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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04618-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04618-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 2 de octubre de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04618-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

13 de diciembre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04618-01
Demandante: Flor Elena Adames Delgado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04618-01
Demandante: FLOR ELENA ADAMES DELGADO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento
de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago
tardío de las cesantías. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la accionante contra la sentencia de 2 de octubre de 2023, dictada
por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que declaró
improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante manifestó que, con posterioridad al 1 de enero de 1990 se vinculó
como docente del municipio de Neiva y que, en razón a esto, el 15 de febrero de
2021 le debían ser consignadas las cesantías correspondientes al servicio que
prestó durante el año 2020, lo que no sucedió en esa fecha.

Afirmó que el 23 de julio de 2021, solicitó a la Secretaría de Educación de Huila y
al Fomag, el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías descrita en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, solicitud
que fue negada.

Refirió que, dado lo anterior, promovió demanda a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional,
FOMAG, y el municipio de Neiva, con el fin de que se declarara la nulidad de los
actos administrativos mediante los que se negó su solicitud.

Señaló que del asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Neiva, que en sentencia de 13 de diciembre de 2022
1

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04618-01
Demandante: Flor Elena Adames Delgado

negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías de
los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 es especial, por lo que no es
comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.

Por último, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación, y el Tribunal Administrativo del Huila por sentencia de 21 de marzo de
2023, confirmó el fallo apelado.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial,
sobre la relevancia constitucional citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de
2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el
proceso No. 11001031500020230106300.

Alegó la configuración del defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte
Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU-098 de 20181, SU-332
de 20192 y SU-041 de 20203, y del Consejo de Estado establecido en las
siguientes sentencias: del 6 de agosto de 2020 4, 24 de enero de 20195, 17 de
junio de 20196, 28 de junio de 20197, 29 de julio de 20198, 2 de diciembre de
20199, 10 de junio de 202010, 22 de octubre de 202011, 12 de noviembre de
202012, 17 de junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 202116, 20 de enero
de 202217, 3 de marzo de 202218, 28 de abril de 202219, 920 y 19 de mayo de

1
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
2
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
3
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-01 (0833-
16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867- 01 (4854-
2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales
7
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-
16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-01(0324-
2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00132-01,
C.P. William Hernández Gómez.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–
2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César Palomino Cortés.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015- 00445-
02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 01127-01
(1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021,
Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015- 90008-01
(2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de
2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-01
(1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-01.
Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (2660-
2020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-
01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Flor Elena Adames Delgado

202221, 1 de julio de 202222, 22 de agosto de 202223, 22 de septiembre de 202224,
1925 y 2626 de enero de 2023.

Por último, se refirió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del
Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la
Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que
tienen para el Tribunal Administrativo del Huila.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la
sentencia proferida el 3/21/2023, en el expediente rad. No. 41001333300220220015801,
transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA
A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUA TIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley
y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la
accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una
nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda
del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de
la sanción por mora como fue solicitada en la demanda de acuerdo a los postulados establecidos
en los siguientes expedientes: (…)”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de la sentencia de 21 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado con el No. 41001-33-33-002-2022-00158-01, actor: Flor Elena
Adames Delgado.

5. Trámite procesal

Por auto de 31 agosto de 2023, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo
de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-01 (2224-
2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-01 (2659-
2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-01
(4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-01
(4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-01
(2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015- 90124-01
(2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-02 (4470-
2021) , C.P. William Hernández Gómez.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231- 01 (0871-
2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
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Demandante: Flor Elena Adames Delgado

parte demandante y a la autoridad demandada. Además, se ordenó vincular al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), a la Fiduprevisora S.A., al departamento del Huila y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el
resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Huila

En escrito de 5 de septiembre de 2023, el ponente de la decisión objetada rindió
informe en el que solicitó que se negaran las pretensiones, toda vez que no se
demostró la configuración de los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial ni violación directa de la Constitución.

Sostuvo que la discusión planteada redunda en el mismo debate que la accionante
planteó ante la jurisdicción administrativa, pues esgrime casi idénticamente los
razonamientos que fundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron
en dos instancias.

Añadió que en el caso que no se incurrió en un defecto sustantivo ni se
desconoció el precedente aplicable al señalar que los docentes oficiales
vinculados al FOMAG eran beneficiarios de normas especiales, debido a que con
la sentencia SU-573 de 2019 se varió la posición que se expuso en la sentencia
SU-098 de 2018 y, por lo tanto, a los docentes como el actor no es posible
aplicarles el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

6.2. Respuesta del departamento del Huila

En correo electrónico de 6 de septiembre de 2023, la apoderada de la entidad
territorial informó que la Secretaría de Educación Departamental cumplió con su
obligación de reportar las cesantías e intereses a las cesantías de la vigencia 2020
a la Fiduprevisora S.A, respecto a los docentes activos e inactivos a 31 de
diciembre de 2021, mediante Oficio No. HUI2021EE001933 de 28 de enero de
2021 con anexo de la liquidación de sus cesantías, en virtud de lo dispuesto en el
literal b del numeral 3 del artículo 15 de la ley 91 de 1989, reglamentado por el
acuerdo 39 de 1998 expedido por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Afirmó que el precedente invocado no es aplicable, en razón a que las
circunstancias fácticas y jurídicas son disimiles a las expuestas en este proceso,
pues de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones
económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional que establece un sistema anualizado, sin
retroactividad y pago de intereses a sus beneficiarios.

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6.3. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.

En oficio de 6 de septiembre de 2023, la coordinadora de tutelas de la
Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG pidió que se declare
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con las causales generales y
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y
solicitó ser desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones de
la demandante. Agregó que al caso no le resultan extensibles los efectos de la
sentencia de unificación SU-098 de 2018.

6.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, guardó silencio,
a pesar de que se le notificó en debida forma el auto admisorio.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 2 de
octubre de 2023, declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, en tanto, señaló, todos sus planteamientos se
dirigieron de manera exclusiva a discutir argumentos que ya fueron debidamente
debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ordinario.

Sostuvo que la solicitud de amparo elevada por la señora Flor Elena Adames
Delgado carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la
controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e
indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretende el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus
cesantías.

Indicó que el tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que no podían tenerse como precedente
de unificación vinculante, porque, primero, la Corte Constitucional se refirió a un
docente que no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) ni a otro fondo por un error interno, supuesto que no guarda
identidad fáctica con el caso en cuestión.

Resaltó que existe una clara diferencia entre el funcionamiento del FOMAG y la
forma como se administran los recursos en los fondos privados de cesantías,
habida cuenta de que en el primero rige el principio de unidad de caja, lo que
significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo de los fondos, no se
efectúan consignaciones a cuentas individuales de los docentes, sino que todos
los recursos, provenientes, de hecho, del Sistema General de Participaciones, son
girados al FOMAG, para que este pague las prestaciones correspondientes una
vez sean exigibles.

Señaló que, si bien la sentencia de 29 de julio de 2019 de la Sección Tercera,
Subsección “C” de esta Corporación, tiene ciertas similitudes con el caso
examinado por el Tribunal Administrativo del Huila, lo cierto es que no era una
decisión vinculante, debido a que los fallos proferidos en sede de tutela tienen
efectos inter partes. Por la misma razón tampoco resulta aplicable el fallo de tutela
proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección Segunda, Subsección “B”, del
Consejo de Estado, al que también aludió la parte actora.
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Por último, manifestó que los fallos proferidos por varios juzgados administrativos
del país, en los que se reconoce el derecho a la sanción por mora a docentes
vinculados después del 1 de enero de 1990, por la falta de consignación oportuna
de los recursos del Ministerio de Educación al FOMAG, no resultaban vinculantes
para el Tribunal Administrativo del Huila, por emanar de jueces de inferior
jerarquía, lo cual claramente desvirtúa el desconocimiento del precedente alegado.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en
escrito en el que reiteró los argumentos que sustentan los defectos alegados en la
solicitud de amparo.

Afirmó que, en este sentido, no es cierto que no exista una posición respecto de la
aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto, adujo,
se evidencia en el Consejo de Estado una postura decantada desde el año 2019,
“tal y como se observó en el recuento jurisprudencial arrimado con el escrito de la
acción de tutela”.

Indicó que en distintas sentencias se ha arribado a “acertadas conclusiones que
siguen siendo postura en el Consejo de Estado, ya que en el interregno en el cual
se radicó la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió el
pronunciamiento más reciente en la materia, fue proferida el 19 de enero de 2023,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero
ponente Dr. William Hernández Gómez, consistente en un fallo de segunda
instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es
decir, que mientras estamos en el presente trámite de la acción constitucional, el
Consejo de Estado ratifica su postura en el tema de sanción moratoria cesantías
anualizadas – Docente”, sentencia que allegó mediante memorial radicado con
posterioridad a la sustentación de la impugnación.

Reiteró que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en virtud de
los principios de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244
de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006, indicó que no se debe excluir al
sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los
mismos carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria
prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive
preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social, “es por ello,
que no es de recibo para esta parte procesal que se afirme que el presente asunto
no tiene relevancia constitucional, por cuanto al no tener los docentes la garantía
de la prestación claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad social,
luego entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es
decir, que la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva
consignación efectiva”.

Sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en
pronunciamientos de tutela de 23 de marzo y 17 de abril de 2023 analizó casos
idénticos, encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y, de
manera específica, consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió en
desconocimiento del precedente judicial.
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Finalmente, señaló que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción
moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros servidores
públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, y tal
distinción entre unos y otros viola el derecho a la igualdad, “pues los docentes del
señor (sic) oficial tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica
dentro de los trabajadores del Estado, siendo inconcebible negar el acceso a la
aplicación favorable deprecada, lo que evidentemente conlleva una relevancia
constitucional para que el presente asunto sea estudiado en sede de tutela”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
revoca la decisión de primera instancia, en tanto la solicitud sí cumple con el
requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional, necesario para su
estudio de fondo.

En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, y de cumplirse con
el resto de requisitos de procedibilidad, corresponde a la Sala establecer si la
sentencia de 21 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, incurre en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, en tanto i) no
es cierto que no exista una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990
a los docentes del sector oficial, por cuanto se evidencia en el Consejo de Estado
una postura decantada desde el año 2019, “tal y como se observó en el recuento
jurisprudencial arrimado con el escrito de la acción de tutela”, ii) la sentencia SU-
098 de 2018 de la Corte Constitucional, en virtud de los principios de igualdad, in
dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley
1071 de 2006, indicó que no se debe excluir al sector oficial docente de la
aplicación de la Ley 50 de 1990, iii) una interpretación restrictiva de la aplicación
de la sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a
otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de
cesantías, y tal distinción entre unos y otros viola el derecho a la igualdad, y iv) en
el caso se desconoce le preceptuado por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, en pronunciamientos de tutela de 23 de marzo y 17 de abril de
2023, en los que27 analizó casos idénticos, encontrando superados los requisitos
de procedencia de la tutela y declarando que se incurrió en desconocimiento del
precedente judicial.

27
Radicado No. 11001031500020230096500.
7

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Demandante: Flor Elena Adames Delgado

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones”28.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 200529, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional 30.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala31, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

28
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
29
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P.
María Victoria Calle Correa.
30
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-
01.
31
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En primera instancia, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado por sentencia de 2 de octubre de 2023, declaró improcedente la acción por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en tanto, señaló, todos
sus planteamientos se dirigieron de manera exclusiva a discutir un tema
meramente económico.

En la impugnación, el actor reiteró los argumentos de la solicitud de amparo y
señaló que no es cierto que no exista una posición respecto de la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto, adujo, se evidencia
en el Consejo de Estado una postura decantada desde el año 2019, “tal y como se
observó en el recuento jurisprudencial arrimado con el escrito de la acción de
tutela”.

4.2. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto, contrario a lo manifestado en
la impugnación, la misma no cumple el requisito de la relevancia constitucional,
mas no porque se proponga un debate de naturaleza económica, sino porque se
acude a ella con el propósito de dar continuidad al debate que fue resuelto en dos
instancias.

Como se anotó, del expediente ordinario aportado como prueba, se observa que,
en primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva en
sentencia de 13 de diciembre de 2022, negó las súplicas de la demanda, tras

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considerar que el régimen de cesantías de los docentes, contemplado en la Ley 91
de 1989, es especial, por lo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.

En la sentencia de primera instancia, el juzgado desestimó la pretensión
encaminada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria y frente a la
pretensión de pago de la indemnización por no pagarse directamente los intereses
a las cesantías dentro del mes siguiente a su liquidación, pues consideró que la
misma no es aplicable al caso de la demandante, teniendo en cuenta que los
docentes oficiales ostentan un régimen especial en materia de liquidación de los
intereses anuales causados por concepto de cesantías contemplado en el numeral
3º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y que resulta más favorable en la
liquidación de intereses a las cesantías, negando así las pretensiones de la
demanda.

Contra la anterior determinación la accionante interpuso recurso de apelación, en
el que, conforme con el relato del recurso en efectuado en la sentencia de
segunda instancia, sostuvo que:

“(…) conforme a la sentencia SU-098 de 2018 y precedente del Consejo de Estado
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, agregando
que desde las sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016 se estableció que los
docentes se equiparan a los empleados públicos y por ello “les resulta aplicable
el régimen general en aquello que no se encuentre regulado en el régimen
especial”, tal como ocurre con la sanción moratorio por la consignación tardía de
las cesantías “en el único fondo para trabajadores de la educación” contenida en
la disposición antedicha.

Refirió que contrario a lo indicado por el a quo el régimen especial de liquidación de
cesantías de los docentes no es más favorable que el régimen general, pues para
aquellos los intereses de las cesantías se calculan aplicando la tasa DTF sobre el
capital acumulado que resulta inferior al 12% que se aplica a los demás trabajadores,
añadiendo que la Nación – Ministerio de Educación es la responsable de consignar las
cesantías de los docentes en el Fonprema como quedó reglado en la Ley 715 de 2001,
no obstante, incumple dicha obligación y ello constituye la razón por la cual el aludido
fondo no cuenta con los recursos para su cubrimiento, impidiendo además la
generación de los intereses al no existir un capital que los cause. (…)

Señaló que además de asistirle derecho a que sus cesantías se consignen el 15 de
febrero de cada año, los intereses de las mismas deben ser pagados antes del 31 de
enero conforme a la Ley 52 de 1975 y el artículo 3º del Decreto 1176 de 1991, pues en
la Ley 91 de 1989 no están parametrizado dichos términos y al existir un vacío
normativo se debe acudir a la norma general como lo estableció la sentencia SU-098
de 2018 acogida en sentencia del Consejo de Estado de agosto 6 de 2020. (…)

Frente a la inexistencia de identidad fáctica con la sentencia SU-098 de 2018,
advertida por el juez de primera instancia en tanto los demandantes en dicha
causa no estaban afiliados al Fonprema, señaló que “no existe sanción por la no
afiliación al fondo, la no afiliación al fondo trae como consecuencia lógica que no
va a existir una consignación y lo que se puede sancionar a favor del trabajador
es la falta de consignación y este es el término contenido en la Ley 50 de 1990”.

Relacionó múltiples providencias del Consejo de Estado proferidas durante los
años 2019 a 2022 en las cuales se aplicó el artículo 99 de la ley 50 de 1990 en
favor de los docentes, arguyendo que a dicha disposición se someten tanto los
fondos privados como el Fonprema, “por eso insistió en la importancia del decreto de
las pruebas para que el juzgado tuviera pleno conocimiento de la fecha exacta de la

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consignación (…) pero las misma fueron denegadas y cursa a la vez un recurso de
apelación ante este honorable Tribunal”.

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 21 de marzo de 2023
confirmó el fallo apelado, luego de considerar que los docentes oficiales
vinculados al Fomag se rigen por la norma especial consagrada en la Ley 91 de
1989, la cual no contempló la sanción por no consignación de cesantías en una
cuenta individual para cada docente antes del 14 de febrero del año
correspondiente, y que no existe pronunciamiento de la Corte Constitucional o del
Consejo de Estado que ordene a las demandadas a aplicar la sanción consagrada
en la Ley 50 de 1990 para esos funcionarios públicos.

En el fallo objetado, la autoridad judicial accionada, luego de hacer amplia
referencia al marco jurisprudencial y legal aplicable al caso sostuvo lo siguiente
respecto a la aplicación extensiva de la Ley 50 de 1990:

“Sea lo primero advertir que el legislador con la Ley 50 de 1990 estableció una sanción
económica para los eventos en que se consigne extemporáneamente las cesantías
para los trabajadores cobijados por el CST, no obstante, con la Ley 344 de 1996 de
manera diáfana extendió dicha sanción en favor de los servidores estatales,
excluyendo a los docentes quienes cuenta con un régimen especial de reconocimiento
y pago de prestaciones (incluyendo cesantías) como atrás se estableciera, lo cual
resulta suficiente para denegar las pretensiones de la demanda como lo hiciera el a
quo, no obstante, procede el Tribunal a abordar los argumentos esgrimidos por el actor
en su alzada.

Frente al alegado desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en el
que se aplica la Ley 50 de 1990 a los docentes, el Tribunal encuentra que todas
las sentencias citadas tanto en el escrito de demanda como en el recurso de
apelación no constituyen precedente unificador de carácter vinculante en los
términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP, razón por la cual
los citados pronunciamientos no se acogen, tal y como lo advirtió la Corte
Constitucional en la sentencia SU- 098 de 2018 citada por el misma apelante:

“De otro lado, como lo dijo la Sección Segunda del Consejo de Estado, no existe
una posición unificada respecto a la aplicación de la norma de reconocimiento y
pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3° del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es posible afirmar que se
desconoció el precedente de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

Ahora, si bien el actor trajo la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 de agosto
6 de 2020, en dicha oportunidad el Consejo de Estado determinó el momento a partir
del cual se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de
la Ley 50 de 1990 en favor de la Secretaria de Salud del municipio de Sabanagrande
(Atlántico), sin efectuar análisis alguna en torno a la aplicación de dicha sanción en
favor de los docentes, razón por la cual al no existir similitud fáctica con el presente
asunto no hay lugar a su aplicación”.

De otra parte, respecto de la interpretación de la sentencia SU-098 de 2018,
indicó lo siguiente:

“Adicionalmente, el apelante invocó la sentencia SU 098 de 2018, en la cual se
concluyó que en virtud del principio de favorabilidad los docentes (sin especificar si son
particulares u oficiales) resultan beneficiarios de la sanción moratoria por la
consignación tardía de sus cesantías prevista en la Ley 50 de 1990; decisión de la cual
se aparta este Tribunal al considerar que no resulta aplicable por las siguientes
razones:

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i) No aplicabilidad del principio de favorabilidad en el presente asunto. (…)

ii) Afectación del principio de inescindibilidad normativa. (…)

iii) La naturaleza del Fonprema no corresponde a la de un fondo privado.”. (…)

Finalmente, frente a la existencia de una postura unificada sobre la materia,
sostuvo:

“Por último, advierte el Tribunal que recientemente la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado en sentencia de enero 19 de 2023, concluyó que a los docentes
les asiste derecho a la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías en
virtud del criterio de favorabilidad aplicado por la Corte Constitucional:

“Bajo el anterior derrotero, la Subsección ha considerado viable acoger el criterio de
favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias
relacionadas con el reconocimiento de sanción moratoria por la consignación tardía de
las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990. Por ende, se aplicará el anterior criterio a fin de establecer si el
demandante es beneficiario de la sanción pretendida en la demanda, en los términos
del segundo problema jurídico planteado al inicio de estas consideraciones.”

De la anterior decisión también se aparta esta Corporación, de un lado, porque
no obra en el ordenamiento jurídico dos disposiciones que ofrezcan un trato
diferenciado a los docentes oficiales frente a la sanción moratoria por la
consignación tardía de sus cesantías, lo cual impide que se acuda al principio de
favorabilidad, y de otro lado, porque la providencia en comento no constituye
precedente unificador de obligatorio acatamiento en los términos de los artículos
de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP, como ya se había
indicado.”. (Resaltado de la Sala).

Lo anterior permite evidenciar que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, estudiaron de manera suficiente lo
relativo al régimen prestacional aplicable a los docentes escalafonados, en
específico respecto de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizado y de los intereses a las mismas, lo cual fundamentó la
denegación de las pretensiones de la demanda.

4.3. Conforme con lo anterior, la Sala observa que los reproches formulados por la
parte actora en el escrito de tutela relativos a la presunta configuración de los
defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial y por violación
directa de la Constitución, independientemente de que se quieran encuadrar en la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, junto
con el principio a la seguridad jurídica, lo que en realidad pretenden es darle
continuidad al debate relacionado con la aplicación para el caso de las Leyes 50
de 1990 y 52 de 1975 y con el desconocimiento de la sentencia SU-098 de 2018
proferida por la Corte Constitucional y, en tal razón, carecen de la relevancia
constitucional necesaria para ser estudiadas por el juez de tutela, pues son un
aspecto que ya fue motivo de estudio en el curso del proceso ordinario en sus dos
instancias, en el que se concluyó que dichas normas no eran aplicables por ser
incompatibles con el régimen de la Ley 91 de 1989, al que la demandante
pertenece, y que sobre la materia no hay una postura jurisprudencial unificada.

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Cuestión diferente es que la accionante, al no estar de acuerdo con la apreciación
que se hizo sobre dicho cargo por parte de las autoridades judiciales, presentara
los mismos argumentos en la acción de tutela, bajo la supuesta vulneración de
derechos fundamentales, lo que no es razón suficiente para omitir el hecho de que
el mecanismo constitucional se está utilizando como una instancia adicional, lo
que desconoce el requisito de la relevancia constitucional, por lo que la Sala
confirmará la decisión impugnada que declaró la improcedencia de la solicitud por
falta del mencionado requisito de procedibilidad.

Por último, si bien la parte actora se refiere a la sentencia de tutela de 23 de
marzo de 202332 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” de esta
Corporación, en las que se dio por superado el requisito de relevancia
constitucional y se accedió al amparo constitucional solicitado, basta indicar que
sobre dicho fallo se declaró la nulidad por la Sección Primera del Consejo de
Estado por indebida conformación del contradictorio.

Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional,
en sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional, por las siguientes razones:

(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues
se proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los
docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la
Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a
establecer aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes
(territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de
cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por
no consignación oportuna de la prestación social.

Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la
sentencia y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces
de la jurisdicción contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el
Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una penalidad por no
consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”

ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
precedente y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un
efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la
afectación de un derecho fundamental, por cuanto “las decisiones impugnadas en
sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes
de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una prerrogativa
de carácter constitucional”.

(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras
obtener una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los
demandantes acudían a la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos

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Rad. 2023-01063-00.
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específicos con el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas
pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión impugnada, que declaró
la improcedencia de la solicitud por ausencia del requisito de relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 2 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en esta
providencia.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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