Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04628-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04628-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04628-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
13 de diciembre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04628-01
Demandante: LUZ EDITH CHARRY BONILLA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04628-01
Demandante: LUZ EDITH CHARRY BONILLA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento
de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago
tardío de las cesantías. Requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante contra la sentencia de 5 de octubre de 2023, dictada
por la Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejo de Estado, en la que negó
las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante manifestó que con posterioridad al año 1990, se vinculó como
docente del municipio de Neiva y que, en razón a esto, el 15 de febrero de 2021 le
debían ser consignadas las cesantías correspondientes al servicio que prestó
durante el año 2020, lo que no sucedió en esa fecha.
Afirmó que el 26 de julio de 2021, solicitó a la Secretaría de Educación de Huila y
al Fomag, el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías descrita en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, solicitud
que fue negada.
Refirió que, dado lo anterior, promovió demanda a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional-
Fomag y el Departamento del Huila, con el fin de que se declarara la nulidad de
los actos administrativos mediante los que se negó su solicitud.
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Demandante: LUZ EDITH CHARRY BONILLA
Señaló que del asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Neiva, que en sentencia de 30 de noviembre de
2022 negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de
cesantías de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 es especial, por lo
que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.
Narró que contra la anterior determinación interpuso recurso de apelación, en el
que sostuvo que “no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de
unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo
tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año,
ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de
1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de
empleados públicos de Colombia”.
Por último, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Huila, por sentencia de 4 de
julio de 2023, confirmó el fallo apelado.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial,
sobre la relevancia constitucional citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de
2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el
proceso No. 11001031500020230106300.
Alegó la configuración del defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte
Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU-098 de 20181, SU-332
de 20192 y SU-041 de 20203, y del Consejo de Estado establecido en las
siguientes sentencias: del 6 de agosto de 2020 4, 24 de enero de 20195, 17 de
junio de 20196, 28 de junio de 20197, 29 de julio de 20198, 2 de diciembre de
20199, 10 de junio de 202010, 22 de octubre de 202011, 12 de noviembre de
1
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
2
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
3
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-01 (0833-
16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867- 01 (4854-
2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales
7
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-
16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-01(0324-
2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
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202012, 17 de junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 202116, 20 de enero
de 202217, 3 de marzo de 202218, 28 de abril de 202219, 920 y 19 de mayo de
202221, 1 de julio de 202222, 22 de agosto de 202223, 22 de septiembre de 202224,
1925 y 2626 de enero de 2023.
Por último, se refirió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del
Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la
Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que
tienen para el Tribunal Administrativo del Huila.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA en la sentencia
proferida el 7/4/2023, en el expediente rad. No. 41001333300220220013201,
transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO
DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES
DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUA TIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO
DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00132-01,
C.P. William Hernández Gómez.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–
2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César Palomino Cortés.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015- 00445-
02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 01127-01
(1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021,
Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015- 90008-01
(2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de
2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-01
(1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-01.
Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (2660-
2020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-
01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-01 (2224-
2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-01 (2659-
2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-01
(4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-01
(4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-01
(2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015- 90124-01
(2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-02 (4470-
2021) , C.P. William Hernández Gómez.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231- 01 (0871-
2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
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administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la
accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda de acuerdo a los postulados establecidos en los
siguientes expedientes: (…)”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2022-0132-01, actor: Luz Edith
Charry.
5. Trámite procesal
Por auto de 31 agosto de 2023, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo
de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la
parte demandante y a la autoridad demandada. Además, se ordenó vincular al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag), a Fiduprevisora S.A., a la Secretaría de Educación del Huila, al
Departamento del Huila y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
como terceros interesados en el resultado del proceso.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Huila
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se
denegaran las pretensiones de la tutela, por cuanto la parte actora no hizo
referencia a los defectos en que incurrió esa sala de decisión, pues centró su
argumento en que la providencia objetada no se ajusta a los postulados de la ley,
“además, que podría entenderse que el defecto al que alude la parte accionante,
se ciñe al presunto desconocimiento de la normatividad invocada en las
pretensiones del proceso ordinario. Sin embargo, como ese hecho involucra la
reiteración de las pretensiones del proceso, es improcedente la presente acción,
toda vez que la decisión proferida por esta Corporación tiene como soporte el
acervo probatorio compilado en el proceso ordinario adelantado por la parte
actora, así como la verificación y aplicación de la distinta normatividad en el
asunto”.
6.2. Respuesta del Departamento del Huila
El apoderado del departamento rindió informe en el que solicitó su desvinculación
del presente trámite, ya que no tiene competencia para efectuar el pago de las
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cesantías de los docentes, por lo que no le asiste responsabilidad alguna en el
caso.
6.3. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.
La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora
del FOMAG pidió que se declare improcedente la solicitud de amparo por no
cumplir con las causales generales y específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, y solicitó ser desvinculada por carecer de
competencia frente a las pretensiones de la demandante. Agregó que al caso no le
resultan extensibles los efectos de la sentencia de unificación SU-098 de 2018.
6.4. Respuesta del Ministerio de Educación
El apoderado de la cartera rindió informe en el que solicitó que se declare
improcedente la solicitud, en tanto la accionante no acreditó el requisito de
subsidiariedad, pues no agotó los medios ordinarios y extraordinarios que existen
en el ordenamiento jurídico, ni demostró la existencia de un perjuicio irremediable.
De otra parte, solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva a
su favor, en tanto, manifestó, no es la entidad llamada a responder por lo
pretendido en sede constitucional.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por sentencia de 5
de octubre de 2023, denegó las pretensiones de la acción, luego de concluir que la
posición jurídica asumida por la autoridad judicial accionada no configuraba los
defectos alegados por la parte accionante, toda vez que, a partir de la valoración
integral del material probatorio obrante en el proceso, la normatividad vigente y las
providencias judiciales proferidas al respecto, estableció que la sanción solicitada
no era compatible con la normatividad aplicable a los docentes, porque estos
tienen un régimen especial dispuesto por la Ley 91 de 1989; “asimismo, que no
era dable seguir el criterio señalado en la sentencia SU098 de 2018, por cuanto
allí la Corte Constitucional se refirió sobre varios asuntos de presupuestos fácticos
diferentes, entre ellos, el hecho de que los docentes allí demandantes no fueron
afiliados al FOMAG, situación que difiere de la de la hoy accionante, que sí se
encuentra vinculada a dicho fondo”.
Sostuvo que lo planteado en sede constitucional se limita a evidenciar una
diferencia de criterios frente a la interpretación de una norma, lo que no es
suficiente para calificar una providencia como arbitraria o caprichosa, y menos aún
violatoria de derecho fundamental alguno, pues no ha sido expedida una sentencia
de unificación vinculante que imponga el reconocimiento de la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación tardía de las cesantías a los
docentes que se encuentran en la misma situación fáctica de la accionante y, en
ese sentido, el tribunal accionado resolvió el asunto bajo un análisis plausible, con
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una carga de argumentación suficiente y razonable que debe ser respetada en
virtud de los principios de autonomía e independencia judicial.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó el fallo de primera instancia y, al efecto, reiteró los
argumentos que sustentan los defectos alegados en la solicitud de amparo.
En primer lugar, manifestó que a lo largo de los años se conocen fallos con
postura pacífica en los que se predica la aplicación del derecho que ostentan los
docentes de la educación pública respecto a la sanción moratoria estipulada en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, “teniendo como base el principio de favorabilidad
ampliamente desarrollado además en la Sentencia de Unificación 098 del 17 de
octubre 2018 emitida por la Honorable Corte Constitucional”.
Afirmó que, en este sentido, no es cierto que no exista una posición respecto de la
aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto se
evidencia en el Consejo de Estado una postura decantada desde el año 2019, “tal
y como se observó en el recuento jurisprudencial arrimado con el escrito de la
acción de tutela”.
Expresó que en distintas sentencias se ha arribado a “acertadas conclusiones que
siguen siendo postura en el Consejo de Estado, ya que en el interregno en el cual
se radicó la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió el
pronunciamiento más reciente en la materia, fue proferida el 19 de enero de 2023,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero
ponente Dr. William Hernández Gómez, consistente en un fallo de segunda
instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es
decir, que mientras estamos en el presente trámite de la acción constitucional, el
Consejo de Estado ratifica su postura en el tema de sanción moratoria cesantías
anualizadas – Docente”, providencia que allegó mediante memorial radicado con
posterioridad a la sustentación de la impugnación.
Reiteró que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en virtud de
los principios de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244
de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006, indicó que no se debe excluir al
sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener el mismo
carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista
en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo
para garantizar el pago oportuno de la prestación social, “es por ello, que no es de
recibo para esta parte procesal que se afirme que el presente asunto no tiene
relevancia constitucional, por cuanto al no tener los docentes la garantía de la
prestación claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, luego
entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es decir,
que la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva
consignación efectiva”.
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Indicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en los
pronunciamientos de tutela de 23 de marzo y 17 de abril de 2023, analizó casos
idénticos, encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y, de
manera específica, consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió en
desconocimiento del precedente judicial.
Finalmente, señaló que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción
moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros servidores
públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, y tal
distinción entre unos y otros viola el derecho a la igualdad, “pues los docentes del
señor oficial tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica
dentro de los trabajadores del Estado, siendo inconcebible negar el acceso a la
aplicación favorable deprecada, lo que evidentemente conlleva una relevancia
constitucional para que el presente asunto sea estudiado en sede de tutela”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 5 de octubre de 2023, dictada por la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que negó las pretensiones, y de
superarse los restantes requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la
seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis”, al supuestamente incurrir en
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de
la Constitución.
Previo a cualquier consideración, en tanto fue alegado por los vinculados en la
contestación de la acción, corresponde a la Sala determinar si la solicitud cumple
con el requisito de relevancia constitucional, necesario para su estudio de fondo,
requisito de procedibilidad que es susceptible de ser verificado por el juez de tutela
en cualquier momento.
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3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones”27.
Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 200528, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional29.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala30, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
27
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
28
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P.
María Victoria Calle Correa.
29
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-
01.
30
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
8
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fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En primera instancia, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de
Estado por sentencia de 5 de octubre de 2023, denegó las pretensiones de la
acción, luego de concluir que la posición jurídica asumida por la autoridad judicial
accionada no configuraba ninguno de los defectos alegados por la parte
accionante, toda vez que, a partir de la valoración integral del material probatorio
obrante en el proceso, la normatividad vigente y las providencias judiciales
proferidas al respecto, estableció que la sanción solicitada no era compatible con
la normatividad aplicable a los docentes, porque estos tienen un régimen especial
dispuesto por la Ley 91 de 1989; “asimismo, que no era dable seguir el criterio
señalado en la sentencia SU098 de 2018, por cuanto allí la Corte Constitucional se
refirió sobre varios asuntos de presupuestos fácticos diferentes, entre ellos, el
hecho de que los docentes allí demandantes no fueron afiliados al FOMAG,
situación que difiere de la de la hoy accionante, que sí se encuentra vinculada a
dicho fondo”.
En la impugnación, la actora reiteró los argumentos de la solicitud de amparo, es
decir, que no es cierto que no exista una posición respecto de la aplicación de la
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Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto se evidencia en el
Consejo de Estado una postura decantada desde el año 2019, “tal y como se
observó en el recuento jurisprudencial arrimado con el escrito de la acción de
tutela”.
4.2. La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia, que denegó
las pretensiones y en su lugar declarará la improcedencia de la acción de tutela,
ya que, contrario a lo manifestado por el a quo, en el caso no se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a la acción
constitucional con el propósito de dar continuidad al debate legal que fue resuelto
en dos instancias.
Como se anotó, del expediente ordinario aportado como prueba, se observa que,
en primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva en
sentencia de 30 de noviembre de 2022, negó las súplicas de la demanda, tras
considerar que el régimen de cesantías de los docentes, contemplado en la Ley 91
de 1989, es especial, por lo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.
En la sentencia de primera instancia, el juzgado desestimó la pretensión
encaminada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria y frente a la
pretensión de pago de la indemnización por no pagarse directamente los intereses
a las cesantías dentro del mes siguiente a su liquidación, pues consideró, el
régimen legal de las cesantías del personal docente es especial, regulado por la
ley 91 de 1989, que en su artículo 15 determinó la liquidación anualizada y sin
retroactividad sin que sea posible la aplicación del régimen general, “por carencia
de identidad en: i) el empleador independiente responsable de la consignación por
la participación de tres sujetos en el caso de docentes, entidad territorial, Nación-
MEN y fiduciaria; ii) que existe un mandato especial de sanción moratoria diferente
con la ley 1955 de 2019; y iii) la estructura diferencial del FOMAG en los recursos
que recibe y la forma de administración -unidad de caja-”.
Contra la anterior determinación la accionante interpuso recurso de apelación, en
el que, conforme con el relato del recurso efectuado en la sentencia de segunda
instancia, sostuvo que:
“(…) conforme a la sentencia SU-098 de 2018 y precedente del Consejo de
Estado, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes,
agregando que desde las sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016 se estableció
que los docentes se equiparan a los empleados públicos y por ello “les resulta
aplicable el régimen general en aquello que no se encuentre regulado en el
régimen especial”, tal como ocurre con la sanción moratorio por la consignación
tardía de las cesantías “en el único fondo para trabajadores de la educación”
contenida en la disposición antedicha.
Refirió que contrario a lo indicado por el a quo, el régimen especial de liquidación
de cesantías de los docentes no es más favorable que el régimen general, pues
para aquellos los intereses de las cesantías se calculan aplicando la tasa DTF
sobre el capital acumulado que resulta inferior al 12% que se aplica a los demás
trabajadores, añadiendo que la Nación – Ministerio de Educación es la responsable
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de consignar las cesantías de los docentes en el Fomag como quedó reglado en la
Ley 715 de 2001, no obstante, incumple dicha obligación y ello constituye la razón
por la cual el aludido fondo no cuenta con los recursos para su cubrimiento,
impidiendo además la generación de los intereses al no existir un capital que los
cause.
Arguyó que una cosa es el reconocimiento y otra la consignación de las cesantías
de los docentes, advirtiendo que en el presente asunto no se controvierte lo
primero sino lo segundo y que el a quo efectuó una interpretación menos favorable
para el docente al excluirlo del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues los
educadores son empleados públicos y no existe razón para que sus cesantías
sean consignadas extemporáneamente, agregando que si bien no obra prueba de
la consignación de las demandadas al Fomag como afirma el juez de primera
instancia, “a causa de esto, es que se incurrió en mora por la falta de consignación
de las mismas”, y al existir un vacío normativo se debe acudir a la norma general
como lo estableció la sentencia SU-098 de 2018 acogida en sentencia del Consejo
de Estado de agosto 6 de 2020.
Frente a la inexistencia de identidad fáctica con la sentencia SU-098 de 2018,
advertida por el juez de primera instancia en tanto los demandantes en dicha causa
no estaban afiliados al Fomag, señaló que “no existe sanción por la no afiliación al
fondo, la no afiliación al fondo trae como consecuencia lógica que no va a existir
una consignación y lo que se puede sancionar a favor del trabajador es la falta de
consignación y este es el término contenido en la Ley 50 de 1990”.
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 4 de julio de 2023,
confirmó el fallo impugnado, luego de considerar que los docentes oficiales
vinculados al Fomag se rigen por la norma especial consagrada en la Ley 91 de
1989, la cual no contempló la sanción por no consignación de cesantías en una
cuenta individual para cada docente antes del 14 de febrero del año
correspondiente, y que no existe pronunciamiento de la Corte Constitucional o del
Consejo de Estado que ordene a las demandadas a aplicar la sanción consagrada
en la Ley 50 de 1990 para esos funcionarios públicos.
En el fallo objetado, la autoridad judicial accionada, luego de hacer amplia
referencia al marco jurisprudencial y legal aplicable al caso sostuvo lo siguiente
respecto a la aplicación extensiva de la Ley 50 de 1990:
“No se puede pasar por alto que el motivo de la sanción de la ley 50 de 1990 es el
respeto de los derechos laborales de los trabajadores que se traduce en el
cumplimiento patronal del reconocimiento y pago de las cesantías al fondo que escoja
el trabajador, con el fin de que pueda disfrutar y usar las mismas en los objetivos que
ha permitido la ley.
Y, además, se busca la propia sostenibilidad del sistema de administración pues, las
cesantías son manejadas por un tercero por mandato legal, un administrador de
cesantías, actividad que no es gratuita y por ende requiere de los recursos para el
funcionamiento y la existencia del sistema como la rentabilidad de los mismos recursos,
en palabras de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL-403-2013,
radicación No. 40509 del tres (3) de julio de dos mil trece (2013): (…)
Entonces, el FOMAG no comparte dicha finalidad de acción y de financiación, por
lo tanto, no puede simplemente aplicarse o exigirse una modificación a su
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estructura administrativa y financiera para la atención de uno solo de sus
deberes al tenor de la pretensión de la demanda.
Concluyendo que en materia de cesantías el FOMAG no depende de su propia
gestión para su existencia o financiación administrativa pues, por mandato legal
depende y se sufraga con recursos del presupuesto nacional, y si se trata de la
generación de rentabilidades individuales a los trabajadores, se llega a la misma
conclusión, en el FOMAG se garantiza y reconocen los intereses legales
directamente por el presupuesto general de la nación.
(…)
Imposibilidad de configurar los requisitos de responsabilidad de la ley 50 de 1990
– NO EXISTENCIA DE DOLO O MALA FE.
Como se ha dicho, la administración y disposición de los recursos destinados al
reconocimiento o pago de cesantías de docentes afiliados al FOMAG, es de orden
CONSTITUCIONAL y LEGAL, dicho ordenamiento jurídico determina la fuente de
financiación y la transferencia directa por la Nación a través del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público de los mismos al FOMAG, es decir, el empleador (que es el sujeto
objeto de la sanción en la ley 50 de 1990) que es en este caso la entidad territorial, no
interviniente y por ello, no puede evaluarse o constituirse el elemento esencial de la
sanción o la responsabilidad que es la culpa”.
De otra parte, respecto de la interpretación de la sentencia SU-098 de 2018,
indicó lo siguiente:
“(…) la sentencia SU98-2018 si fijo una regla jurisprudencial pero específica y
determinada a regular la protección del servidor público docente que por
mandato legal debe afiliarse al FOMAG pero que no se cumple con dicha
obligación y por ello, no puede gozar en términos de oportunidad y protección
con el beneficio económico de las cesantías, y la ley especial no regulo amparo o
sanción alguna pues, la regulación normativa como es la ley 244 de 1995 es
frente a un supuesto diferente, que es un servidor público si afiliado y se
presenta mora en reconocerse; y además, que no puede diferenciarse por el tipo
de vinculación.
En esa medida, la Sala no comparte la apreciación del recurrente de que “no existe
sanción por la no afiliación al fondo, la no afiliación al fondo trae como consecuencia
lógica que no va a existir una consignación y lo que se puede sancionar a favor del
trabajador es la falta de consignación ...”, pues la falta de afiliación del docente al
FOMAG hace que no quede regulado por la Ley 91 de 1989 y por eso opera la Ley 50
de 1990 pero no ocurre lo contrario, si está afiliado, se rige por el régimen especial de
los docentes”.
Lo anterior permite evidenciar que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, estudiaron de manera suficiente lo
relativo al régimen prestacional aplicable a los docentes escalafonados, en
específico respecto de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizado y de los intereses a las mismas, lo cual fundamentó la
denegación de las pretensiones de la demanda.
4.3. Conforme con lo anterior, la Sala observa que los reproches formulados por la
parte actora en el escrito de tutela, relativos a la supuesta configuración del
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defecto por desconocimiento del precedente judicial, independientemente de que
se quieran encuadrar en la supuesta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, junto con el principio a la seguridad jurídica, lo que en
realidad pretenden es darle continuidad al debate relacionado con la aplicación
para el caso de las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 y con el desconocimiento de la
sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional y, en tal razón,
carecen de la relevancia constitucional necesaria para ser estudiadas por el juez
de tutela, pues son un aspecto que ya fue motivo de estudio en el curso del
proceso ordinario en sus dos instancias, en el que se concluyó que dichas normas
no eran aplicables por ser incompatibles con el régimen de la Ley 91 de 1989, al
que la demandante pertenece, y que sobre la materia no hay una postura
jurisprudencial unificada.
Cuestión diferente es que la parte actora, al no estar de acuerdo con la
apreciación que se hizo sobre dicho cargo por parte de las autoridades judiciales,
presentara los mismos argumentos en la acción de tutela, bajo la supuesta
vulneración de derechos fundamentales, lo que no es razón suficiente para omitir
el hecho de que el mecanismo de tutela se está utilizando como una instancia
adicional, en desconocimiento del requisito de la relevancia constitucional, por lo
que la Sala revocará la decisión impugnada que negó las pretensiones, y declarar
la improcedencia de la solicitud por falta del mencionado requisito de
procedibilidad.
En un caso con idéntica situación fáctica y jurídica al que ahora se examina, la
Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 201931, concluyó que la acción de
tutela carecía de relevancia constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los
docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la
Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva
establecer aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes
(territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de
cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por
no consignación oportuna de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la
sentencia y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la
jurisdicción contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de
1998, en cuanto al reconocimiento de una penalidad por no consignación oportuna de las
cesantías en el régimen docente”.
31 M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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(ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
precedente judicial y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni
tenía un efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba la
afectación de un derecho fundamental, por cuanto “las decisiones impugnadas en
sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes de
motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una prerrogativa de carácter
constitucional”.
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes
acudían a la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con
el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
De igual forma, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces ”32.
Esa misma línea argumentativa ha sido acogida por esta Sala al declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional porque la parte actora pretendía reabrir el debate legal en torno a la
aplicación de la Ley 50 de 1990, en tanto reiteraba los argumentos expuestos en
la demanda y en el recurso de apelación 33.
Del mismo modo, en la sentencia SU-215 de 202234, la Corte Constitucional
recordó que el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere
“involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una
puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la
competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas
de carácter legal”.
32 Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
33 Sentencias de 18 de mayo de 2023, M.P. Wilson Ramos Girón, expediente No. 11001-03-15-000-2023-
01500-00, 25 de mayo de 2023, expediente No. 11001-03-15-000-2023-00705-01, M.P. Milton Chaves García.
Véanse también las sentencias de 1 de junio de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00 y de 29
de junio de 2023, expedientes 11001-03-15-000-2023-01047-01, 11001-03-15-000-2023-02310-00, 11001-03-
15-000-2023-02432-00, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
34 M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Por último, si bien la parte actora en el escrito de impugnación se refiere a dos
sentencias de tutela de 23 de marzo35 y 17 de abril de 202336, proferidas por la
Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación, en las que se dio por
superado el requisito de relevancia constitucional y se accedió al amparo
constitucional solicitado, basta indicar que respecto de la primera se declaró la
nulidad por la Sección Primera del Consejo de Estado por indebida conformación
del contradictorio, y en la segunda, por sentencia de 17 de julio de 2023, la
Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado revocó la decisión y en su
lugar declaró la improcedencia de la acción de tutela.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la accionante acudió a la tutela con el
fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así
como el principio de seguridad jurídica, a la manera de una tercera instancia, toda
vez que insiste en el mismo debate litigioso relacionado con hacer extensivo el
régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990, al personal docente para
reconocer la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de esa normativa.
Por las razones expuestas, la Sala revocará la decisión impugnada, que negó las
pretensiones la acción de tutela, y declarará la improcedencia de la solicitud por
ausencia del requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 5 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas. En su lugar,
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la solicitud de amparo formulada por
la señora Luz Edith Charry Bonilla, contra el Tribunal Administrativo del Huila.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
35 Rad. 2023-01063-00.
36 Rad. 2023-00965-01.
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Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
16
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