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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05261-01

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05261-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo del fallo impugnado, el cual quedará así: “[…] Segundo. - ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el Nº 11001-33-35-015-2018- 00324-01, en el que se tengan en cuenta las razones expuestas en esta decisión […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-05261-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-05261-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: ZULY ZAYANA TORRES LÓPEZ

TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE AMPARÓ EL
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO. EL TRIBUNAL
INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE AL DEJAR DE ANALIZAR EN DEBIDA FORMA LAS
PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE DE LAS CUALES ERA
DABLE INFERIR QUE SE CONFIGURÓ EL ELEMENTO DE LA
SUBORDINACIÓN, ADEMÁS, NO APLICÓ EL CRITERIO
JURISPRUDENCIAL DISPUESTO EN LA SENTENCIA DE
UNIFICACIÓN. SE MODIFICA EL NUMERAL SEGUNDO DE LA
SENTENCIA IMPUGNADA, EN EL SENTIDO DE OTORGARLE 40 DÍAS
AL TRIBUNAL CUESTIONADO PARA QUE PROFIERA LA NUEVA
DECISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 120 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,

esta Sala procede a decidir las impugnaciones presentadas por la

Sección Segunda -Subsección “C”- del Tribunal Administrativo de

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ACTORA: ZULY ZAYANA TORRES LÓPEZ

Cundinamarca1 y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

E.S.E., contra la sentencia de 30 de septiembre de 2021, proferida

por la Sección Cuarta del Consejo de Estado2, que amparó el

derecho fundamental al debido proceso, invocado como violado por

la parte actora.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora ZULY ZAYANA TORRES LÓPEZ, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue

vulnerado por el Tribunal al proferir la providencia de 28 de abril de

2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-

35-015-2018-00324-01.

1 En adelante Tribunal.
2 En adelante Sección Cuarta.

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I.2.- Hechos

Refirió que laboró para el Hospital Tunjuelito, ahora Subred

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., desde el 4 de abril de

2007 hasta el 28 de febrero de 2018, vinculada a través de

contratos de prestación de servicios, en el cargo de fisioterapeuta,

el cual desarrolló de manera subordinada con las mismas funciones

de un empleado de planta, cumpliendo horario, recibiendo órdenes

de sus superiores y acatando directrices.

Indicó que el 15 de agosto de 2018, promovió demanda en ejercicio

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., a la

cual le fue asignado el número único de radicación 2018-00324 y

correspondió por reparto al Juzgado Quince Administrativo del

Circuito de Bogotá que, en sentencia de 26 de septiembre de 2019,

accedió parcialmente a las pretensiones, por lo que declaró la

nulidad del acto acusado y a título de restablecimiento del derecho,

ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales

devengadas por un servidor público con similares funciones a las

suyas, teniendo en cuenta el fenómeno de la prescripción.

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Sostuvo que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.,

inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación contra la

decisión, el cual fue desatado por el Tribunal en sentencia de 28 de

abril de 2021, por medio de la cual revocó la providencia de

primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones al

considerar que no se logró demostrar el elemento de la

subordinación.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, el Tribunal incurrió en defecto fáctico al

desestimar la relevancia de la prueba testimonial y el interrogatorio

de parte, bajo la errada tesis de que no existía prueba documental

suficiente, pese a que eran pruebas claramente conducentes,

oportunas y necesarias, en las que se demostraba que cumplía

horario, recibía órdenes, se le impartían capacitaciones, tenía jefes,

debía pedir permiso para ausentarse, le entregaban las

herramientas para laborar y tenía compañeros de trabajo que

desempeñaba el mismo cargo, pero en la planta de personal, entre

otros elementos propios del contrato laboral.

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Añadió que no se valoró en debida forma el manual específico de

funciones de la entidad, en el cual consta que el cargo

desempeñado existe en la planta de personal, así como la copia de

los contratos de prestación de servicios que evidencian que el pago

de honorarios fue pactado de manera mensual, periódica y regular

(salario), contemplando como obligación el cuidado de las

herramientas entregadas y, además, el cumplimiento de turnos,

asegurando su permanencia en las instalaciones de la institución

durante la prestación del servicio.

Arguyó que también se incurrió en un defecto sustantivo al darle

una aplicación errónea a la interpretación del concepto de

coordinación administrativa, la cual se depreca sobre el contratista

que de forma coordinada pero independiente ejerce su labor,

diferente al caso concreto, en el cual existía subordinación,

desconociendo así la decantada jurisprudencia que existe sobre el

asunto.

Finalmente, expresó que se desconoció el precedente

jurisprudencial dispuesto en la sentencia de unificación de 30 de

octubre de 2020, proferida por la Sección Segunda -Subsección “B”

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del Consejo de Estado3, al estimar en la sentencia cuestionada que

la imposición de turnos, la entrega de herramientas para laborar, la

existencia del cargo desempeñado en la planta de personal y el

pago regular, periódico y mensual acreditados en los contratos de

prestación de servicios, eran elementos propios de coordinación y

no de la subordinación.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó la protección de su derecho fundamental invocado

y, en consecuencia:

“[…] 2. Se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de
fecha 28 de abril de 2021 notificada el día 10 de mayo de 2021,
proferida por el honorable TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “C” MAGISTRADO PONENTE DR. CARLOS
ALBERTO ORLANDO JAIQUEL, dentro del proceso 11001-33-35-
015-2018-0032401, por medio de la cual se revocó la sentencia
de primera instancia proferida por el JUZGADO QUINCE (15)
ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ D.C.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene al
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “C”
MAGISTRADO PONENTE DR. CARLOS ALBERTO ORLANDO
JAIQUEL, a proferir una nueva sentencia dentro del proceso
11001-33-35-015-2018-0032400 (01) a través de la cual se
confirme la decisión de primera de instancia […]”.

3
Expediente identificado con el número único de radicación 2014-00382-01. C.P.
CARMELO PERDOMO CUÉTER.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal luego de rendir informe del trámite surtido

dentro del proceso ordinario, sostuvo que no es de tal acierto que

haya incurrido en los yerros endilgados, comoquiera que la decisión

cuestionada se encuentra fundamentada en las normas aplicables al

asunto, de conformidad con el alcance dado por el Consejo de

Estado, con prevalencia de los principios de sana crítica y buena fe.

Resaltó que luego de analizar el material probatorio aportado al

expediente, logró concluir que no se encontró acreditado el

elemento de la subordinación que diera fe de la existencia de una

relación laboral, de tal forma que la decisión cuestionada se

encuentra debidamente motivada, máxime cuando lo pretendido

por la actora es crear una tercera instancia dentro del asunto.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia,

toda vez que, a su juicio, no se cumple con el requisito de la

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relevancia constitucional, pues los hechos descritos en la solicitud

de amparo guardan identidad fáctica con lo expuesto en el proceso

de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de debate, por lo

que lo pretendido es cuestionar el criterio de interpretación

probatoria dado por el Tribunal sobre un asunto que ya fue

estudiado por los jueces de instancia.

I.6.2.- El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de

Bogotá pese a ser notificado en debida forma del presente trámite

constitucional, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta, mediante sentencia de 30 de septiembre de

2021, accedió al amparo del derecho fundamental al debido,

invocado como violado por la actora, al considerar que el Tribunal

incurrió en defecto fáctico, comoquiera que aun cuando tuvo en

cuenta los testimonios rendidos por las señoras DIANA MARÍA

VÁSQUEZ LUGO y VIRGINIA BERMÚDEZ ROMERO, omitió hacer

una valoración conjunta de los demás elementos de prueba

allegados al proceso, desconociendo así su verdadero alcance, de

los cuales se probó la existencia de contratos sucesivos durante

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casi 11 años con períodos de interrupción muy breves en algunos y

sin solución de continuidad, lo que constituye indicios probatorios

para determinar la configuración del elemento de la subordinación

en la relación laboral establecida entre la actora y la entidad

mediante contrato de prestación de servicios.

Añadió que de los referidos testimonios, es dable inferir que la

actora debía cumplir con un horario establecido, directrices de

atención impuestas por la coordinación de la E.S.E o la Jefe de la

Unidad, para la compensación de turnos con otras compañeras

debía consultar y obtener la aprobación de sus superiores y que en

caso de que solicitara permiso le asistía la obligación de reponer el

tiempo, además, durante el período en que laboró en la E.S.E. la

planta de personal vinculó a una fisioterapeuta que ejercía las

mismas funciones que la actora.

Refirió que las copias de los 90 contratos sucesivos de prestación

de servicios suscritos entre la actora y la E.S.E., que se prolongaron

por un lapso de casi 11 años, pueden llevar a una conclusión

distinta respecto de la existencia de la subordinación en la relación

laboral analizada en el caso que originó la controversia, elemento

que el Tribunal encontró ausente y por el cual no declaró la

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existencia del contrato realidad que solicitaba la actora,

desatendiendo así las pruebas que deben ser apreciadas en

conjunto, de conformidad con las reglas de la sana crítica y de la

experiencia.

Adujo que a pesar de que la testigo VIRGINIA BERMÚDEZ

ROMERO afirmó que “al interior de la planta de personal de la

entidad se encontraba una fisioterapeuta de nombre Lady vinculada

en los últimos dos años de servicio”, dicha información no fue

objeto de análisis ni fue tenida en cuenta por el Tribunal, como

tampoco el interrogatorio de parte rendido por la actora, prueba

que también pasó por alto la autoridad judicial accionada.

Para lo anterior, el a quo sostuvo que en relación con la

subordinación en las relaciones laborales, la Sección Segunda del

Consejo de Estado ha indicado que se caracteriza por la facultad

para imponer cantidad de trabajo, horario, aplicación de

reglamentos, poder disciplinario, continuidad y constancia en la

prestación de servicios, circunstancias que pueden estar presentes

a partir de los testimonios y de los demás elementos de convicción

allegados al expediente, indebidamente valorados en la sentencia

objetada.

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Así las cosas, refirió que corresponde al Tribunal, a partir de una

valoración conjunta de las pruebas obrantes en el expediente,

desvirtuar la aplicación del principio de coordinación administrativa,

máxime teniendo en cuenta la existencia de importantes indicios de

la subordinación laboral, en los términos precisados por la

jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional.

Conforme con lo anterior, el a quo dispuso lo siguiente:

“[…] Primero. - AMPÁRASE el derecho fundamental al debido
proceso de la señora Zuly Zayana Torres López, quien actúa por
intermedio de apoderado judicial. En consecuencia,

Segundo. - ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que dentro de
los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia profiera una nueva sentencia en el trámite del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con
el Nº 11001-33-35-015-2018-00324-01, en el que se tengan en
cuenta las razones expuestas en esta decisión […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LAS IMPUGNACIONES

III.1. El Tribunal impugnó la sentencia proferida por la Sección

Cuarta, en los siguientes términos:

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Sostuvo que la actora acude a la acción de tutela con el fin de

discutir una decisión tomada en el medio de control ya resuelto,

para resolver sobre la existencia de la relación laboral, creando así

una tercera instancia dentro del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho.

Advirtió que, tal como se expuso en la providencia acusada,

analizado en conjunto el material probatorio aportado al proceso,

no existía certeza de la existencia del elemento de subordinación

como consecuencia de la prestación del servicio en la E.S.E, de tal

forma que bajo los criterios de la sana crítica en la apreciación del

material probatorio recaudado y las decisiones que son criterios

jurisprudenciales, no acogió las pretensiones expuestas en la

demanda.

Por lo anterior, solicitó que se revoque en su integridad la decisión

de primer grado y, en consecuencia, se deje incólume la

providencia cuestionada.

III.2. La Subred Integrada de Servicios de Salud SUR E.S.E.

también impugnó la sentencia proferida por el a quo, para lo cual

adujo que la providencia acusada se encuentra revestida del

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cumplimiento al debido proceso, toda vez que como se evidencia en

el expediente, se respetaron todas las etapas procesales sin

avizorar por ninguna de las partes alguna causal de nulidad que

invalidara lo actuado, máxime cuando la decisión cuestionada fue

proferida con prevalencia de los principios de la sana crítica,

objetividad, racionalidad y la buena fe y está debidamente

motivada.

Adujo que en el presente asunto, no se configuran los requisitos

para la procedencia de la acción de tutela contra providencia

judicial, pues lo pretendido por la actora es que se surta una

tercera instancia dentro del proceso ordinario, endilgándole a la

providencia acusada un defecto fáctico inexistente, dado que el

Tribunal sí valoró las pruebas aportadas, entre ellas, los testimonios

y el interrogatorio de parte que se echan de menos en el escrito de

tutela, además, se precisó por qué no era necesario realizar un

análisis comparativo entre las labores pactadas en los contratos de

prestación de servicios de la demandante y las funciones descritas

en el manual específico de funciones de la E.S.E. y se sustentó

razonablemente la aplicabilidad del principio de coordinación

administrativa.

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Añadió que los pronunciamientos emitidos tanto por la Corte

Constitucional como por el Consejo de Estado, que supuestamente

fueron desconocidos por la actora, no establecen una regla

específica respecto del elemento de la subordinación ni acerca de

como debía efectuarse la valoración probatoria, además, el Tribunal

se fundamentó para decidir el asunto en las providencias de 21 de

febrero de 2019 y 12 de junio de 2020, proferidas por el Consejo de

Estado, por medio de las cuales se indicó que la carga probatoria

para demostrar que existió una relación laboral encubierta

mediante contratos de prestación de servicios corresponde a la

parte demandante y, en la sentencia de 30 de octubre de 2020,

dictada por la misma Corporación en lo que respecta al principio de

coordinación, entre otros precedentes jurisprudenciales aplicables al

asunto.

Por lo anterior, sostuvo que, a su juicio, no se vulneraron los

derechos fundamentales de la actora, toda vez que no se encuentra

acreditado defecto alguno a la sentencia enjuiciada, por lo que

solicitó que se revoque la providencia emitida por la Sección Cuarta

y, en su lugar, se deniegue el amparo solicitado.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de

noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12

de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia

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de la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es

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genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos
que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo

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para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se deje sin efecto la providencia de 28 de abril de 2021,

proferida por el Tribunal, por medio de la cual revocó la decisión del

a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 2018-

00324-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho

fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio de la

actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico al

desestimar la relevancia de la prueba testimonial y el interrogatorio

de parte, bajo la errada tesis de que no existía prueba documental

suficiente, pese a que eran pruebas claramente conducentes,

oportunas y necesarias, en las que se demostraba que cumplía

horario, recibía órdenes, se le impartían capacitaciones, tenía jefes,

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debía pedir permiso para ausentarse, le entregaban las

herramientas para laborar y tenía compañeros de trabajo que

desempeñaba el mismo cargo, pero en la planta de personal, entre

otros elementos propios del contrato laboral.

Añadió la actora que no se valoró en debida forma el manual

específico de funciones de la entidad, en el cual consta que el cargo

desempeñado existe en la plata de personal, así como la copia de

los contratos de prestación de servicios que evidencian que el pago

de honorarios fue pactado de manera mensual, periódica y regular

(salario), contemplando como obligación el cuidado de las

herramientas entregadas y, además, el cumplimiento de turnos,

asegurando su permanencia en las instalaciones de la institución

durante la prestación del servicio.

Arguyó que también se incurrió en un defecto sustantivo al darle

una aplicación errónea a la interpretación del concepto de

coordinación administrativa, la cual se depreca sobre el contratista

que de forma coordinada pero independiente ejerce su labor,

diferente al caso concreto, en el cual existía subordinación,

desconociendo así decantada jurisprudencia dispuesta sobre el

asunto.

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Finalmente, expresó que se desconoció el precedente

jurisprudencial dispuesto en la sentencia de unificación de 30 de

octubre de 2020, proferida por la Sección Segunda -Subsección “B”

del Consejo de Estado4, al estimar en la sentencia cuestionada que

la imposición de turnos, la entrega de herramientas para laborar, la

existencia del cargo desempeñado en la planta de personal y el

pago regular, periódico y mensual acreditados en los contratos de

prestación de servicios, eran elementos propios de coordinación y

no de la subordinación.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

Sección Cuarta que, mediante sentencia de 30 de septiembre de

2021, concedió el amparo solicitado y ordenó al Tribunal proferir

una nueva decisión, en la que se realice una valoración conjunta de

los elementos de prueba ante la existencia de importantes indicios

del elemento de la subordinación laboral, en los términos que han

sido precisados por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la

Corte Constitucional.

4
Expediente identificado con el número único de radicación 2014-00382-01. C.P.
CARMELO PERDOMO CUÉTER.

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Inconforme con lo anterior, el Tribunal impugnó la decisión

proferida por la Sección Cuarta, bajo el argumento de que lo

pretendido por la actora es crear una tercera instancia dentro del

proceso ordinario, toda vez que la providencia acusada se

fundamentó bajo los criterios de la sana crítica en la apreciación del

material probatorio recaudado y los criterios jurisprudenciales

aplicables al asunto, de lo cual se desprendió que no existía certeza

de la existencia del elemento de subordinación como consecuencia

de la prestación del servicio en la E.S.E.

Por su parte, la Subred Integrada de Servicios de Salud SUR

E.S.E. también impugnó la sentencia proferida por el a quo,

indicando que la providencia acusada se encuentra revestida del

cumplimiento del debido proceso, toda vez que como se evidencia

en el expediente, se respetaron todas las etapas procesales sin

avizorar por ninguna de las partes alguna causal de nulidad que

invalidara lo actuado, máxime cuando la decisión cuestionada fue

proferida con prevalencia de los principios de la sana crítica,

objetividad, racionalidad y la buena fe y está debidamente

motivada.

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En este punto, la Sala advierte que aun cuando la actora alega la

existencia de un defecto sustantivo, en cuanto a la referida

coordinación administrativa, lo cierto es que tal planteamiento está

encaminado a demostrar un defecto por desconocimiento del

precedente jurisprudencial, por lo que dicha inconformidad será

abordada desde tal aspecto.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si el Tribunal

incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente,

tal como lo consideró el a quo, o si por el contrario, le asiste razón

a los impugnantes al estimar que la providencia cuestionada no es

violatoria de los derechos fundamentales de la actora.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

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La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea

con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en

su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

endilgados y vulneró su derecho fundamental al debido proceso;

contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se

estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión

(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo

256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo

razonable5 y, por último, la solicitud identifica los hechos y

derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad

judicial accionada incurrió en los defectos endilgados, tal como lo

consideró el a quo o si, por el contrario, el Tribunal profirió su

decisión con fundamentó en un análisis integral de las pruebas

allegadas al expediente y el criterio jurisprudencial dispuesto para

el asunto, al dictar la sentencia de 28 de abril de 2021, dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2018-00324-01.

5 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201,
Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 20136, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en
que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la
autonomía e independencia judicial, pues se basa en la
aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica. De
hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la
apreciación del material probatorio constitutivo del defecto
fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal
punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria
del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de

6 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de
que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones
[…]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la

actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente

conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de

acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la

Constitución Política, el poder judicial es autónomo e independiente

y los Jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de

la ley. Esta regla general de independencia y autonomía no es

absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros

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valores constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca
el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la
Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y
concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de la
ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta
forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir los
casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como
límite a la autonomía e independencia de los Jueces el respeto
por el precedente7”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela

cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las

partes. En especial, respecto del precedente vertical, la

Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener que

el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Constitución

Política, que impone la igualdad de trato jurídico en la aplicación de

la ley, sino también que su autonomía se encuentra limitada por la
7 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de

2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.

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eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido

proceso judicial8.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)9.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la actora

plantea que la autoridad judicial accionada, al conocer del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2018-00324-01, incurrió en los

defectos fáctico y desconocimiento del precedente, comoquiera que

desconoció que existían suficientes medios de prueba para

determinar que sí se encontró configurado el elemento de la

subordinación, lo que conllevaba a declarar la existencia de un

contrato realidad celebrado con la E.S.E.

8 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Ver sentencia T-292 de 2006.

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Para resolver los cargos planteados, es necesario traer a colación la

providencia cuestionada con el fin de verificar los fundamentos de

la decisión expuestos por la autoridad judicial accionada.

La providencia cuestionada se translitera a continuación:

“[…] HECHOS PROBADOS

Previo al examen de las pretensas del líbelo, es necesario el
estudio de las probanzas recaudadas en el proceso, entonces, de
lo probado en el plenario se desprende que:

[…]

3. Se allegó certificación expedida por el Director de
Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E., en la que consta los tiempos y/o términos de
ejecución de los servicios prestados, valor y el objeto de
los mismos, de la siguiente manera:

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Los referidos contratos fueron allegados en medio magnético visto
a folio 210, con el contenido del expediente administrativo de la
demandante, que relacionan la hoja de vida, los pagos efectuados
por la misma a Seguridad Social y los informes de actividades
ejecutadas con la respectiva certificación del supervisor del
contrato para efectos de cancelar los honorarios pactados […]

5. En el desarrollo de los contratos de prestación de
servicios celebrados entre la entidad demandada y la
señora Torres López, ésta se comprometía a realizar las
siguientes actividades: “A. 1-Realizar actividades propias
de su terapia. 2-Atención propia por urgencias que
requiere terapia respectiva. 3-Atención de pacientes
hospitalizados que requieren terapia respectiva. 4-
Realizar interconsultas de terapia -5. Realizar actividades
de P y P relacionadas con las terapias. 6- Cumplir con las
demás actividades atinentes al objeto del contrato,
indicados por el supervisor del contrato y de acuerdo a las
necesidades del servicio en la Unidad donde sea requerida,
B- Cumplir con las normas y procedimientos técnicos y
administrativos del Hospital. C-. Utilizar, custodiar,
salvaguardar y vigilar, los recursos e insumos y la
conservación y uso adecuado de los bienes y la obligación

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de responder por su deterioro o pérdida al igual que la
documentación e información que por razón de sus
actividades le sean suministrados, o tenga acceso para el
cumplimiento de las actividades contratadas. D- Presentar
todos los informes que le soliciten las distintas áreas
relacionadas con el objeto del contrato. E-. Hacer en
debida forma la entrega y recibo de turnos, así como el
registro de las novedades, cuando a ello hubiere lugar y el
supervisor del contrato así lo requiera […]

6. A través del Oficio No. OJU-E-24559-19, la entidad demanda
(sic) aportó copia del manual de funciones del personal en
el cargo de Fisioterapeuta, vigentes durante el período de
vinculación de la señora Torres López en el entonces
Hospital Tunjuelito Nivel II y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E. Adicionalmente, las personas
vinculadas al referido cargo en la planta de personal de la
entidad.

7. El Despacho de primera instancia dentro de la diligencia del 19
de junio de 2019, recepcionó los testimonios solicitados por el
apoderado de la parte demandante, así:

• Testimonio de la señora Diana María Vásquez Lugo.

La testigo indicó en síntesis que ejercía la profesión de
Fisioterapeuta. Fue compañera de trabajo de la demandante en la
Subred Sur y la conoce aproximadamente hace 13 años.

Precisó que prestó los servicios como colega de la accionante
desde el 2007 al 2018, inicialmente en el Hospital Tunjuelito y
posteriormente con la integración de la red, en lo que se
denomina la Subred Sur.

Inicialmente con el entonces Hospital, el horario
correspondía desde las 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a
viernes; posteriormente con la integración de la red
correspondía a turnos de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. o de 1:00
p.m. a 7:00 p.m. o 8:00 p.m. y sábados cada 15 días de
6:00 a.m. a 8:00 p.m., tenían agenda de pacientes y
atendían 4 de ellos por cada hora. Dependían sus
actividades de los jefes o Coordinadores, advirtiendo que
la última fue la Dra. Gloria Inés Gallo.

Adujo que los pagos realizados por la entidad empleadora
como contraprestación de los servicios prestados por la

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demandante, se llevaban a cabo a la cuenta de ahorros
dispuesta para ello de manera mensual.

Las órdenes eran impartidas por el Coordinador, y a pesar
de tener una agenda establecida se solicitaba que
atendieran a otros pacientes. La demandante estaba
supeditada a las capacitaciones de la entidad empleadora,
la cual le otorgaba los instrumentos o herramientas para
desarrollar las actividades de rehabilitación de los
pacientes.

Indicó que tenía conocimiento de que una compañera era
Fisioterapeuta de planta.

Las actividades se debían realizar en las instalaciones de la
entidad y para efectos de los permisos se necesitaba ser
autorizados, solicitando a las compañeras la colaboración
con la agenda de pacientes a atender, o se le descontaba el
tiempo que no se prestó el servicio.

No tiene conocimiento de que a la actora le hayan realizado
llamados de atención o felicitaciones que consten en la hoja de
vida.

Señaló que, para el momento en que estuvieron con la Subred
Sur, realizaron un reclamo ante la entidad por los cambios hechos
y las diferencias con la nueva Coordinación del manejo del
servicio, lo que a su juicio dio lugar a que no continuaran con los
llamados para la suscripción de contratos.

Finalmente mencionó que también inició proceso contra la entidad
demandada, por el reconocimiento de pago de prestaciones
sociales.

• Testimonio de la señora Virginia Bermúdez Romero.

Manifestó que es pensionada de la Subred Sur; laboró como
Técnico en Estadística. Adicionalmente, a lo expresado por la
anterior testigo indicó:

Conoce a la demandante toda vez que, trabajó en la Unidad
Nuevo Muzú desde el año 2009 en el área de archivo,
aproximadamente laboró 10 años allí. Cuando llegó a la Unidad la
señora Torres López ya prestaba sus servicios para la entidad.

Manifestó que, por las funciones a desempeñar en su cargo, era
la persona que le suministraba a la demandante las planillas de

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consulta y las historias clínicas de los pacientes que debía atender
en consulta.

Precisó que, para la época, la declarante pertenecía al sindicato
de la entidad demandada, por lo que observaba la forma como se
dirigía a la demandante, a su vez el maltrato que se presentó, las
órdenes que les impartían, la imposibilidad de salir a tomar
un tinto y el cumplimiento de horario. En este punto,
mencionó que en caso de que se solicitara un permiso, le
asistía la obligación a la contratista a reponer el tiempo.

[…]

Aseguró que la entidad le indicaba a la demandante las labores a
realizar, en ocasiones los doctores a los que se les debía practicar
terapias. Adicionalmente, mencionó que para el último año las
capacitaciones se programaban para los días sábados, con el fin
de no coincidir con el horario laboral.

[…]

De los testimonios rendidos se establece que, la parte actora
debía cumplir unas funciones establecidas en los contratos
suscritos, como las directrices de atención establecidas por la
Coordinación o por la Jefe de la Unidad, que implicaban que
además de cumplir la agenda establecida -4 usuarios por hora-
atender a los pacientes que se dispusieran, en principio en un
horario 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y finalmente
cuando se reestructuró la entidad en turnos de 6:00 a.m. a 1:00
p.m. o de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. o 8:00 p.m. y sábados cada 15
días de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Igualmente, se extrae que si bien
la accionante podía compensar sus turnos con otras compañeras,
también lo es que, la decisión debía ser aprobada por sus
superiores, es decir, no podía ser una decisión inconsulta y
autónoma de aquellas que de no llevarse a cabo se descontaba el
pago de sus honorarios.

Expuesto lo anterior, se debe afirmar que la conminación al
correcto desarrollo del objeto contractual no puede entenderse
como una relación de subordinación o dependencia, pues lo que
se espera de la contratista es que desarrolle a cabalidad las
labores para las cuales fue contratada, por lo cual, es evidente
que al contratante le asista un interés directo en ello, siendo
comprensible que efectúe un seguimiento al contrato y al
cumplimiento del mismo.
El Consejo de Estado ha sido enfático al señalar que "No puede
apreciarse, ni siquiera como un leve indicio de la existencia de

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una relación de subordinación, el hecho de que quien ejerza la
labor de supervisión de un contrato Estatal, exija al contratista el
cumplimiento idóneo y oportuno de lo pactado. Con ello no se
desdibuja de modo alguno el grado de autonomía con que
cuentan los contratistas del Estado. Es más, a quien habiéndole
sido encomendada la tarea de supervisión de un contrato, no
exija o requiera al contratista el cumplimiento del mismo, puede
acarrearle consecuencia de índole disciplinario, fiscal o penal, si
por desidia se genera un perjuicio para la entidad estatal
contratante".

[…]

En sus relatos, las señoras Diana María Vásquez Lugo y Virginia
Bermúdez Romero expusieron que fueron compañeras de trabajo
de la demandante -la primera de ellas, también desempeñó la
labor de Fisioterapeuta vinculada a través de órdenes de
prestaciones de servicios y finalmente, la otro testigo en la
dependencia de archivo donde de manera espontánea dieron fe
de los hechos sobre los cuales fueron interrogadas, sobre el
modo, tiempo y lugar donde se ejercieron las labores pactadas
por la actora en los contratos suscritos con la entidad
demandada.

En ese orden de ideas, advierte esta Corporación que de las
declaraciones recepcionadas, se infiere el cumplimiento de una
serie de órdenes e instrucciones en cuanto tiempo y lugar por
parte de la señora Torres López, en el ejercicio de las actividades
para la cual fue vinculada a la entidad demandada. No obstante,
dentro de la sana crítica no se observa que el acatamiento de las
mismas desconozca la autonomía profesional de la demandante
para realizar la atención de los usuarios que se le asignaban en
virtud de su agenda diaria.

Como se indicó en párrafos anteriores, las entidades empleadoras
ostentan la facultad de conminar a las personas vinculadas en
virtud de un contrato de prestación de servicios, al cumplimiento
de sus funciones incluyendo la potestad de comunicar al
contratista los lineamientos o protocolos de atención a los
usuarios del sistema de salud, pues no se puede desconocer que
las actividades para las cuales fue contratada la demandante y
que hacen parte de las funciones de la Institución deben cumplir
los parámetros de calidad de los diferentes órganos de control del
referido sistema.

En este punto, no se desconoce que se acreditó que existió
personal de planta de la entidad que desempeñó las labores de la

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demandante -para la Unidad donde desarrolló sus funciones una
empleada- durante algún periodo del relacionado en párrafos
anteriores, sin embargo, tal situación administrativa no impide a
la Institución suscribir contratos con personas naturales debido a
que no se cuenta con el suficiente personal para ejecutar las
tareas de la entidad.

De lo anterior se puede colegir, que los criterios de vinculación
según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, podían regir el
escenario contractual de los extremos de la Litis.

Así las cosas, como lo afirmó el delegado del Ministerio Público
ante esta instancia judicial, no obra en el plenario, suficiente
material probatorio de las que se puedan extraer elementos de
juicio para probar la subordinación o dependencia […]”.
(Destacado fuera de texto).

De la lectura de la sentencia objeto de tutela, la Sala observa que

la autoridad judicial accionada, al conocer del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia,

consideró que de las pruebas allegadas al proceso, no era dable

inferir que se encontrara configurado el elemento de la

subordinación, por lo que no era posible declarar la existencia del

contrato realidad.

Para lo anterior, el Tribunal sostuvo que de los testimonios rendidos

se desprendía que la actora acató el cumplimiento de una serie de

órdenes e instrucciones en cuanto a tiempo y lugar mientras estuvo

ejerciendo sus actividades en la E.S.E., no obstante, que de ellas no

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era posible concluir que el acatamiento de estas desconociera la

autonomía profesional de la señora TORRES LÓPEZ.

Así las cosas, resaltó el Tribunal que el correcto desarrollo del

objeto para el cual fue contratada no se podía entender como una

relación de subordinación o dependencia, máxime cuando las

actividades que desarrollaba la actora y que hacen parte de las

funciones de la institución, deben cumplir parámetros de calidad de

los diferentes órganos de control del sistema de salud.

Sobre el particular, la actora alegó que la autoridad judicial

accionada no analizó en debida forma la prueba testimonial

rendida, elemento probatorio que resultaba claramente conducente

para concluir la existencia del elemento de la subordinación;

además, que valoró indebidamente el manual específico de

funciones de la entidad, así como la copia de los contratos de

servicio, pruebas suficientes para declarar el contrato realidad

suscrito con la E.S.E.

En efecto, para la Sala del material probatorio allegado al plenario

era posible llegar a una conclusión distinta a la expuesta por el

Tribunal accionado, toda vez que de haber analizado en debida

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forma las pruebas obrantes, posiblemente se podría inferir que se

encontró configurado el elemento de la subordinación en la relación

laboral pactada entre las partes mediante un contrato de prestación

de servicios.

Así pues, si bien en la providencia acusada se relacionaron los

testimonios rendidos por las señoras DIANA MARÍA VÁSQUEZ

LUGO y VIRGINIA BERMÚDEZ ROMERO - los cuales a su vez

resultaban consistentes con el interrogatorio de parte rendido por la

señora TORRES LÓPEZ-, el Tribunal omitió dar el mérito

probatorio a los mismos, de los cuales se desprendía que:

• La accionada debía cumplir un horario establecido de

07:00 a.m. a 05:00 p.m. de lunes a viernes y turnos de

06:00 a.m. a 01:00 p.m. o de 01:00 p.m. a 07:00 u 08:00

p.m., y los sábados cada 15 días de 06:00 a.m. a 08:00

p.m.

• Debía acatar las directrices de atención impuestas por un

superior en cuanto al mínimo de usuarios por hora.

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• Para compensar los turnos u obtener la aprobación para

ausentarse de la institución debía tener aprobación de sus

superiores y reponer el tiempo del permiso y;

• Durante el tiempo de su vinculación, la E.S.E. contaba con

una fisioterapeuta en la planta de personal que ejercía sus

mismas funciones.

Sumado a lo anterior, se resalta que dentro de la providencia

acusada se pasó por alto que los noventa (90) contratos suscritos

entre la actora y la Institución por casi 11 años, correspondían a

contratos sucesivos y con períodos de interrupción de máximo tres

días y sin solución de continuidad, por lo que es dable advertir que

no se realizó un análisis en conjunto del material probatorio

aportado al expediente.

En efecto, verificada la sentencia enjuiciada, la Sala observa que el

Tribunal omitió analizar las copias de los contratos allegados como

prueba dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho, como también pasó por alto el dicho de la señora

VIRGINIA BERMÚDEZ ROMERO, quien afirmó que al momento

de estar vinculada la actora a la E.S.E., se encontraba una

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fisioterapeuta de nombre “LADY” al interior de la planta de

personal de la entidad, con idénticas funciones a las desarrolladas

por la actora, sin que ello fuera objeto de pronunciamiento por

parte de la autoridad judicial accionada.

Se destaca que, aun cuando se aportó copia del manual de

funciones del personal de la E.S.E. en el cargo de fisioterapeuta,

por medio del cual era posible constatar que el cargo desempeñado

por la actora existía en la planta de personal y era desempeñado

por otra persona, el Tribunal pasó por alto dicha prueba y omitió

pronunciarse al respecto.

En este punto, conviene a la Sala resaltar que, en cuanto al

elemento de la subordinación, la Sección Segunda de esta

Corporación, mediante sentencia de unificación de 30 de octubre de

202010, precisó lo siguiente:

“[…] De igual manera, en reciente decisión la subsección B de
esta sección segunda11 recordó que (i) la subordinación o
dependencia es la situación en la que se exige del servidor público

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 30 de octubre de
2020, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente identificado con el número de radicación
20001-23-39-000-2014-00382-01.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Gerardo

Arenas Monsalve, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-
2012-00020-01 (0316-2014), actora: Magda Viviana Garrido Pinzón, demandado: Unidad
Administrativa Especial de Arauca.

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el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen
reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le
corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir,
que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud,
que es el parámetro de comparación con los demás empleados de
planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia,
para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de
servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de
que se declare la existencia de la relación laboral y puedan
reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado
bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que
ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la
calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable
que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su
correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el
análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el
asunto sub examine.

[…]

Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos
de prestación de servicios, consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que
imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del
contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias
impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce
control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito.

Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe
una sujeción del trabajador hacia su empleador y, en tal
sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de
disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la
obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el
empleador impone las condiciones de tiempo, modo y
lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos,
para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le
asista ningún tipo de independencia […]”. (Destacado fuera
de texto).

De la sentencia de unificación traída a colación, la cual a su vez

sirvió de sustento de la decisión cuestionada, se advierte que la

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subordinación implica el cumplimiento de órdenes en cualquier

momento, de tal forma que el trabajador tiene la obligación de

obedecerle al empleador, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de

trabajo, se le imponen reglamentos, así como todas las condiciones

en la cual se prestará el servicio, sin que le asista ningún tipo de

independencia, diferente al principio de coordinación, en el cual

existe una concertación contractual, el contrato se cumple con

dependencia y armonía con el objeto para el cual fue contratado.

Con todo, la Sala observa que aun cuando la autoridad judicial

accionada fundamentó la decisión objeto de reproche en la

sentencia de unificación de 30 de octubre de 2020, no aplicó los

criterios allí expuestos, comoquiera que de haberlo hecho,

posiblemente la conclusión sería otra en cuanto al elemento de la

subordinación.

Lo anterior, toda vez que de las pruebas allegadas se desprende

que la actora debía obedecer órdenes de sus superiores en cuanto

al modo, tiempo y cantidad de usuarios que atendía por hora, se le

impuso condiciones para la prestación del servicio, se le daban los

instrumentos de trabajo y no le asistía ningún tipo de

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independencia en el ejercicio del mismo, desconociendo así los

límites del principio de coordinación.

La Sala resalta que el denominado contrato realidad, se configura

cuando “se constata en juicio la continua prestación de servicios

personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad

contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones,

con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de

desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de

verdaderos contratistas autónomos para configurar dependencia y

subordinación propia de las relaciones laborales”12.

Así las cosas, siguiendo la línea argumental, el Tribunal pasó por

alto los testimonios rendidos en el proceso, las copias de los

contratos suscritos y el manual de funciones de la planta de

personal de la E.S.E., lo cual condujo al yerro de que se declarara

no probada la subordinación en la relación laboral; sumado a lo

anterior, omitió aplicar los criterios acogidos por la Sección

Segunda de esta Corporación en la sentencia de unificación de 30

de octubre de 2020, referente al tema objeto de análisis.

12Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 30 de octubre de
2020, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente identificado con el número de radicación
20001-23-39-000-2014-00382-01.

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En este punto, es del caso destacar que esta Sala de decisión, en

un asunto con similar situación fáctica y jurídica a la presente,

amparó los derechos fundamentales de la actora al considerar que

no se valoró en debida forma el material probatorio obrante en el

expediente del cual era posible evidenciar que se configuró el

elemento de la subordinación.

En efecto, en sentencia de 3 de octubre de 201913, esta Sala

dispuso sobre el particular lo siguiente:

“[…] la Sala advierte que le asiste razón a la demandante, cuando
argumenta que se incurrió en los defectos fáctico y sustantivo,
pues como quedó visto, la autoridad judicial accionada no
valoró en debida forma las órdenes de servicio, que en los
casos traídos a colación fueron material probatorio
suficiente para constatar el presupuesto de subordinación
o dependencia y, en consecuencia, declarar la
configuración del contrato realidad.

Así mismo, interpretó de manera errónea lo dispuesto en la
normativa alegada, la cual ha sido ampliada por la
jurisprudencia14, que refiere sobre la potestad en la contratación
por parte de las Empresas Sociales del Estado en materia de

13
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de octubre de 2019, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radiación: 11001-
03-15-000-2019-03370-00.
14 Corte Constitucional, sentencia C-171 de 7 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas

Silva, sostuvo: “[…]En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha insistido que
el contrato de prestación de servicios con el Estado, solo se puede celebrar (i) para
aquellas tareas específicas diferentes de las funciones permanentes de la entidad, (ii) en
aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por las
personas vinculadas laboralmente a la entidad oficial contratante o (iii) cuando se
requieren conocimientos especializados. Respecto de las características del contrato de
prestación de servicios, la Corte ha precisado sus particularidades acerca del objeto de la
obligación, la autonomía e independencia del contratista, y la temporalidad de la vigencia
del contrato […]”.

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salud, que pueden celebrar contratos de prestación de servicios,
siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias
de la entidad, particularidad que se encontró probada en los
procesos ordinarios comparados, comoquiera que los cargos
desempeñados por los allí demandantes sí debían estar provistos
en la plata de personal del Centro de Salud atendiendo sus
funciones de carácter permanente, situación que también cobija a
la actora según lo expuesto en párrafos anteriores […]”.

Así las cosas, para la Sala la decisión del Tribunal vulneró los

derechos fundamentales invocados por la actora, comoquiera que

dejó de analizar en conjunto el material probatorio allegado al

plenario y, a su vez, no aplicó en debida forma la jurisprudencia

dispuesta para el asunto, la cual, si bien fue descrita en la

providencia acusada, no fue el fundamento de la decisión como

correspondía.

En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada incurrió en

los defectos fáctico y desconocimiento del precedente endilgados,

toda vez que realizó una indebida valoración probatoria e inaplicó

los criterios expuestos por la jurisprudencia contenciosa para los

casos en los cuales se pretenda discutir la configuración de un

“contrato realidad”.

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Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a

quo que amparó el derecho fundamental al debido proceso de la

actora y, en consecuencia, dejó sin efectos la providencia de 28 de

abril de 2021 proferida por el Tribunal dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 11001-33-35-015-2018-00324-01.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala modificará el numeral segundo

de la sentencia impugnada, en el sentido de otorgarle 40 días al

Tribunal cuestionado para que profiera la nueva decisión, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Código General

del Proceso15, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

15
“[…] Artículo 120. Términos para dictar las providencias judiciales por fuera de
audiencia
En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados
deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta
(40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin […]”.

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F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo del fallo impugnado,

el cual quedará así:

“[…] Segundo. - ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que
dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación
de esta providencia, profiera una nueva sentencia en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado con el Nº 11001-33-35-015-2018-
00324-01, en el que se tengan en cuenta las razones
expuestas en esta decisión […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el

artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de enero de

2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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