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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05719-01

Fecha
30 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05719-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

30 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05719 01
Demandante: Gladys María Suárez Contreras
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión

Temas : Tutela contra providencia judicial que negó la aplicación, por
favorabilidad laboral, de las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1972,
respecto de la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías anuales e indemnización por el pago inoportuno de los
intereses de las cesantías a docentes afiliados al Fomag. Ausencia
de los defectos desconocimiento de precedente jurisprudencial y
violación directa de la Constitución

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 26 de octubre de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta,
declaró improcedente el amparo reclamado.

1. La acción de tutela

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05719 01
Demandante: Gladys María Suárez Contreras

La señora Gladys María Suárez Contreras a través de apoderado, promueve acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión,1 por
estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social, el principio de favorabilidad en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales del derecho, así como el principio de la perpetuatio
jurisdictionis.

1.1. Pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Gladys María Suárez Conteras, por intermedio de apoderado, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la seguridad social, a
la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al principio de la perpetuatio
jurisdictionis y a la seguridad jurídica.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 30
de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
70001 33 33 002 2022 00207 01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una
nueva decisión en la que se atienda la multiplicidad de precedentes judiciales que
sobre el reconocimiento de la sanción moratoria ha edificado tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) La señora Gladys María Suárez Contreras que labora como docente en el
departamento de Sucre, fue vinculada con posterioridad al 1.° de enero de 1990, razón

1 Integrada por los magistrados Tulia Isabel Jarava Cárdenas, Viviana Mercedes López Ramos y Rufo

Arturo Carvajal Argoty.

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Demandante: Gladys María Suárez Contreras

por la cual tiene derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías bajo el régimen
anualizado, y al pago anual de intereses.

ii) El 15 de febrero del año 2021 el Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG, no le consignó las cesantías
correspondientes a los servicios prestados en el año 2020.

iii) Transcurridos cinco meses sin que fuera realizada la consignación de las cesantías,
el señor Saldarriaga Herrera solicitó el 17 de septiembre de 2021 al FOMAG el
reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990.

iv) A través de apoderada la señora Gladys María Suárez Conteras radicó el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de
Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG y el departamento de Sucre -Secretaría de Educación Departamental, con el

propósito de que se declarara la nulidad del acto ficto configurado el 17 de diciembre
de 2021 por medio del cual negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por
la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes al año 2020,
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como del derecho a la
indemnización, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, establecido en el
artículo 1.° de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de
1991.

v) El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

vi) El 30 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre revocó en su integridad
el fallo proferido por el juez a quo, para en su lugar, negar las pretensiones del medio
de control.

1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante

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El apoderado de la accionante refirió como argumentos de tutela, los siguientes:

i) El problema jurídico dentro del caso es de índole constitucional, por cuanto la sanción
moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que
necesariamente tiene un alcance en el derecho fundamental a la seguridad social, y la
única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con su consignación efectiva.

ii) De acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias SU-098 de
2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, en virtud del principio de igualdad e in dubio
pro operario, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50
de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públicos, son beneficiarios de
la sanción moratoria.

iii) En consideración con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, a
través de las 26 sentencias expedidas en sus Subsecciones,2 acogió una
interpretación favorable en el sentido de indicar que sí le resulta aplicable la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales, por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344
de 1996, y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.

2 Concretamente, mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001-

23-31-000-2009-00867-01 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, y
los pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio
de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-
000-2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173-01; 10 de junio
de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-
31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de
junio de 2021, expedientes 08001-23-31-000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de
noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021,
expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre
de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-01127-01 y 40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de
enero de 2022, expediente 080001-23-33-000-2017-00931- 01; 3 de marzo de 2022, expediente
080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01;
9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-000-2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente
47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47-001-23-33-000-2019-00376-01;
22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022,
expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-
00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-01.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05719 01
Demandante: Gladys María Suárez Contreras

iv) Ahora, que la autoridad accionada manifieste que tanto la Sentencia SU-098 de
2018 como la jurisprudencia del Consejo de Estado no son aplicables al caso, por
estudiar situaciones fácticas y jurídicas distintas, esto es, porque los asuntos allí
analizados trataban de docentes no afiliados al Fomag, mientras que, en el sub judice,
el docente sí lo estaba, no resulta adecuado, toda vez que lo que castiga la Ley 50 de
1990 es la falta de consignación de las cesantías en el fondo donde esté afiliado el
trabajador, no la falta de afiliación a un fondo.

v) Con todo, expresar tal situación es tanto como permitir que las entidades territoriales
vincularan docentes sin autorización de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y
luego culpar a esta entidad de la no cancelación de las cesantías, cuando fue esto lo
que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6 de la Ley 60 de 1993.
No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal
que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación en
el sector educativo, sin que previamente estuviera autorizado por la Nación, pues
precisamente existía una vinculación automática al Fomag para que fueran
trasladadas las cesantías anualizadas, decretadas por la Ley 91 de 1989, a todos los
docentes, como es el caso de la accionante, vinculado después del 1 de enero de
1990.

vi) Cuando en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció que: «... los docentes
nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a
los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta
ley», la intención directa era que se tratara igual a los maestros que ya eran nacionales
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, que se les consignara las cesantías y
que estos recursos se separaran de los recursos de la Nación–MEN como patrono.

vii) Causa extrañeza que el Tribunal profiera una decisión afectando derechos
fundamentales, pues, con justificación objetiva, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en los años 2021, 2022 y 2023 ha decidido unificar en sus dos Salas de

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Demandante: Gladys María Suárez Contreras

Decisión la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los
docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, lo que significa que el patrono,
en este caso el MEN, solo debe trasladar antes del 15 de febrero de 2021, del trabajo
del docente en el año 2020, sus cesantías al Fomag.

viii) Ahora bien, la obligación del traslado de los recursos a las cesantías que tenía
tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales, las Cajas Nacional y
Departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro a los docentes que se encontraban
vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 al Fomag —ya fuesen nacionalizados,
territoriales o nacionales—, no está en discusión, toda vez que esta fue la intención y
la orden impartida desde la creación de la Ley 91 de 1989, esto es, el Fomag debía
recibir esos recursos; sin embargo, en el caso se señaló que existe unidad de caja
entre los recursos del Ministerio de Educación y el Fomag, lo que no es cierto puesto
que los recursos ya fueron consignados a la entidad. Si bien es cierto en el artículo 57
de la Ley 1955 de 2019 se estableció la unidad de caja de los recursos del Fomag para
el pago de las prestaciones sociales por parte del Fondo, no significa que este principio
se predique de los recursos de Ministerio de Educación Nacional y el Fomag.

ix) Por tanto, a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968,
3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978, y las demás que se
expidieran en el futuro —pues así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como es el caso
de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, que son expresas en señalar la obligación del
patrono con la consignación de las cesantías a los docentes oficiales en el Fomag a
más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

x) En el presente asunto se configura una violación directa de la Constitución ante la
no aplicación del principio de favorabilidad, pues a los maestros se les debe tratar en
igualdad de condiciones que al resto de los empleados públicos del país.

1.4. Actuación procesal

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Demandante: Gladys María Suárez Contreras

Por auto del 3 de octubre de 2023, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó
notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre y
vincular como terceros interesados a la Nación -Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG, al departamento de
Sucre -Secretaría de Educación y a Fiduprevisora SA que fungieron como demandados
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001 33 33 002
2022 00207 00 [01], para que en el término de tres días, y en uso de su derecho de
defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. La magistrada del Tribunal Administrativo de Sucre,3 Tulia Isabel Jarava
Cárdenas, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por carecer
de relevancia constitucional y dado que no existe una vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la actora.

Al respecto, informó que en la actualidad no existe un precedente o una sentencia de
unificación que obligue a los tribunales y a los juzgados administrativos a aplicar por
favorabilidad la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

De otro lado, consideró que la situación fáctica de la accionante es diferente a la
analizada en la sentencia SU-098 de 2018, y que en las sentencias del Consejo de
Estado en las que por favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ha sido por la omisión de los entes territoriales de
realizar su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y por
trasladar su auxilio de cesantías al mencionado fondo al momento de su vinculación,
lo cual fue explicado en la parte motiva de las sentencias reprochadas en este trámite
constitucional.

3 Expediente digital de tutela.

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Indicó que la decisión censurada por la actora se fundó en un análisis de las pruebas
obrantes en el expediente, por lo que es claro que lo que se pretende es utilizar esta
acción de tutela para que se determine si la accionante tiene derecho a la penalidad
de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1.5.2. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A.,4 Aidee Johanna Galindo
Acero, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.5.3. El jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional5 Walter
Epifanio Asprilla Cáceres, indicó que la Sentencia SU-098 de 2018 es inaplicable al
caso de la señora Gladys Suárez Conteras pues las reglas jurisprudenciales allí fijadas
no corresponden a las circunstancias fácticas y a lo pretendido en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que, en este caso, no se cuestiona la
afiliación inoportuna al FOMAG, sino la supuesta consignación extemporánea de las
cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 y la cancelación de la
indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, como lo ha
sostenido reiteradamente esa cartera ministerial, por estar en presencia del régimen
especial de cesantías de los docentes, resulta imposible que la administración incurra
en mora.

Consideró que ante la ausencia de vulneración de los derechos invocados por la
accionante, la acción de tutela se torna improcedente.

1.6. Sentencia impugnada

El 26 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró no probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el
Fiduciaria La Previsora S. A., e improcedente la solicitud de amparo, dados los
siguientes considerandos:

4 Expediente digital de tutela.
5 Expediente digital de tutela.

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Demandante: Gladys María Suárez Contreras

i) A la Fiduciaria La Previsora S. A. le asiste interés en la decisión de tutela, por ser
vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
por lo que no es procedente declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

ii) El asunto no se encuentra comprendido dentro de los que la jurisprudencia
constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional. Ello, por cuanto
la actora plantea una afectación de derechos fundamentales que tienen su origen, en
últimas, en un debate estrictamente legal y económico que ya fue expuesto dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que fue decidido por el juez
natural de la causa.

iii) Al juez de tutela no le corresponde realizar un pronunciamiento adicional en la
causa, en aras de corregir el criterio jurídico del juez natural, ya que tal situación
desconocería el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una tercera instancia.

1.7. Impugnación

El 6 de noviembre de 2023, el apoderado de la accionante presentó escrito por medio
del cual impugnó la decisión de primera instancia en orden a que se revoque y, en su
lugar, se concedan las pretensiones, en atención a lo siguiente:

i) En el asunto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, puesto
que se justificó de manera razonable los hechos considerados como vulneradores de
los derechos fundamentales invocados, y se dejó en evidencia el yerro en que incurrió
el Tribunal accionado, al no reconocer la sanción moratoria alegada, ni aplicar el
principio de favorabilidad.

ii) Ahora, no es cierto que no exista una posición unificada al interior del Consejo de
Estado con respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, pues
esta posición está decantada desde el año 2019, según se dejó consignado en el

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escrito inicial. Además, en controversias similares se ha aplicado el principio de
favorabilidad, según el cual, es necesaria la aplicación de la Ley 50 de 1990 en materia
de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas.

iii) Debe tomarse en cuenta que el auxilio de cesantías implica una protección tanto
para el trabajador como para su núcleo familiar, puesto que se configura como una
ayuda económica para suplir necesidades como la vivienda y la educación superior y,
además, busca que el trabajador tenga un respaldo que no comprometa los recursos
necesarios para su mínimo vital. Por tanto, al no reconocerse el pago de la sanción
moratoria se vulnera el derecho fundamental a la seguridad social debido a que es la
que garantiza la consignación oportuna de dicha prestación.

1.8. Otras actuaciones

1.8.1. El 18 de enero de 2024, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó su
impedimento para conocer de la presente acción, por considerar estar incurso en la
causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en la que se previó como
impedimento «la existencia de amistad íntima o enemistas grave entre alguna de las
partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial», debido a que
sostiene una relación de amistad íntima de muchos años con la magistrada Tulia Isabel
Jarava Cárdenas, quien suscribió, en calidad de ponente, la providencia objeto de
cuestionamiento en esta sede constitucional.

1.8.2. El 30 de enero de 2024, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas ordenó,
por Secretaría General del Consejo de Estado, efectuar el sorteo de un conjuez para
conformar el quorum decisorio y resolver el impedimento.

1.8.3. El 31 de enero de 2024, el presidente de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, junto con la secretaria general de la corporación, procedieron al sorteo del
conjuez, en diligencia realizada virtualmente, correspondiéndole a la doctora Carmen
María Anaya de Castellanos.

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1.8.4. El 15 de febrero de 2024, la Sala de decisión conformada por el consejero Rafael
Francisco Suárez Vargas y la conjuez María Anaya de Castellanos declararon fundado
el impedimento manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez y, en
consecuencia, ordenaron separarlo del conocimiento del asunto, en procura de
garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

1.8.5. El 4 de abril de 2024, el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves —quien se
posesionó como nuevo integrante de la Subsección el 7 de marzo de 2024— también
manifestó su impedimento para conocer de la presente acción, por considerar estar
incurso en la causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a que
sostiene una relación de amistad íntima con la magistrada Tulia Isabel Jarava
Cárdenas, quien suscribió, en calidad de ponente, la providencia objeto de
cuestionamiento en esta sede constitucional.

1.8.6. El 15 de abril de 2024, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas ordenó
efectuar, nuevamente, el sorteo de uno de los conjueces que integra la Sección
Segunda del Consejo de Estado, con el fin de conformar la Sala de decisión.

1.8.7. El 22 de abril de 2024, el presidente de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, junto con la secretaria general de la corporación, procedieron al sorteo del
conjuez, en diligencia realizada virtualmente, correspondiéndole al doctor Hugo Alberto
Marín Hernández.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra
el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del

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Demandante: Gladys María Suárez Contreras

Acuerdo 80 de 2019,6 según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por
igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto».

2.2. Sobre la manifestación de impedimento

El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad
moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden
comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una garantía de
imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite
en los casos puestos a su conocimiento.

Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de
taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función
jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden ampliarse
discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.

En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código
de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, el cual
prevé lo siguiente:

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá
declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de
Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El
juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas
procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso.

Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del

6 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Demandante: Gladys María Suárez Contreras

impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.

En el presente caso, el consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó
impedimento para conocer del asunto de la referencia, por considerar estar incurso en
la causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a que sostiene
una relación de amistad íntima con la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, quien
suscribió, en calidad de ponente, la providencia objeto de cuestionamiento en esta
sede constitucional.

La causal contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, establece lo siguiente:

Artículo 56. Causales de impedimento Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

Pues bien, sea lo primero advertir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional 2 ha
especificado que el atributo de imparcialidad de los funcionarios judiciales forma parte
del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene
como fundamento el artículo 29 de la Constitución, en cuanto deben procurar la
protección de tal garantía constitucional.

También ha sostenido que la imparcialidad judicial debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, pues solo así se garantizaría que las actuaciones en
esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública».3

La Corte Constitucional ha explicado claramente la definición del atributo de
imparcialidad, así: «esta se predica del derecho de igualdad de todas las personas
ante la ley (artículo 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos
frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética,

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en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para
que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas
y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial».4

En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que,
una vez confrontada la causal invocada, con las razones que expuso el consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves, es dable colegir que al sostener una amistad íntima de muchos
años con la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, quien suscribió la providencia
discutida en la presente acción de tutela, puede comprometerse la decisión del
magistrado en el asunto, toda vez que su criterio no resultaría imparcial y objetivo,
como lo exige una recta administración de justicia.

Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

2.3. Problema jurídico

Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de Sucre, quebrantó los derechos
fundamentales invocados por la accionante al proferir la sentencia del 30 de marzo de
2023 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 70001 33 33 002 2022 00207 01, por medio de la cual resolvió revocar la
providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, para en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda.

2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional7 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha

7 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.

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desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,8 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.5. Hechos probados

8 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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De conformidad con las pruebas, que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.5.1. El 16 de mayo de 2022, a través de apoderada, la señora Gladys María Suárez
Contreras radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación-Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG y el departamento de Sucre, con el propósito de que se declarara
la nulidad del acto ficto configurado el 17 de diciembre de 2021 por medio del cual
negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna
de las cesantías correspondientes al año 2020, establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, así como del derecho a la indemnización, por el pago tardío de los
intereses a las cesantías, establecido en el artículo 1.° de la Ley 52 de 1975, la Ley
50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991.9

2.5.2. El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al efecto resolvió:10

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Acto ficto o presunto negativo, producto de la
falta de respuesta de la entidad demandada al derecho de petición de 17 de septiembre
de 2021, en lo referente al reconocimiento de la sanción por mora derivada del no pago
oportuno de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, articulo 99 numeral 3°,
equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de
febrero de 2021, por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN .MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
y el DEPARTAMENTO DE SUCRE, al reconocimiento y pago de sanción moratoria que se
causaron a favor de la parte demandante, consistente en un (1) día de salario por cada
día de retardo, prevista en la Ley 50 de 1990, articulo 99 numeral 3°, desde el 15 de
febrero de 2021 hasta la fecha en que se acredite el pago, la cual se liquidará con base
en la asignación básica devengada por el actor para la anualidad del 2021, se dividirá
entre treinta (30), multiplicando su resultado por los días que corresponden en mora, por
lo dicho en la parte motiva de este proveído.

TERCERO. DECLARAR no prósperas las excepciones propuestas.

CUARTO. NIÉGUESE las demás pretensiones, según se motivó.

9 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
10 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia, según lo expuesto.

2.5.3. El 30 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre revocó íntegramente
el fallo proferido por el juez a quo, para en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.11

2.6. Análisis de la Sala

2.6.1. Estudio de procedibilidad de la acción

i) Contrario a lo argumentado por el juez a quo de tutela, en este caso «se cumple el
requisito de relevancia constitucional». Es de precisar, sobre el particular, que este
despacho ponente, en anteriores oportunidades,12 venía acogiendo el criterio previsto
en la Sentencia SU-573 de 2019, en la que se indicó que la discusión relativa a la
aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, no comportaba un asunto
de relevancia constitucional «i) por versar sobre un asunto meramente legal con una
connotación patrimonial privada, ii) no tener una relación directa con la presunta
afectación de un derecho fundamental y iii) buscar reabrir el debate concluido por el
juez ordinario».

Sin embargo, a partir de la sentencia del 26 de octubre de 2023 emitida dentro del
expediente de tutela 11001-03-15-000-2023-03988, este despacho ponente modificó
la anterior posición y acogió el criterio mayoritario de la Sala de decisión respecto del
cumplimiento del referido requisito, atendiendo a la expedición de la Sentencia de
Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por parte de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

Así las cosas, la Sala considera que en el caso concurre el requisito de relevancia
constitucional para analizar la presunta vulneración de los derechos fundamentales

11 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
12 Procesos de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-02216-00, 11001-03-15-000-2023-01500-01

y 11001-03-15-000-2023-04027-00, entre otros.

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invocados, por desconocimiento a) de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías anualizadas a los docentes oficiales afiliados
al Fomag, y junto con ello, b) de los principios de favorabilidad en materia laboral,
perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, eventos que de hallarse acreditados
conducirían a encontrar lesionados los intereses de la parte actora.

ii) «Se cumple con el requisito de subsidiariedad», comoquiera que se agotaron todos
los mecanismos de defensa judicial, por cuanto la decisión cuestionada es una
sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

iii) «Se presentó con inmediatez», toda vez que la sentencia objeto de censura data
del 30 de marzo de 2023 y la presente acción de tutela fue remitida al correo
electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 29 de septiembre de
2023,13 esto es, dentro del término de los seis meses previstos por esta corporación
como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.14

iv) «No se cuestionó una irregularidad procesal» sino el hecho de resolverse el asunto
bajo una indebida aplicación jurisprudencial.

v) «Se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se
alegó vulneración, en tanto la parte actora narró de manera clara los hechos sujetos a
examen, los derechos que estima vulnerados y de las inconformidades planteadas
puede advertirse la controversia de los defectos desconocimiento de precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución.

13https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202305

719001100103
14 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

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vi) «No se cuestionó una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así, al encontrarse cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción,
se impone abordar el estudio de los argumentos expuestos por la accionante, con
fundamento en los cuales solicita el amparo de sus derechos fundamentales.

2.6.2. Análisis de procedencia del amparo invocado

2.6.2.1. Desarrollo jurisprudencial respecto de la sanción moratoria de que trata
la Ley 50 de 1990 por la consignación inoportuna del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al Fomag

En un primer momento, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que los
docentes no estaban amparados por las disposiciones de liquidación anual de las
cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales
previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996, en
cuyo artículo 13 dispuso la aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías,
pero hizo la salvedad de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de
1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.

Postura que también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928 de
200615 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no era
igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó que no se configuraba
violación del derecho a la igualdad porque «simplemente la manera como se liquidan
y pagan aquellos16 es distinta a la regulada en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se
configure discriminación alguna».

15 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
16 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.

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Posteriormente, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018, al estudiar
la procedencia de la aplicación de la sanción moratoria a un docente oficial que no fue
afiliado al FOMAG por parte del ente territorial, refirió que el «hecho de que los docentes
se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el desconocimiento de
su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata de la aplicación de una
norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la
interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado, pues esta será la que
se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política»; por lo cual, en esa
oportunidad consideró que «los despachos judiciales accionados desconocieron que
aunque la norma que establece la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías en los términos que contempla el numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998,
y el Decreto 1252 de 2000, no esté expresamente consagrada a favor de los miembros
del Magisterio, en virtud del principio de interpretación conforme a la Constitución y
favorabilidad en materia laboral, les correspondía aplicar la interpretación más
beneficiosa para el trabajador, esto es, que los docentes sí son destinatarios de la
norma que consagra la referida sanción, pues esta es la interpretación que más se
ajusta a la Constitución».

Con fundamento en el anterior pronunciamiento, las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad aplicado en sede
constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 199017.

No obstante, por medio de la Sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional
declaró improcedente las acciones de tutela interpuestas contra fallos del Consejo de
Estado sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial fijada por medio de la
Sentencia SU-098 de 2018 solo constituye precedente en el evento en que se omita la
afiliación del docente al Fomag, de manera que en los casos que se pretende la

17 Ver Sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01 (1689-

2018); del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), entre otras.

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sanción por la falta de consignación de las cesantías a los beneficiarios del señalado
fondo, no existe una providencia de unificación con efectos vinculantes que pueda
aplicarse a las situaciones con similitud fáctica y jurídica.

Por lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin
de unificar o sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de Unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, expediente 66001-33-33-001-2022-
00016-01 (5746-2022), en la que expuso lo siguiente:

«[…] 156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del
auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece unas
normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al FOMAG
el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el reconocimiento de los
intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no existiría, de
modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento
en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del
empleador.

158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado
al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del sistema
general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la
Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en las
que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la sentencia
SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los docentes
afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el artículo 99
de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de cesantías, tal y como

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se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento
del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU573
de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala a
unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpretación aquí
definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y razonado de los sistemas
administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir que el primero resulta incompatible
con la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las cesantías […]»

En suma, se colige que la posición actual de la Sección Segunda del Consejo de
Estado consiste en que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a
la sanción moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989.

2.6.2.2. Caso concreto

En el sub judice, la señora Gladys María Conteras solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en
materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, los cuales consideró
vulnerados con la sentencia del 30 de marzo de 2023, adoptada por el Tribunal
Administrativo de Sucre.

Alega que con la anterior decisión se desconoció i) la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado en la que se determinó que a los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio puede aplicárseles
la Ley 50 de 1990 y, por ello, recibir la sanción moratoria definida en el artículo 99
ejusdem, derivada de la consignación tardía de las cesantías anuales; ii) así como el
principio de favorabilidad laboral, al no realizarse una interpretación constitucional
favorable a los derechos del trabajador.

Pues bien, en la providencia objeto de reproche, el Tribunal accionado presentó las
siguientes consideraciones:

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Pues bien, teniendo en cuenta el régimen normativo y la pauta marcada por la
jurisprudencia puesta de presente, considera la Sala que los docentes afiliados al FOMAG
cuentan con un régimen especial para la consignación y liquidación de sus cesantías,
que es el previsto en la Ley 91 de 1989, sin que proceda la consignación de la citada
prestación a cada docente en una cuenta individual, pues, los recursos destinados para
su pago son girados de forma global e incorporados con una periodicidad mensual
durante todo el año.

De manera que, los recursos comunes relacionados con el pago auxilio de cesantías de
los docentes a fecha 31 de diciembre del año de su causación reposan en el FOMAG, no
obstante, la liquidación individual de las cesantías de cada docente es realizada por las
secretarías de educación territorial en el término establecido por el FOMAG, que para el
auxilio de cesantías correspondiente al año 2020, fue el 5 de febrero de 2021, según lo
estipulado en la Comunicado No. 008 del 11 de diciembre de 2020, liquidación que se
efectúa con el único fin de pagar los intereses de las cesantías mas no para efectos de
consignar esta prestación social en una cuenta individual antes del 15 de febrero del año
siguiente, como sucede en el régimen anualizado de cesantías de la Ley 50 de 1990,
iterando que las cesantías de los docentes en atención al principio de unidad de caja se
reportan en el FOMAG de manera conjunta.

Por ello y como quiera que las cesantías del demandante se vienen reportando en el
FOMAG desde su afiliación al precitado fondo, la Sala considera que no le es aplicable la
sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías antes del 15 de
febrero del año siguiente, que se encuentra prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990.

En este punto se precisa, que en el presente caso no es vinculante la posición fijada en
la SU-098 de 2018 y en las sentencias del H. Consejo de Estado en las que por
favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria de que trata el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, por la omisión de los entes territoriales de I) realizar su afiliación
al FOMAG, trayendo ello, como consecuencia que no se le reconozcan y consignen sus
cesantías, y de II) trasladar su auxilio de cesantías al FOMAG al momento de su
vinculación, que este Tribunal ha aplicado en casos semejantes, toda vez que, los
supuestos fácticos en el presente proceso son distintos, por pretenderse el
reconocimiento de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación del
auxilio de cesantías del demandante correspondiste al año 2020 antes del 15 de febrero
de 2021, quien es un docente afiliado al FOMAG, cuyas cesantías se han venido
reportando en el fondo en alusión desde el 2004 al 2020 , como da cuenta el Extracto de
Intereses a las Cesantías, emanado del FOMAG.

[…]

Por lo tanto, la demandante no es beneficiaria de la sanción moratoria contenida en la
Ley 50 de 1990, pues, tal penalidad no está instituida en el régimen especial que regula
el reconocimiento de las cesantías de los docentes, que no es otro que el previsto en la
Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998, en el cual, se administran los recursos
conforme al principio de unidad de caja, además, por no existir un precedente
consolidado de obligatoria aplicación en este asunto, que se itera es disímil a aquellos
procesos en que la H. Corte Constitucional, el H. Consejo de Estado y este Tribunal han
aplicado por favorabilidad la sanción cuyo reconocimiento persigue la parte demandante.

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Siguiendo los anteriores derroteros, la Sala puede extraer que, al confirmarse la
denegatoria del reconocimiento de la sanción moratoria de qué trata la Ley 50 de 1990,
e indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías prevista en la Ley
52 de 1975, el Tribunal no desconoció la jurisprudencia traída como referente, por el
contrario, fue claro en señalar el por qué no era aplicable a los docentes oficiales
afiliados al Fomag, cumpliendo con la carga argumentativa que le corresponde.

Si bien, la parte actora considera que en el caso se desconocieron las Sentencias de
Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, lo cierto es que
ninguno de estos pronunciamientos constituyen precedente judicial aplicable al caso,
pues: i) en la Sentencia SU-098 de 2018, tal como lo refirió el Tribunal accionado, solo
se examinó lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes
no afiliados al Fomag; y iii) en las Sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, se
analizó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías definitivas, prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, y no así el pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por la Ley 50 de 1990.

Asimismo, es dable apreciar que las sentencias del Consejo de Estado traídas como
referente por la accionante no constituyen jurisprudencia en vigor, pues aunque en una
de ellas se acogió lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990,18 no lo es menos que en otras se analizaron las circunstancias fácticas
de docentes no afiliados al Fomag,19 como lo relacionado con la liquidación de
cesantías,20 y en la mayoría se trató lo relativo al término de prescripción de la sanción
moratoria.21

De esta forma, puede concluirse, entonces, que para el momento en que se profirió la
sentencia aquí censurada no existía criterio consolidado ni sentencia de unificación a

18 Expediente 0871-2020.
19 Expedientes 4854-2014, 2224-2020 y 4004-2021.
20 Expediente 0483-20.
21Expediente 0833-2016, 1002-2021, 2208-2020, 2387-2020, 5154-2016, 1001-2021, 4462-2021 y
2394-2020.

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aplicar sobre el particular y que, por tanto, la autoridad judicial accionada, en ejercicio
de sus facultades de autonomía e independencia judicial, reconocidas en los artículos
228 y 230 de la Constitución Política, podía optar por la posición que consideraba más
apropiada para resolver el asunto, tal como ocurrió, ya que luego de revisar las
posiciones jurisprudenciales desarrolladas en la materia, consideró —en cumplimiento
de los principios de transparencia y de razón suficiente que exigen del operador jurídico
una especial carga argumentativa—,22 que en el caso no había lugar al reconocimiento
y pago de la penalidad suplicada.

En igual sentido, en el caso tampoco se advierte desconocido el principio de
favorabilidad laboral, toda vez que la autoridad accionada se encargó de explicar que
los docentes solo cuentan con una fuente normativa que es la contenida en la Ley 91
de 1989, en la cual se establece, claramente, tanto el reconocimiento de la prestación
y de sus intereses, como su forma de liquidación, y que dicha norma no admite
diversas interpretaciones ni tampoco se encuentra enfrentada con otra que regule el
régimen docente. Además, que de acuerdo con la referida norma, el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta especial de la Nación a quien
le corresponde manejar las prestaciones sociales de los docentes a través de una
fiducia, y no contempla la posibilidad de que cada afiliado tenga una cuenta individual,
como ocurre en las sociedades administradoras de fondos privados de cesantías
(artículo 99-6 la Ley 50 de 1990 y artículo 2 del Decreto 1582 de 1998).

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada, y que, por tanto, no le asiste razón a la accionante
al afirmar que le era aplicable el régimen de la Ley 50 de 1990, relacionado con la
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales dispuesta para
el régimen general de los servidores públicos, pues, se itera, dentro del régimen
especial de docentes —Ley 91 de 1989—, se establece una forma diferente de
liquidación y pago bajo un procedimiento propio.

22 En las Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022 la Corte Constitucional señaló que «[e]l principio

de transparencia exige que el juez haga «referencia al precedente que abandona, lo que significa que
no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido» y el principio de
razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía».

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Además, se avizora que el criterio acogido por el Tribunal coincide con la regla
jurisprudencial establecida recientemente por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de
2023, en la que se indicó que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen
derecho a la sanción moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

Así las cosas, se tiene que las conclusiones a las que arribó el Tribunal no comportan
para esta Sala de decisión una actuación incursa en vía de hecho que vulnere los
derechos fundamentales de la parte actora, pues luego de analizar el desarrollo
normativo dispuesto en la materia como la diferente jurisprudencia proferida en torno
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, contemplada en las Leyes 50 de
1990, e indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías prevista en
la Ley 52 de 1975, presentó una argumentación razonable del por qué en el caso no
era dable su reconocimiento a docentes oficiales afiliados al Fomag.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el sub lite no se configuran los
defectos desconocimiento de precedente y violación directa de la Constitución y, en
tal sentido, revocará la sentencia impugnada que declaró improcedente el amparo
constitucional por incumplimiento de requisito de relevancia constitucional y, en su
lugar, denegará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Luis
Eduardo Mesa Nieves para conocer de la acción de tutela de la referencia, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia,
separarlo del conocimiento del asunto.

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Segundo. Revocar la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta que declaró improcedente el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la señora Gladys María Suárez Conteras por falta de
relevancia constitucional. En su lugar, se dispone denegarlo de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Con impedimento

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento

HUGO ALBERTO MARÍN HERNÁNDEZ
Conjuez

CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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