RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00974-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00974-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00974-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José William Sánchez Páez, por las razones expuestas. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00974-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

27 de abril de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: José William Sánchez Páez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PÁEZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Protección de derechos colectivos. Requisitos generales
de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor José
William Sánchez Páez, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto
333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor José William Sánchez Páez ejerció acción de tutela contra la Presidencia de
la República y otros 1, por considerar vulnerados derechos fundamentales individuales
y colectivos a la vida, salud, intimidad familiar y personal, el goce de ambiente sano,
al equilibrio ecológico y la protección a la familia, adolescentes, niños y adultos
mayores. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Prohíbase la importación y circulación de nuevos Vehículos y Motos al territorio Nacional, con
excepción de los destinados a la fuerza pública (Ejercito y Policía Nacional) y Bomberos y hasta que:

a. El Gobierno Nacional reconozca el ruido por fuentes móviles como problema de salud pública
en las zonas urbanas y a fin que el congreso de la republica le dé prioridad en legislar sobre
este tema
b. El congreso de la Republica legisle y saque normativas eficientes y eficaces para la protecci ón
a las personas por el ruido de fuentes móviles y en especial los que estamos en Zonas Urbanas
y como pueden ser:

(i) Prohibir y que se desmonte las cornetas de fuentes móviles (buses, camiones,
volquetas, vehículos, motos y demás) y que se dé un tiempo de desmonte no superior
a un año.
(ii) Crear Normativa con nuevas disposiciones, al ruido Vehicular, proveniente de alarmas,
pitos, bocinas, motores y demás y a fin de proteger al ser humano de estas fuentes de
ruido y para que el Ministerio de Transporte, empiece a regular, limitar, controlar y medir
el ruido de alarmas, bocinas, pitos, motores y demás
(iii) Crear estándares ambientales de ruido y del aire, que se aplique a la importación de
nuevos vehículos y motos que entren a circular al Territorio Nacional
(iv) Crear Normativa que autorice a los Alcaldes de Zonas Urbanas a incorpora
mecanismos para que cualquier persona pueda reportar contaminación auditiva de
fuentes móviles(vehículos y Motos) y como puede ser: tránsito de Vehículos de Carga

1
Congreso de la República, Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: José William Sánchez Páez

por zonas no autorizadas, uso de Sirenas de Ambulancias a 200 metros y cuando está
llegando a un hospital, Alarmas de Vehículos que dejan en conjuntos residenciales y
demás zonas y se activan automáticamente sin ninguna necesidad, entre otras
(v) Si es el caso crear impuesto al ruido, por concepto de alarmas, bocinas, pitos, motores
y demás, tanto en Motos como en Vehículos

c. Se reduzca los niveles de contaminación del aire y de ruido en zonas urbanas del territorio
Nacional, a los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud
d. Se mejore en calidad del servicio y seguridad del transporte público (buses, trenes)
e. Los centros de Diagnóstico empiecen a medir los niveles de ruido tanto en alarmas, pitos,
bocinas, motores en estado de aceleración y demás, si estos superan los límites, impleméntese
el Impuesto al Ruido y/o de acuerdo a rangos de contaminación auditiva, que implemente el
Ministerio de Transporte

2. Prohíbase la importación de partes, autopartes, piezas de vehículos y motos para la producción y/o
ensamble de nuevos Vehículos y Motos, que circulen en el territorio nacional, con excepción de los
destinados a la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional) y Bomberos y hasta que:

(…)

3. Que se Permita la importación de nuevos Vehículos y Motos, de partes, autopartes y piezas para
nuevos vehículos y motos al territorio Nacional, únicamente por chatarrización o reposición de otro
vehículo o moto, que salga de circulación del territorio nacional
4. Que se Prohíba la circulación de Bicicletas con Motor a gasolina, por el alto ruido que estos generan
en el ser humano y que se cree si no existiera, la correspondiente infracción en el Artículo 131 de
la Ley 769 de 2002, en un plazo no superior a 2 meses, para que:

a. El Ministerio de Transporte, informe con anticipación en comunicado de prensa, la prohibición
de Circulación de Bicicletas con Motor a Gasolina y la proximidad de radicar el proyecto para
este cumplimiento
b. En un tiempo prudencial los que tienen instalado los motores a gasolina en Bicicletas, las
empiecen a desmontar
c. Las Secretarias de Movilidad del país empiecen a hacer cumplimiento de esta

5. Que se ordene a las entidades que corresponda(DIAN, Ministerio de Comercio, Ministerio de
Transporte y demás) a implementar controles, para el cumplimiento de la prohibición y excepciones
de las importaciones antes mencionadas
6. Que se Ordene a la Alcaldía Mayor de Bogotá para que visite los residentes y familias que están
en la carrera 10 entre calles 64 y 69 y muy especialmente en la carrera 10 entre calles 67 y 69,
Calle 67A entre carreras 9 y 10 y Calle 69 entre carreras 9 y 10 para que:

a. Levante una encuesta y pregunte ¿Qué tanto les ha afectado el ruido vehicular, ya sea de día o
de noche, sobre la vía donde tienen su residencia familiar? ¿Qué tanto les ha afectado el ruido
vehicular cuando abren las ventanas, sobre la vía donde tienen su residencia familiar? Con
respuestas como: Nada, Poco, o Mucho
b. Presente un plan de implementación a esta Comunidad y a fin de proteger la intimidad personal y
Familiar, la Vida, la Salud y el Ambiente sano y como puede ser:

(i) Cambiar el sentido del tránsito de los vehículos como por ejemplo en la carrera 10
que transite ahora los vehículos desde la calle 69 hasta la calle 67
(ii) Colocar en la carrera 9A entre calles 63 y 64 Zonas de Parqueo Pago o Zonas de
Estacionamiento de Bicicletas, a fin de limitar esta vía para el tránsito de vehículos
y en especial de carga pesada
(iii) Aumenta los tiempos del Semáforo que esta sobre la calle 63 a la altura de la
carrera 8, para que pueda fluir más los vehículos que suben por la calle 63
(iv) Limitar e incluso disminuir las Rutas de transporte Publico que sube por la Calle 63
entre carrera 9A y 8 y Calle 66 entre Carrera 11 y 8, ya que estas vías es de a
mucho 2 carriles
(v) Implementar señalización de “Circulación Prohibida de Vehículos de Carga” y de
acuerdo a la Norma Técnica Colombiana (Laminas Retroreflectivas) sobre: (…)
(vi) Señalización horizontal como la instalada en la carrera 20c con calles 72 y donde
se observa en la mitad unos parales de color amarillo
(vii) Señalización horizontal como: pictograma de “Paso Peatonal”, Reducción a un solo
carril sobre la carrera 10 esquina con calle 69, Pictograma de 20Km
(viii) Señalización Vertical de “Prohibido Pitar” sobre la carrera 10 entre la calle 64 y 67,
a fin de mitigar los pitos de las Sirenas de las Ambulancias que llegan al Hospital
Infantil Colsubsidio.» (Sic a toda la cita)
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: José William Sánchez Páez

2. Hechos y argumentos de la tutela

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor José William Sánchez manifestó que el incremento de la cantidad de
vehículos en zonas urbanas dentro del territorio nacional y, en particular, en el sector
de Chapinero en la ciudad de Bogotá condujo a una mayor contaminación del aire y
auditiva por las bocinas, los motores de vehículos y motos de todo cilindraje.

Mencionó que las bicicletas con motor a gasolina producen ruidos desesperantes y
que, pese a esto, no existe regulación por parte del Gobierno Nacional. Según el actor,
esta situación condujo a la presentación de problemas fisiológicos y psicológicos
adversos a la salud física y mental de las personas.

El señor José William Sánchez puso de presente que, desde el año 2017, adelantó
actuaciones administrativas ante la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá con la
finalidad de mejorar la movilidad en el sector de Chapinero. Que, mediante diversas
peticiones 2, solicitó la implementación de reductores de velocidad y señalización vial.
Sostuvo que las respuestas 3 emitidas al respecto fueron incongruentes y no
resolvieron sus solicitudes.

En virtud de lo anterior, el actor radicó acción popular 4 en contra de la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá, que correspondió al Juzgado Once Administrativo de
Bogotá que, en providencia judicial del 2 de julio de 2021, declaró aprobado el pacto
de cumplimiento suscrito entre el señor José William Sánchez y la apoderada de la
Secretaría Distrital de Movilidad y otros 5, acerca del nuevo Plan de Manejo de Tránsito
y la disminución de tránsito vehicular por las vías objeto de la acción popular.

Señaló que en el primer semestre de 2022 se implementó el parqueo en vía pública,
en donde se hizo demarcación y señalización horizontal sobre la carrera 10 entre calles
64 y 65, sin embargo, insistió en la falta de demarcación, señalización vertical y
horizontal sobre la carrera 10 entre calles 66 y 69.

Adujo que en el año 2021 radicó escrito, en ejercicio del derecho de petición 6, ante el
Ministerio de Transporte con el objeto de incluir en la revisión técnico mecánica de
vehículos y motos la intensidad de las bocinas de conformidad con la Ley 769 de 2002
“Por la cual se expide el código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

2
Peticiones identificadas con radicado SDM-191835-17 y 202231106231691, indice 2 del expediente
en Samai.
3
Oficios identificados con radicado SDM-DVC-211634-17 y 202231107696831, indice 2 del expediente
en Samai.
4
Identificada con radicado 11001333501120210010800, indice 2 del expediente en Samai

5
Secretaria Distrital de Medio Ambiente, Secretaria Distrital de Gobierno (Alcaldía Local de Chapinero),
con acompañamiento de los ingenieros Edwin Armando Rodríguez, Diana Catalina Sandoval, la
abogada Jessica Nataly González Flórez de la Subdirección de planes de manejo de la tránsito de la
Secretaría Distrital de Movilidad, y del Procurador 88 Judicial delegado como representante del
ministerio púbico

6
Identificado con radicado 20214070874131, indice 2 del expediente en Samai
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: José William Sánchez Páez

disposiciones”. Que esa entidad contestó que el articulo 51 7 de la Ley 769 de 2002 era
la normativa aplicable para la revisión tecno mecánica, hasta que el Congreso de la
República expidiera una nueva disposición.

En ese sentido, radicó escrito, en ejercicio del derecho de petición 8, ante el Congreso
de la República, en el que solicitó crear normativa para el tránsito de vehiculos de
carga liviana y pesada en zonas urbanas, así como de implementar normativa de
impuesto al uso de bocinas, alarmas y motores de bicicletas que superen los
estándares y decibeles permitidos. Que la Presidencia del Senado por oficio9,
respondió la solicitud y le indicó los mecanismos idóneos para el trámite de iniciativas
populares legislativas y normativas que atiendan a sus solicitudes.

Por otro lado, puso en conocimiento que el 16 de agosto de 2022 instauró acción
popular 10 en contra de la Nación – Congreso de la República, y Distrito Capital –
Secretaría Distrital de Movilidad y otras entidades vinculadas 11. El conocimiento del
proceso correspondió al Juzgado 18 Administrativo de Oralidad de Bogotá que,
mediante auto del 28 de noviembre de 2022, negó la solicitud de medida cautelar
interpuesta solicitada por el actor.

Advirtió que interpuso el recurso de apelación ante la autoridad judicial el cual no se
ha tramitado.

Finalmente, el señor José William Sánchez señaló que acudió ante la Presidencia de
la República para solicitar la prohibicion de importar nuevos vehículos y motos al
Territorio Nacional, autoridad que le manifestó que corrió traslado de la solicitud al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo

7
"ARTÍCULO 51. Revisión periódica de los vehículos. <Artículo modificado por el artículo 201 del
Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, todos
los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes.La revisión estará destinada a verificar:

f. El adecuado estado de la carrocería.
g. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la
materia.
h. El buen funcionamiento del sistema mecánico.
i. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.
j. Eficiencia del sistema de combustión interno
k. Elementos de seguridad
l. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con
aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos.
m. Las llantas del vehículo.
n. Del funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.
o. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del servicio
público.”

8
Identificado con radicado PRES-CS-19-0006743-2022, indice 2 del expediente en Samai

9
Identificado con radicado PRES-CS-CV-19-R-0000-2022, indice 2 del expediente en Samai

10
Identificado con radicado 11001333501820220029200 consulta de procesos rama judicial
11
Nación – Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Distrito Capital –
Secretaría Distrital de Ambiente
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: José William Sánchez Páez

Sostenible. El actor concluyó que estas medidas únicamente tienen la finalidad de
ralentizar una solución a sus solicitudes.

3. Trámite previo

Mediante auto del 1 de marzo de 2023, se requirió al señor José William Sánchez para
que precisara con claridad cómo las autoridades demandadas estaban vulnerando los
derechos fundamentales invocados.

El actor, mediante memorial allegado por correo electrónico 12, atendió el
requerimiento, reiteró los argumentos del escrito de tutela y agregó que existe una
ausencia del Estado Colombiano que desencadenó en la vulneración de los derechos
invocados.

Mediante auto del 14 de marzo de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al demandante, a la Presidencia de la República, al Congreso de la República,
a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá en
calidad de demandados, asi como al Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá, a
la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, a la Nación – Ministerio de Transporte –
, – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –, como terceros interesados en el
resultado del proceso, a quienes se les remitió copia de la demanda.

4. Oposición

La Presidencia de la República solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que no cumple el requisito general de subsidiariedad. Que, además, lo
invocado por el actor está relacionado con el amparo de derechos colectivos para lo
que no está instituida la acción de tutela.

Finalmente alegó que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

El Senado de la República, por medio del secretario general, solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela y pidió que se desvinculara del presente trámite
a esa entidad por considerar que no es el competente para conocer de los
requerimientos y pretensiones solicitadas.

La Cámara de Representantes solicitó la desvinculación por estimar que no está
legitimada en la causa por pasiva para responder las peticiones del actor y, además,
solicitó que se niegue el amparo invocado por el actor.

La Alcaldía Mayor de Bogotá manifestó que, por razones de competencia, trasladó
la tutela a las Secretarías Distritales de Movilidad y Ambiente para que se
pronunciaran.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, pese a ser debidamente notificada,
guardó silencio.

12
Ver, índice 9 del expediente en Samai
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: José William Sánchez Páez

5. Intervención de los terceros interesados

El Ministerio de Transporte solicitó negar las pretensiones del actor respecto de esa
entidad. Dijo que, mediante oficio 20214070874131, dio respuesta de manera clara,
congruente y de fondo a lo solicitado por el demandante.

Adujo que esa cartera ministerial no estaba legitimada en la causa por pasiva porque
no es la autoridad competente para revisar las políticas en materia de tránsito
adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Que si bien el Ministerio de Transporte funge como autoridad suprema en materia de
tránsito en el país, lo cierto es que no ostenta la calidad de superior jerárquico de las
autoridades y los organismos de tránsito distritales, dado que estos son autónomos e
independientes.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó que se desvincule a ese
organismo del trámite de la acción de tutela porque no es el llamado a atender las
pretensiones de la acción de tutela.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela por estimar que no se acredita el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el actor formuló acción popular con el mismo objeto al del
presente mecanismo, que está en curso actualmente y porque no se aportó prueba
alguna que permita darle trámite de mecanismo transitorio.

El Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá no se pronunció sobre la presente
acción de tutela.

Il. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si, en el presente caso, la acción de tutela
interpuesta por el señor José William Sánchez Páez cumple con los requisitos
generales de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, en caso afirmativo la
Sala procederá a estudiar el caso de fondo.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: José William Sánchez Páez

Del requisito general de subsidiariedad

Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó13:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr
la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la
excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya
que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con
el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las
personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)”.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada,
pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero
puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la
vulneración de derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la
Corte indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita
propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas
circunstancias que hacen procedente el amparo».

13
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: José William Sánchez Páez

Caso concreto

En el sub-lite, el actor alega la presunta vulneración de derechos fundamentales a la
vida, la salud, la intimidad, al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la
protección de la familia, niños, adolescentes y adultos mayores, en virtud de la
ausencia del Estado Colombiano de realizar las acciones correspondientes por la
contaminación del aire, además de la contaminación auditiva que generan los
Automotores en las zonas urbanas del país.

En el presente asunto, el actor pretende, como ya se anticipó, que, vía acción de tutela,
se protejan los derechos los derechos a la vida, la salud, la intimidad, al goce de un
ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la protección de la familia, niños,
adolescentes y adultos mayores. No obstante, a juicio de la Sala, la parte actora cuenta
con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es la acción popular, consagrada en
el artículo 88 de la Constitución Política y reglamentada en la Ley 472 de 1998, de la
cual, no solo ha hecho uso, sino que, actualmente, está ejerciendo con el mismo
propósito.

En efecto, de acuerdo con el escrito de tutela, el actor indicó que, actualmente, se
encuentra en curso la acción popular con radicado 11001-33-35-018-2022-00292-00
ante el Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá.

Lo anterior, de entrada, permite advertir que la acción de tutela, en este caso, se torna
en improcedente porque el actor cuenta con otro medio de defensa del cual está
haciendo uso para solicitar el amparo de la vulneración de los derechos invocados.

Luego de revisar la página web de consulta de procesos de la Rama Judicial, la Sala
pudo constatar que, en efecto, el proceso al que se refirió el actor está en trámite y
presenta las siguientes actuaciones:

De acuerdo con lo anterior, queda acreditado que el señor José Sánchez Páez ya
ejerció el mecanismo que consagra el ordenamiento jurídico para la protección de los
derechos que considera vulnerados y que está en trámite, por lo que la acción de tutela
deviene en improcedente.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: José William Sánchez Páez

Adicional a lo anterior, si el actor considera que hay incumplimiento del pacto de
cumplimiento aprobado en providencia judicial del 2 de julio de 2021 por el Juzgado
Once Administrativo de Bogotá proferida en el trámite de acción popular que adelantó,
tiene a su alcance el incidente de desacato para conseguir el cumplimiento de dicha
orden conforme con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 14, trámite que,
además, permite sancionar a la persona y/o autoridad que incumpliere la orden judicial
proferida.

En efecto, en dicho asunto, el Juzgado Once Administrativo de Bogotá, la providencia
del 2 de julio de 2021 resolvió:

“Apruébese el pacto de cumplimiento suscrito entre el actor y la apoderada de BOGOTÁ
D.C., SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, SECRETARÍA DISTRITAL DE MEDIO
AMBIENTE, SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO (ALCALDÍA LOCAL DE
CHAPINERO), con acompañamiento de los ingenieros EDWIN ARMANDO
RODRÍGUEZ, DIANA CATALINA SANDOVAL, la abogada JESSICA NATALY
GONZÁLEZ FLÓREZ de la SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE LA
TRÁNSITO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, y del señor
PROCURADOR 88 JUDICIAL DELEGADO ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL, como
representante del MINISTERIO PÚBICO”

De manera que la Sala considera que no se satisface el requisito de subsidiariedad de
la acción de tutela.

La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito evitar que
se convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser utilizado para soslayar
los términos procesales de los medios ordinarios de defensa o para suplir falencias en
las estrategias de jurídicas de los apoderados, ya que no es dable al juez de tutela
decidir asuntos que deben ser debatidos en su escenario natural.

En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, establece:

“Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por
irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una
indemnización.” (Negrilla fuera de texto)

14 Artículo 41. Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en

los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos
mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto
hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanci ón. La
consulta se hará en efecto devolutivo.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: José William Sánchez Páez

Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró:

“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la
naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando
existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en múltiples
oportunidades que los medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario
preferente para invocar la protección de los derechos constitucionales
fundamentales que se consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos
deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía
de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la Carta.

Ahora, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional ha determinado que, en casos
excepcionales, aunque se invoque la protección de derechos colectivos, el juez de
tutela puede intervenir para proteger derechos fundamentales. Para el efecto, la Corte
Constitucional ha determinado cinco criterios para determinar la procedencia
excepcional de la acción de tutela10:

I.Que exista conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la violación o amenaza
de un derecho fundamental, de tal forma que el daño o amenaza del mencionado derecho
sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo11.
II.El demandante debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho
fundamental, pues la acción de tutela es de carácter subjetivo.
III.La vulneración o la amenaza del derecho fundamental debe estar plenamente acreditada.
IV.La orden judicial que se imparta en estos casos debe orientarse al restablecimiento del
derecho de carácter fundamental y “no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese
a que con su decisión resulte protegido, igualmente un derecho de esa naturaleza”.
V.Adicionalmente, es necesaria la comprobación de la falta de idoneidad de la acción popular
en el caso concreto (juicio de eficacia).

Conforme con lo anterior, en el presente asunto, de los hechos narrados por el actor,
no se advierte que alguno de los derechos fundamentales invocados como vulnerados
se encuentre en riesgo que amerite la intervención del juez de tutela. No se aportó
prueba que permitiera determinar que la vida o salud o del señor Sánchez Páez esté
en riesgo por la problemática que plantea en el escrito inicial.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José
William Sánchez Páez, por las razones expuestas.

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-00
Demandante: José William Sánchez Páez

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.