Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-04432-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-04432-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04432-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
2 de noviembre de 2023
Demandante: José William Sánchez Páez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04432-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04432-01
Demandante: JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PÁEZ
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – Confirma improcedencia porque no se
supera el requisito de subsidiariedad y modifica para en su
lugar declarar carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de impugnación presentado por el señor José
William Sánchez Páez contra la sentencia proferida en primera instancia por la
Sección Cuarta de esta Corporación, el 21 de septiembre de 2023. En ese fallo se
declaró improcedente el amparo respecto de unas pretensiones de la demanda y
frente a las demás, las niega.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 22 de agosto de 2023, el señor José William Sánchez Páez interpuso
acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Congreso de la República,
la Nación – Ministerio de Transporte y Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá. El peticionario consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la intimidad familiar y personal.
1.2. Pretensiones
2. Con base en lo anterior, el accionante elevó las siguientes pretensiones:
• Ordenar al Estado colombiano que presente planes en un año para proteger
sus derechos fundamentales debido a la contaminación auditiva de fuentes
móviles en zonas urbanas, incluyendo normativas de desmonte gradual de
motores ruidosos, prohibición de importación de vehículos ruidosos,
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Demandante: José William Sánchez Páez
Demandados: Presidencia de la República y otros
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eliminación de cornetas, regulación de niveles de decibeles de bocinas y
sirenas y regulación de importación de vehículos de trabajo1.
• Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá que realice unas visitas a su domicilio,
a fin de constatar las afectaciones de las personas que se encuentran en el
sector de Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C., por el ruido vehicular; y
presentara planes de implementación tendientes a la protección de la
intimidad personal, familiar, tranquilidad y vida de los habitantes de ese
sector2.
• Ordenar al Ministerio de Transporte que dé una respuesta clara, de fondo y
suficiente del recurso de reposición que presentó contra la Resolución 160
de 2017 que regula lo relacionado con ciclomotores ya que, a su juicio,
contradice varias leyes y la Constitución.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
3. Del escrito presentado por el actor y de los documentos allegados al trámite
de tutela se extraen los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión3:
4. El accionante indica que actualmente, junto con su madre, viven en el Barrio
Quinta Camacho de la localidad de Chapinerode la ciudad de Bogotá D.C.
5. El señor Sánchez Páez indicó que desde hace varios años debido a la
cantidad de vehículos que circulan en la zona y el alto ruido que aquellos hacen, ha
iniciado diferentes actuaciones ante entidades del orden nacional y distrital con la
finalidad de mejorar la movilidad y la contaminación por ruido en el sector de
Chapinero:
• En el año 2021 presentó una petición al Ministerio de Transporte en el que
solicitó que se incluyera en la revisión técnico mecánica de los vehículos y
motos, la intensidad de las bocinas de acuerdo con lo previsto en la Ley 769 de
20024 sin embargo dicha cartera le indicó que «el artículo 515 ibidem era la
normativa aplicable para la revisión técnico-mecánica, hasta que el Congreso de
la República expidiera una nueva disposición».
• El 21 de julio de 2022, presentó una petición al Congreso de la República, en la
que solicitó que se creara una normativa para el tránsito de vehículos de carga
liviana y pesada en zonas urbanas, sin embargo, la presidencia del Senado
1
En concreto, hace alusión a 8 acciones que debe realizar el Estado Colombiano entre creaciones
de normatividades y prohibiciones que obran a folios 5-6 de la acción de tutela.
2
En concreto, hace alusión a 9 acciones que debe realizar la Alcaldía Mayor de Bogotá que se
encuentran relacionados a folios 7-8 de la acción de tutela.
3
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 27 de julio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-00974-01.
4
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.
5
Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, todos
los vehículos automotores, deben someterse anualmente a la revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes.
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mediante oficio del 11 de agosto del mismo año, le explicó el trámite de las
iniciativas legislativas.
• Finalmente, el 24 de julio de 2023 presentó ante el Ministerio de Transporte un
recurso de reposición (radicado 20233031182432) en contra de la Resolución
160 de 2017 que regula lo relacionado con ciclomotores ya que, a su juicio,
contradice varias leyes y la Constitución. En concreto, solicitó que se le explicara
y demostrara los siguientes asuntos: i) si se tienen o no estudios técnicos que
complementen las consideraciones del acto administrativo en cita; ii) los
beneficios ambientales de los ciclomotores, triciclos y cuatriciclos de combustión
interna a gasolina; iii) como se está incentivando la bicicleta para avanzar en la
mitigación del impacto ambiental; iv) como se está incentivando la bicicleta; v)
qué tecnología limpia tiene los ciclomotores, triciclos y cuatriciclos de
combustión; y vi) si el Ministerio va a realizar estudios para modificar o derogar
la Resolución 160 de 2017.
La cartera ministerial mediante oficio del 4 de agosto de 2023 le dio respuesta al
accionante, sin embargo, en su sentir aquella no resolvió de fondo, clara, suficiente
y eficiente sus cuestionamientos.
1.4. Fundamentos de la solicitud
6. El accionante considera que las autoridades demandadas desconocieron sus
derechos fundamentales por los motivos que se pasan a exponer.
7. Para fundamentar sus reproches, en primer lugar, el señor José William
Sánchez Páez expuso que tiene un «daño [en] su oído izquierdo» y que debe usar
tapa oídos incluso cuando duerme debido a la alta contaminación por ruido dado la
circulación de vehículos de carga pesada por el sector, sirenas de carros de
emergencias, pitos y motores de bicicletas con motor de gasolina.
8. Adicional a ello, el accionante indicó que no puede hablar de forma tranquila
en su casa, por el ruido de los vehículos que transitan frente a su casa.
9. Por lo anterior, reprochó la falta de regulación y restricciones de importación
y circulación de motos y automotores que contaminan «auditivamente y el aire» de
los habitantes de Bogotá D.C.
10. En segundo lugar, indicó que el Ministerio de Transporte desconoció sus
derechos fundamentales por cuanto en el oficio No. 20234200854081 del 4 de
agosto de 2023 no le dio una respuesta de fondo a las preguntas planteadas en el
recurso de reposición que presentó el 24 de julio de 2023 en contra de la Resolución
160 de 2017.
1.5. Trámite de la acción de tutela
11. Mediante auto del 24 de agosto de 2023, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar a las
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entidades demandadas, así como al Juzgado 18 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá D.C., y a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá como terceros
interesados en el resultado del proceso.
1.6. Intervenciones
12. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:
1.6.1. Departamento Administrativo de Presidencia
13. La entidad demandada rindió informe en el que solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por cuanto no se encuentra superado el requisito
general de procedibilidad de subsidiariedad por cuanto se encuentra relacionado
con el amparo de derechos colectivos, lo cual se debe debatir en la acción popular
que se encuentra en curso.
14. Adicional a ello, indicó que no tiene la competencia para conocer sobre la
intensidad auditiva permitida y la regulación en materia de tránsito para permitir el
tránsito de vehículos pues esa responsabilidad recae en las alcaldías y las
autoridades de tránsito respectivamente. Adicional a ello, señaló que no se allegó
derecho de petición alguno por parte del accionante.
15. Finalmente, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por
pasiva por cuanto no tiene competencia para conocer y regular sobre la intensidad
auditiva y su impacto en la tranquilidad ciudadana pues aquella recae en los
alcaldes como autoridades locales.
1.6.2. Congreso de la República
16. El secretario general del Senado de la República rindió informe en el que
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y su desvinculación del
presente trámite constitucional por considerar que no es el competente para conocer
de los requerimientos y pretensiones solicitadas pues aquella es de la órbita de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.
1.6.3. Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Gobierno
17. La Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá rindió
informe en el que solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por
pasiva por cuanto los presuntos derechos conculcados obedecen a actuaciones y/o
omisiones realizadas por el Ministerio de Transporte y por ello, es esta cartera
ministerial la llamada a emitir pronunciamiento al respecto.
18. Además de lo anterior, indicó que la entidad territorial no ha adelantado
ninguna actuación tendiente a vulnerar los derechos fundamentales invocados por
el accionante.
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1.6.4. Ministerio de Transporte
19. La entidad accionada rindió informe en el que solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela, por los siguientes motivos.
20. Como sustento de su defensa, señaló que al verificar en el sistema de gestión
documental interno ORFEO, se encontró que el señor Sánchez Páez ha radicado
varias peticiones a las que, de manera independiente, se les ha ido asignando un
radicado, entre estas, la que es objeto de análisis en el presente trámite
constitucional.
21. Explicó que el actor, ha presentado las siguientes peticiones que guardan el
mismo objeto consistente en que se derogue o modifique la Resolución 160 de
2017:
• Petición del 7 de julio de 2023. Rad. 20233031087632.
• Petición del 10 de julio de 2023. Rad. 20233031103182
• Petición del 14 de julio de 2023. Rad. 202330311030462.
22. La cartera ministerial explicó que mediante oficio No. 20234200790731 del
19 de julio de 2023 dio respuesta a las 3 peticiones antes relacionadas y que aquella
le fue informada al accionante al correo electrónico sanchez.jw@gmail.com.
23. Señaló que posterior a ello, el 24 de julio de 2023, el accionante nuevamente
radicó otra petición (radicado 20233031182432) denominada recurso de reposición,
frente al cual el Ministerio de Transporte por intermedio de la Subdirección de
Tránsito emitió el radicado MT 20234200854081 del 4 de agosto de 2023 en la cual
resolvió sobre el primer y último punto de la petición presentada por el actor; y que
frente a los demás puntos, remitió la petición a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y al Grupo de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transporte.
24. Luego, mencionó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial remitió al grupo
de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Trasporte la
petición presentada por el accionante para que aquella resolviera sobre los
requerimientos del accionante.
25. La cartera ministerial indicó que el 15 de agosto de 2023, el accionante
presentó recurso de reposición contra el oficio 20234200854081, el cual fue resuelto
por la entidad por medio de la Subdirección de Tránsito mediante oficio del 24 de
agosto de 2023 y fue comunicada al accionante al correo electrónico
sanchez.jw@gmail.com.
26. Finalmente, la cartera ministerial señaló que a través del grupo de Asuntos
Ambientales y Desarrollo Sostenible por medio del radicado MT No.
20231120874751 del 5 de septiembre de 2023, como complemento del radicado
20234200854081 emitió respuesta a los requerimientos del accionante, respecto de
las cuales se le había dado traslado a dicho grupo.
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27. En razón de lo expuesto, solicitó que se declarara la carencia actual de objeto
por hecho superado en la medida en que ya fue satisfecha la pretensión del actor
dirigida a que fueran atendidos los 6 puntos de su solicitud.
1.6.5. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
28. La entidad accionada rindió informe en la que solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional por cuanto no tiene legitimación en la causa por
pasiva pues no es la cartera ministerial llamada a atender las pretensiones de la
acción de tutela.
1.6.6. Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Medio Ambiente
29. La entidad vinculada a este trámite constitucional rindió informe en el que se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela y mencionó que
la misma es improcedente en la medida en que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues lo pretendido por el actor es objeto de una acción popular la
cual se encuentra en curso bajo el radicado 11001-33-35-018-2022-00292-00.
30. Además de lo anterior, la entidad vinculada manifestó que el actor ya había
interpuesto una acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-00974-00/01,
la cual se declaró improcedente por esta Corporación.
31. En consecuencia, la entidad solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela y se desvincule del presente trámite porque no tiene legitimación en la
causa por pasiva.
1.6.7. Juzgado 18 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
32. La autoridad judicial vinculada rindió informe en el que señaló que tuvo
conocimiento de la acción popular identificada con el radicado 11001-33-35-018-
2022-00292-00, en la cual se debaten pretensiones y hechos similares a los que
fundamentan la acción de tutela, sin embargo aquella fue remitida por competencia
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto del 21 de julio de 2023 y aquel
operador judicial avocó su conocimiento mediante providencia del 4 de agosto de
2023 bajo el radicado 25000-23-41-000-2023-00977-00.
1.6.5. Oposición de la accionante
33. El accionante presentó un informe en el que indicó que el motivo por el que
presenta la demanda en contra de la Presidencia de la República, es porque puede
asistir al presidente de la República en la búsqueda de soluciones por ruido por
fuentes móviles; y del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible porque
le corresponde emitir normas y estándares máximos de emisión de ruido por
vehículos automotores y motocicletas nuevos en prueba dinámica, sin que aquello
haya ocurrido.
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34. Igualmente, el señor José William Sánchez Páez señaló que el Ministerio de
Transporte presentó el informe correspondiente por fuera del término otorgado por
el despacho ponente de primera instancia. Por esto, solicitó que no se tuviera en
cuenta tal respuesta, ya que el plazo máximo para emitir aquella vencía el 1 de
septiembre de 2023 y la cartera ministerial solo lo hizo hasta el 7 de septiembre del
mismo año.
1.7. Fallo impugnado
35. La Sección Cuarta de esta Corporación mediante sentencia del 21 de
septiembre de 2023 resolvió:
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José William
Sánchez Páez por las razones expuestas frente a las pretensiones 1 y 2 que
guardan relación con lo pretendido en la acción popular que se encuentra en curso.
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela respecto a la vulneración alegada
por el actor frente al Ministerio de Transporte conforme a lo expuesto.
36. En primer lugar, indicó que el accionante pretende vía acción de tutela que
se protejan sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la intimidad y a un
ambiente sano. No obstante, a la fecha el accionante cuenta con otro mecanismo
de defensa judicial, el cual se encuentra en curso, esto es, la acción popular prevista
en la Ley 472 de 1998 de naturaleza constitucional y que cuenta con trámite
preferencial en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
37. En ese orden de ideas, indicó que la acción popular será el escenario
indicado para resolver lo solicitado frente a las medidas para mitigar la
contaminación auditiva entre ellas, la prohibición de importación de vehículos y la
regulación del tránsito en ciertas zonas de la ciudad, pretensiones identificadas por
el actor en el escrito inicial en los numerales 1 y 2.
38. En segundo lugar, la autoridad judicial de primera instancia no encontró
trasgredido el derecho fundamental de petición en la medida en que el Ministerio de
Transporte atendió a lo solicitado por el accionante en tiempo, expidió los oficios
complementarios con información adicional y además la información le fue
notificada en debida forma.
39. Como se vio, el señor Sánchez Páez aseguró que el Ministerio de Transporte
no habían resuelto en debida forma la petición del 24 de julio de 2023, sin embargo,
quedó probado que se respondió mediante oficios del 24 de agosto y 5 de
septiembre de 2023, razón por la que lo procedente era negar las pretensiones de
la acción de tutela interpuesta por el peticionario.
1.8. Impugnación
40. El accionante impugnó la decisión de primera instancia en el que reiteró los
argumentos del escrito inicial y adicional a ello, consideró que la Corte
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Constitucional debía conocer la presente acción de tutela debido al estado de cosas
inconstitucional por la flagrante vulneración de los derechos fundamentales de los
habitantes de la ciudad de Bogotá por ruido.
41. El juez de primer grado mediante auto del 10 de octubre de 2023 concedió la
impugnación.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
42. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de
la acción de tutela presentada por el señor José William Sánchez Páez. Lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Limites de la impugnación
43. La sala al verificar la argumentación expuesta en el escrito de tutela y en
sede de impugnación y en aras de garantizar el derecho al debido proceso del
accionante, circunscribe el debate a los siguientes cargos:
• Vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la
intimidad familiar y personal del accionante por la inactividad de las entidades
demandadas ante el incremento de vehículos, motos y bicicletas con motor
en zonas urbanas en el sector de Chapinero en la ciudad de Bogotá, situación
que a su juicio genera contaminación del aire y auditiva y ha afectado su
estado de salud.
• Vulneración del derecho fundamental de petición, debido a la falta de
respuesta de fondo por parte del Ministerio de Transporte frente a la petición
elevada el 24 de julio de 2023 (radicado 20233031182432) en la que además
recurrió la Resolución 160 de 2017 que regula lo relacionado con
ciclomotores.
En punto a este cargo, la sala considera pertinente precisar que, si bien el
accionante no indicó en el escrito inicial ni en sede de impugnación que
considera vulnerado su derecho de petición, lo cierto es que centra su
reproche en la falta de respuesta por parte de la autoridad demandada frente
a la petición aludida. Por esta razón, el estudio también se centrará sobre la
posible vulneración de la aludida garantía constitucional.
44. Por otro lado, la sección se abstiene de pronunciarse sobre el reproche
planteado en sede de impugnación por el accionante relacionado con el posible
estado de cosas inconstitucional y la competencia de la Corte Constitucional para
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conocer de esta acción de tutela, porque a su juicio, se presenta una flagrante
vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad de Bogotá
por ruido por fuentes móviles. Esto, porque de hacerlo se podría vulnerar el derecho
de contradicción de las entidades demandadas quienes intervinieron en primera
instancia en el presente trámite constitucional a partir del conocimiento que asumió
esta Corporación de la solicitud de amparo dentro del ámbito de su competencia.
45. En consecuencia, esta sección procederá a pronunciarse en segunda
instancia sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales aludidos
por: i) el incremento de vehículos con motor en zonas urbanas, en especial en el
sector de chapinero; y ii) la falta de respuesta de fondo de la petición del 24 de julio
de 2023.
2.2.2. Sobre la posible temeridad en el caso concreto
46. La sala nota que la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de la Alcaldía
Mayor de Bogotá señaló que el accionante en una anterior oportunidad presentó
una acción de tutela a la cual le correspondió el radicado 11001-03-15-000-2023-
00974-00/01 y que a su juicio, guarda identidad fáctica con la actual y que ya fue
decidida por esta Corporación en primera y segunda instancia (por esta misma
sección) en el sentido de declarar improcedente la solicitud de amparo
47. Al efecto, verificada la acción de tutela de la referencia, la sala constata que,
si bien aquella también tiene su génesis en el alto volumen de vehículos que
transitan en el sector de Chapinero en la ciudad de Bogotá, que a su vez ocasiona
contaminación del aire y auditiva; sin embargo, comparte lo dicho por el juez de
tutela de primer grado, que advirtió que algunas pretensiones expuestas en esta
oportunidad son distintas al igual que las entidades demandadas varían, razón por
la que no se evidencia temeridad, tal como se pasa a verificar en el siguiente cuadro:
Presupuesto Expediente Expediente ¿Cumple identidad?
Rad.11001-03-15- Rad. 11001-03-15-000-
000-2023-00974- 2022-04432-01
00/01
Accionante: José Accionante: José William No. Si bien las 2 acciones
William Sánchez Sánchez Páez. de tutela se presentaron por
Páez. el señor José William
Accionados: Accionado: Presidencia Sánchez Páez lo cierto es
Presidencia de la de la República, Alcaldía que algunas entidades
Identidad de
República, Alcaldía Mayor de Bogotá, demandadas varían, como
partes
Mayor de Bogotá y Congreso de la República, ocurre con los Ministerios
Congreso de la Ministerios de Transporte de Transporte y Medio
República y Medio Ambiente y Ambiente y Desarrollo
Desarrollo Sostenible Sostenible.
Consideró El accionante consideró No. Las 2 acciones
vulnerados sus vulnerados sus derechos constitucionales si bien
derechos colectivos fundamentales a la vida, a comparten su génesis en el
Identidad de al goce de ambiente la salud y a la intimidad alto volumen de vehículos
causa sano, al equilibrio familiar y personal debido que transitan en el sector de
ecológico por el al incremento de chapinero, lo cierto es que
incremento de vehículos en el sector de en esta oportunidad el
vehículos en el Chapinero en la ciudad de accionante también
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Presupuesto Expediente Expediente ¿Cumple identidad?
Rad.11001-03-15- Rad. 11001-03-15-000-
000-2023-00974- 2022-04432-01
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sector de Bogotá D.C.; y de petición, considera vulnerados sus
Chapinero en la por la falta de respuesta a derechos fundamentales
ciudad de Bogotá la petición por él por la falta de respuesta de
D.C. presentada el 24 de julio una petición presentada
de 2023 ante el Ministerio ante el Ministerio de
de Transporte. Transporte.
Además, la sala no pasa
inadvertido que en la
primera oportunidad el
accionante considera
vulnerados sus derechos
colectivos en concreto
mientras que en esta
oportunidad considera
vulnerados sus derechos
fundamentales, en la
medida en que en su sentir
su estado de salud se ha
visto mermado.
Se pretende el Se pretende el amparo de No. El accionante pretende
amparo de sus sus derechos en cada una de las acciones
derechos colectivos fundamentales y en constitucionales,
y en consecuencia consecuencia que: i) el actuaciones diferentes por
que se ordene entre Gobierno Nacional parte de la autoridad
otras cosas, que se presente planes a 1 año accionadas.
prohíba la para proteger sus
importación y derechos fundamentales
circulación de los debido a la contaminación
vehículos y motos auditiva de fuentes
nuevos con móviles en zonas
excepción a los urbanas; ii) que la Alcaldía
Identidad de destinados a la Mayor de Bogotá realice
objeto fuerza pública y que una serie de visitas a su
el Gobierno domicilio a fin de constatar
Nacional reconozca las afectaciones de las
el ruido por fuentes personas que se
móviles, a su vez, el encuentran en el sector; y
Congreso de la iii) que el Ministerio de
República legisle y Transporte dé una
saque normativas respuesta clara, de fondo
eficientes y eficaces y suficiente de los 6
para la protección a puntos planteados en el
las personas por el recurso de reposición que
ruido proveniente presentó contra la
de fuentes móviles. Resolución 160 de 2017.
48. Así las cosas, se evidencia que las 2 acciones constitucionales pese a que
tienen alguna similitud, no comparten plena identidad de partes, causa petendi y de
objeto. Elementos necesarios para que se configure el fenómeno de la temeridad,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 6 y la Corte
6 ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos
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Demandados: Presidencia de la República y otros
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Constitucional7, por los motivos antes mencionados, razón por la que habrá que
descartarse en esta oportunidad la configuración del fenómeno de la temeridad en
relación con el actuar del señor José William Sánchez Páez.
49. En punto, la sala considera pertinente indicar que si bien en una anterior
oportunidad se pronunció respecto de las pretensiones de la acción de tutela rad.
11001-03-15-000-2023-00974-00/01 en el sentido de declarar improcedente el
amparo, lo cierto es que ello no obsta para que se emita este fallo, en tanto, que
existen particularidades que difieren de lo resuelto en aquella oportunidad.
2.2.3. Sobre el derecho de defensa del Ministerio de Transporte y de las
pruebas aportadas en el informe rendido por la entidad accionada
50. La sala nota que el accionante solicitó no tener en cuenta el informe rendido
por el Ministerio de Transporte en el presente trámite constitucional por cuanto en
su sentir, aquel fue rendido por fuera del término concedido por el juez de primera
instancia para ello.
51. Al efecto, esta sección considera que en este caso en particular nada obsta
para tener en cuenta los medios probatorios aportados junto con el informe rendido
por parte de la entidad accionada.
52. Lo anterior, porque si bien la sala no desconoce que el juez de tutela de
primera instancia otorgó un término en específico para presentar los argumentos de
defensa, el cual debía observarse por parte de la entidad demandada; en esta
oportunidad en aras de garantizar el debido proceso y defensa de aquella y
atendiendo al carácter informal de la acción de tutela, que lleva consigo a privilegiar
en algunas ocasiones los aspectos materiales y sustanciales sobre los formales, la
sala tendrá en cuenta las pruebas aportadas al plenario por parte del Ministerio de
Transporte, las cuales son fundamentales para efectos de resolver sobre uno de los
problemas jurídicos planteados en esta oportunidad.
53. Por los motivos aquí expuestos, la sala negará la solicitud presentada por el
accionante, sin embargo, no pasa inadvertido y considera pertinente recordarle a la
entidad demandada que debe procurar observar con diligencia los términos
concedidos por los jueces constitucionales.
años. En caso de reincidencia, se cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
7 Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación, en reiterada jurisprudencia ha
desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su posible configuración. Entre ellos, ha
sostenido que deben analizarse los siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto
es, que las acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma solicitud.
2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una
actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que
en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la que
guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez constitucional acredite
que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y
solicitud. Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.
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2.3. Legitimación en la causa
54. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
55. En este orden, la sala advierte que el señor José William Sánchez Páez se
encuentra legitimado en la causa por activa. Esto, porque en su condición de
habitante del sector de Chapinero considera vulnerados sus derechos
fundamentales, dado el alto volumen de tránsito vehicular en la zona, situación que
a su juicio genera contaminación del aire y auditiva y ha mermado su estado de
salud. Adicional a ello, el accionante presentó la petición de la cual hoy advierte la
falta de respuesta de fondo por parte del Ministerio de Transportes.
56. Por otra parte, la sala considera que la Presidencia de la República, el
Congreso de la República, la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y la Alcaldía Mayor de Bogotá, por conducto de la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá se encuentran legitimados en la causa por pasiva. Esto, por
cuanto de una lectura integral de los hechos, fundamentos y pretensiones de esta
acción constitucional, se evidencia que el señor José William Sánchez Páez
demanda de cada una de ellas la realización de una acción con el fin de superar la
contaminación auditiva por el tránsito de vehículos en la zona de Chapinero que en
su sentir está afectando sus derechos fundamentales.
57. En otras palabras, como en efecto lo consideró esta sección en una anterior
oportunidad, se evidencia que la parte actora señaló como las entidades
vulneradoras de sus garantías fundamentales y demostró que ha llevado a cabo
actuaciones administrativas ante aquellos organismos con la misma finalidad que
persigue a través de esta acción. Luego, para la sección es necesario mantener su
vinculación para decidir sobre lo alegado8.
58. Por los motivos aquí expuestos, esta sección negará las solicitudes de
desvinculación y de declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva
presentadas por la Presidencia de la República, el Congreso de la República, la
Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
59. Finalmente, la sala encuentra que el Ministerio de Transporte se encuentra
legitimado en la causa por pasiva en atención a que de esta entidad se predica la
falta de respuesta a la petición realizada por el tutelante
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 27 de
julio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-00974-01.
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2.4. Problemas jurídicos y metodología de la decisión
60. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y el recurso
de impugnación presentado, esta Sala debe determinar si confirma, modifica o
revoca el fallo de primera instancia.
61. Para tales efectos, se deberá resolver si la acción de tutela es procedente y
en caso afirmativo dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿La Presidencia de la República, el Congreso de la República, la Nación –
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Alcaldía Mayor de Bogotá
vulneraron los derechos fundamentales del accionante por la inactividad de
las entidades demandadas ante el incremento de vehículos, motos y
bicicletas con motor en zonas urbanas en el sector de Chapinero en la ciudad
de Bogotá, situación que a su juicio genera contaminación del aire y auditiva
y ha afectado su estado de salud?
• ¿El Ministerio de Transporte vulneró el derecho de petición del accionante en
la medida en que no ha resuelto de fondo la petición (que denominó recurso
de reposición) presentada ante dicha entidad el 24 de julio de 2023 en la que
señaló 6 aspectos a resolver respecto de la Resolución 160 de 2017?
62. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii)
análisis de procedibilidad de la acción de tutela debido a la inactividad de las
entidades demandadas ante el alto tránsito de vehículos en el sector de Chapinero
en la ciudad de Bogotá; y (iv) la posible vulneración del derecho fundamental de
petición por parte del Ministerio de Transporte
2.5. Generalidades de la acción de tutela
63. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o excepcionalmente,
de particulares.
64. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
65. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
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de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
66. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió.
2.6. Derecho de petición
67. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución»9. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
68. Por otro lado, la Ley 1755 de 2015 ha establecido ciertos requisitos en cuanto
a la contestación de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla
general a lo previsto en el artículo 14 de dicha ley, que señala 15 días para resolver
la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el periodo en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del plazo será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
69. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición10.
70. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»11.
71. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
9
Corte Constitucional. Sentencia C-510 de 2004.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013.
11
Ibídem.
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2.7. Caracterización de la carencia actual de objeto por hecho superado
72. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo
consagrado en el Decreto Legislativo 2591 de 1991 tiene como objetivo la
protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las
autoridades y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el
legislador12.
73. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada, en
el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se ha
producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo constitucional,
la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, “cae en el vacío”13. A la
primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la ha
denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.
74. Por otra parte, la Corte Constitucional14 también ha reconocido, como lo ha
hecho igualmente esta Sección recientemente15, que existen situaciones en las que
la carencia actual de objeto no necesariamente encuadra en las dos figuras jurídicas
referidas, sino que obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior
a la solicitud de tutela. En esos casos, se ha considerado que la decisión que
pudiere proferir el juez de tutela resultaría igualmente inane por sustracción de
materia o por lo que en sede de unificación denominó “acaecimiento de una
situación sobreviniente”.
75. Sobre el tema cabe destacar la sentencia de unificación de jurisprudencia
sobre el tema –SU 522 de 201916–, en la que se precisó que si luego de acudir a la
autoridad judicial, “la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma”, no
tendría sentido un pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el
juez caería en el vacío”, siendo esta la “idea central que soporta el concepto de
carencia actual de objeto”.
76. En esa providencia la Corte aclaró que “el juez de tutela no ha sido concebido
como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha
dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya
superados”.
12
Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.
13
Consultar, entre otras, las sentencias T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de
2014, T-484 de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2017.
15
En este sentido, esta Sección se pronunció recientemente. Al respecto consultar: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de mayo de 2022.
Rad. 11001-03-15-000-2021-11570-01. C.P. Rocío Araujo Oñate.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.
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77. Es importante hacer referencia a las sub-reglas que en materia de carencia
actual de objeto rigen a partir de la sentencia de unificación:
(i) En los casos de daño consumado: es perentorio un pronunciamiento de fondo
del juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante
el trámite de la tutela; precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen
a la acción de amparo. Además, el juez de tutela podrá, dadas las particularidades
del expediente, considerar medidas adicionales tales como: a) hacer una
advertencia a la autoridad o particular responsable para que en ningún caso vuelva
a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela; b)
informar al actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a
las que puede acudir para la reparación del daño; c) compulsar copias del
expediente a las autoridades competentes; o d) proteger la dimensión objetiva de
los derechos fundamentales trasgredidos y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan;
(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio que
el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente
tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisión, podrá emitir un
pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para, entre otros: a) llamar
la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó
la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir
la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir
las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho
fundamental. (Subrayado fuera de texto)
2.8. Análisis de la procedibilidad de la acción de tutela respecto a la
inactividad de las entidades demandadas ante el alto tránsito de vehículos en
el sector de Chapinero en la ciudad de Bogotá
78. En el sub judice, el accionante consideró amenazados sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud y a la intimidad familiar y personal debido a la
inactividad de las entidades demandadas de realizar las acciones correspondientes
por la contaminación del aire y auditiva que generan los automotores en las zonas
urbanas del país, en particular en el sector de Chapinero en la ciudad de Bogotá, lo
cual además ha ocasionado en su sentir una afectación en su derecho a la salud.
79. Sin embargo, la sala considera que no se cumple con el requisito de la
subsidiariedad, ya que, pese a que advierte la vulneración de sus garantías
fundamentales, lo cierto es que se evidencia que el accionante considera
desconocida la garantía colectiva al medio ambiente sano, el cual en todo caso
guarda conexidad con el deber del Estado de garantizar la vida de las personas en
condiciones dignas17 y para ello cuenta con el medio de control de los derechos e
17 Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que: «la conservación del ambiente sano no solo
es considera como un asunto de interés general, sino principalmente como un derecho internacional
y local de rango constitucional del cual son titulares todos los seres humanos en conexidad con el
ineludible deber del Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo
cualquier injerencia nociva que atente contra su salud. Al efecto, la Constitución de 1991 impuso al
Estado colombiano la obligación de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar de
un ambiente sano y dispuso el deber de todos de contribuir a tal fin, mediante la participación en la
toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y otras garantías individuales,
entre otros». Sentencia T-154 de 2013.
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intereses colectivos (acción popular) consagrada en el artículo 88 de la Constitución
Política y la Ley 472 de 199818, la cual ya presentó el señor José William Sánchez
Páez en contra de las entidades aquí accionadas precisamente por la
contaminación auditiva y del aire en particular en el sector de Chapineroen la ciudad
de Bogotá debido al alto flujo de vehículos por la zona.
80. Al efecto, revisado el sistema de consulta de procesos se evidencia que
actualmente el medio de control de los derechos e intereses colectivos presentado
por el accionante se encuentra en trámite en la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado 25000-23-41-000-
2023-00977-00. Esta autoridad judicial, en auto del 25 de septiembre de 2023 fijó
como fecha para llevar a cabo la audiencia especial de cumplimiento el día 21 de
noviembre de 2023 a partir de las 10:30 a.m.19.
81. Así las cosas, esta sección reitera que lo «expuesto en la solicitud de amparo
se subsume en la instancia procesal de la acción popular, ya que es en ese
escenario donde debe surtirse el debate sobre la concreta vulneración del ambiente
sano al cual apela el tutelante»20.
82. Luego entonces, es claro concluir que la parte accionante cuenta con otro
medio de defensa judicial idóneo para evitar un daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre el derecho colectivo al medio
ambiente sano por parte de las autoridades accionadas, el cual, además, se
encuentra actualmente en trámite se reitera, en la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
83. En ese orden de ideas, la sala concuerda con el a quo por cuanto la acción
constitucional es improcedente para la defensa de intereses colectivos, salvo que
se demuestre un vínculo con un derecho fundamental individual, el cual como se
pasa a explicar si bien fue alegado por el peticionario, lo cierto es que no está
probado en el plenario su afectación21.
84. En otras palabras, la procedencia de la solicitud de amparo se supedita a la
eficacia de esta acción para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable, en
razón de las particularidades del caso y los elementos de juicio obrantes en el
expediente.
85. Sobre este último punto, pese a que, en la acción de tutela, el señor José
18
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
19
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 27 de
julio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-00974-01.
21
La doctrina constitucional ha reiterado esa postura en el sentido de evitar que mediante un trámite
sumario, como lo es el de la acción de tutela, se tramiten pretensiones que requieren el agotamiento
de varias etapas procesales para garantizar la protección de los intereses difusos en la sociedad y
adoptar las correspondientes medidas, que de ser el caso, se ajusten a las necesidades de
protección general. Al respecto, ver sentencia de la Corte Constitucional T-065/13.
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William Páez afirmó que la procedencia excepcional de esta solicitud de amparo
obedece a las afecciones a la salud, en particular de sus oídos por tanta
contaminación auditiva, esta afirmación no tiene la entidad suficiente para superar
la aludida subsidiariedad, pues no se probó y no dejan de ser alegatos que en efecto
cimentan, entre otros, la vulneración al medio ambiente sano que está solicitando
sea amparado por el juez de la acción popular.
86. La Sala reitera22 que el alegado quebrantamiento del derecho fundamental
no debe ser hipotético, sino que debe ser demostrado en el trámite de la acción de
tutela o hallarse virtualmente amenazado, pues la regla 86 de la Carta dispone
«cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública».
87. Además de lo anterior, revisado el expediente, esta sección no encuentra
ninguna situación grave e inminente que requiera la adopción de medidas
impostergables y urgentes para evitar que ocurra un daño irreparable y que amerite
la intervención excepcional del juez de tutela.
88. Así las cosas, la sala encuentra que en este asunto no se presenta un
perjuicio irremediable que amerite la intervención excepcional del juez de tutela
como garante de los derechos fundamentales, dado que no se advierte ninguna
circunstancia que dé cuenta de una grave e inminente vulneración de las aludidas
garantías, al punto que se torne urgente e impostergable la actuación del juez
constitucional.
89. Por los motivos aquí expuestos, esta sección procede a confirmar la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela respecto de las
pretensiones elevadas por el accionante por la inactividad de las entidades
demandadas ante el alto tránsito de vehículos en el sector de Chapinero en la
ciudad de Bogotá.
2.9. Análisis sobre la vulneración del derecho de petición por parte del
Ministerio de Transporte
90. Al efecto, la sala evidencia que la inconformidad del actor radica en que, el
Ministerio de Transporte no atendió los 6 puntos que formuló en el recurso de
reposición que presentó el 24 de julio de 2023 en contra de la Resolución 160 de
2017.
91. Al respecto, esta sección evidencia que el señor José William Sánchez el día
24 de julio de 2023 formuló el recurso de reposición contra el acto administrativo
aludido en el que además solicitó al Ministerio de Transporte que se pronunciara
sobre los siguientes puntos:
22
Ibídem.
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1. Explique y demuestre si tiene o no estudios técnicos que complemente las
consideraciones de la Resolución 160 de 2017 y que mencionó en el punto 2 sobre
los ciclomotores, triciclos y cuatriciclos de combustión interna a gasolina.
2. Explique y demuestre qué beneficios ambientales trae los ciclomotores, triciclos
y cuatriciclos de combustión interna a gasolina y de acuerdo al artículo 1 de la Ley
769 de 2002 que está en las consideraciones de dicha Resolución.
3. Explique y demuestre cómo se está inactivando la bicicleta para avanzar en la
mitigación del impacto ambiental con los ciclomotores, triciclos y cuatriciclos de
combustión interna a gasolina y como menciona el artículo 1 de la Ley 1811 de
2016 que está en las consideraciones de dicha Resolución.
4. Explique y demuestre cómo se está beneficiando a los peatones y ciclistas
con la circulación de ciclomotores, triciclos y cuatriciclos de combustión interna
a gasolina y como menciona el artículo 2 de la Ley 1811 de 2016 que está en
las consideraciones de dicha Resolución.
5. Explique y demuestre qué tecnología limpia tiene los ciclomotores, triciclos y
cuatriciclos de combustión interna a gasolina y como menciona el artículo 204
de la Ley 1753 de 2015 que está en las consideraciones de dicha Resolución.
6. Con lo antes dicho solicito me informe si el Ministerio de Transporte va a hacer
estudios para modificar o derogar la Resolución 160 de 2017.
92. Al respecto, el Ministerio de Transporte mediante oficio 20233031182432 del
4 de agosto de 2023 le dio respuesta a su petición en el sentido de indicar: i) frente
al primer punto de la petición, que en ejercicio de su potestad reglamentó el registro
y circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor, triciclo y cuatriciclo a
través de la Resolución No. 160 de 2017; ii) con relación al sexto punto, consideró
que aquel estudio no es de su competencia pues es del ámbito judicial.
93. Adicional a lo anterior, frente a los demás requerimientos (puntos 2,3, 4 y 5),
la entidad demandada indicó que aquella oficina no era competente para brindar
respuesta sobre las mismas y que le había dado traslado a la Agencia de Seguridad
Vial y el Grupo de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transporte.
94. Sin embargo, el señor Sánchez Páez indicó en el escrito de tutela que la
respuesta brindada el 4 de agosto no era clara y de fondo, razón por la que
consideró vulnerados su derecho fundamental de petición.
95. Por lo anterior, con ocasión de la solicitud de amparo, el Ministerio de
Transporte emitió los siguientes oficios complementarios:
Respuesta Fecha Contenido
Complementó la respuesta brindada
24 de agosto de 2023 y
respecto al punto número 1 de la
notificado al accionante
petición del actor y le informó que no
MT 20234200922641 al correo electrónico
responsan estudios técnicos usados
dispuesto para tal fin:
para la expedición de la Resolución
sanchez.jw@gmail.com23
160 de 2017, no obstante en la parte
23
Obra constancia de envío al correo electrónico en cita del 1º de septiembre de 2023 allegado junto
al informe rendido por el Ministerio de Transporte.
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Demandante: José William Sánchez Páez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04432-01
Respuesta Fecha Contenido
el día 1 de septiembre de considerativa de dicho acto
2023. administrativo quedó consignado que
se expidió teniendo en cuenta la
necesidad de adoptar medidas
conducentes para el registro y
circulación de vehículos automotores
tipo ciclomotor, tricimoto y cuatriciclo y
la creación de políticas en materia de
seguridad funcional.
Frente al punto 6 se le informó al actor
que luego de verificar con el Grupo de
Regulación del Ministerio de
Transporte por el momento no se tiene
previsto dentro de la agenda
regulatoria realizar modificaciones o
derogar la Resolución 160 de 2017 y
le explicó que los actos administrativos
tienen presunción de legalidad y si su
inconformidad respecto a dicha
resolución persiste lo pertinente es
que acuda al medio de control definido
en la ley con tal fin.
• Punto 2 de la petición: Indicó que
dentro de los modos y clases de
vehículos se ha identificado de fácil
electrificación los ciclomotores y
triciclo motores y se espera contar
con un estudio para revisar el
potencial de electrificación y/o
conversión de este tipo de
vehículos.
• Punto 3 de la petición: El Ministerio
busca dar respuesta a las
necesidades de movilidad de las
personas más vulnerables en la vía
5 de septiembre de 2023 en todos sus contextos, mediante
notificado al accionante la implementación de la Estrategia
al correo electrónico Nacional de Movilidad Activa con
20231120974751
dispuesto para tal fin: enfoque de género y diferencial de
sanchez.jw@gmail.com24 acuerdo con los compromisos
ese mismo día adquiridos por el Gobierno
Nacional. Además, que promover
la movilidad activa, incluida el uso
de la bicicleta no es un ejercicio
únicamente del sector transporte,
por lo que se requiere de una
articulación de diferentes sectores
para su gestión e implementación.
Por último, sobre este punto, indicó
que ha comenzado la gestión con
los gobiernos locales, el sector
privado, la academia y la
ciudadanía para promover el uso
de la bicicleta.
24
Obra constancia de envío al correo electrónico en cita del 5 de septiembre de 2023 allegado junto
al informe rendido por el Ministerio de Transporte.
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Demandante: José William Sánchez Páez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04432-01
Respuesta Fecha Contenido
• Punto 4 de la petición: El Ministerio
de Transporte como autoridad
suprema de tránsito al reglamentar
el registro y circulación de los
vehículos tipo ciclomotor, triciclo y
cuatriciclo a través de la Resolución
160 de 2017 priorizó a los actores
vulnerables, dando lineamientos de
como deberán este tipo de
vehículos interactuar con peatones,
ciclistas y otros vehículos
motorizados.
• Punto 5 de la petición: El Ministerio
de Transporte indicó que la
Estrategia Nacional de Transporte
Sostenible – ENTS está
promoviendo la modernización de
los vehículos hacía la tecnología de
cero y bajas emisiones.
96. Es importante resaltar que al accionante se le brindó una respuesta de fondo
a sus peticiones como quedó demostrado en las pruebas antes citadas y en el
gráfico antes expuesto; y además de aquellas fue informado.
97. En este punto, la sala considera que no le asiste razón al accionante cuando
señala que no se le dio respuesta a su petición. Esto, porque en las contestaciones
del 24 de agosto y 5 de septiembre de 2023, dicha cartera contestó cada uno de los
puntos planteados en el recurso de reposición presentado el 24 de julio de 2023.
98. Así, la sección nota que el Ministerio de Transporte emitió una respuesta
definitiva y de fondo a la petición presentada por el accionante hasta los días 24 de
agosto y 5 de septiembre de 2023. Además, como se indicó anteriormente, el
tutelante fue notificado los días 1 y 5 de septiembre de 2023 a la dirección aportada
por el actor para ello, esto es, sanchez.jw@gmail.com.
99. Desde este panorama, habrá de modificarse parcialmente la decisión de
primera instancia para en su lugar, declararse la carencia actual de objeto por hecho
superado, atendiendo a que entre la presentación de esta acción de tutela y el
momento en que se dictó la respectiva sentencia, el Ministerio de Transporte
mediante oficios 20234200922641 y 20231120974751 del 24 de agosto y 5 de
septiembre de 2023, emitió una respuesta de fondo y definitiva a sus
requerimientos. Además, estas actuaciones ya fueron notificadas al señor José
William Sánchez Páez. Por esto, ya se garantizó por completo lo pretendido en el
escrito de amparo.
100. Así, entre la interposición de la petición y las respuestas emitidas por el
Ministerio de Transporte, se superó el término legal establecido para responder de
fondo la solicitud del accionante, sin embargo, comoquiera que la respuesta
finalmente fue emitida y comunicada al señor José William Sánchez Páez en el
trámite de la presente acción de tutela, se configura el hecho superado.
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Demandante: José William Sánchez Páez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04432-01
101. En otras palabras, durante el trámite de la presente tutela, la entidad logró
superar el supuesto fáctico que dio lugar a la interposición de este mecanismo de
protección constitucional y, de ese modo, cualquier orden que diera la Sala al
respecto, resultaría innecesaria, ya que desaparecieron los hechos que originaron
la vulneración alegada por el accionante. De manera que esta Sección insiste en
que es procedente declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
2.10. Conclusiones
102. La sala procede a confirmar el numeral primero de la sentencia del 21 de
septiembre de 2023, por cuanto no se encuentra superado el requisito de
subsidiariedad; y a modificar el numeral segundo del fallo de primer grado que negó
las pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Presidencia de la
República, el Congreso de la República, la Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
SEGUNDO: CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación el 21 de septiembre de 2023 en la que declaró
improcedente la solicitud de amparo por no encontrar superado el requisito general
de subsidiariedad respecto de las pretensiones 1 y 2 de la acción de tutela.
TERCERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación el 21 de septiembre de 2023 en la que negó la
solicitud de amparo frente a la vulneración del derecho de petición, para en su lugar,
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de
amparo realizada por el accionante contra el Ministerio de Transporte.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Demandante: José William Sánchez Páez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04432-01
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/
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