; (v) un poder concedido
al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión
se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que
regulan el caso o (vii) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto”.
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26.- Esta última conclusión también se predica de los reparos esgrimidos en torno
al defecto fáctico endilgado por la supuesta indebida valoración de las pruebas
obrantes en el expediente que, a juicio de la actora, resultan suficientes para
acreditar los elementos esenciales para declarar la existencia de una relación laboral,
en especial, el relativo a la subordinación, por lo que dicho yerro también adolece de
relevancia constitucional, más aún considerando que la acción de tutela no comporta
una tercera instancia.

27.- Ciertamente, la Sala advierte que esos mismos argumentos, no solo sirvieron
de fundamento a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que
también fueron expuestos en el recurso de apelación presentado contra la sentencia
de primera instancia, dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla, resumidos en la providencia enjuiciada, así:

<< En el presente proceso se desvirtuaron las características propias de un contrato
de prestación de servicios, toda vez que la demandante en su condición de contratista,
durante cada uno de los períodos en el que fue contratada; ejerció de manera personal
las labores para las que era contratada, en el Departamento de Regionalización de la
Universidad del Atlántico, las cuales son de carácter misional y hacen parte del giro
ordinario de la misma, a su vez, la labor desempeñada por la actora era indelegable y
subordinada

Acota que, a la actora, le fueron otorgados todos los elementos para realizar la labor
encomendada, además estaba sujeta a un horario de trabajo, el cual le era exigido e
impuesto por la demandada; entonces, laboró bajo las condiciones de modo tiempo y
lugar que dispuso la entidad, con los elementos físicos y recursos tecnológicos que le
daba la institución.

Indica que recibió como contraprestación a la labor prestada una remuneración y que
no contaba con autonomía ni independencia, para ejercer las labores para las cuales
fue contratada, en cuanto al modo, forma o cantidad de trabajo a realizar; por el
contrario estaba sujeta a las órdenes recibidas por parte de su superior jerárquico , en
relación a las labores a realizar, cómo y cuándo debía realizarlas, siendo que le
asignaba funciones por fuera del objeto contractual, tenía la obligación de cumplir con
ciertas metas u observar determinados métodos en la realización de sus labores,
consolidándose, no una relación de coordinación sino de subordinación.

(…) Concluye que obran en el plenario suficientes pruebas documentales, que
reafirman la subordinación a la que estaba sometida y que realizaba funciones por
fuera del objeto de los contratos suscritos, imponiéndose los estatutos o reglamentos
internos de la demandada.>> (se resalta)

28.- Esos reproches fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en
la sentencia del 21 de noviembre de 2022. Para tal efecto, la autoridad en mención
comenzó por señalar el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto,
particularmente lo relacionado con las formas de vinculación laboral, la naturaleza
jurídica del contrato de prestación de servicios y los elementos constitutivos de una
relación de trabajo. Esbozado lo anterior, efectuó el análisis del asunto sometido a
estudio, con fundamento en el material probatorio obrante en el plenario.
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29.- De esta manera, referenció cada uno de los contratos de prestación de
servicios suscritos por la demandante junto con su objeto respectivo y encontró que
por el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre
de 2014, la actora suscribió los contratos con la Unión Temporal Alianza
AgroIndustrialización Región Caribe, mientras que, en el lapso del 2 de febrero de
2015 al 15 de noviembre de 2019, los demás contratos fueron suscritos con la
Universidad del Atlántico. Analizado lo anterior, concluyó que tanto las pruebas
documentales, como las testimoniales allegadas al proceso no demostraban de
forma suficiente que la accionante se encontrara en una situación de subordinación
respecto de la cual se pudiera predicar una verdadera relación laboral entre las
partes. Al respecto, indicó que:

<< Considera la Sala que, conforme a las certificaciones, copia de los contratos
referenciados, de los registros Presupuestales de los contratos, actas de inicio, recibos
a satisfacción, informes de avances y actas de liquidación de los contratos; así como
estudios previos para la contratación de servicios profesionales, certificados de
disponibilidad presupuestal y cuenta de cobro, evidencian que en este caso en
particular no se configuró la existencia de una relación laboral en razón a que, tal y
como lo indicó el a quo, la señora Ana Mercedes Hernández no logró demostrar en el
paginario los elementos sustanciales necesarios para que esta jurisdicción declarara
una verdadera relación laboral en virtud del principio de primacía de realidad material
sobre las formas, que se desprende del artículo 53 de nuestra Carta Magna, habida
consideración a que su vínculo se originó y desarrolló como el de una contratista y no
como una verdadera servidora de la entidad, más aún teniendo en cuenta que la
contratación se realizó con una unión temporal, la cual difiere con la forma de
asociación propia a la de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO.

En efecto, encuentra la Sala que, el objeto del contrato elaborado por la demandante
con la UNIÓN TEMPORAL ALIANZA AGROINDUSTRIALIZACIÓN REGIÓN CARIBE
AIREC se circunscribe en apoyar la conformación de alianzas estratégicas para el
fortalecimiento de la educación superior en niveles técnicos y tecnológicos en
Colombia, surgiendo tal contrato de prestación de servicios con la demandante para
coordinar las direcciones técnicas, administrativas y financieras del proyecto con el
Ministerio de Educación, de lo cual se advierte que la unión temporal se da como forma
de asociación propia de la contratación estatal, a fin de cumplir la finalidad para lo cual
fue creada dentro de la labor contractual, con el ente universitario, esto es todo lo
relacionado con el fortalecimiento de educación superior en niveles técnicos y
tecnológicos, por tanto es dable concluir, que la demandada no tiene contratación de
la demandante de forma directa sino una unión temporal, enmarcada en un contrato
de prestación de servicios profesionales

Lo anterior permite denotar que no se desvirtúa el contrato de prestación de servicios,
además por cuanto tampoco se evidenció que la labor desarrollada por la actora,
estuviera regida por una subordinación, por ende no hay lugar al surgimiento de una
verdadera relación laboral, como quiera que no se encuentran cumplidos los criterios
establecidos por la jurisprudencia y la ley para revelar una relación de tal carácter al
punto que permita a esta Corporación concluir que se ha querido aparentar un contrato
de prestación de servicios, para esconder un verdadero vínculo laboral.>>.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04360-00
Accionante: Ana Mercedes Hernández Meza
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

30.- Del contenido de la decisión sometida a examen, se observa que, en virtud del
principio de la libre apreciación de la prueba que rige en materia procesal, el juez de
lo contencioso administrativo valoró en forma debida el acervo probatorio obrante en
el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Incluso, fueron objeto de
estudio los diferentes contratos de prestación de servicios suscritos por la
demandante, cosa diferente es que los mismos no otorgaran la suficiente certeza al
juzgador para demostrar el vínculo laboral reclamado.

31.- Bajo este escenario, es evidente que la parte accionante busca crear una
instancia adicional al proceso contencioso administrativo y reabrir el debate
probatorio, respecto de un asunto que, como se vio, ya fue objeto de estudio ante la
instancia judicial respectiva, la cual tuvo a su cargo valorar los alegatos de hecho y
de derecho que las partes sometieron a su consideración. Por lo tanto, no procede
ahora prolongar el debate sobre el asunto, pues la acción de tutela no es un
mecanismo complementario al del medio de control ordinario, y no tiene por fin
revisar las bases del debate judicial para definir como instancia final las razones de
derecho objeto de la controversia.

32.- De esta manera, la Sala considera que la acción que se propone pretende
prolongar un debate ya definido por el juez de instancia, sin que lo que se alega ante
el juez constitucional revele la presencia de un real defecto, pues más allá de su
simple enunciado, lo que muestra es la discrepancia de criterios de quien no resultó
favorecido con la decisión del juez natural.

33.- En este orden de ideas, la Sala encuentra que no hay lugar a predicar la
configuración del defecto fáctico mencionado, debido a que la argumentación del
Tribunal accionado se presenta como razonable a la luz de la jurisprudencia aplicable
al caso y los elementos materiales probatorios allegados al proceso. Otra cosa, muy
distinta, es que la parte accionante no comparta las razones allí expuestas, pues le
resultaron desfavorables a sus intereses, circunstancia que ciertamente resulta
improcedente para estructurar, a partir de ello, la intervención del juez constitucional.

34.- Visto lo anterior, estima la Sala que las presuntas deficiencias alegadas
respecto de la decisión adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho corresponden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el
resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como una
causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste
al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su
autonomía e independencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04360-00
Accionante: Ana Mercedes Hernández Meza
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

35.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no acredita los requisitos
generales de subsidiariedad y relevancia constitucional. De suerte que, la Sala habrá
de declarar improcedente el amparo impetrado por Ana Mercedes Hernández Meza.

36.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

11 VF

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