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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06487-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06487-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

15 de febrero de 2024

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06487-01
Demandante: Alejo de Jesús Conde Ascanio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06487-01
Demandante: Alejo de Jesús Conde Ascanio
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial. No prosperan las causales de
procedibilidad defecto fáctico y desconocimiento del precedente
judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia del 23
de noviembre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Alejo de Jesús Conde Ascanio, por conducto de apoderado, promovió
demanda en orden a que se le tutele su derecho fundamental al debido proceso y, en
consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, que en el término de 48 horas al recibo de la notificación del
fallo de tutela, emita sentencia de reemplazo en el medio de control de nulidad y

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Demandante: Alejo de Jesús Conde Ascanio

restablecimiento del derecho con radicado 11001334205520180032801 en el cual
fungió como demandante.

1.1.2. Los hechos

El accionante narra como hechos relevantes de la acción de tutela, los siguientes:

i) Interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional con el fin de obtener el pago de las
prestaciones sociales, entre otras, las vacaciones como consecuencia de la relación
legal y reglamentaria encubierta en los contratos de prestación de servicios que
celebró con la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

ii) El 9 de noviembre de 2022, el Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá profirió sentencia mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda
y, por consiguiente, declaró la nulidad del acto acusado y la existencia de la relación
laboral de derecho público entre el accionante y la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional y condenó a dicha entidad a pagarle a título de restablecimiento del
derecho las prestaciones sociales tomando como base para liquidarlas los salarios que
devengaba otro funcionario en un cargo equivalente, sumas debidamente indexadas.

Además, dispuso que la entidad condenada debía hacer el pago de los aportes a las
entidades de seguridad social por concepto de pensión e, igualmente, se declaró que
el tiempo laborado bajo la modalidad del contrato realidad correspondía ser computado
para efectos pensionales.

iii) El 9 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, revocó la decisión del a quo y denegó las
pretensiones de la demanda.

1.1.3. Los defectos invocados

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El accionante no señala alguna causal de procedibilidad en particular. Sin embargo,
se aprecia que las situaciones narradas en el escrito de tutela se adecuan a los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

1.1.3.1. Defecto fáctico:

En relación con este defecto se argumenta que la revocatoria del fallo del a quo,
dispuesta en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B resulta totalmente desacertada por cuanto de los
testimonios, especialmente el rendido por el mayor Gabriel Calle, en su condición de
supervisor del contrato, se infiere que al accionante se le impartían órdenes y que
ejecutó funciones ajenas al objeto contractual; además, el testigo Milton Marino
Meneses, fue observador fiel de la subordinación a la que fue sometido puesto que
también prestó servicios al Ejército Nacional y conoció que aquél cumplía un horario
junto con órdenes e instrucciones.

1.1.3.2. Defecto por desconocimiento del precedente judicial

Respecto del defecto por desconocimiento del precedente judicial se aduce en primer
lugar, que el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 9 de septiembre de
2021, radicado 01143-2021, abordó el problema de las prácticas fraudulentas que
vulneran los derechos de los trabajadores, entre ellas, los contratos estatales de
prestación de servicios que encubren relaciones laborales y estableció criterios claros
referidos a su duración, continuidad y a la necesidad de la devolución de aportes a la
seguridad social.

En segundo lugar, se menciona que el Consejo de Estado, Sección Primera, 1 profirió
sentencia del 27 de enero de 2022 en el proceso radicado 11001-03-15-000-2021-
05261-01, acción de tutela promovida por la señora Zuly Zayana Torres López en la
cual se concluyó que la decisión cuestionada en esa oportunidad vulneró los derechos
fundamentales de la actora por cuanto no se valoró adecuadamente el material
probatorio y tampoco se aplicó la jurisprudencia relacionada con el contrato realidad.

1 Posteriormente, el accionante en el escrito de tutela indica que esa decisión la profirió la Sección

Cuarta del Consejo de Estado

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1.2. Intervenciones:

1.2.1. Del Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

El juez Luis Eduardo Guerrero Torres intervino en la actuación y, expuso, que no se
observa que durante el trámite de la demanda ordinaria que se adelantó en ese órgano
judicial se le haya vulnerado el derecho al debido proceso al accionante toda vez que
tuvo la oportunidad de realizar las actuaciones propias de los derechos de defensa y
contradicción.

1.2.2. Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B

El magistrado Alberto Espinosa Bolaños en el escrito de intervención solicitó se
negaran las pretensiones de la demanda de tutela con fundamento en las siguientes
razones:

i) En la sentencia cuestionada se evidenció que la asistencia regular a las
instalaciones de la Dirección de Personal del Ejército Nacional por parte del accionante
obedeció a su decisión autónoma toda vez que el supervisor del contrato en su
declaración fue claro en señalar que lo único que debía verificar en la ejecución
contractual era que el contratista cumpliera con los objetivos trazados en el contrato
de prestación de servicios.

ii) Se examinó el testimonio rendido por el señor Milton Marino Meneses, del cual
logró inferirse que el cumplimiento o exigencia de un horario de trabajo no era una
política de la institución, cosa distinta es que los contratistas optaran por la asistencia
para optimizar el cumplimiento de las actividades contractuales.

iii) Las funciones que ejercía el señor Alejo de Jesús Conde requerían de un
conocimiento específico en las áreas de asesoramiento, verificación de actos
administrativos, elaboración de lineamientos y, por ello, conforme a las pruebas

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allegadas, se acreditó que el accionante contaba con la liberalidad de establecer las
propuestas para la elaboración y aprobación de diferentes documentos.

iv) El accionante no contaba con un jefe inmediato según lo narrado por su
supervisor el señor Jesús Gabriel Calle sino que era consultado para brindar las
asesorías por parte de los mandos que lo requerían, por ese motivo, se analizó en el
fallo que la supervisión del contrato no puede equipararse a la que realiza un jefe, es
decir en el sub-lite, no existió poder de dirección en la actividad laboral, dado que se
verificó el cumplimiento de reglas para el manejo de las acciones encomendadas, lo
cual hace parte de una labor de coordinación entre la administración y el contratista.

v) Las contrataciones del accionante con el Ejército Nacional tuvieron como
fundamento que dicha entidad no contaba con el recurso humano idóneo y suficiente
para la ejecución de las labores de asesoramiento y consulta a cargo de la
dependencia de talento humano y por ello fue necesario contratar un profesional con
conocimientos específicos en el derecho laboral, aunado a la circunstancia de que en
la planta de personal no existían personas que ejercieran las labores que
desempeñaba el accionante.

1.3. Sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 23 de noviembre de
2023, declaró improcedente la acción de tutela con fundamento en lo siguiente:

i) En el asunto, según se puede interpretar, el actor planteó la configuración de
los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial; sin embargo, las
inconformidades planteadas no contienen la carga argumentativa necesaria en los
términos de la sentencia SU-215 de 2022, motivo por el cual la acción de tutela no
satisface el requisito de relevancia constitucional.

ii) No es suficiente que el actor afirme que se vulnera su derecho fundamental al
debido proceso para que se satisfaga el mencionado requisito, pues es necesario que
el escrito contentivo de la acción de tutela contenga un sustento hermenéutico y

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argumentativo que permita vislumbrar que ciertamente la controversia gira en torno al
alcance, contenido y goce de un derecho fundamental.

iii) Conforme a lo expuesto, se advierte de manera indiscutible que la controversia
propuesta versa en un simple desacuerdo del accionante con la valoración probatoria
efectuada, pues en su sentir, las declaraciones de los señores Jesús Gabriel Calle
Gutiérrez y Milton Marino Meneses Saavedra daban cuenta de la subordinación a la
cual estuvo sometido por parte del Ejército Nacional.

iv) No es posible, en este caso, la intervención del juez constitucional, en tanto que
lo perseguido por el accionante es crear una tercera instancia para inmiscuirse en la
órbita del juez natural con la finalidad de que se realice una nueva apreciación de las
pruebas obrantes en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho lo
cual atenta contra el principio de autonomía judicial.

1.4. impugnación

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia y, en síntesis, señaló que al
analizar detenidamente la prueba testimonial en orden a controvertir el fallo de tutela
de primera instancia se observa lo siguiente:

i) Del minuto 24 al 27 el señor Milton Marino Meneses, también contratista del
Ejército Nacional hizo una narración de «las circunstancias de tiempo, modo y lugar»
y refirió que siendo contratista lo «obligaban a llegar a una hora determinada y lo
obligaban a irse a una hora determinada» y al minuto 27 al 30 el mencionado
declarante, adujo que observó al accionante permanecer en su puesto de trabajo dado
que «él tenía un escritorio»; además, manifestó con respecto a los elementos de
trabajo tales como el computador que eran de propiedad «de la entidad».

En el minuto 36:37, el anterior declarante en atención a la inquietud tendiente a
establecer si el accionante cumplía un horario de trabajo, respondió que en varias
ocasiones le dijeron que en su condición de civil tenía que llegar a una hora
determinada, es decir a las 7: 00 a.m. y salir a las 5:30 p.m.; sin embargo, refiere que
en su caso particular le informó al supervisor junto con otra compañera que en virtud

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del vínculo contractual existente no podía ser sometido a un horario y por eso no lo
cumplió.

En el minuto 53 el declarante Jesús Gabriel Calle Gutiérrez, supervisor del contrato
afirmó lo siguiente en relación con el cumplimiento de un horario de trabajo por parte
del accionante «sí, él entraba con nosotros y salía con nosotros» y respecto a si tenía
asignado por parte de la entidad algún puesto de trabajo o algún elemento para realizar
su actividad informó que en la oficina del Coronel Arias contaba con «computador, silla,
asiento, bueno, todo»; además, refiere el declarante al minuto 54, que el accionante
para ingresar portaba un carnet y en relación con la frecuencia con la que se reunía
con el accionante contestó que todos los días «a menos que el pidiera un permiso para
hacer alguna diligencia personal» y que «algunas veces como lo tenían haciendo otras
cosas no podía yo estar directamente con él, y tampoco lo veía necesario porque yo
simplemente trazaba el objetivo», además agregó, «que el contratista cumpla con su
objetivo. Pero pues él hacía otras cosas allá con mis superiores».

Con respecto a la periodicidad con la que ejercía la labor, refiere el anterior declarante
que los contratistas cuando finalizaban su contrato para «cuidar» que los vincularan
nuevamente, asistían a cumplir labores sin vínculo contractual, es decir se
presentaban a realizar «lo que les pusieran a hacer», situación que considera una
falencia institucional derivada de la falta de asignación presupuestal. De otro lado,
expresó que el accionante recibía órdenes de varios mandos de la entidad impartidas
por un subteniente, el director de planes y una coronel que incluso se enojó en una
oportunidad porque no le contestó el whatsapp.

ii) Los testimonios anteriores, demuestran que evidentemente la relación que
existió entre el accionante y el Ejército Nacional fue la propia de un contrato de trabajo
y no de prestación de servicios dado que el cumplimiento de un horario, la solicitud de
permisos, la asistencia a reuniones y el desarrollo de diversas tareas no comprendidas
en los objetivos contractuales acreditan la existencia de subordinación, en la forma
como lo consignó el magistrado Luis Gilberto Ortegón Ortegón en el salvamento de
voto presentado en la sentencia cuestionada.

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iii) Conforme a la anterior valoración probatoria, se configura la vía de hecho y, por
ende, acorde al precedente análisis de la prueba testimonial solicita revocar la
sentencia del a quo.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela del 23 de
noviembre de 2023, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante
el cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del 9 de junio de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado núm. 11001-3334-2055-2018-00327-01. En caso afirmativo, se analizará, en
segundo lugar, si con la adopción de la referida decisión se incurrió en las causales de
procedibilidad defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos

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resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional, en Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no
puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia
C-590 de 20053, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que
hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada
la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir

2
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente
y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de
naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material
o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el
hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al
menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20124, unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se está en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la
ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 20145 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ)
5
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)

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inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra la sentencia del 9 de junio de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B

2.4.1. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.

2.4.2. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la decisión censurada fue proferida dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

2.4.3. Se presentó con inmediatez, pues la sentencia cuestionada es del 9 de junio
de 2023 y la acción de tutela se presentó el 20 de octubre de 2023, es decir, se
satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el
término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.

2.4.4. El asunto tiene relevancia constitucional y, en consecuencia, a diferencia de
lo sostenido por la Sección Quinta de esta corporación en la sentencia impugnada, la
invocación de la protección del derecho fundamental al debido proceso permite
evidenciar una posible restricción desproporcionada respecto de esta garantía, lo cual
es suficiente para considerar que se cumple con este presupuesto.

2.4.5. Se agotaron los medios de defensa judicial, puesto que contra la decisión
objeto de la acción de tutela no caben otros medios de defensa judicial ni el recurso
extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 y s.s del CPACA.

2.5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, la parte accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de

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procedibilidad del amparo6 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error
inducido, que ocurre cuando el juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución, que se predica cuando, de
manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados
recogidos en la carta política.

Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.

En el presente asunto, la parte accionante no formula en concreto alguna causal de
procedibilidad. Sin embargo, de los fundamentos de hecho y de derecho se observa

6 Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas

de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.

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que los argumentos expuestos pueden encausarse en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial. En este orden de ideas y con la finalidad de
determinar la procedibilidad del amparo y la consiguiente tutela o no, del derecho
fundamental al debido proceso, la Sala hará un examen del marco normativo y
jurisprudencial de las mencionadas causales.

2.6. Marco normativo y jurisprudencial de las causales de procedibilidad
defectos fáctico y desconocimiento del desconocimiento del precedente judicial

2.6.1. Defecto fáctico

De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico
cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta
incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión».7

En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende valoraciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la valoración probatoria
es manifiestamente arbitraria. En palabras de la Corte:

[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación
probatoria del juez de conocimiento.8 [Negrillas fuera del texto]

De acuerdo con las características del sub examine, la Sala hará énfasis en la hipótesis
denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio»9,
cuando advierta que el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
apartarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio

7
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1021 de 2005. M. P. Jaime Araujo Rentería.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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el asunto jurídico debatido10; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas, no se
abstiene de excluirlas y, por el contrario, con base en ellas fundamenta su decisión. 11

En términos generales, de acuerdo con una sólida línea jurisprudencial establecida por
la Corte Constitucional, el supuesto de indebida valoración probatoria se configura,
entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de
existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto,
esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin

10
Mediante sentencia T-450 de 2001, por ejemplo, se declaró la configuración de este defecto, debido
a que un juez de familia, dentro de un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla en detrimento del demandado. Textualmente se consignó: «en el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de
aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su
determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando
a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones
suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso que
se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió
conocer de la tutela, cuando afirma que: «a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas
materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer
es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio,
contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera
ostensiblemente el debido proceso». Por estas razones el fallo de instancia será confirmado». 11
Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que resuelto mediante sentencia SU-159 de 2002,
en el cual se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de
comunicaciones) tendría la virtualidad de comunicar su vicio a las demás pruebas del proceso. Sostuvo
la Corte en aquella oportunidad: «sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis constitucional en
este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto fáctico. La Corte encuentra que la grabación de la
conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía General como por la
Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la resolución de acusación
y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que provienen de fuentes
separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya consistido en la información
periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de ella. En
este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una actividad investigativa que la
condujo a pruebas independientes de la grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y
después de la adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las comunicaciones provenientes de
las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo la adjudicación por parte de integrantes
del comité correspondiente, el análisis de la elaboración y aplicación de una gráfica de criterios de
adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas completamente ajenas al contenido de la
conversación ilícitamente interceptada y grabada (...) La Corte también rechaza la insinuación de que
una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La Constitución garantiza que la prueba
obtenida con violación del debido proceso sea excluida del acervo. Pero no se puede confundir la
doctrina de los frutos del árbol envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de
frutas. La primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la
Constitución.

La segunda llegaría hasta exigir que además de excluir las pruebas viciadas, se anulen
las providencias que se fundaron en un acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas
independientes de las pruebas ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para
sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni valorar las manzanas
contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad suficiente de pruebas sanas».

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un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas
manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en
un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad
sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.

En armonía con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, solo es factible fundar
una acción de tutela frente a un defecto fáctico, cuando se observa que la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente
arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia».12

En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico, cuando pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica,
de manera tan evidente, que su decisión se muestra forzada y contradictoria de la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.

Finalmente, es pertinente referir que, en Sentencia SU 495 de 202013— la Corte
Constitucional sobre el defecto fáctico, señaló:

Esta Corte ha sido clara en resaltar que los jueces de conocimiento tienen amplias
facultades discrecionales para efectuar el análisis del material probatorio en cada caso
concreto.14 Sin perjuicio de esto, ha señalado que tal poder discrecional debe estar
inspirado en los principios de la sana crítica, debiendo atender los criterios de
objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución
y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad sería entendida como arbitrariedad judicial,

12
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994.
13
Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.
14
La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del
material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia

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hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría
revocar la providencia atacada.15

84. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico “surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión”.16 En ese sentido, la Corte ha señalado que este tipo de
yerro tiene relación con la actividad probatoria desplegada por el juez, y comprende
tanto el decreto y la práctica de pruebas, como su valoración.17 Por lo tanto, teniendo
en cuenta que la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia
adicional del procedimiento judicial que se cuestiona18 la protección de la acción de
tutela por defecto fáctico puede encuadrarse cuando la actuación probatoria del juez
permita identificar un error ostensible, flagrante y manifiesto, que tenga una incidencia
directa en la decisión adoptada19.

85. Esta corporación ha reiterado en su jurisprudencia tres eventos en los que
se configura el defecto fáctico, a saber20 “(i) omisión en el decreto y la práctica de
pruebas indispensables para la solución del asunto jurídico debatido, (ii) falta de
valoración de elementos probatorios debidamente aportados al proceso que, de
haberse tenido en cuenta, deberían haber cambiado el sentido de la decisión adoptada
e (iii) indebida valoración de los elementos probatorios aportados al proceso, dándoles
alcance no previsto en la ley”21

2.6.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial

En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
―horizontal o vertical― se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente22, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas

15
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran
poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho
poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la
adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este
desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da
por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente” (resaltado fuera
del texto original).
16
ibidem
17
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
18
Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2004.
19
Corte Constitucional, sentencias T-442 de 1994 y T-781 de 2011.
20
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
21
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 2007.
22 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-

087 de 2007, T-4Treinta y séis de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.

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jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la Sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente23; b) que se trate de un problema
jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho
parecido al que se debe resolver con posterioridad.24

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado
a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que
hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o
por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.25

En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por los
funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.26 Sin embargo,
en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de las
autoridades mencionadas, son los Tribunales los encargados de establecer los
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.27

23 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa

de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes
y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de
argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión
adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el
precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido
por los jueces».
24Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
25Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
26Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
27Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

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En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas:
«(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no
pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales
consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».28

En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud al acatamiento a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.29

De otra parte, en la Sentencia SU 332 de 2019,30 la Corte Constitucional se refirió al
desconocimiento del precedente de las Altas Cortes y para el efecto señaló: (tiempo
verbal en consonancia con el anterior resaltado) (verificar porque ese comentario ya
estaba en el proyecto, esperamos que no se haya quedado en el que se tomó de base
para este).

Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia

15. Esta Corte diferenció dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, para lo
cual tomó como criterio diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene como

28Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
29Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-

634 de 2011, entre otras.
30Referencia: Expedientes acumulados: T-5904426 (Elsa Marina Ñustes Lozano), T-5904482 (Luis

Hernán Medina Urueña),T-5912659 (Margoth Rivera de Quevedo), T-5942333 (Mercedes Castro
Pinilla), T-5942352 (Hipólito Arévalo Tique), magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado,
sentencia del 245 de julio de 2019.

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referente. En esa medida, el precedente horizontal hace referencia al respeto que un
juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces de igual
jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados por las
instancias superiores en cada jurisdicción encargadas de unificar la jurisprudencia.

16. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos
Tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los
principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido proceso.
Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para mantener la
coherencia del sistema.

2.7. Hechos probados

2.7.1. El señor Alejo de Jesús Conde Ascanio formuló el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional y solicitó se declarara la nulidad de la Resolución No. 20181790517221 del
20 de marzo de 2018 por medio de la cual se resolvió de manera negativa el
reconocimiento de la relación laboral entre las citadas partes y el pago de las
acreencias laborales reclamadas.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, deprecó
se declarara la existencia de la relación laboral y se condenara a la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional a pagar a su favor las cesantías, los intereses a las
cesantías, las primas de servicios, vacaciones y la devolución de aportes al Sistema
de Seguridad Social en el porcentaje que le corresponde a la demandada como
empleador, junto con la indexación y las costas del proceso.

2.7.1. El 9 de noviembre de 2022, el Juzgado Cincuenta y Cinco (55) Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, profirió fallo mediante el cual
accedió a las pretensiones de la demanda, entre otras, con fundamento en las
siguientes razones:

De lo anterior, se concluye que las actividades no eran esporádicas ni transitorias, sino
por el contrario, propias de la entidad, en actividades que esta requiere para su trabajo
diario, como proyectar, asesorar, realizar verificación jurídica, entre otras, por lo cual, a
pesar de que no exista un cargo con las mismas funciones, es evidente que son
esenciales para el cumplimiento de los objetivos de la demandada.

De igual forma, se puede afirmar que no pueden ser desempeñadas de forma
independiente, puesto que requieren para ser desempeñadas de orientación y
aprobación de superiores, así como de otras áreas de la entidad, no de otra forma se

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entiende, como una de sus labores era proyectar sobre aspectos legales, lo cual implica
aprobación de un superior y no trabajo realizado de manera autónoma.

Adicionalmente, se determinó que el demandante realizaba prestación directa de su
labor, en una actividad que si bien requería de conocimientos en derecho de la
especialidad laboral, no pueden ser catalogados como científicos específicos, sino de
asesoría continua en el desarrollo de actividades de la entidad, relacionadas
específicamente con el talento humano, acciones constitucionales y demás que le fueran
solicitadas, actividades que debía desarrollar al interior de esta y en horarios en que el
personal de planta se encontrara disponible.

Así las cosas, no se logró demostrar que el demandante haya podido realizar de manera
independiente y sin dirección sus trabajos; luego, estos elementos llevan a establecer
que el señor Conde Ascanio, actuó bajo permanente subordinación, en tanto, cumplía
sus funciones de acuerdo a las órdenes impartidas por superiores. Por tanto, resulta
evidente que no se cumplen con las características del contrato de prestación de
servicios.

2.7.2. El 9 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y decidió revocar la sentencia de primera
instancia, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda con fundamento
en las razones que serán analizadas seguidamente en esta providencia.

2.8. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.8.2. Defecto fáctico

El accionante fundamenta este defecto en que de las afirmaciones expuestas por los
testigos Milton Marino Meneses Saavedra y Jesús Gabriel Calle Gutiérrez se infiere la
existencia del elemento subordinación en la relación contractual y, por ende, considera
que la valoración probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B que revocó el fallo favorable a las pretensiones de la
demanda incurre en vía de hecho por cuanto desconoció la existencia del mencionado
elemento encubierto en los contratos de prestación de servicios que celebró con el
Ejército Nacional.

La Sala observa que la citada corporación judicial consignó la siguiente valoración
probatoria con fundamento en la cual concluyó que no se encontraba acreditado el
citado elemento:

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i) La asistencia regular a las instalaciones de la Dirección de Personal del Ejército
Nacional obedeció a una decisión autónoma del actor, si se tiene en cuenta que según
la declaración del señor Jesús Gabriel Calle Gutiérrez, supervisor del contrato, lo único
que debía verificarse y establecerse era que el señor Conde Ascanio cumpliera con
los objetivos que se trazaban en virtud de las actividades descritas en el referido
contrato.

ii) Conforme lo señaló el señor Milton Marino Meneses Saavedra, quien también
ejercía las funciones de abogado asesor, pero en otra área, en su caso, no cumplió
con un horario de trabajo en tanto con su supervisor así lo acordó, lo cual permite inferir
que el cumplimiento o exigencia de una jornada determinada no era una política
institucional pues los contratistas podían entrar o salir de la entidad cuando lo
requirieran, cosa distinta es que optaran por la asistencia. Además, como el declarante
no cumplía un horario no podía verificar si el accionante estaba en idéntica situación a
la suya.

iii) Las funciones que ejercía el accionante requerían de un conocimiento
específico en el asesoramiento, verificación de actos administrativos, elaboración de
lineamientos, vale decir, comprendían la necesidad de contar con conocimientos en el
derecho laboral y para ejecutarlas contaba con la liberalidad de establecer propuestas
para la aprobación de los diferentes documentos y actos administrativos que
elaboraba.

iv) Lo anterior implica que si bien recibía instrucciones o lineamientos respecto de
las actividades a desarrollar dado su conocimiento tenía la función de socializar los
diferentes actos administrativos a la comunidad militar por ser el autor de éstos, como
por ejemplo sucedió respecto de la Resolución No. 02091 de 2017 respecto del acoso
laboral. Aunado a lo anterior, le correspondía verificar los informes de gestión, en un
plano de autonomía.

v) Como lo señaló el señor Jesús Gabriel Calle Gutiérrez, supervisor del contrato,
el actor no contaba con un jefe inmediato que le impartiera órdenes, sino que era
consultado o se le solicitaban asesorías por parte de los mandos que lo requerían en
virtud de su especial conocimiento, tareas que eran propias de las actividades

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descritas en los contratos de prestación de servicios y que implicaban prestar servicios
en las diferentes dependencias de la entidad, entre ellas, la de talento humano o de
personal.

vi) En síntesis, las funciones del supervisor del contrato no pueden equipararse a
las que realiza un jefe, toda vez que recibir instrucciones en algunos eventos
específicos, como sucedió en el caso del accionante, no refleja necesariamente un
poder de dirección en su actividad laboral sino el cumplimiento de reglas para el
manejo de las acciones encomendadas. En ese sentido, el Consejo de Estado 31 ha
sido constante en señalar que recibir instrucciones hace parte de una labor de
coordinación entre la administración y el contratista a efectos de cumplir a cabalidad
el objeto del contrato.

vii) El uso de los sistemas de información de propiedad de la entidad, así como de
otros elementos de trabajo como el escrito, son herramientas que facilitan la labor que
deben desempeñar los contratistas.

viii) Las contrataciones del demandante con el Ejército Nacional tuvieron por
fundamento que no se contaba con el recurso humano idóneo y suficiente para la
ejecución de las labores de asesoramiento y consulta a cargo de las dependencias de
talento humano y personal, razón que justifica contar con un profesional con
conocimientos específicos en el derecho laboral, es decir, que el accionante no
cumplía labores iguales o semejantes a las del personal de planta.

La Sala aprecia que el Tribunal accionado, con base en la autonomía que le asiste en
el análisis y valoración de los medios de prueba, hizo una ponderación razonable con
fundamento en la cual concluyó, que no se acreditó el elemento subordinación, dado
que consideró que las declaraciones testimoniales no eran suficientes para inferirla.

Con sustento en lo expuesto se advierte con nitidez que no se configura el defecto
fáctico en la valoración de los medios testimoniales rendidos por los señores Milton
Marino Meneses Saavedra y Jesús Gabriel Calle Gutiérrez, como se invoca en el

31 Sentencia del 31 de enero de 2008, consejero ponente: Jaime Moreno García, radicado: 047001-23-

31-000-2003-00212-01 (6615-05).

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escrito de tutela, dado que en la sentencia cuestionada se valoró el contenido de las
mencionadas piezas probatorias en aras de examinar, hechos potencialmente
indiciarios según la jurisprudencia del Consejo de Estado,32 para efectos de establecer
la subordinación tales como el lugar de trabajo, el horario laboral, la dirección y el
control efectivo de las actividades a ejecutar y si éstas correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta.

Los anteriores aspectos, en forma comprensiva fueron examinados por el Tribunal en
la sentencia cuestionada en la que se consignó un razonamiento que la Sala no
observa inmerso en los presupuestos para configurar el defecto fáctico los cuales
versan en el error ostensible, flagrante y manifiesto en el juicio valorativo de las
pruebas con incidencia directa en la decisión. En ese sentido, lo que se advierte es
que esa corporación judicial, acorde al acervo probatorio testimonial y documental
pudo concluir que no se acreditó el elemento subordinación dado que las instrucciones
que en algunos eventos específicos recibió el accionante no respondieron a un poder
de dirección de su actividad sino al cumplimiento de reglas propias en la labor de
coordinación.

En ese orden de ideas, lo que se advierte es que el accionante está inconforme con la
lógica y el estudio realizado por el fallador en el análisis probatorio con fundamento en
el cual se concluyó que no se acreditó el elemento subordinación en el vínculo
contractual que sostuvo con el Ejército Nacional y, en virtud de lo anterior, se observa
que utiliza la acción de amparo para plantear un reexamen de las piezas testimoniales
lo cual no resulta de recibo para la Sala, porque de admitirse se afectaría el juicio
interpretativo del juez natural, el que no se evidencia irracional o desproporcionado.

2.8.3. Defecto desconocimiento del precedente jurisprudencial

Sobre el particular, cabe anotar que el accionante alude que se omitió aplicar las
pautas señaladas, en primer lugar, en la sentencia de unificación del Consejo de

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de jurisprudencia, medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
demandante: Gloria Luz Manco Quiroz, demandado: Municipio de Medellín, Personería de Medellín y
otro

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06487-01
Demandante: Alejo de Jesús Conde Ascanio

Estado del 9 de septiembre de 2021, radicado 01143-2021 y, en segundo lugar,
también proferida por esa corporación a través de la Sección Primera,33 en el proceso
radicado 11001-03-15-000-2021-05261-01 del 27 de enero de 2022, acción de tutela
promovida por la señora Zuly Zayana Torres López.

La Sala observa que respecto de la primera sentencia se indica que en su contenido
se abordó el problema de las prácticas fraudulentas que vulneran los derechos de los
trabajadores, entre ellas, los contratos estatales de prestación de servicios que
encubren relaciones laborales y estableció criterios claros referidos a su duración,
continuidad y a la necesidad de la devolución de aportes a la seguridad social y,
respecto de la segunda decisión, se aduce que la decisión se adoptó porque la
sentencia que fue objeto de la acción de tutela vulneró los derechos fundamentales de
la actora por cuanto no se valoró adecuadamente el material probatorio y tampoco se
aplicó la jurisprudencia relacionada con el contrato realidad.

Como se observa, no se exponen de forma específica los motivos o razones por los
cuales se presenta el desconocimiento en la sentencia cuestionada de los fallos
referidos y, por ende, la Sala no encuentra elementos de juicio que le permitan analizar
la presunta contrariedad. Además, en virtud del carácter interpartes de la acción de
tutela, esto es, por cuanto tiene la finalidad de examinar casos particulares, era
necesario que se identificara la regla de decisión establecida en cada una de esas
decisiones que se indican como desconocidas para efectos de establecer, si a su turno,
ésta fue quebrantada por el fallo recurrido en sede de tutela.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye, en primer lugar, que deberá
revocarse la sentencia impugnada que declaró la improcedencia de la acción de tutela
toda vez que sí se encuentra superada la exigencia de relevancia constitucional y, en
su lugar, se dispondrá la denegatoria de la vía de amparo por cuanto no se advierten
subsumidas en la sentencia cuestionada las causales de procedibilidad defecto fáctico
y desconocimiento del precedente judicial.

33 Posteriormente, el accionante en el escrito de tutela indica que esa decisión la profirió la Sección

Cuarta del Consejo de Estado

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06487-01
Demandante: Alejo de Jesús Conde Ascanio

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar el numeral primero de la sentencia del 23 de noviembre de 2023,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Alejo de Jesús Conde
Ascanio. En su lugar, denegar la vía de amparo por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

M.E.C.G

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