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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05919-00

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05919-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05919 00
Demandante: Tercero Rafael Sierra Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / Régimen de las cesantías previsto
en las Leyes 50 de 1990 y 91 de 1989 -Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG / Sanción moratoria
establecida en la Ley 50 de 1990

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

El señor Tercero Rafael Sierra Díaz a través de apoderado, promueve acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Sucre,1 por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
del derecho, así como el principio de la perpetuatio jurisdictionis.

1.1. Pretensiones

1 Integrada por los magistrados Tulia Isabel Jarava Cárdenas, Viviana Mercedes López Ramos y Rufo

Arturo Carvajal Argoty.

2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05919 00
Demandante: Tercero Rafael Sierra Díaz

En protección de los derechos reclamados solicita:

Ordenar al Tribunal Administrativo de Sucre dejar sin efectos la sentencia proferida el 28
de junio de 2023 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 70001 33 33 002 2022 00280 01, que negó las pretensiones de la demanda,
para en su lugar, proferir una nueva decisión, en la que se aplique el precedente sentado
por la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018, y el Consejo de Estado,
Sección Segunda, en su reiterada jurisprudencia, con el fin de reconocer y pagar la
sanción moratoria a la que tiene derecho.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) El señor Tercero Rafael Sierra Díaz que labora como docente en el departamento
de Sucre, fue vinculado con posterioridad al 1.° de enero de 1990, razón por la cual
tiene derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías bajo el régimen anualizado,
con pago de intereses cada año.

ii) El 15 de febrero del año 2021, el Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG no le consignó las cesantías
correspondientes a los servicios prestados en el año 2020.

iii) Transcurridos cinco meses sin que fuera realizada la consignación de las cesantías,
el 1.° de septiembre de 2021 el señor Sierra Díaz solicitó al FOMAG el reconocimiento
y pago de la sanción por mora, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

iv) A través de apoderada el señor Tercero Sierra Díaz radicó el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG con el
propósito de que se declarara la nulidad del acto ficto configurado por la falta de
respuesta de las entidades demandadas al derecho de petición del 1.° de septiembre
de 2021, por medio del cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora
por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes al año 2020,

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05919 00
Demandante: Tercero Rafael Sierra Díaz

establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como del derecho a la
Indemnización, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, establecido en el
artículo 1.° de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de
1991.

v) El 8 de noviembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo accedió
parcialmente a las pretensiones del medio de control.

vi) El 28 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre revocó en su integridad
el fallo proferido por el juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

El señor Tercero Rafael Sierra Díaz afirmó que el Tribunal Administrativo de Sucre, al
expedir la sentencia del 28 de junio de 2023, vulneró sus derechos fundamentales
debido a que:

i) Desatendió el contenido de la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado,2 conforme a las cuales la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los
docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por
tanto, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de la

2 Las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001 23 31 000 2009 00867 y del

6 de agosto de 2020, expediente 08001 23 33 000 2013 00666 01 y los pronunciamientos del 17 de
junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio de 2019, expediente 11001-
03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001-0315-000-2018-03499-01; 2 de
diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173-01; 10 de junio de 2020, expediente 08001-
23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01; 12 de
noviembre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01; 17 de junio de 2021, expedientes
08001 23 31 000 2014 00815 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, expediente
19001-23-33-000- 2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021, expedientes 080001-23-40-000-2015-
90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre de 2021, expedientes 08001-23-33-
000-2014-01127-01 y 40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de enero de 2022, expediente 080001-23-
33-000-2017-00931- 01; 3 de marzo de 2022, expediente 080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril
de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01; 9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-
000- 2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de
2022, expediente 47-001-23-33-000-2019-00376-01; 22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-
000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01; 19 de
enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-
23-33-000-2018-0231-01.

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Demandante: Tercero Rafael Sierra Díaz

consignación tardía de las cesantías anuales, pero ante la omisión de cumplir la
obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año las cesantías el Tribunal
debe ordenar al Fondo reconocer la respectiva indemnización.

ii) Incurrió en un defecto sustantivo, pues el Tribunal confundió (sic) los regímenes de
cesantías de los docentes con la obligación del empleador de consignarlas a los
trabajadores del sector de la educación al fondo al cual se encuentran afiliados, a pesar
de que son dos cosas diferentes. En este sentido, refirió los antecedentes normativos
sobre el régimen de las cesantías de liquidación anual y el respectivo reconocimiento
de intereses, y, precisó que a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989 el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene a su cargo el reconocimiento y
pago de las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados y, por tanto,
debía consignarle antes del 15 de febrero de 2021 las cesantías que la Nación como
patrono previamente le traslada, y como no lo hizo, en virtud de los principios de
igualdad y favorabilidad, y en atención al precedente reiterado de las altas cortes, debió
reconocerle la sanción moratoria.

iii) En la providencia cuestionada se configuró una violación directa de la Constitución
Política y un defecto sustantivo, comoquiera que la autoridad accionada aplicó una
postura restrictiva y con ello desconoció el artículo 53 constitucional, según el cual
debe aplicarse la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
interpretación de las fuentes formales del derecho.

iv) Desconoció el principio de seguridad jurídica, pues a pesar de la copiosa
jurisprudencia existente sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al
personal docente vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, no atendió esa postura y, por el contrario, otorgó un trato diferencial a
situaciones iguales.

1.4. Actuación procesal

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05919 00
Demandante: Tercero Rafael Sierra Díaz

Por auto del 18 de octubre de 2023, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó
notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre y
vinculó como terceros interesados a la Nación -Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG y al departamento de
Sucre, que fungieron como demandados en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 70001 33 33 002 2022 00280 00 [01], para que en el término
de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. La magistrada del Tribunal Administrativo de Sucre,3 Tulia Isabel Jarava
Cárdenas, consideró que a la fecha en la que fue proferida la providencia objeto de
litis no existía un precedente o una sentencia de unificación que los conminara a aplicar
por favorabilidad la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
a los docentes afiliados al FOMAG cuyas cesantías se han venido reportando en dicho
fondo desde su afiliación.

Conforme a lo expuesto, solicitó declarar improcedente el amparo reclamado por
carecer de relevancia constitucional.

1.5.2. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A.,4 Aidee Johanna Galindo
Acero, señaló que las actuaciones judiciales fueron adelantadas en debida forma y
atendiendo la normatividad y jurisprudencia vigente, razón por la cual, no existe la
alegada vulneración de los derechos fundamentales invocados.

1.5.3. El jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional5 Walter
Epifanio Asprilla Cáceres, indicó que la Sentencia SU-098 de 2018 es inaplicable al
caso del señor Tercero Rafael Sierra Díaz, pues las reglas jurisprudenciales allí fijadas
no corresponden a las circunstancias fácticas y a lo pretendido en el medio de control

3 Expediente digital de tutela.
4 Expediente digital de tutela.
5 Expediente digital de tutela.

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de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que, en este caso, no se cuestiona la
afiliación inoportuna al FOMAG, sino la supuesta consignación extemporánea de las
cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 y la cancelación de la
indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, como lo ha
sostenido reiteradamente esa cartera ministerial, por estar en presencia del régimen
especial de cesantías de los docentes, resulta imposible que la administración incurra
en mora.

Consideró que, ante la ausencia de vulneración de los derechos invocados por el
accionante, la acción de tutela se torna improcedente.

1.6. Otras actuaciones

1.6.1. El 16 de noviembre de 2023, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó su impedimento para conocer de la presente acción, por considerar estar
incurso en la causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en la que se
previó como impedimento «la existencia de amistad íntima o enemistas grave entre
alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial»,
debido a que sostiene una relación de amistad íntima de muchos años con la
magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, quien integró la sala de decisión que profirió
la sentencia objeto de cuestionamiento en esta sede constitucional.

1.6.2. El 20 de noviembre de 2023, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas
ordenó, por Secretaría General del Consejo de Estado, efectuar el sorteo de un
conjuez para conformar el quorum decisorio y resolver el impedimento.

1.6.3. El 22 de noviembre de 2023, el presidente de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, junto con la secretaria general de la corporación, procedieron al sorteo del
conjuez, en diligencia realizada virtualmente, correspondiéndole al doctor Héctor
Alfonso Carvajal Londoño.

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1.6.4. El 4 de diciembre de 2024, la Sala de decisión conformada por el consejero
Rafael Francisco Suárez Vargas y el conjuez Héctor Alfonso Carvajal Londoño
declararon fundado el impedimento manifestado por el consejero Jorge Iván Duque
Gutiérrez y, en consecuencia, ordenaron separarlo del conocimiento del asunto, en
procura de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la
administración de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de Sucre, quebrantó los derechos
fundamentales invocados por el accionante al proferir la sentencia del 28 de junio de
2023 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 70001 33 33 002 2022 00280 01, por medio de la cual resolvió revocar la
providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, para en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,

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mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no
puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
Sentencia C-590 de 2005,6 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al

6 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que esta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que hubiere sido posible y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,7 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 20148 acogió un plazo de seis (6) meses, contado a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

Es indispensable verificar que la acción de tutela no sea utilizada como una instancia
adicional para remplazar las vías judiciales ordinarias, parámetro conforme al cual el

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,

expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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caso objeto de estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, de los principios de favorabilidad en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y de la
perpetuatio jurisdictioni, así mismo, fueron desarrollados los argumentos para
respaldar dicho cargo, así como los relacionados con los defectos que, en criterio de
la accionante, se configuraron en la decisión objeto de litis.

Al respecto, se aclara que si bien es cierto que el despacho ponente de la presente
decisión, en anteriores oportunidades,9 consideró que en estos casos no se
encontraba colmada la exigencia de procedibilidad de relevancia constitucional
también lo es que, en atención a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ-
032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, resulta indispensable determinar si la
decisión adoptada por la autoridad judicial accionada se acompasa con los
lineamientos trazados por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proveído
de unificación precitado, comoquiera que se encuentran en juego las prerrogativas
constitucionales mencionadas.

Así las cosas, a partir de la providencia proferida en 26 de octubre de 2023 en el
expediente 11001 03 15 000 2023 03988, se modificó la anterior posición y se acogió
el criterio mayoritario de la Sala frente a este asunto.

En este orden de ideas, la Sala considera que el asunto objeto de estudio cumple con
el requisito de subsidiariedad, en cuanto se dirige contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que resolvió la apelación propuesta contra la
decisión adoptada en providencia del 8 de noviembre de 2022 por el Juzgado Segundo
Administrativo de Sincelejo, de modo que la parte accionante agotó todos los medios
ordinarios de defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.

9 Procesos de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023 02216 00, 11001 03 15 000 2023 01500 01 y

11001 03 15 000 2023 04027 00, entre otros.

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De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 28 de junio de 2023, notificada el 21 de julio de
igual mes y año,10 mientras que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 4
de octubre de igual anualidad,11 es decir, dentro de los 6 meses siguientes, término
que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para acudir al medio de
amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada, pues no se está únicamente ante una controversia meramente
legal o económica, y más allá de cuestionar el reconocimiento de la sanción moratoria
de que trata la Ley 50 de 1990 por el pago tardío de las cesantías a los docentes del
sector oficial afiliados al FOMAG, lo que se discute es el desconocimiento del principio
de favorabilidad, aspecto que trasciende a la esfera constitucional.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de
litis se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente se puede establecer
lo siguiente:

2.4.1. El 15 de junio de 2022, a través de apoderada, el señor Tercero Rafael Sierra
Díaz radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación-Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG y el departamento de Sucre, con el propósito de que se declarara

10ttps://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=7000133330022022002

80017000123
11https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202305

919001100103

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la nulidad del acto ficto configurado «el día 1.° de diciembre de 2021, frente a la
petición presentada ante el departamento de Sucre, el día 1.° de septiembre de 2021,
mediante la cual se niega el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no
consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99,
equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15
de febrero de 2021 fecha en que debió efectuarse el pago de las cesantías del año
2020, en el respectivo Fondo Prestacional y hasta el momento en que se acredite el
pago de los valores correspondientes en la cuenta individual del docente, así como
también niegan el derecho a la indemnización, por el pago tardío de los intereses a
las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la
Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, indemnización que es equivalente
al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron
cancelados superado el término legal, esto es, después del 31 de enero de 2021. Así
como al pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses a la cesantía».

2.4.2. El 8 de noviembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al efecto resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto o presunto negativo, producto de la
falta de respuesta de la entidad demandada al derecho de petición de 1.° de septiembre
de 2021, en lo referente al reconocimiento de la sanción por mora derivada del no pago
oportuno de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, articulo 99 numeral 3.°,
equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de
febrero de 2021, por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO:: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN -MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL -MINISTERIO DE EDUCACIÓN -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO y el DEPARTAMENTO DE SUCRE, al reconocimiento y pago de
sanción moratoria que se causaron a favor de la parte demandante, consistente en un
(1) día de salario por cada día de retardo, prevista en la Ley 50 de 1990, articulo 99
numeral 3.°, desde el 15 de febrero de 2021 hasta la fecha en que se acredite el pago,
la cual se liquidará con base en la asignación básica devengada por el actor para la
anualidad del 2021, se dividirá entre treinta (30), multiplicando su resultado por los días
que corresponden en mora, por lo dicho en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: NIÉGUESE las demás pretensiones, según se motivó.

[…]

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2.4.3. El 28 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, revocó íntegramente
el fallo proferido por el juez a quo, para en su lugar, negar las súplicas de la demanda.

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Desarrollo jurisprudencial del reconocimiento de la sanción moratoria de
que trata la Ley 50 de 1990 por la consignación inoportuna del auxilio de
cesantías a los docentes afiliados al FOMAG

En un primer momento, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que los
docentes no estaban amparados por las disposiciones de liquidación anual de las
cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que el cumplimiento de tales
previsiones con destino a los empleados «que se vinculen a los Órganos y Entidades
del Estado», surgió de la Ley 344 de 1996, en cuyo artículo 13 dispuso la aplicación
de las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la salvedad de que ello es
«sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989» lo que se traduce en que lo allí
dispuesto no cobijó al personal docente.

Postura que también había sido desarrollada por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-928 de 2006 al pronunciarse acerca de la constitucionalidad del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, conforme a la cual la forma de realizar el cálculo y pago de
las cesantías a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio no es igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además,
puntualizó que no se configuraba violación del derecho a la igualdad porque
«simplemente la manera como se liquidan y pagan aquellas12 es distinta a la regulada
en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se configure discriminación alguna».

Posteriormente, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-098 de 2019, al resolver
sobre la procedencia de la sanción moratoria reclamada por un educador oficial que
no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG)
refirió que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen

12 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.

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especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y
menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta
un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor
[provecho] para el empleado, pues esta será la que se ajuste a los postulados del
artículo 53 de la Carta Política».

En ese entendido, consideró que «los despachos judiciales accionados desconocieron
que aunque [el precepto] que establece la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías en los términos que contempla el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de
1998, y el Decreto 1252 de 2000, no esté expresamente consagrada a favor de los
miembros del Magisterio, en virtud del principio de interpretación conforme a la
Constitución y favorabilidad en materia laboral, les correspondía aplicar la
interpretación más beneficiosa para el trabajador, esto es, que los docentes sí son
destinatarios de la norma que consagra la referida sanción, pues esta es la
interpretación que más se ajusta a la Constitución».

Con fundamento en el anterior pronunciamiento, algunos de los integrantes de las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio
de favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias
relacionadas con el reconocimiento de sanción moratoria por la consignación tardía de
las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la
Ley 50 de 199013.

No obstante, por medio de la Sentencia SU-573 de 2019 la Corte Constitucional
declaró la improcedencia de las acciones de tutela interpuestas contra fallos del
Consejo de Estado sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial fijada por
medio de la Sentencia SU-098 de 2018, solo constituye precedente, en el evento en
que se omita la afiliación del docente al FOMAG, de manera que en los casos que se
pretende la sanción moratoria por la falta de consignación de las cesantías a los

13 Ver Sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01 (1689-

2018); del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), entre otras.

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beneficiarios del señalado fondo, no existe una providencia de unificación con efectos
vinculantes que pueda aplicarse a las situaciones con similitud fáctica y jurídica.

Por lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin
de unificar y sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 para los docentes afiliados al FOMAG, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de
Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 fechada el 11 de octubre de 2023,14 en la que
expuso lo siguiente:

«[…] 156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del
auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece unas
normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al FOMAG
el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el reconocimiento de los
intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no existiría, de
modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento
en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del
empleador.

158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG
le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como
un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del sistema
general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la
Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en las
que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la sentencia
SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los docentes
afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el artículo 99

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, del 11 de octubre de 2023, expediente radicado 66001 33 33

001 2022 00016 01

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de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de cesantías, tal y como
se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento
del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU573
de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala a
unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpretación aquí
definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y razonado de los sistemas
administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir que el primero resulta incompatible
con la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las cesantías […]»

Conforme a lo expuesto, la posición actual de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en atención al pronunciamiento de unificación en mención, consiste en que los
docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989.

2.5.2. Análisis de la providencia de la que se predica la vulneración de los
derechos invocados

En el asunto objeto de estudio, el señor Tercero Rafael Sierra Díaz incoó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, así como del principio de la perpetuatio jurisdictionis, derivada
de la sentencia del 28 de junio de 2023 que decidió revocar la providencia proferida
por el juez a quo, para en su lugar negar las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho relacionadas con la presunta omisión de la
aplicación de la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, bajo cuyos términos la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes
vinculados al FOMAG y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por
mora derivada de la consignación tardía de las cesantías anuales.

Pues bien, con el fin resolver los cargos relacionados con el presunto defecto
sustantivo, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución,

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resulta necesario analizar los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo De
Sucre.

En el sub lite, el Tribunal revocó el fallo proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo de Sincelejo y luego de analizar la normatividad15 y la jurisprudencia16
aplicable a los docentes oficiales, así como de realizar un estudio de las generalidades
relacionadas con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la
sanción moratoria por pago tardío de las cesantías a los docentes, y a la consignación
y liquidación de las cesantías anualizadas de los docentes afiliados al FOMAG, dio como
probado que los docentes cuentan con un régimen especial para la consignación y
liquidación de sus cesantías e intereses, que es el previsto en la Ley 91 de 1989, el
cual funciona bajo el concepto de unidad de caja, sin que proceda la consignación de
la citada prestación a cada docente en una cuenta individual, pues, los recursos
destinados para su pago son girados de forma global e incorporados con una
periodicidad mensual durante todo el año.

Así el Tribunal Administrativo de Sucre, evidenció que el señor Tercero Rafael Sierra
no tenía derecho a dicho reconocimiento, por las siguientes razones:

Por ello y como quiera que las cesantías del demandante se vienen reportando en el
FOMAG desde su afiliación al precitado fondo, la Sala considera que no le es aplicable la
sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías antes del 15 de
febrero del año siguiente, que se encuentra prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990.

En este punto se precisa, que en el presente caso no es vinculante la posición fijada en
la SU-098 de 2018 y en las sentencias del H. Consejo de Estado en las que por
favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria de que trata el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, por la omisión de los entes territoriales de i) realizar su afiliación
al FOMAG, trayendo ello, como consecuencia que no se le reconozcan y consignen sus
cesantías, y de ii) trasladar su auxilio de cesantías al FOMAG al momento de su
vinculación, que este Tribunal ha aplicado en casos semejantes, toda vez que, los

15 i) Ley 91 de 1989, artículos 5.° numeral 1.°, 6.°, 8.° numeral 4.°, 15, numeral 3.°, 19, ii) Ley 50 de
1990, artículo 98, 99, iii) Ley 115 de 1994, artículo 115, iv) Acto Legislativo 01 de 2004, v) Ley 812 de
2003, Artículo 81, vi) Decreto 3752 de 2003, artículos 1.°, 2.° 7.°, 8.°, 10.
16 Sentencia SU-098 de 2018, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B i) del 13 de

noviembre de 2020, expediente radicado número 08001 23 33 000 2015 01571 01, ii) del 19 de enero
de 2023, expediente radicado número 08001 23 33 000 2017 00124 01, Sección Segunda, Subsección
A i) del 26 de noviembre de 2020, expediente radicado número 08001 23 33 000 2014 00003 01, ii) del
19 de agosto de 2021, expediente radicado número 08001 23 33 000 2015 90109 01

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supuestos fácticos en el presente proceso son distintos, por pretenderse el
reconocimiento de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación del
auxilio de cesantías del demandante correspondiente al año 2020 antes del 15 de febrero
de 2021, quien es un docente afiliado al FOMAG, cuyas cesantías se han venido
reportando en el fondo en alusión desde el año 2011 al año 202038, como da cuenta el
Extracto de Intereses a las Cesantías, emanado del FOMAG.

Por lo tanto, el demandante no es beneficiario de la sanción moratoria contenida en la
Ley 50 de 1990, pues, tal penalidad no está instituida en el régimen especial que regula
el reconocimiento de las cesantías de los docentes, que no es otro que el previsto en la
Ley 91 de 1989, en el cual, se administran los recursos conforme al principio de unidad
de caja, además, por no existir un precedente consolidado de obligatoria aplicación en
este asunto, que se itera es disímil a aquellos procesos en que la H. Corte Constitucional,
el H. Consejo de Estado y este Tribunal han aplicado por favorabilidad la sanción cuyo
reconocimiento persigue la parte demandante.

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada y se ajusta a las reglas normativas, y por lo tanto,
no le asiste razón al accionante al afirmar que le era aplicable el régimen de la Ley 50
de 1990, relacionado con la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías que rige para el régimen general de los servidores públicos, en virtud del
principio de inescindiblidad normativa, máxime cuando dentro del régimen especial de
docentes -Ley 91 de 1989-, se establece una forma diferente de liquidación y pago
bajo un procedimiento propio.

En esos términos, esta Subsección advierte que el Tribunal Administrativo de Sucre,
al revocar la decisión que concedió el reconocimiento de dicha sanción no desconoció
el precedente alegado, por el contrario, su decisión se acompasa con la regla
jurisprudencial fijada por el máximo órgano de lo contencioso administrativo en la
Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en la que,
se itera, se dispuso que los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a
la sanción moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989.

En todo caso, valga precisar, que si bien es cierto que la sentencia hoy cuestionada
fue proferida antes de haberse expedido el proveído de unificación mencionado,
también lo es que para ese momento no existía una posición unánime en el Consejo

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de Estado, -como lo reconoce el Tribunal Administrativo de Sucre- por lo que la
autoridad judicial accionada, en ejercicio de sus facultades de autonomía e
independencia judicial, reconocidas en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, podía optar por la posición que consideraba más apropiada para el resolver
el asunto sometido a su conocimiento, conforme al ordenamiento jurídico, y exponer
las razones para ello.

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada y se ajusta a las reglas normativas, y, por lo tanto,
no le asiste razón al accionante al afirmar que se le desconoció su pretensión a percibir
la sanción moratoria pretendida, toda vez que, como quedó demostrado, no estaba
cobijado por tal derecho, razón por la cual el Tribunal adoptó la decisión correcta en
ejercicio de la autonomía e independencia judicial, máxime que para la fecha en la que
se profirió la providencia objeto de litis, no existía por parte de esta corporación un
criterio unificado y vinculante, motivo por el cual no se está en presencia del defecto
sustantivo alegado.

Ahora bien, en relación con el presunto desconocimiento de la Sentencia SU- 098 de
2018, el Tribunal fue claro en determinar que las conclusiones allí contenidas no
resultaban aplicables al señor Tercero Sierra Díaz, toda vez que esa decisión analizó
unos supuestos fácticos y jurídicos diferentes

Así las cosas, la Sala no evidencia la configuración del desconocimiento del
precedente judicial invocado, que habilite la procedencia del amparo deprecado, sino
que, por el contrario, observa que la decisión adoptada por la autoridad accionada
coincide con la regla jurisprudencial fijada recientemente por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en los casos en que se discute el reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías a los docentes afiliados al FOMAG, por lo
que no advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Finalmente, respecto de la presunta violación directa de la Constitución -en la que
habría incurrido la sentencia enjuiciada-, por el presunto desconocimiento del artículo

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53 constitucional por no darse aplicación al principio de favorabilidad en caso de duda
en la interpretación de las fuentes formales del derecho, se reitera que la jurisprudencia
constitucional ha establecido que aquella se configura cuando el juez ordinario adopta
una decisión que desconoce la Carta ya sea porque i) deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o ii) aplica la ley al margen de los dictados de la
Carta.

Conforme a lo expuesto en líneas precedentes, se ratifica que el Tribunal
Administrativo de Sucre no desatendió ningún precepto constitucional, ni realizó una
interpretación de la normatividad contraria a la Constitución, como tampoco dejó de
aplicar una disposición legal desconociendo el precedente constitucional; por el
contrario, atendió el deber que le asiste a todas las autoridades judiciales de velar por
el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4.° de la Constitución, en tanto
ninguno de los enunciados se concretaron en el sub lite.

En este estado de cosas, es preciso concluir que la sentencia enjuiciada está
sustentada con suficiencia -conforme a la normatividad vigente-, sin que, de otra parte,
se hubiere demostrado que la actuación estuviera incursa en una causal de
procedibilidad de la acción de tutela que vulnerara los derechos fundamentales
invocados, o que el ejercicio de la autonomía e independencia judicial, de las que está
investido el juez de la causa, hubiere sido desbordado.

3. Conclusión

Con fundamento en los argumentos precedentes, la Sala concluye que la sentencia
del 28 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre no vulneró
ninguno de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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Demandante: Tercero Rafael Sierra Díaz

Falla:

Primero. Denegar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor
Tercero Rafael Sierra Díaz, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. En caso de no ser impugnada la presente sentencia, remitir el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Con impedimento

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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