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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03477-00

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03477-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Andrés Felipe Mesa Valencia en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03477-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

8 de agosto de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03477-00
Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03477-00
Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judicial. Incumplimiento del requisito de
procedibilidad. Subsidiariedad de la acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Andrés Felipe Mesa
Valencia en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Andrés Felipe Mesa Valencia, por intermedio de apoderada,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de
gratuidad.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos parciales la
sentencia 054 del 12 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03477-00
Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia

Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación 05001-33-33-025-2023-00008-01 y, en su lugar, que se
ordene al Tribunal emitir una nueva decisión en la que no se condene en costas de
primera instancia.

1.1.2. Los hechos

La apoderada del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El señor Andrés Felipe Mesa Valencia presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de que se le
reconociera la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

ii) La demanda tuvo como fundamento jurisprudencial las sentencias de unificación
de la Corte Constitucional SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020,
como diferentes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, en sus
subsecciones,1 en las que, en aplicación de los principios de igualdad e in dubio pro
operario, se señaló que no se debía excluir al sector oficial docente de la aplicación
de la Ley 50 de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públicos eran
igualmente beneficiarios de la sanción moratoria.

1 Sobre el particular, revisar las sentencias del 24 de enero de 2019, expediente 76001-23-31-000-

2009-00867-01, del 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03499-01 y del 6 de
agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, del 2 de diciembre de 2019, expediente
08001-23-33-000-2014-00173-01; del 10 de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-
01; del 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de
2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de junio de 2021, expedientes 08001-23-31-
000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, expediente 19001-
23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021, expedientes 08001-23-40-000-2015-90008-01 y
08001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-
01127-01 y 40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de enero de 2022, expediente 08001-23-33-000-
2017-00931- 01; 3 de marzo de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de
2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01; 9 de mayo de 2022, expediente 08001-23-40-000-
2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de
2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00376-01; 22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-
000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de
enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-00212-02 y 26 de enero de 2023, expediente
47001-23-33-000-2018-00231-01.

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Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia

iii) Mediante sentencia 217 del 25 de septiembre de 2023, el Juzgado 25
Administrativo Oral del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante.

iv) Mediante sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, el Consejo
de Estado, Sala Plena, en el expediente 5746-2022, emitió sentencia de unificación
en la materia.

v) El 14 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Oralidad, confirmó la sentencia de primera instancia y no condenó en costas de
instancia, en aplicación de lo resuelto en la sentencia de unificación sobre el
particular.

vi) Comoquiera que para la fecha de presentación de la demanda y de notificación
del fallo de primera instancia no existía un criterio definido en torno al reconocimiento
de la sanción moratoria a docentes oficiales, actúo bajo el principio de buena fe y
confianza legítima.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

La apoderada del accionante alega que el juez colegiado incurrió en los siguientes
vicios o defectos:

i) El Tribunal no realizó un análisis de ponderación subjetiva de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la condena en costas, a fin de dar paso
a una aplicación razonable de la norma; ello, teniendo en cuenta si en el caso
existieron acciones temerarias y/o dilatorias que obstruyeran o dificultaran el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, según lo señalado en el artículo
79 del CGP, y si en el expediente aparecía probada su causación.

ii) El operador judicial debió abstenerse de imponer condena en costas sustentado
en que no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe y,
porque tampoco aparecían probados gastos judiciales sufragados por la entidad
demandada, por tratarse de un asunto de pleno derecho. Sobre el asunto pueden

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03477-00
Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia

verse las sentencias del 16 de abril de 2015, radicado 25000-23-24-000-2012-00446-
01, y del 5 de abril de 2018, expediente 76001-23-33-000-2012-00430-01 (21873).

iii) Asimismo, dejó de valorar lo resuelto en la sentencia de unificación en la que no
se condenó en costas a la parte demandante, pese a que la decisión le fue
desfavorable. Sobre el particular, puede consultarse la sentencia de tutela del 23 de
enero de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
dentro del proceso 11001-03-15-000-2019-04677-00.

iv) Comoquiera que el artículo 188 del CPACA no impuso una obligación perentoria de
imponer condena en costas y agencias en derecho, pues la obligación que de allí se
desprende es la de emitir un pronunciamiento al respecto, resulta válido prescindir de
su imposición, conforme a la valoración del discurrir del debate procesal.

v) Además, ha sido una posición unánime del Consejo de Estado que en materias en
las que se debaten derechos laborales se debe atender la posición de los sujetos
procesales y, en el caso, se trata de un docente adscrito al magisterio —parte débil
dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor público— que lo único que
pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales, actuando siempre con la
confianza legítima de que se iban a acoger sus pretensiones.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 12 de julio de 2024, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Antioquia, en calidad de demandados, y a la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, como terceros interesados en las resultas del proceso, remitiéndoles copia
de la solicitud de tutela para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación
de la providencia, ejercieran su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y rindieran el
respectivo informe. De igual forma, requirió al Juzgado 25 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín para que enviara copia digital del expediente del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-025-

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Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia

2023-00008-00 [01]; y reconoció personería jurídica para actuar dentro del proceso
a la abogada Diana Carolina Alzate Quintero, de acuerdo con el poder otorgado por
la parte actora, contenido en el expediente de la referencia.

1.2.2. El 16 de julio de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Andrés Felipe Mesa Valencia, al Tribunal Administrativo de
Antioquia, al Juzgado 25 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, a la
Nación-Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), y al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad. El
magistrado Carlos Enrique Pinzón Muñoz remitió el enlace para consulta del
expediente ordinario y solicitó rechazar la acción de tutela. Señaló que el
mecanismo de amparo es improcedente al no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, puesto que la parte demandante solo recurrió la negativa de las
pretensiones, sustentando su recurso sobre las razones por las cuales la sentencia
de primera instancia, en su juicio, no estuvo ajustada a derecho, omitiendo cualquier
pronunciamiento o descontento sobre la condena en costas.

1.3.2. El Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín. El juez
Juan Sebastián Solarte Álvarez solicitó declarar improcedente la acción o, en su
defecto, negar las pretensiones de la demanda. Indicó que en caso no se cumple con
el requisito de relevancia constitucional, ya que lo cuestionado es un asunto
puramente económico, esto es, que en aplicación de lo señalado en los artículos 188
de CPACA, 47 de la Ley 2080 de 2021, y 365 y 366 del CGP se deje sin efectos la
condena en costas impuesta en primera instancia. Agregó que en la sentencia de
primera instancia se encuentran debidamente planteados todos los argumentos de
hecho y de derecho que sustentaron la posición del Juzgado, los cuales fueron
acogidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia al desatar la segunda instancia.

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1.3.3. El Ministerio de Educación Nacional. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica,
Walter Epifanio Asprilla Cáceres, solicitó declarar improcedente la acción. Expuso
que el accionante no puede pretender que por vía de tutela se resuelva de fondo una
cuestión que le competía al juez natural, toda vez que ello desconocería su
independencia y autonomía judicial, además de que pasaría por alto la presunción de
acierto y legalidad que acompaña la providencia.

1.3.4. La Fiduprevisora S. A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por
intermedio de la coordinadora de tutelas Aidee Johanna Galindo, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al no existir una argumentación clara en relación
con la configuración de las causales endilgadas, y desvincular a la entidad de su
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, al no existir por parte de esta
ninguna conducta concreta, activa u omisiva que pueda concluir con la supuesta
afectación de los derechos fundamentales invocados.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25
del Acuerdo 080 de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

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Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia 054 del 12 de marzo de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001-
33-33-025-2023-00008-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si
con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser

2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001-33-
33-025-2023-00008-01, la Sala establece lo siguiente:

i) El 12 de enero de 2023, el señor Andrés Felipe Mesa Valencia, por intermedio de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación-Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con
las siguientes pretensiones:

1. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 23 de octubre de
2021, frente a la petición presentada ante el municipio de Medellín ,con el radicado 23
de octubre de 2021, mediante la cual se niega el reconocimiento y pago de la SANCIÓN
POR MORA por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50
de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo,
contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió efectuarse el pago de las
cesantías del año 2020 en el respectivo Fondo Prestacional, y hasta el momento en
que se acredite el pago de los valores correspondientes en la cuenta individual del
docente, así como también niegan el derecho a la INDEMNIZACIÓN por el pago tardío de
los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52
de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, indemnización que es
equivalente al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los
cuales fueron cancelados superado el término legal, esto es, después del 31 de enero
de 2021.

2. Declarar que mi representado tiene derecho a que la NACIÓN-MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y la
entidad territorial MUNICIPIO DE MEDELLÍN, de manera solidaria, le reconozca y pague la
SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, y a la INDEMNIZACIÓN

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por el pago tardío de los intereses a las cesantías que se encuentra establecida en el
artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991.

CONDENAS

1. Condenar a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y a la entidad territorial MUNICIPIO DE MEDELLÍN,
a que se le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 50 de 1990,
artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados
desde el 15 de febrero del año 2021, fecha en que debió consignarse el valor
correspondiente a las cesantías del año 2020, en el respectivo fondo prestacional y
hasta el día en que se efectúe el pago de la prestación.

2. Condenar a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y a la entidad territorial MUNICIPIO DE MEDELLÍN,
a que se le reconozca y pague la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a
las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la
Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, indemnización que es equivalente
al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron
cancelados superado el término legal, esto es, después del 1 de enero de 2021. […]

ii) El 25 de septiembre de 2023, a través de la sentencia 217, el Juzgado 25
Administrativo del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas al señor Andrés Felipe Mesa Valencia a favor del Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag y el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

iii) El 12 de marzo de 2024, por medio de la sentencia 054, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, confirmó la sentencia de primera instancia y
no condenó en costas de instancia.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se controvierte en el caso la decisión del Tribunal en cuanto confirmó lo relacionado
con la condena en costas impuesta por el juez de primera instancia, sin que realizara
un análisis de ponderación subjetiva de la conducta procesal asumida por las partes,
esto es, sin que se evaluara si existieron acciones temerarias y/o dilatorias que
obstruyeran o dificultaran el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
según lo señalado en el artículo 79 del CGP, y sin tener en cuenta que en el proceso
no aparecían probados los gastos judiciales sufragados por la entidad demandada,
por tratarse de un asunto de pleno derecho. A más de que dejó de valorar lo resuelto
en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023,

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Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia

proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena, en el expediente 5746-2022, en la
que no se condenó en costas a la parte demandante, pese a que la decisión le fue
desfavorable.

Pues bien, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la acción
de tutela contra providencia judicial no cumple con el requisito de subsidiariedad
cuando se verifica i) que el proceso está en trámite, ii) que no se han agotado los
medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, iii) que se utiliza como
un instrumento para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico, y iv) que el asunto que dio lugar al
defecto no fue previamente alegado.4

En el caso, se advierte que lo cuestionado en tutela no fue planteado en el recurso
de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, pese a ser la
oportunidad procesal pertinente para ello, y en tal sentido, lo que se aprecia es que lo
pretendido por la apoderada del accionante es revivir oportunidades procesales
dejadas de utilizar en el medio judicial ordinario, convirtiendo la sede constitucional
en una instancia adicional para debatir el asunto.

Y si bien se señala como argumento para pretermitir tal omisión que para la fecha en
que se presentó la demanda —12 de enero de 20235— y de notificación del fallo de
primera instancia —25 de septiembre de 20236— aún no se había proferido la
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por parte
del Consejo de Estado, Sala Plena, en la que se definió el criterio en torno al
reconocimiento de la sanción moratoria a docentes oficiales y que, con fundamento
en lo allí resuelto, no se condenó en costas a la parte demandante, pese a que la
decisión le fue desfavorable, no lo es menos que el juez de la segunda instancia está
sujeto a los reparos expuestos en el recurso de alzada, según lo dispuesto en el
artículo 320 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 de CPACA, y en
tal sentido, al no haber sido la condena en costas impuesta en primera instancia un
asunto sometido a consideración, no le estaba permitido pronunciarse sobre el
particular.

4 Ver entre otras, la sentencia SU-062 de 2018.
5 Según consulta realizada en el aplicativo Samai.
6 Ibidem

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11

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03477-00
Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia

La Sala no puede validar el hecho de que ante la desidia de quien pudo acudir a los
mecanismos ordinarios de defensa y no lo hizo, se estudie la causa petendi so
pretexto de la vulneración de derechos ius fundamentales, porque la acción de tutela
fue concebida constitucionalmente como un mecanismo preferente y sumario de
protección en el evento de no contarse con otro medio de defensa judicial.
Consiguientemente, no se evidencia que se cumpla con alguno de los criterios
establecidos en la jurisprudencia para que se configure un perjuicio irremediable,7
que pretermita la subsidiariedad de la acción y, por contera, dé vía libre para analizar
la providencia enjuiciada.

Por tanto, lo que corresponde en el asunto es preservar y dar estricto cumplimiento al
carácter subsidiario de la acción de tutela, pues de no ser así: i) se asumiría la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, ii) se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, iii) se concentrarían
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ella y iv) se
propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de la
jurisdicción constitucional.8

Así las cosas, se encuentra que la presente acción de tutela no supera el examen de
subsidiariedad requerido, en tanto los alegatos de la parte actora lo que avizoran es
que se utiliza el mecanismo de amparo como una tercera instancia para plantear un
debate que no fue propuesto en la instancia ordinaria y que, por contera, no le
corresponde definir al juez constitucional.

3. Conclusión

La Sala concluye que el presente caso no cumple con el requisito de procedibilidad
relacionado con la subsidiariedad de la acción de tutela y, por tanto, la rechazará por
improcedente.

7 Los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional

para que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son: su
inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.

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12

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03477-00
Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Andrés Felipe Mesa Valencia en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Oralidad, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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