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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04398-00

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04398-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Luis Antonio de Ávila Cerpa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 9 Se precisa que actualmente, la Secretaría de la Sección Segunda se encuentra adelantando los trámites para realizar la notificación de la providencia. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-04398-00 Demandante: Luis Antonio de Ávila Cerpa 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04398-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

21 de septiembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04398-00
Demandante: Luis Antonio de Ávila Cerpa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-04398-00
Demandante LUIS ANTONIO DE ÁVILA CERPA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y
OTRO
Temas Acción de tutela contra autoridad judicial. Mora judicial. Derecho
fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. Carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Luis Antonio de Ávila Cerpa, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 17 de agosto de 20231, el señor Luis Antonio de Ávila Cerpa, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y el Tribunal Administrativo de Bolívar, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia por la demora en resolver el conflicto negativo de competencia generado en
el expediente Nro. 11001-03-24-000-2021-00038-00 (2499-2021).
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional a los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO y a la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA a LUIS ANTONIO DE AVILA CERPA y
como consecuencia:
SEGUNDO: Ordenar a la Sección Segunda del Consejo de Estado que en el término
improrrogable de diez (10) días contados a partir de la notificación de la sentencia, decida el
conflicto de competencias suscitado en el expediente cuyo radicado es 11001-03-24-000-
2021-00038-00 (2499-2021), donde funge como demandante el señor LUIS ANTONIO DE
ÁVILA CERPA y demandado el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA.
TERCERO: Ordenar a la Sección Segunda del Consejo de Estado que luego de dirimido el
conflicto de competencia remita a la mayor brevedad el expediente al Tribunal Administrativo
de Bolivar.(sic)
CUARTO. - Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolivar (sic) dar prelación al proceso cuyo
radicado es 11001-03-24-000-2021-00038-00, donde funge como demandante el señor LUIS
ANTONIO DE ÁVILA CERPA y demandado el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE,
SENA.
QUINTO: Las demás que considere el despacho para proteger mis derechos fundamentales.».

1 Samai, índice 2.
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Demandante: Luis Antonio de Ávila Cerpa

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Luis Antonio de Ávila Cerpa presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución Nro. 00000139 del 7 de
junio de 2016, el auto 000015 del 19 de junio de 2016 y el Oficio Nro. 2-2016-
001201 del 11 de agosto de 2016, todos expedidos por el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, dentro del proceso de cobro coactivo iniciado por dicha
entidad con el fin de obtener el reintegro de los valores cancelados al
demandante por concepto de salarios y prestaciones sociales.

2.2. La demanda fue radicada ante los juzgados administrativos de Sincelejo,
correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Sincelejo, quien en providencia del 6 de febrero de 2019 declaró la
falta de competencia para conocer del asunto y ordenó la remisión al Tribunal
Administrativo de Bolívar.

Como fundamento de esta decisión el juzgado argumentó que la cuantía
estimada supera los 50 smmlv y, además, que el último lugar donde prestó el
servicio el señor Luis Antonio fue en la ciudad de Cartagena, como director del
SENA regional Bolívar.

2.3. En auto del 17 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar
propuso conflicto negativo de competencia al considerar que los actos
administrativos no eran de carácter laboral, y comoquiera que los actos
demandados fueron expedidos en la ciudad de Sincelejo y Bogotá, al no tener
domicilio el actor en Cartagena, ese tribunal no tendría competencia para
conocer del asunto.

2.4. Recibido el expediente en el Consejo de Estado, le fue repartido a la Sección
Primera, la cual, mediante auto del 22 de junio de 2021, estimó que el asunto
era de conocimiento de la Sección Segunda y procedió a remitirlo.

2.5. El 10 de agosto de 2021, el proceso fue repartido en la Sección Segunda,
correspondiéndole su conocimiento al magistrado Gabriel Valbuena
Hernández, quien, con auto del 10 de diciembre de 2021, corrió traslado a las
partes para presentar los alegatos.

2.6. El 19 de mayo de 2022, el expediente pasó al despacho del doctor Valbuena
para resolver el conflicto de competencia.

2.7. El señor Luis Antonio de Ávila Cerpa con posterioridad a la fecha antes
mencionada, aseguró que presentó varias solicitudes de impulso procesal sin
que estas prosperaran.

3. Fundamentos de la acción

El accionante cuestionó que a la fecha de radicación del escrito de tutela la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado no ha resuelto el conflicto negativo
de competencia generado entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Bolívar.

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Asegura que, desde que el expediente pasó al despacho del magistrado Gabriel
Valbuena Hernández para decidir ha transcurrido un año, dos meses y veintiocho
días, sin que se profiera el auto que resuelve el conflicto. Esto sin contar que la
demanda fue radicada el 24 de noviembre de 2016, por lo que a la fecha han pasado
casi siete años sin mayor trámite en el proceso.

Adicionalmente, manifestó que la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, omitió tener en cuenta que lo pretendido en el expediente Nro. 11001-03-
24-000-2021-00038-00 es la nulidad de algunos actos administrativos proferidos en
el trámite de un proceso de cobro coactivo, por lo que debe dársele prelación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Finalmente, aseguró que la demora en resolver el conflicto de competencia vulnera
los términos establecidos en el artículo 120 del Código General del Proceso.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 25 de agosto de 2023, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por el señor Luis Antonio de Ávila Cerpa contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, magistrado Gabriel Valbuena
Hernández y el Tribunal Administrativo de Bolívar. Asimismo, ordenó vincular
al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, al Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA y al Banco Davivienda S.A., en calidad de
terceros con interés en el proceso constitucional.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A2, por conducto del
magistrado Gabriel Valbuena Hernández, mencionó el trámite que le impartió
al conflicto de competencia desde la fecha en la que le fue repartido, e indicó
que, no se ha proferido decisión de fondo pues tiene gran cantidad de procesos
asignados, los cuales tramita de acuerdo con el turno de entrada al despacho
para su trámite y resolución.

No obstante, mencionó que en aras de agilizar el trámite del proceso Nro.
11001-03-24-000-2021-00038-00, procederá con su estudio para tomar la
decisión de fondo. Por lo que, solicitó se negara esta acción por no haberse
transgredido derecho fundamental alguno.

4.3 En esta oportunidad no se pronunció el Tribunal Administrativo de Bolívar, el
Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y Davivienda S.A.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo

2 Samai, índice 9.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
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para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con los antecedentes expuestos, en especial con el informe rendido
por la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, despacho del
magistrado Gabriel Valbuena Hernández, corresponde a la Sala determinar si en el
caso concreto operó la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado,
debido a que en el trámite de la acción de tutela se adelantaron las gestiones
tendientes a garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia del señor Luis Antonio de Ávila Cerpa.
3. Carencia actual de objeto por hecho superado
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.
Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este fenómeno ha
sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de objeto
dividido en tres escenarios: (i) hecho superado4; (ii) daño consumado5 y (iii) situación
sobreviniente6.

Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-
494 de 1993, precisó lo siguiente:
“(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.

estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011 T-597 de 2015, T-669 de 2016 y T-
624 de 2016 T-021 de 2017.
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
6 Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158
de 2017
4
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La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.”
(Subrayas fuera del texto)

Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la entidad demandada adelantó las acciones tendientes
a cesar la vulneración de los derechos fundamentales, lo que por sustracción de
materia hace inocuo cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para
lograr el amparo de los derechos.

Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 “ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración
de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento,
así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”.

De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las
pretensiones”.

4. En el caso particular operó el fenómeno de carencia actual de objeto por
hecho superado

4.1 El accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, porque el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, despacho del magistrado Gabriel
Valbuena Hernández, no había resuelto el conflicto de competencia del
proceso Nro. 11001-03-24-000-2021-00038-00, suscitado entre el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de
Bolívar, el cual pasó al despacho para resolver de fondo el 19 de mayo de
20227.

4.2 Ahora bien, del informe rendido por el despacho del magistrado Gabriel
Valbuena Hernández se advierte que, esta autoridad judicial manifestó que se
procedería a resolver el conflicto de competencia con la finalidad de agilizar el
trámite del proceso, y que una vez definido el mismo, se remitiría a la
Secretaría de la Sección Segunda para su notificación.

Revisado el sistema de Gestión Samai del Consejo de Estado, la Sala
evidencia que, el 30 de agosto de 2023 8 el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, magistrado Gabriel Valbuena Hernández, profirió

7 Samai, índice 29. Expediente Nro. 11001-03-24-000-2021-00038-00.
8 Samai, índice 38. Expediente Nro. 11001-03-24-000-2021-00038-00.
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auto en el que resolvió el conflicto negativo de competencia. En la mencionada
providencia se decidió lo siguiente:
“PRIEMERO. (sic) DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Bolívar, es el competente
para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por
el señor Luis Antonio de Ávila en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
SEGUNDO. REMITIR el expediente al mencionado tribunal, para que asuma el conocimiento
del presente asunto y resuelva lo de su competencia.
TERCERO. COMUNÍQUESE esta providencia al Juzgado Octavo Administrativo Oral de
Sincelejo.”

Lo que implica que ya fue adelantada la gestión solicitada por el aquí
accionante 9 , es decir, que se resolviera el conflicto de competencia y se
ordenara remitirlo a la autoridad judicial correspondiente para continuar con el
trámite. Como se observa a continuación:

4.3 Dado que la solicitud de amparo fue satisfecha por la autoridad accionada en
el curso de la acción de tutela, comoquiera que se resolvió el conflicto de
competencia, al dictarse el auto del 30 de agosto de 2023; carece de objeto
emitir un pronunciamiento de fondo en razón a que la solicitud de amparo
perdió cualquier motivo que la justifique.

4.4 Así las cosas, la Sección declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, ya que a la fecha no existe vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, dado que su pretensión relativa
a que se resolviera el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de
Bolívar, dentro del expediente Nro. 11001-03-24-000-2021-00038-00, ya fue
satisfecha.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con
las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Luis Antonio de
Ávila Cerpa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

9 Se precisa que actualmente, la Secretaría de la Sección Segunda se encuentra adelantando los trámites
para realizar la notificación de la providencia.
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Demandante: Luis Antonio de Ávila Cerpa

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON

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