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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04398-00

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04398-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio Nacional de Educación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 5 Cfr. Artículo 1° Decreto 2591 de 1991 6 Ver sentencia T-472 de 2017. 7 Ver sentencia T-653 de 2017. 7 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04398-00 Accionante: Enderson Puello Contreras SEGUNDO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela presentada en nombre propio por Enderson Puello Contreras, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04398-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04398-00
Accionante: Enderson Puello Contreras

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04398-00
Accionante: ENDERSON PUELLO CONTRERAS
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS (URNA)

Tesis: Carece de objeto la acción de tutela, cuando en el curso
del proceso y antes de proferir fallo la entidad accionada
cumplió la conducta solicitada.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por
el ciudadano Enderson Puello Contreras, quien consideró vulnerado sus
derechos fundamentales al debido proceso, derecho al trabajo, derecho a
elegir libremente profesión u oficio, por parte del Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia.

I. LA SOLICITUD DE AMPARO

I.1. Enderson Puello Contreras promovió acción de tutela en contra del
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de que le fueran protegidos
sus derechos fundamentales al debido proceso, derecho al trabajo,
derecho a elegir libremente profesión u oficio.

Señaló como peticiones las siguientes:

«[…] PRIMERO: Que sean tutelado mis derechos fundamentales a;
DEBIDO PROCESO, DERECHO AL TRABAJO, DERECHO A ELEGIR
LIBREMENTE PROFESIÓN U OFICIO, y cualquier otros Derechos que
se me encuentre afectado.

SEGUNDO: En consecuencias de lo anterior, ORDENE a la Unidad
Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la
Judicatura, CONSIDERAR y tomar la información requerida de la fecha
de ingreso a la carrera de Derecho, en el documento denominado
Certificación de Calificaciones Globales, expedido por la Rectoría
de la Universidad de los Andes – Mérida, Venezuela, debidamente

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04398-00
Accionante: Enderson Puello Contreras

apostillada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores de Venezuela, con el nro. P29F09V32414409.

TERCERO: ORDENE a la Unidad Registro Nacional de Abogados
(URNA) del Consejo Superior de la Judicatura, CONTINUAR con mi
tramite de expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado, registrada
con el número de radicado 21130 del 14/06/2024.

CUARTO: Que se garantice el cumplimiento del fallo obtenido. […]»

II. SITUACIÓN FÁCTICA

II.1. Señaló que, el 5 de marzo del 2024, realizó ante el Ministerio de
Educación, solicitud de convalidación del título de abogado, expedido el 5
de agosto del 2022, por la Universidad de Los Andes (ULA) Venezuela.
Quedando registrada con el número 2024EE068831.

II.2. Refirió que, el 11 de junio del 2024, fue expedida la Resolución núm.
009809 del Ministerio de Educación Nacional; resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO. - Convalidar y reconocer para todos los
efectos académicos y legales en Colombia, el título de
ABOGADO, otorgado el 5 de agosto de 2022, por la institución
de educación superior UNIVERSIDAD DE LOS ANDES,
VENEZUELA, a ENDERSON JOSE PUELLO CONTRERAS,
ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1065667324, como ABOGADO.”

II.3. Manifestó que, el 13 de junio del 2024, realizó solicitud de
expedición de tarjeta profesional ante la Unidad Registro Nacional de
Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura, quedando
registrada con el número de radicado 21130.

II.4. Mencionó que, la entidad accionada dentro del trámite de inscripción
y expedición de la tarjeta profesional, realizó requerimiento ante el
Ministerio de Educación Nacional, para que, confirmará algunos datos de
la resolución que aprobó la convalidación de su título de abogado.

II.5. Contó que, ante la mora para resolver su solicitud, elevó varias
peticiones ante la accionada, pidiendo darle continuidad y celeridad a su
trámite, recibiendo como respuesta el 25 de julio de 2024, la siguiente “El
Ministerio de Educación Nacional, no ha dado respuesta al requerimiento”.

II.6. Relató que, la entidad, realizó requerimiento a la Universidad de los
Andes – Venezuela, con el propósito de confirmar la fecha de ingreso a la
escuela de derecho, para determinar si debe cumplir con la presentación
y aprobación del examen de estado, conforme a lo dispuesto en la Ley
1905 del 2018.

II.7. Mencionó que, el 12 de agosto de 2024, se comunicó con la
Universidad en Venezuela, quien le informó que, debido a la crisis política

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Accionante: Enderson Puello Contreras

y social que vive el país, fueron suspendidas indefinidamente las
actividades académicas como administrativas del claustro académico.

Ante ese panorama, en la misma fecha le solicitó a la entidad accionada
continuar con el trámite, y tener como prueba las notas globales que
allegó con la documentación, las cuales se encuentran debidamente
apostilladas.

II.8. El 12 de agosto de 2024, a través de correo electrónico la entidad
accionada, le respondió “que la respuesta al requerimiento de la fecha de
ingreso a la escuela de Derecho, debe emitirla directamente la
Universidad ante el funcionario que lleva el trámite”, considerando el
accionante contradictorio, “ya que las NOTAS GLOBALES, debidamente
apostillado, es un documento que fue expedido en su oportunidad por la
Universidad de Los Andes” y que se encuentran en poder de la entidad
accionada.

II.9. Aseguró el accionante que, “Esto conlleva a NO CONTINUAR CON
MI TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE LA T.P, esperando un requerimiento de
fecha de ingreso a la escuela de Derecho, por parte de la Universidad de
los Andes en Venezuela, cuando esa información de verificación NO LO
HACE POR CORREO ELECTRONICO, no obstante, esa información está en
poder del Consejo Superior de la Judicatura, ya que fue compartido un
documento denominado “NOTAS GLOBALES” que está debidamente
apostillado y que se visualiza la fecha de ingreso a la escuela de Derecho”.

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

III.1. El 23 de agosto de 2024, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, se vinculó al Ministerio Nacional de Educación y se
ordenó notificar a la entidad accionada y a la vinculada.

III.2. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Registro
Nacional de Abogados (URNA), refirió que, una vez cotejada la
documentación aportada por el accionante con el Ministerio Nacional de
Educación y la Universidad de los Andes (ULA) de Mérida – Venezuela, se
profirió el acta núm. 41060 del 22 de agosto de 2024, por medio de la
cual se realizó la inscripción en el Registro Nacional de Abogados al
accionante y le asignó la tarjeta profesional de abogado núm. 432.397.
Decisión que le fue notificada el 4 de septiembre de 2024 al correo
electrónico aportado por el accionante.

Seguidamente, informó que, el plástico de la tarjeta profesional se
encuentra en proceso de impresión y será remitido al accionante a la
dirección de domicilio registrada, a través del servicio de correo
certificado de la empresa 4-72 Servicios Postales Nacionales de Colombia
S.A.

III.3. El Ministerio de Educación, solicitó su desvinculación del
presente trámite, al considerar que carece de legitimación por pasiva al

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Accionante: Enderson Puello Contreras

no ser la entidad competente para expedir la tarjeta profesional del
accionante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. COMPETENCIA.

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991 en concordancia con lo dispuesto en el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80
de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta
Sala es competente para conocer del presente asunto.

IV.2. Cuestión Previa

La Sala advierte que previo a descender al estudio del caso en concreto,
resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación
en la causa por pasiva planteado por el Ministerio de Educación Nacional.

El artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por
pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante
del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida
contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de
30 de noviembre de 20061, se refirió a la falta de legitimación en la causa
por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la
oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad

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Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Accionante: Enderson Puello Contreras

subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios
de legalidad y contradicción.

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que no se accederá a la solicitud
de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por
el Ministerio de Educación Nacional. Si bien es cierto, como lo manifestó
esa cartera ministerial en el informe rendido, la entidad encargada de
expedir la tarjeta profesional al accionante es, la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia; si le asiste interés en el
presente trámite, comoquiera que, dentro de los requisitos para proceder
a la expedición de la tarjeta, se necesitaba información relevante para
continuar con el trámite.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará no probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio Nacional
de Educación.

IV.3. Hechos Relevantes

IV.3.1. El 13 de junio del 2024, realizó solicitud de expedición de tarjeta
profesional ante el Unidad Registro Nacional de Abogados (URNA) del
Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que le fuera expedida la
tarjeta profesional.

IV.3.2. El 17 de junio de 2024, la Unidad de Registro le solicitó al
Ministerio de Educación información sobre la resolución por medio de la
cual le fue convalidado el titulo de abogado, así como la fecha de
expedición del mencionado acto administrativo. Decisión que le fue
comunicada al accionante a través de correo electrónico.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04398-00
Accionante: Enderson Puello Contreras

IV.3.3. El 18 de julio de 2024, el Ministerio de Educación Nacional,
remitió copia de la Resolución No. 009809 de 11 de junio de 2024,
mediante la cual se convalidó el título de abogado otorgado por la
Universidad de los Andes de Venezuela al señor Puello Contreras.

IV.3.4. El 22 de agosto de 2024, la Unidad de Registro de Abogados, le
asignó la tarjeta profesional de abogado núm. 432.397.

IV.4. Análisis de la Sala

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los
derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o
amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los
casos expresamente indicados. Procede a falta de otro medio de defensa
judicial, salvo se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un
perjuicio irremediable.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la figura de
la carencia actual de objeto opera cuando, durante el trámite de la acción
de tutela, cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, o cuando se
consuma la violación, de manera que se impide el ejercicio del derecho,
o la pretensión perseguida deja de ser exigible al punto de no existir el
motivo u objeto que justifique la intervención del juez constitucional 2. Así
entonces, la carencia actual de objeto se presenta a través de dos
eventos: el hecho superado y el daño consumado; también se presenta
cuando, no obstante que no se dan las condiciones del hecho superado,
se ha hecho efectiva la conducta que se pretendía evitar, pero resultaba
improcedente impartir cualquier orden, como quiera que no se daban los
supuestos para la prosperidad de la tutela.

Sobre el primer supuesto, se tiene que la carencia de objeto por hecho
superado se genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción
de tutela era una orden de actuar y, previo al pronunciamiento del juez,
sobrevienen hechos que demuestran que la entidad accionada acató la
solicitud y que su correspondiente conducta resulta suficiente para
impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo por
el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse
su objeto, resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez
que “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”3.

Por su parte, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta
cuando se ha consumado el daño o afectación que se pretendía evitar con
la acción de tutela, de forma que, ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto4.

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón,
sentencia de 5 marzo de 2021. Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00063-00
3
Corte Constitucional, sentencias T-519 de 1992, C-540 de 2007, T-218 de 2008 y T-112 de 2010.
4
Corte Constitucional, sentencia T-653 de 2017

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04398-00
Accionante: Enderson Puello Contreras

En el tercer supuesto debe tenerse en cuenta que la finalidad u objeto de
la acción de tutela es la protección de los derechos vulnerados o
amenazados5, por lo que, cuando desaparece el hecho que ha dado lugar
a la interposición de la acción de tutela y no se ha emitido
pronunciamiento alguno sobre el eventual amparo, la decisión del juez del
conocimiento del caso resultaría inocua por carecer de objeto. Lo anterior
no obsta para que, en algunos casos, y con el fin de determinar si era o
no amparable el derecho constitucional, se realice un pronunciamiento de
fondo.

Bajo tal presupuesto, advierte la Sala que el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, con el informe que rindió, allegó copia del oficio remitido al correo
electrónico del accionante (04/09/2024), por medio del cual se le informó
que había sido inscrito en el Registro Nacional de Abogados con la tarjeta
profesional núm. 432.397.

Visto lo anterior, y teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Carta Política
prevé la acción de tutela como un mecanismo por medio del cual se busca
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales,
amenazados o conculcados por la acción o la omisión de una autoridad
pública o de determinados particulares, resulta claro que, al desaparecer
las causas o motivos de la afectación, la acción de tutela pierde su razón de
ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial6,
configurándose el fenómeno de carencia actual del objeto.

Al respecto, la Corte Constitucional lo ha entendido como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden
que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados»7.

Así las cosas, para la Sala, la presente acción de amparo carece de objeto,
en tanto que la conducta solicitada por el accionante, esto es, la
expedición de la tarjeta profesional se cumplió mediante el acta núm.
41060 de 2024, por medio de la cual se le asignó la tarjeta profesional de
abogado núm. 432.397.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por el Ministerio Nacional de Educación,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

5
Cfr. Artículo 1° Decreto 2591 de 1991
6
Ver sentencia T-472 de 2017.
7
Ver sentencia T-653 de 2017.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04398-00
Accionante: Enderson Puello Contreras

SEGUNDO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela presentada en nombre propio por
Enderson Puello Contreras, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia
en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en
el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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