Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04363-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04363-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04363-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (08) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Configuración
de la cosa juzgada constitucional / Declara temeridad por ejercicio abusivo de la
acción de tutela respecto a unos reparos / Declara la improcedencia de la solicitud
de amparo por falta de inmediatez frente a otros reproches.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2023 por la Sección Primera del
Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 15 de agosto de 2023, el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo presentó acción
de tutela contra los Juzgados 13, 23, 27 y 48 Administrativos del Circuito de Bogotá,
las Subsecciones “A”, “C” y “D” y la Presidencia de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado1, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales
consideró vulnerados ante “las vías de hecho judiciales” por las que fue “despojado
de sus derechos en materia prestacional y pensional”.
2. Con la demanda, se formularon las siguientes pretensiones:
<< PRIMERA
Declarar que (I) las Sentencias Proferidas en Procesos de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho 11001-33-31-023-2007-00723-00/01,25000-23-42-000- 2012-00094-
00/01, 1001-33-31-027-2008-00109-00/01.,11001-33-31-013-2008-00188- 00/01,
11001-33-31-009-201100665-00/01, (II) -las Sentencias Proferidas en Tutea contra
1 Aunque en el escrito inicial de tutela aparece como accionada “la jurisdicción de lo contencioso administrativo”,
en el escrito de subsanación de la demanda, el actor manifestó que el motivo de la solicitud de amparo tenía su
origen en una serie de providencias judiciales proferidas por los Juzgados 13, 23, 27 y 48 Administrativos del
Circuito de Bogotá, las Subsecciones “A”, “C” y “D” y la Presidencia de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que se
resolvió tener a estas últimas como autoridades accionadas.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Sentencia Judicial , (III ) Las Setencias de Tutela contra Ministerio de Defensa Nacional
y Caja de Retiro de Fuerzas Miliatres, fueron claramente Violatorias de la Constitución
y la ley ,mi Debido Proceso y Tuvieron por Objeto Favorecer los Ilegítimos
Intereses Gubernamentales Representados en la Caja de Retiro de Fuerzas Militares
y Ministerio de Defensa Nacional , mediante El Ilegal e Inconstitucional DESPOJO
JUDICIAL de mis Imprescriptibles Derechos (…)
SEGUNDA
Declarar Que de Conformidad con lo los Articulo 86 Constitucional y 5 del Decreto
2591 y lo expresado por la Honorable corte Constitucional en Sentencias C-483 de
2008 T-1034 de 2005 –- Existe Plena Justificación y el suscrito está Legitimado para
de Interponer esta Tutela ante
2.1. El Rechazo por Inmediatez (Irrelevante e Inaplicable -Sentencia T-217 de 2013
y T-246 de 2015) en Radicado 11001031500020170296300/01 Contra Presidencia de
la Republica – (jefe del MDN CREMIL -) por respuesta dada más o menos 10 días
antes de radicar la Tutela y Rama Judicial –
2.2. La Sentencia proferida en radicado 11001031500020190010800 – de la que el
suscrito mediante escrito Retiró la Demanda. Mas o menos 20 días antes de que el
Conjuez Mauricia A. plazas Vega , manifestase asumir el conocimiento y Admisión la
Tutela , y en clara Violacion de la Constitución y la ley y faltando al verdad (…)
TERCERA
Declarar Que de conformidad con los Artículos 53 Constitucional- Artículo 303 de
Código General del Proceso ,Articulo 38 del Decreto 2591, en concordancia con lo
Expresado por la Honorable Corte Constitucional (…) No ha Lugar a Declaraciones de
Improcedencia, Rechazo o Negación de esta Tutela por
3.1. Prescripcion
3.2. Inmediatez
3.3. Cosa Juzgada
3.4. Cosa juzgada Constitucional
3.5. Temeridad
3.6. Principio de Sostenibilidad Fiscal
CUARTA
Declarar que absolutamente Todas las Sentencias Proferidas en (i) procesos
Ordinarios , (ii) de Tutela contra Sentencia Judicial y (III) de Tutela contra Ministerio de
Defensa y Caja de Retiro de fuerzas Militares – no solamente son claramente
violatorias de la Constitución , la ley, Tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos ratificados por Colombia , sino Igualmente de mi Derecho
Fundamentales al Debido Proceso Judicial y ACCESO A LA JUSTICIA
QUINTA
Tutelar mi Derechos Fundamentales al Debido Proceso y Acceso a la Justicia
vulnerados de manera sistematica y continua por la Jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo y en consecuencia ORDENAR a los Ilegalmente favorecidos (MDN-
CREMIL) que el Improrrogable Termino de 48 horas procedan a Re liquidar y pagar
debidamente Indexadas mis Imprescriptibles Derechos en materia Prestacional y
Pensional (…)
SEXTA :
Declarar que Documentalmente - Probado esta que el suscrito Cumple con la
Excepción de subsidiariedad por salud y por la tanto Tengo igual Derecho a l
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Concedido por el Consejo de Estado a los Actores del Proceso con Radicado 470001-
23-31-000-2015-00146 -01
SEPTIMA
Declarar que de conformidad con los Expresado por la Honorable Corte Constitucional
en Sentencia C-483 de 2908 – T-951 de 2013 Y T-497 de 2020- SU168 DE 2017 –
La Tutela con Radicado 11001031500020170296300/01 por haber sido Rechazada
No hace Transito a Cosa Juzgada>>. (Transcripción literal del texto original, incluyendo
los errores).
3. El sustento de sus pretensiones radica en: (i) las acciones y omisiones por parte
del Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -
Cremil- que lo llevaron a promover múltiples demandas de nulidad y restablecimiento
del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) las sentencias
proferidas en dichos asuntos y contra las que presentó acciones de tutela y
demandas de reparación directa; y, (iii) la sistemática y continua violación de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de
justica en tutelas contra el Ministerio de Defensa, así como la permisividad judicial
frente a actuaciones constitutivas de fraude procesal de funcionarios de la Fuerza
Aérea y el Cremil.
4. En concreto, la parte actora pretende cuestionar las siguientes providencias2:
(i) Las sentencias 26 de marzo de 2010 y el 17 de marzo de 2011, proferidas por el
Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión de Bogotá3 y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 11001-33-31-023-2007-00723-00/01. Al respecto, el actor alegó
que las accionadas incurrieron en un defecto procedimental y sustantivo por
desconocimiento del principio de congruencia, la exigencia de unos requisitos no
previstos por ley y el sustento de la decisión en una norma que no resultaba aplicable
al asunto.
(ii) Los fallos expedidos el 25 de julio de 2013 y el 9 de octubre de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-
42-000-2012-00094-00/01. A ambas providencias se les endilgó un defecto
sustantivo. Frente a la primera, por la exigencia de una serie de requisitos no
2 Ante la falta de certeza sobre las razones que motivaron la solicitud de amparo, mediante proveído del 18 de
agosto de 2023, se requirió al accionante para que subsanara la demanda, en el sentido de indicar con precisión:
(i) la acción u omisión que motivaba la presentación de la acción y, (ii) las autoridades judiciales que profirieron
cada una de las providencias enlistadas en el escrito de tutela, incluyendo las fechas de expedición y los números
de radicación de los procesos en las que se profirieron. Subsanada en debida forma, por auto del 8 de septiembre
siguiente, se admitió la acción de tutela, pero bajo la aclaración de que la admisión se haría “frente a los procesos
señalados en el numeral primero del escrito de subsanación (…)”, con fundamento en que, respecto de tales
procesos, el actor manifestó que constituían “la acción u omisión que motiva la pretensión de la acción de tutela”.
3 En la actualidad, ese asunto se encuentra asignado al Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
consagrados por el legislador, la aplicación de una disposición que no era aplicable
al caso objeto de estudio y la falta de aplicación de la norma que regía el asunto.
Respecto de la segunda, reprochó la exigencia de unos requisitos no previstos por
el legislador.
(iii) Las providencias del 5 de febrero y el 23 de septiembre de 2010, proferidas por
el Juzgado Veintisiete Administrativo de Bogotá y la Subsección A, Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-31-027-2008-
00109-00/01. A dichas decisiones les atribuyó un vicio de tipo sustantivo, por el
desconocimiento de la normatividad aplicable y la indebida aplicación de unas
normas que no resultan aplicables al caso.
(iv) Las sentencias del 30 de junio de 2010 y el 27 de enero de 2011, dictadas por el
Juzgado Trece Administrativo de Bogotá y la Subsección C, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, en el marco del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-31-013-
2008-00188-00/01. Frente a estas providencias, el accionante también alegó la
ocurrencia de un yerro sustantivo por desconocimiento de la normatividad aplicable
e indebida aplicación normativa.
(v) Los fallos emitidos el 27 de febrero de 2014 y el 22 de septiembre de 2015 por el
Juzgado Dieciocho Administrativo de Descongestión de Bogotá4 y la Subsección C
en Descongestión, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 11001-33-31-009-2011-00665-00/01. A estas decisiones se
endilgó la existencia de un defecto sustantivo por desconocimiento de la
normatividad aplicable e indebida aplicación normativa.
5. De forma general, aseveró que las providencias antes referidas no hacían tránsito
a cosa juzgada por comportar una vulneración a sus derechos fundamentales.
Además, esgrimió que sus actuaciones no podían considerarse temerarias, pues lo
que busca es demandar la protección de unos derechos adquiridos conforme a la
ley.
6. Frente al presupuesto de la inmediatez, adujo que, de conformidad con la
sentencias T-217 de 2013 y T-246 de 2015, en aquellos casos en que se discuten
derechos pensiones, el mentado requisito no puede ser exigido de forma irrestricta,
ya que la vulneración de tales derechos subsiste en el tiempo por ser un derecho
irrenunciable que no prescribe, por lo que resulta irrelevante el tiempo transcurrido
entre la actuación que vulnera el derecho y el momento en que se presenta la acción
constitucional.
4 En la actualidad, ese asunto se encuentra asignado al Juzgado 48 Administrativo del Circuito de Bogotá.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
7. En tal sentido, aseveró que, según la jurisprudencia constitucional, la solicitud de
amparo se torna procedente, aun cuando se haya promovido después de haber
transcurrido un periodo extenso desde el hecho que generó la vulneración alegada,
siempre que demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese
a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor -derivada del irrespeto por sus derechos- continúa
y es actual, tal como ocurre en su caso.
B. Sentencia de primera instancia
8. Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2023, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no acreditar el
cumplimiento del requisito general de inmediatez, dado que la acción de tutela fue
radicada el 15 de agosto de 2023, es decir, transcurridos más de seis meses desde
que se profirieron las providencias cuestionadas.
9. Finalmente, precisó que aunque el accionante alegó que la exigencia del
mencionado presupuesto resulta “irrelevante e inaplicable” al caso por tratarse de un
asunto que recae sobre derechos pensionales, lo cierto es que la acción que
presuntamente genera la vulneración de los derechos que se invocan se concretó en
la expedición de las decisiones enjuiciadas, lo que ocurre en un solo acto, a partir de
lo cual se puede inferir que la afectación de los derechos invocados no es continua
ni actual.
C. Actuaciones adelantadas con posterioridad al fallo de primera instancia
10. La parte actora alegó que: (i) la Corte Constitucional señaló que el término de los
6 meses aplicado por esta Corporación va en contravía de la Carta Superior; (ii) la
ausencia de dicho presupuesto no puede servir de argumento para desconocer el
“prevaricato judicial, que ha utilizado todos los medios para el ilegal e inconstitucional
despojo judicial de mis irrenunciables e imprescritibles derechos en materia
pensional” y; (iii) en este caso no hay lugar aplicar el término de la inmediatez dada
la violación sistemática y continua de sus derechos.
11. Durante el trámite de segunda instancia, el demandante allegó un memorial
dirigido al ponente de esta providencia, en los siguientes términos:
<< Dado que a su Despacho fue Asignado Recurso Apelación contra la sentencia de
Tutela con Radicado 11001031500020230436301 proferida por la Seccion Primera del
Consejo de Estado , y considerando que Usted No ha sido garantía para el suscrito
de Juzgamiento conforme a la Constitucion y la ley
HAGO CONSTAR
1. Usted , en Proceso de Tutela 11001031500020200395000 contra Tribunal
Administrativo de Boyacá y Juzgado Tercero Administrativo de Tunja por las
Decisiones Proferidas en Tutela 15001-33-33-003-2020-00046-00 contra el Ministerio
de Defensa Nacional – No solamente la Declaró Improcedente sino que la Declaró
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Temeraria a objeto de Imponerme una sanción Arbitraria de cinco salarios mínimos
– (Sanción Revocada en segunda Instancia)
Declaratoria de Temeridad - desconociendo lo Preceptuado en Artículos 17 y 38 Del
decreto 2591 de 1991- Y que NUNCA cumplio los Requisitos Señalados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU168 de 2017 entre Otros la IDENTIDAD DE PARTES
• ´pues absolutamente claro es que Ministerio de Defensa - Tribunal Administrativo
de Boyacá y Juzgado Tercero Administrativo de Tunja No son una misma Parte
2. Usted en Proceso de Tutela 11001031500020210433900 /01 /02 junto a Marta
Nubia Velázquez Rico y María Adriana Marín Actuó como CONJUEZ en Primera
Instancia y como JUEZ en segunda Instancia - Proceso Cuya Sentencia en Tercera
Instancia fue firmada por Martha Nubia Velázquez Rico –Edgar Cortes Moncayo y
GUSTAVO QUINTERO NAVAS
3. EN proceso de Tutela – 11001-03-15-000-2021-05388-00 Integra sala con MARIA
ADRIANA MARIN (ponente) y MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO- y lo Expresado en
Preceptuado en Artículos 17 y 38 Del decreto 2591 de 1991- No solamente Declaran
una Temeridad Inexistente , Respecto de Setencias 2016-01465-00, 2019-02763-00 y
2020-01431-00 que Por Violar Derechos Fundamentales tanto De orden
sustantivo como Procesal – No podían Pretender hacer tránsito a cosa Juzgada
(T-951 de 2013 –que se presume debían Conocer) , así como tampoco a Cosa
Juzgada constitucional
4. En cuanto a la Sentencia 11001031500020230436301- Cuyo Recurso de
Apelación se Presenta -Absolutamente claro es Que:
4.1. Se violaron los Artículos 86 Constitucional –Inciso Cuarto “ En ningún caso
podrán transcurrir mas de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución” y
32 del Decreto 2591 de 1991 “TRAMITE DE LA IMPUGNACION. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente” (…)>>.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Cuestión previa
12. Esta Subsección debe precisar que, conforme al artículo 39 del Decreto Ley 2591
de 1991, en los procesos de tutela no resulta procedente la recusación, por lo que
no hay lugar hacer algún pronunciamiento respecto a la intervención allegada por el
accionante durante el trámite de segunda instancia. Sin perjuicio de ello, no sobra
indicar que ninguno de los magistrados que integran la Sala considera que se
encuentre incurso en alguna causal de impedimento que impida adoptar una decisión
de segunda instancia.
E. Competencia
13. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
F. Análisis del caso concreto
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
14. En esta oportunidad, el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo pretende el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados ante la expedición de las siguientes
decisiones:
(i) Las sentencias 26 de marzo de 2010 y el 17 de marzo de 2011, proferidas por el
Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 11001-33-31-023-2007-00723-00/01.
(ii) Los fallos expedidos el 25 de julio de 2013 y el 9 de octubre de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-
42-000-2012-00094-00/01.
(iii) Las providencias del 5 de febrero y el 23 de septiembre de 2010, proferidas por
el Juzgado Veintisiete Administrativo de Bogotá y la Subsección A, Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-31-027-
2008-00109-00/01.
(iv) Las sentencias del 30 de junio de 2010 y el 27 de enero de 2011, dictadas por
el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá y la Subsección C, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, en el marco del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-31-013-
2008-00188-00/01.
(v) Los fallos emitidos el 27 de febrero de 2014 y el 22 de septiembre de 2015 por
el Juzgado Dieciocho Administrativo de Descongestión de Bogotá y la Subsección
C en Descongestión, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 11001-33-31-009-2011-00665-00/01.
15. En lo que respecta al cuestionamiento de los dos primeros procesos, la Sala
anticipa que declarará la configuración de la cosa juzgada, así como la temeridad
por el ejercicio abusivo de la acción de tutela, mientras que, frente a los reparos
relacionados con los tres últimos procesos, confirmará el fallo impugnado ante el
incumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez.
Cosa juzgada y temeridad de la acción de tutela respecto a los reproches formulados
contra las decisiones proferidas en los procesos de nulidad y restablecimiento del
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
derecho con radicado número 11001-33-31-023-2007-00723-00/01 y 25000-23-42-
000-2012-00094-00/01.
16. Deconformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la actuación
temeraria se configura cuando una misma persona o su representante interpone la
misma demanda de tutela ante varias autoridades judiciales, sin que exista un
motivo expresamente justificado, caso en el cual el juez constitucional deberá
rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes.
17. A efectos de evaluar el ejercicio temerario en la acción de tutela, la jurisprudencia
constitucional5 ha señalado que se debe analizar la concurrencia de los siguientes
elementos: (i) que exista una triple identidad entre las acciones de tutela incoadas
de manera simultánea o sucesiva, es decir, que se trate de las mismas partes, con
fundamento en los mismos hechos y que persigan el mismo objeto y; (ii) la ausencia
de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar
doloso y de mala fe por parte del demandante.
18. En esa línea, la Corte Constitucional ha precisado que pueden existir eventos en
los que, aunque se presente la triple identidad, no se configura un actuar temerario
por parte del demandante debido a que la acción de tutela interpuesta por segunda
vez se presenta de buena fe6.
19. Por su parte, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta cuando concurren los
siguientes elementos: (i) la triple identidad antes descrita, (ii) que la nueva tutela se
haya presentado con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que resolvió el
fondo del asunto y; (iii) que en el proceso de tutela anterior se hubiera surtido el
trámite de selección ante la Corte Constitucional7.
20. En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es requieren que se hayan
presentado varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los
mismos hechos y por iguales razones. Sin embargo, para que se acredite un
ejercicio temerario se requiere la constatación del ejercicio abusivo del amparo
constitucional, es decir, de la mala fe del actor en la búsqueda de una decisión
favorable a sus intereses a toda costa.
5 Ver Sentencia SU-027 de 2021.
6 Estas son las hipótesis en que la Corte ha considerado que puede configurarse la cosa juzgada pero no la
temeridad: (i) la condición de ignorancia o indefensión del accionante, porque aquel actúa por miedo insuperable
o por la necesidad extrema de defender un derecho; (ii) el asesoramiento erróneo de un profesional del derecho;
(iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción de
tutela o que se omitieron el trámite de la misma; (iv) cuando la Corte Constitucional emita una decisión de
unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de sujetos que se consideran en igualdad de condiciones
y; (v) la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada
de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo.
7 Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
21. Visto lo anterior, tal como se anticipó, para la Sala no hay duda de que en el
presente asunto ha operado la cosa juzgada constitucional y que el accionante ha
actuado deliberadamente con temeridad.
22. En el escrito inicial de tutela, el mismo demandante manifestó haber impetrado
múltiples acciones de tutela contra sentencias judiciales ante la extrema necesidad
de defender sus derechos en materia pensional y prestacional. A su vez, en los
informes rendidos en el presente trámite, la Sección Segunda, Subsección D del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
señalaron que el accionante ya ha presentado otras demandas de tutela contra las
mismas providencias judiciales, por los mismos cargos e invocando las mismas
pretensiones.
23. De acuerdo con la información suministrada en el proceso, la Sala pudo constatar
que el tutelante ya ha acudido más de cinco (5) veces al juez de tutela solicitando el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, con ocasión de las decisiones adoptadas en los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-31-023-
2007-00723-00/01 y 25000-23-42-000-2012-00094-00/01.
24. Las acciones de tutela previamente referenciadas fueron tramitadas bajo los
números de radicado: 11001-03-15-000-2011-00499-00, 11001-03-15-000-2015-
00172-00, 11001-03-15-000-2019-03412-00/018, 11001-03-15-000-2020-01611-
00/019 y 11001-03-15-000-2022-01817-00/0110. En todas ellas junto a la que ahora
es objeto de estudio, se advierte la existencia de una triple identidad, pues guardan
identidad en las partes que conforman tanto el extremo pasivo como el activo, se
fundamentan en los mismos supuestos fácticos y persiguen el mismo objeto.
25. La primera fue promovida por el señor Cuervo Cuervo contra el Juzgado Noveno
Administrativo de Descongestión de Bogotá y la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
los cuales consideró vulnerados por las autoridades accionadas ante las decisiones
adoptadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-31-023-2007-00723-00/01. Con la demanda, pretendía que se revocaran
las providencias cuestionadas.
26. La segunda tutela también fue incoada por el aquí accionante, con el propósito
de que se dejaran sin efectos las providencias proferidas por la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B
8 A este proceso le fue asignado el número interno T-7688554 en la Corte Constitucional y fue excluido de
selección mediante auto del 26 de noviembre de 2019.
9 A este proceso le fue asignado el número interno T-8013878 en la Corte Constitucional y fue excluido de
selección mediante auto del 15 de diciembre de 2020.
10 A este proceso le fue asignado el número interno T-9054610 en la Corte Constitucional y fue excluido de
selección mediante auto del 29 de noviembre de 2022.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2012-00094-00, como
consecuencia del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.
27. Asimismo, las tres últimas acciones de tutela: (i) fueron instauradas por el actor;
(ii) se dirigieron, entre otros, contra el Juzgado Noveno Administrativo de
Descongestión de Bogotá, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado; (iii) se invocó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia; (iv) en todas se buscaba
controvertir las sentencias de primera y segunda instancia adoptadas tanto en el
proceso con radicado número 11001-33-31-023-2007-00723-00/01 como el 25000-
23-42-000-2012-00094-00 y; (v) las pretensiones se encaminaron principalmente a
que se dejara sin efectos las providencias cuestionadas.
28. Concretamente, en todas las demandas, se endilgó la ocurrencia de un defecto
sustantivo por indebida aplicación normativa y la exigencia de unos requisitos no
previstos en la ley. En síntesis, los hechos que dieron origen a sus reclamos radican
en la omisión de no haberse computado tiempos dobles para efectos de liquidarse
su asignación de retiro y sus prestaciones sociales.
29. En este punto cabe precisar que, aunque en las tres últimas acciones de tutela
también se cuestionó la adopción de otras decisiones judiciales proferidas por otras
autoridades, lo cierto es que frente a los reproches antes descritos coinciden tanto
las partes, como el objeto y la causa.
30. De esta manera, el hecho de que el actor agregue o varíe ciertas pretensiones o
modifique algunos apartes de su relato cada vez que radica una nueva tutela no
puede admitirse como excusa para que éste acuda perpetuamente ante la
jurisdicción, buscando siempre el mismo objetivo, pues, lejos de demostrar que
efectivamente se trata de una acción de tutela diferente, lo que denota es la intención
dolosa por parte del demandante al insistir repetidamente en que se acojan sus
pretensiones, bajo una aparente situación diferenciadora que, sin duda, se presenta
como inadmisible y merece censura por parte del juez constitucional.
31. Además, si bien el señor Cuervo manifestó haber presentado múltiples acciones
de tutela, ante la “extrema necesidad de defender sus derechos en materia
pensional” y que no ostenta la calidad de profesional del derecho, la Sala no puede
pasar por alto que:
(i) En la sentencia de tutela del 26 de septiembre de 2019, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el expediente con radicado
11001-03-15-000-2019-03412-01, la autoridad judicial no solo declaró la existencia
de la cosa juzgada, sino que además declaró que el accionante había incurrido en
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
temeridad, habida cuenta que no demostró alguna razón válida para haber acudido
nuevamente al juez constitucional solicitando la protección de sus derechos con
fundamento en los mismos hechos y pretensiones. En esa oportunidad, el fallador
advirtió que, para ese entonces, el señor Cuervo Cuervo había entablado más de
veinte (20) acciones constitucionales, relacionadas con los derechos prestacionales
pretendidos, ello, sin contar las múltiples demandas de nulidad y restablecimiento
del derecho y reparación directa que había impetrado, con el mismo objeto.
(ii) Asimismo, la Sección Primera de esta Corporación, mediante fallo del 11 de
junio de 2020, proferido en el marco de la acción de tutela con radicado 11001-03-
15-000-2020-01611-00, al advertir la existencia de la triple identidad, declaró la
configuración de la cosa juzgada, pero también encontró acreditado el actuar
temerario por parte del accionante en la presentación de esa tutela, razón por la cual
lo conminó para que en el futuro evitara el uso indiscriminado e irreflexivo de la
acción de tutela, si lo que pretendía era invocar idénticas pretensiones a las
analizadas en esa oportunidad.
(iii) De igual forma, en el fallo de tutela proferido el 11 de agosto de 2022, por la
Sección Primera de esta Corporación, dentro del expediente con radicado número
11001-03-15-000-2022-01817-01, se declaró la configuración de la cosa juzgada y
la temeridad, por lo que se exhortó una vez más al accionante para que se abstuviera
de seguir impetrando demandas de tutela por los mismos hechos y fundamentos
jurídicos, so pena de incurrir en sanción.
32. Lo anterior, pone en evidencia que las autoridades judiciales ya le han indicado
al señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo que su conducta se considera temeraria, así
como lo han exhortado para que se abstenga de presentar nuevas acciones de tutela
bajo los mismos supuestos de hecho y pretensiones. A pesar de ello, ha optado por
continuar acudiendo indiscriminadamente al juez de tutela, sin importar cuántas
veces active el aparato jurisdiccional, bajo un ejercicio abusivo y desproporcionado
del derecho, limitándose aducir la supuesta “necesidad de defender sus derechos”,
sin explicar ni acreditar de forma suficiente en qué consiste tal vulneración.
33. Por lo esbozado precedentemente, la Sala encuentra que en el presente caso
existen suficientes razones para considerar un ejercicio abusivo de la acción de
tutela por parte del accionante, con el único propósito de lograr una decisión
favorable a sus intereses, bajo la presentación indiscriminada de demandas de tutela
en las que se alegan circunstancias fácticas idénticas y persiguen el mismo objeto.
34. La Sala estima necesario recordar que el ejercicio de la acción de tutela debe
realizarse acorde a los principios de lealtad procesal, buena fe y prohibición de
abuso del derecho, en aras de evitar el desgaste injustificado del aparato judicial
ante la reiteración de solicitudes improcedentes y frente a las cuales ya se ha
adoptado una decisión judicial que goza de fuerza vinculante.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
35. Por lo expuesto anteriormente, una vez constatada la triple identidad, así como el
actuar temerario del señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo, se dispondrá: (i) la
improcedencia de la solicitud de amparo frente a las acusaciones formuladas contra
las decisiones proferidas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 2007-00723-00/01 y 2012-00094-00/01 ante la existencia de
la cosa juzgada constitucional y; (ii) la imposición de una multa equivalente a un (1)
salario mínimo mensual legal vigente -a título de sanción-, por el ejercicio abusivo
de la acción de tutela.
Falta de inmediatez sobre los reparos atribuidos a las decisiones adoptadas en los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-
31-027-2008-00109-00/01, 11001-33-31-013-2008-00188-00/01 y 11001-33-31-
009-2011-00665-00/01.
36. Esta Corporación ha señalado que el plazo oportuno o razonable para interponer
la acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses contados a partir
de la notificación de la providencia que se cuestiona, debido a que, es desde ese
momento que el accionante conoce la decisión y puede advertir la posible
vulneración de sus derechos fundamentales.
37. Para analizar el cumplimiento del aludido presupuesto, resulta importante precisar
que, aunque el accionante cuestiona tanto las sentencias de primera como las de
segunda instancia, proferidas al interior de los 3 procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho antes referenciados, el término de la inmediatez debe
empezar a contabilizarse a partir de las decisiones adoptadas en segunda instancia,
pues fue a través de estas que se definieron de manera definitiva los asuntos allí
debatidos.
38. Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, según la información registrada en
el aplicativo SAMAI, las sentencias proferidas el 23 de septiembre de 2010, el 27 de
enero de 2011 y el 22 de septiembre de 2015 fueron notificadas en la misma fecha
de su expedición. No obstante, la demanda de tutela fue formulada solo hasta el 15
de agosto de 2023, es decir, más de 7 años después de que el demandante tuvo
conocimiento de las decisiones que estima transgresoras de los derechos
fundamentales que invoca, excediendo considerablemente el término de los 6
meses establecido en la jurisprudencia unificada, pacífica y reiterada por esta
Corporación, sin que haya expresado una justificación válida y significativa para
dicho retardo.
39. Aunque en su escrito de impugnación el accionante alegó que la Corte
Constitucional ha sostenido que el plazo de los 6 meses antes señalado resulta
contrario al mandato superior e insistió que la exigencia del requisito de inmediatez,
resulta irrelevante e inaplicable, dada la vulneración continua y actual de sus
derechos, para la Sala no son de recibo tales reparos, por las razones que se
exponen a continuación.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
40. Si bien la Corte Constitucional11 ha indicado que la acción de tutela no tiene
propiamente un término de caducidad, esto no significa que no deba interponerse
en un plazo razonable, pues no puede obviarse que “ (…) de su naturaleza como
mecanismo para la ‘protección inmediata’ de los derechos fundamentales, se puede
establecer que su finalidad es la de dar una solución de carácter urgente a las
situaciones que tengan la potencialidad de generar una vulneración o amenaza a
derechos fundamentales.”
41. Bajo esa premisa, el Alto Tribunal ha sido enfático en reiterar que debe existir una
correlación entre el requisito general de inmediatez de la acción de tutela y el deber
de promover la misma en un término oportuno, justo y razonable, de manera que la
exigencia de un plazo como el de los 6 meses se acompasa precisamente con la
naturaleza y finalidad que le otorgó el constituyente al mecanismo de amparo
constitucional, que supone la protección urgente e inmediata de los derechos
fundamentales.
42. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado que este
presupuesto de procedencia resulta razonable, pues admitir que la acción de tutela
pueda ser incoada años después de haberse proferido la decisión que se pretende
cuestionar “sacrificaría los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos”12.
43. Ahora bien, la Corte también ha determinado que la razonabilidad del plazo debe
ser determinada por el juez constitucional de acuerdo con las circunstancias de cada
caso concreto. En consonancia con ello, estableció una serie de supuestos en los
que hay lugar a valorar la procedencia de una acción de tutela presentada luego de
haber transcurrido un periodo de tiempo extenso desde la ocurrencia del hecho
vulnerador, entre ellos, cuando se demuestra que la vulneración es permanente en
el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual13.
44. Sin embargo, en esta oportunidad no es posible flexibilizar el requisito de
inmediatez, pues no se evidencia que el caso del accionante se encuadre en la
hipótesis antes mencionada, ya que el presunto hecho que considera lesivo de sus
derechos fundamentales ocurrió en un solo acto, esto es, con la adopción de las
decisiones cuestionadas, por lo que no se advierte que la vulneración alegada sea
continua ni actual. Además, aunque en los asuntos cuestionados se discutieron
derechos pensionales, las razones esbozadas por el accionante no resultan
suficientes para acreditar la existencia de una vulneración a tales derechos que
subsista con el paso del tiempo.
11 En sentencia SU-108 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12 Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Al respecto, ver sentencias T-1229 de 2000, T-502 de 2010 y T-246 de 2015, entre otras.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
45. Así las cosas, el hecho de que el demandante haya acudido mucho tiempo
después de haberse presentado la acción u omisión que estima vulneratoria de sus
derechos fundamentales, sin que exista una razón que justifique el retardo, desvirtúa
el carácter urgente de la acción de tutela, situación que impide el juzgador adopte
una decisión que asegure la protección inmediata de las prerrogativas
iusfundamentales invocadas.
46.Por lo reseñado anteriormente, esta Sala confirmará la sentencia del 23 de
noviembre de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de esta
Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
de inmediatez, pero únicamente respecto a los reproches formulados contra las
decisiones adoptadas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 2008-00109-00/01, 2008-00188-00/01 y 2011-00665-00/01. En lo
demás, también se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, pero por la
existencia de la cosa juzgada y la temeridad.
47. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 23 de noviembre de 2023 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: IMPONER al señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo, a título de sanción por
la temeridad declarada, el pago de una multa equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente, valor que deberá consignar en la cuenta corriente del Banco
Agrario 3-0820-000640-8, DTN- multas y cauciones efectivas del Consejo Superior
de la Judicatura, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito. Así como al Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia.
CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
14
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04363-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
14 VF
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