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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01780-00

Fecha
10 de mayo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01780-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00 Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Yenny Andrea Sánchez Lesmes, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01780-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandantes: Yenny Andrea Sánchez Lesmes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para lograr el reconocimiento de una relación laboral
encubierta / Límite temporal reconocido es acorde con el
pretendido / Desconocimiento del precedente jurisprudencial,
defecto fáctico y decisión sin motivación

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Yenny Andrea Sánchez Lesmes, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Yenny Andrea Sánchez Lesmes promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2023
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 11001334205220210008201.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje2, con el fin de
lograr la anulación del acto administrativo por el cual se le negó el reconocimiento y

1 Ver índice 2 de Samai en el expediente 11001-03-15-000-2024-01780-00. Actuación denominada

«4ED_TUTELAPORVIADEHECHOL(.pdf) NroActua 2»
2 En adelante SENA

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes

pago de las prestaciones sociales adeudadas con ocasión de los servicios
profesionales proporcionados a través de diversos contratos de prestación de
servicios del 26 de enero de 2015 al 30 de enero de 2018.

ii) El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con
sentencia del 6 de septiembre de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda
al considerar que se estructuraron los elementos para declarar la existencia de una
relación laboral encubierta, del 26 de enero de 2015 al 30 de enero de 2018. En
contra de esta decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
con sentencia del 24 de febrero de 2023 confirmó parcialmente lo resuelto por el a
quo, pues, la modificó «en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y demás emolumentos legales devengados por un “profesional”
código 2020, grado 01 empleo de planta de similares funciones o equivalentes a las
desarrolladas por la actora, teniendo como base salarial los honorarios pactados en cada
uno de los contratos». Contra esta decisión la parte demandante solicitó aclaración,
adición y corrección, que fue negada en providencia del 17 de noviembre de 2023.

iv) En relación con esa decisión, la corporación judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico3, pues, «las pruebas
documentales que acreditaban que prestó sus servicios para el estado entre el 26 de enero
de 2015 al 30 de diciembre de 2018, así como tampoco se tuvieron en cuenta los
testimonios ni el interrogatorio de parte […] los contratos y /o certificaciones expedidas por
la entidad demandada donde acreditan que la señora YENNY ANDREA SANCHEZ
LESMES trabajó para la entidad de manera ininterrumpida desde el día 26 DE ENERO DE
2015 hasta el día 30 DE DICIEMBRE DE 2018».

En desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado4 y de la
Corte Constitucional5 referente al contrato realidad.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. AMPARAR los derechos Al PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD
SOBRE LAS FORMALIDAD, PRINCIPIO DE ULTRA Y EXTRA PETITA, DEBIDO
PROCESO E IGUALDAD PROCESAL, de la señora YENNY ANDREA SANCHEZ
LESMES.

2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION
SEGUNDA - SUBSECCION “E”, en amparo a los derechos enunciados, MODIFICAR el

3 Bajo similares argumentos se invocó como casual de procedencia especifica decisión sin
motivación
4 Al respecto citó: i) Sección Segunda, Sentencia de unificación 0026 de 2016, CP: Carmel Perdomo

Cuéter; ii) Sección Primera, Sentencia del 27 de enero de 2022, rad 11001-03-15-000-2021-05261-
01, CP: Nubia Margoth Peña Garzón
5 Al respecto citó: i) Sentencia C-154 de 1997, MP: Hernando Herrera Vergara.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes

auto proferida el seis (6) de septiembre de 2022, notificada el día 6 de septiembre de
2022, que modificó parcialmente la sentencia de primera instancia e indique que los
extremos laborales corresponde a 26 de enero de 2015 hasta el 30 de diciembre de
2018, y no, hasta el mes de enero de 2018, como quiera que así lo referenció el a quo
en varios apartes de la sentencia recurrida.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí
tutelados […]» [sic].

1.2. Informe rendido en el proceso

1.3.1. El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá6 solicitó su desvinculación, toda vez que no vulneró ningún derecho
fundamental, pues, en la demanda se solicitó declarar la existencia de una relación
laboral del 26 de enero de 2015 al 30 de enero de 2018, y así quedó fijado el litigio
en audiencia donde asistió la apoderada sustituta de la demandante, sin que
interpusiera recurso.

De acuerdo con lo anterior, se profirió sentencia favorable de primera instancia en
la que se reconoció las prestaciones sociales pretendidas del 26 de enero de 2015
al 30 de enero de 2018; lo cual si bien fue modificado por el ad quem, mantuvo el
periodo de reconocimiento exactamente igual.

1.2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E7 solicitó se negara la petición de amparo, pues, basta hacer una
lectura del litigio propuesto en sede de nulidad y restablecimiento del derecho donde
la demandante pidió la nulidad del acto por medio del cual el SENA, «negó el pago de
las prestaciones sociales requeridas en razón a la labor desempeñada como abogada en
el área de relaciones corporativas e internacionales, durante el período comprendido entre
el 26 de enero de 2015 al 30 de enero de 2018». Periodo en el que fue declarada la
existencia de una relación laboral encubierta tanto en primera como en segunda
instancia.

Destacó que centró su análisis en el periodo del 26 de enero de 2015 al 30 de enero
de 2018, en tanto la decisión del 16 de septiembre de 2021 en la que se fijaron como
extremos laborales quedó debidamente ejecutoriada, sin recurso alguno de las
partes.

La solicitud de aclaración, adición y corrección de la sentencia fue negada mediante
la providencia del 17 de noviembre de 2023 en la medida que pretendió se emitiera
un nuevo pronunciamiento respecto a la delimitación de los extremos temporales,
aspecto que fue ampliamente desarrollado en el fallo de segunda instancia.

6 Ver índice 9 de Samai en el expediente 11001-03-15-000-2024-01780-00. Actuación denominada

«12RECIBEPRUEBAS_MEMORIAL_RESPUESTATUTELA20240(.pdf) NroActua 9»
7
Ver índice 10 de Samai en el expediente 11001-03-15-000-2024-01780-00. Actuación denominada
«13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-20240178000INFORM(.pdf) NroActua 10»

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes

Finalmente, la decisión sin motivación y el desconocimiento del precedente judicial
no se configuraron, en la medida que la sentencia se profirió conforme al material
probatorio allegado debidamente al expediente, y si bien «encontró demostrada la
prestación del servicio por el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de diciembre
de 2008, en atención a que la demanda señalaba como extremo temporal el 30 de enero
de 2018 (fecha que también fue señalada por el juzgado de instancia al momento de fijar el
litigio) no ordenó el reconocimiento de suma alguna por este período».

1.2.3. El SENA8 guardó silencio frente a la solicitud de amparo.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa - falta de
legitimación en la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,9 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y otro.

2.2. Cuestión previa – falta de legitimación en la causa por pasiva

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.

8
Mediante auto del 16 de abril de 2024 fue vinculado como tercero con interés.
9 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes

La Corte Constitucional10 en relación con la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental11. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”12, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”13 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]»

El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá solicitó
su desvinculación del presente trámite constitucional, al señalar que no vulneró los
derechos fundamentales de la demandante.

Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en
razón al interés que le asiste al ser la autoridad judicial que decidió el asunto
contencioso-administrativo cuestionado en primera instancia, en aras de
garantizarles su derecho de defensa y contradicción, por lo que se negará dicha
solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado14 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.15 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las

10 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
11 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
12 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
13 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes

distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo16 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional17 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que tenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,18 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.19

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E vulneró los derechos fundamentales de Yenny Andrea
Sánchez Lesmes con ocasión de la sentencia 24 de febrero de 2023, a través de ll
cual confirmó la existencia de una relación laboral encubierta únicamente del 26 de
enero de 2015 al 30 de enero de 2018 cuando debió ser hasta el mes de diciembre
siguiente, al incurrir, presuntamente, en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente jurisprudencial?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto fáctico

El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,20 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,21 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».22 La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».23

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

20 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
21 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
22 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
23 Sentencia T-538 de 1994.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes

2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.5. Caso concreto

Yenny Andrea Sánchez Lesmes acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejará sin efectos
la sentencia proferida el 24 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en el sentido de que se reconozca

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes

la existencia de una relación laboral encubierta desde el 26 de enero de 2015 hasta
el 30 de diciembre de 2018 y no hasta el 30 de enero del 2018, como erróneamente
lo decidió.

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto fáctico
al omitir valorar «las pruebas documentales que acreditaban que prestó sus servicios para
el estado entre el 26 de enero de 2015 al 30 de diciembre de 2018, así como tampoco se
tuvieron en cuenta los testimonios ni el interrogatorio de parte […] los contratos y /o
certificaciones expedidas por la entidad demandada donde acreditan que la señora YENNY
ANDREA SANCHEZ LESMES trabajó para la entidad de manera ininterrumpida desde el
día 26 DE ENERO DE 2015 hasta el día 30 DE DICIEMBRE DE 2018»; y en
desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado24 y de la
Corte Constitucional25 referente al contrato realidad.

Ahora bien, dichos defectos se estudiarán en conjunto en atención a que la
motivación de cada uno se dirige a cuestionar el límite temporal en que se
reconocido la relación laboral encubierta, esto es, del 26 de enero de 2015 hasta el
30 de enero de 2018, pues, los elementos probatorios aportados daban cuenta que
la prestación de los servicios realmente ocurrió hasta diciembre de 2018.

Así, en la decisión judicial cuestionada, se observa que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E concluyó que el reconocimiento
de la relación laboral encubierta sostenida entre la demandante y el SENA fue del
del 26 de enero de 2015 al 30 de enero de 2018, ello en concordancia con lo
pretendido en la demanda. Al respecto, consideró en su providencia:

«[…] En el caso bajo examen, la demandante solicita en el recurso de apelación se
declare la existencia de una relación laboral durante el periodo comprendido entre el 26
de enero de 2015 al 30 de diciembre de 2018. En esa medida resulta importante aclarar,
que tanto en el escrito de demanda -acápite de pretensiones-, como en la audiencia
inicial celebrada el 16 de septiembre de 2021, la fijación del litigio en el presente asunto
se estableció como extremo temporal el período comprendido entre el 26 de enero de
2015 al 30 de enero de 2018, veamos:

“¿Es procedente la declaratoria de nulidad del Oficio N.º 11-2-2020-002561 de 31 de
enero de 2020, por medio del cual el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA negó el
reconocimiento y pago de acreencias laborales y prestacionales reclamadas por la
señora Yenny Andrea Sánchez Lesmes y, en consecuencia, se declare la existencia de
una relación laboral entre las partes; se paguen las acreencias laborales y prestacionales
reclamadas por la actora, debidamente indexadas y con reconocimiento de intereses
moratorios, a partir del 26 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 2018 -tiempo en
que prestó sus servicios personales en dicha entidad y desempeñó las mismas funciones
de un Profesional Grado 02 en el despacho de la regional capital; subsidiariamente, se
ordene su reintegro al cargo profesional grado 1?”. (Subrayado por el Despacho)

24 Al respecto citó: i) Sección Segunda, Sentencia de unificación 0026 de 2016, CP: Carmel Perdomo

Cuéter; ii) Sección Primera, Sentencia del 27 de enero de 2022, rad 11001-03-15-000-2021-05261-
01, CP: Nubia Margoth Peña Garzón
25 Al respecto citó: i) Sentencia C-154 de 1997, MP: Hernando Herrera Vergara.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes

Contra la anterior decisión ninguna de las partes interpuso recurso alguno, por lo tanto,
la decisión quedó debidamente ejecutoriada. En esa medida el período de
reconocimiento de la relación laboral que reclama la demandante y sobre el cual la Sala
centrará su análisis, recae desde el 26 de enero de 2015 al 30 de enero de 2018, y no
hasta el 30 de diciembre de 2018, como fue solicitado en el recurso de apelación […]
[sic]».

Por otra parte, se recuerda que la demandante elevó solicitud de aclaración, adición
y corrección de la sentencia con la intención de que se corrigieran los extremos
temporales en que se le reconoció la relación laboral encubierta, pues, según
insistió, ello debió ser hasta el mes de diciembre de 2018; lo cual fue negado con
providencia del 17 de noviembre de 2023, en los siguientes términos:

«[…] La parte actora afirma que se dejó de declarar la relación laboral hasta el 30 de
diciembre de 2018 conforme resultó probado y solo se realizó hasta el 30 de enero de
2018, aspecto que fue además objeto de apelación.

No obstante lo anterior, considera la Sala que la petición, no resulta procedente, en la
medida en que no existen conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda
en la parte resolutiva o influyan en ella, pues de la lectura de la sentencia se colige con
suficiente claridad que esta Corporación no acogió los planteamientos del recurso de
apelación en tal sentido.

[…]

Luego entonces, tales límites temporales fueron indicados así en la parte resolutiva de
la sentencia, esto es, se declaró la existencia de un contrato realidad entre el 26 de enero
de 2015 y el 30 de enero de 2018, por tanto, no existen frases o conceptos en la parte
motiva o resolutiva de la sentencia de 24 de febrero de 2023 que ofrezcan motivo de
duda, deban ser aclarados o reflejen algún tipo de error.

Tampoco hay lugar a la adición de la sentencia por cuanto no nos encontramos ante un
punto de derecho sobre el que se omitió resolver por parte de este Tribunal, sino que se
accedió a las pretensiones tal y como fueron invocadas en la demanda, las cuales
sirvieron de fundamento para la fijación del litigio en el trámite de la audiencia inicial
frente al cual no hubo oposición. Luego entonces, el error en que alega incurrió la parte
actora al momento de determinar las pretensiones de la demanda fue advertido al
momento de interponer el recurso de apelación, olvidando que las etapas del proceso
son preclusivas.

En suma, la parte actora pretende un nuevo pronunciamiento a su favor, frente a la
delimitación de los extremos temporales en los que se desarrolló la relación laboral,
aspecto que se encuentra suficiente y claramente desarrollado en la providencia cuya
solicitud de aclaración, corrección y adición solicita […] [sic]».
En este punto, llama la atención de la Sala el decir de la demandante en la solicitud
de amparo, pues afirmó que, si bien se equivocó en las pretensiones de la demanda,
del material probatorio allegado se desprenden las fechas reales en que prestó sus
servicios a la entidad demandada y que, como consecuencia de ello, era un deber
oficioso del juez de instancia corregir el error.

Al respecto, pese a que en el agotamiento de la vía administrativa la parte
demandante solicitó, como hoy lo pretende, el periodo comprendido entre el 26 de
enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2018, lo cierto es que la demanda

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes

contencioso-administrativa fue clara y expresa en referir como límite temporal a
reconocer solo hasta el 30 de enero de 2018, situación que fue reiterada en la etapa
de fijación del litigio, frente a lo cual las partes guardaron silencio.

Dicho ello, mal podría pretender la demandante que el juez de oficio determinara
reconocer derechos frente a periodos que no le fueron reclamados, lo cual soportó
la razón para que la autoridad judicial demandada hubiera reconocido la relación
laboral encubierta solo hasta el 30 de enero de 2018, sin contar, que bajo ese
presupuesto fáctico el SENA ejerció su derecho de defensa y contradicción; dicho
ello, es evidente que las actuaciones surtidas resultan acordes al principio de
legalidad y debido proceso.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
fáctico, desconocimiento del precedente jurisprudencial ni en irregularidad alguna,
debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan la materia y
aquella se apoyó en el material probatorio aportado al proceso, en el cual se solicitó
la declaración de una relación laboral encubierta del 26 de enero de 2015 al 30 de
enero de 2018, y así se reconoció.

En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Yenny Andrea Sánchez Lesmes, en la solicitud de
tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E y otro.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Juzgado Cincuenta y Dos
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01780-00
Demandante: Yenny Andrea Sánchez Lesmes

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Yenny Andrea
Sánchez Lesmes, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Cincuenta
y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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