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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00756-01

Cesantías anualizadas

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
619 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00756-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿Debía presentarse ante el Fomag la petición de pago de las cesantías, intereses y sanción moratoria, o ante la entidad territorial nominadora, cuando el docente no estaba afiliado al fondo durante el período reclamado?

  2. ¿Operó la prescripción extintiva sobre la sanción moratoria reclamada por las cesantías de 2003 a 2005?

Reglas

  1. Las cesantías anualizadas no prescriben mientras la relación laboral esté vigente o cuando se reclaman de manera oportuna.

    «prescriben siempre que la relación laboral se encuentre vigente o se soliciten de»
  2. Cuando el docente no fue afiliado al Fomag, la entidad territorial nominadora debe pagar con sus propios recursos las cesantías causadas en ese período.

    «ser sufragada por el ente territorial con sus propios recursos»
  3. La sanción moratoria por la mora en la consignación de cesantías está sometida al fenómeno prescriptivo y debe reclamarse dentro de los tres años siguientes.

    «sometida al fenómeno prescriptivo, como fue advertido en el estudio normativo»
  4. Cuando se acumulan anualidades de mora, el término de prescripción de la sanción se cuenta de manera independiente por cada año.

    «en el caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo deberá»
  5. En el pago de las cesantías anualizadas deben incluirse los intereses legales del 12% anual.

    «en el pago de las cesantías anualizadas deberán incluirse»

Decisión

Revoca la sentencia de primera instancia. Declara la nulidad de las resoluciones que negaron las cesantías de 2003 a 2005 y ordena al distrito sufragarlas con sus propios recursos, junto con los intereses legales del 12%. Declara probada la prescripción de la sanción moratoria, niega las demás pretensiones y no impone costas.

Parte resolutiva

FALLA: 1. Revócase la sentencia de 30 de abril de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y negó las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por el señor Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturismo de Buenaventura (Valle del Cauca), conforme a la parte motiva; en su lugar: 1.1 Declárase la nulidad de las Resoluciones 1502 de 27 de agosto de 2012 y 2021 de 9 de noviembre siguiente, proferidas por el alcalde del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturismo de Buenaventura (Valle del Cauca), a través de las cuales se negó la petición de las cesantías de 2003 a 2005, formulada por el actor el 3 de diciembre de 2010, de acuerdo con la motivación. 1.2 A título de restablecimiento del derecho, ordénase al Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturismo de Buenaventura (Valle del Cauca) sufragar, con sus propios recursos, al señor Éver José Ordóñez Castro las cesantías anualizadas de 2003 a 2005, junto con sus intereses legales del 12%, según lo expuesto. 1.3 Decrétase el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción extintiva respecto de la sanción moratoria por la falta de pago de las aludidas cesantías anualizadas, de acuerdo con la parte considerativa 1.4 El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturismo de Buenaventura (Valle del Cauca) hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el 21 Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial […]

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-00756-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Demandante : Éver José Ordóñez Castro
Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag) y Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura (Valle del
Cauca)
Tema : Falta de pago de cesantías anualizadas y sus intereses
con su consecuente sanción moratoria; no vinculación
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag)

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 30 de abril de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del ente territorial
accionado1 y negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 12 a 17 y 43 a 45 del cuaderno principal). El señor
Éver José Ordóñez Castro, a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)2 y el Distrito Especial, Industrial,
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura (Valle del Cauca), para
que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 1502 de 27 de
agosto de 2012 y 2021 de 9 de noviembre siguiente, expedidas por el alcalde de
1
Se advierte que en la parte decisoria del fallo apelado se indicó que la excepción fue propuesta por el Distrito
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura (Valle del Cauca); sin embargo, en la
audiencia inicial celebrada el 5 de marzo de 2015 (ff. 181 a 189 del cuaderno principal) se tuvo por no contestada
la demanda por parte de ese ente territorial.
2
Vinculada al proceso en la audiencia inicial realizada el 13 de agosto de 2014 (ff. 130 a 134 del cuaderno principal).

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

Buenaventura (Valle del Cauca), a través de las cuales se le negó al actor el
reconocimiento de las cesantías y sus intereses de 2003 a 2005 y la consecuente
sanción moratoria por su falta de pago.

A título de restablecimiento del derecho, se condene a sufragar las cesantías y
sus intereses por las anualidades de 2003 a 2005 y la respectiva sanción
moratoria, con la correspondiente indexación; y en costas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[m]ediante Decreto No. 263 de
diciembre 31 de 2007, emitido por la [a]lcaldía [d]istrital de Buenaventura, se
orden[ó] la desvinculación de todos los docentes adscritos a la [s]ecretaría de
[e]ducación [d]istrital […], entre los cuales [él] se encontraba […]».

Que, por medio de «[…] petición de fecha diciembre 03 de 2010, solicit[ó] a la
entidad demandada, se le cancelaran todas las acreencias laborales dejadas de
pagar durante el tiempo que este estuvo vinculado es decir hasta la fecha
diciembre 31 de 2007, dicha solicitud se present[ó] ante el ente nominador a
razón de que la entidad citada solo procedió a la afiliación […] al [F]ondo de
[P]restaciones [S]ociales del [M]agisterio a partir de la fecha noviembre 28 de
2005, a pesar [de] que […] inici[ó] su relación laboral […] en fecha abril 01
de 2003» (sic).

Afirma que, para dar respuesta a la anterior reclamación, el Distrito accionado
«[…] emitió [la] Resolución No. 1502 de agosto 27 de 2012, mediante la cual
[se] resolvió negativamente el derecho de petición impetrado […]», contra la
que interpuso recurso de reposición, desatado de manera desfavorable con
Resolución 2021 de 9 de noviembre siguiente.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos acusados los artículos 99 (numeral 3) de
la Ley 50 de 1990 y 5 (parágrafo) de la Ley 1071 de 2006.

Arguye que el accionado incurrió «[…] en faltas al no aplicar de manera
cronológica y sistemática en ningún de sus apartes lo preceptuado en la Ley 50
de 1990 [a]rtículo 99 numeral 3 y en el [p]arágrafo del artículo 5 de la Ley
1071 de 2006, concerniente la primera en la consignación a fecha 15 de febrero
de cada anualidad de las cesantías […] y al reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas e intereses […] y posteriormente negando la solicitud
elevada mediante los [a]ctos [a]dministrativos “Resolución 1502 de agosto 27
de 2012 y 2021 de noviembre 09 de 2012, viciados de una falsa motivación que
2

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

no tiene asidero jurídico dentro de nuestro ordenamiento […]» (sic).

1.5 Contestaciones de la demanda. La Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y
el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de
Buenaventura (Valle del Cauca), a pesar de haber sido notificados en debida
forma, contestaron el libelo introductorio extemporáneamente (f. 185 del
cuaderno principal).

1.6 Providencia apelada (ff. 291 a 30 del cuaderno principal). El Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 30 de abril de 2019,
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
Distrito accionado y negó las pretensiones de la demanda (con condena en
costas), al considerar que «[…] la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, si bien está legitimada por
pasiva en el presente asunto, la reclamación y la demanda no se efectuó a ella
siendo el acto acusado no proferido por la misma, situación que no se sanea
con la simple vinculación de dicha entidad al proceso, ya que en últimas a la
Nación – Mineducación – Fomag no se le ha otorgado la oportunidad en sede
administrativa para pronunciarse respecto de las pretensiones […]» (sic).

Que «[e]n cuanto al Distrito de Buenaventura, si bien expidi[ó] los actos
acusados no le asiste legitimación en la causa por pasiva […] por cuanto no es
el responsable del pago de las cesantías sino la Nación – Ministerio de
[E]ducación a través del Fondo según lo dispuesto en la Ley 91 de 1989,
argumento que […] se encuentra plenamente ajustado a [d]erecho, ya que
efectivamente las pretensiones que se elevan en el presente medio de control,
no son de competencia del ente territorial» (sic).

En consecuencia, «[…] si bien la motivación señalada por el Distrito de
Buenaventura […] en los actos administrativos demandados no se atempera a
los parámetros y a la jurisprudencia […] lo cierto es que como dicho ente
territorial no es el competente para resolver la petición del accionante, en
cuanto al reconocimiento y pago de las cesantías junto con las sanciones
moratorias de la Ley 50 de 1990 y la Ley 244 de 1995, no hay lugar a nulitar
los actos demandados».

1.7 El recurso de apelación (ff. 316 a 319 del cuaderno principal). El
demandante, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación, al
estimar que no debió declararse probada la excepción de falta de legitimación
3

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
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Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

en la causa por pasiva del Distrito accionado, pues contestó el libelo
introductorio en forma extemporánea. Además, «[…] la solicitud de
reconocimiento y pago de las cesantías e intereses […] correspondientes a los
años 2003 […] [a] 2005, se elevó ante la entidad demandada ALCALDÍA
DISTRITAL DE BUENAVENTURA y no ante el FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en razón [a] que para la
fecha de la prestación de los servicios laborales que generaron dicha
prestación social, […] no se encontraba vinculado al mencionado fondo, y así
qued[ó] probado y reconocido dentro del acervo probatorio del presente
proceso. [E]n ese orden de ideas, no hay lugar en el presente caso a la
aplicación de la normatividad contemplada en la Ley 91 de 1989 […]» (sic).
Por tanto, en virtud de lo previsto en el Decreto 3752 de 2003, «[…] resulta
clara la responsabilidad del ente territorial […] de reconocer y pagar la
sanción moratoria tanto de las cesantías anualizadas como la de las definitivas
[…]».

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 16 de
diciembre de 2019 (f. 320 del cuaderno principal) y admitido por esta
Corporación a través de auto de 9 de noviembre de 2020 (f. 326 ibidem), en el
que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las
partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del
CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 10 de febrero de 2022 (f. 355 del cuaderno
principal), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de
conformidad con lo establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad en
la que guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problemas jurídicos. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si la petición de pago de las cesantías,
intereses y sanción moratoria del actor debía presentarse directamente ante el
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Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
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Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

Fomag, como lo concluyó el a quo; o si era dable formularla ante la entidad
territorial nominadora, pues durante el período reclamado no estuvo afiliado al
citado fondo, según lo asevera en la alzada.

Dilucidado lo anterior, establecer si al demandante le asiste razón jurídica o no
para reclamar del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico de Buenaventura el pago de las cesantías causadas de 2003 a 2005
(como lo depreca en el libelo introductorio) con sus intereses y la respectiva
sanción moratoria por su consignación tardía de acuerdo con el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990; y, de ser cierto, si operó el fenómeno jurídico-procesal de la
prescripción extintiva.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.

El auxilio de cesantías es una prestación social a la que todos los empleados del
Estado tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o prever
las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro
de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el
riesgo de desempleo»3, que actualmente también promueve el acceso de los
trabajadores a los componentes de educación y vivienda.

De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes oficiales se
benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los
parámetros establecidos por el artículo 15 (numeral 3) de la Ley 91 de 1989,
norma que distingue entre los que se benefician del régimen de cesantías
retroactivas y aquellos a quienes les es aplicable el de cesantías anualizadas con
pago de intereses y sin retroactividad, así:

3. Cesantías:

Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará
un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.

3
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para
los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero
sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de
1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de
interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional
docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos
del orden nacional.

Según lo anterior, corresponde al Fomag liquidar y reconocer el auxilio de
cesantías parciales o definitivas de los docentes oficiales afiliados, actividad
que, en virtud de la «prestación descentralizada de los servicios» consagrada
en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de la delegación de que trata el artículo
9 ibidem, desarrolla a través de las secretarías de educación de los entes
territoriales. Mientras que el pago de la prestación debe ser efectuado a través
de la sociedad fiduciaria que administre los recursos del fondo, que en la
actualidad es la Fiduprevisora SA.

En paralelo, correspondía a cada entidad territorial el reconocimiento de las
cesantías del personal docente no afiliado al Fomag, situación que en términos
del artículo 7 del Decreto 196 de 1995, hacía responsables del pago de las
prestaciones sociales de los docentes departamentales, distritales y municipales
causadas antes de su incorporación al Fondo. Más adelante, el Decreto 3752 de
20034 dispuso que los docentes del servicio público educativo vinculados a las
plantas de personal de los entes territoriales deberían ser afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, norma a partir de la cual el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales y definitivas estuvo
concentrado en esa entidad, en los siguientes términos:

Artículo 1º. Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público
educativo que estén vinculados a las plantas de personal de los entes
territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y

4
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la
Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y se dictan otras disposiciones».
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trámites establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a más
tardar el 31 de octubre de 2004.

Parágrafo 1º. La falta de afiliación del personal docente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la
responsabilidad de la entidad territorial nominadora por la totalidad de
las prestaciones sociales que correspondan, sin perjuicio de las
sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias a que haya lugar.

Parágrafo 2°. Los docentes vinculados a las plantas de personal de las
entidades territoriales de manera provisional deberán ser afiliados
provisionalmente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio mientras conserve su nombramiento provisional [subrayas
de la Sala]

Artículo 2°. Prestaciones sociales causadas. Se entiende por causación
de prestaciones el cumplimiento de los requisitos legales que
determinan su exigibilidad.

Las prestaciones sociales de los docentes causadas con anterioridad a la
afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones estarán a cargo
de la respectiva entidad territorial o de la entidad de previsión social a
la cual se hubieren realizado los aportes.

Las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la afiliación
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus
reajustes, reliquidaciones y sustituciones serán reconocidas de
conformidad con lo que establezca la Ley y se pagarán por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sin perjuicio de lo anterior, el reconocimiento y pago de prestaciones
sociales que se causen a favor de los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, se limitará al período de
cotizaciones que haya efectivamente recibido el Fondo y al valor del
pasivo actuarial que le haya sido efectivamente cancelado.

En los términos de la normativa citada en precedencia, los entes territoriales
están obligados a afiliar a los docentes vinculados a su planta de personal al
Fomag, incluso si se trata de nombramientos provisionales, so pena de
responder por la totalidad de las correspondientes prestaciones sociales.

En todo caso, se tiene que los docentes vinculados a partir del 1°. de enero de
1990 gozan del régimen de cesantías anualizadas, prestación que a partir de la
entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, debe liquidarse de acuerdo con lo
previsto por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que prevé:
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Educación Nacional – Fomag y otro

El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del
contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12%
anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas
vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma
causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del
15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que
incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada
retardo. […]

Conforme a la normativa trascrita se tiene entonces que los docentes oficiales
que se vincularon a partir del 1°. de enero de 1990 les es aplicable el régimen
de cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990, que dispone la
realización de la liquidación anual de dicha prestación social con pago de
intereses, suma que deberá ser consignada en el respectivo fondo de cesantías
entes del 15 de febrero del año siguiente, so pena de que el empleador sea
sancionado con el pago de un día de salario por cada día de retardo.

Por otra parte, en lo atañedero a la prescripción de la sanción moratoria por pago
tardío de cesantías, la sección segunda del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación de 25 de agosto de 20165, precisó:

1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las
cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.

2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno
de prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo
151 del Código de Procedimiento Laboral.

3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la
indemnización por la mora en la consignación de las cesantías
anualizadas, es el momento mismo en que se produce la mora, es decir,
desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el pago.

4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en
5
Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01 (528-14) CE-SUJ2-004-16, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
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Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
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la consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se
produce la desvinculación del servicio.

5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria
es el que devenga el empleado en el momento en que se produce la mora,
y cuando concurren dos o más periodos de cesantías y una mora
sucesiva, el salario a tener en cuenta para la liquidación cambia en el
momento en que se genera un nuevo periodo de mora, en los términos
previamente descritos.

No obstante, en auto de 7 de noviembre de 20196, esta sección consideró
necesario aclarar el alcance de la citada providencia, dadas algunas
inconsistencias entre las conclusiones adoptadas en lo que dice relación con el
cómputo del término prescriptivo de la sanción moratoria y la solución dada al
caso allí tratado, por lo que seleccionó el expediente con fines de unificar
jurisprudencia, escenario en el cual profirió la sentencia CE-SUJ-SII-022-
20207, por medio de la que fijó las siguientes reglas:

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda
del Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la
sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las siguientes reglas
jurisprudenciales:

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la
prescripción de la sanción moratoria de las cesantías anualizadas
prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su causación y exigibilidad, es
decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la
reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años
siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en
la consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la
sanción prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera
independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3
años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación
para reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so
pena de su extinción.

De conformidad con lo anterior, el término de prescripción de que trata el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el
caso de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
debe computarse desde el primer día en que se cause el incumplimiento, de

6
Expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
7
Consejo de Estado (sección segunda), sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de marzo de 2020; expediente 08001-
23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
9

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

manera que si la exigibilidad de aquella sanción se origina el 15 de febrero
frente a las cesantías correspondientes a la anualidad inmediatamente anterior,
la respectiva reclamación administrativa deberá ser presentada dentro de los tres
años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva8. Asimismo,
en el caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año.

En este orden de ideas, resulta claro que, por omitir consignar las cesantías en
los términos previstos en el régimen anualizado, el empleador, como se dijo,
tendría que pagar la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, esto es, un día de salario por cada uno de retardo, la cual puede verse
afectada por la prescripción de no ser reclamada dentro de los tres años
siguientes a la fecha en que se origine.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Decreto 18 de 1º. de abril de 2003 (ff. 89 a 92 del cuaderno principal),
expedido por el alcalde del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso
y Ecoturístico de Buenaventura (Valle del Cauca), a través del cual el actor fue
nombrado como docente, cargo del que tomó posesión en ese día y que
desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2007, cuando fue desvinculado del
empleo con el Decreto 263 de dicha fecha, dictada por aquel funcionario (ff. 91
a 94 ibidem).

b) Decreto 53 de 14 de febrero de 2008 (ff. 95 y 96 del cuaderno principal),
proferido por el alcalde del ente territorial accionado, cuyo artículo segundo
dispone:

EXCLUIR de la relación prevista en el [a]rtículo [p]rimero del Decreto
N° 263 de 31 de diciembre de 2007 para efectos de terminación de
nombramientos provisionales, a los siguientes docentes vinculados al
servicio educativo estatal de Buenaventura, en provisionalidad en áreas
técnicas, reservadas al concurso:

8
El suscrito ponente se había apartado de tal interpretación, adoptada por la sala de subsección mayoritaria en
ocasiones anteriores, por considerar que dicha sanción tiene su causación cada día de no pago hasta cuando se
consigne el valor del auxilio de cesantías, por lo que podría haber una prescripción parcial, si se reclama dentro de
los 3 años siguientes a su cancelación.
10

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

Nombre Cédula Situación del cargo
[…]
ORDÓÑEZ ÉVER JOSÉ 16.503.559 PROVISIONAL ÁREA
TÉCNICA
[…] (sic para toda la cita).

c) El 3 de diciembre de 20109 el accionante pidió del demandado «[…] el pago
de prestaciones sociales […] dentro de las que se encuentran las cesantías e
intereses a las cesantías» correspondiente a los años 2003 a 2005, negado con
Resolución 1502 de 27 de agosto de 2012 (ff. 26 a 28 del cuaderno principal),
contra la que aquel interpuso recurso de reposición (ff. 118 a 120 ibidem),
resuelto desfavorablemente por medio de Resolución 2021 de 9 de noviembre
siguiente (ff. 2 a 4 ibidem).

d) Oficio 20150160001131 de 4 de mayo de 2015 (f. 3 del cuaderno de pruebas),
firmado por el director de prestaciones económicas de la Fiduprevisora SA,
según el cual:

[…] consultada la [b]ase de [d]atos de docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se certifica que el […]
[demandante] se encuentra vinculado al Fondo […] por [v]inculación al
[s]ervicio [e]ducativo [e]statal con la [s]ecretaría de
BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA, de la siguiente manera:

Nombramiento: Provisional en una vacante definitiva.
Tipo de vinculación: Municipal.
Origen de la vinculación: En virtud del [D]ecreto 3752/2003.
Régimen de cesantías: Anualidad.
Fecha de posesión: Abril 1 de 2003.
Fecha de [a]cto [a]dministrativo: Abril 1 de 2003
Número [a]cto administrativo: 018 A.
Fecha de afiliación nombramiento: Noviembre 28 de 2005.
Estado de afiliación: Activo
[…] (sic para toda la cita).

De las pruebas relacionadas, se colige que el actor (i) laboró, como docente,
para el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de
Buenaventura (Valle del Cauca) desde el 1º. de abril de 2003 hasta el 31 de
diciembre de 2007, empero con Decreto 53 de 14 de febrero de 2008, luego de
trascurrir más de 30 días hábiles, fue reincorporado al servicio docente oficial,
vinculación que se presume que ha permanecido, pues las partes no

9
Según se desprende de la Resolución 1502 de 27 de agosto de 2012 (ff. 26 a 28 del cuaderno principal), dado que
el documento aportado, obrante en los folios 282 y 283 ibidem, no cuenta con sello de recibido por la entidad.
11

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

controvirtieron ese hecho; (ii) fue afiliado al Fomag a partir del 28 de noviembre
de 2005, a pesar de su nombramiento y posesión desde fecha anterior; y (iii) el
3 de diciembre de 2010 deprecó de la Administración el reconocimiento de las
cesantías y sus intereses de 2003 a 2005 y la consecuente sanción moratoria por
su falta de pago, lo que le fue negado con los actos acusados.

Para resolver el primero de los problemas jurídicos planteados, debe precisarse
que en la audiencia inicial celebrada el 5 de marzo de 2015 (ff. 181 a 189 del
cuaderno principal), el Tribunal de instancia advirtió que «[…] i) el proceso fue
admitido […] mediante auto del 14 de noviembre de 2013 […]; ii) que la
entidad demanda[da] MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, fue notificada a
través del correo electrónico […] el 12 de marzo de 2014, […] de igual manera
la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, […] el 20
de agosto de 2014 […]; iii) que las entidades demandadas no dieron
contestación a la demanda dentro de la oportunidad legal otorgada» (sic).
Asimismo, precisó que «[n]o se propusieron excepciones previas, toda vez que
las entidades contestaron por fuera de término». Estas decisiones fueron
notificadas en estrados y contra ellas no se interpuso recurso alguno, por lo que
las partes quedaron vinculadas a su contenido.

No obstante, en el fallo apelado el a quo declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva «[…] propuesta por el Distrito de
Buenaventura (V)» (sic), conclusión que no corresponde a la realidad procesal
y fáctica de este trámite judicial, en la medida en que, como se expuso en
precedencia, las entidades accionadas no contestaron el libelo introductorio de
manera oportuna, por lo que sus escritos se tienen como no presentados, en
virtud del artículo 97 del Código General del Proceso (CGP)10, aplicable por la
remisión expresa del 306 del CPACA. Por tanto, le asiste razón al accionante
frente a que el a quo no podía declarar probada una excepción que no fue
planteada por uno de los demandados; sin embargo, resulta necesario
determinar la autoridad responsable de la petición que generó la expedición de
las resoluciones acusadas.

10
«Falta de contestación o contestación deficiente de la demanda. La falta de contestación de la demanda o de
pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias
a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que
la ley le atribuya otro efecto. […]».
12

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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Educación Nacional – Fomag y otro

En ese entendimiento, esta Sala destaca que la Ley 962 de 200511 (artículo 5612)
prevé que las prestaciones sociales pagaderas a los docentes oficiales son
reconocidas y pagadas por el Fomag, a través de la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien lo administre, el cual, en todo caso, debe ser
elaborado por la respectiva secretaría de educación del ente territorial
certificado, al que se encuentre vinculado el maestro. Este trámite, a su vez, se
encuentra reglamentado en los artículos 2 a 5 del Decreto 2831 de 200513, así:

Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de
reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la
secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces,
de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente
pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo
con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria
encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo,
implementará un sistema de radicación único, que registre las
solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que deba
pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en
forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la
sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer
electrónicamente el estado de su trámite.

Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo
con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de1989 y el artículo 56
de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con
las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de
educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia
que haga sus veces.
Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial
certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente,
deberá:
Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes
relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con
11
«Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos».
12
«Racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las prestaciones
sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado
Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser
elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se
encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial».
13
«Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3 y el numeral 6 del artículo 7 de la Ley 91 de 1989, y el
artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».
13

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
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Educación Nacional – Fomag y otro

los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo
de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de
los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta
adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y
prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con
la normatividad vigente.
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de
reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo
y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación
descrita en el numeral anterior del presente artículo.
4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del
manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de
acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las
adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya
lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la
ley.
5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de
los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a
cargo de este, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para
efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que estos se
encuentren en firme.
Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean
interpuestos contra las decisiones adoptadas de conformidad con el
procedimiento aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones
que con anterioridad se hayan adoptado respecto del reconocimiento de
prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa,
disciplinaria, fiscal y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que
se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan
prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad
fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal
Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo
de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de
educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial
certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el
solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del
manejo de los recursos del Fondo para su aprobación.
14

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
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Educación Nacional – Fomag y otro

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto
de resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o
indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e
informar de ello a la respectiva secretaría de educación.

Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por
la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo,
deberá ser suscrito por el secretario de educación del ente territorial
certificado y notificado en los términos y con las formalidades y efectos
previstos en la ley.

De conformidad con las precitadas disposiciones, los actos administrativos a
través de los cuales se reconozcan y paguen prestaciones económicas a favor
de los afiliados al Fomag son decisiones en las que intervienen (i) la secretaría
de educación del ente territorial nominador del docente peticionario, por medio
de la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional y
(ii) la fiduciaria encargada de administrar los recursos de dicho Fondo, que debe
aprobar o improbar tal proyecto, según la documentación que para ese efecto
le sea enviada.

Sin embargo, a pesar de las anteriores atribuciones, se destaca que es el Fondo
el que, a través de la correspondiente secretaría de educación territorial, expide
el acto administrativo mediante el cual se ordena el pago de la prestación
reclamada, según lo preceptuado en el Decreto 2831 de 2005, circunstancia
respecto de la que esta Corporación «[…] ha sido pacífica en establecer que es
el FOMAG el patrimonio autónomo que a través de la secretaría de educación
del ente territorial correspondiente, le está dada la función de expedir el acto
administrativo de liquidación de la prestación deprecada por el educador
peticionario y en tal virtud, es el fondo el responsable, en tanto que por mandato
legal fue creado como una cuenta especial de la Nación para atender las
prestaciones sociales de los maestros oficiales […]»14 (sic).

En tales condiciones, en el asunto sub examine se tiene que si bien el accionante
solicitó del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturismo de
Buenaventura (Valle del Cauca) el reconocimiento y pago de las cesantías,
intereses y sanción moratoria, lo cierto es que dicha reclamación se formuló
conforme a las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005, los
cuales preceptúan que la atención de las peticiones sobre prestaciones sociales
a cargo del Fomag debe realizarse por intermedio de las secretarías de educación

14
Sección segunda, subsección B, sentencia de 25 de septiembre de 2020, expediente 76001-23-33-000-2013-
00752-01 (6069-2018).
15

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
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territoriales certificadas o la dependencia que haga sus veces, a las que les
compete (i) la recepción y radicación cronológica de aquellas; (ii) la expedición,
con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del
Fondo, de la certificación de tiempo de servicios y régimen salarial y
prestacional del docente solicitante; y (iii) la remisión, igualmente dirigida a esa
entidad, del proyecto de acto administrativo de reconocimiento para su eventual
aprobación.

A pesar de lo anotado, si bien, en principio, la actuación adelantada por el
demandante comportó el cumplimiento de los trámites legales previstos por el
legislador para el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fomag,
se destaca que, según el material probatorio traído al proceso, la afiliación a
dicho Fondo se realizó a partir del 28 de noviembre de 2005, aunque su posesión
como docente oficial fue el 1º. de abril de 2003, circunstancia que conlleva
examinar cuál es la autoridad responsable de tales emolumentos cuando se trata
de maestros no afiliados al Fomag.

Al respecto, de acuerdo con el Decreto 195 de 1995, son las entidades
territoriales las que tienen a su cargo esa función en los eventos en que no hayan
afiliado a su personal docente al Fomag, como es el caso sub examine, en el que
solo hasta el año 2008 se dio la afiliación del accionante.

Sobre este particular, el Decreto 3752 de 2003 preceptúa:

Artículo 1º. Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público
educativo que estén vinculados a las plantas de personal de los entes
territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a más
tardar el 31 de octubre de 2004.

Parágrafo 1º. La falta de afiliación del personal docente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la
responsabilidad de la entidad territorial nominadora por la totalidad de
las prestaciones sociales que correspondan, sin perjuicio de las
sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias a que haya lugar.

Parágrafo 2°. Los docentes vinculados a las plantas de personal de las
entidades territoriales de manera provisional deberán ser afiliados
provisionalmente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio mientras conserve su nombramiento provisional.

16

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
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Según las citadas disposiciones, colige esta Corporación que con ocasión de la
ausencia de afiliación del docente al mencionado Fondo, el Distrito demandado
era el que tenía a cargo la cancelación de las cesantías de 2003 a 2005, por lo
que la responsabilidad de la referida afiliación recae únicamente en la
Administración territorial.

Establecido lo anterior, en atención a las reglas de unificación fijadas en la
sentencia CE-SUJ007 de 25 de agosto de 201615, las cesantías anualizadas no
prescriben siempre que la relación laboral se encuentre vigente o se soliciten de
manera oportuna, por lo que al (i) ser las cesantías reclamadas de los años 2003
a 2005, (ii) haberse dado una ruptura temporal en el vínculo laboral como
docente el 31 de diciembre de 2007, pues fue reincorporado el 14 de febrero de
2008, en la misma condición; y (iii) presentar la respectiva reclamación el 3 de
diciembre de 2010, se observa que, pese a que hubo solución de continuidad en
su relación laboral, no ha operado la prescripción de ese auxilio, comoquiera
que no trascurrieron más de 3 años entre la terminación del primer vínculo y la
petición de esas cesantías adeudadas, de conformidad con el artículo 151 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social16, prestación que deberá
ser sufragada por el ente territorial con sus propios recursos, habida cuenta de
que faltó a su deber de afiliación del actor al Fomag desde el inicio de su
vinculación, según se acreditó en este proceso. Igualmente, vale advertir que,
según el numeral 2 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en el pago de las
cesantías anualizadas deberán incluirse «[…] los intereses legales del 12%
anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes
sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el
año o en la fracción que se liquide definitivamente».

Diferente destino sigue la sanción moratoria pretendida, toda vez que ella sí está
sometida al fenómeno prescriptivo, como fue advertido en el estudio normativo
y jurisprudencial efectuado en el acápite anterior, por cuanto dicha sanción
resulta exigible a partir del 15 de febrero de cada año respecto de las cesantías
causadas en el inmediatamente anterior y debe ser reclamada, de acuerdo con
las reglas adoptadas en la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-
022-202017, dentro de los tres años siguientes, so pena de la ocurrencia de la
prescripción de ese derecho.
15
Expediente 08001-23-31-000-2011-006328-01 (528-14) CE-SUJ2-004-16, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
16
«Artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción
pero sólo por un lapso igual».
17
Consejo de Estado (sección segunda), sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de marzo de 2020; expediente 08001-
23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
17

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

Cabe anotar que si bien el mencionado fallo de unificación proferido por esta
sección segunda18, en el cual se precisó el cómputo del término de prescripción
de la sanción por mora en el pago de las cesantías del régimen anualizado
previsto en la Ley 50 de 1990, fue dictado con posterioridad a la providencia de
primera instancia, en dicha oportunidad la Corporación advirtió que «[…] las
reglas jurisprudenciales que se definen en [esa] sentencia deben aplicarse de
manera retrospectiva a todos los casos pendientes de decisión tanto en vía
administrativa como en vía judicial».

En el presente caso no se evidencia que el Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura (Valle del Cauca) haya consignado
las cesantías de 2003 a 2005, en clara infracción del término preceptuado por la
Ley 50 de 1990, esto es, antes del 15 de febrero siguiente a cada período de
liquidación anual, razón por la cual, en principio, le asistiría derecho a solicitar
la sanción moratoria que ahora pretende.

Sin embargo, para cada período el interesado disponía de tres años contados a
partir del 15 de febrero del año siguiente a la causación de la prestación, para
pedir la sanción por mora en el pago de las cesantías anualizadas de 2003 a
2005, interregno en el que operó el fenómeno jurídico-procesal de la
prescripción extintiva de ese derecho, por cuanto la última de tales vigencias
debía solicitarse a más tardar el 15 de febrero de 200919, so pena de su extinción,
plazo que fue ampliamente superado, comoquiera que la correspondiente
reclamación fue formulada el 3 de diciembre de 2010.

Frente a la sanción moratoria por el no pago de las cesantías definitivas, que
menciona el accionante en su esrito de alzada, se observa que en las pretensiones
de la demanda no se incluyó esa súplica, por lo que resultaría violatorio del
principio de congruencia de la sentencia y del derecho al debido proceso de la
demandada emitir pronunciamiento sobre este aspecto.

En consecuencia, el demandante acierta parcialmente en sus argumentos de
apelación, en la medida en que, por un lado, no le era dable al Tribunal de
instancia declarar probada una excepción formulada en una contestación de
demanda presentada en forma extemporánea; y, por otro, sí le asiste derecho al
pago de las cesantías anualizadas de 2003 a 2005, junto con sus intereses legales
del 12%, conforme se explicó en precedencia. No obstante, la sanción moratoria

18
Sentencia de unificación de 6 de marzo de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
19
Debido a que se causó el 15 de febrero de 2006.
18

Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

por la falta de pago de esas cesantías prescribió, de acuerdo con el derrotero
jurisprudencial expuesto.

Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 201620, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda
acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente
inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses de la
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía
judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues
con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se
impondrá condena en costas.

3.5 Síntesis de la Sala. Con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
sin más disquisiciones sobre el particular, se revocará el fallo de primera
instancia (que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva y negó las pretensiones de la demanda) y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento
del derecho, se ordenará al ente territorial accionado sufragar, con sus propios
recursos, las cesantías anualizadas de 2003 a 2005 a las que el demandante tiene
derecho, junto con sus intereses legales del 12%; y se negarán las demás
pretensiones de la demanda, referentes a la sanción moratoria por la falta de
pago de esas cesantías, por haberse configurado el fenómeno jurídico-procesal
de la prescripción.

Las sumas que deberá cancelar la entidad accionada se actualizarán de acuerdo
con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará al multiplicar el
valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios
al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el
índice inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula que
debe aplicar la entidad demandada es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

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Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe
aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de
la causación de cada uno de ellos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia de 30 de abril de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva y negó las pretensiones de la demanda en
el proceso instaurado por el señor Éver José Ordóñez Castro contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag) y el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturismo de Buenaventura (Valle del Cauca), conforme a la parte motiva; en
su lugar:

1.1 Declárase la nulidad de las Resoluciones 1502 de 27 de agosto de 2012 y
2021 de 9 de noviembre siguiente, proferidas por el alcalde del Distrito
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturismo de Buenaventura
(Valle del Cauca), a través de las cuales se negó la petición de las cesantías de
2003 a 2005, formulada por el actor el 3 de diciembre de 2010, de acuerdo con
la motivación.

1.2 A título de restablecimiento del derecho, ordénase al Distrito Especial,
Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturismo de Buenaventura (Valle del
Cauca) sufragar, con sus propios recursos, al señor Éver José Ordóñez Castro
las cesantías anualizadas de 2003 a 2005, junto con sus intereses legales del
12%, según lo expuesto.

1.3 Decrétase el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción extintiva
respecto de la sanción moratoria por la falta de pago de las aludidas cesantías
anualizadas, de acuerdo con la parte considerativa

1.4 El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturismo de
Buenaventura (Valle del Cauca) hará la actualización sobre las sumas
adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final)
del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el
DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el
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Expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Éver José Ordóñez Castro contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag y otro

Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

1.5 El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturismo de
Buenaventura (Valle del Cauca) deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este
fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA

1.6 Niéganse las demás pretensiones de la demanda, como se indicó en la
motivación.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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