Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04601-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04601-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-04601-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
29 de enero de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, veintinueve (29) de enero de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-04601-01
Demandante: RAQUEL CALDERÓN RUIZ
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR ACTIVA.
Síntesis del caso: la actora cuestionó la sentencia de única instancia, mediante la cual se
declaró la nulidad de la elección del señor Víctor Andrés Tovar Trujillo. Sin embargo, la Sala
modificará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela
para en su lugar, declarar la falta de legitimación por activa, tras verificar que la accionante
no fue parte en el proceso de nulidad electoral ni tampoco acreditó haber actuado como
agente oficiosa o apoderada.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 25 de septiembre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la que se decidió:
“1º. Declárase improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Raquel Calderón Ruiz contra los señores magistrados de la sección
quinta del Consejo de Estado, conforme a la parte motiva. (negrillas del
original – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI,
índice 2)
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 25 de agosto de 2023, la parte actora promovió
proceso de acción de tutela en contra del fallo del 27 de abril de 2023 proferido por
la Sección Quinta del Consejo de Estado para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso y participación política (derecho a elegir y ser
elegido), consagrados en los artículos 29 y 40 de la Constitución Política.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04601-01
Demandante: Raquel Calderón Ruiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El 10 de diciembre de 2021, el señor Víctor Andrés Tovar Trujillo se inscribió
como candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Huila para
el período constitucional 2022-2026 y el 13 de marzo de 2022 resultó electo.
2) Los ciudadanos William Eduardo Gutiérrez Ordóñez y otros1 presentaron
demandas de nulidad electoral en contra del acto de su elección, porque su madre
se desempeñaba como alcaldesa de Tarqui (Huila), por consiguiente, se estaba
inmerso en una inhabilidad constitucional.
3) Por reparto, el asunto le correspondió a la Sección Quinta de esta Corporación2,
quien mediante sentencia del 27 de abril de 2023 accedió a las pretensiones por
considerar que el señor Víctor Andrés Tovar Trujillo incurrió en la inhabilidad
prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política3, toda vez que
un pariente suyo del primer grado de consanguinidad ejerció autoridad civil y política
en la circunscripción para la que resultó electo.
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte demandante señaló que la sentencia del 27 de abril de 2023 proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente.
1 Gilberto Silva Ipus, Carlos Ernesto Rodríguez Chinchilla y Jhonny Marcel Díaz Ortega.
2 Expediente acumulado con radicación no. 11001-03-28-000-2022-00033-00.
3 “ARTICULO 179. No podrán ser congresistas:
(…)
5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado
de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o
política”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04601-01
Demandante: Raquel Calderón Ruiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
El defecto sustantivo se sustentó en que no se valoró el artículo 2.2.5.5.2 del
Decreto 1083 de 20154, a partir del cual debía entenderse que la madre del señor
Víctor Andrés Tovar Trujillo no ejercía como alcaldesa de Tarqui cuando él se
inscribió como candidato a congresista y resultó electo.
Frente al desconocimiento del precedente, indicó que se inobservó el criterio
jurisprudencial contenido en las sentencias del 29 de enero de 2019 del Consejo de
Estado5 y SU-207 de 2022 de la Corte constitucional6, según las cuales la
mencionada inhabilidad se configura cuando el pariente del candidato a congresista
tiene la condición de autoridad civil o política durante la inscripción de la candidatura
de este y la celebración de las elecciones.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“Con base en lo expuesto, solicito que:
7.1. Se amparen mis derechos fundamentales, es decir, mis derechos
políticos (artículo 40 CP) en especial, a participar en la conformación del
poder político y a elegir.
7.2. En consecuencia, se deje sin efectos la sentencia de proferida el 27
de abril de 2023 por la Sección Quinta del Consejo de Estado rad. 11001
03 28 000 2022 00033 00 (acumulado) y le se le ordene dictar una nueva
providencia que sea coherente con la protección de los derechos
fundamentales que se amparen.”
4. Actuación en primer grado
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de 29 de
agosto de 2023, admitió la acción de tutela y notificó a los magistrados de la Sección
Quintra del Consejo de Estado, al tiempo que dispuso vincular a los señores William
Eduardo Gutiérrez Ordóñez, Gilberto Silva Ipus, Carlos Ernesto Rodríguez
Chinchilla, Jhonny Marcel Díaz Ortega, Víctor Andrés Tovar Trujillo, magistrados del
4 “ARTÍCULO 2.2.5.5.2 Servicio activo. Un empleado se encuentra en servicio activo cuando ejerce
las funciones del empleo del cual ha tomado posesión”.
5 Sección quinta del Consejo de Estado, sentencia de 29 de enero de 2019, C. P. Rocío Araújo
Oñate, expediente 11001-03-28-000-2018-00031-00.
6 Sentencia SU-207 de 2022, M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04601-01
Demandante: Raquel Calderón Ruiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil, al director
nacional del Partido Político Cambio Radical y a Iván Medina Ninco el fin de que
presentaran un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.
5. Sentencia de primera instancia
El 25 de septiembre de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió sentencia en la que declaró improcedente la acción de tutela.
En primer término, el a quo analizó la legitimación en la causa por activa y consideró
que la señora Raquel Calderón Ruiz no está facultada para solicitar el amparo del
derecho fundamental de elegir y se elegido, en atención a que no fue parte del
proceso de nulidad electoral 11001-03-28-000-2022-00033-00.
De igual manera, indicó que si la actora consideraba que la elección del señor Víctor
Tovar Trujillo se ajustaba al ordenamiento jurídico debió hacerse parte del proceso
como coadyuvante dentro del medio de control en el que se profirió la providencia
cuestionada, conforme con el artículo 2287 del CPACA, y no utilizar la acción de
tutela para tal fin.
6. Impugnación
La demandante manifestó que su acción de tutela no debió ser fallada por los
magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sino que debió ser
remitida para su acumulación al expediente 11001-03-15-000-2023-02870-00,
debido a que otras acciones de tutela presentadas contra la sentencia del 27 de
abril de 2023 fueron acumuladas a dicho proceso.
De igual manera, manifestó que sí cuenta con legitimación en la causa, toda vez
que es ciudadana residente en el departamento del Huila y votó por el señor Víctor
Andrés Tovar Trujillo, por lo cual, en virtud del artículo 86 de la Constitución Política,
tiene legitimación para interponer la acción de tutela contra la sentencia que anuló
la elección del mencionado congresista.
7 «En los procesos electorales cualquier persona puede pedir que se la tenga como impugnador o
coadyuvante. Su intervención solo se admitirá hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de
celebración de la audiencia inicial.[…]».
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Demandante: Raquel Calderón Ruiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y, 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección
Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia del 27 de abril de 2023, por medio de la cual se anuló la
elección del señor Víctor Andrés Tovar Trujillo.
En la providencia de primera instancia se declaró la improcedencia del amparo
deprecado y en la impugnación la actora cuestionó la competencia del a quo y que
6
Expediente: 11001-03-15-000-2023-04601-01
Demandante: Raquel Calderón Ruiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
sí cuenta con interés para presentar la acción de tutela de la referencia, por cuanto
votó por el candidato que fue inhabilitado en dicha providencia.
Así las cosas, en los términos en que se propuso la controversia, la Sala modificará
la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela para,
en su lugar, declarar la falta de legitimación por activa de la señora Raquel Calderón
Ruiz, por las razones que procederá a exponer:
2.1 Caracterización de la falta de legitimación en la causa por activa
Los artículos 86 de la Constitución Política y 1 del Decreto 2591 de 1992 establecen
que toda persona puede acudir a la acción de tutela “para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” o de los
particulares en los casos señalados por el referido decreto.
En el mismo sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone lo siguiente:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida,
en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando
tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”.
En similares términos, la Corte Constitucional se ha pronunciado para indicar que
“la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas
las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada,
quien podrá ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre8”.
8 En Sentencia T-1020 de 2003.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04601-01
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A su vez, en la sentencia T-552 de 2006 la misma Corporación se refirió a la
necesidad de acreditar el interés de quien acude en procura de la protección de los
derechos fundamentales y señaló que “la legitimación en la causa por activa en los
procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados”.
Ahora bien, no puede desconocerse que el mecanismo de amparo diseñado en la
Constitución Política de 1991 como un medio de defensa de los derechos
fundamentales presenta entre sus características especiales la informalidad, lo cual
implica que no tiene mayores formalismos o requisitos rigurosos de procedibilidad.
Sin embargo, atendiendo a su propia naturaleza jurídica y sin obviar dicho carácter
informal, la Corte Constitucional ha precisado que el ejercicio de la acción de tutela
está sometido al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad, entre
los cuales se destaca el relacionado con la legitimación por activa o titularidad para
promoverla.
En este sentido, analizado el alcance de los artículos 86 de la Constitución Política
y 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia ha sostenido que son titulares de
la acción las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o
amenazados, por cuanto son estas quienes se encuentran habilitadas para solicitar
el amparo constitucional en forma directa o por intermedio de su representante o
apoderado.
Igualmente, en el caso de que los titulares de los derechos violados no estén en
condiciones de promover su propia defensa, como se analizó, la ley autoriza la
agencia oficiosa de derechos ajenos; no obstante, para ello el agente debe
manifestar expresamente dicha circunstancia ante la autoridad judicial que tiene a
su cargo el conocimiento de la acción.
En suma, de lo hasta aquí explicado es posible concluir que la acción de tutela se
puede presentar i) por la persona que estima vulnerados sus derechos
fundamentales, esto es, por el directamente afectado, ii) por medio de
representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; iii) a través de un agente oficioso;
y, iv) por intermedio de un abogado debidamente facultado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04601-01
Demandante: Raquel Calderón Ruiz
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2.2. Falta de legitimación en la causa en el caso concreto
1) Ahora, en lo que se refiere al caso concreto se recuerda que a través de la
sentencia del 27 de abril de 2023, la sección Quinta del Consejo de Estado anuló la
elección del señor Víctor Andrés Tovar Trujillo, previa solicitud presentada por los
ciudadanos William Eduardo Gutiérrez Ordóñez y otros9.
2) Esa decisión se sustentó en que el candidato se encontraba incurso en la
inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política,
debido a que su madre se desempeñaba como alcaldesa del municipio de Tarqui
(Huila).
3) Sin embargo, es necesario precisar que los demandantes del medio de
control de nulidad electoral que conllevó a la sentencia acumulada cuestionada
fueron los señores William Eduardo Gutiérrez Ordóñez, Gilberto Silva Ipus, Carlos
Ernesto Rodríguez Chinchilla y Jhonny Marcel Díaz Ortega.
4) Estos ciudadanos, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
solicitaron la nulidad del acto de elección del señor Víctor Andrés Tovar Trujillo,
quien fungió como parte demandada en ese proceso.
5) En ese orden, en principio, los únicos legitimados en la causa para promover
la presente acción constitucional son las partes de ese proceso, es decir, quienes
actuaron en calidad de demandantes y demandados.
6) No obstante, la aquí accionante, a pesar de no haber intervenido en el
proceso de nulidad electoral en ninguna de las calidades antes mencionadas,
consideró vulnerados sus derechos fundamentales por supuestamente habérsele
privado de ser representado por la persona que ella eligió.
7) En relación con esto, la Sala no encuentra demostrado dicho requisito
procesal, ya que según ha establecido previamente esta Corporación, en tales
casos la legitimación en la causa se encuentra únicamente en las partes del proceso
9 Gilberto Silva Ipus, Carlos Ernesto Rodríguez Chinchilla y Jhonny Marcel Díaz Ortega.
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Demandante: Raquel Calderón Ruiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
ordinario en el que se emitió la decisión objeto de tutela. Al respecto, resulta
pertinente traer a colación una cita jurisprudencial que precisa este tema:
“Se infiere que la solicitud de amparo está encaminada a que se
restablezcan los derechos del mencionado mandatario, quien ya hizo uso
del presente mecanismo constitucional, de conformidad con lo
consignado en el software de gestión de esta Corporación (…).
En este orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito exigido
en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pues no está demostrada la
facultad de la actora para actuar en representación del señor J.C.G.C.,
por cuanto no manifestó ni probó la calidad de agente oficiosa y tampoco
allegó el poder que la facultara para promover la presente acción de tutela,
en defensa de los derechos fundamentales de aquél. Máxime, si como ya
se dijo, el señor [G.C.] ya ejerció en nombre propio la defensa de sus
derechos fundamentales (…).
[L]a participación en el censo electoral no legitima al elector para
promover la acción de tutela contra la providencia judicial que anule la
elección, si no se hizo parte en el respectivo proceso electoral.
(…).
Así las cosas, encuentra la Sala que de haberse hecho parte la [actora]
dentro del proceso electoral radicado bajo el núm. 2015-00806-01, para
coadyuvar o impugnar la demanda en contra de la elección del señor
[J.C.C.] como Diputado del Departamento del Tolima, estaría legitimada
para perseguir el amparo de sus derechos presuntamente vulnerados en
dicho proceso, pero como ello no fue así, lo procedente es declarar que
carece de legitimación en la causa por activa para censurar por vía de
tutela el mencionado proceso electoral10”.
8) Así entonces, debido a que no está probada la participación de la señora
Raquel Calderón Ruiz como parte en el proceso de nulidad electoral 11001-03-28-
000-2022-00033-00, en el que se dictó la providencia judicial aquí cuestionada, la
Sala considera que no le asiste la titularidad de los derechos fundamentales cuya
protección reclamó.
9) Por último, se verificó que tampoco se invocó y acreditó la calidad de agente
oficioso ni la de apoderada del señor Víctor Andrés Tovar Trujillo, razones
suficientes para declarar la falta de legitimación en la causa por activa como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
10) Ahora bien, en la impugnación la actora alegó la falta de competencia
funcional de la Sección Segunda del Consejo de Estado, ya que, a su juicio debía
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
marzo de 2017, exp no. 11001-03-15-000-2017-00219-00, MP María Elizabeth García Gonzáles.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04601-01
Demandante: Raquel Calderón Ruiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
remitirla para acumulación al expediente no. 11001-03-15-000-2023-02870-00, el
cual resolvió las acciones de tutela relacionadas con los mismos hechos.
11) No obstante, la Sala precisa que si bien el Decreto 1834 de 2015 contiene
reglas de reparto para las acciones de tutela que responden al fenómeno de la tutela
masiva, según el cual a la primera autoridad judicial que conozca de una acción de
tutela deberán remitirse las posteriores y que el juez que inicialmente conoció
“podrá” acumularlas, el hecho de que no se haya remitido para acumulación no
genera una nulidad procesal, toda vez que como lo explicó la Corte Constitucional
en el Auto 136 del 202111 , todos los jueces de tutela son igualmente competentes
a prevención y dicho decreto contiene reglas de “reparto” y no de “competencia”,
por lo que la falta de remisión no afecta la competencia del juez; en todo caso, si la
actora era consciente de la existencia del proceso 11001-03-15-000-2023-02870-
00 debió solicitarlo directamente en el trámite de la primera instancia, sin embargo
no lo hizo, y tan solo una vez la decisión de primera instancia le fue desfavorable
fue que pretendió utilizar la impugnación para alegar una supuesta irregularidad
procesal que, se reitera, no existió.
12) En los términos hasta aquí expuestos, la Sala modificará la sentencia de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar,
declarará la falta de legitimación por activa de la señora Calderón Ruiz para
reclamar el amparo de los derechos del señor Víctor Andrés Tovar Trujillo.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
Modifíquese la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en su lugar, dispónese:
1º) Declárase la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Raquel
Calderón Ruiz.
11 https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/autos/2021/A136-21.htm
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04601-01
Demandante: Raquel Calderón Ruiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia de la misma.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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