Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03477-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03477-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03477-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
1 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., primero (1) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03477-01
Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para reclamar el reconocimiento y pago de sanción
moratoria por la no consignación de cesantías anualizadas en
favor de docente / Condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Andrés Felipe Mesa Valencia contra
la sentencia proferida el 8 de agosto de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Andrés Felipe Mesa Valencia promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión del numeral
segundo de la sentencia proferida el 12 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 05001333302520230000801.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y el Distrito de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de cuestionar la legalidad del acto ficto
configurado el 23 de octubre de 2021 que le negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAANDRESFELIPEME(.pdf) NroActua 2»
2 En adelante FOMAG
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia
correspondientes al año 2020, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
y de la indemnización por el pago inoportuno de los intereses a las cesantías, de
acuerdo con el artículo 1 de las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990, y el Decreto
Nacional 1176 de 1991.
ii) El Juzgado Veinticinco del Circuito Judicial de Medellín en sentencia proferida el
25 de septiembre de 2023 negó las súplicas de la demanda y condenó en constas
a la parte vencida. En contra de esta decisión la demandante interpuso recurso de
apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 12 de marzo de 2024
confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que, tal como definió el Consejo de
Estado, Sección Segunda en sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023
proferida el 11 de octubre de 2023 3, «[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no
tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989». Asimismo, resolvió no condenar en costas.
iv) La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo4 por indebida aplicación del artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, adicionado por el 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone la condena en
costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal», lo cual no ocurrió en el asunto contencioso-administrativo
cuestionado, sin contar con que al tratarse de una controversia de puro derecho, no
se acreditó que la entidad demanda hubiera sufragado gastos judiciales.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a esto se
REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE
CARLOS EMRIQUE PINZON MUÑOZ ARISTIZABAL radicado
05001333302520230000001 el numeral segundo donde no condena en costas en esta
instancias […]» (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1 El Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín5
solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela o, en su defecto, se niegue el
amparo, en razón a que la decisión proferida por ese despacho y el Tribunal
Administrativo de Antioquia no incurrió en los defectos endilgados ni vulneró los
derechos fundamentales del demandante.
3 Expediente 66001333300120220001601 (5746-2022)
4 Aunque no se identifica de forma expresa, la motivación efectuado permite establecerlo
5Ver índice 14 de Samai en el expediente 11001031500020240347700. Archivo denominado «
18RECIBE MEMORIAL_Memorial_05ContestacionTutela(.pdf) NroActua 14»
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1.2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 informó que «la justificación judicial
para confirmar la condena en costas corresponde a que la parte demandante solo recurrió
la negativa de las pretensiones, sustentando su recurso sobre las razones por las cuales la
sentencia de primera instancia, a su juicio, no estuvo ajustada a derecho. Omitiendo
cualquier pronunciamiento o descontento sobre la condena en costas». (sic)
1.2.3 El Ministerio de Educación Nacional7 solicitó que se declare la
improcedencia de la tutela, toda vez que el asunto carece de relevancia
constitucional.
1.2.4. El Distrito de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín8 solicitó que
se desestimen las pretensiones de amparo, pues el actuar del Tribunal
Administrativo de Antioquia se encuentra enmarcada en la ley y la jurisprudencia;
además, de que «la disposición establecida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 de
no se trata de un requisito sine qua non para la condena en costas, sino que esta es una
excepción a la excepción consagrada en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011» (sic).
1.2.5. La Fiduprevisora S.A.9 requirió que se declarara la improcedencia de la
solicitud de tutela, en razón a que la decisión de la autoridad judicial demandada se
ajustó a los postulados jurisprudenciales existentes sobre la materia.
1.4. Sentencia Impugnada10
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante sentencia del 8
de agosto de 2024 declaró improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no
superó el requisito de la subsidiariedad, toda vez que:
«[…] el juez de la segunda instancia está sujeto a los reparos expuestos en el recurso
de alzada, según lo dispuesto en el artículo 320 del CGP, aplicable por remisión expresa
del artículo 306 de CPACA, y en tal sentido, al no haber sido la condena en costas
impuesta en primera instancia un asunto sometido a consideración, no le estaba
permitido pronunciarse sobre el particular.» (sic)
1.5. Escrito de impugnación11
Andrés Felipe Mesa Valencia impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en
los argumentos expuestos en la solicitud de tutela.
6 Ver índice 12 de Samai en el expediente 11001031500020240347700. Archivo denominado «14
14_MemorialWeb_Respuesta-PRONUNCIAMIENTOTUTE(.pdf) NroActua 12»
7 Ver índice 10 de Samai en el expediente 11001031500020240347700. Archivo denominado
«12RECIBE MEMORIAL_RV_Comunicacionderes(.zip) NroActua 10»
8 Ver índice 11 de Samai en el expediente 11001031500020240347700. Archivo denominado
«12_MemorialWeb_Respuesta-PRONUNCIAMIENTOYPO(.pdf) NroActua 11»
9 Ver índice 13 de Samai en el expediente 11001031500020240347700. Archivo denominado «
16_MemorialWeb_Respuesta-ANDRESFELIPEMESAV(.pdf) NroActua 13»
10 Ver índice 17 de Samai en el expediente 11001031500020240347700. Archivo denominado «
25Sentencia_620240347700AndresFe(.pdf) NroActua 17»
11 Ver índice 22 de Samai en el expediente 11001031500020240347700. Archivo denominado
«28_MemorialWeb_Recurso-RECURSOIMPUGACIONT(.pdf) NroActua 22»
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Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200012 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201913, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2.2. Cuestión previa – delimitación del asunto a decidir
Si bien la pretensión de amparo elevada por el demandante se dirige a cuestionar
el numeral segundo de la sentencia del 12 de marzo de 2024 en cuanto resolvió no
condenar en costas en segunda instancia; sin perjuicio de la forma en que se
planteó, entiende la Sala que lo que realmente se objeta es la condena en costas
ordenada en primera instancia, confirmada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia; razón por la cual, bajo tal perspectiva se abordará el estudio del asunto.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo14 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que
en su interior se habían desarrollado sobre el tema.15 Al respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala].
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
12 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
13 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo16 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional17 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos18, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales19.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿la solicitud de tutela presentada por Andrés Felipe Mesa
Valencia es procedente, de conformidad con el requisito de la subsidiariedad?
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia20, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.5.2. Caso concreto
Andrés Felipe Mesa Valencia acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos el numeral
segunda de la sentencia del 12 de marzo de 2024, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la condena en costas impuesta en primera
instancia.
Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo por indebida
interpretación y aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por
el 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone la condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», lo
cual no ocurrió en el asunto contencioso-administrativo cuestionado, sin contar con
que al tratarse de una controversia de puro derecho, no se acreditó que la entidad
demandada hubiera sufragado gastos judiciales.
Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas en el
referido medio de control según consta en el aplicativo Samai21, así:
• Andrés Felipe Mesa Valencia, en ejercicio del medio de control de nulidad y
20 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121
de 2003.
21 Visible en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
05001333302520220053101.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03477-01
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restablecimiento del derecho, impetró demanda en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional y otros, con el fin de cuestionar la legalidad del acto
administrativo a través del cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes al año
2020.
• El Juzgado Veinticinco del Circuito Judicial de Medellín en sentencia proferida el
25 de septiembre de 2023 negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a
la parte vencida. En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso
de apelación, pero sin objetar lo pertinente a la condena en costas.
• El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 12 de marzo de 2024
confirmó lo resuelto por el a quo, y negó la condena en costas en segunda instancia.
Como se observa, la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra
de la sentencia del a quo, mecanismo que se encuentra regulado en los artículos
243 y 247 de la Ley 1437 de 201122; trámite en el cual, de cara a la discusión traída
por Andrés Felipe Mesa Valencia ante el juez de tutela, el Tribunal Administrativo
de Antioquia confirmó la condena en costas proferida por el Juzgado Veinticinco del
Circuito Judicial de Medellín.
Al respecto, se encuentra que dicho punto de la litis no fue objeto de discusión a
través del recurso de apelación interpuesto, por lo que, al ser vencido en juicio el
demandante, la consecuencia lógica era que la decisión de primera instancia fuera
confirmada en su integridad, sin realizar análisis alguno respecto de la condena en
costas allí impuesta; pues, «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»23.
A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada por
Andrés Felipe Mesa Valencia no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez
que la condena en constas impuesta en primera instancia no fue apelada, sin
perjuicio del recurso que interpuso respecto de los demás aspectos resueltos; frente
a lo cual se advierte que en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o
la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y el de tutela, ni el
ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone.
De acuerdo con lo expuesto, en el caso bajo estudio no se satisface el requisito de
procedencia general de la subsidiariedad; razón por la cual, la Sala confirmará la
decisión del a quo declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por
Andrés Felipe Mesa Valencia, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
22 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
23 Artículo 328 del CGP
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03477-01
Demandante: Andrés Felipe Mesa Valencia
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de agosto de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante la cual se declaró improcedente
la solicitud de tutela presentada por Andrés Felipe Mesa Valencia, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión judicial.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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