Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05795-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05795-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-05795-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
11 de abril de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05795-01
Demandante: Diana Ester Romero Ucros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05795-01
Demandante: Diana Ester Romero Ucros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Temas: Tutela contra providencia judicial que negó la aplicación, por favorabilidad
laboral, de las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1972, respecto de la sanción
moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales e
indemnización por el pago inoportuno de los intereses de las cesantías a
docentes afiliados al Fomag. Ausencia de los defectos desconocimiento
de precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia
del 26 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que
declaró improcedente la acción de tutela.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Diana Ester Romero Ucros, por intermedio de apoderado, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso,
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Demandante: Diana Ester Romero Ucros
a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la seguridad social, a
la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al principio de la perpetuatio
jurisdictionis y a la seguridad jurídica.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 28
de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
70001-33-33-009-2022-00023-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una
nueva decisión en la que se atienda la multiplicidad de precedentes judiciales que
sobre el reconocimiento de la sanción moratoria ha edificado tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado.
1.1.2. Los hechos
El apoderado del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Después del año de 1990, la docente Diana Ester Romero Ucros, se vinculó
laboralmente en la entidad territorial certificada en Educación del departamento de
Sucre. Es decir, que debido a la fecha de su vinculación tiene derecho al
reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado, con pago de interés
cada año.
ii) El 15 de febrero del año 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte de
Ministerio de Educación Nacional (como patrono) al Fomag – fondo al que pertenece
como trabajador del Estado y en virtud por sus servicios prestados en el año 2020.
iii) El 15 de julio de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que fuera realizada su
consignación efectiva al Fomag, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la
sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda.
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Demandante: Diana Ester Romero Ucros
iv) En el proceso contencioso administrativo la entidad pública demandada (como
patrono), en lugar de dar respuesta de fondo o consignar lo correspondiente a las
cesantías, remitió la mencionada solicitud a la Fiduciaria La Previsora S.A., para que,
siendo esta la entidad encargada de los recursos del Fomag diera respuesta, en razón
a la ausencia de dicha respuesta, procedió a demandar el acto ficto negativo.
v) El 5 de diciembre de 2022, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo, negó las suplicas de la demanda.
vi) Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación, por considerar que no solo
la ley, sino que la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y del Consejo
de Estado han despejado dudas sobre la aplicación a los docentes oficiales de la Ley
50 de 1990, en igualdad de condiciones que al restante grupo de empleados públicos
de Colombia.
vii) El 28 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión, confirmo la decisión del a-quo, fallo que coincide con la ley y la abundante
jurisprudencia constitucional y por lo cual presentó acción de tutela.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
El apoderado de la accionante refirió como argumentos de tutela, los siguientes:
i) El problema jurídico dentro del caso es de índole constitucional, por cuanto la sanción
moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que
necesariamente tiene un alcance en el derecho fundamental a la seguridad social, y la
única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con su consignación efectiva.
ii) De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias SU-098
de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, en virtud del principio de igualdad e in
dubio pro operario no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la
Ley 50 de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públicos son
beneficiarios de la sanción moratoria.
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iii) En consideración con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado a
través de varias sentencias expedidas en sus Subsecciones,1 acogió una
interpretación favorable en el sentido de indicar que sí le resulta aplicable la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales, por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344
de 1996, y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.
iv) Ahora, que la autoridad accionada manifieste que tanto la Sentencia SU-098 de
2018 como la jurisprudencia del Consejo de Estado no son aplicables al caso, por
estudiar situaciones fácticas y jurídicas distintas, esto es, porque los asuntos allí
analizados trataban de docentes no afiliados al Fomag, mientras que, en el sub judice,
el docente sí lo estaba, no resulta adecuado, toda vez que lo que castiga la Ley 50 de
1990 es la falta de consignación de las cesantías en el fondo donde esté afiliado el
trabajador, no la falta de afiliación a un fondo.
v) Así, expresar tal situación es tanto como permitir que las entidades territoriales
vincularan docentes sin autorización de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y
luego culpar a esta entidad de la no cancelación de las cesantías, cuando fue esto lo
que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6 de la Ley 60 de 1993.
No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal
que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación en
el sector educativo, sin que previamente estuviera autorizado por la Nación, pues
precisamente existía una vinculación automática al Fomag para que fueran
1 Concretamente, mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001-
23-31-000-2009-00867-01 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, y
los pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio
de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-
000-2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173-01; 10 de junio
de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-
31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de
junio de 2021, expedientes 08001-23-31-000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de
noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021,
expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre
de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-01127-01 y 40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de
enero de 2022, expediente 080001-23-33-000-2017-00931- 01; 3 de marzo de 2022, expediente
080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01;
9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-000-2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente
47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47-001-23-33-000-2019-00376-01;
22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022,
expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-
00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-01.
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trasladadas las cesantías anualizadas, decretadas por la Ley 91 de 1989, a todos los
docentes, como es el caso del accionante, vinculado después del 1 de enero de 1990.
vi) Cuando en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció que: «... los docentes
nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a
los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta
ley», la intención directa era que se tratara igual a los maestros que ya eran nacionales
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, que se les consignara las cesantías y
que estos recursos se separaran de los recursos de la Nación–MEN como patrono.
vii) Causa extrañeza que el Tribunal profiera una decisión afectando derechos
fundamentales, pues, con justificación objetiva, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en los años 2021, 2022 y 2023 ha decidido unificar en sus dos Salas de
Decisión la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los
docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, lo que significa que el patrono,
en este caso el MEN, solo debe trasladar antes del 15 de febrero de 2021, del trabajo
del docente en el año 2020, sus cesantías al Fomag.
viii) Ahora bien, la obligación del traslado de los recursos a las cesantías que tenía
tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales, las Cajas Nacional y
Departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro a los docentes que se encontraban
vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 al Fomag —ya fuesen nacionalizados,
territoriales o nacionales—, no está en discusión, toda vez que esta fue la intención y
la orden impartida desde la creación de la Ley 91 de 1989, esto es, el Fomag debía
recibir esos recursos; sin embargo, en el caso se señaló que existe unidad de caja
entre los recursos del Ministerio de Educación y el Fomag, lo que no es cierto puesto
que los recursos ya fueron consignados a la entidad. Si bien es cierto en el artículo 57
de la Ley 1955 de 2019 se estableció la unidad de caja de los recursos del Fomag para
el pago de las prestaciones sociales, no significa que este principio se predique de los
recursos de Ministerio de Educación Nacional y el Fondo precitado.
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ix) Por tanto, a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968,
3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978, y las demás que se
expidieran en el futuro —pues así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como es el caso
de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, que son expresas en señalar la obligación del
patrono con la consignación de las cesantías a los docentes oficiales en el Fomag a
más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.
x) En el presente asunto se configura una violación directa de la Constitución ante la
no aplicación del principio de favorabilidad, pues a los maestros se les debe tratar en
igualdad de condiciones que al resto de los empleados públicos del país.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 3 de octubre de 2023, el consejero Pedro Pablo Vanegas Gil admitió la acción
de tutela y ordenó, entre otras lo siguiente:
i) Se notifique del proveído, por el medio más expedito y eficaz, al Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, como autoridad judicial accionada
y, en ese sentido, le otorgó el término de tres (3) días después de notificado dicho
proveído, para que contestara y presentara los documentos que pretendía hacer valer
como pruebas.
ii) Vinculó como terceros con interés al Juzgado Noveno Administrativo Oral del
Circuito de Sincelejo, al departamento de Sucre, a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio – FOMAG y adicionalmente,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso,
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
iii) Tener como pruebas los documentos aportados con la solicitud de amparo.
iv) Solicitó al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión y al Juzgado
Noveno Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, para que allegaran copia íntegra
del expediente digital con radicado 70001 33 33 009 2022 00023 00/01.
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v) Reconoció personería para actual al abogado Yobany Alberto López Quintero, como
apoderado de la accionante.
1.2.2. El 6 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a la señora Diana Ester Romero Ucros, al Tribunal Administrativo de
Sucre, al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo, al
Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S. A., al departamento de Sucre y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.2.3. El 11 de octubre de 2023, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo remitió el enlace para consulta del expediente requerido.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Tribunal Administrativo de Sucre.
El 6 de octubre de 2023, la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, en atención de lo siguiente:
i) En la acción de tutela se aduce que la sentencia dictada por el Tribunal desconoce
el precedente vertical establecido por el Consejo de Estado
Lo que se evidencia en el asunto es que la parte actora pretende utilizar el mecanismo
de amparo como una tercera instancia, a efectos de controvertir lo resuelto en el
proceso ordinario.
ii) Es de tener en cuenta que en la actualidad no existe un precedente o una sentencia
de unificación que obligue a aplicar por favorabilidad la sanción moratoria de que trata
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag, cuyas cesantías
se han venido reportando en el fondo en alusión desde su afiliación.
iii) Además, la situación fáctica difiere en gran medida de la analizada en la sentencia
SU-098 de 2018 y en las sentencias del Consejo de Estado traídas de referente, pues
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en estas se aplicó la favorabilidad laboral por la omisión de los entes territoriales de
realizar su afiliación al Fomag, trayendo como consecuencia que no se le reconocieran
y consignaran sus cesantías, como de trasladar su auxilio de cesantías al Fomag al
momento de su vinculación al mencionado fondo.
iv) La providencia objeto de censura se fundamentó en el material probatorio aportado
y conforme al régimen especial de cesantías de los docentes afiliados al Fomag, lo
cual permitió llegar a la conclusión, en el ejercicio de la autonomía judicial, que la
sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías del año 2020, antes
del 15 de febrero del año siguiente, no le era aplicable a la demandante, dado que sus
cesantías se vienen reportando al Fomag desde su afiliación, en cumplimiento del
régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, que funciona bajo el
concepto de unidad de caja, por lo que no procede la consignación de la citada
prestación en una cuenta individual, pues, los recursos destinados para su pago son
girados de forma global e incorporados con una periodicidad mensual durante todo el
año.
1.3.2. El Ministerio de Educación Nacional.
El 10 de octubre de 2023, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla
Cáceres, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, dados los siguientes
argumentos:
i) La pretensión del accionante es revivir por la vía de la acción de tutela un debate
jurídico que ya fue zanjado en la jurisdicción correspondiente, en aras de que el juez
constitucional actúe como una tercera instancia. Abrir tal posibilidad desconocería
principios fundamentales del Estado social de derecho en tanto ignoraría la
independencia y autonomía de la que gozan los jueces de la República.
ii) El argumento respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados
al Fomag no se encuentra resuelto de manera pacífica ni por la jurisdicción
constitucional ni por la de lo contencioso administrativo, ya que en ambas se han
expedido providencias que tienden a resolver el asunto en uno u otro sentido.
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iii) Con el fin de zanjar de fondo esa discusión ante la jurisdicción competente, la
Procuraduría General de la Nación, por medio de su delegado, interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia en el proceso 66001-33-33-001-2022-
00016-01 (5746-2022), el cual fue admitido mediante auto de 24 de agosto de 2023, y
en la actualidad se encuentra pendiente de ser emitida la sentencia respectiva.2
iv) En el mismo sentido, hizo referencia a la ausencia de relevancia constitucional en
el asunto de tutela, toda vez que los supuestos facticos de la sentencia SU 098 de 2018
no coinciden con el sub examine, pues los criterios adoptados en dicha sentencia
correspondieron a que los docentes nunca fueron afiliados al fomag.
1.3.3. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La Fiduprevisora S. A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó declarar
improcedente la acción y desvincular a la entidad del trámite de tutela al no estar
legitimados en la causa por pasiva. Señaló, lo siguiente:
i) Las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las que se fundan
las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para el accionante, ya que,
en su caso, no se cuestiona una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en
el retardo de la consignación de las cesantías, sino en el reclamo de la consignación
extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e
indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es imposible que
se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar
en el régimen especial de docentes, comoquiera que no es dable realizar una
consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.
ii) Es de advertir que por disposición del artículo 2 del Decreto 1582 de 1998, las
entidades administradoras de cesantías —creadas por la Ley 50 de 1990— podrán
administrar, en cuentas individuales, los recursos para el pago de las cesantías, no así
2 Así se indicó en la contestación de la demanda, pese a que para la fecha en que se radicó el memorial
ya había sido adoptada la sentencia de unificación en la materia.
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ocurre para el Fomag —creado mediante la Ley 91 de 1989— que se rige bajo el
principio de unidad de caja, por lo que es claro que las cesantías de los docentes no
se administran en cuentas individuales. Así, la imposibilidad física y jurídica de
apertura de cuentas individuales para cada docente afiliado al Fomag, se extiende
también a la figura de la «consignación de cesantías», pues en lugar de una
consignación, los docentes pueden retirar sus cesantías siempre que su solicitud
cumpla con el lleno de los requisitos.
1.4. Sentencia impugnada
El 26 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Quinta, negó la solicitud de
desvinculación presentada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y declaró improcedente la acción de tutela, dados los siguientes
considerandos:
i) Es del caso negar la solicitud de desvinculación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por cuanto su vinculación se dio en calidad de tercero con
interés, al poder verse afectada con la decisión que se adopte. En consecuencia, es
necesario asegurar una adecuada confrontación de argumentos.
ii) En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el
carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de
prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que lo
reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta
que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad
social del trabajador», y en el caso concreto, la cuestión en discusión no versa sobre
la prestación social en sí, sino sobre la sanción impuesta por su pago fuera del plazo
establecido, lo cual tiene un carácter eminentemente sancionatorio y legal, por lo que
se excluye la intervención del juez constitucional, al no cumplir con el requisito general
de procedibilidad de relevancia constitucional.
iii) Es de señalar que recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado
determinó en sede de unificación que los docentes estatales afiliados al Fomag no
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tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, lo que permite reforzar que el asunto carece de relevancia constitucional
puesto que la controversia planteada se refiere a un tema que ya fue resuelto en sede
de unificación por la sección especializada.
1.5. Impugnación
El 3 de noviembre de 2023, el apoderado del accionante presentó escrito en el que
impugnó la decisión de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar,
se concedan las pretensiones. Par dichos efectos, reiteró lo expuesto en el escrito de
tutela y agregó lo siguiente:
i) En el asunto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, puesto
que se justificó de manera razonable los hechos considerados como vulneradores de
los derechos fundamentales invocados, y se dejó en evidencia el yerro en que incurrió
el Tribunal accionado, al no reconocer la sanción moratoria alegada, ni aplicar el
principio de favorabilidad.
ii) En el caso es aplicable el régimen anualizado de cesantías para los docentes
vinculados después de 1990 y 1996, ya que la consignación es la única manera de
garantizar el acceso a la prestación; además, tal sistema solo puede ser equitativo si
los trabajadores pueden contar con su pago de forma oportuna para poder disponer
del auxilio en cualquiera de los eventos en que se permite su utilización, es decir, ante
el desempleo, financiar educación superior, y adquisición, construcción, mejora o
liberación de vivienda.
iii) Los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la
cual no es admisible la distinción con los demás servidores públicos en cuanto a que
sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, una interpretación contraria
restringiría tanto la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de
cesantía, como de las protecciones que se derivan de esa prestación, lo que deviene
en una connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho
a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos.
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iv) La sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 proferida por el Consejo de Estado
el 11 de octubre de 2023, no tuvo en cuanta el principio de favorabilidad y de igualdad,
por cuanto cuando se radicó la acción de tute la no existía dicho pronunciamiento y
además, porque esta concluyo en desigualdad para los docentes frente a otros
servidores.
1.6. Otras actuaciones
1.6.1. El 29 de noviembre de 2023, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó encontrarse inmerso en la causal de impedimento prevista en el numeral 5
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al sostener una relación de amistad
íntima y entrañable con la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, quien suscribió la
decisión objeto de cuestionamiento.
1.6.2. El 18 de enero de 2024, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas solicitó la
designación de uno de los conjueces que integra la Sección Segunda del Consejo de
Estado para conocer del asunto de la referencia, al no existir para el momento quorum
decisorio.
1.6.3. El 23 de enero de 2024, se realizó diligencia virtual por el presidente de la
Sección Segunda, junto con la secretaria general de la corporación, siendo designado
por sorteo la conjuez Bertha Lucía González Zúñiga.
1.6.4. El 8 de febrero de 2024, la Sala de decisión declaró fundado el impedimento
manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez y, en consecuencia, lo
separó del conocimiento del asunto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20193, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
3Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Quinta de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
El consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves manifiesta encontrarse inmerso en
la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene una relación de amistad íntima y
entrañable con la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, ponente en la decisión
objeto de cuestionamiento.4
El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad
moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden
comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una garantía de
imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite
en los casos puestos a su conocimiento.
Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de
taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función
jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden ampliarse
discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.
En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código
de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, el cual
prevé lo siguiente:
Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación.
4 Mediante proveído del 22 de marzo de 2024, se ordenó el sorteo de un conjuez para resolver el impedimento, en
razón a que no existe en este momento quorum decisorio.
El 8 de abril de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado, en cumplimiento de esa providencia, procedió
al sorteo, que le correspondió al doctor Néstor Raúl Correa Henao, a quien se le comunicó la designación en la
misma fecha.
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El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de
impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la
sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la
impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes
para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso.
Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto, debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del
impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 ha especificado que el atributo de
imparcialidad de los funcionarios judiciales forma parte del debido proceso y, por ende,
el régimen de impedimentos y recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de
la Constitución, en cuanto deben procurar la protección de tal garantía constitucional.
También ha sostenido que la imparcialidad judicial, debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, pues solo así se garantizaría que las actuaciones en
esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública (art. 209 C.P.)».6
La Corte Constitucional ha explicado claramente la definición del atributo de
imparcialidad: «esta se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la
ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien
administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la
honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la
sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la
vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial».7
En el presente caso, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves manifiesta su
impedimento para conocer de la acción de tutela y, para tal efecto, invoca la causal
5
Sentencia C-496 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa.
6 Ibidem.
7
Sentencia 365 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que
establece lo siguiente:
Art. 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
[…]
Lo anterior, al sostener una relación de amistad íntima y entrañable con la doctora
Tulia Isabel Jarava Cárdenas, ponente en la decisión objeto de la litis, esto es, la
sentencia del 28 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Tercera de Desición, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación 70-001-33-33-009-2022-00023-01.
En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que,
una vez confrontada la causal invocada con la razón que expuso el magistrado Luis
Eduardo Mesa Nieves, es dable colegir que la discusión que llegue a darse en la acción
de tutela puede comprometer la decisión del consejero.
Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.
2.3. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 28 de junio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 70001-33-33-009-
2022-00023-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la
adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
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2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional8 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,9 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
8 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492
de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
9 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.5. Hechos probados
Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 70001-33-33-
009-2022-00023-01, la Sala establece lo siguiente:
i) La señora Diana Ester Romero Ucros, por intermedio de apoderada, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
departamento de Sucre, con el objeto de que se declarara la nulidad del acto ficto
configurado el 15 de octubre de 2021, producto de la falta de respuesta del derecho
de petición fechado 15 de julio de 2021, frente a la petición de la demandante; y, como
consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, que se
condenara a las demandadas a reconocer, respecto de las cesantías anualizadas que
se causaron para el año 2020, la sanción moratoria que establece la Ley 50 de 1990,
desde el 15 de febrero de 2021 hasta el día en que se efectuara la consignación de la
prestación, así como la indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago
extemporáneo de los intereses sobre las cesantías, equivalente al valor de los
intereses causados durante el año 2020.
ii) El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Sincelejo negó las súplicas de la demanda.
iii) El 28 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión, confirmo la sentencia de primera instancia.
2.6. Análisis de la Sala
2.6.1. Estudio de procedibilidad de la acción
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i) «Se cumple el requisito de relevancia constitucional». Es de precisar, sobre el
particular, que este despacho ponente, en anteriores oportunidades,10 venía
acogiendo el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019 en la que se indicó que
la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 no
comportaba un asunto de relevancia constitucional «i) por versar sobre un asunto
meramente legal con una connotación patrimonial privada, ii) no tener una relación
directa con la presunta afectación de un derecho fundamental y iii) buscar reabrir el
debate concluido por el juez ordinario».
Sin embargo, a partir de la sentencia del 26 de octubre de 2023 emitida dentro del
expediente de tutela 11001-03-15-000-2023-03988, este despacho ponente modificó
la anterior posición y acogió el criterio mayoritario de la Sala de decisión respecto del
cumplimiento del referido requisito, atendiendo a la expedición de la Sentencia de
Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por parte de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Así las cosas, la Sala considera que en el caso concurre el requisito de relevancia
constitucional para analizar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados, por presunto desconocimiento a) de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado en torno al reconocimiento de la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas a los docentes
oficiales afiliados al Fomag, y junto con ello, b) de los principios de favorabilidad en
materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, eventos que de hallarse
acreditados conducirían a encontrar lesionados los intereses de la parte actora.
ii) «Se cumple con el requisito de subsidiariedad», ya que de los hechos y argumentos
narrados no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión
previstas en el artículo 250 del CPACA.
iii) «Se presentó con inmediatez», toda vez que la sentencia objeto de censura data
del 28 de junio de 2023, y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico
de la Secretaría General del Consejo de Estado el 2 de octubre de 2023, esto es,
10 Procesos de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-02216-00, 11001-03-15-000-2023-01500-01
y 11001-03-15-000-2023-04027-00, entre otros.
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dentro del término de los seis meses previstos por esta corporación como prudencial
para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.11
iv) «No se cuestionó una irregularidad procesal» sino el hecho de resolverse el asunto
bajo una indebida aplicación jurisprudencial.
v) «Se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se
alegó vulneración, en tanto la parte actora narró de manera clara los hechos sujetos a
examen, los derechos que estima vulnerados y de las inconformidades planteadas
puede advertirse la controversia de los defectos desconocimiento de precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución.
vi) «No se cuestionó una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así, al encontrarse cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción,
se impone abordar el estudio de los argumentos expuestos por el accionante, con
fundamento en los cuales solicita el amparo de sus derechos fundamentales.
2.6.2. Análisis de procedencia del amparo invocado
2.6.2.1. Desarrollo jurisprudencial respecto de la sanción moratoria de que trata
la Ley 50 de 1990 por la consignación inoportuna del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al Fomag
En un primer momento, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que los
docentes no estaban amparados por las disposiciones de liquidación anual de las
cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales
previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996, en
cuyo artículo 13 dispuso la aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías,
11 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
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pero hizo la salvedad de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de
1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.
Postura que también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928 de
200612 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no era
igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó que no se configuraba
violación del derecho a la igualdad porque «simplemente la manera como se liquidan
y pagan aquellos13 es distinta a la regulada en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se
configure discriminación alguna».
Posteriormente, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018, al estudiar
la procedencia de la aplicación de la sanción moratoria a un docente oficial que no fue
afiliado al Fomag por parte del ente territorial, refirió que el «hecho de que los docentes
se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el desconocimiento de
su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata de la aplicación de una
norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la
interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado, pues esta será la que
se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política»; por lo cual, en esa
oportunidad consideró que «los despachos judiciales accionados desconocieron que
aunque la norma que establece la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías en los términos que contempla el numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998,
y el Decreto 1252 de 2000, no esté expresamente consagrada a favor de los miembros
del Magisterio, en virtud del principio de interpretación conforme a la Constitución y
favorabilidad en materia laboral, les correspondía aplicar la interpretación más
beneficiosa para el trabajador, esto es, que los docentes sí son destinatarios de la
norma que consagra la referida sanción, pues esta es la interpretación que más se
ajusta a la Constitución».
12 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
13 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.
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Con fundamento en el anterior pronunciamiento, las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad aplicado en sede
constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 199014.
No obstante, por medio de la sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional
declaró improcedente las acciones de tutela interpuestas contra fallos del Consejo de
Estado sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial fijada por medio de la
sentencia SU-098 de 2018 solo constituye precedente en el evento en que se omita la
afiliación del docente al Fomag, de manera que en los casos que se pretende la
sanción por la falta de consignación de las cesantías a los beneficiarios del señalado
fondo, no existe una providencia de unificación con efectos vinculantes que pueda
aplicarse a las situaciones con similitud fáctica y jurídica.
Por lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin
de unificar o sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de Unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, expediente 66001-33-33-001-2022-
00016-01 (5746-2022), en la que expuso lo siguiente:
«[…] 156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del
auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece unas
normas acordes con su funcionamiento.
157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al FOMAG
el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el reconocimiento de los
intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no existiría, de
modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento
en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del
empleador.
158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:
14 Ver Sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01 (1689-
2018); del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), entre otras.
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Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado
al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.
159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del sistema
general de liquidación anualizada de la prestación económica.
160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la
Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en las
que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la sentencia
SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los docentes
afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el artículo 99
de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de cesantías, tal y como
se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento
del asunto.
161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU573
de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala a
unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpretación aquí
definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y razonado de los sistemas
administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir que el primero resulta incompatible
con la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las cesantías […]»
En suma, se colige que la posición actual de la Sección Segunda del Consejo de
Estado consiste en que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a
la sanción moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989.
2.6.2.2. Caso concreto
En el sub judice, la señora Diana Ester Romero Ucros solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en
materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, los cuales consideró
vulnerados con la sentencia del 28 de junio de 2023, adoptada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión.
Alega que la anterior providencia desconoció i) la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado en la que se determinó que a los docentes
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afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio puede aplicárseles
la Ley 50 de 1990 y, por ello, recibir la sanción moratoria definida en el artículo 99
ejusdem, derivada de la consignación tardía de las cesantías anuales; ii) así como el
principio de favorabilidad laboral, al no realizarse una interpretación constitucional
favorable a los derechos del trabajador.
Pues bien, en la providencia objeto de reproche, el Tribunal accionado presentó las
siguientes consideraciones:
Pues bien, teniendo en cuenta el régimen normativo y la pauta marcada por la
jurisprudencia puesta de presente, considera la Sala que los docentes afiliados al
FOMAG cuentan con un régimen especial para la consignación y liquidación de sus
cesantías, que es el previsto en la Ley 91 de 1989, el cual, funciona bajo el concepto
de unidad de caja, sin que proceda la consignación de la citada prestación a cada
docente en una cuenta individual, pues, los recursos destinados para su pago son
girados de forma global e incorporados con una periodicidad mensual durante todo el
año.
De manera que, los recursos comunes relacionados con el pago auxilio de cesantías
de los docentes a fecha 31 de diciembre del año de su causación reposan en el
FOMAG, no obstante, la liquidación individual de las cesantías de cada docente es
realizada por las secretarías de educación territorial en el término establecido por el
FOMAG, que para el auxilio de cesantías correspondiente al año 2020, fue el 5 de
febrero de 2021, según lo estipulado en la Comunicado No. 008 del 11 de diciembre
de 2020, liquidación que se efectúa con el único fin de pagar los intereses de las
cesantías mas no para efectos de consignar esta prestación social en una cuenta
individual antes del 15 de febrero del año siguiente, como sucede en el régimen
anualizado de cesantías de la Ley 50 de 1990, iterando que las cesantías de los
docentes en atención al principio de unidad de caja se reportan en el FOMAG de
manera conjunta.
Por ello, la Sala considera que no le es aplicable la sanción moratoria derivada de la
no consignación de las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente, que se
encuentra prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
En este punto se precisa, que en el presente caso no es vinculante la posición fijada
en la SU-098 de 2018 y en las sentencias del H. Consejo de Estado en las que por
favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria de que trata el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, por la omisión de los entes territoriales de I) realizar su
afiliación al FOMAG, trayendo ello, como consecuencia que no se le reconozcan y
consignen sus cesantías, y de II) trasladar su auxilio de cesantías al FOMAG al
momento de su vinculación, que este Tribunal ha aplicado en casos semejantes, toda
vez que, los supuestos fácticos en el presente proceso son distintos, por pretenderse
el reconocimiento de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación
del auxilio de cesantías del demandante correspondiste al año 2020 antes del 15 de
febrero de 2021, quien es un docente afiliado al FOMAG cuyas cesantías se han venido
reportando en el fondo en alusión desde el año 2006 al año 202036, como da cuenta
el Extracto de Intereses a las Cesantías, emanado del FOMAG.
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Por lo tanto, el demandante no es beneficiario de la sanción moratoria contenida en la
Ley 50 de 1990, pues, tal penalidad no está instituida en el régimen especial que regula
el reconocimiento de las cesantías de los docentes, que no es otro que el previsto en
la Ley 91 de 1989, en el cual, se administran los recursos conforme al principio de
unidad de caja, además, por no existir un precedente consolidado de obligatoria
aplicación en este asunto, que se itera es disímil a aquellos procesos en que la H. Corte
Constitucional, el H. Consejo de Estado y este Tribunal han aplicado por favorabilidad
la sanción cuyo reconocimiento persigue la parte demandante.
Siguiendo los anteriores derroteros, la Sala puede extraer que, al denegarse el
reconocimiento de la sanción moratoria de qué trata la Ley 50 de 1990, e
indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías prevista en la Ley
52 de 1975, el Tribunal no desconoció la jurisprudencia traída como referente, por el
contrario, fue claro en señalar el por qué no era aplicable a los docentes oficiales
afiliados al Fomag, cumpliendo con la carga argumentativa que le corresponde.
Si bien, la parte actora considera que en el caso se desconocieron las Sentencias de
Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, lo cierto es que
ninguno de estos pronunciamientos constituyen precedente judicial aplicable al caso,
pues: i) en la Sentencia SU-098 de 2018, tal como lo refirió el Tribunal accionado, solo
se examinó lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes
no afiliados al Fomag; y ii) en las Sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, se
analizó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías definitivas, prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, y no así el pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por la Ley 50 de 1990.
Asimismo, es dable apreciar que las sentencias del Consejo de Estado traídas como
referente no constituyen jurisprudencia en vigor, ya que, aunque en una de ellas se
acogió lo relacionado con el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley
50 de 1990,15 no lo es menos que en otras se analizaron las circunstancias fácticas de
docentes no afiliados al Fomag,16 como la liquidación de cesantías,17 y en la mayoría
se trató lo relativo al término de prescripción de la sanción moratoria.18
15 Expediente 0871-2020.
16 Expedientes 4854-2014, 2224-2020 y 4004-2021.
17 Expediente 0483-20.
18Expediente 0833-2016, 1002-2021, 2208-2020, 2387-2020, 5154-2016, 1001-2021, 4462-2021 y
2394-2020.
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De esta forma, puede concluirse, entonces, que para el momento en que se profirió la
sentencia aquí censurada no existía criterio consolidado ni sentencia de unificación a
aplicar sobre el particular y que, por tanto, la autoridad judicial accionada, en ejercicio
de sus facultades de autonomía e independencia judicial, reconocidas en los artículos
228 y 230 de la Constitución Política, podía optar por la posición que consideraba más
apropiada para resolver el asunto, tal como ocurrió, ya que luego de revisar las
posiciones jurisprudenciales desarrolladas en la materia, consideró —en cumplimiento
de los principios de transparencia y de razón suficiente que exigen del operador jurídico
una especial carga argumentativa—,19 que en el caso no había lugar al reconocimiento
y pago de la penalidad suplicada.
En igual sentido, en el caso tampoco se advierte desconocido el principio de
favorabilidad laboral, toda vez que la autoridad accionada se encargó de explicar que
los docentes solo cuentan con una fuente normativa que es la contenida en la Ley 91
de 1989, en la cual se establece, claramente, tanto el reconocimiento de la prestación
y de sus intereses, como su forma de liquidación, y que dicha norma no admite
diversas interpretaciones ni tampoco se encuentra enfrentada con otra que regule el
régimen docente. Además, que, de acuerdo con la referida norma, el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta especial de la Nación a quien
le corresponde manejar las prestaciones sociales de los docentes a través de una
fiducia y no contempla la posibilidad de que cada afiliado tenga una cuenta individual,
como ocurre en las sociedades administradoras de fondos privados de cesantías
(artículo 99-6 la Ley 50 de 1990 y artículo 2 del Decreto 1582 de 1998).
Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada, y que, por tanto, no le asiste razón a la parte actora
al afirmar que le era aplicable el régimen de la Ley 50 de 1990, relacionado con la
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales dispuesta para
el régimen general de los servidores públicos, pues, se itera, dentro del régimen
19 En las Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022 la Corte Constitucional señaló que «[e]l principio
de transparencia exige que el juez haga «referencia al precedente que abandona, lo que significa que
no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido» y el principio de
razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía».
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especial de docentes —Ley 91 de 1989—, se establece una forma diferente de
liquidación y pago bajo un procedimiento propio.
Además, se advierte que el criterio acogido por el Tribunal coincide con la regla
jurisprudencial establecida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en la que
se indicó que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción
moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989.
Así las cosas, se tiene que las conclusiones a las que arribó el Tribunal no comportan
para esta Sala de decisión una actuación incursa en vía de hecho que vulnere los
derechos fundamentales invocados, ya que luego de analizar el desarrollo normativo
dispuesto en la materia como la diferente jurisprudencia proferida en torno al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, e
indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías prevista en la Ley
52 de 1975, presentó una argumentación razonable del por qué en el caso no era dable
su reconocimiento a docentes oficiales afiliados al Fomag.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala revocará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, denegará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Luis
Eduardo Meza Nieves para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia,
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separarlo del conocimiento del asunto. Por secretaría general, informar esta decisión
a la Oficina de Sistemas para que haga la compensación correspondiente.
Segundo. Revocar la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela, en atención
a las consideraciones que preceden. En su lugar, se dispone:
Tercero. Denegar el amparo solicitado por la señora Diana Ester Romero Ucros, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS NÉSTOR RAÚL CORREA HENAO
Consejero de Estado Conjuez
BERTHA LUCÍA GONZÁLEZ ZÚÑIGA
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
ACVF
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