Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04618-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los requisitos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04618-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04618-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
2 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04618-00
Demandante: FLOR ELENA ADAMES DELGADO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos
generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de
fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en
este caso, dado que la actora busca discutir aspectos netamente económicos.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Flor Elena Adames
Delgado contra el Tribunal Administrativo del Huila.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 25 de agosto de la presente anualidad1, la señora Flor Elena Adames Delgado,
mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Huila, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia; así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica. Formuló
las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
DEL HUILA en la sentencia proferida el día 3 /21/2023de 2023, en el
expediente rad. No. 41001333300220220015801, transgredió los derechos
fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE
DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES
FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la
1 Se advierte que, el 11 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00
Demandante: Flor Elena Adames Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los
derechos fundamentales por parte del accionado .
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en
las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda
del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes:
3.CORTE CONSTITUCIONAL
N RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
o. EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES
Exp. T-6.736.200 SENTENCIA DE
17 de Dra. GLORIA UNIFICACIÓN
1 octubre de STELLA ORTIZ 098/2018 DE LA
2018 DELGADO CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T-5904426 y SENTENCIA DE
otros Dra. GLORIA
25 de julio UNIFICACIÓN 332
2 STELLA ORTIZ
de 2019 /2019 DE LA CORTE
DELGADO
CONSTITUCIONAL
Dr. LUIS SENTENCIA DE
6 de
Exp. T 7.182-312 GUIILLERMO UNIFICACIÓN 041
3 febrero de
y otros GUERRERO /2020 DE LA CORTE
2020
PÉREZ CONSTITUCIONAL
CONSEJO DE ESTADO
RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
No. EXPEDIENTE FIRMANTES
DECISIÓN PONENTE
08001-23-33-
SENTENCIA DE
000-
6 de agosto de Dra. SANDRA UNIFICACIÓN DEL
1 201300666-
2020 LISETH IBARRA CONSEJO DE
01
ESTADO
(0833-16)
76001-23-31- Dr. CÉSAR
00020090086 PALOMINO
7-01, No. 24 de enero de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
2
Interno: 2019 LISETH IBARRA CARMELO
4854-2014 PERDOMO
CUÉTER
Dr. JAIME
ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
17 de junio de RODRÍGUEZ
3 000-2018- YEPES
2019 NAVAS - Dr.
04617-01 CORRALES
GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE
DRA. NUBIA
Dr. ROBERTO MARGOTH PEÑA
11001-03-15-
28 de junio de AUGUSTO GARZÓN- DR.
4 000-2018-
2019 SERRATI HERNANDO
04679-01)
VALDÉS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME
ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
29 de julio de RODRÍGUEZ
5 000-2018- YEPES
2019 NAVAS - Dr.
03499-01 CORRALES
GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE
2
Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00
Demandante: Flor Elena Adames Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Dr. WILLIAM
08001 23 33 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
000 2014 2 de diciembre de FRANCISCO
6 GÓMEZ - Dr.
00173-01 2019 SUÁREZ
GABRIEL
(1688-16) VARGAS
VALBUENA
Dr. CÉSAR
08001-23-33- PALOMINO
000- 10 de junio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
7
201400208- 2020 LISETH IBARRA CARMELO
01 PERDOMO
CUÉTER
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-31-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-2014- 22 de octubre de
8 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
00254-01 2020
GÓMEZ GABRIEL
(4960-2017)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-33-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000- 12 de noviembre
9 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201400132- de 2020
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
08001 23 31
HERNÁNDEZ
000 2014 Dr. GABRIEL
17 de junio de GÓMEZ -
10 00815 VALBUENA
2021 Dr. RAFAEL
01 (4979– HERNÁNDEZ
FRANCISCO
2017)
SUÁREZ VARGAS
Dra. SANDRA
LISSET IBARRA
08001-23-33- Dr. CÉSAR
17 de junio de VÉLEZ - Dr.
11 000-2015- PALOMINO
2021 CARMELO
00331-01 CORTÉS
PERDOMO
CUÉTER
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
19001-23-33-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-2015- 4 de noviembre
12 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
00445- de 2021
GÓMEZ GABRIEL
02(048320)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-33- Dr. CÉSAR
000- PALOMINO
201401127- 25 de noviembre Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
13
01 de 2021 LISETH IBARRA CARMELO
(1002-2021) PERDOMO
CUÉTER
Dr. RAFAEL
40001-23-40- FRANCISCO
000- Dr. WILLIAM SUÁREZ
25 de noviembre
14 201700134- HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
de 2021
01 GÓMEZ GABRIEL
(2208-2020) VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
080001-23-
FRANCISCO
40-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000- 11 de noviembre
15 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201590008- de 2021
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
(2387-2020)
HERNÁNDEZ
080001-23- Dr. WILLIAM
40- HERNÁNDEZ
Dr. GABRIEL
000- 11 de noviembre GÓMEZ -
16 VALBUENA
201490022- de 2021 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01 FRANCISCO
(5154-2016) SUÁREZ VARGAS
3
Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00
Demandante: Flor Elena Adames Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
080001-23- Dr. WILLIAM
33- HERNÁNDEZ
Dr. GABRIEL
000- 20 de enero de GÓMEZ -
17 VALBUENA
201700931- 2022 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01 FRANCISCO
(1001-2021) SUÁREZ VARGAS
Dr. RAFAEL
080001-23-
FRANCISCO
33-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000- 3 de marzo de
18 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201500075- 2022
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
(2660-2020)
HERNÁNDEZ
76001-23-33- Dr. CÉSAR
000- Dr. CARMELO PALOMINO
28 de abril de
19 201300756- PERDOMO CORTÉS - Dra.
2022
01 CUÉTER SANDRA LISETH
(2224-2020) IBARRA
080001-23- Dr. WILLIAM
40- Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ
000- 9 de mayo de FRANCISCO GÓMEZ - Dr.
20
201700795- 2022 SUÁREZ GABRIEL
01 VARGAS VALBUENA
(2659-2020) HERNÁNDEZ
47-001-23- Dr. CÉSAR
33- PALOMINO
000- 19 de mayo de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
21
201900359- 2022 LISETH IBARRA CARMELO
01 PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER
Dr. CÉSAR
47-001-23-
PALOMINO
33000-2019-
1 de julio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
22 00376-
2022 LISETH IBARRA CARMELO
01 (4462-
PERDOMO
2021)
CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA
000- LISSET IBARRA
Dr. CÉSAR
201500509- 22 de agosto de VELEZ – Dr.
23 PALOMINO
01 2022 CARMELO
CORTÉS
(2140-2020) PERDOMO
CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA
000- LISSET IBARRA
Dr. CESAR
201590124- 22 de septiembre VELEZ – Dr.
24 PALOMINO
01 de 2022 CARMELO
CORTÉS
(2394-2020) PERDOMO
CUÉTER
76001-23-31- DR. RAFAEL
000-2012- FRANCISCO
00212-02 Dr. WILLIAM SUAREZ
19 de enero de
25 (4470-2021) HERNANDEZ VARGAS – Dr.
2023
GOMEZ GABRIEL
VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
000-2018- DR. RAFAEL HERNÁNDEZ
26 0231- 01 26 de enero 2023 FRANCISCO GÓMEZ – DR.
(0871-2020) GOMEZ GABRIEL
VALBUENA
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
4
Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00
Demandante: Flor Elena Adames Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
La señora Flor Elena Adames Delgado labora como docente al servicio del
municipio de Neiva, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio 2 desde 2004 y es beneficiaria del régimen de cesantías
anualizadas.
El 23 de julio de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación
Municipal de Neiva y al Fomag el reconocimiento y el pago de la sanción por la no
consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses,
con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990,
petición que fue remitida a la Fiduprevisora S.A., sin que se le hubiera dado
respuesta alguna.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Flor Elena Adames Delgado demandó al Ministerio de Educación Nacional
– FOMAG y al Departamento del Huila, con el fin de que se declarara la nulidad del
acto administrativo ficto derivado del silencio frente a la petición de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la
indemnización por el pago tardío de los intereses.
Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo
Administrativo de Neiva negó las súplicas de la demanda, por considerar que la
señora Flor Elena Adames Delgado se encontraba afiliada al Fomag y, por tanto,
tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.
Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual
expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones,
habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la
Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe regulación sobre la
sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma
más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia del 21 de marzo de 2023,
confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible
hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
al caso de la demandante, quien había ocupado el cargo de docente oficial al
servicio del Departamento del Huila y se encontraba cubierta por el sistema
anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.
De igual modo, determinó que en el Consejo de Estado no existe una posición
unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria
2
En adelante FOMAG.
5
Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00
Demandante: Flor Elena Adames Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente, pues resaltó que las sentencias
citadas tanto en la demanda como en el recurso de apelación no constituyen
precedente unificador de carácter vinculante, de acuerdo con los artículos 10, 102
y 270 del CPACA y 7º del CGP.
Que, de hecho, la Corte Constitucional en la SU-098 de 2018 manifestó al respecto
que «no existe una posición unificada respecto a la aplicación de la norma de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3 º del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es posible
afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción contencioso
administrativo».
Resaltó que, si bien la sentencia SU 098 de 2018 concluyó que era viable aplicar la
Ley 50 de 1990 al sector docente, dado que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a
los docentes oficiales, en virtud del principio de favorabilidad, lo cierto es que para
la autoridad judicial accionada no resulta aplicable por las siguientes razones:
Primero, porque no es necesario recurrir al principio de favorabilidad, toda vez que
no se está frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado o que se
presenten antinomias legales. Por el contrario, lo que se aprecia es que la Ley 91
de 1989 no contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990 y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se
extendió a los servidores públicos territoriales con excepción de los educadores.
En segundo lugar, luego de explicar la importancia del principio de inescindibilidad
normativa, consideró que aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al sector
docente afectaría dicho principio, pues la Ley 91 de 1989 «reguló íntegramente lo
concerniente a las prestaciones sociales de los docentes, incluyendo las cesantías,
en tal virtud no hay lugar a acudir al régimen de los trabajadores de derecho
privado».
Finalmente, agregó que a pesar de que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-
31-000-2012-00212-02, concluyó que era viable aplicar la Ley 50 de 1990 a los
docentes, en lo relacionado con el reconocimiento de la sanción moratoria en virtud
del principio de favorabilidad, lo cierto es que el tema aún no está unificado, pues el
Consejo de Estado ha proferido fallos de tutela disímiles en esos casos.
6
Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00
Demandante: Flor Elena Adames Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
1.3. Argumentos de la tutela
A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo del Huila desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU 098 de 2018, así como en 26 sentencias del
Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de
julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó
que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba
aplicable a los docentes oficiales.
Luego de hacer un recorrido histórico sobre el FOMAG y su funcionamiento, adujo
que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud
del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general
que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto
es, la Ley 50 de 1990.
De otra parte, la accionante sostuvo que el ad quem no argumentó con claridad por
qué se alejó del precedente consagrado en las 26 sentencias emitidas por el
Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el
manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada,
despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que
conforman la sección 2da del H.C.E.».
Agregó que, contrario a lo decidido por el Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues,
como se ha evidenciado, en esos casos debe aplicarse la norma de manera integral
favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo,
lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.
Sostuvo que existe una sucesión de «irregularidades sustantivas» dentro de la
decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila.
Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos
del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los
docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 31 de agosto de 2023, el Despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Huila, como parte demandada, y, como terceros con
7
Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00
Demandante: Flor Elena Adames Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de
administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG, y al gobernador del Departamento del Huila. Así mismo, se ordenó la
notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El Tribunal Administrativo del Huila solicitó la acumulación de las solicitudes de
amparo dirigidas contra decisiones del Tribunal Administrativo del Huila, en las que
se hayan negado las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por la no consignación oportuna de las cesantías de docentes conforme al artículo
99 de la Ley 50 de 1990.
Para tal efecto, advirtió que la primera acción de tutela que conoció esta
Corporación, relacionada con el asunto en cuestión, se le asignó el radicado 11001-
03-15-000-2023-02154-00.
De otra parte, Indicó que la solicitud amparo incumplió el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que el asunto que aquí se discute, esto es, la aplicación del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al sector docente, versa sobre un aspecto
meramente económico y no involucra la protección de los derechos humanos, tal y
como lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019.
Agregó que la sentencia SU-098 de 2018 no guarda identidad fáctica con el sub lite,
pues allí el docente no fue afiliado al Fomag, ni a otro fondo por un error interno. En
cambio, aquí la señora Adames Delgado sí fue afiliada al Fomag, razón suficiente
para que el precedente en mención no resulte aplicable a este caso.
2.3. El Departamento del Huila solicitó que se desvinculara del presente proceso,
debido a que no tiene competencia para efectuar la consignación de las cesantías
a la cuenta individual de los docentes, lo cual dicha obligación es inexistente.
2.4. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó
que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por
cuanto el FOMAG fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad
de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se
consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el
primer mes de cada vigencia».
Sostuvo que la accionante realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia
relacionada con las cesantías del FOMAG, pues en el caso de la señora Flor Elena
Adames Delgado, esta reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en
8
Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00
Demandante: Flor Elena Adames Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno
de los intereses, frente a lo cual es «imposible que se cause una demora respecto
de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los
docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de
cuentas individuales por cada afiliado».
Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada
actuó conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.
2.5. Los demás vinculados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa: de la solicitud acumulación presentada por el Tribunal
Administrativo del Huila
En su intervención, el magistrado ponente del fallo atacado pidió la acumulación de
todas las solicitudes de amparo dirigidas contra decisiones del Tribunal
Administrativo del Huila, en las que se hayan negado las pretensiones de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías al sector docente prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Para el efecto, precisó que a la primera solicitud de amparo que conoció el Consejo
de Estado sobre el tema en cuestión se le asignó el radicado 2023-02154-00. Y
agregó que las demás acciones de tutela que tengan dichas características deben
ser acumuladas al proceso en mención, de conformidad con el artículo 2.2.3.1.3.1
del Decreto 1834 de 2015.
En orden a resolver la solicitud de acumulación, cabe anotar que el señor Ericson
Jamid Morales Losada, quien fungió como accionante en el proceso de tutela con
radicado 2023-02154-00, reclamó la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia, a su juicio, vulnerados por la sentencia del 21 de febrero de 2023,
emitida por el Tribunal Administrativo del Huila, según la cual no es posible hacer
extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los
docentes.
El Decreto 1834 de 2015, que adicionó el Decreto 1069 del mismo año, se expidió
con la finalidad de regular el fenómeno de interposición masiva de tutelas o
«tutelatón», como coloquialmente se le conoce. En lo pertinente, el decreto
mencionado estableció mecanismos de reparto y de reasignación de procesos para
9
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
facilitar la resolución de las acciones de tutela idénticas y masivas por parte de una
misma autoridad judicial, siempre que dichas acciones «persigan la protección de los
mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola
y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular»3. (Se destaca).
Visto lo anterior, la Sala concluye que no se trata de un caso de tutelas masivas e
idénticas y, por ende, no pueden ser acumuladas, dado que carecen de identidad
fáctica.
En otras palabras, los hechos que dieron lugar a la interposición de las tutelas
no provienen de una sola y misma acción u omisión de la autoridad judicial
demandada (Tribunal Administrativo del Huila), pues en el caso del señor Morales
Losada se cuestiona la sentencia del 21 de febrero de 2023, con la que culminó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2022-00024-01, mientras que la
señora Adames Delgado dirigió la tutela contra la sentencia del 21 de marzo de
2023, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2202-
200158-01.
Nótese que, aunque fueron dictadas por el mismo Tribunal, las providencias objeto
de tutela en uno y otro caso son diferentes, lo cual es suficiente para concluir que la
acción que originó la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del señor
Morales Losada no guarda identidad con la de la señora Adames Delgado.
De aceptarse la tesis del Tribunal, según la cual basta con que exista identidad
respecto de la autoridad demandada y los argumentos de derecho, para que
proceda la acumulación, sin reparar en que la supuesta vulneración debe provenir
de una sola y misma acción u omisión, tendrían que haberse acumulado, por
ejemplo, todas las solicitudes de amparo dirigidas contra fallos de diferentes
autoridades judiciales del país, en los que se hubieran negado el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías a los
docentes. Sin embargo, ello no ha ocurrido así, justamente porque en esos casos
se cuestionan sentencias distintas, aun cuando el debate jurídico hubiera girado en
torno a argumentos similares.
En suma, dado que no se cumplen los presupuestos del Decreto 1834 de 2015,
habrá de negarse la acumulación presentada por el Tribunal, por cuanto la supuesta
vulneración alegada no proviene de una sola y misma acción de la autoridad judicial
demandada.
3
Artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1834 de 2015.
10
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2. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia
constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con
el fin de establecer si la sentencia proferida el 21de marzo de 2023, por el Tribunal
Administrativo del Huila, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 41001-33-33-002-2022-00158-01, incurrió en los defectos endilgados
y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de la señora Flor Elena Adames
Delgado.
3. Análisis de la Sala
3.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación
con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.
Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
11
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En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 21 de marzo
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio del cual confirmó
la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2022, por el Juzgado Segundo
Administrativo de Neiva.
En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de
la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio,
se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.
La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal
afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:
En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Flor Elena Adames
Delgado carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la
controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e
indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretende el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus
cesantías.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU- 573 de
2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago
de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar,
declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente,
porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para
las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:
[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un
derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido
el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de
rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo” 4 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha
prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social
del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda
a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador
que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los
antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar
que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda
comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes
mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico5
4 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto
netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de
marzo de 20226, indicó lo siguiente:
La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del
acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar
dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.
En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una
cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó
se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y no
se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela.
Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:
33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede
de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un
derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no
obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las
pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico,
al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza
fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional.
34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573
del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el
asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra
decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.
35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que
el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la
persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto,
“solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.
36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella
sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la
finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad
impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con
una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto, no
requiere la intervención del juez de tutela […].
En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
pronunciado:
5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante que
sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya fueron
materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual es evidente
que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de amparo como un
recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento favorable a sus intereses,
el cual, dicho sea de paso, corresponde a una discusión de carácter
eminentemente económico a través del reconocimiento de una sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01
13
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como una
instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no tengan
una relación directa con una discusión de carácter fundamental7.
Así las cosas, si bien el reconocimiento y el pago de las cesantías constituye un
derecho irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago podría suponer una clara
vulneración de las garantías fundamentales, lo cierto es que no ocurre lo mismo con
la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el
empleador no consigna oportunamente tales cesantías. Lo anterior, porque este
monto es de naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que no da lugar a
la intervención del juez de tutela.
También es importante anotar que la accionante no allegó elementos probatorios
mínimos que den cuenta de la afectación de su mínimo vital por la no consignación
de sus cesantías del 2020.
Es evidente, entonces, que la discusión se centra en un aspecto netamente
económico, debido a que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un
dinero, como consecuencia de la referida sanción por mora, la que, a juicio de la
accionante, también cobija a los docentes oficiales, aspectos que, en sentir de la
Sala, no se orientan a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
solicitud de amparo.
3.2. Desconocimiento del precedente
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas8:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció9.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
7 Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01, M.P. Fredy Ibarra Martínez.
8 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
9 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho
de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime
aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo
cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
14
Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente10).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto11.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia.
En este sentido, según la accionante, la decisión cuestionada desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098-2018, así como
el sentado por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias CE-SUJ-SII-
022-2020, del 22 de septiembre de 2022 y del 29 de julio del 2019, debido a que lo
allí decidido resultaba aplicable en su caso particular; sin embargo, la Sala advierte
que no existe la correspondencia fáctica y jurídica que alega la demandante, lo cual
desvirtúa la configuración del alegado defecto. Así se pudo constatar a través de los
siguientes cuadros comparativos:
Criterio SU 098 de 2018 Sub lite
Vinculación Docente en provisionalidad En el expediente de tutela
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto
Estado del vínculo laboral El vínculo del docente terminó, Del extracto de intereses
sin embargo, la Secretaría de del 20 de octubre de
Educación, por medio de la 2021, se puede observar
resolución 4143.3.21.5447 del que ha causado intereses
22 de octubre de 2007, le desde 2008. En tal virtud
reconoció el pago de las se presume que está
prestaciones sociales vinculada al servicio
definitivas y le informó que el docente oficial desde esa
paso se realizaría al respectivo anualidad.
Fondo de Cesantías.
10 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,
ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
11 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
15
Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00
Demandante: Flor Elena Adames Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Afiliación al FOMAG Por un error interno, el docente La docente se encuentra
solo fue afiliado al Fomag en afiliada al FOMAG.
2007, a pesar de haberse
vinculado en 2003.
Reclamación del pago de las Cuando culminó su relación La docente solicitó, el 23
cesantías y sus laboral con el Municipio de de julio de 2021, el pago
intereses. Cali, al docente le de la sanción moratoria
reconocieron el pago de las por la no consignación de
prestaciones sociales, entre las cesantías y la
estas, las cesantías. indemnización por el
pago tardío de los
intereses.
Tipo de sanción reclamada El docente solicitó el La docente solicitó tanto
reconocimiento, liquidación y el reconocimiento y el
pago de la sanción moratoria pago de la sanción
por la no consignación de las moratoria por la no
cesantías, los intereses a las consignación de las
cesantías ni los rendimientos. cesantías como la
indemnización por el
pago tardío de los
intereses de las
cesantías.
Sentencia
Criterio Sub lite Sentencia CE-SUJ-SII- Del 22 de
022-2020 septiembre de
2022 del
Consejo de
Estado12
Determinar si el Determinar el momento a Definir si operó
Tribunal Administrativo partir del cual se la prescripción
del Huila desconoció el contabiliza el término de de la sanción
precedente prescripción para moratoria
jurisprudencial que reclamar la sanción reclamada por
habla sobre la aplicación moratoria de la Ley 50 de la accionante
de la Ley 50 de 1990 a 1990. por el pago
los docentes oficiales. tardío de las
cesantías
anualizadas, o
sí, por el
contrario,
procede
su
reconocimiento.
Sanción La no consignación de La consignación tardía Pago tardío de
moratoria las cesantías del año de las cesantías en las las cesantías
solicitada 2020 anualidades 2005, 2006 de los años
y 2007 1997 a 2003.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22 de
septiembre de 2022, expediente 2015-90124-01.
16
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Demandante: Flor Elena Adames Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Algunos Artículo 151 del Código
fundamentos Procesal del Trabajo y de Sentencia
legales y/o la Seguridad Social. CESUJ-SII-022-
constitucionales 2020
para resolver el Artículo 99 de la Ley 50
problema de 1990.
jurídico
Características - Docente oficial - Secretaría de -Docente oficial
relevantes del - Afiliado a Fomag Salud Municipal -Afiliada a
demandante - Afiliada a FOMAG
Colfondos -El vínculo
laboral estaba
vigente hasta la
presentación
de
demand
a ordinaria.
Sentencia del 29 de julio
Criterio Sub lite de 2019 emitida por el
Consejo de Estado13
Vinculación En el expediente de tutela Docente en propiedad
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto
Estado del vínculo laboral Del extracto de intereses
del 20 de octubre de 2021,
se puede observar que ha En la sentencia no se
causado intereses desde suministra información sobre
2008. En tal virtud se este aspecto
presume que está
vinculada al servicio
docente oficial desde esa
anualidad.
Afiliación al FOMAG La docente se encuentra Según la sentencia en
afiliada al FOMAG. mención, sí está afiliada.
Reclamación del pago de La docente solicitó, el 23 de La docente solicitó el
las cesantías y sus julio de 2021, el pago de la reconocimiento y el pago de la
intereses. sanción moratoria por la no sanción moratoria por
consignación de las consignación tardía.
cesantías del año 2020 y la
indemnización por el pago.
tardío de los intereses.
Tipo de sanción reclamada La docente solicitó tanto el La docente solicitó al
reconocimiento y el pago municipio de Sabanalarga
de la sanción moratoria por (Atlántico) el reconocimiento
la no consignación de las y el pago de la sanción
cesantías como la moratoria por consignación
indemnización por el pago tardía, con fundamento en la
tardío de los intereses de ley 50 de 1990.
las cesantías.
Lo anterior da cuenta de que en el presente asunto se discute la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, mientras que en las otras sentencias
—incluidas varias de las citadas por la accionante— de la Corte Constitucional y del
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de
julio de 2019, expediente de tutela 2018-03499-01.
17
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Consejo de Estado, el tema central resuelto era distinto, por ejemplo, la
prescripción de la sanción por el pago tardío de las cesantías y/o por no
consignarlas.
En cuanto a la SU-098 de 2018, es claro que resulta fáctica y jurídicamente diferente
al caso de la señora Flor Elena Adames Delgado, en la medida en que allá, (i) por
un error interno, el docente provisional nunca estuvo afiliado al FOMAG; (ii) su
vínculo con la respectiva secretaría de educación ya había finalizado y, de hecho,
(iii) ya se le habían reconocido las cesantías y estaba esperando el traslado de los
recursos al fondo de cesantías.
Aún más, el Tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que no podían tenerse como precedente
de unificación vinculante, porque, primero, la Corte Constitucional se refirió a un
docente que “no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) ni a otro fondo por un error interno». supuesto que no guarda
identidad fáctica con el caso en cuestión.
Y, en segundo lugar, porque existe una clara diferencia entre el funcionamiento del
FOMAG y la forma como se administran los recursos en los fondos privados de
cesantías, habida cuenta de que en el primero rige el principio de unidad de caja, lo
que significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo de los fondos, no se
efectúan consignaciones a cuentas individuales de los docentes, sino que todos los
recursos, provenientes, de hecho, del Sistema General de Participaciones, son
girados al FOMAG, para que este pague las prestaciones correspondientes una vez
sean exigibles.
De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación14, tiene ciertas similitudes con el caso
examinado por el Tribunal Administrativo del Huila, lo cierto es que no era una
decisión vinculante, debido a que los fallos proferidos en sede de tutela tienen
efectos inter partes. Por la misma razón tampoco resulta vinculante el fallo de tutela
proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado15, al que también aludió la parte actora.
Con todo, conviene advertir que la tesis contenida en ese fallo de tutela fue
revaluada recientemente por la propia Subsección B de la Sección Segunda de esta
14 Exp. 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en su lugar,
se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se sustentaba en
la aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50
de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.
15 Expediente 11001031500020230106300.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Corporación, la que, mediante sentencia del 22 de junio de 202316, analizó un caso
que guarda identidad fáctica y jurídica con el que aquí se estudia, y negó la solicitud
de amparo, por considerar que la autoridad judicial accionada «efectuó el estudio
del caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por lo que no
observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio del interés de la parte
demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente». A esto
agregó que la Sección Segunda de esta Corporación no ha unificado el tema en
cuestión, aspecto que sólo puede darse en sede ordinaria y no en el marco de una
acción de tutela.
Finalmente, en cuanto a los fallos proferidos por varios juzgados administrativos del
país, en los que se reconoce el derecho a la sanción por mora a docentes vinculados
después del 1º de enero de 1990, por la falta de consignación oportuna de los
recursos del Ministerio de Educación al FOMAG, basta señalar que tales decisiones
no resultaban vinculantes para el Tribunal Administrativo del Huila, por emanar de
jueces de inferior jerarquía, lo cual claramente desvirtúa el desconocimiento del
precedente alegado.
Entonces, teniendo en cuenta (i) que la accionante centra la discusión en un tema
netamente legal y económico; (ii) que no se aportó suficiente material probatorio
que acredite que la no consignación de las cesantías afectó sus derechos
fundamentales; (iii) que la sentencia en cuestión no incurrió en desconocimiento del
precedente judicial enlistado por la señora Flor Elena Adames Delgado, dado que
no comparten identidad fáctica y, en su mayoría, tampoco elementos jurídicos y,
además, (iv) que el Tribunal Administrativo del Huila argumentó suficientemente por
qué se apartó del precedente sentado en algunas sentencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, se considera que la solicitud de amparo
incumple con el requisito de relevancia constitucional. Por tanto, la Sala modificará
la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Negar la solicitud de acumulación presentada por el Tribunal
Administrativo del Huila.
16
Sentencia de tutela del 22 de junio de 2023, exp. 2023-02451-00, M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
SEGUNDO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Flor Elena Adames Delgado, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
aspx.
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