Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06466-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06466-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06466-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de noviembre de 2023
Demandante: José Arturo Ávila Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06466-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06466-00
Demandante: JOSÉ ARTURO ÁVILA ROJAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCION SEGUNDA, SUBSECCION B
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedencia por
no superar el requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada por la parte
demandante contra la sentencia del 21 de septiembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B. En
ese fallo se confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Veinte Administrativo
del Circuito de Bogotá, en la que se negaron las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho incoadas por el accionante.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. José Arturo Ávila Rojas, actuando en nombre propio, presentó acción de
tutela contra la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Con la solicitud de amparo pretende que se le proteja su derecho
fundamental al debido proceso.
2. El accionante señaló que la garantía mencionada fue vulnerada con
ocasión de la sentencia del 21 de septiembre de 2023 que profirió la Sección
Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
confirmó la providencia del 25 de noviembre de 2021 dictada, en primera
instancia, por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá. En estas
decisiones se negaron las pretensiones de la demanda interpuesta en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número de radicación 11001-33-35-020-2020-00158-00/011.
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Promovido por el señor José Arturo Ávila Rojas contra la Defensoría del Pueblo.
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Demandante: José Arturo Ávila Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06466-00
1.2. Pretensiones
3. La parte accionante solicitó lo siguiente:
Que se ordene dentro de un plazo prudencial perentorio, en amparo de mi
derecho de debido proceso, para lo cual la Sala de la Subsección B, Sección 2ª,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá expedir otro fallo que
analice la totalidad de las pruebas aportadas para el elemento de la
subordinación y aplique el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado
establecido en la Sentencia de unificación 1317-2016, del 9 de septiembre de
2021, demandado, Personería de Medellín, M. P. William Hernández Gómez y
demás precedentes aquí enunciados.
1.3. Hechos
4. La Sala encontró relevantes los siguientes supuestos fácticos para la
decisión que se adoptará. Estos se extraen del escrito de tutela y de las demás
piezas procesales aportadas al proceso.
5. El señor José Arturo Ávila Rojas se desempeñó como contratista adscrito
a varias dependencias del nivel central de la Defensoría del Pueblo entre los años
1997 y 2018, mediante la suscripción de 32 contratos de prestación de servicios
durante cuya ejecución afirmó haber cumplido sus actividades «de forma
personal, subordinada y cumpliendo una jornada laboral, dentro del horario
establecido por la Defensoría, el cual iba desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm de
lunes a viernes».
6. Sostuvo que las funciones que desempeñaba se asimilaban a las del cargo
denominado profesional universitario grado 19 y que correspondían a lo
establecido en el artículo 26.3 de la Ley 24 de 1992, por lo que obedecían al
objeto misional de la entidad.
7. El último vinculo contractual sostenido por el accionante con la Defensoría
del Pueblo concluyó el 31 de agosto de 2018. Manifiesta que la terminación de
dicha relación conllevó para él y su familia graves afectaciones del derecho al
mínimo vital.
8. El 3 de octubre de 2019 presentó ante la Defensoría del Pueblo una
solicitud en la que pedía le fueran cancelados los valores correspondientes a las
prestaciones sociales que no le habían sido pagadas, por considerar que, en
realidad, el vínculo contractual referido era de índole laboral. La petición en
comento fue respondida negativamente mediante Oficio nro. 19-19580 del 24 de
octubre de 2019.
9. El acto administrativo mencionado fue demandado en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho por el accionante, proceso al que
correspondió el número de radicación 11001-33-35- 020-2020-00158-00/01. En
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primera instancia, el expediente fue conocido por el Juzgado Veinte
Administrativo del Circuito de Bogotá, que negó las pretensiones 2 por considerar
que no se acreditó la existencia de una subordinación del accionante en el
desarrollo de las actividades desplegadas como contratista.
10. Lo anterior, en tanto los documentos y testimonios presentados durante el
proceso «únicamente acreditan la vinculación del actor como contratista de la
Defensoría del Pueblo, además, que la remuneración devengada lo fue a título
de honorarios; no obstante, no resultan útiles para acreditar la subordinación o
dependencia, elemento clave para diferenciar el contrato de prestación de
servicios de la relación laboral, dado que, por su propia naturaleza, en el contrato
de prestación de servicios el contratista es independiente en cuanto al tiempo,
forma y calidad del trabajo, en tanto que, en la relación laboral esta es
subordinada». Dicha decisión fue apelada por la parte accionante.
11. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B que confirmó la decisión del a quo, pues, aun
cuando consideró que i) los servicios prestados por el demandante fueron
ejecutados de manera personal y que estos no obedecían a una necesidad
temporal de la entidad, dado que fueron ejecutados por un periodo superior a 21
años, con algunas interrupciones; y ii) que las labores desempeñadas fueron
objeto de una contraprestación económica pagada periódicamente al señor Ávila
Rojas; iii) no se probó la existencia de una relación de subordinación entre el
accionante y la entidad contratante.
12. Sobre este último aspecto, se indicó que la jurisprudencia ha indicado que
existen varios indicios que dan cuenta de la existencia de un vínculo de tal
naturaleza, entre los que se destacaron: «i) espacio físico de un lugar de trabajo
(el cual debe tener en cuenta la nueva modalidad tecnológica); ii) el horario de
labores, valorada en función al objeto contractual; iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y
cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral».
13. Así, se encontró que en el caso en mención:
• Las labores prestadas por el demandante no implican per se una
subordinación, pues conforme lo probado en el proceso mediante
asignaciones de trabajo y certificaciones de comisiones, estas no se
realizaban a diario sino de manera esporádica, incluso con la
posibilidad de que el accionante realizara labores puntuales desde su
hogar.
• De las pruebas testimoniales y el interrogatorio de parte practicados
«no se establece específicamente un horario que debiera cumplir el
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En sentencia del 25 de noviembre de 2021.
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demandante, ni se ofrece claridad acerca de los turnos que debía
prestar el mismo, como tampoco del control efectivo de las funciones
a ejecutar; por el contrario, de las declaraciones dadas se demuestra
la existencia de una coordinación necesaria para el ejercicio de las
actividades contractuales, circunstancia que se corrobora con las
pruebas documentales aportadas».
• Las actividades del demandado responden a su área especializada de
formación (medicina) y no corresponden al objeto misional de la
entidad, pues tampoco se acreditó que existiese personal de planta
que ejecutara las mismas funciones.
1.4. Sustento de la vulneración
14. La parte accionante sostuvo que se habría configurado un defecto fáctico
pues, en su concepto, no se efectuó un estudio integral de las pruebas obrantes
en el expediente, dado que: i) se utilizó una frase de un testimonio para negar la
existencia de una subordinación, aun cuando existían otros cuatro que afirmaron
que el accionante realizaba tareas misionales de la entidad; y ii) se omitió la
existencia de 25 oficios allegados al expediente en los que se daba cuenta de la
ejecución de actividades que excedían el objeto de los contratos suscritos, así
como de las comisiones aprobadas para que el demandante realizara actividades
misionales de la Defensoría del Pueblo en distintos lugares del país, con
subordinación a órdenes de los directivos de la entidad.
15. Manifestó que tales omisiones en el análisis probatorio fueron puestas de
presente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el recurso de apelación
presentado. No obstante, se confirmó la decisión inicial.
16. Por otra parte, alegó la existencia de un desconocimiento de precedentes
judiciales por parte del ad quem, en relación con los siguientes pronunciamientos:
• «Sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de septiembre de
2021, demandado, Personería de Medellín, M. P. William Hernández
Gómez, radicado interno 1317-2016»
• «[P]recedente de tutela del Consejo de Estado, Boletín No 252. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia de 27 de enero de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,
radicación 11001-03-15-000-2021-05261- 01(AC)».
• «[P]recedente de la sentencia de la Corte Constitucional C-154 de 1997:
elementos del contrato realidad».
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1.5. Trámite de la acción
17. Mediante auto del 25 de octubre de 2023 el magistrado sustanciador
admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, ordenó
notificar como accionada a la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
18. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés del Juzgado
Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Defensoría del Pueblo.
Adicionalmente, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso,
se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Defensoría del Pueblo
19. Indicó que el objetivo perseguido por la parte accionante es el de utilizar
la acción de tutela como una tercera instancia para el estudio de las pretensiones
que fueron desestimadas en sede del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Así mismo, sostuvo que la decisión de segunda instancia se emitió de
conformidad con lo dispuesto en la ley y la jurisprudencia aplicables, y que fue
producto de un estudio integral y detallado de las pruebas aportadas al proceso.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
20. Por conducto del magistrado ponente de la decisión cuestionada 3, reiteró
lo expresado en la sentencia del 21 de septiembre de 2023 frente a los motivos
que llevaron a negar las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho
incoadas por el demandante, razonamientos que señala como suficientes para
sustentar tal pronunciamiento.
1.6.4. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá, pese a que fue
notificado, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
21. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por José Arturo Ávila Rojas contra la sentencia de segunda
instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
3
Doctor Luis Gilberto Ortegón Ortegón.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Decreto 1069 de 2015 [modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021],
así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esa corporación.
2.2. Legitimación en la causa
22. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley
2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o
por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los
derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su
propia defensa.
23. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala observa que el señor José
Arturo Ávila Rojas, que figura como parte accionante en esta acción de tutela,
también desempeñó el papel de demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho tramitado con el número de radicación 11001-33-
35- 020-2020-00158-00/01. En consecuencia, ostenta la condición de titular del
derecho fundamental al debido proceso.
24. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad
judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.3. Problemas jurídicos
25. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
accionante, las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio
recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos a resolver en el
caso son los siguientes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
26. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B vulneró el derecho al debido proceso del señor José Arturo
Ávila Rojas, al incurrir en un defecto fáctico y en un desconocimiento del
precedente judicial en la sentencia del 21 de septiembre de 2023, en la
que se confirmó la decisión inicial del Juzgado Veinte Administrativo del
Circuito de Bogotá que negó las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho?
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Demandante: José Arturo Ávila Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
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27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la
relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) estudio del
caso en concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 4. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema 5. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales 6.
29. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 7. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia 8 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial 9.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
9
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
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30. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) Inmediatez,
iii) Subsidiariedad,
iv) Relevancia constitucional,
v) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
31. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá:
i) Que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea
de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
ii) Que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
32. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
33. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y solo en
el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada
incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad –
presupuesto de relevancia constitucional
34. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 2005 10. En esta
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
10
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión
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providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes 11.
(Subrayado fuera de texto).
35. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202212 y SU-573 de
201913 el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de
determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional.
36. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 2014 14, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590
de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
37. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad
señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el
principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la
acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que
corresponde a otras jurisdicciones.
a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b)
que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una
decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto,
bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías
superiores.
11
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
12
A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro
de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un
debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y,
(iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
13
Mediante esta determinación judicial, la Corte Constitucional ha señalado que el reconocimiento
de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías no puede ser considerado como un
derecho fundamental. En consecuencia, el caso carece de relevancia constitucional.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. N.° 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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38. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 15
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
39. De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto s e
refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.
40. Con tales precisiones, la Sala encuentra que las afirmaciones vertidas en
la demanda de amparo constitucional tienen por objetivo controvertir el análisis
jurídico y probatorio efectuado por el juez contencioso administrativo de segunda
instancia y no poner de presente la existencia de verdaderos vicios que den
cuenta de la transgresión de garantías constitucionales fundamentales en el
marco del estudio de los elementos de prueba aportados al proceso.
41. En efecto, de los argumentos presentados en la solicitud de tutela puede
evidenciarse que el accionante dedica buena parte de dicho escrito a reiterar lo
ya planteado en el recurso de apelación presentado frente a la sentencia de
primera instancia y, en segundo término, a indicar los motivos por los cuales
considera que las conclusiones a las que arribó el ad quem son equivocadas,
proponiendo una alternativa basada en su propio análisis del acervo probatorio,
que deriva en el reconocimiento del elemento de la subordinación y, en
consecuencia, de la existencia de una relación laboral.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: José Arturo Ávila Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06466-00
42. En tal sentido, se hace patente que lo que el demandante alega como una
omisión en el análisis de algunos documentos y testimonios vertidos en el
proceso, corresponde realmente a la consideración de que el análisis probatorio
debía conducir a un resultado distinto del indicado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, pues, en su criterio, tales
elementos de convicción debieron valorarse de una manera diferente a la
utilizada por el juez de segunda instancia.
43. De forma similar, debe indicarse que el accionante afirma el
desconocimiento de tres precedentes judiciales, dos de los cuales, de hecho,
fueron utilizados en la sentencia como soporte para establecer la existencia o
inexistencia de la relación laboral alegada. No obstante ello, se indicó que las
pruebas obrantes en el proceso no permitían tener por acreditados los elementos
a que hacen referencia los pronunciamientos referidos por la parte accionante,
en relación con la configuración de una relación laboral.
44. Por lo expuesto, esta Sección advierte que lo indicado en la demanda
respecto del presunto desconocimiento de precedentes jurisprudenciales, en
realidad tiene por objeto disentir de la manera en que el tribunal mencionado
analizó los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional y contencioso
administrativa aplicable, en relación con los elementos de prueba allegados al
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el aquí
demandante.
45. De conformidad con lo anterior, esta sección declarará improcedente el
amparo constitucional. Esto por cuanto no se encuentra superado el requisito
general de procedibilidad de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
José Arturo Ávila Rojas contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
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Demandante: José Arturo Ávila Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06466-00
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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