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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00033-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00033-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la elección de Víctor Andrés Tovar Trujillo, Representante a la Cámara por la circunscripción departamental del Huila, periodo 2022-2026, contenida en el formulario E-26 CAM de 24 de marzo de 2022, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. TERCERO: Por medio de la Secretaría,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00033-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

27 de abril de 2023

Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00033-001 acumulado
11001-03-28-000-2022-00040-00
11001-03-28-000-2022-00072-00
11001-03-28-000-2022-00073-00

Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros2
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo, representante a la Cámara por el
departamento del Huila, periodo 2022-2026
Tema: Inhabilidad contenida en el numeral 5º del artículo 179 de la
Constitución Política. Parentesco con funcionario que ejerció
autoridad civil o política.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad electoral, contra el acto de elección de Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara por el departamento del Huila, periodo 2022-2026.

I. ANTECEDENTES.

1.1. La demanda y su fundamento fáctico

1. En las demandas se solicitó anular la elección de Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara por el departamento del Huila, periodo 2022-2026.

2. Se indicó que el señor Víctor Andrés Tovar Trujillo fue elegido representante
a la Cámara por el departamento del Huila, en la jornada electoral del 13 de marzo
de 2022, según consta en el formulario E-26 CAM de 24 de marzo de 2022.

3. Expusieron el actor que el demandado es hijo de Dora Liliana Trujillo Pava,
elegida alcaldesa del municipio de Tarqui, Huila en las elecciones del 27 de octubre
del 2019, cargo del cual tomó posesión el 28 de diciembre del mismo año y desde

1
Rads. Nos. 11001-03-28-000-2022-00040-00, 11001-03-28-000-2022-00072-00, 11001-03-28-
000-2022-00073-00
2
Gilberto Silva Ipus (2022-00040);Carlos Ernesto Rodríguez Chinchilla (2022-00072) y Jhonny
Marcel Díaz Ortega (2022-00073)

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www.consejodeestado.gov.co
1

Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

el cual ejerce autoridad civil, política y administrativa, refiriendo que a la fecha no ha
presentado renuncia a tal dignidad.

4. Relataron que dicha alcaldesa solicitó al gobernador del Huila licencias no
remuneradas “…antes del inicio del periodo de inscripciones y al parecer hasta después
de la fecha de elección (…) tanto ordinarias como por enfermedad no remuneradas, de tal
forma que una con otra le cubriera perfectamente todo el periodo inhabilitante (…), iniciaron
el 10 de noviembre de 2021 hasta el 25 de marzo de 2022”.

5. Afirmaron que, durante las licencias, la alcaldesa conservó la titularidad del
cargo, como lo demuestra el Decreto 061 de 9 de noviembre de 2021, mediante el
cual encargó a Denis Carolina Méndez Parra, quien era la secretaria general y de
gobierno de la misma alcaldía.

1.2. Normas violadas

6. Con fundamento en lo anterior manifestaron que la elección del demandado
es nula por infringir los artículos 179.5 de la Constitución Política; 280.5 de la Ley
5ª de 19923; 2.2.5.2.2, 2.2.5.5.1 y 2.2.5.5.3 del Decreto 648 del 20174 por estar
incursa en la causal del numeral 5º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011
(CPACA). Además, por incurrir en desviación de poder y falsa motivación.

7. También por desconocer la sentencia C-415 de 1993 de la Corte
Constitucional, la decisión de esta Sección del 26 de marzo del 20155; así como lo
dispuesto en el concepto No. 20226000089361 del 24 de febrero del 2022, del
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

1.3. Concepto de la violación

8. El demandado incurre en la causal de inhabilidad invocada porque él mismo,
Víctor Andrés Tovar Trujillo, ha manifestado en entrevistas públicas, que la
alcaldesa de Tarqui, Huila, Dora Liliana Trujillo Pava es su madre.

9. Entonces, no hay duda del ejercicio de autoridad civil y política de la alcaldesa
en dicha municipalidad porque en los términos del artículo 188 de la Ley 136 de
19946 tiene capacidad legal y reglamentaria para ejercer poder público en función
de mando que obliga a particulares, para nombrar y remover empleados de su
dependencia y para sancionar empleados.

3
“Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”
4
“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la
Función Pública”
5
Rad. No. 11001-03-28-000-2014-00034-003, MP. Alberto Yepes Barreiro (E)
6
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios.

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Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

10. En lo referente al ejercicio de autoridad civil, política y administrativa,
destacaron que sólo se requiere detentar la función, sin que sea necesaria su
materialización (criterio de la potencialidad), lo que fue reiterado en fallo de
unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado el 29 de enero del 20197.

11. Manifestaron que de conformidad con el artículo 2.2.5.5.38 del Decreto 648
de 20179, durante la licencia se conserva la condición de servidor público, entonces
en este caso “…la única forma o manera en que deje de detentarse la función dada la
potencialidad que tiene para ejercer los actos propios de autoridad civil y administrativa, no
es otra diferente al cese definitivo del vínculo legal y reglamentario con la administración,
que se da entre otros y debería ser el caso si el candidato no quiere incurrir en la inhabilidad,
la de la renuncia irrevocable al cargo de su familiar (madre), situación que estaría en
consonancia con el decreto antes mencionado”.

12. Sostuvieron que el DAFP, en concepto No. 20226000089361 del 24 de
febrero del 2022, indicó que el candidato al Congreso de la República, hijo de
mandatario local dentro de la misma jurisdicción departamental, se encuentra
inhabilitado para dichos efectos “…aún si su madre se encuentra en licencia, ya que la
misma es una vacancia temporal, y no pierde la calidad de alcaldesa municipal (…)”.

13. El 2 de marzo de 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la
revocatoria de la inscripción del demandado, que se fundaba en la misma
circunstancia, porque la madre del candidato pidió y le fue aprobada licencia no
remunerada para apartarse del cargo de alcaldesa de Tarqui, entre el 10 de
noviembre del 2021 y el 15 de marzo del 2022, lo que permitía a su hijo hacer
campaña sin ningún impedimento legal o constitucional; sin embargo, para los
demandantes las licencias o ausencias temporales de la alcaldesa solo buscan
“burlar” la inhabilidad de origen constitucional que recae en el cuestionado
representante.

7
Rad. No. 1101-03-28-000-2018-00031-00, MP. Rocío Araújo Oñate
8
Artículo 2.2.5.5.3 Licencia. Las licencias que se podrán conceder al empleado público se clasifican
en:
1. No remuneradas:
1.2. Ordinaria.
1.2. No remunerada para adelantar estudios
2. Remuneradas:
2.1 Para actividades deportivas.
2.2 Enfermedad.
2.3 Maternidad.
2.4 Paternidad.
2.5 Luto.
Parágrafo. Durante las licencias el empleado conserva su calidad de servidor público y, por lo tanto,
no podrá desempeñar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos con el Estado, ni
participar en actividades que impliquen intervención en política, ni ejercer la profesión de abogado,
salvo las excepciones que contemple la ley.
9
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la
Función Pública

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Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

14. Advirtieron que el Consejo de Estado, Sección Quinta, resolvió la demanda
de nulidad presentada contra la elección del alcalde de Villa del Rosario, Norte de
Santander10, pero que el asunto de la referencia es muy diferente porque en el caso
de los alcaldes las faltas temporales de los alcaldes (excepto en caso de
suspensión), los burgomaestres están habilitados para encargar a uno de sus
secretarios, lo que demuestra, en su criterio, que no deja de ser el titular del cargo
ya que conserva “…la potestad de nombrar su reemplazo lo que genera algún tipo de
subordinación oculta, no pasando lo mismo con el funcionario de carrera administrativa que
no nombra ni tiene la opción de nombrar a su propio remplazo garantizando así
independencia en el desarrollo de sus funciones por ser el nombrado el titular del mismo”.

15. En lo referente a la presunta desviación de poder y falsa motivación11,
sostuvieron que la votación obtenida por el demandado deviene ilegal porque
provienen de que “burlo” (sic) la Constitución Política cuando “…solicitó el concepto al
Departamento Administrativo de la Función Pública, para perfeccionar su `plan´” pues, con
su actuar pretendía “…burlar, engañar al electorado, las autoridades administrativas”, muy
a pesar de “…la evidencia de una configuración de una inhabilidad para ser congresista,
que el candidato SIEMPRE tuvo clara su existencia y que, a pesar de ello, haciendo uso
ilegal de una norma (licencias) buscó eludirla. Razón tal y como ocurre en materia de
contratación estatal, al evidenciarse dicha nulidad, VICIA TODO EL PROCESO, y no puede
generar ningún efecto. Es decir, esos votos no pueden ser tomados o cuantificados para
determinar el umbral electoral, ni mucho menos para garantizarle la curul al Partido Cambio
Radical, que soterradamente contribuyo (sic) a evadir el ordenamiento”.

16. Agregaron que el demandado, además de contar con el apoyo de la alcaldesa
del municipio de Tarqui,“…también gozaba de la `bendición o beneplácito´ de las
autoridades de Neiva quienes también pusieron a disposición su electorado para
potencializar la elección”. Asimismo, destacaron que “con anterioridad a esta campaña,
al señor [Víctor Andrés Tovar Trujillo] no se le conocía trabajo o labor social en el
Departamento”, por tanto, “no existe otra explicación respecto de la elección (…) que la
puesta en marcha del aparato administrativo de Tarqui y de Neiva a su servicio, cuadrando
cada una de sus fichas, para evadir la inhabilidad y poder gozar del benéfico apoyo dado”.

17. Por lo anterior, concluyeron que “…VÍCTOR ANDRÉS TOVAR TRUJILLO
siempre tuvo pleno conocimiento que el lazo de consanguinidad con la Alcaldesa del
Municipio de Tarqui le generaba inhabilidad, sin embargo a pesar de ello, realizaron todas
las gestiones, actuaciones tendientes para evadir las consecuencias legales, es decir de
manera premeditada y dolosa (…) La familia TRUJILLO burlándose groseramente de sus
electores, pretenden que sus conductas no sean sancionadas y así lograr concentrar su
poder en los escaños obtenidos a través de artilugios”.

10
Rad. 54001233300020190035401
11
Formulada en la demanda del Rad. 2022-00073-00

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Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

2. Trámite procesal

18. Las demandas fueron admitidas12 y se ordenaron las correspondientes
notificaciones.

19. Mediante providencia de 6 de octubre de 2022, se decretó la acumulación de
los expedientes de la referencia y la diligencia de sorteo de magistrado ponente fue
realizada el 31 del mismo mes y año.

20. Por auto de 15 de diciembre de 2022, el magistrado ponente ordenó impartir
trámite de sentencia anticipada, se pronunció respecto de las pruebas, fijó el litigio
y corrió traslado para alegar.

21. Dicha decisión fue recurrida, vía reposición y, en subsidio, súplica, por
Jhonny Marcel Díaz Ortega y el apoderado judicial del demandado y, mediante
providencia de 24 de enero de 2023, se decidió no reponer.

22. Con auto de 23 de febrero de 2023, la Sala de Decisión confirmó la negativa
de unas pruebas testimoniales, el interrogatorio de parte y las documentales
solicitadas por Jhonny Marcel Díaz Ortega.

23. En providencia de 24 de febrero de 2023, en Sala Unitaria, se rechazó la
súplica interpuesta por el demandado contra la decisión de no decretar pruebas
testimoniales contenida en el auto de 15 de diciembre de 202213.

3. Contestaciones a la demanda

3.1. De Víctor Andrés Tovar Trujillo (demandado)

24. Su apoderado judicial se refirió a cada uno de los hechos de la demanda.
Precisó que de conformidad con la Resolución 2098 de 2021 de la RNEC
(calendario electoral), el periodo de inscripción de candidaturas inició el 13 de
noviembre y el 13 de diciembre de 2021.

25. Manifestó que la señora Dora Liliana Trujillo Pava (madre del demandado),
fue elegida como alcaldesa del municipio de Tarqui, Huila, para el periodo 2020-
2023.

12
11001-03-28-000-2022-00033-00, el 5 de agosto de 2022, decisión que también negó la cautelar
solicitada.
11001-03-28-000-2022-00040-00, el 16 de junio de 2022, decisión que también negó la cautelar
solicitada.
11001-03-28-000-2022-00072-00, el 9 de junio de 2022, decisión que también negó la cautelar
solicitada.
11001-03-28-000-2022-00073-00, el 16 de junio de 2022, decisión que también negó la cautelar
solicitada.
13
De ponencia del magistrado ponente de esta sentencia.

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Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
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representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

26. Explicó que durante que el periodo inhabilitante, al que se alude en la
demanda, la señora Trujillo Pava se encontraba en uso de 2 licencias no
remuneradas. Precisó que las licencias por enfermedad fueron concedidas luego de
ese lapso.

27. Afirmó que entre el 10 de noviembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022, la
señora Trujillo Pava no fungió como alcaldesa de Tarqui, en virtud de las licencias
no remuneradas que solicitó y le fueron conferidas por el Gobernador del Huila, así:

Concedidas mediante
Solicitud Periodo licencia ordinaria
Decreto No.
6 de octubre de 2021 328 de 13 de octubre de 2021 Desde el 10 de noviembre hasta el
31 de diciembre de 2021
3 de diciembre de 2021 429 de 14 de diciembre de Desde el 1º de enero hasta el 15 de
2021 marzo de 2022

28. Agregó que luego de las elecciones, a la citada alcaldesa entre el 15 al 20 de
marzo de 2022, le fue concedida licencia por enfermedad (Decreto 063 de 2022), la
cual mantuvo su vigencia hasta el 25 de marzo de 2022, como da cuenta el Decreto
075 de 202214.

29. En este orden, sostuvo que “[s]i la licencia ordinaria enerva el ejercicio de
cualquier tipo de autoridad por parte de un servidor público, no es posible que de su disfrute
se pueda desprender una burla o `maniobra´ a la norma constitucional que busca que
durante el periodo inhabilitante, el candidato no se beneficie del ejercicio material o
potencial (hacer o dejar de hacer/omitir) de autoridad civil o política de un pariente suyo. No
se puede “maniobrar” para burlar la inhabilidad prevista en la norma alegada si la inhabilidad
no se configura; por el contrato (sic), se trata de un hecho, ajeno a la voluntad del candidato,
que permitió el cumplimiento de la norma”.

30. Indicó que la Sala Plena del Consejo de Estado15 concluyó que “[e]n el medio
de control de nulidad electoral, acción pública creada por el legislador y elevada a rango
constitucional en el Acto Legislativo No. 02 de 2009, el juez está llamado a hacer un juicio
sobre la legalidad del acto de elección, es decir, su correspondencia o no con el orden
jurídico, sin efectuar calificación alguna sobre las razones o el contexto en que se configuró
la causal de nulidad invocada. Es por ello que se habla de un control objetivo de legalidad,
en tanto se analiza el acto de elección o designación frente al ordenamiento jurídico. El
juzgador no puede hacer examen diverso a la confrontación acto-norma”16.

31. Resaltó que con las licencias conferidas a Dora Liliana Trujillo Pava “…se
efectuó el encargo de todas las funciones de alcaldesa de Tarqui”, y en el Decreto 061
de 2011 acto en el cual se hizo el encargo del cargo de alcaldesa de Tarqui, se

14
Aclarado por el Decreto 078 de 2022
15
Sentencia de 27 de septiembre de 2016, Rad. No. (SU) 11001-03-15-000- 2014-03886-00, M.P.
Alberto Yepes Barreiro
16
Sentencia de 3 de agosto de 2015. Rad. No. 2014-00051-00. Demandante: Iván Medina Ninco.
Demandada: Ana María Rincón Herrera. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

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precisó que “En caso de prorroga (sic) o, de concederse una nueva licencia, se entenderá
automáticamente prorrogado el encargo hasta tanto se reintegre la titular del cargo”.

32. Sumado a lo anterior, expuso que las pretensiones anulatorias no deben
prosperar porque no se configura la inhabilidad endilgada al demandado.

33. Aludió al contenido del artículo 179.5 de la Constitución Política y a los
elementos que configuran la causal de inhabilidad que establece (vínculo o
parentesco y material).

34. Para referirse a los conceptos de autoridad política y civil acudió a
providencias de esta Corporación17, y afirmó que “…solo es posible ejercer u ostentar
autoridad civil si se pueden ejercer funciones que implican tal autoridad”.

35. Transcribió apartes de las decisiones de 7 de febrero de 201918 de la
sentencia de unificación de 29 de enero de 201919 y de 20 de marzo de 202020 y
concluyó que “…la potencialidad de ejercer la autoridad, ostentarla o detentarla, son
expresiones nacidas de la opción que tienen los servidores públicos de tomar o dejar de
tomar una decisión, de ejercer o no ejercer una función; opción que no está al alcance de
los servidores públicos que gozan de licencias ordinarias sin remuneración, sino en cabeza
de quienes han sido designados o encargados del cargo cuya vacancia temporal se produjo
justamente con ocasión de la licencia respectiva”.

36. Con fundamento en lo anterior, señaló que se debe diferenciar entre “…la
potencialidad de tener las funciones propias de la autoridad en cuestión, lo que puede
ocurrir al terminar la licencia y proceder con la reincorporación; y la potencialidad de ejercer
una función, lo que exige tenerla en el momento presente; es decir, que el servidor público
se encuentre en servicio activo”.

37. Agregó que el artículo 2.2.5.5.7.21 del Decreto 1083 de 201522, señala que el
lapso de la licencia no remunerada no es computable como tiempo de servicio
activo, por tanto, tampoco podría ejercer o detentar función alguna.

17
Sentencia de 9 de junio de 1998, citada por la sentencia de la Sala Plena de 11 de febrero de 2008
MP. Enrique Gil Botero y en la sentencia de la Sección Quinta de 16 de mayo de 2019, Rads. Nos.
11001032800020180062800 y 11001032800020190000200. MP. Alberto Yepes Barreiro. Auto de
19 de marzo de 2020, Rad. No.: 44001-23- 40-000-2019-00195-01, MP. Rocío Araújo Oñate.
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 11001-03-28-000-2018-
00048-00
19
Consejo de Estado, Sala Plena, MP. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-28-000-2018-00031-
00(SU).
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 15001-23-33-000-2019-00579-02, MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez
21
Artículo 2.2.5.5.7 Cómputo y remuneración del tiempo de servicio en licencias no remuneradas. El
tiempo que duren las licencias no remuneradas no es computable como tiempo de servicio activo y
durante el mismo no se pagará la remuneración fijada para el empleo.
No obstante, durante el tiempo de la licencia no remunerada la entidad deberá seguir pagando los
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en la proporción que por ley le corresponde.
(Modificado por el Art. 1º del Decreto 648 de 2017).
22
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”

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Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

38. Sostuvo que la parte actora omitió concretar las funciones de las cuales la
alcaldesa de Tarqui, Huila, (madre del demandado) deriva su autoridad
administrativa.

39. Manifestó que “…aunque el artículo 189 de la Ley 136 de 1994 dice expresamente
que los alcaldes ejercen autoridad política, también señala que “Tal autoridad también se
predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos señalados en este artículo”, de lo que
concluyó que las funciones de alcalde no pueden estar asignas, de manera simultánea a
dos personas y durante la licencia del titular “no ostentan ni ejercen su autoridad”.

40. Así las cosas, para el demandado, Dora Liliana Trujillo Pava no tenía ni
ejerció autoridad política porque “…carecía de la potestad de presentar proyectos de
acuerdos y sancionarlos, manejar las relaciones con los otros poderes o autoridades
públicas, gestionar, trazar y apalancar el rumbo del municipio de Tarqui, porque estas
atribuciones estaban en cabeza de la alcaldesa encargada”.

41. Acto seguido la defensa señaló que era necesario tener presente la diferencia
entre encargo y asignación de funciones, para lo cual acudió a los artículos
2.2.5.5.4123. y 2.2.5.5.5224 del Decreto 1083 de 201525.

42. De lo anterior, determinó que dichas “…figuras se diferencian esencialmente en
que la primera se usa para cubrir una vacancia temporal del servidor público, mientras que
la asignación de funciones es propia de los escenarios en que ello no ocurre, como cuando
un alcalde viaja en actividades propias del cargo y es necesario que otra persona atienda
algunas de las funciones propias del mismo en el municipio durante su ausencia física. En
este evento, el alcalde nunca dejó de ser alcalde, nunca se separó del cargo, pero se
requiere que alguien esté al frente de funciones que, por el ejercicio de otras, resultan
imposible de ser cumplidas por el titular”.

23
Artículo 2.2.5.5.41 Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o
totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por
ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.
El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual
es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado.
24
Artículo 2.2.5.5.52 Asignación de funciones. Cuando la situación administrativa en la que se
encuentre el empleado público no genere vacancia temporal, pero implique separación transitoria
del ejercicio de sus funciones o de algunas de ellas, el jefe del organismo podrá asignar el
desempeño de éstas a otro empleado que desempeñe un cargo de la misma naturaleza.
Esta situación no conlleva el pago de asignaciones salariales adicionales, por cuanto no se está
desempeñando otro empleo.
El empleado a quien se le asignen las funciones no tendrá derecho al pago de la diferencia salarial
y no se entenderá desvinculado de las funciones propias del cargo del cual es titular.
25
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

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8

Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

43. Resaltó que en los términos del artículo 9926 de la Ley 136 de 199427, la
licencia configura falta temporal, de conformidad con el 2.2.5.2.2.28 del Decreto 1083
de 201529. Por tanto, “…el encargo es un mecanismo mediante el cual el encargado
asume totalmente, de manera temporal, las funciones propias del cargo, puesto que,
existiendo separación del cargo del titular, ninguna de las atribuciones que le son propias
puede quedar acéfala”.

44. Luego se refirió al fallo de la Sala Plena del Consejo de Estado de 27 de julio
de 202130, y resaltó que “…si bien en dicha sentencia la Sala Plena de lo Contencioso
precisó que las situaciones administrativas que ocurren en forma temporal, quien resultó
electo como mandatario departamental no pierde tal condición, ello no se contrapone con
la postura que se ha defendido en esta contestación. En efecto, la titularidad del cargo de
alcaldesa de Tarqui no se pierde por el hecho de que la persona elegida por la ciudadanía
se encuentre disfrutando de una licencia ordinaria, lo que la titularidad significa es que, al
vencimiento del término por el cual le aquella le fue conferida, tiene la potestad de reasumir
el cargo”.

45. En este sentido, aclaró que mediante Decreto 061 de 9 de noviembre de
2011, Denis Carolina Méndez Parra fue encargada como alcaldesa de Tarqui,
entonces, “…entre el 10 de noviembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022 la jefa de la
administración local y la representante legal de Tarqui fue única y exclusivamente la señora
Méndez Parra”.

26
Artículo 99. Faltas Temporales. Son faltas temporales del alcalde:
a) Las vacaciones;
b) Los permisos para separarse del cargo;
c) Las licencias;
d) La incapacidad física transitoria;
e) La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario,
fiscal o penal;
f) La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la Jurisdicción Contencioso
Administrativa;
g) La ausencia forzada e involuntaria.
27
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios.
28
Artículo 2.2.5.2.2 Vacancia temporal. El empleo queda vacante temporalmente cuando su titular
se encuentre en una de las siguientes situaciones:
1. Vacaciones.
2. Licencia.
3. Permiso remunerado
4. Comisión, salvo en la de servicios al interior.
5. Encargado, separándose de las funciones del empleo del cual es titular.
6. Suspendido en el ejercicio del cargo por decisión disciplinaria, fiscal o judicial.
7. Período de prueba en otro empleo de carrera.
8. Descanso compensado.".
29
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
30
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 27 de julio de 2021, Rad. No.: 11001- 03-28-000-
2020-00004-00, MP. Rocío Araújo Oñate. En la cual se reitera auto de 30 de noviembre de 2017,
Rad. No. 11001-03-28-000-2017-00035-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia 18 de diciembre de 2017. MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez Rad. No. 11001-03-28-000-2017-00044-00.

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46. Para el demandado no hay desconocimiento de los artículos 2.2.5.2.2.,
2.2.5.5.1. y 2.2.5.5.3. del Decreto 648 de 201731 porque del análisis de dichos
preceptos se concluye que a los alcaldes les está permitido solicitar licencias
ordinarias no remuneradas y durante su disfrute se configura vacancia temporal del
cargo la cual se provee mediante encargo.

47. Refirió que la alcaldesa encargada (Denis Carolina Méndez Parra) tomó
posesión el 10 de noviembre de 2021, fecha desde la cual asumió dicha dignidad
“…en forma exclusiva y excluyente ostentó (…) hasta el 15 de marzo de 2022, en virtud de
la licencia ordinaria no remunerada que disfrutó en dicho lapso, la titular del cargo”.

48. Indicó que resulta “absurdo” sostener que el funcionario durante su licencia
tiene potencialidad de ejercer autoridad al estar separado de sus funciones y agregó
que “…[m]al puede afirmarse, para el caso concreto, que existan dos alcaldesas con la
potencialidad de ejercer autoridad dentro de un mismo municipio. Una excluye a la otra”.

49. Al respecto, expuso que este tema no ha sido pacífico en el Consejo de
Estado porque “…en alguna ocasión afirmó que los servidores públicos en licencia
seguían ostentando su autoridad, para posteriormente, en doctrina vigente, sostener la
imposibilidad que ello suceda”.

50. Para lo anterior, refirió a la sentencia de 20 de febrero de 201232, de la que
destacó “…la licencia otorgada y la designación de alcalde encargado, no privó al titular
del cargo de la potencialidad de ejercer las funciones inherentes a la dignidad de alcalde.
Es decir, que estas situaciones administrativas no tienen ninguna incidencia en la posición
jurisprudencial de esta Corporación, según la cual la configuración de la inhabilidad
estudiada no requiere del ejercicio efectivo de la autoridad, pues basta con que se
ostenten”.

51. Sin embargo, afirmó que la anterior “…posición, que confundió la potencialidad
de tener autoridad con la potencialidad de ejercerla, fue corregida recientemente, en la
sentencia de 11 de marzo de 202133, en la que la Sección Quinta del Consejo de Estado
estudió el caso de la elección de un alcalde que tenía unión permanente con la Comisaria
de Familia del mismo municipio, quien desde el año anterior a la elección solicitó y obtuvo
varias licencias sin remuneración”.

52. Providencia de la cual resaltó “…tal y como lo advierte el Ministerio Público, la
señora Martha Rodríguez Pinilla no podía desempeñar funciones como comisaria de
Familia de Villa del Rosario mientras estaba en licencia, ni desde el punto de vista real y
efectivo (materialización de la función), ni desde el ejercicio potencial (detentar la función)
por cuanto el cargo lo detentaba en ese momento la persona que fue designada en
provisionalidad para suplir la vacante”. En consecuencia, del fallo antes mencionado

31
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la
Función Pública.
32
Rad. No. 11001032800020100009900, MP. Susana Buitrago Valencia.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de marzo de 2021. Rad. No. 54001-23-33-
000-2019-00354-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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se advierte que “…para detentar u ostentar la autoridad propia de un cargo es
indispensable estar en servicio activo”.

53. No desconoció el demandado que en esa sentencia se presentaron
salvamentos de voto, el primero fundado34 en que “…la Sala desatendió el hecho
probado y no controvertido por las partes, que permitió concluir que durante un día
comprendido en el período inhabilitante, a saber, el 31 de marzo del 2019, la compañera
permanente del aquí demandado, no estuvo cubierta por dicha situación administrativa, y
por lo tanto, por esa sola fecha, se entiende que detentó las funciones, razón suficiente
para entender configurada la causal de inelegibilidad alegada en el sub judice”.

54. Enfatizó que el mismo salvamento señala “…que comparte el criterio mayoritario
de la Sala, al afirmar: `15. Es de precisar que me encuentro de acuerdo con aquellas
consideraciones efectuadas en el fallo adoptado en el sub lite, en el que se precisa que
ante la situación de vacancia temporal que se genera con ocasión de una licencia, no es
posible considerar que el funcionario siquiera detenta la función que deviene de su cargo´”.

55. La otra salvedad35 “…no versó sobre el fondo del litigio, esto es, sobre la incidencia
de la licencia en el ejercicio de autoridad”.

56. Expresó el demandado que “…no se benefició ni pudo beneficiarse de las
prerrogativas propias del cargo de alcalde de Tarqui, sencillamente porque dentro del
periodo inhabilitante, su madre Dora Liliana Trujillo Pava no ostentó ni ejerció ningún tipo
de autoridad y tampoco podía ostentar o ejercer autoridad en dicho municipio porque entre
el 10 de noviembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022 ella no fungió como alcaldesa, carecía
de la posibilidad de tomar decisiones administrativas o políticas, por ejemplo, realizar
nombramientos, celebrar contratos, dictar actos administrativos, presentar proyectos de
acuerdos, etc., pues dichas facultades estaban en cabeza de la alcaldesa encargada y
debidamente posesionada del cargo. Únicamente Denis Carolina Méndez Parra tenía la
potestad de decidir si ejercía o se abstenía de ejercer las funciones y atribuciones propias
de la primera autoridad local”.

57. De igual manera, afirmó que “…Dora Liliana Trujillo Pava no pudo favorecer a su
hijo valiéndose del cargo de alcaldesa de Tarqui, pues se insiste, entre el 10 de noviembre
de 2021 y el 15 de marzo de 2022 estuvo disfrutando de licencias ordinarias no
remuneradas que le impedían detentar y mucho menos ejercer autoridad civil o política.
Licencias que fueron debidamente conferidas por el Gobernador del Huila en tanto el
ordenamiento jurídico permite que los alcaldes municipales puedan encontrarse en dicha
situación administrativa”.

58. En la contestación de la demanda, la defensa incluyó un capítulo titulado “[e]l
precedente y la confianza legítima”, en el cual mencionó la sentencias de la Corte
Constitucional T-794 de 2022 y T-011 de 2017, de las destacó que “…el precedente,
por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas

34
De la Magistrada Rocío Araújo Oñate.
35
Del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

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jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.

59. Expuso que en este caso el precedente vigente y aplicable “…consiste en que
para detentar u ostentar la autoridad propia de un cargo es indispensable estar en servicio
activo, de manera que la licencia enerva el ejercicio u ostentación de autoridad”36.

60. En este contexto, la parte demandada propone que “…si eventualmente la
Sección Quinta del Consejo de Estado tuviese razones para apartarse del precedente
vigente, ¿puede afectarse la validez de la elección de quienes, confiando en la estabilidad
que a los alcances de la ley da la jurisprudencia, postularon sus candidaturas y salieron
elegidos? Sin duda, la respuesta es no”.

61. Sostuvo que fue “…cauteloso en extremo en indagar sobre la viabilidad de su
candidatura al punto de elevar consultas a destacados profesionales en la materia;
adicionalmente elevó al Consejo Nacional Electoral una consulta sobre su eventual
inhabilidad, solicitud que esta entidad trasladó al Departamento Administrativo de la
Función Pública que, en concepto con radicado 20216000210271, de 22 de junio de 2021,
dejó claro que en situación de licencia ordinaria sin remuneración de su madre no se
configura la inhabilidad”.

62. Acto seguido, se pronunció respecto del principio de la confianza legítima37 y
expuso que es aplicable en procesos electorales “…cuando se modifica la
jurisprudencia en el sentido que cuando un determinado supuesto fáctico que antes no era
considerado generador de una inhabilidad, comienza a ser tenido como tal, la decisión
aplicada al caso concreto en el que se cambia el criterio consiste en anunciar jurisprudencia
para que sus alcances regulen eventos futuros, pero no se declara la nulidad al caso en
virtud del cual se cambió el criterio”.

63. Refirió que si la Sección Quinta modifica su precedente debe operar la
confianza legítima porque están configurados los elementos que se establecieron
en sentencia de 29 de enero de 2019, a saber:

12.1 En primer lugar, la confianza legítima supone corroborar que existen hechos
claros, precisos y contundentes, de los que se puede concluir la voluntad estatal en
caminada a producir determinados efectos jurídicos, así como la confianza de los
administrados en tales mandatos.
12.2 En segundo lugar y a partir de las circunstancias objetivas verificadas, se
requiere la legitimidad de la confianza, es decir, que la convicción del destinatario sea
genuina, ajustada al derecho y a la razón y por tanto justificada en razón a la
existencia de las circunstancias objetivas en las que confió.
12.3 En tercer lugar, se requiere que exista toma de decisiones u oposiciones jurídicas
basadas en la confianza. En otras palabras, se requiere la exteriorización de la
confianza del administrado, actuando u omitiendo una conducta ante el Estado.

36
Sentencia de 11 de marzo de 2021, Rad. No. 54001-23- 33-000-2019-000354-01, MP. Carlos
Enrique Moreno Rubio
37
Con apoyo en las sentencias: C-836 de 2001 de .la Corte Constitucional; del Consejo de Estado.
Sala Plena, MP. Rocío Araujo Oñate, del 29 de enero de 2019. Rad. No. 11001-03-28-000-2018-
00031(SU).

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12.4 En cuarto lugar, es necesaria la defraudación de la confianza legítima, esto es,
que se presente una actuación intempestiva e inesperada de la autoridad que de
manera evidente y razonable, modifique las reglas que rigen las relaciones entre los
administrados y el Estado.

64. En cuanto a los cargos de desviación de poder y falsa motivación señaló
que carecen de vocación de prosperidad.

65. Precisó que “…el demandante sustentó la desviación de poder en las supuestas
actuaciones -respecto de las cuales no determinó las circunstancias de modo, tiempo o
lugar- de autoridades públicas de Neiva y de Tarqui. Sin embargo, dichas autoridades no
profirieron el acto demandado (…) la prosperidad de la desviación de poder está
condicionada a la acreditación de la distorsión de los fines de la administración, en cabeza
de la autoridad electoral encargada de declarar la elección, en este caso, de los Delegados
del CNE. Por tanto, las actuaciones de las autoridades públicas de Tarqui y Neiva no
podrían ser juzgadas bajo la causal de nulidad, sino, eventualmente, desde la
responsabilidad disciplinaria, la cual es ajena y extraña al juicio de nulidad electoral que es
de índole objetivo y no sancionatorio”.

66. Sobre la falsa motivación señaló que “…en el presente proceso de naturaleza
subjetiva, no puede alegarse válidamente que VÍCTOR ANDRÉS TOVAR TRUJILLO no
obtuvo los votos registrados en el acto mediante el cual se declaró su elección y que, por
tanto, existe falsa motivación. Dicho de otra manera, el acto acusado refleja la voluntad de
los ciudadanos del departamento del Huila expresada en los 42.494 votos que obtuvo”.

3.2. Del Consejo Nacional Electoral (CNE)

67. Su apoderada judicial manifestó su oposición a la prosperidad de las
pretensiones de la parte actora por considerar que no se configura a inhabilidad
enrostrada al demandado. Destacó que esa autoridad “…en virtud de la solicitud de
revocatoria de la inscripción como candidato del demandado VÍCTOR ANDRÉS TOVAR
TRUJILLO, elevada por el ciudadano HERNÁN SÁNCHEZ ORTIGOZA, profirió sendas
Resoluciones negando la petición, previo estudio probatorio, actos administrativos cuya
legalidad se mantiene incólume”.

68. Así las cosas, afirmó que “…debe acogerse los últimos pronunciamientos de la
Sección Quinta del Consejo de Estado38…”, y el concepto del DAFP No. 210271, para
concluir que “…lo argumentado por el demandante frente al acto administrativo contenido
en el formulario E-26, mediante el cual se declaró la elección del señor VÍCTOR ANDRÉS
TOVAR TRUJILLO, como representante a la Cámara por el departamento del Huila, ya se
surtió el estudio de legalidad de este acto definitivo y por ende, deben negarse las
pretensiones de la demanda” y propuso la excepción que denominó “[l]egalidad del acto
de elección demandado”, con los mismos fundamentos.

38
Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 540001-23-33-000-2019-003541

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3.3. Del partido Cambio Radical (impugnador)

69. El Director Jurídico Nacional de dicha colectividad pidió ser reconocido en
este proceso para oponerse a las pretensiones de la demanda39. Adicionalmente,
solicitó que se aplique el criterio de la sentencia del 11 de marzo del 2021 dictado
por esta Sección en el caso de la demanda presentada contra el alcalde de Villa del
Rosario, en donde se dijo que cuando un funcionario se encuentra en licencia, no
puede ejercer autoridad.

70. En ese orden de ideas, concluyó que en este caso debe acogerse ese criterio,
pues la madre del demandado, al haber estado en licencia en el periodo
inhabilitante, no pudo ejercer autoridad.

3.4. De Iván Medina Ninco (impugnador)

71. Se pronunció sobre los hechos de la demanda, destacó que no es cierto que
la señora madre del demandado haya ejercido autoridad desde la Alcaldía de
Tarqui, Huila, durante el periodo inhabilitante, en razón de las licencias no
remuneradas que le fueron concedidas por el gobernador de ese departamento.

72. Precisó que tampoco es acertado manifestar que ella “…haya solicitado una
nueva licencia ejerciendo su calidad de alcaldesa, toda vez que, cuando ella solicitó esa
otra nueva licencia, no se encontraba ejerciendo como Alcaldesa por encontrarse separa
(sic) de su cargo y del ejercicio de sus funciones como alcaldesa, ya que ella solicitó la
nueva licencia el día 6 de diciembre de 2021 y ella venía en licencia desde el 10 de
noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021”.

73. Destacó que mediante sentencia de esta Sección “…de fecha 11 de marzo de
2021, Radicado 54001-23- 33-000-2019-00354-01, se puede establecer de manera clara y
precisa que la licencia no remunerada, despoja al funcionario de la potencialidad de ejercer
la autoridad que exige la inhabilidad para configurarse, por lo tanto, deja sin piso o
fundamento cualquiera de las jurisprudencias citadas con anterioridad al 11 de marzo de
2021”.

74. Con fundamento en lo anterior, concluyó que el demandado no está inmerso
en la causal de inhabilidad del artículo 179.5 de la Constitución Política y, en
consecuencia, las pretensiones de la demanda deben ser denegadas.

75. Para estos efectos, se encargó de demostrar que, en su criterio, el elemento
de autoridad no está configurado y, por ende, tampoco dicha prohibición.

76. Finalmente, propuso la excepción que tituló “falta de configuración de los
elementos estructuradores de la inhabilidad contenida en el artículo 179.5 de la Constitución
Política”, con los fundamentos ya anunciados.

39
Como ya ocurrió mediante providencia de 15 de noviembre de 2022

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3.5. De la Registraduría Nacional del Estado Civil (exp. 2022-00073-00)

77. Luego de referirse a los hechos de la demanda, solicitó que se declarara la
falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar, en síntesis, “…que la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL no tiene injerencia alguna en la
postulación del candidato, ni es afectada o privilegiada por obtener o no un escaño en
alguna Corporación o lograr puesto de elección popular, tampoco tiene entre sus funciones
verificar las calidades personales de los postulados y, menos aún, le corresponde estudiar
la causal esgrimida…”.

4. Trámite de sentencia anticipada

78. En providencia del 15 de diciembre del 202240, el magistrado ponente con
fundamento en el artículo 182A del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 202141,
ordenó iniciar el trámite para dictar sentencia anticipada, por lo que dispuso declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, incorporar como pruebas las documentales
aportadas por las partes, negó las que fueron requeridas en las demandas, corrió
traslado para alegar de conclusión y fijó el litigio en los siguientes términos:

Determinar si la elección de Víctor Andrés Tovar Trujillo, como Representante a la
Cámara por el departamento del Huila, periodo 2022-2026, contenida en el formulario
E-26 CAM de 24 de marzo de 2022, debe ser anulada porque el demandado incurre
en la causal descrita en el numeral 5° del artículo 275 del CPACA, al estar inmerso
en la inhabilidad contenida en numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política
y del numeral 5º del artículo 280 de la Ley 5° de 1992.

Además, se deberá determinar si el acto demandado incurre en: i) infracción de norma
superior, las antes enunciadas y los artículos: 2.2.5.2.2, 2.2.5.5.1, 2.2.5.5.3 del
Decreto 648 del 2017; ii) desviación de poder y; iii) falsa motivación, en los términos
antes resumidos.

40
Anotación 33 SAMAI.
41
«ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada:
1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la
contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya
lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el
litigio u objeto de controversia.
Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo
181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.
No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este
numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá
hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código (…)».

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121. Para tal efecto, resulta necesario resolver los siguientes interrogantes:

¿Está incurso Víctor Andrés Tovar Trujillo en la causal de inhabilidad contenida en el
numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política y el numeral 5º del artículo 280
de la Ley 5° de 1992?

¿La elección del demandado está viciada por desconocer los artículos: 2.2.5.2.2,
2.2.5.5.1, 2.2.5.5.3 del Decreto 648 del 2017?

¿Qué efectos jurídicos derivan del reconocimiento de licencias ordinarias para los
alcaldes municipales, en lo relacionado con la causal de nulidad que se enrostra al
demandado?

¿El alcalde municipal tiene posibilidad ejercer su autoridad civil o política, incluso
cuando está en licencia no remunerada?

¿Cuál es la postura de esta Sala Electoral en lo referente a establecer si es
jurídicamente procedente para un alcalde municipal ejercer su autoridad civil o
política, incluso durante el lapso en que le fue concedida licencia ordinaria?

¿Cuál es la tesis vigente de esta Sala Electoral en lo que refiere al encargo de
funciones y en cargo (sic) del cargo, a fin de determinar quién conserva el ejercicio
de autoridad en caso de encargo de la alcaldía?

¿El fallo de esta Sección de 11 de marzo de 2021, resulta aplicable al caso del
demandado y pudo tener la entidad suficiente para generarle la “convicción” y la
confianza legítima para concluir que no estaba incurso en la causal de inhabilidad de
la cual se le acusa?

¿Incurre el acto demandado en desviación de poder y falsa motivación?

5. Alegatos de conclusión

5.1. Demandantes

5.1.1. Carlos Ernesto Rodríguez Chinchilla reiteró los argumentos presentados
en la demanda. Adujo que, según la jurisprudencia de esta Sección42, los elementos
de la inhabilidad alegada se encuentran configurados y, en ese orden, debe
declararse la nulidad de la elección del demandado.

79. Manifestó que en este caso debe tenerse en cuenta que el demandado no
podía valerse del parentesco de su madre, como funcionaria que ejercía autoridad
en el municipio de Tarqui, para obtener ventaja en las elecciones, pues la Sección
Quinta ha dicho que la inhabilidad pretende evitar que esos vínculos afecten los

42
Consejo de Estado. Sección quinta. Sentencia del 26 de marzo de 2015. CP. Alberto Yepes
Barreiro. Rad. 11001-03- 28-000-2014-00034-00.

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principios de igualdad, moralidad y transparencia en las contiendas electorales43.

80. De igual forma, acotó que la Corte Constitucional ha dicho que el nepotismo
hace necesario la consagración de causales de inhabilidad como la alegada, con el
fin de evitar que se acumule el poder político en una sola familia44.

81. Finalmente, citó en extenso la sentencia del 18 de enero del 202345, en la
cual se decidió en primera instancia la pérdida de investidura presentada en contra
del demandado, en la cual se dijo que el hecho de que su madre haya pedido
licencias, no la apartaba del cargo y por tanto, ejerció autoridad civil y política.

5.1.2. Jhonny Marcel Díaz Ortega adujo que debe declararse la nulidad de la
elección del demandado. Manifestó que el Consejo de Estado tiene una línea
pacífica sobre la inhabilidad que se estudia en este caso46, según la cual, aún
cuando el funcionario que ejerce autoridad civil y política pida una licencia, en todo
caso no deja de ostentar esas facultades.

82. Bajo esa óptica, el hecho de que la madre del demandado haya solicitado
licencia no implica que se separó del cargo. Por tanto, afirmó que se encontraron
configurados los elementos de la inhabilidad.

83. Precisó que como la posición del Consejo de Estado mencionada se ha
mantenido a lo largo del tiempo, no debe darse aplicación a la providencia del 11 de
marzo del 2021 de esta Colegiatura47, pues el criterio de la Corporación es que la
licencia no implica la separación del cargo y del ejercicio de autoridad.

5.1.3. Gilberto Silva Ipus manifestó que debe accederse a las pretensiones de la
demanda. Indicó que se encuentran reunidos los elementos de la inhabilidad
alegada, máxime si se tiene en cuenta que el Consejo de Estado ha mantenido una
línea pacífica según la cual, si un funcionario se desprende de su cargo por licencia
o encargo, ello no impide que pueda ejercer autoridad48.

84. En su sentir, no se debe aplicar la providencia del 11 de marzo del 2021 de

43
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 29
de enero de 2019. C.P.: Rocío Araújo Oñate. Expediente nro. 11001 0328 000 2018 00031 00 (SU).
44
Sentencia C – 415 de 1994.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión.
Sentencia del (18) de enero de dos mil veintitrés (2023) Rad. 11001-03-15-000-2022-03485-00. MP.
Oswaldo Giraldo López.
46
Citó providencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, MP. Bertha
Lucia Ramírez de Páez, Rad: 11001-03-15-00-2011-00438-00 (PI), del 17 de julio de 2012.
47
Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad.: 54001-23-33-000-2019-00354-01. MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio.
48
Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, MP. Bertha Lucia Ramírez de
Páez, Rad. 11001-03-15-00-2011-00438-00 (PI), de 17 de julio de 2012. Sección Quinta sentencia
del 31 de octubre de 1994 de radicado 11008, en donde encontró probada la inhabilidad de un
Congresista en virtud del Art. 179-5 constitucional, pese a que su pariente se hubiera retirado
transitoriamente del cargo.

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17

Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

esta Sección49, pues en esa oportunidad se estudió la inhabilidad, pero en
circunstancias distintas, ya que el cargo en dicho caso era de carrera administrativa
y no se acudió a la licencia o al encargo, sino a la figura del nombramiento
provisional.

85. En todo caso, resaltó que la decisión que estudió la pérdida de investidura en
contra del demandado en primera instancia50 fue muy clara al mencionar que ese
fallo es aislado, en relación con la tesis que ha sostenido esta Corporación,
consistente en que la separación temporal del cargo no implica que no se ejerza
autoridad.

86. Hizo énfasis en el efecto útil de la inhabilidad51, que pretende evitar
comportamientos contrarios a la igualdad y transparencia electoral, fincados en las
relaciones de parentesco sobre las cuales se puede obtener ventaja injustificada.

87. El demandante William Eduardo Gutiérrez Ordoñez no presentó alegatos,
según las actuaciones del sistema Samai.

5.2. Demandado

88. Reiteró que en el presente caso no se encuentran reunidos los elementos de
la inhabilidad alegada, pues el hecho de que su madre, como alcaldesa de Tarqui,
haya solicitado licencia, configura un hecho que la separó del cargo que impedía
ejercer la autoridad política en el municipio.

89. Manifestó que, según la jurisprudencia de la Sección Segunda, la licencia
ordinaria sin remuneración supone la suspensión de los efectos jurídicos, de los
derechos y de las obligaciones del empleado público52. En ese orden, dada esa
separación, no era posible que su madre ejerciera autoridad.

90. Ello es así, pues a su juicio, una cosa es la potencialidad de ejercer las
funciones del cargo y otra la de ostentarlas. En ese sentido, en ese último caso,
como ocurrió con la licencia de su madre, ella se encontraba imposibilitada para
ejercer la autoridad, precisamente porque no tenía dentro de su esfera jurídica las
atribuciones de alcaldesa, sino que estas se encontraban en el funcionario
designado en encargo.

49
Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad.: 54001-23-33-000-2019-00354-01. MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión.
Sentencia del (18) de enero de dos mil veintitrés (2023) Rad. 11001-03-15-000-2022-03485-00 (PI).
MP. Oswaldo Giraldo López
51
Consejo de Estado, Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de unificación, Rad. 11001-03-
28-000-2018-00031-00. MP Rocío Araújo Oñate.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22 de
agosto de 2013. Radicado 05001-23-31-000-2003-02119-01 (1574-12).

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18

Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

91. En ese orden, puso de presente que cuando un funcionario público se
encuentra en licencia sin remuneración, se presentan las siguientes situaciones:

• No es el titular del ejercicio de las funciones del cargo.
• No puede desempeñar las funciones del mismo, ni desde el punto de vista real y
efectivo (materialización de la función), ni desde el ejercicio potencial (detentar la
función).
• No se tiene la potencialidad (posibilidad o capacidad material) de ejercer sus
funciones con la autoridad que ello envuelve.
• No tiene la potencialidad (posibilidad o capacidad material) de afectar los
resultados electorales y mucho menos de configurarse la causal inhabilitante.
• No se detenta el cargo.

92. Expuso que en el presente asunto debe aplicarse la sentencia del 11 de
marzo del 2021 con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, pues
es la providencia más reciente sobre la aplicación de la inhabilidad cuando el
funcionario ha solicitado la licencia ordinaria.

93. Indicó que esto fue reforzado en la sentencia SU-207 del 2022, en la cual, la
Corte Constitucional fue enfática al decir que, para poder acreditar el ejercicio de la
autoridad del funcionario, esta debía estar plenamente acreditada y no basada en
su potencialidad. Por tanto, es evidente que esta circunstancia no se encuentra
probada en el caso, porque su madre se apartó temporalmente del cargo por la
licencia que le fue concedida.

94. Además, puso de presente que la inhabilidad debe ser aplicada de manera
restrictiva. Así, al no encontrarse probado el ejercicio de autoridad, no es posible
declarar la nulidad de la elección. En ese sentido, en nada influye que ella sea un
referente político en el municipio.

95. En esa medida consideró que de optarse por cambiar la postura, la decisión
debe tener efectos hacia el futuro, pues de otra manera se vulneraría la confianza
legítima53 que depositó en esa providencia, y sobre la cual dispuso presentar su
candidatura.

96. Al respecto consideró que los supuestos de ese fallo son aplicables al caso
en particular, si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional ha dicho en varias
providencias54 que el precedente implica una regla que contenga supuestos
similares, como ocurre en esta oportunidad.

53
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 18 de
febrero de 2021. C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad.: 11001-03-28-000-2020-00058-
00. Actor: Esneider René Mateus Forero y Gina Paola Ávila Sierra. Demandado: Francisco Roberto
Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 29 de enero de 2019. Rad. 11001-03-28-000-
2018-00031(SU). Actor: Dora Marcela Chamorro Chamorro. Demandado: Hernán Gustavo
Estupiñán.
54
Citó las siguientes: SU-053 de 2015, T-088 de 2018, T-292 de 2006, T-088 de 2022, T-794 de
2011, T-011 de 2017, T-794 de 2011, T-011 de 2017, T-088 de 2018.

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Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

5.3. Iván Medina Ninco (impugnador)

97. Consideró que deben negarse las pretensiones de la demanda, pues a su
juicio, debe aplicarse la providencia del 11 de marzo del 2021 dictada por esta
Sección, que configura el precedente más reciente sobre la materia.

98. Por tanto, según las consideraciones de ese fallo, es claro que el hecho de
que la madre del demandado haya solicitado licencia la separó temporalmente de
su cargo y en ese orden, no podía ejercer autoridad en el municipio en el periodo
inhabilitante.

5.4. Consejo Nacional Electoral (CNE)

99. Su apoderado manifestó que se deben negar las pretensiones de la
demanda. Adujo que en el trámite administrativo se estudiaron las solicitudes de
revocatoria de inscripción del demandado como candidato, de lo cual se concluyó
que no era viable, pues la Sección Quinta del Consejo de Estado dictó una
providencia del 11 de marzo del 2021 una providencia en la cual se dijo que no se
configura la causal de nulidad bajo estudio cuando el funcionario goza de licencia.

100. Por tanto, como la madre del demandado estuvo en licencia en el periodo
inhabilitante, no se puede concluir que haya ejercido autoridad política. En ese
orden, es claro que no se configuró la inhabilidad.

6. Concepto del Ministerio Público

101. Su representante guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

102. Esta Corporación es competente para proferir la sentencia que le ponga fin
al presente proceso electoral, en virtud de lo establecido en el artículo 149, numeral
355, de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019, Reglamento del Consejo de Estado, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

55
«Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar
la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los
representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del
Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades
públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de
regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a) del artículo 152 de esta ley.
(…)» (Énfasis de la Sala)

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Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

2. Acto demandado

103. Se demanda la nulidad del formulario E-26 CAM de 24 de marzo de 2022, en
cuanto a la declaratoria de la elección de Víctor Andrés Tovar Trujillo, representante
a la Cámara por el departamento del Huila, periodo 2022-2026.

3. Problema jurídico

104. Conforme se estableció en la fijación de litigio, el problema jurídico se limita
a definir si el acto demandado incurre en la causal descrita en el numeral 5º del
artículo 275 del CPACA, al estar inmerso en la inhabilidad contenida en numeral 5º
del artículo 179 de la Constitución Política y del numeral 5º del artículo 280 de la
Ley 5ª de 1992.

105. Además, se deberá determinar si el acto demandado incurre en: i) infracción
de norma superior (arts. 179.5 de la Constitución Política y art. 275.5 del CPACA) y
los artículos: 2.2.5.2.2, 2.2.5.5.1, 2.2.5.5.3 del Decreto 648 del 2017; ii) desviación
de poder y; iii) falsa motivación.

106. Para la resolución del interrogante planteado se establecerá lo siguiente:

¿Está incurso Víctor Andrés Tovar Trujillo en la causal de inhabilidad contenida en el
numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política y el numeral 5º del artículo 280
de la Ley 5ª de 1992?

¿La elección del demandado está viciada por desconocer los artículos: 2.2.5.2.2,
2.2.5.5.1, 2.2.5.5.3 del Decreto 648 del 2017?

¿Qué efectos jurídicos derivan del reconocimiento de licencias ordinarias para los
alcaldes municipales, en lo relacionado con la causal de nulidad que se enrostra al
demandado?

¿El alcalde municipal tiene posibilidad ejercer su autoridad civil o política, incluso
cuando está en licencia no remunerada?

¿Cuál es la postura de esta Sala Electoral en lo referente a establecer si es
jurídicamente procedente para un alcalde municipal ejercer su autoridad civil o
política, incluso durante el lapso en que le fue concedida licencia ordinaria?

¿Cuál es la tesis vigente de esta Sala Electoral en lo que refiere al encargo de
funciones y encargo del cargo, a fin de determinar quién conserva el ejercicio de
autoridad en caso de encargo de la alcaldía?

¿El fallo de esta Sección de 11 de marzo de 202156, resulta aplicable al caso del
demandado y pudo tener la entidad suficiente para generarle la “convicción” y la
confianza legítima para concluir que no estaba incurso en la causal de inhabilidad de
la cual se le acusa?

56
Rad. No.: 54001-23- 33-000-2019-000354-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio

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Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

¿Incurre el acto demandado en desviación de poder y falsa motivación57?

107. Bajo tal marco, previo a desarrollar el problema jurídico, se procederá a
efectuar un análisis preliminar en relación con: i) el marco constitucional, legal y
jurisprudencial de la inhabilidad endilgada al demandado y; ii) el estudio del caso
concreto.

4. Inhabilidad contenida en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución
Política

108. La Constitución Política de 1991 estableció requisitos para poder ejercer
como representante a la Cámara del Congreso de la República, entre los cuales no
solo se encuentra ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco (25) años
de edad para la fecha de elección (art. 177 de la Constitución Política)58, sino que
además fijó algunas prohibiciones para tal ejercicio. Así pues, en su artículo 179,
numeral 5º, dispuso:

“Artículo 179. No podrán ser congresistas:

(…)

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios
que ejerzan autoridad civil o política”.

109. Respecto de esta causal inhabilitante la Sala59 precisó:

“(…) Como se observa, desde el ámbito general de las inhabilidades y en una óptica
garantista de la igualdad material, el que las inhabilidades operen con anterioridad a
la elección y en un periodo de tiempo determinado, como ocurre en el caso de las
previstas en los numerales 2, 3 y 5 del artículo 179 superior, demuestra que la
finalidad de las mismas está fincada en:

i) La defensa del equilibrio de la contienda política, para que quienes aspiran al cargo
de elección popular se presenten ante el electorado en igualdad de oportunidades.

II) La salvaguarda del derecho que tienen los electores a elegir libremente entre los
competidores electorales, en un escenario político de absoluta transparencia y
moralidad, sin influencias o prerrogativas distintas a aquellas que proporciona los
propios contendores electorales y con la garantía de que todos cumplen las
condiciones y requisitos que les permiten ser elegidos.

57
En los términos expuestos en la demanda del exp. 2022-00073-00, para lo cual también se acudirá
a los argumentos que al respecto expuso la defensa y los demás intervinientes.
58
ARTÍCULO 177º.Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener
más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección.
59
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-28- 000-2018-00031-00. Sobre el particular también se puede consultar entre otras:
Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 9 de febrero de 2006, M.P. María Nohemí́ Hernández
Pinzón. Rad. 080001-23-31-000-2004-00093-02 (3900).

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Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

6.3.3.4 Si a la finalidad genérica de las inhabilidades se integra la finalidad especifica
de la inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 constitucional, que es evitar
el nepotismo, la creación de dinastías familiares en materia electoral e impedir que el
candidato se valga de las prerrogativas de algún pariente que ostenta un cargo
público, porque así se salvaguardan los principios de igualdad en el acceso a los
cargos públicos60, así como los de trasparencia y moralidad, la Sala observa que la
inhabilidad conocida como “ejercicio de autoridad por parte de pariente”, garantiza en
mayor grado los mandatos de optimización señalados si opera durante el proceso
electoral y no limitada al día de la elección.

6.3.3.5 Lo anterior, porque se insiste, la igualdad en la contienda electoral debe estar
garantizada a lo largo del proceso de formación de la voluntad democrática del
electorado, pues está precedida y deviene del conjunto de acciones desarrolladas
previamente por los candidatos, las campañas y los partidos, con el fin de sumar
electores que les permitan acceder al Congreso de la República, en cuyo seno se
desarrolla la función legislativa, pilar de la democracia representativa y del estado
social de derecho.

6.3.3.6 Así lo ha sentado la Sección Quinta del Consejo de Estado al señalar que el
proceso electoral “no se limita al día de las elecciones, toda vez que, el resultado de
las votaciones es consecuencia de una serie de acciones previas al día de los
comicios, en las cuales el aspirante debe “convencer” a los electores de depositar su
voto por él”61.”.

110. La configuración de la inhabilidad en comento requiere demostrar, de manera
concurrente, el vínculo o parentesco entre el demandado y el funcionario (elemento
material); la calidad del funcionario (elemento objetivo); el ejercicio de autoridad
(elemento modal); que la autoridad se ejerza desde el día de la inscripción de la
candidatura del ahora congresista y la fecha en que se realiza la elección62
(elemento temporal) y que se haya detentado en la circunscripción donde deba
efectuarse la elección (elemento territorial).

5. Caso concreto

111. De acuerdo con lo expuesto en el anterior acápite la configuración de la
inhabilidad que se le endilga al demandado exige demostrar su vínculo o parentesco

60
En el mismo sentido Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de junio de 2009,
radicado No540012331000200700376 01 MP. Filemón Jiménez Ochoa y Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 6 de mayo de 2013 Radicado No 17001-23-31-000-2011-00637-01
MP. Alberto Yepes Barreiro.
61
En el mismo sentido Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de junio de 2009,
radicado No. 540012331000200700376 01 C.P. Filemón Jiménez Ochoa y Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 6 de mayo de 2013 Radicado No 17001-23-31-000-2011-00637-01
MP. Alberto Yepes Barreiro.
31Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de septiembre de 2018, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03- 28-000-2018-00055-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
19 de septiembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad.11001-03-28-000-2018-00025-
00. Consejo de Estado, Sala plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero de
2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2018-00031-00. Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 30 de enero de 2019, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-
2018-00109-00. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 21, sentencia 12 de marzo de
2019, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. 11001-03-15-000-2018-04505-00.
62
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación de 29 de enero de 2019, Rad.
110010328000201800031, MP. Rocío Araújo Oñate.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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23

Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

con el funcionario que ejerce autoridad civil o política, el cual está probado, en el
caso concreto, con la copia del registro civil de nacimiento del señor Víctor Andrés
Tovar Trujillo donde consta que la señora Dora Liliana Trujillo Pava es su madre63
(elemento material).

112. Asimismo, obra en el expediente copia del formulario E-26 ALC del 27 de
octubre de 2019, que declaró la elección de la señora Dora Liliana Pava Trujillo
como alcaldesa municipal de Tarqui, Huila, periodo 2020-2023, documento que
acredita que tiene la calidad de funcionaria. De acuerdo con la jurisprudencia de
esta Sección, este concepto “…comprende a todos los servidores que prestan servicios
a una entidad pública y ejercen las funciones que a estas corresponden, es decir a los
empleados públicos y a los trabajadores oficiales”64.

113. A su vez, no hay duda del cumplimiento del elemento territorial que exige la
configuración de la inhabilidad porque la señora Dora Liliana Pava Trujillo funge
como alcaldesa de un municipio del departamento del Huila, en el cual su hijo resultó
elegido representante a la Cámara.

114. Ahora bien, en cuanto al ejercicio de autoridad civil o política la parte actora
expone que en concordancia con las sentencias proferidas el 10 de julio de 2012 y
17 de julio de 2012 por la Sala Plena y la Sección Quinta del Consejo de Estado65,
respectivamente, independientemente de que el alcalde titular se aparte o se
ausente físicamente, mediante licencias no remuneradas, este no es separado del
cargo y tampoco de sus funciones, razón por la cual conserva las facultades que la
ley y la Constitución Política le otorgan, configurando la inhabilidad señalada ya que
basta con que, en el presente caso, la alcaldesa detente la función encomendada.

115. Por su parte el demandado puso de presente las dificultades que ha
presentado el concepto de “ostentar autoridad” por parte de funcionario que se
encuentre en uso o disfrute de licencias temporales y de la imposibilidad de que
esto suceda, toda vez que se ha confundido la “potencialidad de tener autoridad” con
la “potencialidad de ejercerla”.

116. Al respecto, concluyó que para ostentar la autoridad propia del cargo es
indispensable estar en servicio activo para lo cual se refirió a la sentencia de esta
Sala Electoral de 11 de marzo de 202166.

63
Índice 3 SAMAI.
64
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 21, sentencia 12 de marzo de 2019, M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, Rad. 11001-03-15-000-2018-04505-00. En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de abril de 2013, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 50001-
23-31-000-2011-00692-02.
65
Consejo de Estado, Sala Plena, rad.: 11001-03-28-000-2010- 00098-00(IJ); Sección Quinta, 17 de
julio de 2012, rad.: 11001-03-15-000-2011-00438(PI)
66
Consejo de Estado, Sección Quinta, 11 de marzo de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
rad.: 54001-23-33-000-2019-000354-01.

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Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

117. Sin embargo, en criterio de la Sala, aunque exista este último fallo, se
considera que no es aplicable a este asunto, debido a que trató situaciones distintas,
y además, porque existen precedentes consolidados de la Sala Plena de esta
Corporación cuando se analizó la misma situación del demandado, es decir, el de
un representante a la Cámara que tiene parentesco en el grado que señala la
causal, con un alcalde o alcaldesa de un municipio de la misma circunscripción,
ausente del cargo en virtud de una licencia no remunerada, como pasa a explicarse.

118. En la sentencia del 11 de marzo del 2021 se decidió un caso en el cual se
demandó la elección del alcalde de Villa del Rosario, Santander, por haber incurrido
en la inhabilidad del artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994. Lo anterior, por cuanto el
mencionado burgomaestre tenía un vínculo de unión marital de hecho con la señora
Martha Elide Rodríguez Pinilla, quien ostentó el cargo de comisaria de familia del
municipio de Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander, dentro de los
doce (12) meses anteriores a la elección. Por tanto, tenía vínculos con una persona
que ejerció autoridad civil y administrativa.

119. Al analizar el fondo del asunto, la Sala67 encontró el demandado no incurrió
en la inhabilidad mencionada, toda vez que la señora Martha Elide Rodríguez Pinilla
había solicitado licencia en el periodo inhabilitante, y su reemplazo fue provisto por
medio de nombramiento provisional. Por tanto, como fue separada de sus
funciones, no podía ejercer la autoridad civil y administrativa. Puntualmente se
expuso:

Como se lee de los antecedentes de este proveído, los recurrentes argumentaron
que el nombramiento provisional como situación jurídica laboral significa la provisión
total de las funciones de un cargo de carrera, sin importar si la vacancia es temporal
o definitiva, de manera que el grado de subsidiariedad de la institución jurídica y de
simple gregario frente al titular de las funciones, no se puede predicar del servidor
público que ingresa al servicio público por nombramiento provisional, de manera que
la potencialidad de que la señora Martha Elide Rodríguez pudiera ejercer las
funciones inherentes a la dignidad de comisaria de familia de Villa del Rosario, no
era factible. Situación distinta sería si quien entró a ejercer las funciones de
comisaria de familia de la señora Rodríguez Pinilla, lo hubiera hecho por encargo.

La Sala encuentra que, para abordar el estudio de este reparo, es necesario hacer
un análisis sobre los efectos que tiene la licencia ordinaria no remunerada que
solicitó la señora Rodríguez Pinilla al cargo de comisaria de Familia del municipio
de Villa del Rosario, Norte de Santander.

120. Así, la Sala Electoral concluyó lo siguiente:

Es decir, tal y como lo advierte el Ministerio Público, la señora Martha Rodríguez
Pinilla no podía desempeñar funciones como comisaria de Familia de Villa del Rosario
mientras estaba en licencia, ni desde el punto de vista real y efectivo (materialización
de la función), ni desde el ejercicio potencial (detentar la función) por cuanto el cargo

67
Con salvamentos de voto de los consejeros Rocío Araújo Oñate y Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

lo detentaba en ese momento la persona que fue designada en provisionalidad para
suplir la vacante.

En otras palabras, dado que la señora Martha Elide Rodríguez Pinilla estaba en
licencia, no podía cumplir ninguna de las funciones que le corresponden al comisario
de Familia, ni tampoco tenía la posibilidad de hacerlo mientras la licencia estuviera
vigente. (…).

(…)

De manera que, para que la autoridad civil o administrativa del pariente del candidato
tenga la virtualidad de impactar al electorado -supuesto establecido en la norma que
establece la inhabilidad- se requiere que esté en titularidad del cargo susceptible de
la injerencia. De no ser así, como sucede en este caso, no tiene la potencialidad de
afectar los resultados electorales y mucho menos de configurarse la causal
inhabilitante.

121. En ese orden, al observar las circunstancias que rodearon el asunto decidido
el 11 de marzo del 2021, la Sala encuentra que se trata de situaciones diferentes, y
por tanto, las consideraciones expuestas no pueden ser aplicadas en este caso.

122. Debe ponerse de presente que en el caso del alcalde de Villa del Rosario
ocurrió una situación distinta a la que ahora ocupa la atención de la Sala, pues en
dicha providencia se analizó el ejercicio de autoridad civil y administrativa de la
comisaria de familia, diferente al escenario del caso que se estudia en esta
oportunidad, en donde se trata del ejercicio de la autoridad civil y política de una
alcaldesa.

123. Es importante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 188 y 189 de la
Ley 136 de 1994 que definen los conceptos de autoridad civil y política:

ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado
oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley,
que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad
de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por
delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.

ARTÍCULO 189. AUTORIDAD POLÍTICA. Es la que ejerce el alcalde como jefe del
municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento
administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la
autoridad política.

Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos
señalados en este artículo.

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124. Como se puede apreciar, la autoridad política la ejerce el acalde, por ser el
jefe del municipio y también la predica de sus secretarios y jefes de departamento.

125. Así, se debe resaltar que el inciso 2° del artículo 189 citado, establece que la
autoridad política “también” es ejercida por los que ocupen temporalmente los
cargos, lo que permite concluir que aun cuando el alcalde se separe del cargo de
manera transitoria, no lo despoja del ejercicio de esta autoridad, precisamente
porque es el jefe de municipio.

126. Igualmente, el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 establece que cuando
ocurre una falta temporal del alcalde, este mismo funcionario es quien encarga a
uno de sus secretarios, como es el caso de las licencias. Además, precisa que, en
ese caso, el encargado debe adelantar su gestión de acuerdo con el programa del
alcalde elegido popularmente:

ARTÍCULO 106.- Designación.

(…)

Si la falta fue temporal, excepto la suspensión, el alcalde encargará de sus funciones
a uno de los secretarios o quien haga sus veces. Si no pudiere hacerlo, el Secretario
de Gobierno o único del lugar asumirá las funciones mientras el titular se reintegra
o encarga a uno de sus secretarios.

El alcalde designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el
programa del Alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria
del voto programático.

127. En efecto, la condición de ser alcalde sólo proviene del voto popular,
salvo en los casos en que se presenta la designación por parte gobernador
departamental ante la falta absoluta que se genere con menos de 18 meses a la
terminación del período. Así las cosas, en otras situaciones administrativas que
generen vacancia temporal, salvo la suspensión provisional, y en las cuales es
necesario encargar de las funciones del despacho, el elegido popularmente sigue
ostentando la condición del cargo y el encargado no adquiere por ello la
condición de burgomaestre.

128. Por ello, la situación administrativa de encargo de las funciones que se lleva
a cabo en estos eventos no tiene la potencialidad para considerar que quien es
alcalde elegido popularmente deja de serlo, y con ello, perder las atribuciones que
legalmente le han sido asignadas y de las cuales se deriva la condición de autoridad
civil y política del ente territorial municipal.

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129. Este mismo razonamiento se hizo en el caso del Gobernador de Boyacá,
decidido por la Sala Plena de esta Corporación68, en el cual se señaló que el
funcionario elegido popularmente, respecto del cual se predica una situación
administrativa de vacancia temporal, conserva la titularidad del cargo que ostenta
en virtud de dicho mandato, y, por lo tanto, continúa siéndolo para todos los efectos
legales, incluso, para la configuración de inhabilidades.

130. Ahora bien, debe ponerse de presente que sobre la autoridad administrativa,
el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del
alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento
administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes
de las unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos
o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias”.

131. Al respecto, esta Sala ha dicho que esta modalidad de autoridad se puede
desprender desde dos puntos de vista: el orgánico y el funcional:

“…no sobra recordar que en cuanto a la autoridad administrativa el artículo 190
de la Ley 136 de 1994 establece un criterio orgánico y uno funcional para
determinar en qué casos se configura este tipo de dirección. Con el primer criterio
los alcaldes, los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo
y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y de unidades
administrativas especiales son los servidores a los que se les atribuye autoridad
administrativa. Con el segundo criterio los empleados oficiales autorizados para
celebrar contratos o convenios, ordenar gastos, conferir comisiones, licencias,
vacaciones, trasladar funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular
personal supernumerario o fijar nueva sede de trabajo son también servidores que
ejercen autoridad administrativa…”.69

132. En ese orden, se advierte que la diferencia de ambos casos está marcada
por el tipo de autoridad que se analizó en uno y otro asunto. En el del 11 de marzo
del 2021, se debatió si la funcionaria había desarrollado autoridad civil y
administrativa, lo cual tiene un enfoque distinto, porque, aunque existen cargos
sobre los cuales se predica desde el punto de vista orgánico, también se analiza
desde el punto de vista funcional. Sin embargo, en este caso nos encontramos con
el análisis de la autoridad civil y política, que, de conformidad con las normas, está

68
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de julio del
2021. Rad. 11001-03-28-000-2020-00004-00. MP. Rocío Araújo Oñate.
69
Sentencia de 23 de septiembre de 2013, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp. No.
41001-23-31-000-2012-00048-01, demandado: Personero de Neiva.

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asignada a los alcaldes municipales desde un punto de vista orgánico, por el hecho
de ostentar ese cargo.

133. De esa manera, es evidente que el caso decidido el 11 de marzo del 2021
tiene contornos distintos a los que ahora ocupa la atención de la Sala.

134. Además de lo dicho, en el caso de la sentencia del 11 de marzo del 2021, el
cargo de comisaria de familia de la señora Rodríguez Pinilla fue provisto
temporalmente, por medio de la figura del nombramiento en provisionalidad,
mientras que en este asunto, se acudió al encargo de funciones con ocasión de las
licencias concedidas a la alcaldesa de Tarqui.

135. Como se indicó en precedencia, respecto de la aplicación de la inhabilidad
cuando un alcalde se encuentra en licencia, existe una posición pacífica en esta
Corporación, como pasa a explicarse.

136. Desde el año 2012, el pleno de la corporación ha sostenido una tesis
consistente en que, si un funcionario, como un alcalde, solicita licencia, y su
reemplazo es provisto por encargo, esa situación no implica que se haya
separado del cargo y, por tanto, conserva sus facultades constitucionales y
legales:

(…) En cuanto a la incidencia que en la señalada postura jurisprudencial pueda tener
la licencia no remunerada, concedida al doctor Antonio Eljadue Gutiérrez como
alcalde del municipio …es preciso recordar que en el artículo 106 de la Ley 136 de
1994 se regula la forma de proveer las vacancias del alcalde, norma en la cual se
distingue si la falta se produce por voluntad del burgomaestre, o si por el contrario no
obedece a una decisión del titular del cargo. Se dice allí que si “…la falta es absoluta
o suspensión…”, la designación del reemplazo correrá por cuenta del Presidente de
la República si se trata del Distrito Capital, y a cargo de los gobernadores con relación
a los demás municipios; en cambio, si la falta es temporal, con excepción de la
suspensión que ya está comprendida en la situación anterior, “…el alcalde encargará
de sus funciones a uno de los secretarios o quien haga sus veces. Si no pudiere
hacerlo, el Secretario de Gobierno o único del lugar asumirá las funciones mientras el
titular se reintegra o encarga a uno de sus secretarios…”, encargo que en todo caso
impone al designado el deber de adelantar su gestión conforme al programa de
gobierno del alcalde elegido por voto popular (...)

Ahora bien, de las normas anteriores se desprende que ante la existencia de una falta
absoluta el alcalde queda completamente desprovisto de la posibilidad de tomar
cualquier decisión frente a la administración, obviamente por haber perdido esa
calidad. A contrario sensu, en las faltas temporales, salvo las relativas a la
suspensión, el alcalde conserva las facultades o competencias que el ordenamiento
jurídico le asigna, en atención a que teniendo la potestad de encargar al funcionario
que habrá de sucederlo, de igual manera puede removerlo para reasumir de lleno sus
funciones, incluso en la hipótesis de que por alguna razón no pueda él hacer el
encargo, sino que por ello deba asumir sus funciones el secretario de gobierno, una
vez supere ese impedimento bien puede encargar a uno de sus secretarios.

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Lo dicho permite afirmar, pese a su obviedad, que ante la falta absoluta del alcalde
ya ninguna atribución podrá ejercer frente a la administración local; y que, en cambio,
por regla general las faltas temporales le conservan al alcalde sus competencias
constitucionales y legales, así encargue a otro funcionario de la administración local,
de lo cual se exceptúan las suspensiones, en las que la separación del cargo es por
decisión de otra autoridad y por causas que hacen imperioso impedir que el alcalde
siga ejerciendo cualquier forma de autoridad70. (…).

137. En el mismo sentido, la providencia del 10 de julio del 2012 la Sala Plena se
pronunció al respecto de la siguiente manera71:

En el presente caso, es necesario tener presente que la designación de un Alcalde
Ad hoc, no implica que el titular se desprenda de manera definitiva de su condición,
por cuanto éste en cualquier momento puede reasumir las mismas.

En conclusión, en aquellos eventos de designación de alcaldes ad hoc, el titular
sigue ostentando la calidad de tal, y tiene la posibilidad de ejercer en cualquier
momento autoridad civil o política en el municipio, lo que implicaría una potencialidad
en la vulneración del principio de igualdad electoral72.(…)

(…)

La licencia solicitada por el señor Enoc Adolfo Guzmán del Portillo para ausentarse
del ejercicio del cargo como alcalde del municipio de Tenerife, permite inferir una
maniobra tendiente a burlar la prohibición constitucional, con lo cual, la alegada
confianza legítima, dicho sea de paso, de manera extemporánea, pierde por
completo cualquier soporte fáctico.

138. Esta postura fue reiterada en la providencia del 17 de julio del 201273, en
donde se hizo el mismo razonamiento:

“Los candidatos que tengan un vínculo familiar gozan de una ventaja frente al
candidato que no los tiene, derivada de su proximidad con el poder y con el tesoro
público o de la cercanía a nombre del Estado para actuar en la comunidad, de
manera que crean a favor del representante unas condiciones que influyen en
la intención del votante y, por ende, resultan determinantes para la elección.

(…)

La Sala Plena del Consejo de Estado, ratifica su jurisprudencia y toma en cuenta lo
que dicen los artículos 188 y 189 de la Ley 136 de junio 2 de 1994, para establecer
que la autoridad política es la que ejerce el Alcalde como jefe del municipio, y la
autoridad civil es el ejercicio de poder o mando, dirección e imposición sobre las

70
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de febrero del
2012. Rad. 11001-03-28-000-2010-00099-00 (IJ).
71
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 10 de julio del
2012. Rad. 11001-03-28-000-2010-00098-00(IJ). MP. Olga Mélida Valle de la Hoz.
72
Ver sentencia del 20 de febrero 2012, MP Dra. Susana Buitrago Valencia, Exp: 2010-0009-00.
73
Consejo de Estado, Sala Plena, rad.: radicado 11001-03-15-000-2011-00438-00 (PPAL). M.P.
Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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personas, que sin lugar a duda tienen los Alcaldes por disposición de los mencionados
artículos, en armonía con el artículo 315 de la Constitución. (…).

(…)

De otra parte, el señor Issa Eljadue Gutiérrez como argumento para su defensa, pone
de presente que el 14 de marzo de 2010, fecha en la cual se realizaron las elecciones,
el señor Antonio Eljadue Gutiérrez, hermano del Congresista acusado se encontraba
en “licencia no remunerada” que fue concedida por Decreto 055 de marzo de 2003
(fs. 115 y 120 cd inicial y cd 2).

Al respecto, es pertinente recordar que el artículo 106 de la Ley 136 de 19941, señala
que si la falta es temporal, con excepción de la suspensión, el Alcalde mantiene las
facultades que la Constitución y la Ley le otorgan.

El Alcalde que pide licencia no remunerada por un tiempo, conserva las
facultades o competencias que el ordenamiento jurídico le asigna, e incluso
tiene la potestad de encargar al funcionario que habrá de sucederlo, como en
efecto lo hizo, al nombrar a una persona de su despacho (doctor Julio César
Pérez Cantillo). Sin embargo, después el Gobernador designó un Alcalde ad-
hoc1 que tampoco lo separaba de su cargo como si se tratara de una falta
absoluta.

(…)

La licencia no remunerada concedida mediante Decreto 055 de marzo de 2003,
expedido por el Gobernador del Magdalena, al señor Antonio Eljadue Gutiérrez, para
la fecha de la elección de su hermano, no lo separó de su cargo, mucho menos
evitó que el parentesco no se tuviera en cuenta, pues la inhabilidad consagrada
en el artículo 179- 5 de la Constitución Política, busca “…salvaguardar la plena
igualdad de competencia e impedir que el parentesco opere desde el poder para
inclinar la libre opción electoral en favor de un candidato y en detrimento de
otros…”. (énfasis de la Sala).

139. Como se puede observar, la tesis mencionada sostiene que el alcalde que
se encuentra disfrutando de licencia y es reemplazado por encargo no se separa
del cargo. Ello es así, porque incluso tiene la potestad de encargar al funcionario
que lo va a suceder y, además, puede removerlo para reasumir el lleno de sus
funciones.

140. En ese sentido, el funcionario que se encuentra en licencia y es reemplazado
por la figura del encargo aún es titular del cargo y, por tanto, no se despoja de la
autoridad civil y política que ostenta. Incluso, puede retomar sus funciones en
cualquier momento, sin necesidad de acto adicional.

141. Esta misma interpretación fue la que se hizo en la providencia del 18 de enero
del 202374, en la que la Sala Séptima Especial de Decisión de esta Corporación,
aunque negó la pérdida de investidura del demandado por no encontrar acreditado
el elemento subjetivo, sí se encontró configurado el elemento objetivo que hace

74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de enero del 2023. Rad. 11001-03-15-000-2022-03485-00. MP. Oswaldo Giraldo
López.

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referencia a la causal de inhabilidad que se estudia en el asunto, con base en los
precedentes mencionados de la Sala Plena del Consejo de Estado que se han
citado. Se recalca que esta decisión no ha cobrado ejecutoria, porque está
pendiente por decidirse el recurso de apelación.

142. En ese orden, el hecho de que un alcalde haya sido reemplazado en encargo
de ninguna manera implica que no ejerza autoridad civil y política, pues es el jefe
del municipio (art. 189 Ley 136 de 1994) y por tanto, al tener esa condición, en
cualquier momento puede reintegrarse y de esa manera, generar influencia en el
electorado75. Además, como lo dispone el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 citado
con anterioridad, la persona que es nombrada en encargo, tiene que cumplir con el
programa político fijado por el burgomaestre titular, lo que implica que aún puede
influir sobre el electorado, pues la agenda de ejecución de obras y compromisos
sociales son vistos como propios del alcalde titular, aún si se encuentra en licencia.

143. Así las cosas, corresponde analizar si, en efecto, la funcionaria con la cual el
demandado tiene vínculo de parentesco ejerció o no autoridad civil y política en los
términos del artículo 179.5 de la Constitución Política, lo cual exige estudiar las
licencias otorgadas a la madre del demandado.

Licencias otorgadas a la alcaldesa de Tarqui, Huila

144. Establecido lo anterior, debe ponerse de presente que a la señora Dora
Liliana Trujillo Pava, le concedieron las siguientes licencias:

ü Decreto 0328 de 13 de octubre de 2021, el Gobernador del Huila, concedió
licencia no remunerada a la alcaldesa municipal de Tarqui, Huila, señora
Dora Liliana Trujillo Pava, desde el 10 de noviembre hasta el 31 de
diciembre del 2021.

Este decreto en su numeral 2º precisó que “por el término que la Alcaldesa
Municipal de Tarqui se encuentre en licencia no remunerada deberá encargar de las
funciones del despacho a uno (a) de sus secretarios (as), e informar al gobernador
del departamento para efectos del mantenimiento del orden público”.

Con ocasión de lo anterior, mediante Decreto 061 del 9 de noviembre de
2021, la alcaldesa de Tarqui, Huila, Dora Liliana Trujillo Pava, encargó a la
secretaria general y de gobierno de las funciones de alcalde municipal desde

75
Al respecto ver la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 22 de abril de 1993,
Rad. 0968. MP. Luis Eduardo Jaramillo Mejía: “El alcalde por ser jefe de la administración local,
representante legal y primera autoridad de policía del municipio, teniendo a su cargo como dos de
sus atribuciones más importantes, la conservación del orden público y velar por el cumplimiento del
orden jurídico en su territorio, ejerce autoridad civil y política, y esa autoridad la ejerció el demandado
hasta el 5 de noviembre de 199 1, fecha en que tomó posesión el alcalde encargado por el
Gobernador para el resto del período, pues a pesar de haber entrado a gozar de la licencia, continúo
siendo el titular de la Alcaldía de la Calera y en cualquier momento podía reintegrarse al cargo.
Situación que le permitía no solo influir en el alcalde por él mismo encargado, sino también, ejercer
una influencia potencial, pero efectiva, en la libre voluntad de los electores en los comicios próximos
a realizarse, puesto que la ciudadanía, en general, lo sabía detentador del poder político que le
implicaba esa investidura (…)”.

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el 10 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 202176. Acto que
expresamente señaló que “PARÁGRAFO. En caso de prorroga o, de
concederse una nueva licencia, se entenderá automáticamente prorrogado
el encargo hasta tanto se reintegre al titular del cargo (inciso segundo,
artículo 106 de la Ley 136 de 1994).

ü Decreto 0429 de 14 de diciembre del 2021, concedió licencia ordinaria a partir
del 1º de enero de 2022 hasta el 15 de marzo de la misma anualidad.

ü Decreto 063 del 16 de marzo de 2022 concedió licencia por enfermedad del
15 de marzo del 2022 hasta el 20 del mismo mes y año, “conforme a la
respectiva incapacidad médica reportada por la E.P.S MEDIMAS SAS-
CONTRIBUTIVO- cotizante”.

ü Decreto 075 de 2022, se dispuso conceder licencia por enfermedad desde
el 22 de marzo hasta el 25 de marzo del mismo año, por enfermedad. El
cual fue aclarado mediante Decreto 078 de 2022 “en el sentido de precisar que,
la licencia por enfermedad concedida a la señora Dora Liliana Trujillo Pava,
alcaldesa municipal de Tarqui-Huila, es a partir del 21/03/2022 hasta el
25/03/2022…”.

145. Así las cosas, debe concluirse que Dora Liliana Trujillo Pava durante el
periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2021 y el 25 de marzo de 2022,
para lo cual se verificará si ese lapso confluye con el periodo inhabilitante.

146. De conformidad con la Resolución 2098 de 12 de marzo de 2021, de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que fijó el calendario para las elecciones al
Congreso de la República de marzo de 2022, se tiene probado que el periodo de
inscripción de las candidaturas inició el 13 de noviembre de 2021 y culminó el 13
de diciembre de 2021.

147. Ahora bien, teniendo en consideración que el demandado inscribió su
candidatura, por Cambio Radical, el 10 de diciembre de 2021, (según formulario
E-6) y que las elecciones para elegir representantes a la cámara se llevaron a cabo
el 13 de marzo de 2022, debe concluirse que la señora Dora Liliana Trujillo Pava
estuvo en periodo de licencia ordinaria concedida por el gobernador, durante el
periodo inhabilitante, sin que tengan relevancia las licencias que fueron concedidas
con posterioridad. Sin embargo, por esta condición no perdió su calidad de jefe del
municipio y con esto, su autoridad civil y política.

148. Bajo ese entendido, la Sala encuentra configurado el elemento modal de la
inhabilidad que se enrostra al congresista demandado pues la funcionaria de la cual
se deriva el ejercicio de autoridad civil o política, durante el periodo inhabilitante,
aunque le fueron concedidas diferentes licencias concedidas por el gobernador del
Huila y encargó sus funciones de alcaldesa a su secretaria general y de gobierno,

76
Cargo del cual tomó posesión la señora Denis Carolina Méndez Parra, el 10 de noviembre de
2021, ante el Juez Promiscuo Municipal de Tarqui, Huila.

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Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

esta situación no implicó que se despojara del cargo ni de su autoridad civil y
política.

149. Así las cosas, toda vez que el alcalde municipal sigue siéndolo, incluso en
los casos de licencia, se tiene entonces que en dichas circunstancias se puede
predicar que tal funcionario ostenta la condición requerida por la norma, pues no
deja de ser mandatario local y por ello mantiene las atribuciones que el
ordenamiento jurídico le fijan a efectos de ser considerado como la autoridad civil y
política del municipio en el cual fue electo.

150. Por lo anterior, aunque la alcaldesa de Tarqui gozó de licencias, esta
circunstancia implica que no perdió su titularidad en el cargo y, por tanto, podía
reasumirlo en cualquier momento, tal como se ha explicado por la jurisprudencia de
la Sala Plena de esta Corporación, así como por esta colegiatura, precedentes que
fueron citados a lo largo de esta providencia.

151. Esto de ninguna manera implica que hayan existido dos alcaldes de manera
simultánea, sino que debe entenderse, según las normas explicadas, que la
alcaldesa local, por el hecho de serlo, sigue ostentando su condición de autoridad
civil y política del municipio, aún cuando encargó a uno de sus funcionarios para
que la reemplazara temporalmente.

152. En ese orden, como el demandado sostiene una relación de parentesco con
una persona que ejerció autoridad civil y política en el municipio de Tarqui dentro
del departamento del Huila, aún a pesar de haberlo provisto temporalmente en
encargo, se encuentran configurados los elementos de la inhabilidad bajo estudio y
en ese orden, existe mérito para declarar la nulidad de su elección como
representante a la cámara.

153. Se recalca que el hecho de que existiera la providencia del 11 de marzo del
2021 no implica de ninguna manera la vulneración de la confianza legítima del
demandado, pues como se advirtió, existe una línea pacífica, tanto de la Sala Plena
como de esta Sección, sobre los efectos del encargo como modalidad de reemplazo
de un alcalde que solicita licencia.

154. De ese modo, al ser una postura que apoya esta Corporación de tiempo
atrás, no se hace necesario dictar un fallo bajo la modalidad de jurisprudencia
anunciada, tal y como fue solicitado por el apoderado del elegido.

155. Finalmente, la Sala se pronunciará sobre los demás cuestionamientos
planteados al momento de fijar el litigio.

156. Así, sobre la presunta infracción de las disposiciones de los artículos
2.2.5.2.2, 2.2.5.5.1 y 2.2.5.5.3 del Decreto 648 del 2017, se encuentra no fueron
infringidos por el acto demandado, en cuanto en esas normas se consagran reglas

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Demandantes: William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y otros
Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

relativas a la vacancia temporal, las situaciones administrativas y los tipos de
licencia.

157. Por tanto, se trata de disposiciones ajenas al acto electoral y que no lo
soportan en su legalidad, como sí ocurre con la inhabilidad del artículo 179.5
constitucional y sobre el cual se hizo el análisis. En ese sentido, este cargo no tiene
vocación de prosperidad.

158. Ahora, en cuanto a los vicios porque el acto demandado incurrió en
desviación de poder y falta de motivación, la Sala encuentra que la nulidad en este
caso se da por haberse configurado la inhabilidad del artículo 179.5 de la
Constitución Política y no por los defectos alegados. Por ello, no tienen vocación de
prosperidad.

159. En conclusión, esta Sala accederá las pretensiones de la demanda porque
se configuró la causal inhabilidad endilgada al demandado Víctor Andrés Tovar
Trujillo, Representante a la Cámara por la circunscripción departamental del Huila,
periodo 2022-2026 y se precisa que la nulidad tendrá los efectos del artículo 288.3
del CPACA, la cual se limita a la cancelación de la respectiva credencial, que se
hará efectiva a la ejecutoria de esta providencia77.

Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la elección de Víctor Andrés Tovar
Trujillo, Representante a la Cámara por la circunscripción departamental del Huila,
periodo 2022-2026, contenida en el formulario E-26 CAM de 24 de marzo de 2022,
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

TERCERO: Por medio de la Secretaría, comuníquese esta decisión a la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes, entidad en cargada de cumplir lo
dispuesto en esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

77
Se recalca que, en auto del 15 de noviembre del 2022, el despacho sustanciador concluyó que en
este caso el debate recaía sobre la presunta configuración de la inhabilidad alegada, por lo que no
hay lugar a efectuar ningún análisis por causales objetivas.

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Demandado: Víctor Andrés Tovar Trujillo,
representante a la Cámara Huila, periodo 2022-2026
Radicación Acum: 11001-03-28-000-2022-00033-00

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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