Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04497-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencias judiciales: procede estudio
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04497-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04497-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-00
Demandante: RAFAEL IGNACIO VALERO MORENO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio
de fondo porque se acreditó cumplimiento de los requisitos generales; además, se
identificó y sustentó la causal específica alegada / DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE – No se configura en este caso, porque la autoridad judicial
accionada explicó, de manera clara, suficiente y razonada, los motivos por los que
no acogió el criterio expuesto en la sentencia de unificación jurisprudencial
invocada como desconocida.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Rafael Ignacio Valero
Moreno contra la Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 24 de agosto de 20231, el señor Rafael Ignacio Valero Moreno interpuso acción
de tutela contra las autoridades judiciales mencionadas, por considerar vulnerado
su derecho fundamental a la igualdad, con ocasión de las sentencias de primera y
segunda instancia proferidas el 14 de noviembre de 2019 y el 11 de mayo de
2023, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25000234200020160078101 (32052020). Formuló las siguientes
pretensiones:
Con base en los argumentos que anteceden y al tutelar mis derechos
deprecados, ruego al Honorable Juez Constitucional, dejar sin efecto la
1 Se advierte que, el 6 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-00
Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Sentencia de Segunda Instancia del 11 de mayo de 2023 proferida por el
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda –
Subsección “A” dentro del Radicado 25000234200020160078101 (32052020)
y, como consecuencia de dicha decisión, Ordene al Consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección “A” que
profiera una nueva Sentencia, a través de la cual ordene REVOCAR la de
primer grado proferida el 14 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
Así mismo, que declare la nulidad parcial de la Resolución 3184 de 2015 por
medio de la cual la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES me reliquidó la pensión a su amaño, y en esa medida
CONDENAR a la entidad demandada que reliquide la pensión a mí asignada
conforme con las reglas invocadas en su propio acto de adjudicación,
(Resolución 3184 de 2015) donde se determinó que el ingreso base de
liquidación (IBL)se establecerá con base en el promedio de los salarios
percibidos en el último año de servicio, esto es entre el 19 de octubre de 2012
y el 18 de octubre de 2013, incluida la prima especial de riesgo, de Clima y de
Coordinación como factor salarial, se incluya dentro del ingreso base de
liquidación de la prestación reconocida y, en esa medida, se le ordene a la
entidad demandada respetar y cumplir con lo dispuesto en su propio acto
administrativo de adjudicación. Y que a título de restablecimiento del derecho
condene a la Entidad demandada, a pagar al el retroactivo que surja como
consecuencia de la nueva liquidación, debidamente indexado a partir del 18
de octubre de 2013 hasta la fecha en que la entidad cumpla con el fallo.
1.2. Hechos
Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:
El señor Rafael Ignacio Valero Moreno, en su condición de exdetective del DAS,
tiene pensión de jubilación reconocida por COLPENSIONES, mediante la
Resolución GNR 185057 del 17 de julio de 2013, la cual fue reliquidada por la
Resolución GNR 3184 de 8 de enero de 2015, con el régimen especial previsto en
los Decretos 1047 de 1978 y 1399 de 1989, según el cual el IBL corresponde al
promedio de los salarios percibidos en el último año de servicio.
Por estimar que su mesada no se ajustaba a los valores devengados en el último
año de servicios, el actor ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en el que solicitó la nulidad parcial de la Resolución GNR 3184 de 8
de enero de 2015 y la reliquidación de su mesada con el cómputo de los factores
excluidos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
negó las pretensiones de la demanda, mediante sentencia proferida el 14 de
noviembre de 2019, decisión contra la cual se interpuso recurso de apelación, que
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-00
Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 11 de mayo de 2023, declaró la nulidad del acto demandado y
ordenó a COLPENSIONES reliquidar la pensión del actor «(…) conforme con las
reglas establecidas en la sentencia de unificación de 28 de julio de 2022, esto es,
con el promedio de lo devengado entre el 19 de octubre de 2003 y el 18 de
octubre de 2013, con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y,
adicionalmente con lo devengado por el demandante por concepto de prima de
riesgo (…)».
1.3. Argumentos de la tutela
El señor Rafael Ignacio Valero Moreno consideró que la tutela cumple los
requisitos generales de procedencia contra providencia judicial e invocó las
siguientes causales específicas:
Defecto sustantivo. La autoridad accionada interpretó inadecuadamente e
inaplicó las normas especiales que regulan la pensión de vejez a favor de los
detectives del extinto DAS.
Violación directa de la Constitución. Las sentencias censuradas violaron el
derecho a la igualdad de trato jurídico, porque en muchas oportunidades el
Consejo de Estado ha accedido a las pretensiones bajo el entendido que la
pensión de vejez de los detectives del DAS se liquida con el 75% del promedio de
los salarios de toda especie percibidos en el último año de servicio con inclusión
de la prima de riesgo, mientras que en el caso del actor decidió diferente.
Desconocimiento del precedente. La Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado se apartó de las sentencias de unificación del 4 de agosto de
2010 y del 10 de noviembre del mismo año, expedientes 25000-23-25-000-2006-
07509-01(0112-09) y 4001233100020080015001, respectivamente, que
establecieron como tesis la liquidación de la pensión de vejez con la inclusión de
todos los factores salariales devengados por el trabajador en el último año de
servicios, incluyendo la prima de riesgo.
Además, las autoridades judiciales demandadas se apartaron de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional que desarrolla el concepto de derechos adquiridos (C-
663 de 2007), y principio de favorabilidad (C-147 de 1997).
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Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
De otra parte, considera que violaron el derecho a la igualdad, dado que a muchos
exdetectives del DAS les fue reliquidada la pensión con el promedio de todos los
emolumentos devengados como salario durante el último año de servicios,
incluidas las primas de riesgo y clima, sin dar aplicación a la Ley 100 de 1993.
Refirió que existen múltiples fallos en esa línea hermenéutica acogida por el
Consejo de Estado, incluidas las sentencias de unificación proferidas el 4 de
agosto de 20102 y el 1º de agosto de 20133, y pese a que el accionante se
encuentra en igual situación a la demostrada por las personas beneficiadas en
esas sentencias, lo cierto es que, en su caso, se decidió diferente sin justificación
alguna. Citó varios pronunciamientos del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y realizó un cuadro comparativo a fin de
evidenciar la similitud de su situación con la de otro detective del DAS, cuya
pensión se reliquidó con el promedio de todos los emolumentos devengados como
salario durante el último año de servicios.
Explicó que, conforme al precedente jurisprudencial, en calidad de exdetective del
DAS, tiene derecho a que su pensión se reliquide conforme al régimen especial
previsto en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin aplicar la transición
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, más aún si se tiene en cuenta,
que consolidó su estatus pensional el 14 de enero de 2010, es decir, antes de la
expedición de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, y
SU-023 de 2018.
Invocó el principio de favorabilidad, contemplado en el artículo 53 de la
Constitución Política y el 21 del Código Sustantivo de Trabajo, para insistir en que
su prestación debe ser reliquidada bajo los parámetros que solicita, pues el no
hacerlo implica el desconocimiento a los principios de seguridad jurídica e in dubio
pro operario.
Señaló que la sentencia censurada proferida por el Consejo de Estado decidió
más allá de lo pedido en la demanda, lo que le generó consecuencias adversas,
pues, aunque solicitó la nulidad parcial de la Resolución GNR 3184 del 8 de enero
de 2015, para que fueran incluidos algunos factores que no se consideraron, la
autoridad judicial en segunda instancia declaró la nulidad total del acto
2 Expediente: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09).
3 Expediente:4001233100020080015001
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Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
administrativo, y ordenó la reliquidación de su pensión de una forma que no le es
favorable, y que dista de lo pretendido, teniendo en cuenta que en las
pretensiones se solicitó «la reliquidación con base en el promedio de los salarios
de toda especie percibidos durante el último año de servicio».
En suma, considera que el ad quem «desatendió la aplicación de dicho principio
[favorabilidad] de rango constitucional y de paso se apartó del precedente vertical
en esta materia, en tanto que, al estar frente a la disyuntiva de ordenar la
reliquidación de mi pensión bajo las reglas establecidas en dos precedentes
judiciales del mismo nivel proferidos por el Consejo de Estado, le asiste la
obligación de elegir la que mejor me convenga, que no es otra que la que se
encuentra plasmada en la Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010».
Por las razones expuestas, estima que las autoridades accionadas también
desconocieron los derechos adquiridos, puesto que alcanzó el estatus pensional el
14 de enero de 2010, y su pensión fue reliquidada con la Resolución GNR 3184
del 8 de enero de 2015, en la que se indicó que el IBL comprendía todos los
emolumentos devengados en el último año de servicio.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 25 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que aquel se notificara a las autoridades judiciales demandadas y, como
tercero con interés, al presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones, toda vez que la entidad que representa intervino como
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-42-000-2016-00781-01. Así mismo, se ordenó la notificación de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.1. El magistrado ponente de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2019
por la Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, señaló que la tutela es improcedente porque los argumentos
esgrimidos por la parte actora están orientados a atacar el criterio interpretativo
del juez, lo que riñe con el principio de autonomía e independencia funcional de
los jueces de la República.
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Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Agregó que la providencia censurada está soportada en un criterio jurídico
razonable y que la acción de tutela no se puede convertir en una tercera instancia
para reabrir una discusión que fue decantada en el proceso ordinario.
2.2. El consejero ponente de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, señaló que la acción de
tutela es improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, dado que el accionante busca reabrir el debate relacionado con el
quantum del derecho reconocido en la sentencia del 11 de mayo de 2023, como si
se tratara de un juicio de corrección o de una tercera instancia.
Agregó que la acción de tutela no está prevista para cuestionar el criterio
interpretativo del juez ordinario.
Frente al presunto defecto sustantivo, indicó que la decisión censurada se ajusta
a la interpretación realizada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 28 de julio de 2022, en la que se refirió la forma
correcta de liquidar las pensiones de los exempleados del DAS.
Así mismo, no existe desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque el
actor pretende la aplicación de la sentencia de unificación del 4 de agosto de
2010, la cual se refiere al régimen general de transición, siendo en su caso
aplicable la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022.
Tampoco puede considerarse el desconocimiento del precedente horizontal, al no
dar aplicación a las sentencias T-001 de 1999, C-168 de 1995, T-729 de 1999 y
C-147 de 1997, toda vez que la Corte Constitucional no es el superior funcional
del Consejo de Estado.
2.3. Colpensiones señaló que la tutela no es el mecanismo adecuado para
satisfacer las pretensiones del actor, por cuanto no puede constituirse en tercera
instancia del proceso ordinario y, en consecuencia, deviene improcedente.
Agregó que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional tienen carácter
vinculante, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y priman sobre la
orientación emitida por otros órganos de cierre.
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Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
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2.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. Sólo en caso de que se cumplan,
se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si se configuró o no el
defecto por desconocimiento del precedente, atribuido a las sentencias proferidas
el 14 de noviembre de 2019 y el 11 de mayo de 2023, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000234200020160078101
(32052020), y si, como consecuencia de ello, se debe conceder el amparo
solicitado por el señor Rafael Ignacio Valero Moreno.
2. Análisis de la Sala
2.1. Requisitos generales de procedibilidad
2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia con la que culminó el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho data del 11 de mayo de 2023 y fue notificada el 8 de junio, mientras que
la solicitud de amparo se presentó el 24 de agosto del año en curso, esto es,
dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la decisión cuestionada.
2.1.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario y al revisar las razones que sustentan la
pretensión constitucional, ninguna de ellas se ajusta a las causales de revisión de
la sentencia previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
2.1.3. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
2.1.4. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante, con argumentos que
se dirigen a cuestionar la razonabilidad del juicio realizado en el proceso ordinario,
alegó que con la expedición de las sentencias censuradas las autoridades
judiciales accionadas vulneraron su derecho fundamental a la igualdad.
De igual forma, se observa que se cumplió con el requisito de carga argumentativa
en la sustentación del vicio atribuido a la providencia, sin que la Sala considere
que se esté utilizando este mecanismo de protección constitucional como una
instancia adicional al proceso ordinario, en virtud de las razones que sustentan el
supuesto desconocimiento del precedente judicial.
Ciertamente, la solicitud de amparo sostiene que el fallo con que culminó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en desconocimiento del
precedente fijado por la Sección Segunda de esta Corporación, al preferir la
aplicación de la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de
2022, radicado 25000-23- 42-000-2013-02380-01 (NI 2656-2014), en lugar de la
proferida por la misma Sección el 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-
000-2006-07509-01(0112-09), pese a que esta última era la que estaba vigente
cuando alcanzó su estatus pensional.
Además, consideró que se aplicó indebidamente la línea jurisprudencial fijada por
la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395
de 2017 y SU-023 de 2018, las que, en su parecer, no lo cobijan porque consolidó
su derecho con anterioridad.
La parte actora también invocó el defecto sustantivo y la violación directa a la
Constitución, sin embargo, de los argumentos allí esgrimidos se subsumen en el
desconocimiento del precedente alegado.
3. Defecto específico alegado: el desconocimiento del precedente
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas4:
4 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-00
Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció5.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un
caso análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso
las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no
habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean
similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
identifica el criterio jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las
razones para apartarse (principios de transparencia y razón suficiente6).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión
surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y
el material probatorio en cada caso concreto7.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido
proceso y la garantía de la confianza legítima.
En el caso bajo estudio, se alega que, en la sentencia del 11 de mayo de 2023, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, desconoció el precedente
5 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del
hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica».
6 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,
ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
7 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
fijado por esta misma Corporación, en la sentencia del 4 de agosto de 2010 8,
según el cual la liquidación de la pensión de jubilación debía incluir todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios.
Pues bien, en la sentencia con la que culminó el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, esta es, la proferida el 11 de mayo de 2023, la
autoridad judicial accionada, señaló:
En primer lugar, es oportuno recordar que esta Sección en sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010 consideró que no era taxativo el listado
de factores salariales sobre los cuales se calcula el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985
modificada por la Ley 62 del mismo año, porque además, se debían tener
en cuenta aquellos factores que constituían salario, independientemente
de la denominación que recibieran, es decir, todos los que se cancel aran
de manera habitual como retribución directa del servicio y no solamente los
descritos en dicha normativa.
Posteriormente, la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013,
SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, entre otras, destacó la
relación de correspondencia que existe entre los aportes que hace el
empleado a lo largo de su vida laboral ante el sistema general de
seguridad social y los principios de solidaridad y de sostenibilidad
financiera del sistema pensional.
En virtud de lo anterior, en sentencia de unificación de 28 de agosto de
201819, la Sala Plena de la Corporación unificó su criterio sobre el IBL de
las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100 de
1993, específicamente, fijó dos subreglas referentes (i) al periodo que se
debe tener en cuenta para liquidar el IBL de las mismas y (ii) los factores
salariales que se deben observar para esos efectos.
Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el
derecho prestacional, el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión, de lo contrario, esto es, si faltare menos de
10 años, el IBL será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior.
De igual forma, precisó que los factores salariales a considerar son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones y que se encuentren consagrados
expresamente en la Ley.
(…)
Ahora bien, en reciente decisión, esta Corporación unificó su
jurisprudencia, frente al caso de los servidores del DAS beneficiarios del
régimen de transición dispuesto en la Ley 860 de 200320 consistente en
que los detectives vinculados antes del 3 de agosto de 1994 y que
hubieren cotizado 500 semanas podrían acceder a la pensión en las
condiciones definidas en el Decreto 1835 de 1994, el que a su vez
8Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01, M.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-00
Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
contempla en su artículo 4 un régimen de transición para quienes
estuvieren vinculados antes de su vigencia.
En efecto, la Sección Segunda, en sentencia SUJ -028-CE-S2-2022 de 28
de julio de 2022, en el proceso radicado 25000-23-42-000- 2013-02380-
01(2656-2014) ajustó su posición a la pauta jurisprudencial unificada del 28
de agosto de 2018. Para ello, determina que a los citados servidores les
asistía el derecho a conservar el régimen anterior pero únicamente en
cuanto a los requisitos de edad, tiempo y monto, sin embargo, respecto al
IBL este corresponderá al señalado en la Ley 100 de 1993 y los factores
sobre los que cotizó indicados en el Decreto 1158 de 1994, salvo en lo
relacionado con la cotización de prima de alto riesgo (…).
Posteriormente, después de realizar un análisis normativo y jurisprudencial, al
desarrollar el caso concreto, sostuvo:
Si se analiza el acto de reconocimiento, en principio pareciera que para la
liquidación se hubiera tomado el promedio de lo devengado en el último
año de servicios, comprendido entre el 19 de octubre de 2012 y el 18 de
octubre de 2013, lo que incluso sería más beneficioso que las reglas
previstas en la sentencia de unificación de 28 de julio de 2022.
Pese a ello, para la Sala es evidente que existe un error en la liquidación
puesto que la sola asignación básica que percibió en este lapso (19 de
octubre de 2012 a 18 de octubre de 2013) se estableció en la suma de
$3.371.146 para el año 2012 y para el año 2013 en $3.487.114, por lo que,
incluso si se tomara ese factor de manera aislada, el 75% corresponde a
$2.593.591, sin siquiera tener en cuenta la prima de riesgo , cifra muy
superior a los $1.678.223 que se reconoció en el acto demandado.
Dado que es evidente que se cometió un error en la liquidación, y a pesar
de que los argumentos de la Resolución 3184 de 2015 parecieran resultar
acordes con lo dispuesto en la sentencia de unificación de 28 de julio de
2022, en cuanto a los factores percibidos, no así en lo que se refiere al IBL,
para la Sala es claro que no se realizó la liquidación de la prestación social
de forma adecuada.
En ese sentido, la sala revocará la sentencia de 14 de noviembre de 2019
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A que negó las pretensiones de la demanda de Rafael Ignacio
Valero Moreno, declarará la nulidad de la Resolución 3184 de 2015 y le
ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
que reliquide la pensión de vejez conforme con las reglas establecidas en
la sentencia de unificación de 28 de julio de 2022, esto es, con el promedio
de lo devengado entre el 19 de octubre de 2003 y e l 18 de octubre de
2013, con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y,
adicionalmente con lo devengado por el demandante por concepto de
prima de riesgo. en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del
artículo 2 de la Ley 860 de 2003.
Visto lo anterior, estima la Sala que no se configuró el desconocimiento del
precedente alegado por el accionante, por cuanto, si bien es cierto que en ese
fallo la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, se apartó de lo
decidido en la sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por esta misma
Corporación, también lo es que se cumplieron los dos requisitos exigidos por la
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-00
Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Corte Constitucional para ejercer ese derecho de apartamiento (transparencia y
razón suficiente).
En efecto, la autoridad judicial accionada reconoció expresamente la existencia del
precedente del que se apartó, esto es, el criterio jurisprudencial del Consejo de
Estado contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010 (expediente 0112-09);
y, en cumplimiento del principio de la «razón suficiente», explicó, de manera clara,
suficiente y razonada, los motivos por los que no acogió el criterio allí expuesto,
entre otros, por el cambio de tesis jurisprudencial que estableció la Sala Plena del
Consejo de Estado, en providencia del 28 de agosto de 2018 (exp. 52001-23-33-
000-2012-00143-01), según la cual el anterior criterio desconocía el principio de
solidaridad en materia de seguridad social, así como la voluntad del legislador de
delimitar los factores salariales que conforman la base de liquidación.
Textualmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
señaló:
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la
cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que
los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia
de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la
Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y
“factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas
que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en
materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio
interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su
libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de
liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.
De igual forma, se precisa que en la misma decisión esta Corporación estableció
que la nueva tesis se aplicaría con efectos retrospectivos «a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que,
en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
Bajo este contexto, teniendo en cuenta que para la fecha en que se dictó la
sentencia de unificación aún se encontraba en trámite el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Valero Moreno en contra de
COLPENSIONES, le es aplicable esa tesis, sin que tal decisión, como se explicó,
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-00
Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
implique el desconocimiento del precedente jurisprudencial. En ese orden, el
argumento esgrimido por el actor, según el cual la SUJ -028-CE-S2-2022 de 28 de
julio de 2022 no le aplica porque consolidó el estatus de pensionado en el año
2010, no tiene vocación de prosperidad.
Es más, contrario a lo manifestado por el accionante, también le son aplicables las
sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018
proferidas por la Corte Constitucional, en razón a que, como bien lo explicó la
autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada, las sentencias de
unificación de 28 de agosto de 2018 (Expediente 2012-00143-01) y SUJ -028-CE-
S2-2022 de 28 de julio de 2022 (radicado 25000-23-42-000- 2013-02380-01)
recogieron el criterio que había sentado esta corporación en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010, y lo ajustaron a esos pronunciamientos de la
Corte Constitucional, que, en suma, señalan que el Ingreso Base de Liquidación
(IBL) no hace parte del régimen de transición consagrado en el inciso segundo del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, se regulan por esta última y las
normas que la reglamenten o la modifiquen.
Finalmente, conviene decir que la acción de tutela sigue siendo un mecanismo
subsidiario y excepcional y, por ende, no puede convertirse en el único y el
preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a
sus intereses, menos aun cuando la providencia que se cuestiona de manera
razonable y fundamentada contiene una justificación fáctica y jurídica del sentido
de la decisión.
Por todo lo anterior, la Sala negará la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada por el señor Rafael Ignacio
Valero Moreno, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04497-00
Demandante: Rafael Ignacio Valero Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que
aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
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