Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03485-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03485-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-03485-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
18 de enero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03485-00
Solicitante: Gilberto Silva Ipus
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN
DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C. dieciocho (18) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03485-00
Solicitante: GILBERTO SILVA IPUS
Convocado: VÍCTOR ANDRÉS TOVAR TRUJILLO
Tesis: No incurre en causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de inhabilidades el
Representante a la Cámara que tiene vínculo de
parentesco en el primer grado de consanguinidad con
funcionario que solicita una licencia no remunerada
desde la inscripción de candidatos hasta el día de las
elecciones y ostenta autoridad civil y política en uno
de los municipios del departamento por el que fue
elegido, si de manera previa a inscribirse como
candidato consultó si estaba inhabilitado y las
respuestas que obtuvo fueron negativas.
Lo decidido en la presente providencia constituye
jurisprudencia anunciada para casos futuros,
teniendo en cuenta los antecedentes del proceso.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Por no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo presentado
por el señor consejero Martín Bermúdez Muñoz, esta Sala Séptima
Especial de Decisión procede a resolver, en primera instancia, la solicitud
de pérdida de investidura instaurada por el señor Gilberto Silva Ipus en
contra del representante a la cámara Víctor Andrés Tovar Trujillo, elegido
para el período constitucional 2022-2026.
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Solicitante: Gilberto Silva Ipus
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La causal invocada1
El solicitante, obrando en nombre propio, pretende se decrete la pérdida de
investidura del congresista acusado con fundamento en lo previsto por el
numeral primero del artículo 183 de la Constitución Política que establece:
“Los congresistas perderán su investidura: (…) 1. Por violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de
intereses (…).”
Lo anterior, en concordancia con el numeral quinto del artículo 179
ibidem, que dispone: “No podrán ser congresistas: (…) 5. Quienes tengan
vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer
grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con
funcionarios que ejerzan autoridad civil o política”.
1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada2
El solicitante informó que el 10 de diciembre de 2021 el señor Tovar
Trujillo se inscribió como candidato a la cámara de representantes por el
departamento del Huila y el 13 de marzo de 2022 resultó elegido.
Aseguró que la señora Dora Liliana Trujillo Pava fue electa alcaldesa del
municipio de Tarqui, Huila, para el período constitucional 2020 – 2023, y
es la madre del congresista Tovar Trujillo.
Afirmó que la señora Trujillo Pava, “durante el período comprendido entre
el 13 de noviembre de 2021 y el 13 de marzo de 2022, ostentaba la
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calidad funcional de Alcalde Municipal de Tarqui, Huila, es decir, que no
se presentó el caso de renuncia o de falta permanente o absoluta ni el de
la suspensión del cargo durante el período inhabilitarte para su hijo
inscribirse y participar en la elecciones para Congreso 2022”3.
Manifestó que el acusado “elevó consulta al Consejo Nacional Electoral el
día 11 de junio de 2021 respecto a la inhabilidad (…), la cual fue
finalmente resuelta por el Departamento de la Función Pública el día 22
de junio de 2021, en el que le advirtieron la no utilización de las licencias
por parte de su madre como alcaldesa de Tarqui, Huila como una
maniobra para burlar la prohibición constitucional y que tal proceder
infringiría el confianza legítima del electorado”4.
Adujo que, pese a la mencionada advertencia, la señora Trujillo Pava
solicitó varias licencias no remuneradas desde el 10 de noviembre de
2021 hasta días después de las elecciones al congreso.
Sostuvo que el congresista acusado es abogado por lo que tenía la
formación académica para conocer “la inhabilidad y la estrategia que
estaban haciendo para burlar al electorado, así como las consecuencias
de tal proceder”5.
1.3. Los fundamentos de derecho6
En lo atinente a los requisitos que deben estar reunidos para la
configuración de la inhabilidad, argumentó que está probado con el
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certificado de registro civil que la señora Dora Liliana Trujillo Pava es la
madre del congresista acusado y que está acreditado que funge como
alcaldesa del municipio de Tarqui, Huila, para el período 2020 – 2023.
Arguyó que los alcaldes ejercen autoridad civil de acuerdo con las
funciones enlistadas por el artículo 355 de la Constitución Política y que
también tienen autoridad política de conformidad con el artículo 84 de la
Ley 136 de 1994.
En relación con el elemento temporal de la inhabilidad, indicó que “el
período constitucional de alcalde incluye o abarca el período electoral para
las elecciones de congreso que formalmente inició con las inscripciones
de candidatos el día 13 de noviembre de 2021 y finalizó con el día de las
elecciones el día 13 de marzo de 2022”7; y respecto de la ausencia
temporal de la alcaldesa durante el período inhabilitante, expuso lo
siguiente8:
“[…] Es y fue de público conocimiento del electorado en la jurisdicción
de Huila y así lo reseñamos en el acápite de los hechos, por la diversa
información pública encontrada, que el señor representante electo con
muy buena anticipación por lo menos con más de 5 meses antes al día
de inscripciones de candidatos para las elecciones de congreso 2022,
ya sabía o había maquinado que su señora madre alcaldesa del
municipio de Tarqui, Huila se ausentaría del cargo mediante licencia no
remunerada justo antes de iniciar el período de las inscripciones de
candidatos al congreso 2022-2026 y hasta unos días después del día
en el que se llevarían a cabo la elecciones, es decir y curiosamente,
justo durante todo el período inhabilitante. Dicha maquinación por
parte del demandado para cuando era candidato, de que su madre
alcaldesa de Tarqui Huila, se ausentaría se prueba con la consulta
misma elevada el 11 de junio de 2021 al Consejo Nacional Electoral de
lo cual da fe el mismo concepto emitido el cual se anexa.
Pues tal como el candidato lo había anunciado con más de cinco (5)
meses de anticipación así efectivamente ocurrió, su señora madre
alcaldesa de Tarqui Huila solicitó licencia no remunerada a partir del
10 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021, tres días antes de
iniciar el período de inscripciones de candidatos para las elecciones de
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Solicitante: Gilberto Silva Ipus
congreso (13-11-2021) la cual fue concedida bajo el decreto 0328 de
2021 y claro como buenos estrategas, mucho antes de vencerse la
primera licencia, el día 06 de diciembre de 2021 solicitaron prorroga
de licencia para que rigiera a partir del 01 de enero al 15 de marzo de
2022, el cual fue concedida mediante decreto 0429 del 14 de diciembre
de 2021, con estás dos licencias más que suficientes para cubrir bajo
la ausencia temporal el período inhabilitante, es decir todo bien
calculadito, salió tal como lo había pronosticado con anticipación (5
meses) el representante electo para ese entonces como candidato.
(…)
Si observamos la segunda pregunta y sabiendo que dicho concepto fue
solicitado por el demandado el 11 de junio de 2021, cinco (5) meses,
antes de la inscripción de candidatos al congreso, a nadie le debe caber
duda que la solicitud no de una sino de varias licencias no remuneradas
por parte de su madre alcaldesa de Tarqui, Huila fue planeada con
anticipación y no fruto de algo fortuito o de fuerza mayor ante lo cual
escape a la voluntad humana y hasta se termine entendiendo la
eventualidad, pues observemos la expresión “…aún cuando la alcaldesa
se encuentre en licencia no remunerada …” o acaso ¿cómo sabía con 5
meses de anticipación el hijo candidato que su madre alcaldesa se iba
ausentar de su cargo justamente durante el período inhabilitante?, sino
era con toda certeza, solo con un objetivo, como maniobra o estrategia
para querer evadir, burlar, hacer inane e inútil o inaplicable la
prohibición constitucional contenida en el artículo 179-5, pese a la
advertencia que le hizo el departamento de la función pública en el
concepto emitido , conducta anti ética, reprochable en un aspirante a
un cargo de alta dignidad como es la de Congresista, (…) o de otra
forma cómo enviarle un buen ejemplo al ciudadano y concretamente
en este caso al electorado huilense en este hecho inhabilitante bastante
conocido por ellos y por la prensa incluso desde el año 2020 cuando se
empezó a conocer las intenciones del demandado de ser candidato a la
cámara (…), si precisamente el congresista se hace elegir utilizando
todas las argucias y maniobras posibles para hacer de la ley algo inútil
para lo que fue precisamente creada como forma de prohibir el
nepotismo y precisamente una norma puesta a la altura de una
prohibición superior contenida en nuestra Carta Magna, ¿qué clase de
Congresista vamos a esperar que sea? o ¿acaso vamos a legalizar el
nepotismo a través de las argucias jurídicas, de tal forma que dicha
prohibición superior quede del siguiente tenor?: “…..excepto si el
pariente funcionario se ausenta un ratico a través de licencias no
remuneradas o mejor bien craneadas” pues de ésta forma jocosa
incluso la prensa local titulo la licencias de la señora Alcaldesa (…) ,
eso sería burlarse del electorado, fomentar el irrespeto por la normas,
propiciar la cultura del vivo y el pillo y por ende dar al traste con la
credibilidad de la justicia y las instituciones […]”.
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Solicitante: Gilberto Silva Ipus
2. Contestación de la demanda por parte del representante a la
cámara Víctor Andrés Tovar Trujillo9
En la oportunidad procesal correspondiente, obrando por conducto de
apoderado, el congresista acusado contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones allí invocadas.
En lo atinente a los hechos en los que se fundamentó la solicitud de
pérdida de investidura, afirmó que la inscripción como candidato al
Congreso fue el 10 de diciembre de 2021, de acuerdo con el formulario
E-6 CT, y que sí es hijo de la señora Dora Liliana Trujillo Pava, quien
actualmente se desempeña como alcaldesa de Tarqui, Huila, para el
período constitucional 2020 -2023.
Alegó que, no obstante, entre el 10 de noviembre de 2021 y el 15 de
marzo de 2022 le fueron conferidas a la señora Trujillo Pava dos licencias
ordinarias ininterrumpidas, que impidieron que, durante ese período,
ostentara o tuviera la posibilidad de ejercer cualquier tipo de autoridad;
es decir, durante ese lapso la señora Trujillo Pava no fungió como
alcaldesa de Tarqui, Huila.
Acotó que, entre el 10 de noviembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022,
quien desempeñó el cargo de alcaldesa de Tarqui, Huila, y, por lo tanto,
tuvo y ejerció autoridad, fue Denis Carolina Méndez Parra, con ocasión
del encargo efectuado mediante el Decreto 061 de 9 de noviembre de
2021.
Precisó que, después de las elecciones de Congreso, a la señora Trujillo
Pava se le concedió licencia por enfermedad mediante Decreto 063 de
2022 y esta licencia se mantuvo entre el 21 y el 25 de marzo de 2022.
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Señaló que el congresista sí es abogado, pero no especialista en asuntos
electorales; y que, para determinar si se configuraba la inhabilidad
invocada, presentó varias consultas al CNE, que fueron resueltas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, así como a varios
abogados expertos en asuntos electorales, de modo que obró de buena
fe, de manera diligente y conforme a derecho.
En esa medida, expuso que la conducta del congresista acusado no fue
dolosa, ni gravemente culposa, “por el contrario, fue diligente y ajustada
a derecho pues realizó varias consultas (CNE y expertos en asuntos
electorales) con el fin de establecer si estaba inhabilitado para presentar
su candidatura a la Cámara de Representantes por el Departamento del
Huila. Al encontrar que las respuestas obtenidas fueron negativas, esto
es, que no estaba inhabilitado, inscribió́ su candidatura”10.
En relación con el elemento objetivo de la pérdida de investidura y los
requisitos que deben estar reunidos para la configuración de la
inhabilidad, indicó que existe parentesco en primer grado de
consanguinidad entre el congresista acusado y la alcaldesa del municipio
de Tarqui y que los alcaldes tienen asignadas funciones que implican el
ejercicio de autoridad civil y política; sin embargo, en atención a que,
durante el período inhabilitante, la alcaldesa estaba en licencia, no era
posible el ejercicio de autoridad durante ese lapso, por lo que no están
reunidos los elementos material (que el funcionario ejerza autoridad) y
temporal (período en el que se ejerció autoridad) del numeral quinto del
artículo 179 de la Constitución Política.
Lo anterior lo fundamentó en la sentencia del 11 de marzo de 2021
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación11 y señaló que,
durante una licencia ordinaria sin remuneración, el servidor público
10
Ibídem.
11
M.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio. Expediente nro. 54001 2333 000 2019 00354 01.
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conserva tal calidad, pero no puede desempeñar ninguna función, ni
tampoco la detenta; es decir, no tiene el ejercicio potencial de la función.
Frente al elemento subjetivo, manifestó que tampoco estaba configurado,
toda vez que solicitó varios conceptos antes de inscribirse como
candidato. Al efecto, indicó que el 10 de mayo de 2021, el abogado
constitucionalista Germán Calderón España emitió concepto ante la
petición del señor Tovar Trujillo, quien señaló que, si la alcaldesa no está
en el cargo de forma temporal, no puede ejercer autoridad sobre el
electorado.
Agregó que el 1 de junio de 2021 solicitó al CNE concepto sobre la
configuración de la inhabilidad y que, “mediante oficio CNE - AJ - 2021-
0615 de 10 de junio de 2021, el CNE informó al señor Tovar Trujillo que
su solicitud fue trasladada al Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP. El DAFP resolvió la consulta mediante concepto
20216000210271 de 22 de junio de 2021”12.
Acotó que, previo a la expedición del aval, también consultó a la dirección
jurídica del partido Cambio Radical y que, “luego de realizar el estudio
pertinente, el partido concluyó que no se reúnen los elemento de la
inhabilidad y, por ende, el 3 de diciembre de 2021 dicha organización
política otorgó el aval para que se inscribiera como candidato a la Cámara
de Representantes por el Departamento del Huila”13.
Indicó que, por solicitud del acusado, el 6 de diciembre de 2021, el
abogado y ex magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
Alberto Yepes Barreiro, emitió concepto en el que concluyó que, “de
conformidad con el precedente sentado por la Sección Quinta en el citado
caso de Villa del Rosario, no existía inhabilidad alguna para su elección
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Ibídem.
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como Representante a la Cámara, pues su señora madre se encontraba
en licencia ordinaria no remunerada”14.
Explicó que actuó con precaución, de buena fe y de manera diligente para
postularse como candidato a la cámara de representantes, pues los
conceptos debidamente sustentados de expertos en la materia guiaron su
comportamiento.
3.- La Procuradora Delegada con Funciones Mixtas para la
Conciliación Administrativa15 rindió concepto en el que expuso que, en
este caso, debe determinarse si, por estar en licencia no remunerada
durante el período inhabilitante, la señora Trujillo Pava no ejerció autoridad
civil o política y, por lo tanto, no está configurado el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura.
Sobre este punto, expuso que, de acuerdo con las sentencias del Consejo
de Estado del 31 de octubre de 199416, 16 de noviembre de 201117 y 10 de
julio de 201218, “las situaciones administrativas, como las licencias no
remuneradas no implican una interrupción en el ejercicio de autoridad civil
y/o política por parte de sus titulares”.
En lo atinente al elemento subjetivo, estimó que no estaba configurado, toda
vez que el congresista acusado, previo a inscribirse como candidato, solicitó
varios conceptos sobre la configuración de la inhabilidad, por lo que “obró
bajo la convicción que con la inscripción de su candidatura como candidato
a la Cámara de Representantes por el Departamento del Huila, no
14
Ibídem.
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 31 de octubre de 1994. C.P.: Armando Gutiérrez Velásquez.
17
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 16 de
noviembre de 2011. C.P.: María Elizabeth García González.
18
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 10 de
julio de 2012. C.P.: Olga Mélida Valle de la Hoz.
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configuraba la inhabilidad prevista en el artículo 179-5 de la Constitución
Política”.
Por consiguiente, solicitó negar la solicitud de pérdida de investidura por
cuanto, si bien está cumplido el elemento objetivo, no ocurre lo mismo con
el subjetivo.
4. Trámite procesal
4.1. La demanda fue enviada el 29 de junio de 2022 al correo electrónico
de la Secretaría General de esta Corporación y correspondió al consejero
de estado Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz por acta de reparto de la
misma fecha19.
4.2. Por auto del 1 de julio de 2022 se admitió y dispuso la notificación
personal del congresista acusado y del señor Agente del Ministerio
Público20.
4.3. En proveído del 19 de julio de 2022, el despacho conductor del
proceso resolvió21:
“[…] SEGUNDO: Incorpórense al expediente las pruebas
documentales allegadas con la demanda y su contestación, las cuales
se admiten como tales.
TERCERO: Decrétese la práctica del testimonio de Luis Mario
Hernández Vargas, solicitado por el congresista demandado, quien
deberá ser citado a través del correo electrónico suministrado en la
contestación de la demanda. Su práctica se realizará en audiencia
virtual que se llevará a cabo el día lunes 1º de agosto de 2022, a las
10:00 a.m., a través de la plataforma Lifesize. El congresista
demandado deberá procurar la comparecencia del testigo a la
audiencia virtual […]”.
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4.4. El 1 de agosto de 2022 se llevó a cabo audiencia de pruebas en la que
fue recibido el testimonio del señor Luis Mario Hernández Vargas22.
4.5. Por auto del 3 de agosto de 2022 se fijó fecha para celebrar audiencia
pública para el día 29 de agosto de 202223.
4.6. La audiencia pública se llevó a cabo en la fecha establecida con la
presencia de los señores consejeros Carmelo Perdomo Cuéter, Julio
Roberto Piza, Pedro Pablo Vanegas Gil, Oswaldo Giraldo López y Martín
Bermúdez Muñoz, quien la presidió, y asistieron la procuradora delegada
para la conciliación administrativa ante el Consejo de Estado, el solicitante,
el congresista y su apoderado.
Al iniciar la audiencia, el consejero Pedro Pablo Vanegas Gil manifestó
impedimento con fundamento en el numeral segundo del artículo 141 del
Código General del Proceso. El impedimento fue aceptado por decisión
mayoritaria de la Sala, con salvamento de voto del consejero Oswaldo
Giraldo López.
Los intervinientes manifestaron lo siguiente:
El solicitante de la pérdida de investidura, frente al elemento objetivo,
arguyó que estaba configurado porque, aunque a la señora Dora Liliana
Trujillo Pava le fueron concedidas varias licencias no remuneradas, ello no
transfería la titularidad del cargo de alcaldesa del municipio de Tarqui,
Huila. En lo atinente al elemento subjetivo, expuso que también se
cumplía, toda vez que el congresista acusado es abogado, de manera que
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estaba en la capacidad de comprender los elementos que configuraban la
inhabilidad.
La Procuradora Delegada con Funciones Mixtas para la Conciliación
Administrativa, en cuanto al elemento objetivo, manifestó que estaba
configurado porque, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, las licencias no remuneradas no implican una interrupción al
ejercicio de autoridad civil o política por parte de los titulares del cargo.
Frente al elemento subjetivo, señaló que no se cumplía, toda vez que el
congresista acusado solicitó conceptos jurídicos a varios expertos en la
materia quienes señalaron que no estaba incurso en la inhabilidad, razón
por la cual no había lugar a decretar la pérdida de investidura.
El apoderado del congresista acusado expuso que el elemento objetivo
no está cumplido, en la medida que la señora Dora Liliana Trujillo Pava,
madre del congresista acusado, pidió una licencia ordinaria no remunerada
con anterioridad a la fecha de inscripción de los candidatos al Congreso de
la República, por lo que dicha circunstancia impedía el ejercicio de
autoridad civil y política durante el término inhabilitarte; por lo tanto,
concluyó que no estaban reunidos los requisitos material y temporal del
elemento objetivo de la causal. Agregó que la licencia no remunerada
implica la separación temporal del cargo y la suspensión de los efectos
jurídicos de la relación laboral. Por ello, indicó que la licencia ordinaria sin
remuneración se opone al concepto de servicio activo, es decir, cuando se
ejercen las funciones del cargo.
En lo atinente al elemento subjetivo, indicó que el congresista acusado es
abogado, pero no especialista en derecho electoral, y que, antes de tomar
la decisión de inscribirse como candidato, consultó a varios profesionales
del derecho, al Consejo Nacional Electoral, que trasladó la petición al
Departamento Administrativo de la Función Pública, y al Partido Cambio
Radical, quienes conceptuaron que no estaba configurada la inhabilidad.
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4.7. Comoquiera que la ponencia presentada el 27 de septiembre de 2022
por el consejero a quien le correspondió el asunto por reparto, no obtuvo
la mayoría necesaria para ser aprobada, por auto del 7 de octubre de 2022
se ordenó remitir el expediente al consejero de Estado que seguía en
turno24. En cumplimiento de lo anterior, el expediente ingresó al despacho
del ponente de la presente decisión el 19 de octubre de 202225.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia
La Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado es
competente para conocer en primera instancia de la presente solicitud de
pérdida de investidura, con base en lo previsto por los artículos 184 y
237-5 de la Constitución Política, el artículo 2 de la Ley 1881 de 2018 y
el artículo 33 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, proferido por la
Sala Plena de esta Corporación.
2.- Procedibilidad de la acción
Está acreditado con el formulario E – 26 CAM que el señor Víctor Andrés
Tovar Trujillo fue elegido representante a la cámara por el departamento
del Huila para el período constitucional 2022 – 2026. Por consiguiente, el
convocado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de
investidura.
3. Hechos probados
En el proceso está probado lo siguiente:
24
Visto en el índice 43 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
25
Visto en el índice 48 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
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3.1. En el certificado de registro civil de nacimiento del señor Víctor
Andrés Tovar Trujillo consta que la señora Dora Liliana Trujillo Pava es la
madre26.
3.2. A través del formulario E – 26 ALC del 27 de octubre de 2019 se
acreditó que la señora Dora Liliana Trujillo Pava fue elegida alcaldesa del
municipio de Tarqui, Huila, para el período constitucional 2020 – 202327.
3.3. Por escrito radicado el 6 de octubre de 2021 y dirigido al gobernador
del departamento del Huila, la señora Dora Liliana Trujillo Pava solicitó le
fuera concedida “una licencia ordinaria no remunerada a partir del día 10
de noviembre de 2021, hasta el día 31 de diciembre de 2021. // Lo
anterior, lo fundo en motivos personales que me impiden estar dentro de
la jurisdicción del departamento del Huila durante el término señalado”28.
3.4. Mediante el Decreto 0328 del 13 de octubre de 202129 el gobernador
del departamento del Huila dispuso30:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Concédase licencia no remunerada, a la
señora DORA LILIANA TRUJILLO PAVA, Alcaldesa Municipal de Tarqui –
Huila, desde el 10 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021,
para los fines expuestos al inicio de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Por el término que la Alcaldesa Municipal de
Tarqui se encuentre en licencia no remunerada deberá encargar de las
funciones del despacho a uno(a) de sus secretarios(as), e informar al
gobernador del departamento para efectos del mantenimiento del
orden público […]”.
26
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
27
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
28
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
29
“Por el cual se concede una licencia no remunerada a la alcaldesa de Tarqui – Huila”.
30
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
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3.5. En el Decreto nro. 061 del 9 de noviembre de 202131, la alcaldesa
municipal de Tarqui, Huila, Dora Liliana Trujillo Pava resolvió32:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Encargar a la Secretaria General y de
Gobierno, DENIS CAROLINA MENDEZ PARRA (…) de las funciones de
Alcalde Municipal de Tarqui (H), desde el día 10 de noviembre de 2021
y, hasta, el 31 de diciembre de 2021. La funcionaria encargada deberá
cumplir sus funciones de conformidad con la integridad del
ordenamiento jurídico vigente.
PARÁGRAFO. En caso de prorroga o, de concederse una nueva
licencia, se entenderá automáticamente prorrogado el encargo hasta
tanto se reintegre la titular del cargo. (Inciso segundo, artículo 106 de
la Ley 136 de 1994) […]”.
3.6. El 3 de diciembre de 2021, la señora Dora Liliana Trujillo Pava solicitó
al gobernador del departamento del Huila le concediera “una licencia
ordinaria no remunerada a partir del día 1 de enero de 2022, inclusive;
hasta el día 15 de marzo de 2022, inclusive. // Lo anterior, lo fundo en
motivos personales que me impiden desarrollar las funciones de Alcalde
durante el término señalado”33.
3.7. El gobernador del departamento del Huila, en Decreto 0429 del 14
de diciembre de 202134, dispuso35:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Concédase licencia ordinaria a la doctora
DORA LILIANA TRUJILLO PAVA en calidad de Alcaldesa Municipal
de Tarqui – Huila, durante el período comprendido entre el 1 de enero
al 15 de marzo de 2022, para lo fines expuestos en la parte
considerativa de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Encargo: por el término que la Alcaldesa
Municipal de Tarqui se encuentre en licencia ordinaria deberá encargar
de las funciones del despacho a uno(a) de sus secretarios(as), e
informar al gobernador del departamento para efectos del
31
“Por medio del cual se realiza encargo de funciones de alcalde”.
32
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
33
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
34
“Por el cual se concede licencia ordinaria a la alcaldesa de Tarqui – Huila”.
35
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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mantenimiento del orden público […]”.
3.8. Por Decreto nro.063 del 16 de marzo de 202236, el gobernador del
departamento del Huila resolvió37:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Concédase licencia por enfermedad
remunerada en los términos de ley a la señora DORA LILIANA TRUJILLO
PAVA, alcaldesa Municipal de Tarqui – Huila (…) a partir del 15/03/202
(sic) hasta el 20/03/2022 conforme a la respectiva incapacidad médica
reportada por la E.P.S. MEDIMAS SAS -CONTRIBUTIVO- cotizante, la
misma deberá ser certificada por la EPS para lo pertinente.
ARTÍCULO SEGUNDO: Por el término que la alcaldesa municipal de
Tarqui – Huila se encuentre en la licencia antes concedida, deberá
encargar de las funciones del despacho a uno de sus secretarios e
informar al gobernador del departamento para efectos del
mantenimiento del orden público […]”.
3.9. Mediante Decreto nro. 075 del 22 de marzo de 2022, el gobernador
(E) del departamento del Huila previó38:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Concédase licencia por enfermedad en los
términos de ley, a la señora DORA LILIANA TRUJILLO PAVA, alcaldesa
Municipal de Tarqui – Huila (…) a partir de la fecha y hasta el 25 de
marzo de 2022, condicionada a que la parte interesada allegue en su
oportunidad la certificación de la EPS SANITAS S.A.S.
ARTÍCULO SEGUNDO: Por el término que la alcaldesa municipal de
Tarqui – Huila se encuentre en la licencia antes concedida, deberá
encargar de las funciones del despacho a uno de sus secretarios e
informar al gobernador del departamento para efectos del
mandamiento del orden público […]”.
3.10. A través del Decreto nro. 078 del 24 de marzo de 202239, el
gobernador del departamento del Huila estableció40:
“Por el cual se concede una licencia por enfermedad a la alcaldesa de Tarqui –
36
Huila”.
37
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
38
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
39
“Por el cual se aclara el Decreto 075 del 22 de marzo de 2022”.
40
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
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“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el art.1 del Decreto nro. 075 de
2022 en el sentido de precisar que, la licencia por enfermedad
concedida a la señora DORA LILIANA TRUJILLO PAVA, alcaldesa
municipal de Tarqui – Huila, es a partir del 21/03/2022 hasta el
25/03/2022, conforme lo indica el reporte de la misma, expedida por
la profesional de la medicina al servicio de la Clínica MEDILASER S.A.S
[…]”.
3.11. El 1 de agosto de 2022 se celebró la audiencia de pruebas en el
presente proceso, en la que se practicó el testimonio al señor Luis Mario
Hernández Vargas. Al efecto, el testigo informó lo siguiente41:
“[…] Luis Mario Hernández Vargas manifestó que es abogado,
especialista en derecho administrativo y que en la actualidad es el
director jurídico nacional del partido Cambio Radical.
A la pregunta del consejero de conocimiento “desde cuándo tiene el
cargo de director jurídico del partido cambio radical” contestó “desde
el 4 de julio de 2018”. Preguntado por lo que le consta sobre el proceso
de pérdida de investidura, señaló que “en el partido Cambio Radical
realizamos un proceso de inscripción de candidatos que inició al interior
del partido en la Resolución nro. 27 del 21 de septiembre de 2021, ese
proceso está debidamente reglado, donde abre una convocatoria
pública para que cualquier ciudadano que quiera postularse o cualquier
militante del partido que quiera postularse se inscriba para el proceso
de otorgamiento de avales por parte del partido. Ese proceso inicia con
una inscripción que realizan los ciudadanos, diligencian una solicitud
de aval, diligencia una declaración juramentada y una vez con esos
documentos el partido inicia un proceso de estudio de viabilidad para
otorgar el aval. Ese proceso arranca con la remisión pues de esa
solicitud de aval a la ventanilla única electoral, donde se revisan los
antecedentes en cancillería, procuraduría, fiscalía, policía nacional para
ver si la persona se encuentra o no inhabilitada. Posteriormente a eso,
el partido hace una revisión jurídica y ética. La revisión jurídica (sic) la
realiza el consejo de control ético junto al veedor del partido y la
revisión jurídica la realizo yo como director jurídico del partido. A su
turno, se permite que cualquier ciudadano dirija una oposición
ciudadana al correo establecido del consejo de control ético en caso
que considere que se le deba otorgar o no el aval al ciudadano que lo
está solicitando e igualmente hay una revisión por parte del comité
central del partido, que al igual que el veedor, tienen el derecho al veto
de esos avales. Cuál fue mi papel. Mi papel fue que en el momento de
hacer el estudio jurídico, revisé pues los documentos aportados por
cada uno de los ciudadanos para determinar si se encontraba su
viabilidad jurídica o no. A su vez, más adelante dentro del proceso
participé en representación del partido Cambio Radical en la solicitud
de revocatoria de la inscripción de la candidatura que se le hizo al
actual congresista del departamento del Huila. Esa fue mi participación,
41
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
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Magistrado”.
Preguntado por el consejero de conocimiento sobre quién hizo esa
solicitud y por qué razón, contestó “la realizó el señor Héctor Hernán
Sánchez Ortigosa, la presentó en el Consejo Nacional Electoral contra
la inscripción del doctor Víctor Andrés por las mismas razones que
estamos acá. Por la presunta comisión o estar incurso en una
inhabilidad establecida en el artículo 179 de la Constitución, numeral
quinto”. Preguntado por los hechos en los que se fundamentó la
solicitud de revocatoria, expuso que “es en los mismos hechos
planteados en atención a la posible … estar incurso en la inhabilidad
establecida en el numeral quinto del artículo 179 de la Constitución, en
el entendido que el representante a la cámara por el departamento del
Huila se inscribió como candidato y la alcaldesa del municipio de Tarqui
es su madre, la cual en el momento de la inscripción, se encontraba en
una licencia no remunerada”.
Preguntado por si “hubo alguna respuesta de ustedes frente a eso”,
explicó que “sí, como en cualquier proceso de solicitud de revocatoria
de la inscripción de candidaturas, el partido tiene que remitir una serie
de … como unos descargos dentro del proceso y participar en la
audiencia de alegatos de conclusión. Esa audiencia fue presidida en el
Consejo Nacional Electoral por el magistrado Pedro Felipe Gutiérrez
Sierra”.
Preguntado por cuál fue la opinión del partido frente a esa inhabilidad,
indicó que “no se encontraba inhabilitado, magistrado. Estuvimos
revisando, se hizo el estudio jurídico al momento en el que se hizo la
solicitud del aval, se estudió con detenimiento y se le solicitó los
soportes al doctor Víctor Andrés Tovar, donde se explicara pues por
qué no se encontraba inhabilitado. El partido recibió entre esos
documentos un concepto proferido por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, donde el propio Consejo Nacional Electoral le
consulta a la Función Pública la configuración o no de una posible
inhabilidad, a lo cual contesta la Función Pública que no se encontraba
inmerso en ningún tipo de inhabilidad. También allegó un escrito
publicado en el diario de La República el 29 de octubre de 2021
elaborado por el ex magistrado de la Sección Quinta el doctor Alberto
Yepes Barreiro donde se explican las razones con base en la sentencia
de Villa del Rosario por las cuales el doctor Víctor Andrés no se
encuentra inhabilitado y finalmente remitió un concepto de un abogado
especialista en el área, el doctor Germán Calderón España,
constitucionalista, del 7 de septiembre de 2020 donde también se
explican las razones por las cuales no se encuentra inhabilitado. Con
base a esto, se hizo la revisión del caso del doctor Víctor Andrés, se
revisó la sentencia de Villa del Rosario que contaba también con un
voto positivo por parte del Ministerio Público en ese entonces donde
dice que el doctor Víctor Andrés no se encuentra inhabilitado, con estos
elementos, se le dio la viabilidad jurídica y se ha hecho el proceso de
argumentación, tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el
presente caso”.
Preguntado por si “el representante a la cámara Víctor Andrés pidió a
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Cambio Radical un concepto aparte del anterior, o sea hizo una
consulta distinta de la que usted acaba de mencionar”, sostuvo que
“no, el partido no da conceptos, lo que hace el partido es el estudio
jurídico de acuerdo con la solicitud de aval que presenta cada uno de
los ciudadanos, en ese estudio jurídico, en caso de que haya dudas o
que haya algún tipo de revisión del tema se le solicita a cada uno de
los ciudadanos que aporte conceptos jurídicos, que aporte conceptos
de entidades oficiales donde sustente debidamente las razones de no
estar inmerso en una inhabilidad”.
A continuación, el apoderado del congresista acusado preguntó “en qué
fecha solicitó aval al partido Cambio Radical el doctor Víctor Andrés
Tovar Trujillo”, a lo que contestó que “la solicitud de aval la radicó el
17 de noviembre del año 2021”. Preguntado si “en esa solicitud el
doctor Víctor Andrés Tovar Trujillo puso de presente que su señora
madre era alcaldesa del municipio de Tarqui dentro del departamento
del Huila”, afirmó “sí señor, dentro de la solicitud de aval se hace una
serie de preguntas a los candidatos para evitar o para estudiar la
posible configuración o no de una inhabilidad. Dentro de esa solicitud
de aval hay un acápite que se denomina “personas cercanas en cargos
públicos”, dice lo siguiente: “las siguientes son las personas vinculadas
a mí por matrimonio o unión permanente, parentesco en cuarto grado
de consanguinidad, segundo afinidad o único civil que ejercen cargos
públicos de nivel local, departamental, diplomático, nacional o los han
ejercido en los últimos tres años. Nombre de la persona: Dora Liliana
Trujillo Pava. Parentesco: madre. Cargo que ocupa: alcaldesa del
municipio de Tarqui. Fecha: hasta el 10 de noviembre de 2021”. Eso
es lo que reposa en la solicitud de aval”. Preguntado por si “a esa
solicitud el doctor Víctor Andrés Tovar Trujillo anexó los documentos
que usted mencionó, es decir, el concepto del doctor Calderón España,
el concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública y una publicación en el diario La República del exmagistrado
Alberto Yepes”, el concejero de conocimiento indicó que “eso ya fue
respondido, pasemos a otra pregunta”.
[…]”.
4. Análisis del caso concreto
El solicitante estima que hay lugar a declarar la pérdida de investidura del
congresista acusado porque violó el régimen de inhabilidades por estar
incurso en la prevista por el numeral quinto del artículo 179 de la
Constitución. Frente al elemento objetivo señaló que sí se cumple porque
está probado que la señora Dora Liliana Trujillo es la madre del
congresista y alcaldesa del municipio de Tarqui, Huila, para el período
constitucional 2020 – 2023. Además, alegó que, aunque la referida
funcionaria solicitó licencias no remuneradas desde la fecha de inscripción
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de candidatos hasta el día de las elecciones al Congreso, por ello no deja
de ser la titular del cargo, de modo que ostenta autoridad civil y política.
Por último, frente al elemento subjetivo, afirmó que también se configura
porque el acusado es abogado, por lo que tenía capacidad para
comprender que estaba incurso en una inhabilidad.
A su turno, el congresista acusado adujo que no estaba cumplido el
elemento objetivo de la causal porque no se reúnen los requisitos material
y temporal de la inhabilidad, toda vez, que durante el período
inhabilitante, la alcaldesa estaba en licencia no remunerada, de manera
que no era posible el ejercicio de autoridad civil y política. En cuanto al
elemento subjetivo, señaló que tampoco se configura, puesto que, antes
de inscribirse como candidato, elevó varias consultas a abogados expertos
y al Consejo Nacional Electoral [que finalmente fue resuelta por el
Departamento Administrativo de la Función Pública] para determinar si la
inhabilidad se configuraba.
En consecuencia, corresponde a la sala: i) Determinar si la licencia no
remunerada que le es conferida durante el período inhabilitante a un
pariente en primer grado de consanguinidad del elegido congresista, que
ocupa cargo con autoridad civil y política, es relevante para efectos de
desvirtuar el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura. Si
la respuesta al interrogante anterior fuere negativa, ii) habrá de
determinarse si incurre en causal de pérdida de investidura por violación
al régimen de inhabilidades el representante a la cámara que tiene vínculo
de parentesco en el primer grado de consanguinidad con funcionario que
ostenta autoridad civil y política en uno de los municipios del
departamento por el que fue elegido, si de manera previa a inscribirse
como candidato consultó si estaba inhabilitado, como quiera que su
pariente estaba en licencia no remunerada durante el período
inhabilitante, y las respuestas que obtuvo fueron negativas.
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Para resolverlo, la sala examinará (i) la finalidad de la causal de pérdida
de investidura invocada; (ii) los requisitos para la configuración del
elemento objetivo de la causal y, de estar reunidos, estudiará (iii) el
elemento subjetivo.
4.1.- La finalidad de la causal de pérdida de investidura invocada
Se le atribuyó al accionado la causal prevista por el numeral 1 del artículo
183 de la Constitución Política, que dispone:
“[…] ARTICULO 183. Los congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o
del régimen de conflicto de intereses.
[…]”.
De conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, el régimen de
inhabilidades de los congresistas “está diseñado para satisfacer el interés
general de la comunidad y tiene por finalidad el respeto de los principios
que rigen dicha función, tales como la igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (art. 209 CP). En el caso
de los parlamentarios, la Corte Constitucional42 precisó que la rigurosidad
del régimen de inhabilidades y de las incompatibilidades contenidas en la
Constitución Política para quienes aspiran a ser congresistas, se sustentó
en el ánimo moralizante que inspiró al Constituyente para depurar el
máximo órgano de deliberación democrática del Estado y restituir su
legitimidad”43.
SU-625 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
42
43
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 13 de
abril de 2021. C.P.: Stella Jeannette Carbajal Basto. Expediente nro. 11001 0315 000
2020 03518 01 (PI).
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En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación se ha pronunciado
frente a la finalidad que persigue el régimen de inhabilidades44:
“[…] Pues bien, la función pública implica el desarrollo de distintas
actividades por parte de los servidores públicos dirigidas a cumplir con
sus funciones, los fines estatales y la satisfacción del interés general
de la sociedad. En virtud de ello, las actuaciones deben ejecutarse
atendiendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el artículo 209
constitucional45.
En procura de lo anterior, el ordenamiento jurídico exige, para quienes
pretendan ejercer la función pública, el cumplimiento de ciertos
requisitos y competencias comportamentales que garantizan un
desempeño con idoneidad y probidad, en beneficio del interés general
y sin atender intereses personales o privados46.
Esta exigencia se materializa, entre otras formas, con la consagración
de un régimen de inhabilidades47 que, en términos generales, han sido
definidas como48 “Restricciones fijadas por el constituyente o el
legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o
funciones públicas con el fin de rodear de condiciones de
transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad, el acceso a la
función pública” […]”.
La causal de pérdida de investidura fue invocada junto con el numeral
quinto del artículo 179 de la Constitución Política que establece:
“[…] ARTICULO 179. No podrán ser congresistas:
(…)
44
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de
octubre de 2020. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente nro. 11001 0315 000
2020 00061 01 (PI).
45
Sentencia C-631 de 1996, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
46
Se puede consultar la sentencia C-652 de 2003, magistrado ponente Marco Gerardo
Monroy Cabra.
47
Sentencia C-564 de 1997, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
48
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 5 de julio de 2007.
Radicación: 11001-03-06-000-2007-00046-00(1831). Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. El Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 28 de septiembre de 2017. Radicación:
73001-23-33-006-2016-00587-01 (PI). señaló: «Las inhabilidades corresponden a una
serie de circunstancias personales establecidas por la Constitución Política o la ley que
imposibilitan que un ciudadano sea nombrado en un empleo o elegido en un cargo de
elección popular, cuyo propósito es garantizar la prevalencia del interés general».
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5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de
parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o
único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.
(…)
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a
situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba
efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos
de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados
en estas disposiciones.
Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción
nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la
inhabilidad consignada en el numeral 5 […]”.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que la finalidad
perseguida por la precitada inhabilidad es evitar que los vínculos de
parentesco afecten los principios de igualdad, moralidad y transparencia
en los procesos electorales, así49:
“[…] 3.3 El Constituyente previó la inelegibilidad de quien tiene unos
específicos lazos familiares con el funcionario que ejerce autoridad
civil o política, en la misma circunscripción territorial donde se
efectúan las elecciones para ser Congresista, anticipando que tales
vínculos de parentesco, en la misma circunscripción electoral, pueden
afectar los principios de igualdad, moralidad y transparencia como
precondiciones de la democracia.
3.4 Tal inhabilidad se configuró porque el interés general democrático
exige salvaguardar el equilibrio de la contienda entre los candidatos,
la autonomía del electorado y evitar el nepotismo, pues de lo
contrario, se arriesga la democracia como valor, principio y fin
constitucional. También con ella se evita el nepotismo […]”.
En otra oportunidad, la Corporación explicó que “lo que pretende la
institución constitucional es impedir que la influencia sobre el electorado
proveniente del poder del Estado, se pueda utilizar en provecho propio
(art. 179.2) o en beneficio de los parientes o allegados (art.179.5), pues
49
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de
unificación del 29 de enero de 2019. C.P.: Rocío Araújo Oñate. Expediente nro. 11001
0328 000 2018 00031 00 (SU).
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23
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tal circunstancia empañaría el proceso político electoral, quebrantando la
igualdad de oportunidades de los candidatos”50.
En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado51:
“[…] De hecho, si para evitar el nepotismo y la colusión, se hace
necesario consagrar inhabilidades o incompatibilidades basadas en los
nexos familiares, la única forma de hacerlo es la de apartar en el caso
concreto a los miembros de una misma familia, de modo que a lo sumo
sólo uno de ellos pueda gozar de la oportunidad de que se trate. Aquí
no se está, en principio, frente a una acumulación de beneficios en
cabeza de un grupo familiar, sino ante el ejercicio del derecho de
participación de un ciudadano o persona singular. El sacrificio de los
restantes miembros de la familia, se ha podido justificar en esa precisa
situación, ya sea en la prevención de un serio peligro social o en la
clara y necesaria defensa del interés general.
Por lo demás, es común a la prohibiciones que se fundan en los nexos
familiares, implicar materialmente, para algunos miembros de una
misma familia, la imposibilidad de gozar de un derecho o posibilidad
de acción que, en otras condiciones, podían ejercer. Así, por ejemplo,
en las hipótesis de los numerales 5 y 6 del art. 179 - 5 y 6 de la C.P.,
se elimina la posibilidad de ser congresista para la persona
perteneciente a un grupo familiar en el cual uno de sus miembros
ejerza autoridad civil o política. También se podría aducir que el
miembro del grupo familiar que primero accede al servicio público,
impide que los restantes posteriormente puedan hacerlo. No obstante,
ésta no es la prohibición sino su consecuencia, y la misma se justifica
a la luz del precepto prohibitivo y de su finalidad, que no es otra que
la de evitar que el poder político se acumule en una misma familia. No
es posible perseguir este fin sin que ese efecto se produzca. El
Constituyente simplemente consideró que la promoción del interés
general justificaba con creces el sacrificio individual que llegare a
presentarse […]”.
De acuerdo con la anterior jurisprudencia, la finalidad que persigue la
inhabilidad prevista por el numeral quinto del artículo 179 de la
Constitución Política es impedir que el poder proveniente del Estado
50
Al respecto ver las sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 13 de junio de 2000. C.P.: Ana Margarita Olaya Forero.
Radicación nro. AC – 10252 y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 17 de julio de 2012. C.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez.
Radicación nro. 11001 0315 000 2011 00438 00 (PI).
51
Corte Constitucional. Sentencia C – 415 del 22 de septiembre de 1994. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
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influya sobre los electores para provecho o beneficio de los parientes o
allegados y así garantizar el principio de igualdad entre los candidatos;
asimismo, pretender evitar que el poder político se acumule en una misma
familia.
4.2. Los requisitos para la configuración del elemento objetivo de
la causal invocada
De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los requisitos que
deben reunirse de manera concurrente para la configuración de la
inhabilidad prevista por el numeral quinto del artículo 179 de la
Constitución Política son52:
(i) El vínculo por matrimonio o unión permanente, o parentesco hasta en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil entre el
congresista y quien ejerce autoridad civil o política.
(ii) Que el pariente tenga la calidad de funcionario público y ejerza u
ostente autoridad civil o política.
(iii) El elemento temporal, es decir, que el funcionario esté investido de
autoridad civil o política dentro del límite establecido por el ordenamiento
jurídico.
(iv) El elemento territorial, esto es, que las circunstancias o condiciones
inhabilitantes tengan lugar en la circunscripción territorial de la respectiva
elección.
52
Al respecto ver las siguientes sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de enero de 2019. C.P: Rocío Araújo
Oñate. Expediente nro. 11001 03 28 000 2018 00031 00 (SU). Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Décima Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura. Sentencia del 10 de agosto de 2020. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Expediente nro. 11001 0315 000 2020 00061 00 (PI). Consejo de Estado. Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de octubre de 2020. C.P.: Rafael
Francisco Suárez Vargas. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 00061 01 (PI).
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Examinados en el caso concreto, se tiene lo siguiente:
4.2.1. El vínculo por matrimonio o unión permanente, o
parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil entre el congresista y quien ejerce la
autoridad civil o política.
Las partes no debaten la configuración de este primer requisito y además
está probado en el expediente con el registro civil de nacimiento nro.
890707, así como con el certificado del registro civil de nacimiento nro.
5525760, que el señor Víctor Andrés Tovar Trujillo es hijo de la señora
Dora Liliana Trujillo Pava53, por lo que tienen vinculo de parentesco en el
primer grado de consanguinidad.
4.2.2. Que el pariente tenga la calidad de funcionario público y
ejerza, ostente autoridad civil o política.
Frente a este segundo elemento, se precisa que las partes no
controvierten que los alcaldes ejerzan autoridad civil y política. Con todo,
la Sala advierte que ello es así de conformidad con el artículo 18954 de la
Ley 136 de 199455 que señala de manera expresa que los alcaldes tienen
autoridad política. Además, la jurisprudencia de esta Corporación ha
indicado que las funciones asignadas en la Constitución y en la ley
53
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 03485 00.
54
“ARTÍCULO 189. Autoridad política. Es la que ejerce el alcalde como jefe del municipio.
Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento administrativo,
como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política.
Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos
señalados en este Artículo”.
55
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.
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implican ejercicio de autoridad civil en los términos señalados por el
artículo 188 de la Ley 136 de 199456.
Dicho lo anterior, se advierte que el apoderado del congresista acusado
alegó que este segundo requisito no estaba cumplido, dado que, si bien
los alcaldes desempeñan autoridad civil y política, en este caso, la
alcaldesa de Tarqui, Huila, solicitó licencia no remunerada entre el 10 de
noviembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022, por lo que no era posible
el ejercicio de autoridad durante ese período; y agregó que, luego de las
elecciones para Congreso, la alcaldesa solicitó licencia por enfermedad.
Por su parte, el solicitante sostuvo que, aunque la alcaldesa estuvo en
licencia no remunerada, sigue siendo la titular del cargo, de manera que
este elemento sí está cumplido.
El apoderado del congresista acusado sustenta su argumentación en la
sentencia proferida el 11 de marzo de 2021 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado57 en la que fueron denegadas las pretensiones del
medio de control de nulidad electoral. La Sala observa que, en dicha
oportunidad, fue demandado el acto de elección del alcalde de Villa del
Rosario, Norte de Santander, con fundamento en que el alcalde tenía
vinculo de unión marital de hecho con la comisaria de familia del mismo
municipio, quien había ejercido autoridad civil y administrativa dentro de
los doce meses anteriores a la fecha de elección, por lo que el acusado
había incurrido en la inhabilidad prevista en el numeral cuarto del artículo
3758 de la Ley 617 del 2000. Por su parte, el demandado alegó que la
56
Al respecto ver Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 17 de julio de 2012. C.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Expediente nro.
11001 0315 000 2011 00438 00 (PI).
57
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 11 de marzo de 2021. C.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio. Expediente nro. 54001
2333 000 2019 00354 01.
58
“ARTÍCULO 37.- Inhabilidades para ser alcalde. El Artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
quedará así:
“ARTÍCULO 95.- Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni
elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
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comisaria de familia estaba en licencia no remunerada por lo que estuvo
separada del cargo sin ejercer funciones. Para resolver sobre este punto,
la Sección Quinta consideró
“[…] La Sala encuentra que, para abordar el estudio de este reparo,
es necesario hacer un análisis sobre los efectos que tiene la licencia
ordinaria no remunerada que solicitó la señora Rodríguez Pinilla al
cargo de comisaria de Familia del municipio de Villa del Rosario, Norte
de Santander.
En primer término, se tiene que el periodo inhabilitante en este caso
comprende el lapso entre el 27 de octubre de 2018 al 27 de octubre
de 2019.
Ahora, desde el 23 de octubre de 2018 hasta el 20 de mayo de 2019,
la señora Rodríguez Pinilla estuvo en licencia ordinaria no remunerada,
de acuerdo con lo que se encontró probado en el proceso en primera
instancia, con excepción de un solo día: el 31 de marzo de 2019, que
correspondió a un domingo, pues la prórroga de la licencia se la
concedieron a partir del 1 de abril de 2019.
El artículo el artículo (sic) 2.2.5.2.2. del Decreto 1083 de 2015
establece los eventos en que se genera una vacancia temporal en los
empleos públicos así:
“Artículo 2.2.5.2.2 Vacancia temporal. El empleo queda vacante
temporalmente cuando su titular se encuentre en una de las siguientes
situaciones:
(…)
2. Licencia (…)”.
De lo anterior es claro que la licencia es una situación administrativa
laboral que genera vacancia temporal del empleo público. Para la
provisión de dichas vacancias temporales, el mismo decreto establece
lo siguiente (…):
De modo que, la vacancia temporal supone que el cargo carece de
titular que desempeñe las funciones atribuidas al empleo, por lo que
(…)
4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil,
política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del
mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos,
tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”.
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debe ser provisto, según la naturaleza del cargo, mediante la figura
del encargo o el nombramiento en provisionalidad.
En tales condiciones, le asiste razón al impugnador en este caso que
no hay duda de que la entonces comisaria de familia, compañera
permanente del demandado, se apartó de su cargo durante el período
inhabilitante mediante las licencias ordinarias no remuneradas que
originaron la vacancia y que pasadas estas, presentó su renuncia el
17 de mayo de 2019, la cual fue aceptada el 20 de mayo siguiente.
De modo que, por esa circunstancia el cargo vacante debía ser suplido,
lo cual ocurrió efectivamente mediante un nombramiento en
provisionalidad. En consecuencia, es claro que dos personas no
pueden ser titulares del mismo cargo y tener la potencialidad de
ejercer sus funciones con la autoridad que ello envuelve.
Es decir, tal y como lo advierte el Ministerio Público, la señora Martha
Rodríguez Pinilla no podía desempeñar funciones como comisaria de
Familia de Villa del Rosario mientras estaba en licencia, ni desde el
punto de vista real y efectivo (materialización de la función), ni desde
el ejercicio potencial (detentar la función) por cuanto el cargo lo
detentaba en ese momento la persona que fue designada en
provisionalidad para suplir la vacante.
En otras palabras, dado que la señora Martha Elide Rodríguez Pinilla
estaba en licencia, no podía cumplir ninguna de las funciones que le
corresponden al comisario de Familia, ni tampoco tenía la posibilidad
de hacerlo mientras la licencia estuviera vigente. Comoquiera que el
tiempo de la licencia tiene restricciones de acuerdo con el artículo
2.2.5.5.5. del Decreto 1083 de 2015, se debió prorrogar en varias
oportunidades en las cuales no hubo solución de continuidad hasta la
renuncia, así: del 23 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2018,
que posteriormente se le amplió del 1 de enero hasta el 30 de marzo
de 2019 y fue renovada desde el 1 de abril hasta el 30 de mayo de
2019. Finalmente, la señora Rodríguez Pinilla presentó su renuncia el
17 de mayo de 2019, la cual fue aceptada mediante Decreto 093 del
20 de mayo de 2019, a partir del 21 de mayo de ese mismo año.
(…)
De manera que, para que la autoridad civil o administrativa del
pariente del candidato tenga la virtualidad de impactar al electorado -
supuesto establecido en la norma que establece la inhabilidad- se
requiere que esté en titularidad del cargo susceptible de la injerencia.
De no ser así, como sucede en este caso, no tiene la potencialidad de
afectar los resultados electorales y mucho menos de configurarse la
causal inhabilitante.
Cabe aclarar que la comprensión del asunto en los términos anotados
no desconoce el precedente de esta Sala de decisión, en el entendido
que el ejercicio de autoridad, para la configuración de este tipo de
inhabilidad, no se requiere que el funcionario haya materializado la
función que se cataloga como manifestación de autoridad civil o
administrativa, sino que basta con que detente la función, esto es,
que tenga la potencialidad de ejercerla. Se insiste, la señora Rodríguez
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Pinilla no detentaba el cargo mientras estuvo en licencia, pues no es
posible que dos personas lo hagan al mismo tiempo, si se tiene en
cuenta que, en el empleo de comisario de familia de Villa del Rosario,
Norte de Santander, fue nombrada una persona en provisionalidad
durante el término del periodo inhabilitante […]”.
A partir de lo anterior, la Sala estima que la precitada decisión no
constituye un precedente para resolver el presente asunto, por las
razones que pasan a explicarse:
La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha definido como
precedente judicial “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo”59. Al respecto, estableció como
criterios para concluir cuando se está ante un precedente, los siguientes:
“i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una
regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y
iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente”60 .
Bajo tales parámetros, un precedente se configura cuando la sentencia
pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y
fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos
mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados e iguales
fundamentos en derecho.
De contera, para que una providencia constituya precedente es necesario
que sea idéntica en el objeto y causa del asunto examinado,
entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la
causa los hechos en que se apoya dicha pretensión y los fundamentos
59
Corte Constitucional. Sentencias T – 088 de 2018, T - 499 de 2017, T – 292 de 2006
y Auto 397 de 2014.
60
Corte Constitucional. Sentencias T – 088 de 2018 y SU – 053 de 2015.
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normativos de la misma; en ese sentido, no será precedente la sentencia
que difiera en cualquiera de los aspectos indicados.
Resulta pertinente destacar que el deber de respeto o sometimiento a los
precedentes judiciales no es absoluto, ya que una comprensión excesiva
del deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los principios
de autonomía e independencia que tienen los administradores de justicia
al momento de fallar los casos concretos.
Por lo ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que
el juez puede apartarse válidamente de los precedentes, bien sean estos
verticales u horizontales, siempre y cuando se justifiquen de manera clara
y precisa las razones para ello. A este respecto, dicha Corporación precisó
que resulta válido que las autoridades judiciales, merced a la autonomía
que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse
del precedente; pero aclaró que, en cualquier caso, esa opción
argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer
explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor
sobre la materia objeto de escrutinio judicial – requisito de transparencia-
, y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se
ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores
constitucionales –requisito de suficiencia-61 .
Así las cosas, la sentencia del 11 de marzo de 2021 proferida por la
Sección Quinta de la Corporación, que fue invocada por la parte accionada
para desvirtuar la configuración de este requisito, no constituye un
precedente para resolver este asunto, dado que no guarda identidad
fáctica ni jurídica. Al efecto, en cuanto al objeto de los procesos, se
observa que en la precitada providencia fue formulada la acción de nulidad
electoral, mientras que, en este caso, se trata de la acción de pérdida de
investidura; en esa medida, la pretensión del primer expediente estaba
encaminada a que fuese declarada la nulidad del acto de elección de un
61
Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.
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alcalde y lo aquí debatido concierne a si hay lugar o no a declarar la
pérdida de investidura de un congresista.
Adicionalmente, los fundamentos jurídicos tampoco son idénticos, toda
vez que, en la sentencia del 11 de marzo de 2021, la solicitud de nulidad
del acto de elección se fundamentó en la violación del régimen de
inhabilidades de los alcaldes; específicamente, el numeral cuarto del
artículo 37 de la Ley 617 de 2000; y en este evento, se solicita la pérdida
de investidura de un congresista por violación al régimen de inhabilidades,
esto es, el numeral primero del artículo 183 de la Constitución, por incurrir
en la inhabilidad prevista en el numeral quinto del artículo 179 ibídem, de
modo que el sustento legal de uno y otro caso difieren.
Una vez precisado que la mencionada decisión no constituye un
precedente para resolver este caso, se advierte que, en sentencia del 17
de julio de 201262, la Sala Plena del Consejo de Estado conoció sobre la
pérdida de investidura de un representante a la cámara por el
departamento del Magdalena que fue elegido para el período
constitucional 2010 – 2014 con fundamento en la causal prevista por el
numeral primero del artículo 183 de la Constitución, esto es, por violación
del régimen de inhabilidades, en concordancia con el numeral quinto del
artículo 179 ibidem. Los hechos en los que se sustentó la solicitud se
circunscribían a que el hermano del congresista era alcalde del municipio
de Pijiño del Carmen, Magdalena, para la fecha en la que se produjo la
elección, por lo que, de acuerdo con la parte actora, ejerció autoridad civil
y política en el departamento del Magdalena. A su turno, el congresista
acusado alegó que, para el 14 de marzo de 2010 (fecha de las elecciones),
el alcalde municipal estaba en licencia no remunerada.
En la referida sentencia, la Sala Plena del Consejo de Estado decretó la
desinvestidura del congresista y, en cuanto al ejercicio de autoridad civil
62
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y política frente a los funcionarios que están en licencia no remunerada,
explicó:
“[…] De otra parte, el señor Issa Eljadue Gutiérrez como argumento
para su defensa, pone de presente que el 14 de marzo de 2010, fecha
en la cual se realizaron las elecciones, el señor Antonio Eljadue
Gutiérrez, hermano del Congresista acusado se encontraba en
“licencia no remunerada” que fue concedida por Decreto 055 de marzo
de 2003 (fs. 115 y 120 cd inicial y cd 2).
Al respecto, es pertinente recordar que el artículo 106 de la Ley 136
de 199463, señala que si la falta es temporal, con excepción de la
suspensión, el Alcalde mantiene las facultades que la Constitución y
la Ley le otorgan.
El Alcalde que pide licencia no remunerada por un tiempo, conserva
las facultades o competencias que el ordenamiento jurídico le asigna,
e incluso tiene la potestad de encargar al funcionario que habrá de
sucederlo, como en efecto lo hizo, al nombrar a una persona de su
despacho (doctor Julio César Pérez Cantillo). Sin embargo, después el
Gobernador designó un Alcalde ad-hoc que tampoco lo separaba de
su cargo como si se tratara de una falta absoluta.
Por tanto, para la Sala el argumento que pretende justificar la
inhabilidad del Congresista no prospera, ya que se encuentra probado
el ejercicio de autoridad civil, política y administrativa de su hermano
Antonio Eljadue Gutiérrez […]”.
De lo anterior se desprende que la precitada providencia resolvió un
asunto similar al aquí debatido en torno a la configuración del elemento
objetivo de la causal, en la medida que -) el objeto en uno y otro proceso
es la declaratoria de pérdida de investidura; -) los fundamentos jurídicos
son idénticos, toda vez que en los dos expedientes fue invocada como
causal de desinvestidura el numeral primero del artículo 183 de la
Constitución Política, en concordancia con el numeral quinto del artículo
179 ibidem y, por último, -) existe similitud en los hechos, por cuanto en
los dos asuntos se alega que los representantes a la cámara no podían
63
Dice el artículo: “Si la falta fuere temporal, excepto la suspensión, el alcalde encargará
de sus funciones a uno de los secretarios o quien haga sus veces. Si no pudiere hacerlo,
el Secretario de Gobierno o único del lugar asumirá las funciones mientras el titular se
reintegra o encarga a uno de sus secretarios.
El alcalde designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el
programa del Alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria del
voto programático”. (Modificado Acto legislativo 2 de 2002 art 3°)
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inscribirse como candidatos, debido a que sus parientes, hasta el tercer
grado de consanguinidad, se desempeñaban como alcaldes en alguno de
los municipios del departamento en el que resultaron elegidos; además,
como argumento de defensa fue expuesto que los alcaldes no habían
ejercido autoridad civil y política porque estaban en licencia no
remunerada.
Esta Sala Especial de Decisión comparte el criterio expuesto en la
sentencia del 17 de julio de 2012 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, en el sentido que está configurada la inhabilidad para
inscribirse como candidato a la cámara de representantes respecto de
quien tenga el vínculo de parentesco establecido por la Constitución con
un funcionario que ejerza autoridad civil y política en el respectivo
departamento, aunque haya solicitado una licencia no remunerada.
Lo anterior, dado que, en la precitada sentencia, se explicó que, de
acuerdo con el artículo 106 de la Ley 136 de 1994, en los casos de falta
temporal, como la solicitud de una licencia no remunerada64, los alcaldes
conservan las facultades y competencias que el ordenamiento jurídico les
asigna, en la medida que continúan como titulares del cargo; además, el
alcalde tiene la potestad de nombrar a un funcionario en encargo durante
el período de la licencia, quien deberá adelantar su gestión de acuerdo
con el programa del alcalde elegido por voto popular.
64
De acuerdo con el artículo 99 de la Ley 136 de 1994 las licencias son faltas temporales
del alcalde, así:
“Artículo 99. Faltas temporales. Son faltas temporales del alcalde:
a) Las vacaciones;
b) Los permisos para separarse del cargo;
c) Las licencias;
d) La incapacidad física transitoria;
e) La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso
disciplinario, fiscal o penal;
f) La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la Jurisdicción Contencioso
Administrativa;
g) La ausencia forzada e involuntaria”.
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En concordancia con lo anotado, la jurisprudencia de esta Corporación ha
sido consistente en señalar que el ejercicio de autoridad civil y política a
que se refiere el numeral quinto del artículo 179 de la Constitución se
configura por el hecho de tener atribuida las funciones o facultades que
denotan tal autoridad, así65:
“[…] Ejercicio de la autoridad civil o política
A juicio de la Sala Plena, debe precisarse el alcance de la voz activa
que rige la conducta atinente a la autoridad civil o política, derivada
del verbo “ejercer”, que, como ya se dijo, se conjugó en presente bajo
la forma verbal “ejerzan”. Dicho verbo se define como “1. Practicar los
actos propios de un oficio, facultad o profesión. 2. Hacer uso de un
derecho, capacidad o virtud. 3. Realizar sobre alguien o algo una
acción, influjo, etc. 4. Poner en práctica formas de comportamiento
atribuidas a una determinada condición.”66.
Si se buscara definir esa expresión por su sentido natural y obvio,
habría que decir que alberga posiciones activas o el desarrollo de
conductas efectivamente ejecutadas. Sin embargo, en el contexto
democrático de propender por el equilibrio y la igualdad de
oportunidades frente a las prerrogativas que otorga el poder del
Estado por parte de todos los candidatos que participan en el acceso
a los cargos de elección popular por voto ciudadano y, además, en
procura de la plena realización de los derechos y garantías
constitucionalmente establecidas para el ejercicio de este derecho
fundamental, la noción “ejercer” adquiere una connotación de
potencialidad pues su sentido es preventivo y no necesariamente de
resultado.
En efecto, la salvaguarda del principio de igualdad, necesario para la
realización de un certamen electoral, no sería plena si se entendiera
que la comentada inhabilidad se configura únicamente cuando se le
prueba al respectivo pariente o allegado, que efectivamente ejerció la
autoridad civil o política que su investidura le otorga, ya que la
experiencia ha demostrado que el influjo sobre la libre elección de
votar por uno u otro candidato, incluso de no ejercer el derecho al
sufragio, puede verse afectada por el solo hecho de tener atribuida la
función que implica capacidad. Así, incluso, no asumir algunas
decisiones puede tener injerencia directa en las preferencias de los
electores.
Esta forma de comprender dicha inhabilidad por ejercicio de autoridad
ha sido acogida en el Consejo de Estado, tanto en la Sala de Consulta
y Servicio Civil, como en la Sala Plena y desde luego en la Sección
Quinta. Así, la Sala que tiene a cargo la función consultiva de esta
65
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de
febrero de 2012. C.P.: Susana Buitrago Valencia. Expediente nro. 11001 0328 000 2010
00063 00 (IJ).
66
Diccionario de la Real Academia Española.
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Corporación ha dicho que el ejercicio de autoridad se determina
objetivamente, en razón de las funciones asignadas al cargo, motivo
por el cual “No es necesario, entonces, que el funcionario haya
ejercido materialmente su autoridad, [pues] basta con tenerla en
razón de las funciones asignadas.”67.
Por su parte, la Sala Plena ha considerado que la autoridad se
manifiesta en la potestad de dirección o mando que un funcionario
ostenta frente a los ciudadanos, “lo que se refleja en la posibilidad -
no necesariamente en el ejercicio efectivo- de impartir órdenes,
instrucciones o de adoptar medidas coercitivas, bien de carácter
general o particular, de obligatorio acatamiento para éstos.”68.
Y la Sección Quinta también ha prohijado esa idea en el sentido de
considerar que “…desde una perspectiva hermenéutica finalística y
sistemática como la enunciada es evidente que para que un empleado
influya a los potenciales electores con la autoridad de que dispone no
es condición necesaria que ejerza materialmente las funciones que
tiene asignadas;…”69 […]”.
En ese orden de análisis, se tiene que el ejercicio de autoridad civil y
política se configura en razón de las funciones constitucional y legalmente
atribuidas al cargo y, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena
de esta Corporación, el titular del cargo conserva las facultades y
competencias que el ordenamiento jurídico le asigna durante el período
de licencia no remunerada, de donde se desprende que el alcalde elegido
por voto popular que esté en licencia no remunerada sigue ostentando la
autoridad civil y política que le es propia a la naturaleza del cargo.
67 Concepto No. 110010306000200700046-00 (1831) del 5 de julio de 2007. Actor:
Ministerio del Interior y de Justicia.
68
Sentencia del 11 de febrero de 2008. Expediente: 110010315000200700287-00 (PI).
Actor: Fernando Ojeda Orejarena. Demandado: Iván Díaz Matéus.
69
Sentencia del 14 de julio de 2005. Expediente: 170012331000200301538-01 (3681).
Actor: Procurador Regional de Caldas. Demandado Alcalde del municipio de Viterbo.
También pueden consultarse, de la Sección Quinta, el fallo del 11 de junio de 2009 (Exp.
200012331000200700225-02) y la sentencia de la misma fecha, proferida en el proceso
electoral 680012315000200700677-02, de Joaquín Alberto Neira Rondón, contra
Diputado a la Asamblea de Santander, en la que se afirmó:
“Pues bien, con esto se quiere significar que si bien el criterio orgánico no permite
configurar la causal de inhabilidad en estudio cuando se ha anulado el acto de
designación o de elección del pariente o allegado del demandado, porque se ha borrado
del mundo jurídico ese referente por virtud de la nulidad declarada, por parte del criterio
funcional sí es posible hacerlo, ya que la causal de inhabilidad se basa en el ejercicio de
autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento, lo que
bien puede darse por establecido con la mera titularidad de las funciones inherentes al
cargo respectivo, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sección, no es
menester demostrar el ejercicio de tales competencias, sino que la persona las tuvo”.
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Un entendimiento contrario de la inhabilidad señalada por el numeral
quinto del artículo 179 de la Constitución, esto es, que el pariente del
representante a la cámara que ejerce autoridad civil y política en razón
de las funciones atribuidas, deja de ostentarla por el tiempo en el que
disfruta de una licencia no remunerada, desconocería la finalidad para la
que fue establecida la citada inhabilidad, que, como se indicó, es evitar
que el poder político se acumule en una misma familia y garantizar el
principio de igualdad en los procesos electorales, precisamente porque
esta clase de inhabilidades fueron previstas para prevenir desequilibrios
en la contienda electoral.
A lo dicho cabe agregar que las inhabilidades tienen una naturaleza
restrictiva y se establecieron en favor del elector, ya que, como se dijo en
precedencia, están diseñadas para satisfacer el interés general y proteger
los principios que inspiran la función pública, tales como, la igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad70; ello
es así porque el cumplimiento de ciertos requisitos, como no incurrir en
las inhabilidades, garantizan el desempeño de los servidores públicos con
idoneidad y probidad en beneficio del interés general y sin atender
intereses privados.
Por consiguiente, la confianza de la ciudadanía es defraudada cuando se
trata de dos servidores elegidos popularmente y el primero de ellos se
aparta del cargo a través de una licencia no remunerada, designando su
encargado, mientras el segundo inscribe su candidatura y llega a ser
elegido, dado que los servidores electos popularmente son representantes
de la comunidad y, en consecuencia, el ejercicio del poder que les ha sido
atribuido debe hacerse conforme al interés general y de manera
transparente; por lo que cualquier actuación por fuera de los límites que
la sociedad ha acordado en la Constitución conlleva un fraude a la
confianza de los ciudadanos, que eligen a sus representantes con el
70
Artículo 209 Constitución Política.
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propósito de beneficiar y proteger a la colectividad y no para valerse del
poder en beneficio propio o de sus parientes.
Por el último, es pertinente mencionar como antecedente71 jurisprudencial
para este caso que, incluso en el examen del medio de control de nulidad
electoral de los representantes a la cámara cuando se solicita con
fundamento en el numeral quinto del artículo 179 de la Constitución, la
Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que, en el período en el
que el pariente del candidato está en licencia no remunerada, se ejerce
autoridad civil y política; de donde se desprende que la providencia de la
Sección Quinta que invoca el apoderado del congresista acusado, esto es,
71
Al respecto, pude verse la sentencia T – 102 del 25 de febrero de 2014 de la Corte
Constitucional en la que se explicó la diferente entre precedente y antecedente, así: “[…]
La Sala considera necesario examinar la diferencia entre los conceptos de antecedente
y precedente. 3.6.3. El antecedente se refiere a una decisión de una controversia
anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g.
conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver
el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo
que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y
(b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los
principios de transparencia e igualdad.
Esta noción fue esbozada en la sentencia T-292 de 2006, en la que la Corte, ante la
pregunta de “¿debe entenderse por precedente cualquier antecedente que se haya fijado
en la materia, con anterioridad al caso en estudio?”, indicó: “La respuesta a esta
inquietud es negativa por varias razones. La primera, es que no todo lo que dice una
sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como se ha visto (vgr. la
ratio es diferente al obiter dicta). La segunda, es que aunque se identifique
adecuadamente la ratio decidendi de una sentencia, resulta perentorio establecer para
su aplicabilidad, tanto en las sentencias de constitucionalidad como en las de tutela, qué
es aquello que controla la sentencia, o sea cual es el contenido específico de la ratio. En
otras palabras, si aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema jurídico en
estudio o no”. 3.6.4. Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia
o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en
su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también
para solucionar el nuevo caso. (…) 3.6.5. Esta Corporación ha diferenciado entre dos
clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es el que
profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas
por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se
relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de
unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así,
para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado,
como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no
son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales
los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales
inferiores. 3.6.6. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador
sino obligatorio […]”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03485-00
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la proferida el 11 de marzo de 2021, constituye un pronunciamiento
aislado en la materia, habida cuenta que la Sala Plena ha sostenido una
tesis contraria, se insiste, en el medio de control de nulidad electoral.
Al efecto, en la sentencia del 20 de febrero de 2012, proferida por la Sala
Plena de la Corporación por importancia jurídica72, fue demandado el acto
de elección de un representante a la cámara por el departamento del
Magdalena por haber incurrido en la inhabilidad prevista en el numeral
quinto del artículo 179 de la Constitución porque su hermano era alcalde
de un municipio de dicho departamento. El acusado señaló que el alcalde
municipal no ejerció autoridad porque estaba en licencia no remunerada;
frente a este punto el Consejo de Estado consideró:
“[…] En cuanto a la incidencia que en la señalada postura
jurisprudencial pueda tener la licencia no remunerada, concedida al
doctor Antonio Eljadue Gutiérrez como alcalde del municipio Pijiño del
Carmen, “…por el termino (sic) de Diez (10) días desde el cuatro (4)
hasta el diecisiete (17) de Marzo de 2010, inclusive”, es preciso
recordar que en el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 se regula la
forma de proveer las vacancias del alcalde, norma en la cual se
distingue si la falta se produce por voluntad del burgomaestre, o si
por el contrario no obedece a una decisión del titular del cargo. Se
dice allí que si “…la falta es absoluta o suspensión…”, la designación
del reemplazo correrá por cuenta del Presidente de la República si se
trata del Distrito Capital, y a cargo de los gobernadores con relación
a los demás municipios; en cambio, si la falta es temporal, con
excepción de la suspensión que ya está comprendida en la situación
anterior, “…el alcalde encargará de sus funciones a uno de los
secretarios o quien haga sus veces. Si no pudiere hacerlo, el
Secretario de Gobierno o único del lugar asumirá las funciones
mientras el titular se reintegra o encarga a uno de sus secretarios…”,
encargo que en todo caso impone al designado el deber de adelantar
su gestión conforme al programa de gobierno del alcalde elegido por
voto popular. La norma anterior se entiende cambiada en los términos
de los artículos 303 y 314 de la Constitución, modificados en su orden
por los artículos 1 y 3 del Acto Legislativo 02 de 2002, cuyo contenido
no viene al caso comentar, pese a que era necesario señalar su
existencia.
Ahora bien, de las normas anteriores se desprende que ante la
existencia de una falta absoluta el alcalde queda completamente
desprovisto de la posibilidad de tomar cualquier decisión frente a la
72
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de
febrero de 2012. C.P.: Susana Buitrago Valencia. Expediente nro. 11001 0328 000 2010
00099 00 (IJ).
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administración, obviamente por haber perdido esa calidad. A contrario
sensu, en las faltas temporales, salvo las relativas a la suspensión, el
alcalde conserva las facultades o competencias que el ordenamiento
jurídico le asigna, en atención a que teniendo la potestad de encargar
al funcionario que habrá de sucederlo, de igual manera puede
removerlo para reasumir de lleno sus funciones, incluso en la hipótesis
de que por alguna razón no pueda él hacer el encargo, sino que por
ello deba asumir sus funciones el secretario de gobierno, una vez
supere ese impedimento bien puede encargar a uno de sus
secretarios.
Lo dicho permite afirmar, pese a su obviedad, que ante la falta
absoluta del alcalde ya ninguna atribución podrá ejercer frente a la
administración local; y que, en cambio, por regla general las faltas
temporales le conservan al alcalde sus competencias constitucionales
y legales, así encargue a otro funcionario de la administración local,
de lo cual se exceptúan las suspensiones, en las que la separación del
cargo es por decisión de otra autoridad y por causas que hacen
imperioso impedir que el alcalde siga ejerciendo cualquier forma de
autoridad.
Eso fue ciertamente lo que ocurrió en el sub lite, puesto que a la
concesión de la licencia no remunerada al doctor Antonio Eljadue
Gutiérrez como alcalde de Pijiño del Carmen, por medio del Decreto
nro. 055 del 3 de marzo de 2010 expedido por el gobernador del
Magdalena, le siguió la designación de un alcalde encargado,
designado precisamente por el titular a través del Decreto nro. 029
del 4 de marzo de 2010, nombramiento que recayó en el doctor Julio
César Pérez Cantillo.
Así las cosas, ni la designación de alcalde ad-hoc con el Decreto nro.
068 del 11 de marzo de 2010, ni la concesión de licencia no
remunerada al alcalde titular del municipio Pijiño del Carmen con el
Decreto nro. 055 del 3 de los mismos mes y año, impidieron que el
doctor Antonio Eljadue Gutiérrez ostentara -que no ejerciera- las
funciones propias del alcalde; en la primera situación, porque el
alcalde ad-hoc solamente se ocupó de las funciones electorales de cara
al certamen electoral del 14 de marzo de 2010, y en la segunda
situación, porque la licencia otorgada y la designación de alcalde
encargado, no privó al titular del cargo de la potencialidad de ejercer
las funciones inherentes a la dignidad de alcalde. Es decir, que estas
situaciones administrativas no tienen ninguna incidencia en la posición
jurisprudencial de esta Corporación, según la cual la configuración de
la inhabilidad estudiada no requiere del ejercicio efectivo de la
autoridad, pues basta con que se ostenten […]”.
En otra oportunidad, la Sala Plena del Consejo de Estado conoció por
importancia jurídica de la acción de nulidad electoral interpuesta contra
el acto de elección de una representante a la cámara por el departamento
del Magdalena por estar incursa en la mencionada inhabilidad; lo anterior,
con fundamento en que el esposo de la congresista era alcalde del
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municipio de Tenerife (Magdalena). Por su parte, la acusada alegó que,
entre el 24 de febrero y el 24 de marzo de 2010, el alcalde no estaba en
ejercicio de sus funciones porque se encontraba en una licencia no
remunerada. Frente a este argumento de defensa, en la sentencia del 10
de julio de 2012, la Corporación expuso lo siguiente73:
“[…] Dicho lo anterior, y atendiendo a la circunstancia del presente
caso, en el cual el Alcalde estaba gozando de una licencia no
remunerada en virtud del Decreto 045 del 23 de febrero de 2010 “por
medio del cual se concede una licencia no remunerada al Alcalde del
Municipio de Tenerife, Magdalena”, desde el 24 de febrero de 2010
hasta el 24 de marzo del mismo año.
Es necesario analizar este presupuesto concatenado con el primero de
los aquí expuestos, por cuanto la demandada consideró que por el
hecho que su cónyuge no estuviera ejerciendo como Alcalde el día de
las elecciones se debía entender que la causal no se configuraba.
En el presente caso, es necesario tener presente que la designación
de un Alcalde Ad hoc, no implica que el titular se desprenda de manera
definitiva de su condición, por cuanto éste en cualquier momento
puede reasumir las mismas.
En conclusión, en aquellos eventos de designación de alcaldes ad hoc,
el titular sigue ostentando la calidad de tal, y tiene la posibilidad de
ejercer en cualquier momento autoridad civil o política en el municipio,
lo que implicaría una potencialidad en la vulneración del principio de
igualdad electoral74.
(…)
La licencia solicitada por el señor Enoc Adolfo Guzmán del Portillo para
ausentarse del ejercicio del cargo como alcalde del municipio de
Tenerife, permite inferir una maniobra tendiente a burlar la prohibición
constitucional, con lo cual, la alegada confianza legitima, dicho sea de
paso, de manera extemporánea, pierde por completo cualquier
soporte fáctico.
De tal forma, se afirma que el tercer presupuesto exigido para la
configuración de la causal de inhabilidad se cumple en el presente caso
[…]”.
73
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 10 de
julio de 2012. C.P.: Olga Melida Valle de la Hoz. Expediente nro. 11001 0328 000 2010
00098 00 (IJ).
74
Ver sentencia del 20 de febrero 2012, MP Dra. Susana Buitrago Valencia, Exp. 2010-
0009-00.
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Conforme con lo anotado, la Sala concluye que este segundo requisito
está cumplido, toda vez que, acorde con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, el alcalde que está en licencia no remunerada continúa como
titular del cargo, por lo que conserva las facultades y atribuciones
señaladas en la ley, de donde se desprende que ostenta autoridad civil y
política.
4.2.3. El elemento temporal, es decir, que el funcionario esté
investido de autoridad civil o política dentro del límite establecido
por el ordenamiento jurídico.
Respecto del elemento temporal de la inhabilidad prevista por el numeral
quinto del artículo 179 de la Constitución, la Sala Plena de esta
Corporación, en procesos de pérdida de investidura, ha señalado lo
siguiente:
“[…] 2.6.1.5. Del factor temporal
La causal de inhabilidad dispuesta en el numeral 5.º del artículo 179
de la Constitución Política, en su literalidad no establece una condición
relativa al tiempo o momento durante el cual opera, como si ocurre
con otras causales que señalan, por ejemplo, que no podrán ser
congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época por
sentencia judicial; o quienes hubieren ejercido, como empleados
públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o
militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la
elección; o quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante
entidades públicas (…) dentro de los seis meses anteriores a la
fecha de la elección.
Así las cosas, en atención a que respecto de la causal referida la
Constitución Política no establece un límite temporal, en reciente
jurisprudencia de la Sala Plena, se unificó la tesis relacionada con que
«se debe privilegiar una interpretación del numeral 5 del artículo 179
de la Carta Política que se ajuste al propósito regulatorio de las
inhabilidades y produzca efectos jurídicos en atención a la mayor
garantía de los principios y valores democráticos protegidos por la
Constitución, y ello se logra bajo el entendimiento de que la
inhabilidad se configura si el pariente del candidato o del
elegido ejerce autoridad en el lapso comprendido entre la
inscripción de la candidatura al cargo de elección popular y la
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fecha de la elección del candidato, inclusive»75. […]”. [Negrillas
en la providencia]
En este caso, el apoderado del congresista acusado aduce que este
requisito no está cumplido por cuanto durante el período inhabilitante la
alcaldesa estaba en licencia no remunerada, por lo que no tenía la
posibilidad de ejercer autoridad civil y política.
Al respecto, se observa que la parte actora adjuntó con la solicitud de
pérdida de investidura la Resolución nro. 2098 del 12 de marzo de 2021,
“por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de Congreso
de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022”, en la que se
observa que el 13 de noviembre de 2021 inició el período de inscripción
de candidatos y finalizó el 13 de diciembre de 2021; por último, se tiene
que el 13 de marzo de 2022 fueron celebradas las elecciones para el
Congreso de la República.
A su vez, está acreditado que -) mediante Decreto 0328 del 13 de octubre
de 2021 el gobernador del departamento del Huila concedió licencia no
remunerada a la alcaldesa de Tarqui desde el 10 de noviembre hasta el
31 de diciembre de 2021; luego, -) por Decreto 0429 del 14 de diciembre
de 2021 fue nuevamente concedida una licencia no remunerada entre el
1 de enero y el 15 de marzo de 2022; por último, -) a la alcaldesa le
fueron concedidas dos licencias remuneradas por enfermedad entre el 15
de marzo y el 20 de marzo de 2022, y desde el 21 de marzo hasta el 25
de marzo de 2022.
Del anterior recuento probatorio se desprende que, durante el período
que daba lugar a la inhabilidad, la señora Dora Liliana Trujillo Pava,
alcaldesa de Tarqui, Huila, se encontraba en licencia no remunerada; sin
embargo, por las razones explicadas en el precitado requisito, dicha
circunstancia no implica que no detentara autoridad civil y política,
75
Sentencia de la Sala Plena de lo contencioso administrativo de 29 de enero de 2019,
radicación No. 11001032800020180003100, consejera ponente: Rocío Araújo Oñate.
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comoquiera que conservó las facultades que el ordenamiento jurídico le
asignó por ser la titular del cargo. En consecuencia, este requisito también
está cumplido.
4.2.4. El elemento territorial, esto es, que las circunstancias o
condiciones inhabilitantes tengan lugar en la circunscripción
territorial de la respectiva elección.
En lo atinente a este último requisito, la Sala Plena del Consejo de Estado
ha explicado76:
“[…] En síntesis, la Sala reitera la regla consistente en que en virtud
de lo dispuesto en el ordinal 5.º del artículo 179 de la Constitución
Política, todo aspirante a la Cámara de Representantes se encuentra
inhabilitado para postularse y ser elegido como tal si tiene vínculos
por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado
de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, ya sea con
personas que ejerzan autoridad civil o política en una entidad del
orden departamental por el cual se surte la elección, o con aquellas
que ejerzan esta misma autoridad en una entidad del orden municipal,
siempre y cuando este último haga parte del departamento por el cual
aspira a ser congresista […]”.
La configuración de este requisito no es cuestionada por las partes y está
acreditado que el señor Víctor Andrés Tovar Trujillo fue elegido
representante a la cámara por el departamento del Huila y que su madre,
la señora Dora Liliana Trujillo Pava, fue elegida alcaldesa para el período
constitucional 2020 – 2023 en el municipio de Tarqui, que hace parte del
departamento del Huila; de manera que también está cumplido el
elemento territorial de la inhabilidad invocada.
En conclusión, la Sala considera que, por estar reunidos todos los
requisitos para la configuración de la inhabilidad prevista por el numeral
quinto del artículo 179 de la Constitución, el elemento objetivo de la
pérdida de investidura está acreditado; por consiguiente, será examinado
76
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de
mayo de 2018. C.P.: William Hernández Gómez. Expediente nro. 11001 0315 000 2015
00110 00 (REVPI).
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el elemento subjetivo con el fin de determinar si hay lugar o no a decretar
la pérdida de investidura.
4.3. Elemento subjetivo
El artículo cuarto de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019 modificó
el artículo primero de la Ley 1881 de 201877 y estableció que el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetiva y que la acción se ejercerá contra los congresistas que con su
conducta dolosa o gravemente culposa hubieran incurrido en una de las
causales de pérdida de investidura previstas en la Constitución.
En esa medida, el principio de culpabilidad conlleva a que se adelante un
juicio de reproche sobre la conducta del acusado78 con el fin de determinar
si incurrió en la causal de pérdida con dolo o culpa grave. El primer
concepto atañe a la intención positiva de realizar la conducta que lesiona
el interés jurídico protegido; entretanto, el segundo está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
El apoderado del congresista acusado aduce que el elemento subjetivo no
está configurado dado que, antes de inscribir la candidatura como
representante a la cámara, solicitó conceptos al CNE y a varios abogados
especialistas en la materia en relación con la configuración de la
inhabilidad, y como las respuestas fueron negativas, decidió inscribirse
como candidato.
Para el efecto allegó con la contestación de la solicitud de pérdida de
investidura las siguientes pruebas documentales79:
77
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.
78
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado.
79
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(i) El escrito del 10 de junio de 2021 suscrito por el Asesor Jurídico y de
Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral en el que indicó al señor
Víctor Andrés Tovar Trujillo que “mediante oficio CNE - AJ – 2021 – 0614
del día de hoy (adjunto copia), se le dio traslado de su consulta al
Departamento Administrativo de la Función Pública”80.
Asimismo, anexó la respuesta dada el 22 de junio de 2021 por el Director
Jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública al señor
Tovar Trujillo frente a la consulta que el congresista había radicado. En el
referido concepto se lee81:
“[…] En atención a la comunicación de la referencia remitida a este
Departamento Administrativo por parte del Consejo Nacional
Electoral, mediante la cual consulta:
“¿Puede un ciudadano aspirar a la Cámara de Representantes de un
departamento en el que su señora madre desempeña el cargo de
alcaldesa de un municipio de ese mismo departamento, coincidiendo
los periodos constitucionales?
¿Puede un ciudadano aspirar a la Cámara de Representantes de un
departamento en el que su señora madre desempeña el cargo de
alcaldesa de un municipio de ese mismo departamento, coincidiendo
los periodos constitucionales, aún cuando la alcaldesa se encuentre en
licencia no remunerada, entre la fecha de inscripción de la candidatura
a la Cámara de Representantes de su hijo y la fecha de su eventual
elección?”, me permito manifestar lo siguiente:
(…)
En consecuencia, esta Dirección Jurídica concluye que, en la situación
planteada en su consulta, se configuraría la inhabilidad prevista en el
numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política y de la Ley 5 de
1992, si al momento de la inscripción del candidato a la Cámara de
Representante y hasta la fecha de su elección, inclusive, su madre
está ejerciendo como alcalde, en los términos que se han dejado
señalados en este concepto pues estaría ejerciendo autoridad civil,
política y dirección administrativa.
80
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Por otro lado, señala en su consulta, segunda inquietud, que, durante
el lapso comprendido entre la inscripción de la candidatura al cargo
de elección popular y la fecha de la elección del candidato (factor
temporal) posiblemente su pariente que ejerce autoridad civil,
administrativa y política se encontrará en licencia no remunerada.
(…)
Así las cosas, esta Dirección Jurídica considera entonces que, un
empleado que tiene a cargo el ejercicio de funciones de mando,
facultad decisoria y dirección de asuntos propios de la función
administrativa, al encontrarse en el uso de una licencia, se separa
temporalmente del ejercicio de su cargo, y por ende no ejerce estas
funciones, es decir, no ejerce las funciones que denotan autoridad, no
puede estando en licencia no remunerada ejercer autoridad civil,
política y dirección administrativa.
En consecuencia, y para responder el objeto de consulta, el hijo de
una Alcaldesa estará́ inhabilitado para aspirar a ser Representante a
la Cámara por el departamento en el cual su pariente ejerce autoridad
civil o política, en los términos del numeral 5 del artículo 179 de la
Constitución Política y del numeral 5 de la Ley 5 de 1992, si al
momento de la inscripción del candidato y hasta la fecha de su
elección, inclusive, su madre está ejerciendo como alcalde ejerciendo
autoridad civil, política y dirección administrativa.
No obstante, si durante el periodo inhabilitante, el pariente que ejerce
autoridad se encuentra en el uso de una licencia, en criterio de esta
Dirección Jurídica, no pesará sobre el candidato la inhabilidad
señalada en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política y
del numeral 5 de la Ley 5 de 1992, toda vez que durante la licencia,
el empleado se separa transitoriamente del ejercicio de su cargo,
durante el tiempo que subsista la misma, no ejercerá́ las funciones
propias del empleo y por ende, no estará ejerciendo ninguna clase de
autoridad.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que el uso de la licencia no
remunerada por parte de la alcaldesa precisamente en el periodo
inhabilitante, no debe configurarse como una maniobra tendiente a
burlar la prohibición constitucional y legal, pues se vería infringida la
confianza legítima que busca proteger la intención del electorado […]”.
(ii) También obra el concepto rendido por el abogado Germán Calderón
España el 10 de mayo de 2021 y dirigido al señor Víctor Andrés Tovar
Trujillo en el que expuso82:
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“[…] 6. De la alternativa jurídica viable para no incurrir en la
inhabilidad en estudio:
De lo anterior, constatados todos los elementos que en la situación
fáctica planteada para el primer problema se dieron, surge un segundo
problema jurídico a resolver, como alternativa para superar la
inhabilidad en cuestión:
¿Puede un ciudadano aspirar a la Cámara de Representantes de un
departamento en el que su señora madre desempeña el cargo de
alcaldesa de un municipio de ese mismo departamento, coincidiendo
los períodos constitucionales, aun cuando la alcaldesa se encuentre en
licencia no remunerada, entre la fecha de inscripción de la candidatura
a la Cámara de Representantes de su hijo y la fecha de su eventual
elección?
(…)
8. Conclusión.
Si su señora madre ejerce el derecho de solicitar una licencia no
remunerada mientras usted se encuentra en campana política, esto
es, desde antes de la fecha de inscripción como candidato hasta
después de ser, eventualmente, elegido, no se configuraría la
inhabilidad en cuestión por cuanto su señora madre no ostentaría
ninguna autoridad civil, política, militar, administrativa, etc. […]”.
(iii) Igualmente obra el concepto rendido el 6 de diciembre de 2021 por
el Exconsejero de Estado, Alberto Yepes Barreiro, dirigido al señor Víctor
Andrés Tovar, en el que se señaló83:
“[…] En mi criterio, la sentencia dictada en el caso del alcalde de Villa
del Rosario, es el precedente vigente a partir del cual se impone
concluir que, dado que la señora Trujillo Pava está disfrutando de una
licencia ordinaria y mientras se mantenga en dicha situación durante
el período inhabilitante, no ejerce ni detenta autoridad civil o política.
Ni siquiera potencialmente.
Y, por ser el precedente vigente, ampara y cobija las situaciones
posteriores, entre ellas, la aspiración a la Cámara de Representantes
por el Huila para el periodo 2022-2026 por parte de Víctor Andrés
Tovar Trujillo, pues ya bastante se ha indicado por parte de la misma
jurisprudencia, que basta solamente un pronunciamiento que
contenga una regla clara de interpretación y que provenga de la Alta
Corte, para que ésta se constituya en precedente obligatorio. De ahí'
83
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se deriva la confianza legítima en favor de quien se postule con el
pleno y fundado convencimiento de que es la regla aplicable.
En ese orden, se debe recordar que el elemento temporal cubre el
lapso comprendido entre la inscripción de la candidatura y la fecha de
la elección. De modo que habrá que tener en cuenta si la solicitud de
una segunda licencia elevada el 3 de diciembre de 2021 por la señora
Trujillo Pava, le es conferida o no y hasta que fecha.
Se insiste, si el período de la licencia ordinaria cubre el período
inhabilitante, se concluye que no hay ejercicio de autoridad civil o
política, ni siquiera potencialmente, por parte de Dora Liliana Trujillo
Pava como Alcaldesa de Tarqui, de modo que no se configuraría la
inhabilidad del numeral 5 del artículo 179 de la Carta Política de 1991
[…]”.
De lo anterior se desprende que el congresista acusado consultó si incurría
en la inhabilidad del numeral quinto del artículo 179 de la Constitución
mientras su pariente se encontraba en licencia no remunerada durante el
período inhabilitante y, en los conceptos rendidos, se observa que la
respuesta dada fue que no se configuraba la inhabilidad.
Cabe agregar que las consultas elevadas por el congresista fueron
expresas y precisas frente a la configuración de la inhabilidad y respecto
de los hechos que ahora se le endilgan en esta pérdida de investidura; las
consultas fueron rendidas por el Departamento Administrativo de la
Función Pública y por abogados expertos en asuntos electorales; por
último, los conceptos fueron sustentados de manera razonable, por lo que
se concluye que la asesoría solicitada por el congresista fue idónea.
Igualmente, está acreditado con el formulario E – 684 CT que el
congresista acusado se inscribió como candidato a la cámara de
representantes el 10 de diciembre de 2021, es decir, que los conceptos
fueron rendidos de manera previa a la fecha en la que se inscribió.
84
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Además de los conceptos que fueron solicitados por el congresista, cabe
destacar por la Sala que el acusado expuso que su actuación estuvo
fundamentada en la sentencia proferida el 11 de marzo de 2021 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado85, de conformidad con la cual
cuando un servidor se encuentra en licencia no remunerada no ostenta
autoridad civil y política. Como quedó visto en el acápite precedente, si
bien se trata de un único pronunciamiento en ese sentido, tiene la
potencialidad de enervar la configuración del elemento subjetivo de la
causal.
Por lo expuesto, la Sala considera que la conducta del congresista acusado
está justificada en la buena fe calificada y, en esa medida, no está
configurado el elemento subjetivo, por las razones que pasan a
explicarse:
Aunque, al tenor del artículo noveno del Código Civil, la ignorancia de la
ley no sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos
en los cuales sí se configura una razón que puede justificar la conducta
prohibida, porque implican que el accionado actúa con buena fe calificada
y en presencia de un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces
han interpretado la disposición de una manera y luego modifican su
criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii)
cuando la persona se asesora de un profesional idóneo y éste le aconseja
mal, ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que
se discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura,
dado que, si ésta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de
solicitar un concepto.
Valga indicar que no basta para exonerarse de la sanción de pérdida de
investidura argumentar la buena fe simple, pues quien aspira a ser elegido
a un cargo de elección popular está en la obligación de conocer y
85
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 11 de marzo de 2021. C.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio. Expediente nro. 54001
2333 000 2019 00354 01.
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asesorarse adecuadamente de los deberes que el cargo le impone, cuáles
son las causales de inhabilidad, incompatibilidad y de conflicto de
intereses, más cuando se trata de verificar que no se incurra en conductas
que tienen como consecuencia la nulidad de la elección, o la pérdida de
investidura.
En esa medida, comoquiera que la culpabilidad – elemento subjetivo de
la pérdida de investidura - consiste en efectuar un juicio de reproche sobre
la conducta del implicado, no niega la Sala que ella puede justificarse
cuando el implicado actúa con el convencimiento de que su conducta es
ajustada al ordenamiento jurídico, o, mejor aún, con la falta de
consciencia sobre la antijuridicidad de la conducta. Pero esa falta de
conciencia supone que el implicado ha incurrido en ella por error
invencible, es decir, aquél que es común a muchos y del cual no es posible
sustraerse, ya que, al tenor del artículo noveno del Código Civil, la
ignorancia de la ley no sirve de excusa. Ella es la razón por la cual se
exige que, para acreditar esta falta de conciencia, el actor no alegue
simplemente que obró de buena fe, sino que debe acreditar que obró de
buena fe calificada, motivado por un error invencible, en la medida en que
actuó de conformidad con la jurisprudencia que estaba vigente para la
época, o que se asesoró adecuadamente de abogados idóneos, no
obstante lo cual incurrió en la conducta reprochable. Dicho de otra
manera, el acusado en el juicio de pérdida de investidura tiene la carga
de probar que no tenía consciencia de que su comportamiento era
contrario a derecho porque estaba amparado en la buena fe calificada
producto de un error invencible.
Así las cosas, la Sala negará la solicitud de pérdida de investidura del
representante a la cámara Víctor Andrés Tovar Trujillo dado que, si bien
incurrió objetivamente en la causal de desinvestidura, su conducta está
justificada en la buena fe calificada, toda vez que antes de inscribirse
como candidato consultó frente a la configuración de la inhabilidad y las
respuestas que obtuvo fueron negativas, así como también fundamentó
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su actuación en la sentencia del 11 de marzo de 2021 proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación86, de modo que actuó con el
convencimiento de que su conducta estaba ajustada al ordenamiento
jurídico.
Jurisprudencia anunciada
Esta Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura anuncia
jurisprudencia en el sentido de precisar que en lo sucesivo habrá lugar a
la pérdida de investidura si se incurre en los hechos aquí analizados. Es
decir, que el representante a la cámara está inhabilitado para inscribirse
como candidato cuando un familiar que ejerce autoridad civil y política se
encuentra en licencia no remunerada, por lo que no constituye un
eximente de responsabilidad subjetiva el hecho de que el representante
a la cámara, antes de inscribirse, haya consultado o pedido una asesoría
idónea sobre la configuración de la inhabilidad prevista por el numeral
quinto del artículo 179 de la Constitución Política cuando un pariente en
los grados establecidos en la precitada disposición ejerce autoridad civil y
política dentro de la circunscripción por la que resultó elegido, pero se
aparta del cargo entre el período de inscripción y elección, solicitando una
licencia no remunerada.
Lo anterior, habida cuenta que, para estos eventos, los elementos
objetivos que dan lugar a la causal ya han sido establecidos por la
jurisprudencia a través de la presente providencia, siguiendo el
precedente fijado por la Sala Plena de la Corporación en la sentencia del
17 de julio de 201287, y, por lo tanto, un concepto o asesoría en el sentido
contrario a la jurisprudencia no podría amparar la conducta del acusado
en la buena fe calificada motivada por un error invencible.
86
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 11 de marzo de 2021. C.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio. Expediente nro. 54001
2333 000 2019 00354 01.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del
87
17 de julio de 2012. C.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Expediente nro. 11001
0315 000 2011 00438 00 (PI).
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El criterio expuesto en precedencia tendrá aplicación hacia el futuro y para
los hechos que acaezcan con posterioridad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Séptima Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Negar la pérdida de investidura del Representante a la
Cámara VÍCTOR ANDRÉS TOVAR TRUJILLO, elegido para el período
constitucional 2022-2026, según las razones explicadas en la parte
motiva de esta decisión judicial.
SEGUNDO: Ejecutoriada la sentencia, COMUNÍQUESE a la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral
y al Ministerio del Interior para lo de su cargo, de conformidad con el
artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.
TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación,
con fundamento en lo previsto por el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018,
el cual deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Séptima Especial
de Decisión de Pérdida de Investidura, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Presidente
Salva voto
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Solicitante: Gilberto Silva Ipus
Con firma electrónica Con firma electrónica
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Magistrado Magistrado
Con firma electrónica
MILTON CHAVES GARCÍA
Magistrado
Aclara voto
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