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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05689-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05689-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Luis Eduardo Mesa Nieves para conocer la acción de tutela de la referencia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Radicación:11001-03-15-000-2023-05689-00 Accionante: Hernán Emilio Hernández Paternina Segundo: Negar el amparo solicitado por el señor Hernán Emilio Hernández Paternina, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión Oral, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Tercero: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05689-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

25 de abril de 2024

1

Radicación:11001-03-15-000-2023-05689-00
Accionante: Hernán Emilio Hernández Paternina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05689-00
Accionante: Hernán Emilio Hernández Paternina
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

Temas: Tutela contra providencia judicial que negó la aplicación, por
favorabilidad laboral, de las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1972,
respecto de la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías anuales e indemnización por el pago inoportuno de los
intereses de las cesantías a docentes afiliados al Fomag. Ausencia
de los defectos de desconocimiento de precedente jurisprudencial
y violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Hernán Emilio Hernández
Paternina contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Hernán Emilio Hernández Paternina, por intermedio de apoderado, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia en

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Radicación:11001-03-15-000-2023-05689-00
Accionante: Hernán Emilio Hernández Paternina

conexidad con principios constitucionales perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica
y favorabilidad laboral.

Solicitó que se declare que el Tribunal Administrativo de Sucre le vulneró los citados
derechos fundamentales con ocasión de la sentencia del 10 de mayo de 2023,
proferida dentro del expediente radicado No. 70001-33-33-005-2022-00040-01.

Como consecuencia de lo anterior, deprecó que se ordene dejar sin efecto la sentencia
mencionada y, en su lugar, se profiera una nueva providencia en atención a la
multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema ha edificado tanto la Corte
Constitucional, como la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante diferentes
decisiones mediante las cuales se ha ordenado el reconocimiento y pago de la sanción
por mora, tal como fue solicitado en la demanda ordinaria, de acuerdo con los
postulados establecidos en los siguientes expedientes:

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Accionante: Hernán Emilio Hernández Paternina

1.1.2. Los hechos

Se advierten como hechos relevantes los siguientes:

i) Después del año de 1990, el docente Hernán Emilio Hernández Paternina se vinculó
laboralmente en la entidad territorial certificada en Educación del departamento de
Sucre. Es decir, que debido a la fecha de su vinculación tiene derecho al
reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado, con pago de interés
cada año.

ii) El 15 de febrero del año 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte de
Ministerio de Educación Nacional (como patrono) al Fomag – fondo al que pertenece
como trabajador del Estado y en virtud por sus servicios prestados en el año 2020.

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iii) El 13 de julio de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que fuera realizada su
consignación efectiva al Fomag, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la
sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda.

iv) En el proceso contencioso administrativo la entidad pública demandada (como
patrono), en lugar de dar respuesta de fondo o consignar lo correspondiente a las
cesantías, remitió la mencionada solicitud a la Fiduciaria La Previsora S.A., para que,
siendo esta la entidad encargada de los recursos del FOMAG diera respuesta, en razón
a la ausencia de dicha respuesta, procedió a demandar el acto ficto negativo.

v) El 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Sincelejo, negó las suplicas de la demanda.

vi) Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación, por considerar que no
solo la ley, sino que la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y del
Consejo de Estado han despejado dudas sobre la aplicación a los docentes oficiales
de la Ley 50 de 1990, en igualdad de condiciones que al restante grupo de empleados
públicos de Colombia.

vii) El 10 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre profirió sentencia en
segunda instancia, por la cual decidió confirmar la decisión del a quo, fallo objeto de
reproche en la presente acción de tutela.

1.1.3. Fundamentos de derecho

El apoderado de la accionante refirió como argumentos de tutela, los siguientes:

i) El problema jurídico dentro del caso es de índole constitucional, por cuanto la sanción
moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que
necesariamente tiene un alcance en el derecho fundamental a la seguridad social, y la
única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con su consignación efectiva.

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Accionante: Hernán Emilio Hernández Paternina

ii) De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias SU-098
de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, en virtud del principio de igualdad e in
dubio pro operario, no debe excluirse al sector oficial docente de la aplicación de la
Ley 50 de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públicos, son
beneficiarios de la sanción moratoria.

iii) En consideración con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, a
través de las 26 sentencias expedidas en sus Subsecciones,1 acogió una
interpretación favorable en el sentido de indicar que sí le resulta aplicable la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales, por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344
de 1996, y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.

iv) Ahora, que la autoridad accionada manifieste que tanto la Sentencia SU-098 de
2018 como la jurisprudencia del Consejo de Estado no son aplicables al caso, por
estudiar situaciones fácticas y jurídicas distintas, esto es, porque los asuntos allí
analizados trataban de docentes no afiliados al Fomag, mientras que, en el sub judice,
el docente sí lo estaba, no resulta adecuado, toda vez que lo que castiga la Ley 50 de
1990 es la falta de consignación de las cesantías en el fondo donde esté afiliado el
trabajador, no la falta de afiliación a un fondo.

v) Con todo, expresar tal situación es tanto como permitir que las entidades territoriales
vincularan docentes sin autorización de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y
luego culpar a esta entidad de la no cancelación de las cesantías, cuando fue esto lo

1 Concretamente, mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001-

23-31-000-2009-00867-01 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, y
los pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio
de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-
000-2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173-01; 10 de junio
de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-
31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de
junio de 2021, expedientes 08001-23-31-000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de
noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021,
expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre
de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-01127-01 y 40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de
enero de 2022, expediente 080001-23-33-000-2017-00931- 01; 3 de marzo de 2022, expediente
080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01;
9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-000-2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente
47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47-001-23-33-000-2019-00376-01;
22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022,
expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-
00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-01.

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que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6.° de la Ley 60 de
1993. No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de
personal que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la
educación en el sector educativo, sin que previamente estuviera autorizado por la
Nación, pues precisamente existía una vinculación automática al Fomag para que
fueran trasladadas las cesantías anualizadas, decretadas por la Ley 91 de 1989, a
todos los docentes, como es el caso de la accionante, afiliada después del 1.° de enero
de 1990.

vi) Cuando en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció que: «... los docentes
nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a
los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta
ley», la intención directa era que se tratara igual a los maestros que ya eran nacionales
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, que se les consignara las cesantías y
que estos recursos se separaran de los recursos de la Nación–MEN como patrono.

vii) Causa extrañeza que el Tribunal profiera una decisión afectando derechos
fundamentales, pues, con justificación objetiva, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en los años 2021, 2022 y 2023 ha decidido unificar en sus dos Salas de
Decisión la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los
docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, lo que significa que el patrono,
en este caso el MEN, solo debe trasladar antes del 15 de febrero de 2021, del trabajo
del docente en el año 2020, sus cesantías al Fomag.

viii) Ahora bien, la obligación del traslado de los recursos a las cesantías que tenía
tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales, las Cajas Nacional y
Departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro a los docentes que se encontraban
vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 al Fomag —ya fuesen nacionalizados,
territoriales o nacionales—, no está en discusión, toda vez que esta fue la intención y
la orden impartida desde la creación de la Ley 91 de 1989, esto es, el Fomag debía
recibir esos recursos; sin embargo, en el caso se señaló que existe unidad de caja
entre los recursos del Ministerio de Educación y el Fomag, lo que no es cierto puesto

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que los recursos ya fueron consignados a la entidad. Si bien es cierto en el artículo 57
de la Ley 1955 de 2019 se estableció la unidad de caja de los recursos del Fomag para
el pago de las prestaciones sociales, no significa que este principio se predique de los
recursos de Ministerio de Educación Nacional y el Fondo precitado.

ix) Por tanto, a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968,
3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978, y las demás que se
expidieran en el futuro —pues así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como es el caso
de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, que son expresas en señalar la obligación del
patrono con la consignación de las cesantías a los docentes oficiales en el Fomag a
más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

x) En el presente asunto se configura una violación directa de la Constitución ante la
no aplicación del principio de favorabilidad, pues a los maestros se les debe tratar en
igualdad de condiciones que al resto de los empleados públicos del país.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 4 de octubre de 2023, se admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó,
entre otras actuaciones lo siguiente:

i) Notificar al Tribunal Administrativo de Sucre, como accionado y al municipio de
Sincelejo y a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, como terceros interesados en las resultas del proceso.

ii) Notificar a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que, si a bien lo tiene,
intervenga en el presente proceso.

iii) Remitir copia de la solicitud de tutela a las partes, para que procedan a rendir el
respectivo informe dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de dicha
presente providencia.

1.2.2. El 10 de noviembre de 2023, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
impedimento para conocer la acción de tutela, con fundamento en la causal 5°. del

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artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por tener una amistad de muchos años
con la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, quien suscribió la sentencia que se
discute.

1.2.3. El 13 de diciembre de 2023, se realizó diligencia de sorteo de conjueces en la
cual fue designado el doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.

1.2.4. El 25 de enero de 2024, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado
por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer la acción de tutela de la
referencia, motivo por el cual fue separado del conocimiento del asunto.

1.3. Intervenciones

1.3.1. Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla Cáceres, afirmó que en
el presente asunto no se encuentra satisfecho el requisito general de relevancia
constitucional, puesto que, si bien es cierto que la accionante alega la presunta
vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios de naturaleza
constitucional, también lo es que debe cumplirse con una carga argumentativa
suficiente que demuestre que el asunto que se discute goza de una marcada
importancia constitucional. Además, resaltó que el debate que se presenta es de
naturaleza estrictamente económica, pues involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela, por lo que solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela.

1.3.2. Fiduprevisora S.A.

La coordinadora de tutelas, Aidee Johanna Galindo Acero, indicó que las autoridades
judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
actuaron conforme a la normativa establecida sin que pueda aducirse un
desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la
demanda. Además, señaló que no es dable inferir que se haya presentado
transgresión alguna en contra de las garantías fundamentales, pues las actuaciones

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judiciales fueron adelantadas con plena observancia del debido proceso. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente el presente mecanismo de amparo.

1.3.3. Tribunal Administrativo de Sucre
El magistrado Cesar Enrique Gómez Cárdenas, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela o en su defecto negar el amparo, toda vez que, advirtió que en el
presente asunto no se supera el requisito excepcional de relevancia constitucional,
debido a que se pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional para
reabrir una discusión que ya se agotó por parte del juez natural y, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la sanción moratoria que establece el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, no resulta aplicable a los docentes ya que están cobijados
por la Ley 91 de 1989.

1.4. Otras actuaciones
El 4 de abril de 2024, el consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó
encontrarse inmerso en la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene una relación de
amistad íntima y entrañable con la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, ponente
en la decisión objeto de cuestionamiento

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Cuestión previa

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El consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves manifiesta encontrarse inmerso en
la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene una relación de amistad íntima y
entrañable con la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, ponente en la decisión
objeto de cuestionamiento.2

El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad
moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden
comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una garantía de
imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite
en los casos puestos a su conocimiento.

Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de
taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función
jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden ampliarse
discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.

En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código
de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, el cual
prevé lo siguiente:

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario,
si fuere el caso.

Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto, debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del
impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.

2 Manifestación de impedimento de fecha 4 de abril de 2024, visible en índice 36 del expediente digital.

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La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 ha especificado que el atributo de
imparcialidad de los funcionarios judiciales forma parte del debido proceso y, por ende,
el régimen de impedimentos y recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de
la Constitución, en cuanto deben procurar la protección de tal garantía constitucional.

También ha sostenido que la imparcialidad judicial, debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, pues solo así se garantizaría que las actuaciones en
esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública (art. 209 C.P.)».4

La Corte Constitucional ha explicado claramente la definición del atributo de
imparcialidad: «esta se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la
ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien
administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la
honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la
sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la
vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial».5

En el presente caso, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves manifiesta su
impedimento para conocer de la acción de tutela y, para tal efecto, invoca la causal
contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que
establece lo siguiente:

Art. 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:

[…]

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

[…]

3 Sentencia C-496 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa.

4 Ibidem.
5
Sentencia 365 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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Accionante: Hernán Emilio Hernández Paternina

Lo anterior, al sostener una relación de amistad íntima y entrañable con la doctora
Tulia Isabel Jarava Cárdenas, ponente en la decisión objeto de la litis, esto es, la
sentencia del 10 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 70001-33-33-005-2022-00040-01.

En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que,
una vez confrontada la causal invocada con la razón que expuso el magistrado Luis
Eduardo Mesa Nieves, es dable colegir que la discusión que llegue a darse en la acción
de tutela puede comprometer la decisión del consejero.

Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 10 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 70001-33-33-005-
2022-00040-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la
adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La jurisprudencia constitucional6 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590

6 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.

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Accionante: Hernán Emilio Hernández Paternina

de 2005,7 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.5. Hechos probados

7 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-
005-2022-00040-00/01, la Sala establece lo siguiente:

i) El señor Hernán Emilio Hernández Paternina, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda en contra de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fomag y del departamento de Sucre, para que se
(i) declarara la existencia y consecuente nulidad del acto ficto producto del silencio
administrativo negativo configurado el día 13 de octubre de 2021 y (ii) a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara a) el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de
salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en
que debió consignarse el valor correspondiente a las cesantías del año 2020 en el
respectivo fondo, y hasta el momento en que se efectúe el pago de la prestación; y b)
la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, prevista en las
Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

ii) El 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Sincelejo negó las suplicas de la demanda.

iii) Por lo anterior, el accionante interpuso recurso de apelación contra dicha
providencia, debido a que según los términos establecidos en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, a los docentes se les debe consignar los recursos de sus cesantías en el
único fondo establecido para los trabajadores de la educación y que la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, en la responsable del reconocimiento de las
cesantías en favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por cuanto es quien tiene la competencia legal para girar los
recursos al fondo.

iv) El 10 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
Decisión Oral, confirmó la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022, por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo.

2.6. Caso en concreto. Análisis de la Sala

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2.6.1. Estudio de procedibilidad de la acción

i) «Se cumple el requisito de relevancia constitucional». Es de precisar, sobre el
particular, que el despacho del magistrado ponente, en anteriores oportunidades,8
venía acogiendo el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019, en la que se
indicó que la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990 no comportaba un asunto de relevancia constitucional «i) por versar sobre un
asunto meramente legal con una connotación patrimonial privada, ii) no tener una
relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental y iii) buscar
reabrir el debate concluido por el juez ordinario».

Sin embargo, a partir de la sentencia del 26 de octubre de 2023 emitida dentro del
expediente de tutela 11001-03-15-000-2023-03988, se modificó la anterior posición y
se acogió el criterio mayoritario de la Sala de decisión respecto del cumplimiento del
referido requisito, atendiendo a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ-032-
CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por parte de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

Así las cosas, la Sala considera que en el caso concurre el requisito de relevancia
constitucional para analizar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados, por desconocimiento a) de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías anualizadas a los docentes oficiales afiliados
al Fomag, y junto con ello, b) de los principios de favorabilidad en materia laboral,
perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, eventos que de hallarse acreditados
conducirían a encontrar lesionados los intereses de la parte actora.

ii) «Se cumple con el requisito de subsidiariedad», comoquiera que se agotaron todos
los mecanismos de defensa judicial, por cuanto la decisión cuestionada es una
sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho

8 Procesos de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-02216-00, 11001-03-15-000-2023-01500-01

y 11001-03-15-000-2023-04027-00, entre otros.

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iii) «Se presentó con inmediatez», toda vez que la sentencia objeto de censura data
del 12 de julio de 2023 y la presente acción de tutela fue instaurada el 5 de octubre de
igual anualidad, esto es, dentro del término de los seis meses previstos por esta
corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia
judicial.9

iv) «No se cuestionó una irregularidad procesal» sino el hecho de resolverse el asunto
bajo una indebida aplicación jurisprudencial.

v) «Se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se
alegó vulneración, en tanto la parte actora narró de manera clara los hechos sujetos a
examen, los derechos que estima vulnerados y de las inconformidades planteadas
puede advertirse la controversia de los defectos de desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución Política.

vi) «no se cuestionó una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así, al encontrarse cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción,
se impone abordar el estudio de los argumentos expuestos por el accionante, con
fundamento en los cuales solicita el amparo de sus derechos fundamentales.

2.6.2. Análisis de procedencia del amparo invocado

2.6.2.1. Desarrollo jurisprudencial respecto de la sanción moratoria de que trata
la Ley 50 de 1990 por la consignación inoportuna del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al Fomag

En un primer momento, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que los
docentes no estaban amparados por las disposiciones de liquidación anual de las

9 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

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cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales
previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996, en
cuyo artículo 13 dispuso la aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías,
pero hizo la salvedad de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de
1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.

Postura que también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928 de
200610 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no era
igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó que no se configuraba
violación del derecho a la igualdad porque «simplemente la manera como se liquidan
y pagan aquellos11 es distinta a la regulada en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se
configure discriminación alguna».

Posteriormente, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018, al estudiar
la procedencia de la aplicación de la sanción moratoria a un docente oficial que no fue
afiliado al FOMAG por parte del ente territorial, refirió que el «hecho de que los docentes
se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el desconocimiento de
su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata de la aplicación de una
norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la
interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado, pues esta será la que
se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política».

En ese sentido, el máximo tribunal constitucional consideró que «los despachos
judiciales accionados desconocieron que aunque la norma que establece la sanción
moratoria por la no consignación de las cesantías en los términos que contempla el
numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996
y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, y el Decreto 1252 de 2000, no esté
expresamente consagrada a favor de los miembros del Magisterio, en virtud del
principio de interpretación conforme a la Constitución y favorabilidad en materia
laboral, les correspondía aplicar la interpretación más beneficiosa para el trabajador,

10 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
11 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.

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esto es, que los docentes sí son destinatarios de la norma que consagra la referida
sanción, pues esta es la interpretación que más se ajusta a la Constitución».

Con fundamento en el anterior pronunciamiento, las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad aplicado en sede
constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 199012.

No obstante, por medio de la sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional
declaró improcedente las acciones de tutela interpuestas contra fallos del Consejo de
Estado sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial fijada por medio de la
sentencia SU-098 de 2018 solo constituye precedente en el evento en que se omita la
afiliación del docente al Fomag, de manera que en los casos que se pretende la
sanción por la falta de consignación de las cesantías a los beneficiarios del señalado
fondo, no existe una providencia de unificación con efectos vinculantes que pueda
aplicarse a las situaciones con similitud fáctica y jurídica.

Por lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin
de unificar o sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de Unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, expediente 66001-33-33-001-2022-
00016-01 (5746-2022), en la que expuso lo siguiente:

«[…] 156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las
leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no
extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio
de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989
y, en todo caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria
por la consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un
sistema especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo
al FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida
en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de

12 Ver Sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01 (1689-

2018); del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), entre otras.

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la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción
moratoria derivada del incumplimiento del empleador.

158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal
docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable
la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como
un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes
de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron
providencias en las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente
contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación
con el derecho de los docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción
moratoria regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la
consignación del auxilio de cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de
agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia
SU573 de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia
llevan a la Sala a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla
de interpretación aquí definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y
razonado de los sistemas administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir
que el primero resulta incompatible con la sanción moratoria por la falta de
consignación oportuna de las cesantías […]»

En suma, se colige que la posición actual de la Sección Segunda del Consejo de
Estado consiste en que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a
la sanción moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989.

2.6.2.2. Caso concreto

El señor Hernán Emilio Hernández Paternina, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la
administración de justicia, así como a los principios constitucionales de la perpetuatio
jurisdictionis, seguridad jurídica y de la favorabilidad laboral, los cuales consideró

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vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión Oral, al
expedir la sentencia del 10 de mayo de 2023.

Alega que la anterior decisión desconoció i) la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado en la que se determinó que a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio puede aplicárseles la Ley 50 de 1990
y, por ello, recibir la sanción moratoria definida en el artículo 99 ejusdem, derivada de
la consignación tardía de las cesantías anuales; ii) así como el principio de
favorabilidad laboral, al no realizarse una interpretación constitucional favorable a los
derechos del trabajador.

Pues bien, en la providencia objeto de reproche, el Tribunal accionado presentó las
siguientes consideraciones:

«[…] En esta ocasión pretende la parte actora que se reconozca la sanción
moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación oportuna
de sus cesantías a 15 de febrero de 2021 en su cuenta particular en el Fomag.
Considera la parte demandada que no había lugar al reconocimiento de la
sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías porque no se
trataba de subcuentas a nombre de cada uno de los titulares o beneficiarios de
las prestaciones económicas en las que se debiera realizar el depósito, como
funcionaba en los fondos privados; por el contrario, se trataba de una cuenta
global en las que se disponían los recursos de acuerdo al número de solicitudes
presentadas por los docentes de manera gradual cada año.
Bajo ese entendido, esta Sala advierte que, en virtud del régimen especial de
cesantías predicable a los docentes, no hay lugar a conceder el reconocimiento
de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por el no pago o pago
tardío de las cesantías y los intereses de las cesantías.
Es claro para esta Corporación que ello no es posible, entre otros, porque el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene una naturaleza
jurídica especial, como una cuenta única en la que reposan los recursos
destinados al pago de las prestaciones económicas de los docentes, que se van
repartiendo en la medida en que van llegando las solicitudes de sus
beneficiarios, de modo que su único requisito es que siempre cuente con
dineros para atender las peticiones, sin que sea viable mantener estático el
capital de cada empleado.
Al respecto, no existe en el ordenamiento jurídico algún instrumento que permita
identificar o igualar la forma en que opera el fondo de los docentes que es
administrado por una Fiduciaria a un fondo de carácter privado, en el que
existen subcuentas para cada uno de sus afiliados, lo que es indicativo de que
el legislador no quiso darle el mismo tratamiento o equipararlos.
[…]
No puede el demandante pretender identificar o equiparar el régimen de
empleados públicos a los docentes, cuando justamente el legislador quiso
establecer para este último grupo unas normas de carácter especial, que
regularan su situación particular prestacional, en este caso, a través del fondo,
que como se explicó tiene una naturaleza diferente. Aunque es claro es

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desacuerdo de la parte actora con la regulación normativa, ese hecho no
invalida o vuelve ilegítimo el tratamiento dado a los docentes, que, se reitera,
tienen derecho a la liquidación y pago de sus cesantías cada vez que lo
soliciten, momento en el cual se debe contar con la disponibilidad de flujo de
caja para el efectivo desembolso, sin que sea necesario la preexistencia de los
dineros de manera particular en una cuenta. […]».

Siguiendo los anteriores derroteros, la Sala puede extraer que, al confirmarse la
denegatoria del reconocimiento de la sanción moratoria de qué trata la Ley 50 de 1990,
e indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías prevista en la Ley
52 de 1975, el Tribunal Administrativo de Sucre no desconoció la jurisprudencia traída
como referente, por el contrario, fue claro en señalar el por qué no era aplicable a los
docentes oficiales afiliados al Fomag, cumpliendo con la carga argumentativa que le
corresponde.

Si bien, la parte actora considera que en el caso se desconocieron las Sentencias de
Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, lo cierto es que
ninguno de estos pronunciamientos constituyen precedente judicial aplicable al caso,
pues: i) en la Sentencia SU-098 de 2018, tal como lo refirió el Tribunal accionado, solo
se examinó lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes
no afiliados al Fomag; y ii) en las Sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, se
analizó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías definitivas, prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, y no así el pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por la Ley 50 de 1990.

Asimismo, es dable apreciar que las sentencias del Consejo de Estado traídas como
referente por la accionante no constituyen jurisprudencia en vigor, pues aunque en una
de ellas se acogió lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990,13 no lo es menos que en otras se analizaron las circunstancias fácticas
de docentes no afiliados al Fomag,14 como lo relacionado con la liquidación de
cesantías,15 y en la mayoría se trató lo relativo al término de prescripción de la sanción
moratoria.16

13 Expediente 0871-2020.
14 Expedientes 4854-2014, 2224-2020 y 4004-2021.
15 Expediente 0483-20.
16Expediente 0833-2016, 1002-2021, 2208-2020, 2387-2020, 5154-2016, 1001-2021, 4462-2021 y
2394-2020.

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De esta forma, puede concluirse, entonces, que para el momento en que se profirió la
providencia aquí censurada no existía criterio consolidado ni sentencia de unificación
a aplicar sobre el particular y que, por tanto, la autoridad judicial accionada, en ejercicio
de sus facultades de autonomía e independencia judicial, reconocidas en los artículos
228 y 230 de la Constitución Política, podía optar por la posición que consideraba más
apropiada para resolver el asunto, tal como ocurrió, ya que luego de revisar las
posiciones jurisprudenciales desarrolladas en la materia, consideró —en cumplimiento
de los principios de transparencia y de razón suficiente que exigen del operador jurídico
una especial carga argumentativa—,17 que en el caso no había lugar al reconocimiento
y pago de la penalidad suplicada.

En igual sentido, se repara en que la autoridad accionada tampoco desconoció ningún
precepto constitucional, sino que determinó que no era vinculante la posición fijada en
la SU-098 de 2018 y en las sentencias del Consejo de Estado en las que por
favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria de que trata el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, debido a que contienen supuestos fácticos disímiles a los del
presente asunto, conclusión que no resulta arbitraria ni contraria al ordenamiento
jurídico.

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada, y que, por tanto, no le asiste razón al accionante
cuando afirmó que le era aplicable el régimen de la Ley 50 de 1990, relacionado con
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales dispuesta
para el régimen general de los servidores públicos, pues, se itera, dentro del régimen
especial de docentes —Ley 91 de 1989—, se establece una forma diferente de
liquidación y pago bajo un procedimiento propio.

17 En las Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022 la Corte Constitucional señaló que «[e]l principio

de transparencia exige que el juez haga «referencia al precedente que abandona, lo que significa que
no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido» y el principio de
razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía».

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24

Radicación:11001-03-15-000-2023-05689-00
Accionante: Hernán Emilio Hernández Paternina

Además, se avizora que el criterio acogido por el Tribunal coincide con la regla
jurisprudencial establecida recientemente por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de
2023, en la que se indicó que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen
derecho a la sanción moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

Así las cosas, se tiene que las conclusiones a las que arribó el Tribunal no comportan
para esta Sala de decisión una actuación incursa en vía de hecho que vulnere los
derechos fundamentales del accionante, pues luego de analizar el desarrollo normativo
dispuesto en la materia como la diferente jurisprudencia proferida en torno al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, contemplada en las Leyes 50 de 1990,
e indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías prevista en la Ley
52 de 1975, presentó una argumentación razonable del por qué en el caso no era dable
su reconocimiento a docentes oficiales afiliados al Fomag.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el sub lite no se configuran los
defectos de desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución Política y, en tal sentido, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Luis
Eduardo Mesa Nieves para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia,
separarlo del conocimiento del asunto.

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Radicación:11001-03-15-000-2023-05689-00
Accionante: Hernán Emilio Hernández Paternina

Segundo: Negar el amparo solicitado por el señor Hernán Emilio Hernández
Paternina, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión Oral, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA
Consejero de Estado Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

ACVF

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