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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03338-00

Fecha
9 de agosto de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03338-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Fiduprevisora. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Luisa Fernanda Marín Ramírez, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 11001 03 15 000 2024 03338 00 Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03338-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

9 de agosto de 2024

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03338 00
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 03338 00
Accionante: Luisa Fernanda Marín Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquía- Sala Cuarta
Tesis: La acción de tutela es improcedente por no ser relevante
constitucionalmente, si el debate planteado por la parte actora se relaciona con
aspectos meramente legales y/o económicos.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Luisa Fernanda Marín
Ramírez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquía.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Luisa Fernanda Marín Ramírez, actuando por medio de apoderada judicial,
instauró acción de tutela en contra de la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de
Antioquía, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de Justicia y el principio de gratuidad, con
ocasión de la sentencia de segunda instancia que esa autoridad judicial profirió el 7
de junio de 2024, por medio de la cual confirmó el fallo del 18 de mayo de 2023,
dictado por el Juzgado 29 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que cursó con el radicado nro.
05001 33 33 029 2022 00275 01, donde fungió como entidad demandada el
Ministerio de Educación y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Para el efecto, formuló la siguiente pretensión:

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03338 00
Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

“PETICIÓN

Solicito que se protejan los derechos AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a
esto se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO
PONENTE MARTA CECILIA MADRID ROLDAN radicado:
05001333302920220027501 el numeral segundo donde condena en costas en
segunda instancia.”1.

1.2. Como fundamento de la solicitud, en el acápite de hechos, señaló que interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de la sanción
por mora en el retardo de la consignación de las cesantías y sus intereses, en su
calidad de docente oficial.

1.3. Enseguida, aportó un listado de radicados de procesos que fueron resueltos
por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, para indicar que estos habían sido
el fundamento para la interposición del proceso ordinario y que para la fecha de
presentación de la demanda no existía sentencia de unificación para ese asunto, por
lo que siempre actuó bajo el principio de buena fe y confianza legitima.

1.4. Informó que, el 11 de octubre de 2023, el Consejo de Estado profirió sentencia
de unificación nro. SUJ 032 CE S2 2023, en el proceso con radicado interno 5746-
2022, en la que se agrupaban los criterios relacionados con la Ley 50 de 1990.

1.5. Señaló que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 356 del Código
General del Proceso (en adelante CGP), la Sala debió efectuar un análisis de
ponderación subjetiva, respecto de las conductas procesales de las partes antes de
imponer la condena en costas, para verificar si habían existido acciones temerarias,
dilatorias o aquellas que dificultaran el normal desarrollo del proceso. Asimismo, citó
el artículo 79 del CGP, para indicar que con fundamento en este se debió determinar
si se habían causado las mismas, toda vez que no actuó con temeridad o mala fe,
además, no se lograron probar los gastos sufragados por la entidad demandada, pues
era un asunto de pleno derecho.

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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1.6. Expuso que, se había desconocido el ordenamiento judicial frente al tema de la
condena en costas, fijado por el Consejo de Estado.

1.7. Procedió a transcribir apartes del artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la cual
adicionó algunos aspectos al artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). Esto para
advertir que dicha norma, aplicaba un criterio objetivo para la condena en costas,
que consistía en analizar independientemente la conducta procesal de los litigantes.
De igual forma, adujo que esta no imponía la obligación de aplicar dicha figura
procesal, si no que ordenaba que el Juez se pronunciara al respecto valorando el
debate procesal, pudiendo prescindir de la imposición de dicha medida.

1.8. Por último, añadió que la posición del Consejo de Estado en los casos en que
se debaten derechos laborales, se debe tener en cuenta la posición de los sujetos
procesales, que para el presente caso es una docente adscrita al Magisterio, que
resultó siento la parte débil de la relación laboral con el Estado.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. El expediente fue sometido a reparto el 28 de junio de 20242 y allegado al
Despacho Sustanciador el 2 de julio de la presente anualidad3.

2.2. El proceso de la referencia fue admitido mediante providencia del 8 de julio de
20244, en el que particularmente se ordenó notificar a los Magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia y comunicar al Juzgado 29 Administrativo de Oralidad del
Circuito de Medellín, al Ministerio de Educación Nacional, al FOMAG, al Distrito de
Ciencia y Tecnología e innovación de Medellín y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

2.3. El 10 de julio de 20245, El Tribunal Administrativo de Antioquía manifestó que
en el expediente 05001 33 33 029 2022 00275 01, profirió sentencia el día 7 de junio

2 Visible a índice 1 ibídem.
3 Visible a índice 4 ibídem.
4 Visible a índice 5 ibídem.
5 Visible a índice 9 ibídem

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de 2024, y este fue devuelto al Juzgado de origen el 25 de junio de 2024, mediante
oficio nro. 357.

2.4. Por su parte, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, contestó la demanda el día 11 de julio de 20246, señalando que en el
proceso motivo de controversia no era aplicable la excepción que contempla el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se trataba de un expediente en
el que se ventilara un interés público. Así las cosas, tanto el Juez de primera
instancia como el de segunda, podían decidir sobre la condena en costas sin
necesidad de que se estableciera que la demanda se presentó sin fundamento legal.

Resaltó que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional, ya que se
trataba de un asunto meramente legal y económico, como lo son las costas
procesales.

2.5. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín mediante
memorial del 11 de julio de 20247, dio respuesta y allí hizo un relato de las diferentes
etapas procesales que habían sido surtidas por este. Afirmó que, negó las
pretensiones del proceso ordinario, debido a que el régimen aplicable en materia de
prestaciones sociales para ese caso era la Ley 91 de 1989 y no el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 y, además, dispuso condenar en costas en cumplimiento de lo previsto
en la Ley 1564 de 2012.

Señaló que actuó dentro de los parámetros legales, respetando los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de las partes. Por último, indicó que
la tutela no debe ser considerarse como una tercera instancia, con la que se busque
definir situaciones que ya se encuentran consolidadas y decididas a través de los
mecanismos ordinarios.

2.6. La Nación – Ministerio de Educación Nacional, el día 12 de julio de 20248,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por carecer de
relevancia, debido a que la actora pretendía reabrir un debate que ya fue resuelto
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

6 Visible a índice 10 ibídem
7 Visible índice 11 ibídem
8 Visible índice 12 ibídem

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Demandante: Luisa Fernanda Marín Ramírez

2.7. La Fiduprevisora S.A. la cual actúa en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del FOMAG, en escrito del 19 de julio de 20249, recalcó que
la demanda constitucional era improcedente, en razón a que las autoridades
judiciales actuaron de conformidad con la norma y respetando los precedentes
judiciales. Solicitó ser desvinculada, por falta de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que la supuesta vulneración de los derechos se desprende del actuar de
los Jueces ordinarios.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 202110, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asignó a esta Sección el conocimiento de
este tipo de acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del
presente asunto.

3.2. Hechos relevantes

3.2.1. La Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el
7 de junio de 2024, en el medio de control de nulidad y restablecimiento de los
derechos con número de radicado 05001 33 33 029 2022 00275 01, en el cual Luisa
Fernanda Marín Ramírez demandó al Ministerio de Educación, al FOMAG y al
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Esa decisión
confirmó el fallo del 18 de mayo de 2023, dictado por el Juzgado 29 Administrativo
de Medellín.

9 Visible índice 14 ibídem
10 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
5.⁠ ⁠Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada.”

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3.2.2. Inconforme con la condena en costas ordenada en la decisión de la autoridad
judicial accionada, la señora Marín Martínez interpuso la acción de tutela de la
referencia.

3.3. Análisis de la Sala

3.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva

La Sala estima que no es procedente declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la Fiduprevisora S.A., quien actúa en calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del FOMAG, pues esta última entidad
actuó como demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
el que se profirió la providencia debatida, razón por la cual la decisión que resulte
del presente trámite constitucional puede incidir en sus intereses.

3.3.2. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

3.3.2.1. De la relevancia constitucional

En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Asimismo, la mencionada sentencia precisó que “los fundamentos de una decisión
de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

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A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 201911, el
alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades12:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman tal requisito. De manera que, si no
se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar ese presupuesto.

3.3.2.2. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las Jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o con un marcado contenido económico. La Corte
Constitucional ha conceptualizado así este aspecto:13

“La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, dado que ‘le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario o pena de involucrarse en cuestiones que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En tales términos, un asunto carece de relevancia

11 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-

103 de 2022.
12 Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022,

decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el
correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico”.
13 Sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita
a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo
que de esta se desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general”.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Alta Corte, un asunto carece de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por la parte actora es de
naturaleza meramente legal y/o económica. Sin embargo, en la reciente SU-215 de
2022, al respecto se señaló:

“Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en
un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en
acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv)
procesos ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios”.

De lo anterior, se desprende que el asunto que se pone en conocimiento debe
trascender al ámbito constitucional, y ello se logra cuando la argumentación no se
limita a buscar la protección de los intereses económicos y/o legales que identifican
particularmente a la parte actora, sino que justifica razonablemente la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.

3.3.2.2.1. Pues bien, la controversia propuesta por la actora gira en torno a la forma
como, a su juicio, debían ser interpretados y aplicados los artículos 79 y 365 del
CGP y 188 del CPACA. Entendió que el Tribunal Administrativo de Antioquia estaba
obligado a realizar un análisis previo sobre la conducta procesal asumida a lo largo
del trámite, para concluir que, como actuó de buena fe, no debió imponérsele tal
condena, particularmente porque cuando interpuso la demanda no existía la una
postura jurisprudencial unificada que finalmente sirvió de sustento para que se le
negaran las pretensiones.

Siendo así, es claro que, si bien la accionante invoca la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia y al
principio gratuidad, lo cierto es que la discusión que propone en el presente proceso,

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por un lado, se relaciona con aspectos de mera legalidad, concretamente, con la
aplicación de las normas que rigen la condena en costas en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y, por otro, tiene alcance económico, pues lo que
pretende es que se le exima de la obligación de pagar los gastos y expensas en los
que incurrió la parte contraria, discusión que se escapa de la órbita de la
competencia del Juez constitucional.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela de la referencia, por cuanto no cumple
con el requisito general de la relevancia constitucional, comoquiera que el segundo
elemento que la compone, esto es, preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las Jurisdicciones diferentes a la constitucional para evitar que el
recurso de amparo se emplee como medio judicial para discutir asuntos de mera
legalidad y/o económicos, no fue superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva alegada por la Fiduprevisora.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
Luisa Fernanda Marín Ramírez, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los
términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

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Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 9 de agosto de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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