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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04376-00

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04376-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04376-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejera Ponente (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04376-00
Accionante: ROSALBA ULLOA GALINDO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la sentencia de 9
de marzo de 2023, proferida por la Sección Segunda - Subsección “A”- del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Rosalba Ulloa Galindo, actuando en nombre propio, presentó acción
de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la
Sección Segunda -Subsección “A”- del Consejo de Estado al haber proferido la
sentencia de 9 de marzo de 2023, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-000-2018-00233-
00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que mediante el Acuerdo núm. 041 de 20 de enero de 1961, la Caja de
retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL1 le reconoció la asignación de retiro a su
compañero Maximiliano Carreño Blanco.

2.2. Manifestó que el 14 de noviembre de 2012, el señor Maximiliano Carreño Blanco
falleció, motivo por el cual solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares el
reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro de su compañero
permanente, la cual le fue negada a través de la Resolución núm. 4902 de 23 de

1
En adelante CREMIL.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04376-00
Accionante: Rosalba Ulloa Galindo

agosto de 2013, decisión que fue confirmada mediante la Resolución núm. 8073 del
26 de noviembre de 2014.

2.3. Relató que, debido a lo anterior, presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra CREMIL con el fin de que se declarara la nulidad de las
resoluciones referidas y, en consecuencia, se accediera a su solicitud de sustitución
de la asignación de retiro.

2.4. Precisó que el proceso referido fue identificado con el número de radicación
25000-23-42-000-2018-00233-00 y asignado a la Sección Segunda -Subsección
“B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante sentencia de 12 de
junio de 2020, declaró la nulidad de los actos administrativos enjuiciados y, en
consecuencia, accedió a la solicitud de sustitución de la asignación de retiro del
señor Maximiliano Carreño Blanco, desde el 15 de mayo de 2014.

2.5. Manifestó que contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso
de apelación por ambas partes, el cual fue resuelto por la Sección Segunda -
Subsección “A”- del Consejo de Estado que, a través de sentencia de 9 de marzo
de 2023, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.

2.6. Señaló como defectos de la sentencia de segunda instancia el error inducido, el
desconocimiento del precedente jurisprudencial y la violación directa de la
Constitución.

2.7. Respecto al error inducido indicó que la Sección Segunda -Subsección “A”- del
Consejo de Estado fue víctima de un engaño por parte de terceros y dicho engaño
la condujo a la toma de una decisión violatoria de derechos fundamentales.

2.8. Respecto al desconocimiento del precedente, precisó que la decisión
cuestionada desconoció los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional
en las sentencias SU - 108 de 2020 y SU - 201 de 2021, y las sentencias de 6 de
octubre de 20202, de 20 de octubre de 20203, el 12 de octubre de 20224, proferidas
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en las que se
resolvieron asuntos similares.

2.9. Frente a la violación directa de la Constitución, indicó que la sentencia objeto
de esta acción constitucional desconocía sus derechos fundamentales, al no
analizar el caso desde un enfoque de género y desconocer la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

2
ID 711445, Proceso 80597, M.P. Martín Emilio Beltrán Quintero.
3
ID 712327, Proceso 64675, M.P. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez
4
ID 782897, Proceso 91856 M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa.

3

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Accionante: Rosalba Ulloa Galindo

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 1. Ampararse [sic] mis derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y seguridad social, vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO M.P DR. GABRIEL
VALBUENA HERNANDEZ, con la expedición de la sentencia de segunda
instancia de fecha 9 de marzo de 2023 dentro del expediente No. 25000 23 42
000 2018 00233 01 (1185-2021).

2. Se dejen sin efectos la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA proferida por
la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO M.P
DR. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ, de fecha 9 de marzo de 2023 dentro
del expediente No. 25000 23 42 000 2018 00233 01 (1185-2021) dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por la suscrita
en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

3. Ordenar a la accionada, que, dentro de los 40 días siguientes a la notificación
de esta providencia, emita la decisión de reemplazo, tomando como referente
los defectos o vicios denunciados y principalmente bajo los precedentes
jurisprudenciales aquí citados, en aras de que no se me vulneren mis derechos
sustanciales y procesales invocados durante todo el debate constitucional […]».

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 18 de agosto de 2023, el Despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y, en la misma providencia, ordenó vincular como
terceros con interés directo en las resultas del proceso a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares - CREMIL y a la Sección Segunda -Subsección “B”- del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a las vinculadas,
se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Sección Segunda -Subsección “A”- del Consejo de Estado, por
intermedio del magistrado ponente de la providencia aquí enjuiciada, informó que
frente al caso concreto de la señora Rosalba Ulloa Galindo no acreditó una
convivencia real y efectiva con el causante en los 5 años previos al fallecimiento de
este último, razón por la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

5.2. Además, señaló que la presente acción de tutela estaba siendo empleada como
una tercera instancia.

5.3. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de apoderado judicial,
solicitó no acceder a las peticiones de la accionante y, además, ser desvinculada
de la presente acción de tutela.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04376-00
Accionante: Rosalba Ulloa Galindo

5.4. Señaló: i) que no era cierto que hubiesen contestado la demanda; ii) que no
existe defecto por error inducido; iii) que los testimonios de señores Martha Mariela
Sánchez, Jairo Alberto Bocanegra Lozano, Francisco Antonio Bernal Cuervo y Aura
Inés Morales Castañeda fueron solicitados por la demandante y no fueron objeto
de tacha; y, iv) que en dichos testimonios se demostró que el occiso vivía en una
casa distinta a la de la hoy accionante.

5.5. En cuanto al desconocimiento del precedente, señaló que dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se tuvo en cuenta el precedente
jurisprudencial aplicable a los hechos y pretensiones alegados dentro del proceso,
por ello, no es este el momento para volver a debatir temas ya evacuados y
estudiados de fondo por el Consejo de Estado.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo
de 20156, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20217.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser así:

b) Determinar si la sentencia de 9 de marzo de 2023, proferida por la Sección
Segunda -Subsección “A”- del Consejo de Estado, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
25000234200020180023301, vulneró los derechos fundamentales
invocados por la actora, al haber incurrido presuntamente en los defectos por
error inducido, desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación
directa de la Constitución.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

5
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
6
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
7
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

5

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Accionante: Rosalba Ulloa Galindo

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y, vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución10.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

6

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Accionante: Rosalba Ulloa Galindo

esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»11 que se encaje en
dichos parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. La señora Rosalba Ulloa Galindo, actuando en nombre propio, presentó acción
de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la seguridad social, cuya vulneración atribuyó a la
sentencia de 9 de marzo de 2023, proferida por la Sección Segunda -Subsección
“A”- del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-000-2018-00233-
00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad atiente a la relevancia
constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que
el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12
y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de
contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos

11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.

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Accionante: Rosalba Ulloa Galindo

fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

20. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, lo siguiente:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión
tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]. (negrillas de la Sala de Decisión)

21. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó,
en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran
los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

15 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

8

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Accionante: Rosalba Ulloa Galindo

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto
a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto
de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede
llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales. […].
[negrillas de la Sala]

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 2023.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales y ii) que
la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión cuestionada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales18.

24. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta violación de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; pues dicha vulneración
debe ser explicada y fundamentada desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).

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Accionante: Rosalba Ulloa Galindo

25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso de la
referencia, la actora alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales invocados, puesto que en la sentencia 9 de marzo de 2023 incurrió
en un error inducido, en un desconocimiento del precedente jurisprudencial y en una
la violación directa de la Constitución.

26. Respecto al defecto por error inducido, señaló que el testimonio rendido por el
señor Maximiliano Carreño Vanegas, hijo del causante, indujeron a error al juez por
cuanto su participación fue malintencionada y dolosa, con la finalidad de vengarse
y hacerle daño a la aquí accionante.

27. Acerca del defecto por violación directa de la Constitución Política, aseguró que
se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la
seguridad social por no haberse analizado la controversia bajo una perspectiva de
género y de conformidad con los instrumentos internacionales sobre la prevención
de violencia contra las mujeres.

28. Respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, adujo que la
Subsección accionada se apartó de la ratio decidendi contenida en las sentencias
SU - 108 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, que establece la protección
de la mujer frente a todo tipo de violencia. Además, indicó que se desconocieron las
sentencias de 6 de octubre de 202019, de 20 de octubre de 202020, el 12 de octubre
de 202221, proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.

29. Resumidos los argumentos del escrito de tutela, en criterio de la Sala la presente
acción constitucional carece de la carga argumentativa mínima para fundamentar
los defectos invocados y, adicionalmente, no está poniendo de relieve que en la
providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que lo
pretendido por la actora es utilizar el presente mecanismo de amparo como una
tercera instancia.

30. En efecto, frente a la carencia de carga argumentativa, se destaca que en cuanto
al defecto de desconocimiento del precedente no se indicaron cuáles fueron las
reglas específicas que presuntamente desconoció la autoridad judicial accionada.

31. En consonancia con lo anterior, es de resaltar que esta Sala de Decisión en la
sentencia de 19 de abril de 202122, precisó que la carga argumentativa en estos
eventos se entiende satisfecha cuando la parte actora identifica: i) las reglas y sub
reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que se aducen
desatendidas; ii) las situaciones fácticas coligadas; y iii) los problemas jurídicos

19
: ID 711445, Proceso 80597, M.P. Martín Emilio Beltrán Quintero.
20
ID 712327, Proceso 64675, M.P. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez
21
ID 782897, Proceso 91856 M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-00999-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04376-00
Accionante: Rosalba Ulloa Galindo

planteados en ambos casos eran análogos o similares; argumentación que en el
caso de autos no se cumple.

32. Lo mismo ocurre respecto al defecto por violación directa de la Constitución
Política, frente al cual se echa de menos una argumentación en clave de derechos
fundamentales en el que la parte accionante hubiese explicado cuáles fueron las
normas de orden constitucional que resultaron transgredidas o dejadas de aplicar
en el caso concreto.

33. En igual sentido, el supuesto error inducido que se alega no es más que la
inconformidad de la parte accionante con uno de los testimonios rendidos en el
proceso, sin que se pueda apreciar que, en efecto, existen argumentos tendientes
a demostrar que la autoridad judicial fue conducida a un yerro. Cabe señalar, en
relación con este defecto, que la parte accionante no indicó por qué razón la
información brindada por el señor Maximiliano Carreño Vanegas, hijo del fenecido,
es contraria a la verdad.

34. Aunado a lo anterior, la Sala considera que lo pretendido por la actora en esta
acción constitucional es reabrir el debate que fue zanjado por la autoridad judicial
accionada en la sentencia de 9 de marzo de 2023, en la cual se señaló lo siguiente:

«[…] La no convivencia de la pareja Carreño-Ulloa es ratificada, en principio,
en el escrito de oposición del señor Maximiliano Carreño Vanegas, en el que
dejó entrever que su padre no pudo compartir techo, lecho y mesa de forma
continua e ininterrumpida con la actora, por cuanto nunca dejó su casa en el
barrio la Castellana, ni su núcleo familiar, compuesto por él, como hijo, su nuera
y nietos. Además, descartó la supuesta dependencia económica de la
demandante, por cuanto aquella ha tenido ingresos y es beneficiaria de una
pensión de sobrevivientes, reconocida a través de la Resolución 4042 del 15
de abril de 1999.
[…]
En este punto, es necesario poner de relieve que cuando las parejas no viven
bajo el mismo techo, es necesario valorar las razones que motivaron esa
situación, así como los demás factores determinantes de la convivencia
(intención de mantener un hogar, acompañamiento espiritual, moral y
económico, deber de apoyo y auxilio mutuo y comprensión), que en
últimas son los que legitiman el derecho reclamado. Elementos que no se
desprenden con contundencia de las declaraciones que quiso hacer valer la
actora y, por lo mismo, impiden establecer una convivencia real y efectiva de la
pareja Carreño-Ulloa.
[…]
Aquí vale la pena señalar que las manifestaciones tendientes a evidenciar un
vínculo sentimental, como las valoradas en este caso, no conducen
propiamente al reconocimiento de una convivencia real y efectiva bajo el apoyo
espiritual y físico, lo cual excluye los encuentros pasajeros, casuales o
esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no
engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida.

Bajo este entendido, es necesario aclarar que quien ostente la condición de
cónyuge o compañera supérstite, para obtener el derecho a ser beneficiario de
la asignación de retiro, debe fundamentar esta calidad bajo una convivencia
real y efectiva al momento de la muerte del causante; la cual exige la
demostración de una vida común que se mantuvo para el momento del

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04376-00
Accionante: Rosalba Ulloa Galindo

fallecimiento ocurrido, para ello es necesario acreditar la existencia del
componente afectivo y formación de hogar, que tenía con el pensionado al
momento de su muerte y durante el término que la ley lo prevé.

Así las cosas, en este caso la libelista no logró comprobar el requisito de haber
convivido durante los últimos 5 años de vida con el finado, pues del acervo
probatorio en análisis, se vislumbra que se mantuvo únicamente una presunta
relación afectiva, de la cual no se puede interpretar o entender como una unión
marital de hecho, o que dicho aspecto garantice prima facie la intención de
formar una familia fundada en un cohabitación continua y estable bajo el mismo
techo, como mucho menos los lazos de apoyo y socorro recíproco durante los
últimos años de existencia del causante […]».

35. De la transcripción en cita, la Sala advierte que la decisión proferida por la
Sección Segunda -Subsección “A”- del Consejo de Estado no incurrió no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la actora, pues analizó en forma razonable
los elementos probatorios y aplicó las normas que regulan la sustitución pensional.

36. En este estado de cosas, valga mencionar que si bien es cierto esta Sala de
Decisión ha tenido por superado el requisito de la relevancia constitucional en
acciones de tutela dirigidas a controvertir providencias judiciales relacionadas con
temas pensionales, tal criterio no puede ser aplicado al caso de la referencia, en la
medida en que el objeto de esta litis está limitado a establecer si el juez de segunda
instancia del proceso ordinario erró o no al considerar que la señora Rosalba Ulloa
Galindo no acreditó una convivencia real y efectiva con el causante en los últimos 5
años previos al fallecimiento de este último.

37. Valga mencionar que, de acuerdo con lo precisado por la Corte Constitucional en
la citada sentencia de unificación SU-215 de 2022, la sola mención de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
de la relevancia constitucional.

38. Así las cosas, se estima que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, según lo dicho por la Corte, no tiene trascendencia constitucional porque el
núcleo de la controversia se encuentra limitado a la mera inconformidad de la actora
con lo decidido por el juez natural del asunto. Además, no se puede pasar por alto
que la decisión cuestionada fue proferida por una de las Salas de Decisión que
integran esta Alta Corte, por lo que el examen de procedencia de esta acción
constitucional debe ser más riguroso.

39. Por los anteriores razonamientos, la Sala declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela, por incumplimiento del requisito general de procedibilidad
atinente a la relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04376-00
Accionante: Rosalba Ulloa Galindo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de la referencia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado (E)
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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