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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03338-01

Fecha
1 de octubre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03338-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 7 de junio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Luisa Fernanda Marín Ramírez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial. Segundo. Dejar sin efectos el numeral segundo de la sentencia proferida el 7 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001333302920220027501. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03338-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

1 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., primero (1) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03338-01
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para reclamar el reconocimiento y pago de sanción
moratoria por la no consignación de cesantías anualizadas en
favor de docente / Condena en costas / Defecto sustantivo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Luisa Fernanda Marín Ramírez contra
la sentencia proferida el 9 de agosto de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Primera mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Luisa Fernanda Marín Ramírez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión del numeral
segundo de la sentencia proferida el 7 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 05001333302920220027501.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y el Distrito de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de cuestionar la legalidad del Oficio
202130528084 del 24 de noviembre de 2021 que le negó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías
correspondientes al año 2020, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,

1 Ver índice 2 de Samai en el expediente 11001031500020240333800. Archivo denominado «
1_DemandaWeb_Demanda_TUTELALUISAFERNANDAM(.pdf) NroActua 2»
2 En adelante FOMAG

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03338-01
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

y de la indemnización por el pago inoportuno de los intereses a las cesantías, de
acuerdo con el artículo 1 de las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990, y el Decreto
Nacional 1176 de 1991.

ii) El Juzgado Veintinueve del Circuito Judicial de Medellín en sentencia proferida el
18 de mayo de 2023 negó las súplicas de la demanda y condenó en constas a la
parte vencida. En contra de esta decisión la demandante interpuso recurso de
apelación.

iii) El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 7 de junio de 2024
confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que, tal como definió el Consejo de
Estado, Sección Segunda en sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023
proferida el 11 de octubre de 2023 3, «[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no
tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989».

Asimismo, resolvió «[c]ondenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y
a favor de la demandada, […]».

iv) La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo4 por indebida aplicación del artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, adicionado por el 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone la condena en
costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal», lo cual no ocurrió en el asunto contencioso-administrativo
cuestionado, sin contar con que al tratarse de una controversia de puro derecho, no
se acreditó que la entidad demanda hubiera sufragado gastos judiciales.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a esto se
REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE
MARTA CECILIA MADRID ROLDAN radicado 05001333302920220027501 el numeral
segundo donde condena en costas en segunda instancia. […]» (sic)

3 Expediente 66001333300120220001601 (5746-2022)
4 Aunque no se identifica de forma expresa, la motivación efectuado permite establecerlo

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03338-01
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1 El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín5,
luego de informar acerca de las actuaciones judiciales adelantadas en el asunto
cuestionado, señaló que la sentencia de primera instancia se profirió «dentro de todos
los parámetros legales, respetando siempre el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia para cada una de las partes, sin que se haya vulnerado o se
pretenda vulnerar el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora». (sic)

1.2.2 El Ministerio de Educación Nacional6 solicitó que se declare la
improcedencia de la tutela, toda vez que el asunto carece de relevancia
constitucional.

1.2.3. El Distrito de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín7 solicitó que
se desestimen las pretensiones de amparo, pues el actuar del Tribunal
Administrativo de Antioquia se encuentra enmarcada en la ley y la jurisprudencia;
además, de que «la disposición establecida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 de
no se trata de un requisito sine qua non para la condena en costas, sino que esta es una
excepción a la excepción consagrada en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011» (sic).

1.2.4. La Fiduprevisora S.A.8 requirió que se declarara la improcedencia de la
solicitud de tutela, en razón a que la decisión de la autoridad judicial demandada se
ajustó a los postulados jurisprudenciales existentes sobre la materia.

1.2.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio.

1.4. Sentencia Impugnada9

El Consejo de Estado, Sección Primera mediante sentencia del 9 de agosto de 2024
declaró improcedente la solicitud de tutela, al considerar que carece del requisito de
relevancia constitucional, «[…] comoquiera que el segundo elemento que la compone,
esto es, preservar la competencia y la independencia de los jueces de las Jurisdicciones
diferentes a la constitucional para evitar que el recurso de amparo se emplee como medio
judicial para discutir asuntos de mera legalidad y/o económicos, no fue superado.» (sic)

5 Ver índice 11 de Samai en el expediente 11001031500020240333800. Archivo denominado
«11_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-004RespuestaInformeT(.pdf) NroActua 11»
6 Ver índice 12 de Samai en el expediente 11001031500020240333800. Archivo denominado

«14RECIBE MEMORIAL_RV_Comunicacionderes(.zip) NroActua 12»
7 Ver índice 20 de Samai en el expediente 11001031500020240333800. Archivo denominado «

22_MemorialWeb_Recurso-RECURSOIMPUGACIONT(.pdf) NroActua 20»
8 Ver índice 14 de Samai en el expediente 11001031500020240333800. Archivo denominado «

16RECIBE MEMORIAL_ANEXO20240333800pdf(.pdf) NroActua 14»
9 Ver índice 16 de Samai en el expediente 11001031500020240333800. Archivo denominado

«20Sentencia_202403338LUISAFERNAN(.pdf) NroActua 16»
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03338-01
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

1.5. Escrito de impugnación10

Luisa Fernanda Marín Ramírez impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió
en los argumentos expuestos en la solicitud de tutela.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que
en su interior se habían desarrollado sobre el tema.14 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia

10 Ver índice 22 de Samai en el expediente 11001031500020240347700. Archivo denominado
«28_MemorialWeb_Recurso-RECURSOIMPUGACIONT(.pdf) NroActua 22»
11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03338-01
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos17, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales18.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03338-01
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales de Luisa Fernanda Marín Ramírez con ocasión del
numeral segundo de la sentencia del 7 de junio de 2024 a través de la cual la
condenó en costas en segunda instancia, con lo cual incurrió, presuntamente, en
defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1 Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.

2.4.2 Defecto sustantivo

En cuanto a este defecto, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda el
marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto19. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este
defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta20, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al Estado Social de Derecho.

El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contraevidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión

19 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
20 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03338-01
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales21.

2.4.3 Sobre el caso concreto

Luisa Fernanda Marín Ramírez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
el numeral segundo de la sentencia del 7 de junio de 2024, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia la condenó en costas en segunda instancia, al
negarle las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria en los
términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y de la indemnización por el pago
inoportuno de los intereses a las cesantías, de acuerdo con el artículo 1 de las Leyes
52 de 1975 y 50 de 1990, y el Decreto Nacional 1176 de 1991.

Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo por indebida
interpretación y aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por
el 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone la condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», lo
cual no ocurrió en el asunto contencioso-administrativo cuestionado, sin contar con
que al tratarse de una controversia de puro derecho, no se acreditó que la entidad
demandada hubiera sufragado gastos judiciales.

Para mayor claridad del asunto, y en aras de desatar el cargo propuesto, se
recuerda que el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 7 de junio de
2024, entre otras, resolvió condenar en costas a la demandante en segunda
instancia, en los siguientes términos:

«[…] 5. SOBRE LA CONDENA EN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. Precisa la Sala que,
de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA (Ley 1437 de 2011),
deberá disponerse en la sentencia sobre la condena en costas, a menos que se trate de
un asunto de interés público, dándosele el trámite consagrado para tal efecto en el
Código General del Proceso.

[…]

De acuerdo con lo expuesto, la condena en costas obedece a un criterio objetivo
valorativo que tiene en cuenta, entre otros asuntos, la acreditación de haberse causado
las mismas en el proceso, se puede disponer de la fijación de agencias en derecho y
dependerá de la posición en la que se encuentren los sujetos procesales.

En este caso en particular, encuentra la Sala procedente imponer costas de segunda
instancia, motivo por el cual se condenará en tal sentido a la parte demandante y a favor
de la demandada lo cual incluye la fijación de Agencias en Derecho por el A Quo, pues
conforme el numeral 1° del artículo 365 del CGP, Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso. […]».

Como se observa, el tribunal demandado acudió a un criterio objetivo valorativo para

21 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03338-01
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

condenar al demandante en costas, con fundamento en los artículos 365 del CGP
y 188 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, desconoció la adición de esta última
traída por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispuso que «[e]n todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Sobre este punto, esta Sala de decisión en sentencia del 10 de julio de 202422,
señaló:

«[…] 43. Ahora bien, la adición de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA
refuerza el argumento relativo a la necesidad de analizar la conducta de las partes, pues
deja en evidencia que debe evaluarse si la demanda se presentó con manifiesta carencia
de fundamento legal, es decir, aun cuando el demandante haya sido vencido en el
proceso y no se haya advertido una conducta temeraria o de mala fe que implique ser
condenado en costas, esta procederá si se observa que no tenía fundamento legal.

44. De esta manera, está claro que el legislador no pretendió imponer al juez la
necesidad de condenar en costas cuando una las partes fue vencida, sino la de
pronunciarse sobre esas costas, sobre la base de un juicio subjetivo valorativo.

45. Este juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento26. Al respecto esta corporación ha acudido a los
criterios señalados en el artículo 79 del CGP a efectos de establecer los eventos en los
que se puede concluir que se ha actuado con temeridad o mala fe, esto es cuando por
ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad;
se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines
claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.

46. De acuerdo con lo expuesto, frente a la condena de las costas el juez debe realizar
un análisis subjetivo valorativo, en tanto para decidir si condena es necesario que i)
revise la conducta de las partes en el proceso; y ii) en el expediente, identifique si las
referidas costas se causaron. Distinto es que, luego de concluir que hay lugar a condenar
en costas, la cuantía de la condena se fije en atención a lo dispuesto en el CGP y a la
posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador,
el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos
recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, modificado por
el Acuerdo PSAA13-9943 de 2013). […]»

A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo al
condenar en costas a Luisa Fernanda Marín Ramírez bajo un criterio objetivo, pues,
pese a que la materia fue redimensionada por el legislador a través de la Ley 2080
de 2021, en el sentido de que si bien ello es procedente respecto de la parte vencida
y de quien no se haya advertido una conducta temeraria o de mala fe, también
deberá establecerse si careció de fundamento legal para demandar, es decir, la
decisión dependerá de un juicio valorativo de las particularidades del caso.

22 CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente: 50001-23-33-000-2019-00438-01 (0280-2023)

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03338-01
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

En cuanto a este último requisito, el cual no fue valorado por la autoridad judicial
demandada, llama la atención de la Sala que la controversia traída por la
demandante como docente oficial, obedeció a su intención de lograr el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
del año 2020, asunto que, para el momento en que acudió a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo no era pacífico, tan es así, que fue objeto de decisión
por el Consejo de Estado, Sección Segunda en sentencia de unificación SUJ-032-
CE-S2-2023 proferida el 11 de octubre de 202323, en la que se fijó como criterio que
«[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989».

Es decir, la demanda presentada por Luisa Fernanda Marín Ramírez contaba con
fundamento legal y decisional del Consejo de Estado al momento en que la radicó,
diferente es, que en razón a la disparidad de criterios existentes al interior de la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo sobre la materia, el asunto fuera
unificado el 11 de octubre de 2023, es decir, durante el trámite de su proceso.

En este punto es relevante recordar que, en cuanto a la condena en costas, en la
pluricitada sentencia de unificación se consideró:

«[…] 193. No se impondrá condena en costas. Lo anterior, en línea con el criterio
acogido por esta Sección165 en anteriores oportunidades, en las cuales consideró que,
en los casos resueltos a través de una sentencia de unificación, en aplicación de las
reglas allí definidas no hay lugar a ello, al amparo de los principios de buena fe y
confianza legítima.

Es decir, mal podría considerarse la condena en costas, en cuyas controversias se
definen con fundamento en posturas producto de un cambio jurisprudencial o
sentencia de unificación proferido durante el curso del proceso ordinario, situación
que a todas luces conllevaría un desconocimiento del derecho de acceso a la
administración de justicia de las partes en contienda.

De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la decisión del a quo para, en su
lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de Luisa Fernanda Marín Ramírez, pues, si bien se le
respetaron cada una de las etapas procesales en el trámite del proceso
contencioso-administrativo cuestionado, lo cierto es que el numeral segundo de
la sentencia del 7 de junio de 2024 incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el 47
de la Ley 2080 de 2021, al condenarla en costas bajo un criterio objetivo.

23 CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente 66001333300120220001601 (5746-2022)

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03338-01
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

En consecuencia, se dejará sin efectos el numeral segundo de la sentencia
proferida el 7 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 05001333302920220027501.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 7 de junio de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Primera. En su lugar, amparar los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia de Luisa Fernanda Marín
Ramírez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial.

Segundo. Dejar sin efectos el numeral segundo de la sentencia proferida el 7 de
junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
05001333302920220027501.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03338-01
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

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