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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04432-00

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04432-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José William Sánchez Páez, por las razones expuestas frente a las pretensiones 1 y 2 que guardan relación con lo pretendido en la acción popular que se encuentra en curso. 2. Negar las pretensiones de la acción de tutela respecto a la vulneración alegada por el actor frente al Ministerio de Transporte, conforme a lo expuesto. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04432-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

21 de septiembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04432-00
Demandante: José William Sánchez Páez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ventiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04432-00
Demandante: JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PÁEZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Protección de derechos colectivos. Petición

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor José
William Sánchez Páez, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto
333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor José William Sánchez Páez ejerció acción de tutela contra la Presidencia de
la República, el Congreso de la República, la Nación –Ministerio de Transporte-, -
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, por considerar vulnerados derechos
fundamentales individuales y colectivos a la vida, salud, intimidad familiar y personal,
el goce de ambiente sano, al equilibrio ecológico y la protección a la familia. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

« 1. Que se ordene al Estado Colombiano para que presente planes para implementar en un
lapso no mayor a un año y a fin de proteger mis derechos fundamentales como consecuencia
de la Contaminación Auditiva por Fuentes Móviles y muy en especial en Zonas Urbanas como
son:
a. Crear normativas para el desmonte gradual de motores ruidosos de Vehículos y Motos.
b. Prohibir la importación de Automotores y Motos Ruidosos y que contaminan el Aire y de acuerdo
a los parámetros que determine el Ministerio de Ambiente.
c. Prohibir y eliminar gradualmente las Cornetas que utilizan Volquetas, Camiones, Furgones,
Transporte Publico, Transporte Especial de Pasajeros, entre otros.
d. Que se cree normativa para que las bocinas, pitos y alarmas de Automotores y Motos sea hasta
un nivel de decibeles que no afecte al ser humano y que lo certifique los Centros de Diagnostico.
e. Que se cree normativa para que las Sirenas de los Carros de Emergencia (Ambulancias,
Bomberos) sea hasta un nivel de decibeles que no afecte al Ser Humano y que Únicamente se
exceda estos decibeles, cuando la emergencia es de gran dimensión. Ejemplo un Terremoto,
Incendio a gran escala, Maremotos, Colapsos a gran escala.
f. Plantear y en Coordinación con los dueños de Automotores de Trabajo, la Importación y
circulación en el territorio Nacional de Automotores de Trabajo (Camiones, Volquetas, Furgones,
Taxis, Tractomulas), Únicamente por Chatarrización o Reposición de otro que salga de circulación
en el territorio Nacional y a fin también de ayudar a estos que Actualmente Trabajan a Perdida, en
gran parte por la entrada de más Automotores de Trabajo, que competen con estos.
g. Crear Normativa que autorice a los alcaldes a incorporar mecanismos, donde uno pueda reportar
contaminación auditiva por fuentes móviles (Automotores y Motos) que vulnere y/o amenace la
Intimidad Personal, Familiar y/o la Tranquilidad de Residentes, como es mi caso y a fin de que este
mecanismo o entidad, ejecute acciones, a fin de proteger este derecho fundamental.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04432-00
Demandante: José William Sánchez Páez

2. Que se Ordene al Distrito Capital Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, secretaria de Movilidad,
entre otras) para que me visite y constate lo que me pasa y a los residentes y familias que
estamos en la carrera 10 entre calles 64 y 69 y muy especialmente en la carrera 10 entre calles
67 y 69, Calle 67A entre carreras 9 y 10 y Calle 69 entre carreras 9 y 10 para que:
a. Levante una encuesta y nos pregunte: ¿Qué tanto les afecta el ruido vehicular, ya sea de día o
de noche, sobre la vía donde tienen su Residencia Familiar? ¿Qué tanto les afecta el ruido vehicular
cuando abren las ventanas, sobre la vía donde tienen su residencia familiar? Con respuestas como:
Nada, Poco, o Mucho.
b. Presente planes de implementación que REALMENTE proteja la Intimidad Personal, Familiar, la
Tranquilidad, la Vida y la Salud y como es:
i) Que se Implemente el POT Decreto 555 de 2021 Articulo 155, con vía para vehículos de hasta 3
metros de ancho y Zonas Verdes, ya que la Carrera 10 entre Calles 64 a 69 cumple con el Perfil
Completo I6 y L8 (…)
ii) Que en la implementación del POT (Articulo 155 Decreto 555 de 2021), tenga opciones, como
las ya implementadas en la Carrera 22 entre Calles 72 y 75, de la Ciudad de Bogotá y a fin de
proteger los derechos fundamentales (…)
iii) Que se Implemente señalización de “Circulación Prohibida de Vehículos de Carga” sobre:
-La Carrera 9A, con Calle 63 esquina.
• La Calle 66 con Carrera 11 esquina.
Esto en concordancia con el Articulo 15 y 60 del Decreto 948 de 1995 expedido por el Ministerio de
Ambiente, ya que en la calle 67 está la Clínica Infantil Colsubsidio.
iv) Tener Señalización vertical de 20Km sobre la Carrera 10 entre Calles 64 y 69.
v) Tener Señalización Vertical de “Prohibido Pitar” sobre la carrera 10 entre la calle 64 y 67, a fin
de mitigar los pitos de las Sirenas de las Ambulancias que pasan sobre la Carrera 10.
vi) Si es necesario aumenta los tiempos del Semáforo que está sobre la calle 63 a la altura de la
carrera 8, para que pueda fluir más los vehículos que suben por la calle 63.
vii) Si es necesario limitar e incluso disminuir las Rutas de transporte Publico que sube por la Calle
63 entre carrera 9A y 8 y Calle 66 entre Carrera 11 y 8, ya que estas vías son Muy Angosta para
tanto flujo vehicular y no están adecuadas para el Transporte Público.
viii) Si es necesario colocar en la carrera 9A entre calles 63 y 64 Zonas de Parqueo Pago o Zonas
de Estacionamiento de Bicicletas, a fin de limitar esta vía para el tránsito de vehículos y en especial
de Carga Pesada.
ix) Si es necesario cambiar el sentido del tránsito de los vehículos, como por ejemplo en la carrera
10 que transite ahora los vehículos desde la calle 69 hasta la calle 67.

3. Que se ordene al Ministerio de Transporte:
a. Que dé respuesta a mi Recurso de Reposición, de forma Clara, de Fondo, Suficiente, eficiente y
congruente a mis 6 preguntas que menciono en los HECHOS numeral 32.
b. Para que (Artículo 83 de la Constitución Política), para que derogue o Modifique la Resolución
160 de 2017, por contradecir Leyes Superiores y la Constitución Política (Según archivo “13
Respuesta Recurso Min Transporte.pdf” y HECHOS numerales 30 al 33, que sustenta lo que digo)
c. Que en el momento de Derogar o Modificar la Resolución 160 de 2017, se dé un tiempo
prudencial (puede ser de máximo un mes), para que los dueños de los Ciclomotores desmonten
los motores de Combustión Interna de las Bicicletas.»
(Sic a toda la cita)

2. Hechos y argumentos de la tutela

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor José William Sánchez manifestó que en la actualidad vive en un primer piso
con su madre, adulta mayor de 80 años que padece de trastornos auditivos.

Mencionó que el incremento de vehículos en zonas urbanas dentro del territorio
nacional y, en particular, en el sector de Chapinero en la ciudad de Bogotá, condujo a
una mayor contaminación del aire y auditiva por las bocinas, los motores de vehículos
y motos de todo cilindraje.

Mencionó que las bicicletas con motor a gasolina producen ruidos desesperantes y
que, pese a esto, no existe regulación por parte del Gobierno Nacional. Según el actor,
esta situación condujo a la presentación de problemas fisiológicos y psicológicos
adversos a la salud física y mental de las personas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04432-00
Demandante: José William Sánchez Páez

El señor Sánchez Páez mencionó que en la actualidad tiene un daño en su oído
izquierdo que lo atribuye al ruido por fuentes móviles que se presentan en Bogotá,
explicó que, por lo anterior, desde el año 2017, adelantó actuaciones administrativas
ante la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá con la finalidad de mejorar la
movilidad en el sector de Chapinero. Que, mediante diversas peticiones, solicitó la
implementación de reductores de velocidad y señalización vial. Sostuvo que las
respuestas emitidas al respecto fueron incongruentes y no resolvieron sus solicitudes.

Señaló que las ultimas peticiones que ejerció ante las diferentes entidades fueron
radicadas entre julio y octubre de 2022, en las que solicitó, entre otras, al Congreso de
la República, la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Transporte que se pronunciaran
desde sus competencias para que se incluyera la prohibición de importar nuevos
vehículos y motos al territorio nacional, además, que se explique y demuestre qué
beneficios ambientales traen los ciclomotores, triciclos y cuatriciclos de combustión
interna a gasolina.

Manifestó que, conforme con la respuesta del Ministerio de Transporte, radicó
nuevamente petición que denominó “recurso de reposición” el pasado 24 de julio de
2023 en la que señaló 6 puntos a resolver frente a la Resolución 160 de 2017, que
reguló lo relacionado con ciclomotores, ya que, a su juicio, contradice varias leyes y la
Constitución.

Finalmente indicó que dicho recurso fue resuelto mediante oficio núm.
20234200854081 del 4 de agosto de 2022, sin embargo, considera que no se dio una
respuesta clara, de fondo y congruente respecto a los 6 interrogantes planteados razón
por la que a su juicio el mencionado ministerio vulneró los derechos fundamentales
invocados.

3. Trámite previo

Mediante auto del 24 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las partes, al Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá y a la Secretaría
Distrital de Ambiente de Bogotá, como terceros interesados en el resultado del
proceso, a quienes se les remitió copia de la demanda.

4. Oposición

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumple el requisito general de
subsidiariedad. Que, además, lo invocado por el actor está relacionado con el amparo
de derechos colectivos para lo que se debe debatir lo propuesto en una acción popular.

Además, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva por no
ser el llamado a cumplir lo pretendido por el actor.

El Senado de la República, por medio del secretario general, solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela y pidió que se desvinculara del presente trámite
a esa entidad por considerar que no es el competente para conocer de los
requerimientos y pretensiones solicitadas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04432-00
Demandante: José William Sánchez Páez

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá manifestó que, en atención al escrito
de tutela y las pretensiones, se debe declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que la entidad accionada es el Ministerio de Transporte y, por lo tanto,
corresponde a este pronunciarse sobre la situación fáctica planteada.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá guardó silencio.

5. Intervención de los terceros interesados

El Ministerio de Transporte informó que al verificar en el Sistema de Gestión
Documental Interno ORFEO, encontró que el señor Sánchez Páez ha radicado varias
peticiones a las que, de manera independiente, se les ha sido asignado un radicado,
entre estas, la que es objeto de análisis en el presente trámite constitucional y precisó
que se referiría a cada una.

Explicó que el actor, el 7 de julio de 2023, presentó petición ante esa entidad (radicado
20233031087632), el 10 de julio de 2023, presentó otra petición (radicado
20233031103182) y, seguidamente, el 14 de julio de 2023, nuevamente presentó
petición (radicado 20233031130462), que todas las peticiones guardaban el mismo
objeto consistente en que se derogue o modifique la Resolución 160 de 2017.

Al respecto, explicó que la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte,
mediante oficio Núm. MT No. 20234200790731 del 19 de julio de 2023, dio respuesta
a los radicados 20233031130462, 20233031103182, 20233031087632, enviada al
correo electrónico suministrado por el peticionario, este es: sanchez.jw@gmail.com ,
en el cual le comunicó:

«Me permito brindar respuesta a su petición señalando en primer lugar que, la
Resolución 160 de 2017 “Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los
vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuatriciclo y se dictan otras
disposiciones”, prevé dentro de su articulado las condiciones de circulación para los
vehículos de tipo ciclomotor y tricimoto, señalando que “solo podrán movilizarse por las
vías terrestres de uso público y privadas abiertas al público, cumpliendo con las
condiciones establecidas” entre las cuales se destaca contar con el certificado de
Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes.

Ahora bien, de igual manera, la Ley incluye en su artículo 11 que la revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos tipo ciclomotor y tricimoto se
realizará por parte de los Centros de Diagnóstico Automotor autorizados siguiendo los
parámetros de la norma técnica emitida por el INCONTEC.

Al respecto, la norma técnica colombiana NTC 6282 establece los requisitos que deben
cumplir los vehículos tipo ciclomotor y tricimoto en la revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes en los Centros de Diagnóstico Automotor. Sobre el particular,
resulta valido hay que destacar que dentro de la revisión que se realiza a este tipo de
vehículos se encuentra el componente de emisiones contaminantes en los gases de
escape de acuerdo con el tipo de motor y de combustible aplicando métodos y equipos
establecidos en las normas técnicas colombianas. Asimismo, dentro de la revisión se
verifica los elementos para producir ruido como bocina, pito o dispositivo acústico y
dispositivos sonoros que no se encuentren permitidos.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04432-00
Demandante: José William Sánchez Páez

De lo anterior, se puede concluir que para permitirse el tránsito de este tipo de vehículos
se necesita cumplir una serie de requisitos y, por lo tanto, su circulación cuenta con una
reglamentación acorde a esta tipología vehicular en particular.

Asimismo, para llevar a cabo la revisión técnico-mecánica de este tipo de vehículos en
la Resolución 6589 de 2019 “por la cual se modifican los artículos 6º, 9º,10, 11, 12, 21,
22, 27, 30 de la Resolución 3768 de 2013 'por la cual se establecen las condiciones que
deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación,
funcionamiento y se dictan otras disposiciones” se establece en su artículo 3 que los
Centros de Diagnóstico Automotor se clasifican según la cobertura del servicio (…)

En consecuencia, no es posible acceder a su solicitud de derogar la Resolución 160 de
2017, pues como se puede evidenciar de lo expuesto hasta este punto, la regulación
actual contempla que para el tránsito de esta clase de vehículos se verifique que los
mismos se encuentran en óptimas condiciones lo que incluye el componente de
emisiones contaminantes y de gases, así como los elementos para producir ruido. Todo
lo anterior, bajo unos parámetros que han sido establecidos por la norma técnica emitida
por el INCONTEC.”

Mencionó que el 24 de julio de 2023, el actor nuevamente radicó petición (radicado
20233031182432 denominada “recurso de reposición”), frente al cual, el Ministerio de
Transporte, por intermedio de la Subdirección de Tránsito emitió el Radicado MT No.
20234200854081 del 4 de agosto de 2023, y se pronunció en el siguiente sentido:

“En atención a su solicitud presentada el día 24 de julio de 2023, a través del radicado
de la referencia y por medio del cual solicita a esta cartera ministerial lo siguiente:

SOLICITO
1. Explique y demuestre si tienen o no Estudios Técnicos que complemente las
consideraciones de la Resolución 160 de 2017 y que menciono en el punto 2, sobre los
Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos de Combustión Interna a Gasolina
2. Explique y demuestre qué Beneficios Ambientales trae los Ciclomotores,
Triciclos, y Cuatriciclos de Combustión Interna a Gasolina y de acuerdo al Artículo 1 de
la ley 769 de 2002 que está en las consideraciones de dicha Resolución
3. Explique y demuestre cómo se está incentivando la bicicleta para avanzar en la
mitigación del impacto ambiental con los Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos de
Combustión Interna a Gasolina y como menciona el Artículo 1 de la Ley 1811 de 2016
que está en las consideraciones de dicha Resolución
4. Explique y demuestre cómo se está beneficiando a los peatones y ciclistas con la
circulación de Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos de Combustión Interna a Gasolina
y como menciona el Artículo 2 de la Ley 1811 de 2016 que está en las consideraciones
de dicha Resolución.
5. Explique y demuestre qué tecnología limpia tiene los Ciclomotores, Triciclos, y
Cuatriciclos de Combustión Interna a Gasolina y como menciona el Artículo 204 de la
Ley 1753 de 2015 que está en las consideraciones de dicha Resolución.
6. Con lo antes dicho solicito me informe si El Ministerio de Transporte, va a hacer
estudios para modificar o derogar la Resolución 160 de 2017”

Frente a su primera petición, es pertinente manifestar que al Ministerio de Transporte
como autoridad suprema de tránsito le corresponde definir, orientar, vigilar e
inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, conforme lo
señala el artículo 1 de la Ley 769 de 2002.

Ahora bien, en virtud de lo anterior y conforme a la potestad reglamentaria de los
Ministerios, el Ministerio de Transporte, en ejercicio de esta potestad, reglamentó el

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registro y la circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y
cuatriciclo a través de la Resolución 160 de 2017.

Siguiendo lo anterior, es importante mencionar que para el diseño de la política pública
se encuentra establecido un proceso que interactúa con los diferentes actores y
escenarios del sector. Es así como, para el caso en particular, al momento de
reglamentar la circulación y registro de los vehículos automotores tipo ciclomotor,
tricimoto y cuatriciclo, en este proceso participó cada uno de estos elementos enfocados
a la toma de la decisión final de reglamentar esta necesidad y, por ende, dentro del
proceso hizo parte un equipo técnico que acompañó todo el ejercicio de formulación e
implementación de esta política pública.

Por otro lado, es importante señalar que si bien es cierto el Ministerio de Transporte
como suprema autoridad de tránsito es el encargado definir, orientar, vigilar e
inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, corresponde
también a los alcaldes como la primera autoridad de tránsito de su municipio expedir las
normas y medidas necesarias para el ordenamiento del tránsito en su respectiva
jurisdicción.

Ahora bien, si el municipio cuenta con su respectivo Organismo de Tránsito, podrá a
través de su cuerpo de agentes realizar los controles y operativos necesarios respecto
de aquellos vehículos circulen sin las condiciones establecidas por la Ley.

Por ejemplo, sin contar con la revisión técnico mecánica vigente, entre otras. Por otra
parte, frente a su sexta petición, en la que solicita que el Ministerio derogue la Resolución
160 de 2017, debido a que, a su juicio, es inconstitucional.

Es menester señalar que no es de competencia del Ministerio resolver si una norma es
o no inconstitucional ya que corresponde al ámbito judicial.
Asimismo, como ciudadano, usted cuenta con las herramientas judiciales establecidas
en la Ley 1437 de 2011, para acudir a la jurisdicción contenciosa en el evento en que
considere que el acto administrativo quebranta la legalidad del orden jurídico.

Por lo que respecta a sus peticiones nro. 2, 3, 4 y 5, esta oficina no es competente para
brindar respuesta a las mismas, es por ello, que mediante los radicados nro.
20234200853531 y 20234200081843 damos traslado a las mismas ante la Agencia de
Seguridad Vial y el Grupo de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transporte para que
le sea brindada la respuesta dentro del término establecido.

En los anteriores términos se absuelve de forma clara, congruente y de fondo el objeto
de la solicitud, frente a los puntos que son competencia de esta cartera ministerial. Lo
anterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y
la Ley 1755 de 2015.”

Frente a la petición denominada “recurso de reposición” propuesta por el señor
Sánchez Páez el 24 de julio de 2023 contra la respuesta brindada en Oficio núm.
MT20234200854081, informó que la Subdirección de Tránsito, mediante Oficio MT
20234200922641 del 24 de agosto de 2023, le comunicó que en oficio del 4 de agosto
de 2023, ya se había resuelto lo solicitado y reiteró que en la parte considerativa de la
Resolución 160 de 2017, se explicó que la misma fue expedida conforme a la
necesidad de adoptar medidas conducentes para el registro y circulación de vehículos
automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuatriciclo.

Finalmente, señaló que, por intermedio del grupo Asuntos Ambientales y Desarrollo
Sostenible, por medio del radicado MT No. 20231120974751 del 5 de septiembre de
2023, como complemento del radicado 20234200854081, anotado anteriormente,
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emitió respuesta a las 4 solicitudes respecto de las cuales se le había dado traslado a
dicho grupo, lo cual, junto con las 2 respuestas de las solicitudes abordadas mediante
el radicado MT No. 20234200922641, completan la contestación de todos los puntos
contentivos del recurso de reposición que dio origen a la presente acción de tutela,
para el efecto allegó copia de los oficios remitidos al actor donde consta la respuesta
brindada.

En razón a lo expuesto, solicitó que se declare la carencia actual de objeto superado
en la medida en que ya fue satisfecha la pretensión del actor dirigida a que fueran
atendido los 6 puntos de su solicitud.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó su desvinculación del
trámite de la referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva dado que no
es el llamado a atender las pretensiones de la acción de tutela.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la acción de tutela y mencionó que la misma es improcedente en la
medida en que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, señaló que lo
pretendido por el actor es objeto de una acción popular, la cual además está en curso
actualmente bajo el radicado 11-001-33-35-018-2022- 00292-00.

Precisó que las pretensiones están dirigidas a una actividad que por competencia le
corresponde al Congreso de la República, al Ministerio de Transporte, al Ministerio del
Medio Ambiente y a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Asimismo explicó que a la fecha no existe una normatividad específica que permita a
esta autoridad ambiental ejercer un control sobre la emisión de ruido por fuentes
móviles y su respectiva operación (uso de pito, alarmas, sistema de amplificación de
sonido, accionar del motor, mecanismos del vehículo, entre otros); teniendo en cuenta
lo anterior, esta Secretaría como autoridad ambiental en el Distrito no cuenta con las
competencias técnicas, ni jurídicas para evaluar la presunta afectación por
contaminación auditiva generada por el flujo vehicular que transita por el sector objeto
de estudio.

Manifestó que, además de la acción popular con radicado 2023-00977-00, el actor ya
había interpuso una acción de tutela con radicado 2023-00974-00, la cual se declaró
improcedente por esta misma Sección en fallo del 27 de abril de 2023 y dicho fallo fue
confirmado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en providencia del 27 de julio
de 2023.

En razón a lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela o en
su defecto se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

El Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá informó que tuvo conocimiento de
la acción popular identificada con el radicado No. 11001-33- 35-018-2022-00292-00,
en la cual se debaten pretensiones y hechos similares a los que fundamentan la acción
de tutela.

Sin embargo, explicó que la mencionada acción popular fue remitida por competencia
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del auto de fecha 21 de julio de
2023 y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04432-00
Demandante: José William Sánchez Páez

A, avocó conocimiento mediante providencia de 4 de agosto de 2023 bajo el radicado
25000-23-41-000-2023-00977-00, despacho del magistrado Felipe Alirio Solarte Maya.

Il. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de
los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

En la presente acción de tutela, a la Sala le corresponde determinar dos puntos
respecto a las pretensiones del actor el primero de estos es: i) si se cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, en caso
afirmativo la Sala procederá a estudiar el caso de fondo y ii) si el Ministerio de
Transporte vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, en la medida
en que no ha resuelto la petición (que denominó recurso de reposición) presentada
ante dicha entidad el 24 de julio de 2023 en la que señaló 6 aspectos a resolver
respecto de la Resolución 160 de 2017.

i) Del requisito general de subsidiariedad

Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó1:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de
hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho

1 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04432-00
Demandante: José William Sánchez Páez

fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo
susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela
no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible
de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece
—con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales
(…)”.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada,
pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero
puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la
vulneración de derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la
Corte indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita
propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas
circunstancias que hacen procedente el amparo».

Del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

En el sub-lite, el actor alega la presunta vulneración de derechos fundamentales a la
vida, la salud, la intimidad, al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la
protección de la familia, niños, adolescentes y adultos mayores, en virtud de la
ausencia del Estado Colombiano de realizar las acciones correspondientes por la
contaminación del aire, además de la contaminación auditiva que generan los
Automotores en las zonas urbanas del país.

En el presente asunto, el actor pretende, como ya se anticipó, que, vía acción de tutela,
se protejan los derechos a la vida, la salud, la intimidad, al goce de un ambiente sano,
al equilibrio ecológico y a la protección de la familia. No obstante, a la fecha el actor
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial en curso, esto es la acción popular,
prevista en la Ley 472 de 1998, de naturaleza igualmente constitucional y que cuenta
con trámite preferencial2, tramitada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
bajo el radicado 2023-00977-00 la cual es el escenario indicado para resolver lo
solicitado frente a las medidas para mitigar la contaminación auditiva entre ellas la
prohibición de importación de vehículos y la regulación del tránsito en ciertas zonas de
la ciudad, pretensiones identificadas por el actor en el escrito inicial en los numerales
1 y 2.

2 “Artículo 6o. Tramite preferencial. Las acciones populares preventivas se tramitarán con preferencia a las demás que conozca

el juez competente, excepto el recurso de habeas corpus, la acción de tutela y la acción de cumplimiento”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04432-00
Demandante: José William Sánchez Páez

Lo anterior, de entrada, permite advertir que la acción de tutela, en este caso, se torna
en improcedente porque el actor cuenta con otro medio de defensa del cual está
haciendo uso para solicitar el amparo de la vulneración de los derechos invocados.

Revisada la página de consulta de procesos de la Rama Judicial, la Sala pudo
constatar que, en efecto, la acción popular se encuentra en trámite y el pasado 4 de
agosto de 2023 fue admitido el proceso. De manera que la Sala considera que no se
satisface el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.

La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito evitar que se
convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser utilizado para soslayar los
términos procesales de los medios ordinarios de defensa o para suplir falencias en las estrategias
de jurídicas de los apoderados, ya que no es dable al juez de tutela decidir asuntos que deben
ser debatidos en su escenario natural.

En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del Decreto 2591
de 1991, establece:

“Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá́:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será́ apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio
que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.” (Negrilla fuera
de texto)

Así́ mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró:

“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza
residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un
mecanismo ordinario de defensa. Así́ ha destacado en múltiples oportunidades que los
medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la
protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados
en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de
hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere
la Carta.

Conforme con lo anterior, en el presente asunto, de los hechos narrados por el actor,
no se advierte que alguno de los derechos fundamentales invocados como vulnerados
se encuentre en riesgo que amerite la intervención del juez de tutela. No se aportó
prueba que permitiera determinar que la vida o salud o del señor Sánchez Páez esté
en riesgo por la problemática que plantea en el escrito inicial, razón por la que respecto
a este punto la Sala declarara improcedente la acción de tutela de la referencia,
haciendo la salvedad que si bien la Sala en anterior oportunidad conoció de otra tutela
interpuesta por el actor3, no se evidencia temeridad en la medida en que algunas de
las pretensiones expuestas en el escrito inicial son distintas en esta oportunidad al
igual que las entidades demandadas varían.

3 Acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-00974-00 decidida mediante fallo del 27 de abril de 2023 y confirmada por

la Sección Quinta del Consejo de Estado el 27 de julio de 2023.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04432-00
Demandante: José William Sánchez Páez

ii) De la vulneración alegada por el actor por parte del Ministerio de
Transporte

Respecto a este punto, la Sala concluye que la inconformidad del actor radica en que,
afirma, el ministerio no atendió los 6 puntos que formuló en el recurso que ejerció
contra uno de los oficios mediante los que fue atendida su petición.

A su juicio, no fueron resueltas sus dudas de forma clara, concreta y de fondo, razón
por la que la Sala procederá a estudiar la posible vulneración del derecho fundamental
de petición y el caso concreto.

Derecho de petición y análisis al caso concreto

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades públicas y también ante
organizaciones privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una
pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85
de la Carta.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la información,
la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el acceso a
documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que resolución
sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y iii) que la decisión adoptada se
le notifique al peticionario1.

Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de
la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre
el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido”2. Aun así, la Corte
Constitucional ha aclarado que “una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante”3.

Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de
fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada
al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho
fundamental de petición.

En el sub examine, el señor José William Sánchez estimó que el Ministerio de
Transporte vulneró los derechos fundamentales invocados porque no emitió respuesta
de fondo respecto a la solicitud que denominó “recurso de reposición” el pasado 24 de
julio de 2023, tal y como consta en la siguiente captura de pantalla:

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04432-00
Demandante: José William Sánchez Páez

Los puntos a que se refirió la petición fueron:

“1. Explique y demuestre si tienen o no Estudios Técnicos que complemente las consideraciones de la
Resolución 160 de 2017 y que menciono en el punto 2, sobre los Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos de
Combustión Interna a Gasolina.
2. Explique y demuestre qué Beneficios Ambientales trae los Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos de
Combustión Interna a Gasolina y de acuerdo al Artículo 1 de la ley 769 de 2002 que está en las
consideraciones de dicha Resolución.
3. Explique y demuestre cómo se está incentivando la bicicleta para avanzar en la mitigación del impacto
ambiental con los Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos de Combustión Interna a Gasolina y como menciona
el Artículo 1 de la Ley 1811 de 2016 que está en las consideraciones de dicha Resolución
4. Explique y demuestre cómo se está beneficiando a los peatones y ciclistas con la circulación de
Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos de Combustión Interna a Gasolina y como menciona el Artículo 2 de
la Ley 1811 de 2016 que está en las consideraciones de dicha Resolución.
5. Explique y demuestre qué tecnología limpia tiene los Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos de Combustión
Interna a Gasolina y como menciona el Artículo 204 de la Ley 1753 de 2015 que está en las consideraciones
de dicha Resolución.
6. Con lo antes dicho solicito me informe si El Ministerio de Transporte, va a hacer estudios para modificar
o derogar la Resolución 160 de 2017”

Del informe brindado por el Ministerio de Transporte se evidencia que la referida
petición fue resuelta mediante oficio del 4 de agosto de 2023 tal y como aparece a
continuación:

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Demandante: José William Sánchez Páez

Frente a lo anterior, el señor Sánchez Pérez manifestó en la presente solicitud de
amparo que la respuesta brindada no era clara y de fondo razón por lo que consideró
vulnerados los derechos invocados.

Sin embargo, con ocasión a la solicitud de amparo el Ministerio de Transporte profirió
los siguientes oficios complementarios:

i) Oficio núm. MT20234200922641 del 24 de agosto de 2023 en el que
complementó la respuesta brindada respecto al punto número 1 de la petición del actor
y le informó que no reposan estudios técnicos usados para la expedición de la
Resolución 160 de 2017, no obstante en la parte considerativa de dicho acto
administrativo quedó consignado que se expidió teniendo en cuenta la necesidad de
adoptar medidas conducentes para el registro y circulación de vehículos automotores
tipo ciclomotor, tricimoto y cuatriciclo, y la creación de políticas en materia de seguridad
funcional y eficacia medioambiental.

Frente al punto número 6 se le informó al actor que luego de verificar con el Grupo de
Regulación del Ministerio de Transporte, por el momento no se tiene previsto dentro
de la agenda regulatoria realizar modificaciones o derogar la Resolución 160 de 2017,
y le explicó que los actos administrativos tienen presunción de legalidad y si su
inconformidad respecto a dicha resolución persiste lo pertinente es que acuda al medio
de control definido en la ley con tal fin.

ii) Oficio Núm. MT 20231120974751 del 5 de septiembre de 2023 en el que
resolvió los puntos 2,3,4 y 5 de la petición del actor, en los siguientes términos:

“2. Explique y demuestre qué Beneficios Ambientales trae los Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos
de Combustión Interna a Gasolina y de acuerdo al Artículo 1 de la ley 769 de 2002 que está en las
consideraciones de dicha Resolución

Respuesta. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte es el encargado de definir, orientar, vigilar
e inspeccionar la ejecución de políticas en materia de tránsito, y conociendo las necesidades de regulación
en los centros urbanos en torno a la movilidad, en el 2017 esta Entidad emitió la Resolución 160 que tiene
como objeto “determinar las condiciones para llevar a cabo el registro de los vehículos automotores de tipo

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Demandante: José William Sánchez Páez

ciclomotor, tricimoto y cuatriciclo de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación
de energía, ante los organismos de tránsito en el país, así como reglamentar la revisión técnico-mecánica
ante los Centros de Diagnóstico Automotor y las condiciones para su circulación”.

Pese a que la citada resolución y su objeto tienen una orientación netamente de reglamentación de tránsito,
es de resaltar que desde la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible – ENTS se está promoviendo la
modernización del parque automotor del país, incluyendo todos los modos y priorizando las tecnologías de
cero y bajas emisiones en el país (gas natural, gas licuado de petróleo, electricidad e hidrógeno). Dentro de
los modos y clases de vehículos se identificado de fácil electrificación se encuentran los ciclomotores y
tricimotos. En este sentido, se espera contar con un estudio para revisar el potencial de electrificación y/o
conversión de este tipo de vehículos.

3. Explique y demuestre cómo se está incentivando la bicicleta para avanzar en la mitigación del
impacto ambiental con los Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos de Combustión Interna a Gasolina
y como menciona el Artículo 1 de la Ley 1811 de 2016 que está en las consideraciones de dicha
Resolución

Respuesta. El Ministerio de Transporte busca dar respuesta a las necesidades de movilidad de las personas
más vulnerables en la vía, en todos sus contextos, mediante la implementación de la Estrategia Nacional de
Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial – ENMA, mediante la generación de instrumentos,
directrices e intervenciones que permiten el desarrollo de la movilidad activa en Colombia, de acuerdo con
los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional a través de la Política Nacional de Movilidad Urbana
y Regional - CONPES 3991 de 2020, la Ley 2169 de 2021 de Acción Climática, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS, la Nueva Agenda Urbana – Hábitat III, la Contribución Determinada a nivel Nacional –
NDC, la Resolución 2254 de 2017 Norma de Calidad del Aire, y la Estrategia Nacional de Calidad del Aire -
ENCA.

Ahora bien, sabemos que promover la movilidad activa, incluida el uso de la bicicleta, no es un ejercicio
únicamente del sector transporte. Por lo que se ha logrado una articulación de sectores y entidades como
los ministerios de Salud y Protección Social, Deporte, Educación Nacional, Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y Vivienda, Ciudad y Territorio, así como el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, entre otros, para su gestión e implementación. Y por otra, se ha comenzado
con la gestión con los gobiernos locales, el sector privado, la academia y la ciudadanía organizada, siendo
esta última uno de los pilares y motivaciones para la construcción y expedición de esta estrategia.

Somos conscientes que sacar adelante la ENMA implica una serie de desafíos, tiene un horizonte de corto
y mediano plazo a 2030, sin embargo, este gobierno está decidido en apalancar el empoderamiento de todas
las personas, especialmente de los niños, niñas y mujeres, siendo la movilidad activa un vehículo de igualdad
que rompe los estereotipos, y aporta al cambio social, económico, de salud y ambiental del país, para crear
ciudades más inclusivas y sostenibles, en un marco de intermodalidad y complementariedad de los medios
de transporte, que esté enfocada en los ciudadanos, y ayude a conectar las vidas de los colombianos.

4. Explique y demuestre cómo se está beneficiando a los peatones y ciclistas con la circulación de
Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos de Combustión Interna a Gasolina y como menciona el
Artículo 2 de la Ley 1811 de 2016 que está en las consideraciones de dicha Resolución

Respuesta. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte es el encargado de definir, orientar, vigilar
e inspeccionar la ejecución de políticas en materia de tránsito, y conociendo las necesidades de regulación
en los centros urbanos en torno a la movilidad, en el 2017 esta Entidad emitió la Resolución 160 que tiene
como objeto “determinar las condiciones para llevar a cabo el registro de los vehículos automotores de tipo
ciclomotor, tricimoto y cuatriciclo de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación
de energía, ante los organismos de tránsito en el país, así como reglamentar la revisión técnico-mecánica
ante los Centros de Diagnóstico Automotor y las condiciones para su circulación”.

Frente a petición, es pertinente manifestar que el Ministerio de Transporte como autoridad suprema de
tránsito al reglamentar el registro y la circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y
cuatriciclo a través de la Resolución 160 de 2017, priorizó a los actores vulnerables, dando lineamientos de
como deberán este tipo de vehículos frente a la interacción con peatones, ciclistas y otros vehículos
motorizados, basándose en relaciones de velocidad sobre la infraestructura adecuada para brindar
condiciones seguras peatones y ciclistas, permitiendo la circulación segura por andenes y ciclorrutas.

5. Explique y demuestre qué tecnología limpia tiene los Ciclomotores, Triciclos, y Cuatriciclos de
Combustión Interna a Gasolina y como menciona el Artículo 204 de la Ley 1753 de 2015 que está en
las consideraciones de dicha Resolución (…)”

Respuesta. Como se indicó en la respuesta a la pregunta número 2, la Estrategia Nacional de Transporte
Sostenible – ENTS está promoviendo la modernización de vehículos hacia tecnologías de cero y bajas
emisiones. En este sentido, se tiene la acción: “Realizar un análisis técnico y jurídico que identifique las
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acciones para viabilizar el ascenso tecnológico en tricimóviles y ciclomotores que operen con motor de
combustión interna a eléctricos”, la cual busca ser desarrollada en el 2023 y 2024.”

De lo anterior, se evidencia que la entidad demandada respondió lo requerido por el
actor, además, los mencionados oficios fueron remitidos mediante correo electrónico
del 5 de septiembre de 2023 a la dirección aportada por el actor esto es
sanchez.jw@gmail.com tal y como consta en los siguientes pantallazos:

Por tal razón, la Sala no encuentra transgredido el derecho fundamental de petición,
en la medida que el Ministerio de Transporte atendió lo solicitado por el demandante
en tiempo, expidió oficios complementarios con información adicional, tal como se
evidenció y, además, la información le fue notificada en debida forma al demandante.

Como se vio, el señor Sánchez Páez aseguró que el Ministerio de Transporte no
habían resuelto en debida forma la petición del 24 de julio de 2023, sin embargo, de lo
anterior, quedó probado que se respondió mediante oficios del 24 de agosto y del 5 de
septiembre de 2023, por lo tanto, frente a este punto, la Sala negará las pretensiones
de la acción de tutela interpuesta por el señor Sánchez Pérez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

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Demandante: José William Sánchez Páez

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José
William Sánchez Páez, por las razones expuestas frente a las pretensiones 1 y
2 que guardan relación con lo pretendido en la acción popular que se encuentra
en curso.
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela respecto a la vulneración alegada
por el actor frente al Ministerio de Transporte, conforme a lo expuesto.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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