Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04602-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04602-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04602-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
12 de octubre de 2023
Demandante: Ronal Andrés Villalba Diossa
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04602-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04602-00
Demandante: RONAL ANDRÉS VILLALBA DIOSSA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Temas: Tutela contra providencia judicial que negó el reconocimiento
de una asignación de retiro - Niega defecto sustantivo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Se resuelve la solicitud de amparo formulada por el señor Ronal Andrés Villalba
Diossa contra el Tribunal Administrativo del Tolima de conformidad con los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Ronal Andrés Villalba Diossa, a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al «DEBIDO PROCESO, AL MÍNIMO VITAL,
LA VIDA DIGNA, A LA IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA».
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Tribunal
Administrativo del Tolima, con ocasión de la providencia de 18 de mayo de 2023,
mediante la cual se revocó la decisión de 28 de noviembre de 2022, dictada por el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, que accedió a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional2 -CASUR-; expediente que se identificó con el radicado
73001-33-33-009-2021-00067-00/01.
1
Radicada el 25 de agosto de 2023, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del
Consejo de Estado.
2
Con el cual perseguía el reconocimiento de una asignación de retiro.
1
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Demandante: Ronal Andrés Villalba Diossa
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERA: Se amparen los derechos constitucionales fundamentales, al
DEBIDO PROCESO, AL MÍNIMO VITAL, LA VIDA DIGNA, A LA IGUALDAD
y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, que fueron y están siendo
vulnerados con ocasión de la Sentencia de Segunda Instancia del 18 de mayo
de 2023, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA – SALA
DE ORALIDAD – MAGISTRADO PONENTE LUIS EDUARDO COLLAZOS
OLAYA, dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – CAJA DE SUELDOS
DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL “CASUR”, radicada con el No.
73001-33-33-009-2021- 00067-01; al revocar la decisión de primera instancia
proferida por el Juzgado noveno (9) Administrativo del circuito judicial de
Ibagué de fecha 28 de noviembre de 2022, que había accedido a las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDA: En consecuencia, se deje sin valor y efecto la Sentencia de
Segunda Instancia del 18 de mayo de 2023, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA – SALA DE ORALIDAD – MAGISTRADO
PONENTE LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, dentro de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
POLICIA NACIONAL “CASUR”, radicada con el No. 73001-33-33-009-2021-
00067-01; disponiendo una nueva decisión amparando los derechos
fundamentales invocados.
TERCERO: Que se emita la orden para que en un término de 30 días el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA – SALA DE ORALIDAD –
MAGISTRADO PONENTE LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, dentro de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NACIÓN
– MINISTERIO DE DEFENSA – CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
POLICIA NACIONAL “CASUR”, radicada con el No. 73001-33-33-009-2021-
00067-01; dicte nueva sentencia conforme a la normativa aplicable al caso.
CUARTA. Sírvase emitir cualquier otra orden adicional que considere
necesaria para la protección de los derechos fundamentales de mi cliente.3
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela se establecen los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El actor inició su carrera en la Policía Nacional como alumno del Nivel Ejecutivo el
6 de septiembre de 2004 en la escuela de policía Gabriel González del municipio de
El Espinal (Tolima); luego de superado el curso de formación, ingresó al escalafón
del Nivel Ejecutivo de la institución siendo nombrado como patrullero a partir del 1º
de septiembre de 2005.
Por medio de la Resolución 00354 del 31 de enero de 2020, fue retirado del servicio
por voluntad de la Dirección General, momento en el cual prestaba sus servicios en
3
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
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Demandante: Ronal Andrés Villalba Diossa
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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la Unidad Básica de Investigación Criminal DIASE adscrito al Departamento de
Policía Tolima, con sede en la ciudad de Ibagué.
El accionante elevó petición ante la CASUR en procura de obtener el
reconocimiento de la asignación de retiro, lo cual le fue resuelto de forma
desfavorable por medio del oficio 202121000023961 del 24 de febrero de 2021, bajo
el argumento de que no contaba con el tiempo de servicios mínimo para su
concesión, que es de 20 años4 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 255
del Decreto 4433 de 2004.
Inconforme con lo anterior, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la cual persiguió la declaratoria de nulidad del acto administrativo que
le negó el beneficio pensional.
Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2022 el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito Judicial de Ibagué, autoridad judicial que conoció del asunto en primera
instancia, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró la
nulidad del oficio 202121000023961 del 24 de febrero de 2021 y ordenó el
reconocimiento de la asignación de retiro.
Lo anterior, tras considerar que el señor Villalba Diossa, al encontrarse vinculado al
servicio activo antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 [31
de diciembre de 2004]6, para el reconocimiento de la asignación de retiro le era
aplicable el artículo 3º numeral 3.1. inciso 2 ibídem el cual indica: «A los miembros
de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho
un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento
de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni
inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal»7. Luego
entonces, al haber ingresado como alumno del Nivel Ejecutivo el 6 de septiembre
de 2004 completó un tiempo de servicios de 15 años, 5 meses y 26 días, que le
permitia acceder al beneficio pensional.
Contra la anterior decisión, CASUR interpuso recurso de apelación y con
providencia de 18 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima revocó la
decisión del a quo. A juicio del cuerpo colegiado, al corrovorarse que el actor fue (i)
nombrado en escalafón del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional el 1.º de
septiembre de 2005, momento en el cual ya se puede predicar que es miembro
activo, y que (ii) para el momento en que fue retirado de la institución [31 de enero
4
La hoja de servicios 93135910 de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional da cuenta
que el demandante completó un tiempo de servicio de 15 años, 5 meses y 26 días.
5
«ARTÍCULO 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. Los Oficiales y el
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al escalafón a partir de la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto y que sean retirados del servicio activo después de veinte
(20) años, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por
voluntad del Gobierno, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma
absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se
les pague una asignación mensual de retiro, así: […]».
6
Es decir, desde el 6 de septiembre de 2004 fecha en la cual ingresó como alumno a la escuela de
formación.
7
Subrayas de la Sala
3
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de 2020] estaba vigente el Decreto 4433 de 2004, este era la norma aplicable para
el reconocimiento de la asignación de retiro, el cual estipuló como requisito un
tiempo de servicios de 20 años el cual no logró ser acumulado por el actor.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora en primer lugar refirió que su asunto reviste relevancia constitucional
porque «[l]a asignación de retiro para los miembros de la fuerza pública, cumple un
fin constitucional determinado, ya que envuelve varios derechos fundamentales
determinados, como son la dignidad humana, el mínimo vital y la seguridad social;
de su desconocimiento y no reconocimiento emerge un peligro inminente para el
miembro de la fuerza pública» y, añadió que «ha sido obligado por la administración
al desconocerle su derecho, a emplearse en actividades laborales de la economía
informal de nuestro país para suplir sus necesidades básicas y las de su familia».
Luego adujo que se cumplían con los requisitos de inmediatez, agotamiento de
todos los medios de defensa y que no se estaba atacando una sentencia de tutela.
Finalmente, indicó de manera expresa que en la providencia controvertida se
configuró un defecto sustantivo, al aplicar de manera errada el artículo 25 del
Decreto 4433 de 2004, el cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado,
mediante sentencia del 12 de abril de 20128, al considerar que el Gobierno Nacional
desbordó la potestad reglamentaria.
Explicó que dicho yerro material condujo a negarle la asignación de retiro por no
acreditar 20 años de servicio, cuando lo cierto es que a la entrada en vigencia del
mencionado decreto ya hacía parte del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional pues
ingresó como alumno el 6 de septiembre de 2004 y, en consecuencia, le era
aplicable el Decreto 1212 de 1990 el cual exige acreditar 15 años de servicio para
acceder a su asignación de retiro por la casual de retiro de Voluntad de la Dirección
General de la Policía Nacional.
Insisitió en que el tribunal accionado para analizar su caso omitió tener en cuenta el
tiempo en que fungió como alumno del Nivel Ejecutivo en la escuela de policía
Gabriel González del municipio de El Espinal que inició el 6 de septiembre de 2004
y solo tomó en cuenta como vinculación la fecha en la cual, luego de aprobado el
curso, fue nombrado como patrullero en el primer escalafón del Nivel Ejecutivo en
el grado de patrullero, que fue el 1º de septiembre de 2005.
Para sustentar su argumentación indicó que se desconoció el artículo 7º del Decreto
4433 de 2004 que prevé:
ARTÍCULO 7° CÓMPUTO DE TIEMPO DE SERVICIO. Para efectos de la asignación de
retiro o pensión de sobrevivientes, el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General
de la Policía Nacional, liquidarán el tiempo de servicio, así:
7.1 Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes, el tiempo de permanencia en la
respectiva escuela de formación, sin que pueda sobrepasar de dos (2) años. [...].
(Subrayado y negrillas fuera del texto) .
8
Radicado interno No. 1074-2007.
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A su juicio de la norma trascrita se puede concluir que «la fecha que se debía tener
en cuenta para efecto de la estructuración de la asignación de retiro y aplicabilidad
de la normativa vigente es la fecha de ingreso a la escuela de formación policial y
no la fecha de ingreso al escalafón policial del Nivel Ejecutivo».
Bajo esa interpretación resaltó que el tribunal accionado tras desconocer que estaba
vinculado antes del 31 de diciembre de 2004 [6 de septiembre de 2004] como
alumno de la escuela de formación del Nivel Ejecutivo omitió aplicar el artículo 3º
numeral 3.1. inciso 2 de la Ley 923 de 2004 el cual dispuso que para quienes
estuvieran en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de dicha Ley no se
les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio
superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición que,
para el caso, era el tiempo señalado en el Decreto 1212 de 1990 que exigía 15 años
de servicio.
En resumen, adujo que se desconoció de manera flagrante el artículo 7º del Decreto
4433 de 2004 el cual expresamente señala que el cómputo de tiempo de servicio
para efectos de la asignación de retiro de los miembros del Nivel Ejecutivo se
liquidará tomando en cuenta el tiempo de permanencia en la respectiva escuela de
formación, sin que pueda sobrepasar de 2 años.
En otras palabras, a su juicio, al haber ingresado como alumno de la escuela de
formación del Nivel Ejecutivo el 6 de septiembre de 2004, ello querría decir que se
encontraba en servicio activo dentro de la Fuerza Pública antes del 31 de diciembre
de 2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, lo cual le permitía
acceder a la asignación de retiro con 15 años de servicio, mas no 20 años como de
manera errada lo concluyó el tribunal accionado.
Finalmente, trascribió apartes de la sentencia de 26 de septiembre de 2018 dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C,
M.P.: Dra. Amparo Oviedo Pinto9, en la cual se resolvió declarar la nulidad del acto
administrativo demandado y ordenó a CASUR el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro al demandante, decisión que según el tutelante se basó en
hechos similares a los expuestos.
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 30 de agosto de 2023, el magistrado ponente admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la parte actora y al Tribunal Administrativo del Tolima,
como autoridad accionada.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, vinculó como terceros interesados al Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
9
Radicación: 11001-33-35-008-2017-00052-01; Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, Demandante: Nelson Enrique Rodríguez Cala y Demandado: Caja De Sueldos De Retiro
De La Policía Nacional.
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En la misma providencia se reconoció personería al apoderado de la parte actora y
se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una
publicación en la página web de la Corporación, con la información de la tutela, con
el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
1.6. Contestaciones
Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los siguientes
pronunciamientos:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima
En primer lugar, el magistrado ponente de la sentencia enjuiciada adujo que el
asunto no cumplía con las exigencias de la Corte Constitucional cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial, por lo cual para el asunto deviene
la declaratoria de improcedencia.
Afirmó que lo que se pretende realmente es reabrir el debate jurídico puesto en
conocimiento ante el juez ordinario y que no se incurrió en defecto alguno al expedir
la decisión que aquí se controvierte.
Indicó que en la providencia acusada no se hicieron interpretaciones
inconstitucionales, ni se avizora una violación de algún derecho fundamental por
falta de aplicación de alguna disposición normativa y, por el contrario, la decisión se
ajustó a la normatividad y jurisprudencia vigente, cosa distinta, es que el apoderado
pretenda reabrir un debate, como si fuera una tercera instancia, utilizando los
argumentos base del juez que, en primera instancia, accedió a las pretensiones.
Adujo que se alegó un defecto sustantivo o material al aplicar una norma claramente
inaplicable al caso; sin embargo, no comparte ese argumento porque el actor no era
beneficiario de la prerrogativa dispuesta en la Ley 923 de 2004, al no estar vinculado
en la institución como miembro activo para el 31 de diciembre de 2004, en la medida
que solo ingresó al escalafón del Nivel Ejecutivo el 1º de septiembre de 2005 y, por
ende, el régimen de retiro que lo rige es el previsto en el Decreto 4433 de 2004
debiéndo acumular 20 años de servicios.
Finalmente, concluyó afirmando que «la decisión adoptada fue ajustada a derecho
y después de un análisis razonado de las mismas frente a los medios de prueba
aportados al proceso, sin que ello pueda ser considerado como una arbitrariedad
sino la aplicación del principio de autonomía judicial de la cual se encuentran
investidas las decisiones judiciales».
1.6.2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR.
La jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad presentó informe en el cual
solicitó declarar, de una parte, la improcedencia de la acción de tutela y, por otra, la
falta de legitimación en la causa por pasiva.
6
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Para sustentar lo primero refirió que lo que persigue el tutelante es convertir la
acción de tutela en una tercera instancia porque «ya existió un pronunciamiento por
parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, el cual después de
analizada la normatividad vigente y aplicada al patrullero RONAL ANDRÉS
VILLALBA DIOSSA, por parte de la Caja de Sueldos de la Policía Nacional,
determinó que el actor no obtuvo el tiempo de servicios necesario para ser
beneficiario de la asignación mensual de retiro, tal y como se sostuvo en el acto
administrativo demandado10».
En el mismo sentido reflexionó que, «las tutelas contra sentencias judiciales
regularmente se relacionan con el conflicto de intereses que tiene el accionante con
el fallo judicial que después de haber surtido todas sus etapas no es favorable a sus
intereses, situación por la que deciden a través de una acción de tutela alegar
nuevamente sus derechos sin tener en cuenta que los fallos deben quedar en firme
o de lo contrario se vulnera el principio de cosa juzgada, esto respondiendo a la
exigencia de la seguridad independientemente de la concepción de justicia que
considere el accionante».
Por otra parte, destacó que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo del Tolima y lo que se pretende, en concreto, es que se profiera una
nueva sentencia por medio de la cual se acceda a las pretensiones, aspecto que
escapa de la órbita de las competencias de la Caja que representa.
1.6.3. Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
Allegó el link de acceso al expediente digital que le fue solicitado.
1.6.4. Memorial de la parte actora
Mediante correo de 21 de septiembre de 2023 allegó copia de la sentencia de 15 de
marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Caquetá – Sala Cuarta11
con el propósito de que sea tenida en cuenta al momento de dictar fallo pues, a su
juicio, abordó un tema similar en el cual, a quien había sido retirado por voluntad de
la Dirección General de la Policía Nacional, con un tiempo de servicio de 15 años,
6 meses y 26 días de servicio se le reconoció la asignación de retiro con base en el
Decreto 1212 de 1990.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Ronal Andrés Villalba Diossa contra el Tribunal Administrativo del Tolima, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
10
Mayúsculas sostenidas del texto original.
11
Por medio de la cual confirmó la decisión de primera instancia emitida por el Juzgado Primero
Administrativo de Florencia, dentro del proceso radicado No. 18001-33-33-001-2020- 00258-00,
mediante la cual se le reconoce la asignación de retiro al Patrullero ANDRES FELIPE BEDOYA
PINEDA,
7
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modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
En primer lugar, en relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva presentada por CASUR, esta Sala la negará, ya que su vinculación
al proceso se hizo en calidad de tercero, mas no como la entidad contra la cual se
encuentra dirigido el reparo señalado por el actor, en atención al interés que le asiste
en las resultas del presente trámite, por haber sido parte del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia reprochada.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se presentó la vulneración de los derechos
fundamentales deprecados por la parte accionante, con ocasión de la providencia
de 18 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante la cual revocó la sentencia de 28 de noviembre de 2022, dictada por el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, que accedió a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentado por Ronal Andrés Villalba Diossa contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – CASUR; expediente que se identificó con el radicado 73001-
33-33-009-2021-00067-00/01.
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) la generalidad del defecto invocado; y
(iv) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
12
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
13
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
14
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8
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Demandante: Ronal Andrés Villalba Diossa
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04602-00
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la relevancia
constitucional, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción
Constitucional frente a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
La Sala destaca que el presente asunto es relevante constitucionalmente pues,
de la lectura del escrito de tutela, se evidencia que involucra la presunta lesión del
derecho fundamental al debido proceso y, además, del derecho a la seguridad
social, comoquiera que la tensión se edificó en la omisión del reconocimiento de un
periodo - permanencia en la escuela de formación del Nivel Ejecutivo - que no fue
tenido en cuenta para efectos de obtener una asignación de retiro.
Al respecto resulta oportuno destacar que el alto tribunal constitucional ha
establecido que el derecho a la seguridad social tiene un carácter fundamental
relacionado con el derecho al mínimo vital. De igual manera, se ha advertido que si
bien la actividad de las escuelas de formación militar se encuentra sometida a los
reglamentos internos que rigen las instituciones respectivas, no debe olvidarse que
dichos entes estatales responden a las particularidades propias de las funciones
asignadas por la Constitución a la fuerza pública, y como tal, propenden porque los
futuros oficiales obtengan una preparación integral para el cabal cumplimiento de la
misión institucional, cual es la defensa de la soberanía, el mantenimiento de la
seguridad interna y externa y el apoyo al desarrollo del país16.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia una tensión o contradicción entre la
razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial del derecho alegado por el tutelante
15
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Sentencia T-663 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
9
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04602-00
y, en especial, el de la seguridad social, en tanto que se interpreta que la autoridad
judicial en la providencia objeto de reproche incurrió en un defecto sustantivo al
aplicar a su caso, de manera errada, una disposición que le exigía 20 años de
servicios (Decreto 4433 de 2004) cuando la norma aplicable era aquella que
requería de 15 años (Decreto 1212 de 1990), escenario que indefectiblemente
repercute para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro.
En ese sentido, la Sala evidencia que este asunto trasciende un estudio de lo
meramente legal, toda vez que el accionante justificó razonadamente la existencia
de una amenaza a sus garantías mínimas de existencia, comoquiera que se trata
no de un reajuste pensional sino de su reconocimiento -asignación de retiro-.
De manera que no es una simple inconformidad con la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo del Tolima, sino que predica una presunta restricción
desproporcionada a su derecho a la seguridad social ante la negativa de que se le
reconozca una prestación para sufragar su manutención.
Finalmente, no sobra advertir que, diferente a lo referido en los escritos de
contestación, no se evidencia que se pretenda convertir la acción de tutela en una
tercera instancia, en la cual se repliquen argumentos de apelación, en la medida
que el tutelante contó con un fallo de primera instancia favorable a sus pretensiones.
Así las cosas, se concluye que el asunto se enmarca en los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que, en esta oportunidad, se está en
presencia de una posible trasgresión de las garantías constitucionales del tutelante,
por lo que la Sala superará este requisito.
2.5.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia
no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la
providencia judicial que censura la parte accionante fue dictada en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No.
73001-33-33-009-2021-00067-00/01.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la decisión de
segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 18 de mayo de 202317 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, mientras que la acción de tutela se presentó el
25 de agosto de 2023, de manera que, sin que se revise la fecha de ejecutoria de
la providencia enjuiciada, se observa que su interposición se hizo en un término que
a juicio de la Sala es razonable, por cuanto fue antes de transcurridos seis (6) meses
desde que se dictó.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201418, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519 para
17
Notificada el 26 de mayo de 2023.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
19
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
10
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determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.5.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto, la sentencia que se cuestiona es la proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se revocó la decisión del
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, que había accedido
a las pretensiones de la demanda interpuesta por el actor, razón por la cual contra
la providencia controvertida no procede ningún recurso ordinario.
Así mismo, frente a los argumentos de la entidad accionante, se advierte que no es
procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos que lo sustentan
no encuadran en los requisitos y causales establecidos en la ley. Por otro lado,
tampoco cabe el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en la
medida que en el sub lite no se cumplen los presupuestos previstos en los artículos
258 y 270 de la Ley 1437 de 2011.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio
de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales.
2.6. Generalidades del defecto sustantivo
La Corte Constitucional20, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»21.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente22 o porque ha sido derogada23, es inexistente24,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
20
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.3.2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
21
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6.3.2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.
1.2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.3.2005, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.8.2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.7.2007, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.7.2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.2.2010, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.3.2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.3.2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.9.2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
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inexequible25 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador26.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma27.
c) La disposición aplicada es regresiva28 o contraria a la Constitución29.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición30.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma31 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.7. Del régimen de la asignación de retiro de los miembros de la Policía
Nacional del Nivel Ejecutivo32
Por disposición constitucional los miembros de la Fuerza Pública se benefician de
un régimen prestacional especial, en consideración al ejercicio de las funciones
públicas que desarrollan en cumplimiento de su actividad. Lo anterior es el
fundamento de una normatividad legal diferente respecto de los demás servidores
públicos, y a su exclusión de la aplicación del sistema integral de seguridad social
contenido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Ahora bien, el Decreto 1212 de 1990, “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”, en su artículo 144 estableció los requisitos
para el reconocimiento de la asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales de
la Policía Nacional, norma que dispone:
ARTÍCULO 144. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados
del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar
servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5)
días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General
de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al
grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad
profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con
25
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.3.2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
27
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.1.2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28.10.2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
28
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.1.2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
29
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.2.2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
30
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.5.1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
31
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.8.2004. M.P. Clara Inés Vargas.
32
Consejo de Estado, Sección Quinta, Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro, sentencia de
tutela del 18 de abril de 2018. Radicado No: 11001-03-15-000-2018-00606-00.
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más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente
al […].
Por su parte, el Decreto 1213 de 1990, “Por el cual se reforma el estatuto del personal de
agentes de la Policía Nacional”, en cuanto a los requisitos para el reconocimiento de la
asignación de retiro de los Agentes, señaló:
ARTÍCULO 104. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Agentes de la Policía Nacional que sean retirados del servicio
activo después de quince (15) años, por disposición de la Dirección General, o
por sobrepasar la edad máxima correspondiente a su categoría, o por mala
conducta comprobada, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por
inasistencia al servicio y los que se retiren a solicitud propia después de los
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente
al […].
Luego, se profirió la Ley 180 de 1995, norma que creó el Nivel Ejecutivo en la Policía
Nacional, la cual permitió el ingreso a este nuevo nivel del personal de Oficiales,
Suboficiales y Agentes al servicio de la Policía Nacional. Así mismo mediante
Decreto 1091 de 199533, se expidió su régimen de asignaciones y prestaciones.
El artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 estableció los requisitos para acceder a la
asignación de retiro. No obstante, el citado cuerpo normativo fue declarado nulo por
la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 14 de febrero
de 200734, al considerar que «el Gobierno Nacional no podía variar ni modificar el
régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública en tanto - se repite - era
una materia que se hallaba reservada a la ley y, de otra parte, existía una clara
protección especial para quienes se habían acogido a la carrera del Nivel
Ejecutivo».
Posteriormente, se profirió la Ley 923 de 200435 (Ley marco), que señaló las
normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública, la cual, en su artículo tercero dispuso los elementos mínimos que
debía contener la reglamentación que expediría el Gobierno. Esto es, que a los
uniformados que estuvieran en servicio a la entrada en vigencia de la ley no
podrían exigírsele tiempos de servicio superiores a los consagrados en las
disposiciones vigentes a esa época.
Adicional a lo anterior, fijó un régimen de transición para proteger las expectativas
legítimas de quienes estuvieran próximos a acceder al derecho de asignación de
retiro.
33
Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional.
34
Exp. No. 11001032500020040010901.
35
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política».
13
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04602-00
La Ley 923 de 2004 fue reglamentada por el Gobierno nacional mediante el Decreto
4433 de 200436 el cual, en el parágrafo 2º del artículo 25, señaló:
Artículo 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. (…)
Parágrafo 2°. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio
activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sea retirado
con veinte (20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o
por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la
Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que
se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta
después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la
fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro
[…]».
De la lectura del precepto normativo citado en precedencia se tiene que para el
reconocimiento de la asignación de retiro a favor de los miembros de la Policía
Nacional, estos debían acreditar como mínimo 20 años de servicio, para los que
fueran retirados por llamamiento a calificar servicios, por voluntad del Ministro de
Defensa o del Director General de la Policía, o por disminución de la capacidad
psicofísica; mientras que, aquellos que se retiraran por voluntad propia debían
contar con 25 años para acceder a la referida prestación.
No obstante, el parágrafo 2º del artículo arriba citado fue declarado nulo por el
Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de abril de 2012, (radicado interno
No. 1074-2007), al considerar que el Gobierno nacional desbordó la potestad
reglamentaria, al aumentar la edad para acceder a la asignación de retiro y
vulnerar la cláusula de reserva legal.
De lo expuesto hasta acá se observa que los Decretos 1091 de 1995 y 4433 del
2004 establecieron un tiempo mayor para acceder a la asignación de retiro (20 años)
al que se encontraba previsto en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 (15 años).
Así pues, resulta claro que al quedar en firme las sentencias que declararon la
nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 y el parágrafo 2º del artículo 25 del
Decreto 4433 del 2004, «se debe entender que desaparecieron del ordenamiento
jurídico, entendiéndose tal situación desde el mismo momento en que fueren
expedidos; por lo que las condiciones establecidas para la asignación de retiro
deben examinarse a la luz de lo dispuesto en la Ley 923 de 2004»37.
Luego, el Gobierno nacional profirió el Decreto 1858 de 201238 que distinguió dos
regímenes: i) el de transición para el personal homologado, quienes tendrían
derecho a la asignación de retiro cuando sean retirados después de 15 o 20 años
de servicio, según la causal; y ii) el común para el personal que ingresó por
36
«por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
37
Sentencia de 28 de septiembre de 2017, radicado No. 150012333000201500238 01, Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
38
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional».
14
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04602-00
incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, quienes tendrían derecho
cuando sean retirados con 20 o 25 años, según la causal.
Este segundo régimen, el común, fue declarado nulo con efectos ex tunc por la
Subsección B, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 3 de septiembre de 2018, luego de
encontrar que por remisión expresa de la Ley 923 de 2004, a los miembros de la
Policía Nacional, entre los que se encuentran los que integran el Nivel Ejecutivo
activos al momento de la expedición de la ley, esto es, al 31 de diciembre de 2004,
no se les puede exigir un tiempo de servicio para efectos de acceder a la
asignación de retiro superior al establecido en los Decretos 1212 y 1213 de
1990, por ser esta la normativa que se encontraba vigente para dicho momento,
cuando quiera que la causal de retiro invocada sea la de solicitud propia, ni inferior
a 15 años cuando la desvinculación se produzca por cualquier otra causal.
Dicha norma fue suspendida provisionalmente (medida cautelar) por la Sección
Segunda del Consejo de Estado mediante providencia del 14 de julio de 201439, al
considerar que no tenía en cuenta la prohibición consagrada en el artículo 3º de la
Ley 923 de 2004, esto es, la de establecer tiempos de servicio mayores a los que
consagraban las normas anteriores. No obstante, la suspensión decretada fue
objeto de recurso de súplica, el cual fue decidido con proveído del 8 de octubre de
201540, en el sentido de levantar la suspensión que recayó sobre el artículo 2º del
Decreto 1858 de 201241.
Finalmente, el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa,
mediante providencia del 13 de junio de 2013, declaró la nulidad del artículo 2º
ibidem, advirtiendo que los efectos otorgados a la sentencia serían de carácter ex
tunc, es decir, desde entonces, «y se retrotraen al momento en que nació el acto, y
como consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado en que se encontraban
antes de la expedición del mismo, por lo que las situaciones no consolidadas entre
el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria del mismo, son
afectadas por la decisión que en esta última se tome42. En tal sentido, respecto de
las situaciones jurídicas no consolidadas, las sentencias de nulidad de actos de
carácter general tienen efecto inmediato, es decir, sobre aquellas que al momento
de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las
39
En la referida decisión señaló que “a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, esto es, al 31
de diciembre de 2004, la normatividad aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro de
los miembros de la Fuerza Pública eran los Decretos 1212 y 1213 de 1990, aplicables al personal
del Nivel Ejecutivo por incorporación directa, por cuanto los Decretos que de forma específica
regulaban dicha prestación, esto es, los Decretos 1091 de 1995, 2070 de 200339 y el parágrafo 2
del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, perdieron vigencia por declaración judicial”.
40
Radicado No. 110010325500020130054300.
41
En dicha ocasión, se aclaró que i) si bien mediante fallo del 4 de febrero de 2007 se había anulado
el Decreto 1091 de 1995, esto sucedió porque al reglamentar lo relacionado con el requisito de
tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro de los miembros del Nivel Ejecutivo no se
diferenció entre el personal incorporado directamente y el homologado, y le impusieron a ambos la
misma exigencia de 20 y 25 años de servicio, cuando a estos últimos no podía desmejorarlos en ese
aspecto.
42
Consejo de Estado. expediente No 4614 del 21 de enero de 1994. Consejo de Estado. Sección
Cuarta. Sentencia del 24 de marzo de 2000. Radicación 9551.
15
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autoridades administrativas o ante esta jurisdicción; por lo tanto, las ‘afecta’, de
manera inmediata43».
2.8. Caso concreto
El accionante plantea la vulneración de sus derechos fundamentales toda vez que,
a su juicio, el Tribunal Administrativo del Tolima al dictar la providencia de 18 de
mayo de 2023, incurrió en un defecto sustantivo.
En resumen, los alegatos del yerro convergen en una afirmación, la cual es que: el
tribunal accionado omitió tener en cuenta el tiempo en que fungió como alumno del
Nivel Ejecutivo en la escuela de policía Gabriel González del municipio de El Espinal
que inició el 6 de septiembre de 2004 y solo tomó en cuenta como vinculación la
fecha en la cual, luego de aprobado el curso, ingresó como patrullero en el primer
escalafón del Nivel Ejecutivo, que fue el 1º de septiembre de 2005.
En ese orden afirma que esa interpretación repercutió en que no se le hubiese
aplicado el artículo 3º numeral 3.1. inciso 2 de la Ley 923 de 2004 el cual dispuso
que para quienes estuvieran en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de
dicha Ley (31 de diciembre de 2004) no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición que, para el caso, era el tiempo
señalado en el Decreto 1212 de 1990 que exigía 15 años de servicio.
La Sala anticipa que negará el amparo en la medida que en el presente asunto para
el cómputo del tiempo de servicios sí se tomó en cuenta aquel durante el cual el
actor fue alumno de la escuela de formación del Nivel Ejecutivo, lo que le permitió
completar más de 15 años de servicio dentro de la Policía Nacional, diferente es
que, para determinar la norma aplicable al caso concreto, el tribunal accionado
hubiese tomado aquella en la cual ingresó en el primer escalafón – patrullero – al
Nivel Ejecutivo, lo que solo ocurrió hasta el 1º de septiembre de 2005, postura que
soportó en fundamentos legales y no deviene en irrazonble como pasa a explicarse:
Para desatar el cargo revisada la providencia acusada proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima se encontró lo siguiente:
Así las cosas, para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional coexisten
tres regímenes de asignación de retiro, que para una mejor compresión se precisarán
en la siguiente tabla:
Decreto 4433 de Dispuesto para el personal que ingresó al escalafón
2004, art. 25 a partir del 01 de enero de 2005
Decreto 1858 de Dispuesto para el personal homologado que ingresó
2012, art. 1 voluntariamente antes del 1 de enero de 2005
Decreto 754 de 2019, Dispuesto para el personal que ingresó al escalafón
art. 1 por incorporación directa hasta el 31 de diciembre
de 2004
43
Sentencia del 13 de junio de 2013, radicado No. 25000232700020080012501 (18828). M.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E).
16
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Como se observa, los diferentes regímenes establecen como presupuestos para
determinar su aplicabilidad la fecha de ingreso al escalafón del Nivel Ejecutivo y la
forma de vinculación (directa o por homologación), por ende, se pasará a concretar
cuál de aquellos es el aplicable a este asunto.
Con la Ley 180 de 1995 se creó la carrera profesional del Nivel Ejecutivo en la Policía
Nacional, y en el Decreto 1791 de 2000 se encuentran las normas de carrera para
aquel personal.
Así las cosas, el artículo 5.2 del referido Decreto 1791 determina que la jerarquía del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional lo comprenden los grados de: comisario,
subcomisario, intendente jefe, intendente, subintendente y patrullero.
El artículo 6 ibidem dispone que tiene la calidad de estudiantes “quienes ingresen a
las seccionales de la Escuela Nacional de Policía “General Santander”, para
adelantar curso de formación y no pertenecen a la jerarquía (...)” de los oficiales,
Nivel Ejecutivo, suboficiales, agentes y patrulleros de la Policía Nacional.
Sobre el ingreso para ser miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, los
artículos 9, 10, 11 y 13 del mismo decreto en cita, establecen:
“ARTICULO 9. INGRESO DE SUBOFICIALES AL NIVEL EJECUTIVO. Podrán ingresar
a la escala jerárquica del Nivel Ejecutivo los suboficiales en servicio activo que lo soliciten
(...)
ARTICULO 10. INGRESO DE AGENTES AL NIVEL EJECUTIVO. Podrán ingresar al
primer grado del Nivel Ejecutivo, los agentes en servicio activo de acuerdo con las
disposiciones que para tal efecto presente a consideración del Ministro de Defensa
Nacional el Director General de la Policía Nacional.
(...)
ARTICULO 11. INGRESO DE PERSONAL NO UNIFORMADO A UNIFORMADO. El
Director General de la Policía Nacional podrá seleccionar personal no uniformado de
planta, para que adelante curso especial de formación como uniformado, previa solicitud
del interesado y el cumplimiento de los demás requisitos que para el efecto exija la
Dirección General de la Policía Nacional.
(...)
ARTICULO 13. NOMBRAMIENTO E INGRESO AL ESCALAFÓN. (...) El nombramiento
del Nivel Ejecutivo será dispuesto por el Ministro de Defensa o por el Director General de
la Policía Nacional cuando en el se delegue, previa propuesta del Director de la Escuela
Nacional de Policía "General Santander”. Su ingreso al escalafón se causará en el grado
de Patrullero. Nota: Esta norma fue modificada por el art. 105 de la Ley 2179 de 2021,
pero no se trae a colación por la fecha en que ocurrieron los hechos.(...)”
Bajo las condiciones expuestas, es claro que el ingreso al escalafón del Nivel
Ejecutivo deviene luego de que se adelanta el curso de formación, si el nombramiento
es por incorporación directa, pues de las citadas normas se tiene que también está
previsto el ingreso por homologación. En consecuencia, queda dilucidado que la
fecha en que se adquiere la calidad de alumno del Nivel Ejecutivo no es
determinante en el ejercicio que se está haciendo para concretar el régimen de
asignación de retiro aplicable, sino que lo es el momento en que se ingresa al
escalafón, pues así lo prevé cada uno de los regímenes vigentes.
Entonces, al haberse comprobado que el actor ingresó al escalafón del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional el 01 de septiembre de 2005, y que para el momento
en que fue retirado de la institución estaba vigente el Decreto 4433 de 2004 (primera
parte del art. 25), que contempla el régimen de asignación de retiro del personal que
ingresó al escalafón a partir del 01 de enero de 2005, no cabe duda que es el
aplicable a este asunto, y frente al cual se analizará si se cumplen los presupuestos
para el otorgamiento de la prestación.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04602-00
Nótese de lo transcrito, como el tribunal accionado luego de explicar la evolución
normativa y jurisprudencial de la asignación de los miembros de la Fuerza Pública
que pertenecen al Nivel Ejecutivo explicó que el actor no cumple los presupuestos
del artículo 3º numeral 3.1. inciso 2 de la Ley 923 de 2004, ser miembro activo al
momento de la entrada en vigencia de dicha Ley, que fue el 31 de diciembre de
2004. Ello en la medida que, el actor para dicha fecha fungía como alumno lo
cual no le da la calidad de miembro activo pues tan solo la adquiere a través
del ingreso al escalafón del Nivel Ejecutivo de la Policía el 1º de septiembre de
2005 como patrullero.
Precisado lo anterior, tampoco advierte la Sala que se haya desconocido el artículo
7º del Decreto 4433 de 2004 que prevé que el cómputo de la asignación de retiro
se debe liquidar tomando en cuenta el tiempo de permanencia en la respectiva
escuela de formación pues se destaca que el año como estudiante sí aparece
registrado en la hoja de servicios y la autoridad accionada lo incluyó así:
2.5. Hechos probados
De acuerdo con el acervo probatorio recaudado en el proceso, arrimado
oportunamente por las partes, y que en ningún momento fue desconocido o
tachado, se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes:
-. El señor Ronal Andrés Villalba Diossa prestó sus servicios a la Policía Nacional
en los cargos y por los periodos que pasan a relacionarse:
Cargo Periodo
Alumno Nivel Del 06 de septiembre de 2004 al 31 de
Ejecutivo agosto de 2005
Nivel Ejecutivo Del 01 de septiembre de 2005 al 05 de
febrero de 2020
Suspensión penal Del 30 de noviembre de 2019 al 05 de
febrero de 2020
Por último, en gracia de la discusión se tiene que sobre la materia la Corte
Constitucional explicó que los estudiantes solamente adquieren la calidad de
miembros de la fuerza pública a partir del acto de nombramiento que profiera el
Director de la Policía, una vez finalizado el curso de formación y se expida el
certificado de idoneidad donde consta que el alumno es apto para ejercer la función
policial, para lo cual se cita el siguiente aparte jurisprudencial de la sentencia C-
1214 de 200144.
La condición jurídica de los alumnos de las escuelas de formación policial
Con el objeto de develar el cuestionamiento relacionado con la inclusión de los
alumnos dentro del personal policial, se hace necesario hacer referencia a la forma
de ingreso y escalafonamiento dentro de la Policía Nacional, para lo cual se hará
un breve recorrido por las disposiciones que regulan la materia:
La formación del policía se inicia con una convocatoria de acuerdo con las
vacantes existentes para ingresar al curso de formación como Oficial o miembro
del Nivel Ejecutivo, para lo cual se exigen unas condiciones generales de ingreso
que se encuentran establecidas en el artículo 8 del Decreto 1791 de 2000.
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Magistrada Sustanciadora: Dra. Clara Ines Vargas Hernández
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Una vez superado el proceso de selección, los aspirantes al curso de formación se
vinculan a la Escuela mediante resolución emanada de la Dirección de la Escuela
Nacional, según lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 6° del Decreto 1791 de
2000, estableciéndose un vínculo administrativo que genera la condición de
estudiante o alumno que lo hace sujeto de los derechos y deberes contenidos en
el Reglamento Académico de la Escuela (artículos 15 y 16 de la resolución 1377
de 2000).
En las escuelas de formación de la Policía Nacional existen dos niveles: el Directivo
que corresponde a la formación de oficiales cuyo periodo en la escuela es de tres
(3) años y el Nivel Ejecutivo que cuenta con un periodo de formación de un (1) año.
Lo anterior significa que los alumnos de las escuelas de formación no ejercen
funciones públicas ni ostentan calidades diferentes a su condición de estudiantes
de un centro docente, además por la sencilla razón de que las escuelas de
formación de la Policía Nacional tienen el carácter de entidad universitaria, al tenor
de lo dispuesto en el Acuerdo No. 15 de enero 23 de 1976, expedido por el Instituto
Colombiano para el Fomento de Educación Superior ICFES, que concede licencia
de funcionamiento a los programas de licenciatura en estudios superiores y de
Administración Policial a la Escuela De Cadetes de Policía "General Santander", y
de la Resolución No. 9354 de octubre 27 de 1976 el Ministerio de Educación
Nacional, que aprueba los programas respectivos.
Cabe anotar que el Decreto 1791 de 2000 "Por el cual se modifican las normas de
carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y agentes de la
Policía Nacional", en su artículo 5º establece la jerarquía de los cargos para efectos
de mando, régimen disciplinario, justicia Penal Militar, lo mismo que para todos los
derechos y obligaciones consagradas en este Decreto, determinando al efecto los
grados de oficiales, Nivel Ejecutivo, suboficiales y agentes. Y en el artículo 6º
preceptúa que son estudiantes quienes ingresan a las seccionales de la Escuela
Nacional de Policía "General Santander", para adelantar cursos de formación y no
pertenecen a la jerarquía de que trata ese ordenamiento.
Bajo estas consideraciones se concluye que los estudiantes o alumnos de las
escuelas de formación de la Policía Nacional no hacen parte de la jerarquía de la
institución, dada su condición de Cadetes de Alféreces.
(…)
De todo lo anterior se desprende que los alumnos o estudiantes al adelantar los
cursos de formación en las escuelas policiales se están preparando para que
cuando adquieran su condición de oficiales o suboficiales de la Policía en sus
distintos rangos, cumplan a cabalidad la altísima misión a ella encomendada, a fin
de desarrollar los preceptos constitucionales que le imponen a la Policía el deber
de asegurar a los integrantes de la nación la vida, la convivencia, la justicia y la
paz dentro de un marco jurídico que garantice un orden justo, sirviendo a la
comunidad.
Pero estas razones no son óbice para que el legislador haya considerado que los
alumnos de las escuelas de formación integran el personal de la Policía Nacional,
toda vez que resulta razonable que al definir quienes hacen parte del personal
policial se haya tomado en cuenta la situación particular en la que se encuentran
los alumnos de las escuelas de formación, quienes en virtud de la instrucción
recibida adquieren un sentido de pertenencia frente a la misión constitucional
encomendada a la Policía Nacional, aunque sometidos a un régimen especial en
su condición de estudiante.
Se tiene, pues, que la expresión “alumnos” del artículo 6 de la Ley 62 de 1993,
modificada por el artículo 1º de la Ley 180 de 1995, se ajusta a los postulados
constitucionales, toda vez que al incluir a los estudiantes de las escuelas de
formación dentro del personal de la Policía Nacional, el legislador toma en cuenta
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el hecho de que dichas personas están recibiendo una formación estricta e idónea
para cumplir la misión constitucional encomendada a la Policía Nacional.
Cabe reiterar, sin embargo, que por el hecho de pertenecer a una de las categorías
dentro de la institución los alumnos no se encuentran dentro de la jerarquía de la
fuerza pública o pertenecen a ella, y mucho menos están sujetos al régimen
aplicable a los que ingresan al escalafón policial, porque, se repite, los
estudiantes solamente adquieren la calidad de miembros de la fuerza pública
a partir del acto de nombramiento que profiera el Director de la Policía, una
vez finalizado el curso de formación y se expida el certificado de idoneidad
donde consta que el alumno es apto para ejercer la función policial.
Finalmente, frente a la sentencia de 26 de septiembre de 2018 dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C45
allegada por el tutelante se advierte que en dicho caso el actor se vinculó a la Policía
Nacional desde el 1º de diciembre de 2002 como auxiliar de Policía, luego no se
trató de una incoporación directa al Nivel Ejecutivo.
Así las cosas, de la lectura de las consideraciones expuestas por el tribunal acusado
resulta claro que no se configura el defecto sustantivo respecto de los
planteamientos que el actor expuso en cuanto al sentido de la decisión acusada y a
la ausencia de aplicación del artículo 3º numeral 3.1. inciso 2 de la Ley 923 de 2004
y el artículo 7.º del Decreto 4433 de 2004, por el contrario, no deviene irrazonable,
arbitraria o caprichosa al concluir que ser alumno de la escuela de formación no da
per se la calidad de miembro activo pues tan solo se adquiere a través del
correspondiente acto administrativo de ingreso al escalafón del Nivel Ejecutivo de
la Policía como patrullero.
Entonces, lo que se evidencia es un desacuerdo en el criterio adoptado por la
autoridad judicial con la parte actora, sin embargo, esto no puede conducir a
considerar que se configuró el defecto alegado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
señor Ronal Andrés Villalba Diossa contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
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Radicación: 11001-33-35-008-2017-00052-01; M.P.: Dra. Amparo Oviedo Pinto. Demandante:
Nelson Enrique Rodríguez Cala y Demandado: CASUR
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Demandante: Ronal Andrés Villalba Diossa
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04602-00
CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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