Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04451-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04451-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04451-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de septiembre de 2023
Demandantes: Omar Cáceres Osorio y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04451-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04451-00
Demandantes: OMAR CÁCERES OSORIO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa por
privación injusta de la libertad – declara la improcedencia por
falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Omar Cáceres
Osorio y otros, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito presentado el 22 de agosto de 2023, el señor Omar Cáceres
Osorio y otros1, por conducto de apoderado judicial, instauraron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y contradicción.
Las referidas garantías constitucionales las consideraron transgredidas con ocasión
de la providencia del 23 de noviembre de 2023, por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C revocó la decisión
del 25 de agosto de 2021 del Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, que había accedido parcialmente a las pretensiones del medio de control
1
Omar Cáceres Osorio en su nombre y en representación de su hijo aún menor de edad Omar David
Cáceres Galvis, Mariela Galvis, Emma Osorio de Cáceres, Carlos Manuel Cáceres Osorio, Reinaldo
Cáceres Osorio, Hernando Cáceres Osorio, María Eugenia Cáceres de Arocha, Jairo Cáceres
Osorio, Mabel Cáceres Roya, Eddison Eduardo Cáceres Osorio, Emma Fabiana Cáceres Galvis en
su nombre y en representación de sus hijas menores Maily Sofía Lizarazo Cáceres e Isabella Romero
Cáceres, Gendiryer Cáceres Galvis en su nombre y en representación de sus hijos menores Damian
Alexander Galvis Cáceres y Alejandro Quintero Cáceres, Gloria Milena Cáceres Galvis en su nombre
y en representación de su hija menor Valerin Saray Silva Cáceres. De conformidad con los poderes
y los registros civiles aportados con la demanda, para el efecto.
1
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Demandantes: Omar Cáceres Osorio y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
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de reparación directa promovido por los accionantes contra la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), la Fiscalía General
de la Nación y la Policía Nacional. El asunto se identificó con el radicado 11001-33-
36-038-2017-00206-01.
1.2. Pretensión
Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
PRIMERA: Ante las transgresiones a los derechos fundamentales del señor OMAR
CACERES , en el desarrollo de la precitada sentencia judicial administrativa emitida
en segunda instancia, que afectan sus derechos constitucionales , especialmente sus
derechos constitucionales a la INTIMIDAD Y LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD pues en la intimidad de su hogar, en la privacidad de su casa, de
donde fue invadido y extraído por la policía Nacional OMAR CACERES tenía sus
plenos derechos constitucionales para desarrollar su libre personalidad con la
marihuana que poseía en la INTIMIDAD DE SU HOGAR, y además, porque con esta
situación de vida privada OMAR CACERES NO LE ESTABA HACIENDO DAÑO A
NADIE, igualmente a los accionantes se les vulnera sus derechos AL DEBIDO
PROCESO (Junto a TODOS los derechos contenidos en este derecho principal, tales
como el de Defensa y Contradicción, el derecho al respeto por las reglas de cada
juicio, el Derecho de Valoración Integral de las Prueba, el derecho de motivación y
respuesta que deben dar los funcionarios judiciales a las demandas y solicitudes de
los ciudadanos, etc.) También, EL DERECHO DE TENER UN ACCESO REAL Y
EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EL DERECHO
CONSTITUCIONAL A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL
FORMAL, establecidos en nuestra Constitución en los artículos, 13, 15 , 16 29, 83,
86, 229, 228 y 243, respectivamente, por tanto solicitamos señores magistrados,
AMPARAR los derechos constitucionales de todos y cada uno de los accionantes
que firman el poder aquí adjunto para accionar la presente Acción de Tutela, a fin de
tutelarlos en todos sus derechos constitucionales precitados, que han sido
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN C MAGISTRADO Dr. FERNANDO IREGUI CAMELO, al
revocar la sentencia de primera instancia, proferida el 25 de Agosto del año 2022,
por el JUZGADO TREINTA Y OCHO ADMINISTRATIVO ORAL CIRCUITO JUDICIAL
BOGOTÁ D.C. - SECCIÓN TERCERA, negando el TRIBUNAL las pretensiones de
la demanda del medio de control de Reparación Directa dentro del proceso
acumulado con número de radicación 1100133 36 038 201700206-01.
SEGUNDA: En consecuencia, peticionamos al señor juez de tutela, declarar nula y
sin efectos jurídicos, la providencia de fecha 23 de Noviembre del año 2022, mediante
la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN C MAGISTRADO Dr. FERNANDO IREGUI CAMELO,
que resolvió revocar la sentencia de primera instancia proferida el día 25 de Agosto
del año 2021, por el JUZGADO TREINTA Y OCHO ADMINISTRATIVO ORAL
CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C -SECCIÓN TERCERA, negando las
pretensiones de la demanda del medio de control de Reparación Directa dentro del
proceso con número de radicación 1100133 36 038 201700206-01, adelantado por
OMAR CÁCERES OSOSRIO Y OTROS, contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y
OTROS, para que en su lugar, el Juez de tutela ordene dictar nueva decisión bajo la
luz y foco de nuestra Carta Magna, atendiendo esta vez el rigor constitucional,
analizando las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto y valorando
integralmente las pruebas, reitero, A LA LUZ DE NUESTRA CONSTITUCIÓN
NACIONAL, con el acatamiento PLENO a las normas de Nuestra Constitución, de
modo que, en esta nueva sentencia, se respeten y acaten los derechos que se
ordenen tutelar a los aquí accionantes2.
2
Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original.
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1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El 16 de mayo del 2013, aproximadamente a las 10:40 a.m., personal de la SIJIN –
MEBUC de la Policía Nacional realizó una diligencia de allanamiento en el
«asentamiento humano 12 de octubre», operativo durante el cual fue capturado el
señor Omar Cáceres Osorio, por el presunto punible de tráfico, fabricación o porte
de estupefacientes.
Después de 2 años y 5 días de estar privado de la libertad, el señor Cáceres Osorio
fue liberado de la Cárcel Modelo pues se profirió a su favor sentencia absolutoria
dentro del proceso penal adelantado en su contra.
Por lo ocurrido, los tutelantes presentaron demanda de reparación directa en contra
de la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación (FGN) y de la Policía
Nacional por la presunta privación injusta de la libertad del señor Omar Cáceres
Osorio.
El conocimiento de ese asunto le correspondió al Juzgado 38 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que, en sentencia del 25 de agosto de
2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda3 y condenó a la
Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la FGN4.
Ello tras considerar que, aunque el señor Osorio fue capturado en flagrancia al tener
en su residencia un poco más de 2 dosis de marihuana para uso personal, no podía
imponerse medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.
Al respecto explicó que el investigado no podía considerarse un peligro para la
seguridad de la sociedad, pues no existía indicio de que se dedicara a la
comercialización de la marihuana, más si no fue sorprendido portando la sustancia
en la calle como para pensar que quería venderla; tampoco, era probable que aquel
no comparecería al proceso penal o que no cumpliría la sentencia que
eventualmente se le impusiera pues su situación económica no permitía deducir que
saldría del país.
Contra la anterior decisión, tanto la parte actora como los condenados interpusieron
recursos de apelación, en síntesis así:
3 Condenó al pago de perjuicios morales, pero negó: (i) los perjuicios materiales por lucro cesante
por inexistencia de pruebas que acreditaran que para el día en que se produjo la detención el
acusado ejercía algún tipo de actividad económica, y (ii) los perjuicios ocasionados por la afectación
a los bienes o derechos a la familia, honra y el buen nombre porque consideró que, de un aparte, el
mismo capturado venía afectando esas garantías en la medida que reconoció ser una persona con
adicción a las sustancias alucinógenas y, de otra parte, se evidenció que a la familia conformada por
todos los demandantes no los reunía, precisamnete, sentimientos de amor y solidaridad con respecto
del integrante Omar Cáceres Osorio.
4
Concluyó que el daño (privación injusta) debía imputarse a la Rama Judicial y a la Fiscalía General
de la Nación, pues la medida de aseguramiento de detención preventiva fue solicitada por el ente
acusador y decretada por el juez con función de control de garantías, siendo entonces el resultado
de la actuación conjunta. A su turno declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Policía Nacional.
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• Los accionantes, de manera parcial, pues solo insistieron en el reconocimiento
de los perjuicios por lucro cesante y afección a la familia, honra y el buen nombre.
• La Nación - Rama Judicial - DEAJ resaltó que si la autoridad judicial impuso la
medida preventiva lo fue por previa petición elevada por el ente acusador
cumpliendo lo dispuesto en los artículos 306 a 313 de la Ley 906 de 2004, pues
durante la celebración de las audiencias preliminares hubo serios indicios de la
responsabilidad penal del imputado por el presunto punible de tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes.
• La FGN adujo que carecía de falta de legitimación en la causa por pasiva
comoquiera que es el juez quien impone la medida preventiva, y que, en todo
caso, la imposición de la medida de aseguramiento contra Omar Cáceres Osorio
no resultó irrazonable, ilegal, y mucho menos desproporcionada, precisamente
porque se reunían los requisitos previstos en el artículo 308 de la Ley 906 de
2004 y la Ley 1142 de 2007, para lo cual precisó que los presupuestos para la
medida de aseguramiento no son los mismos para la prosperidad de la condena
penal, «de modo que no siempre la absolución penal implica ilegalidad de la
detención preventiva».
La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, que en sentencia del 23 de noviembre de 2022,
revocó la de primer grado, al concluir que «habiendo sido absuelto el señor Omar
Cáceres Osorio en virtud de la antijuridicidad material de la conducta, el asunto
debía examinarse a la luz de la falla del servicio, en el marco de lo cual no se
evidenció la ilegalidad o arbitrariedad en relación a la medida de aseguramiento de
detención impuesta en su contra».
Explicó que no se configuró la prolongación ilegal de la privación de la libertad, en
la medida que únicamente hasta cuando se practicaron las pruebas en el juicio oral
en el marco del proceso penal, se probó la condición de adicto del procesado. En
consecuencia, el sindicado no acreditó de forma previa esa condición a efectos de
desvirtuar los cargos.
En síntesis, concluyó que la medida de aseguramiento de detención preventiva
resultó en su momento legal y necesaria, puesto que los elementos materiales
probatorios y evidencia física obtenida por la fiscalía daban cuenta de la posible
participación en el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pues
se halló en su lugar de habitación cannabis con un peso neto de 44,4 gramos, que
supera la dosis personal, sumado a que el mencionado delito cuenta con pena de
prisión mínima de 8 años, cumpliendo de tal forma el requisito temporal exigido en
el artículo 313 de la Ley 906 del 2004; y que, además, el imputado – para aquél
momento – constituía un peligro para la comunidad por la vulneración del punible
del bien jurídico de la salud pública que impacta en niños, mujeres y jóvenes que
pueden resultar víctimas de la comercialización de sustancias alucinógenas en
perjuicio de su integridad física, o incluso, de su vida.
La providencia de segunda instancia fue notificada el 23 de febrero de 2023,
quedando ejecutoriada el 28 de febrero siguiente. Por su parte, la acción de tutela
de la referencia fue radicada el 22 de agosto de 2023.
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1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora en primer lugar refirió que su asunto reviste relevancia constitucional
porque el tribunal accionado «al realizar una indebida valoración probatoria,
comprometió garantías de carácter iusfundamental de las víctimas, en particular el
derecho a la IGUALDAD, al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y al
DEBIDO PROCESO».
Luego adujo que se cumplían con los requisitos de inmediatez, agotamiento de
todos los medios de defensa y que no se estaba atacando una sentencia de tutela.
Finalmente, indicó que con la providencia controvertida se configuró un defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio5, pues en el Informe de
Investigador de Campo –FPJ-11- del 16 de mayo del 2013, elaborado por el
Patrullero Hayver Alejandro García Rincón (Grupo de Criminalística), se
describieron los hallazgos relacionados con la sustancia incautada determinando
que el peso neto del cannabis era de 44.4 gramos, luego, a su juicio, fue evidente
que lo encontrado era para su uso personal, y que, por la condición de adicción no
podía afirmarse que era un peligro para la sociedad.
Para sustentar su argumentación citó sentencias de la Corte Suprema de Justicia6
en la cuales se concluye que existen circunstancias que no trascienden la órbita de
los intereses individuales y la posesión de alucinógenos no impacta en derechos
ajenos o colectivos.
Afirmó que tampoco se tuvo en cuenta el Informe Investigador de Campo Fotógrafo,
elaborado por el Patrullero Edward Pabón Ávila, que en 9 fotografías, tomadas el
día del allanamiento, dan cuenta sobre la ubicación y forma de almacenamiento de
la sustancia alucinógena, que fue en «UN CAJÓN EN LA PRIVACIDAD DE SU
HABITACIÓN, y no en un área común de la casa ni en la calle».
Por lo expuesto, aseveró que al imponerse la medida privativa de la libertad sin
comportar los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad se vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción.
1.5. Trámite procesal de la acción
El 28 de agosto de 2023 el magistrado ponente admitió la acción y ordenó la
notificación de la parte actora, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C y vinculó en calidad de terceros con interés al
Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Nación - Rama
Judicial – DEAJ y FGN, asimismo, a la Policía Nacional y a la Procuraduría General
de la Nación.
5
Sobre el punto citó apartes jurispridenciales que definen el yerro fáctico en sus dimensiones positiva
y negativa. Sentencias C-590 de 2005 y T-442 de 1994 de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, sentencia de 10 de febrero 2016, radicado 76001-23-31-000-2005-02897-01 (38092).
6
Corte Suprema De Justicia, M.P.: Eugenio Fernández Carlier. Radicado: 41760 Del 09 De Marzo
de 2016; Corte Suprema de Justicia. M: José Leónidas Bustos Martínez Radicado: 29183 18 De
Noviembre De 2008, Corte Suprema De Justicia. Magistrado Ponente: Yesisd Ramírez Bastidas
Radicado: 31531 8 De Julio De 2009.
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En la misma providencia se reconoció personería al apoderado de la parte actora y
se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una
publicación en la página web de la Corporación, con la información de la tutela, con
el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C
Por intermedio del funcionario ponente de la decisión controvertida, requirió que se
declarara improcedente el mecanismo, comoquiera que no se cumplieron los
presupuestos jurisprudenciales para su estudio.
Recordó las consideraciones que expuso en la providencia censurada y afirmó que
la Sala en su fallo consideró la legalidad y proporcionalidad de la medida de
aseguramiento y en tal sentido, revocó la decisión del a quo para, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda.
Indicó que el tribunal valoró los medios probatorios obrantes en el proceso,
especialmente, el Informe de Investigador de Campo –FPJ-11- del 16 de mayo del
2013, elaborado por el Patrullero Hayver Alejandro García Rincón (Grupo de
Criminalística) y el Informe Investigador de Campo (Fotógrafo) del 16 de mayo del
2013 (fs. 31-33 c.pruebas), elaborado por el Patrullero Edward Pabón Ávila,
Fotógrafo Judicial. En tal sentido, lo que se advierte es un criterio jurídico diferente
de quien interpuso la acción de tutela, lo que no deviene en la vulneración de
garantías constitucionales sino en convertir la acción de tutela en una tercera
instancia.
1.6.2. Fiscalía General de la Nación
Por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad solicitó declarar
improcedente la presente acción porque que en el escrito de tutela presentado por
el apoderado de los accionantes, no se verifica la materialización de un perjuicio
que vulnere de manera flagrante algun derecho fundamental de sus agenciados.
Agregó que si bien es cierto que el tutelante afirmó que la providencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, incurrió en una defectuosa valoración probatoria, por
cuanto, no se realizó un análisis adecuado del acervo probatorio, lo cierto es que no
cumple con la carga argumentativa requerida para sustentar su dicho.
Indicó que lo que pretende la parte accionante es «retrotraer, a través del amparo
etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, al pretender que se corrija
y modifique el fallo, para establecer confusión y proyectar que se transgreden
derechos fundamentales, lo cual es inconcebible por el carácter subsidiario que
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acompaña tan especial mecanismo constitucional y por cuanto en ningún momento
en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental alguno».
1.6.3. Policía Nacional
A traves del Grupo de Asuntos Legales (i) recordó que a la dicha institución se le
absolvió dentro del proceso de reparación directa, (ii) que las sentencias dictadas
no incurrieron en ningún yerro y que (iii) la autoridad judicial accionada si estudió de
fondo las actuaciones surtidas por parte de la Fiscalía General de la Nación como
de la Rama Judicial y las mismas dieron como resultado el veredicto de la
corporación judicial de cierre, decisión razonable apoyada en el análisis probatorio
bajo las reglas de la sana critica.
Por lo anterior, solicitó que «se declare la improcedencia en la acción constitucional
presentada porque lo que se pretende es reabrir un debate ya zanjado por el juez
ordinario o en su efecto se desvincule a la Policía Nacional de la presente acción».
1.6.4. El Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, remitió
copia del expediente solicitado con radicado 11001-33-36-038-2017-00206-01 y la
Procuraduría General de la Nación, el acta de conciliación extrajudicial 69256 de
20 de abril de 2017 cuyo convocante fue la parte tutelante.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de los accionantes, quienes los consideraron vulnerados con
ocasión de la providencia de 23 de noviembre de 2023, por medio de la cual, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C revocó
la decisión de 25 de agosto de 2021 del Juzgado 38 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que había accedido parcialmente a las pretensiones del medio
de control de reparación directa promovido por los accionantes contra la Nación -
Rama Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General
de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) el caso concreto.
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20127,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
7
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
202211 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre12.
2.4.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por los
tutelantes, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, las inconformidades planteadas no contienen la
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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Demandantes: Omar Cáceres Osorio y otros
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Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04451-00
carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto
implica la intervención del fallador de esta sede, sumado a que lo pretendido es
utilizar este escenario como una instancia adicional del proceso ordinario en el que
el juicio de valoración de las pruebas se realice en armonía a sus intereses.
En efecto, si bien la parte actora aseguró que se le vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, lo cierto es que no
satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la
referida sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022,
además que los reparos planteados en este escenario ya fueron resueltos por los
jueces naturales.
Se reitera que la afirmación consistente en que se trasgredieron los mentados
derechos fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del
juez de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello
se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo
que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o
goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador
judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
2.4.3. Ahora, para esta Sala el argumento referido a la indebida valoración
probatoria sobre el cual se cimentó el defecto fáctico, no cuenta con la carga
argumentativa para ser estudiado, en el marco de la trasgresión de derechos
fundamentales, porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto en sede
ordinaria, no denota un análisis irracional o arbitrario del tribunal frente a los medios
probatorios, lo que ocurre es que está en desacuerdo con lo concluido porque es
adverso a sus intereses.
Nótese que para soportar el yerro se alude nuevamente a las dos pruebas que
reposaban en el expediente ordinario, a saber:
• Informe de Investigador de Campo –FPJ-11- del 16 de mayo del 2013,
elaborado por el Patrullero Hayver Alejandro García Rincón (Grupo de
Criminalística), que dejo constancia que el peso neto del cannabis era de
44.4 gramos.
• Informe Investigador de Campo Fotógrafo, elaborado por el Patrullero
Edward Pabón Ávila, que dan cuenta sobre la ubicación y forma de
almacenamiento de la sustancia alucinógena, que fue en «UN CAJÓN EN LA
PRIVACIDAD DE SU HABITACIÓN».
No obstante, pese a enunciarlas la Sección evidencia que su línea argumentativa
converge, no en la trasgresión de garantías constitucionales sino en que, de su
análisis, el tribunal accionado debió concluir que a la fecha de la captura no se
presentaban los presupuestos para imponer la medida de aseguramiento de
privación de libertad. Es decir, se pretende revivir el debate que fue resuelto en la
causa ordinaria.
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En otras palabras, para la Sala la argumentación del yerro no es suficiente para
contradecir la ratio de lo decidido en la medida que, el hallazgo de 44,4 gramos de
cannabis, sea que fuesen para comercialización o consumo propio, en todo caso,
superan la dosis mínima legalmente permitida, luego entonces al momento de la
imposición de la medida de aseguramiento, obraba evidencia física que permitía
demostrar su posible participación en el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes y que, por lo mismo, representaba un peligro para la sociedad.
Ahora en gracia de la discusión, la Sala recuerda que el juicio de legalidad de la
medida de aseguramiento se aplica respecto del momento procesal en que se
adopta, esto es, al inicio de la investigación penal, determinando si se encontraban
reunidos los requisitos formales y de procedencia de la medida; distinto es que
dentro del trámite del proceso penal se logarara demostrar que el señor Cáceres
Osorio era consumidor y adicto a sustancias alucinogenas, circunstancia que
terminó por desvirtuar el fundamento de la sindicación formulada por la Fiscalía pero
en la causa penal.
En este orden de ideas, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de la parte tutelante, sino que, por el
contrario, se advierten argumentos con el fin de intentar un nuevo análisis de las
pruebas que fueron ya valoradas pero con una conclusión que le sea favorable a
sus pretensiones.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por el accionante, la sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza fundamental, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad del tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»13 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.5. Conclusión
Por lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la solicitud de tutela por
no cumplir el requisito de relevancia constitucional, pues se observa que la parte
accionante pretende reabrir el debate probatorio sin contar con una carga
argumentativa que le permita a esta Sala, investida como juez de tutela, realizar un
pronunciamiento de fondo, aunado a que los fundamentos del mecanismo tampoco
advierten una anomalía evidente o una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Omar Cáceres Osorio y otros, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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