Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04638-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04638-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04638-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
2 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04638-00
Accionante: José Joaquín Quiroz Forero
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – reconocimiento de la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías a favor de los docentes oficiales
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por José Joaquín Quiroz Forero
contra el Tribunal Administrativo del Huila.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 25 de agosto de 2023, el señor José Joaquín Quiroz Forero, a través de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Huila, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 25 de abril de 2023,
proferida por dicha autoridad judicial en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2 que promovió contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3 y el
departamento del Huila, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto
administrativo ficto4, a través del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, así como el pago de la indemnización
por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52
de 1975, por los servicios prestados durante el año 2020.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Identificado con número de radicado 41001-33-33-005-2022-00198-01.
3 En adelante Fomag.
4 Que se configuró ante la falta de respuesta frente a la petición incoada el 5 de agosto de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04638-00
Accionante: José Joaquín Quiroz Forero
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, quien mediante sentencia del 14 de
diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Esta decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila, a través del fallo del 25 de abril
de 2023, al estimar que al actor no le son aplicables las disposiciones que consagran
la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los
intereses a las mismas, consagrados en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1°
de la Ley 52 de 1975. Además, señaló que las providencias que sustentaron el
recurso de apelación no constituyen precedente judicial para el caso concreto.
3.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la
administración de justicia5, al:
(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a
partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio
de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones
consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe
ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más
tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.
(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-098/2018, SU-332/2019 y
SU-041/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por
el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-
2013-00666-01 (0833-16) y las sentencias proferidas por esta misma corporación en
los procesos: 76001-23-31-000-200900867-01 (4854-2014), 11001-0315-000-2018-
03499-01, 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16), 08001-23-33-000-2014-
00208-01, 08001-23-31-000-2014-00254-01(4960-2017), 08001-23-33-000-2014-
00132-01, 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017), 08001-23-33-000-2015-
00331-01, 19001-23-33-000-2015-00445-02(0483-20), 08001-23-33-000-2014-
01127-01 (1002-2021), 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020), 080001-23-
40-000-2015-90008-01(2387-2020), 080001-23-40-000-2014-90022-01 (5154-
2016), 080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021), 080001-23-33-000-2015-
00075-01 (2660-2020), 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), 080001-23-
40-000-2017-00795-01 (2659-2020), 47-001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-
2021), 47-001-23-33-000-2019-00376-01(4462-2021), 08001-23-33-000-2015-
00509-01(2140-2020) y 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020).
5 También invocó la garantía de la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04638-00
Accionante: José Joaquín Quiroz Forero
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
4.- Finalmente, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado ha sido acogida por los Tribunales y jueces administrativos del
circuito en diversas decisiones 6.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
5.- Mediante auto de 31 de agosto de 2023, se dispuso admitir la acción de tutela,
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada, así como vincular a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag), al departamento del Huila y a la Fiduprevisora S.A.,
en calidad de terceros interesados. También se comunicó la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
6.- Además, se requirió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva para
que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado
número 41001-33-33-005-2022-00198-00/01.
(i) Tribunal Administrativo del Huila7
7.- El magistrado ponente de la sentencia enjuiciada solicitó que, en virtud de lo
previsto en el artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1843 de 2015, se procediera a la
acumulación de las tutelas masivas que reprochan las decisiones adoptadas por ese
Tribunal de confirmar los fallos de primera instancia, mediante los cuales se ha
negado el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación
inoportuna de las cesantías prevista en la Lay 50 de 1990 a favor de los docentes.
Al respecto, sostuvo que la primera acción constitucional que conoció esta
Corporación sobre el referido asunto, fue tramitada con el numero de radicado 1001-
03-15-000-2023-02154-00 y asignada por reparto al consejero Alberto Montaña
Plata, quien resolvió declarar improcedente la solicitud de amparo.
8.- Por otra parte, manifestó que la tutela se torna improcedente por no acreditar el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que: (i) el objeto de la litis recae sobre
un asunto netamente legal y económico, que no impacta la garantía de derechos
fundamentales sino patrimoniales y; (ii) la parte actora pretende utilizar la acción de
tutela como una tercera instancia.
9.- Por último, se remitió a las consideraciones expuestas en la decisión enjuiciada
y, con fundamento en ello, adujo que no incurrió en los yerros que le fueron
endilgados.
(ii) Departamento del Huila8
10.- El ente territorial sostuvo que la demanda de tutela no satisface el presupuesto
de subsidiariedad, comoquiera que el accionante tiene a su alcance el recurso
6 Visibles a folio 103 a 112 y 116 del escrito de tutela.
7 Expediente digital, intervención contenida en 9 folios.
8 Expediente digital, intervención contenida en 9 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04638-00
Accionante: José Joaquín Quiroz Forero
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
extraordinario de revisión para controvertir la decisión objeto de reproche
constitucional.
11.- Sumado a lo anterior, aseveró que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, toda vez que la parte actora pretende reabrir un debate estrictamente
legal y económico, que ya fue objeto de análisis por el juez natural de la causa, sin
que se haya demostrado la afectación de algún derecho fundamental.
12.- Con todo, sostuvo que las decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho cuestionado no comportan una transgresión de los
derechos fundamentales del accionante, sino que, por el contrario, se encuentran
ajustadas a derecho.
(iii) Fiduprevisora S.A.9
13.- La Fiduciaria, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag precisó que las cesantías de los docentes no se administran
en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de caja, según
lo establecido en la Ley 91 de 1989, por lo que los valores que corresponden a las
mismas no se consignan, pues ya están presupuestados y son trasladados al fondo,
desde el primer mes de cada vigencia. Señaló que la imposibilidad física y jurídica
de apertura de cuentas individuales para cada docente afiliado al Fomag, se extiende
a la figura de consignación de cesantías, por lo que, en su lugar, los profesores tienen
la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que la solicitud cumple con los
requisitos legalmente establecidos. Por esa razón, adujo, la sanción moratoria
reclamada por el demandante no resulta procedente.
14.- Por otra parte, indicó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso
que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden
a las mismas en las que se fundan las pretensiones del accionante. Y resaltó que las
accionadas actuaron conforme a la normativa establecida.
15.- En razón a lo anterior, no solo solicitó que se declare improcedente la solicitud
de amparo, sino también su desvinculación, en la medida en que no tiene
legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestiones previas
(i) La solicitud de acumulación de la acción de tutela de la referencia al
proceso 1001-03-15-000-2023-02154-00
16.- El Decreto 1834 de 2015 reglamentó lo relacionado con las reglas de reparto
de las acciones de tutela masivas. Así, en su artículo 2.2.3.1.3.1. dispuso que:
9 Expediente digital, intervención contenida en 9 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04638-00
Accionante: José Joaquín Quiroz Forero
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<< Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos
fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al
despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en
primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.
A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con
posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia (…).>> (se
destaca).
17.- A su turno, el artículo 2.2.3.1.3.3 del mismo Decreto prevé que el juez
constitucional que reciba las mencionadas acciones de tutela podrá acumular los
procesos, hasta antes de proferir sentencia, para decidirlos todos en una misma
providencia; siempre que aquellas busquen obtener la salvaguarda de los mismos
derechos fundamentales, presuntamente amenazados o transgredidos por una única
y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
18.- En ese sentido, se advierte que el Decreto 1834 de 2015 consagra en primer
lugar una regla de reparto y en segundo lugar una regla de acumulación. Según la
primera, al despacho que avoque el conocimiento de la tutela inicial se le deberán
asignar las siguientes. Pero según la segunda regla sólo será posible acumular las
mismas hasta antes de proferir sentencia.
19.- De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que no hay lugar a remitir la
presente acción de tutela al Despacho del Consejero Alberto Montaña Plata, quien
tuvo a su cargo el conocimiento de la demanda de tutela 11001-03-15-000-2023-
02154-00, para que se estudie una posible acumulación, puesto que, revisado el
expediente, se observa que en dicho proceso ya se adoptó una decisión de primera
instancia.
20.- Además, tampoco se advierte que el presente asunto deba ser remitido a ese
despacho para que avoque su conocimiento, puesto que aun cuando en ambas
demandas se buscaba obtener la protección de los mismos derechos fundamentales,
los cuales se estimaron vulnerados por la misma autoridad, esto es, el Tribunal
Administrativo del Huila, lo cierto es que la acción que se le endilgó a dicha autoridad
como transgresora de los derechos invocados no es la misma.
21.- Ciertamente, en la tutela 11001-03-15-000-2023-02154-00, el accionante
cuestionó la decisión adoptada por el aludido Tribunal el 21 de febrero de 2023, al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
número de radicado 41001-33-33-002-2022-00032-01, mientras que en la presente
acción se reprochó el fallo proferido el 25 de abril del año en curso por dicha
autoridad judicial, en el marco del proceso contencioso administrativo tramitado con
número de radicado 41001-33-33-005-2022-00198-01, por lo que es evidente que
las acciones que motivaron las solicitudes de amparo son diferentes y, en esa
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04638-00
Accionante: José Joaquín Quiroz Forero
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
medida, tampoco se puede considerar que el consejero en mención fue la primera
autoridad que conoció de un asunto con similares características.
(ii) La solicitud de desvinculación
22.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la
Fiduprevisora S.A., pues es claro que la entidad, en su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, participa de manera directa o
indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de
los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurre en la
distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito.
En tal sentido, el reproche de la parte accionante se dirige a las actuaciones
adelantadas por aquella.
D. Análisis del caso concreto
23.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Huila el 25 de abril de 2023, al considerar que el caso de la parte
accionante se encontraba regulado por el sistema anualizado de cesantías previsto
en la Ley 91 de 1989, razón por la cual no era posible reconocer a su favor el pago
de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
24.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por el accionante no cumple con el requisito
de relevancia constitucional debido a que:
(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que
regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la
Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.
(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela,
es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
25.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04638-00
Accionante: José Joaquín Quiroz Forero
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.
26.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago
de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que
al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de
1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.
27.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria
al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento
es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser accesorio, el no
reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación al
derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los accionantes se
encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren necesarias para
demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.
28.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por
demás, la parte actora hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago
de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia, más aún si se tiene en
cuenta que actualmente trabaja para el departamento del Huila en calidad de
docente.
29.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente, carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las siguientes decisiones, que la accionante alega como desconocidas,
no fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial accionada en el trámite
del recurso de apelación: sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 de la Corte
Constitucional, y las sentencias proferidas por el Consejo de Estado en los procesos
11001-03-15-000-2018-04617-01, 11001-03-15-000-2018-04679-00, 76001-23-33-
000-2013-00756-01 (2224-2020), 47-001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021),
47-001-23-33-000-2019-00376-01 (4462-2021), 08001-23-33-000-2015-00509-01
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Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(2140-2020) y 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020). En ese sentido,
resulta improcedente que utilice la acción de tutela como una tercera instancia para
presentar argumentos que no formuló oportunamente en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
30.- De igual forma se tiene que las sentencias proferidas por los Tribunales y
Jueces Administrativos del Circuito tampoco fueron puestas en conocimiento de la
autoridad judicial accionada. Además, es importante aclarar que al ser proferidas por
jueces de igual o menor jerarquía no pueden ser asumidas como precedentes
aplicables al caso concreto, ni tampoco son útiles para respaldar los alegatos
propuestos en la demanda.
31.- En segundo lugar, las siguientes providencias no guardan identidad fáctica con
el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no es posible que se
alegue su desconocimiento como precedentes: sentencias SU-332 de 2019 y SU-
041 de 2020 de la Corte Constitucional, y las sentencias proferidas por el Consejo
de Estado en los procesos 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16), 19001-23-
33-0002015-00445-02 (0483-20), 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020) y
080001-23-40-000-2015-90008-01 (2387-2020)10. Además, las sentencias de tutela
con el número 11001-0315-000-2018-03499-01, 11001-03-15-000-2018-04617-01 y
11001-03-15-000-2018-04679-01 tampoco resultan aplicables al caso concreto,
pues solo producen efectos inter partes.
32.- Por último, el alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU-
098 de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y de las otras
sentencias enlistadas por la parte accionante en el escrito de tutela, proferidas por
las dos subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación, a primera vista,
no permite evidenciar la existencia de una afectación desproporcionada del derecho
a la igualdad o a la seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.
33.- Así, el Tribunal accionado, siguiendo las pautas establecidas por la Corte
Constitucional, según las cuales en virtud del principio de autonomía los jueces
pueden apartarse del precedente judicial o constitucional, siempre que cumplan con
los principios de transparencia y de razón suficiente, lo cual exige de ellos una
especial carga argumentativa 11 , no ignoró la solicitud del reconocimiento de los
precedentes que el accionante alegó como desconocidos. Por el contrario, se
pronunció sobre ellos y expuso las razones por las cuales consideraba que no eran
aplicables al caso objeto de estudio.
10 Los fundamentos fácticos relevantes de estos casos, así como los problemas jurídicos resueltos en tales
providencias se exponen en las sentencias proferidas por esta subsección en los procesos 11001-03-15-000-
2023-00518-00 y 11001-03-15-000-2023-00704-00, entre otros.
11 Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al
precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04638-00
Accionante: José Joaquín Quiroz Forero
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
34.- De esta manera, en cumplimiento del principio de transparencia el Tribunal
accionado, entre otras cosas, reconoció la existencia de la Sentencia SU-98 de 2018.
Sin embargo, sostuvo que no resultaba posible reconocer al demandante el derecho
a percibir la sanción moratoria reclamada, atendiendo a los criterios de unificación
adoptados en dicha providencia, en aplicación del principio de favorabilidad, toda vez
que: (i) no se está frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado, por
el contrario, lo que se evidencia es que la Ley 91 de 1989 no contempló la sanción
moratoria por la consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990;
(ii) la aplicación de este último régimen desconocería el principio de inescindibilidad
normativa, teniendo en cuenta que la Ley 81 de 1989 reguló integralmente las
prestaciones sociales de los docentes, incluyendo las cesantías y; (iii) en ese caso
se abordó el estudio de un docente que no fue afiliado al Fomag, lo que implicó que
la Corte tampoco realizara un análisis sobre la naturaleza jurídica del Fomag, que
difiere de la de un fondo privado, por lo que al no guardar identidad fáctica con el
asunto objeto de análisis, no constituye precedente de unificación vinculante.
35.- Asimismo, señaló que la sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de
2020, proferida por el Consejo de Estado, únicamente determinó el momento a partir
del cual se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria
por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50
de 1990, sin que se hubiera hecho referencia a fundamentos fácticos o jurídicos
semejantes al caso sub lite; motivo por el cual tampoco se podía afirmar que se
hubiese desconocido dicho precedente. Igualmente, sostuvo que las demás
providencias que sustentaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
así como el recurso de apelación, tampoco constituyen precedente unificador para
el caso concreto.
36.- A par de lo anterior, también reconoció que, en un reciente pronunciamiento, la
Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación accedió al reconocimiento de
las sanciones objeto de reclamo a favor de un docente oficial, con fundamento en el
criterio de favorabilidad adoptado por el Alto Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de
ello, destacó que la misma Corte, en sentencia SU-098 de 2018, reconoció que no
existe una posición unificada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre
la aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
reclamada. Así, en cumplimiento del principio de razón suficiente, concluyó que no
existe un criterio unificado al interior del Consejo de Estado frente al tema objeto de
estudio, por lo que se apartaría de la tesis adoptada en dicha providencia.
37.- Por ende, ante la indeterminación de dicho precedente, estimó que los
docentes oficiales afiliados al Fomag no tienen derecho al reconocimiento y pago de
las sanciones moratorias consagradas en la Ley 50 de 1990, toda vez que el régimen
docente es especial en lo atinente a las cesantías, autonomía que surge de lo
dispuesto en artículo 3° de la Ley 91 de 1989, así como lo señalado en el Acuerdo
39 de 1998 y, de acuerdo a esa normatividad y las pruebas arrimadas al proceso,
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04638-00
Accionante: José Joaquín Quiroz Forero
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
encontró que las mismas fueron canceladas oportunamente, por lo que el
demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto acusado.
38.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por el
accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por desconocimiento
del precedente no implican la existencia de una restricción desproporcionada del
derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora. Por el contrario, la
Sala encuentra que el presunto desconocimiento del precedente busca reabrir un
debate de naturaleza legal y económica que fue resuelto por los jueces contencioso
administrativos y que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica
y en virtud de su autonomía e independencia.
39.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal12.
40.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional. En consecuencia, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela impetrada por el señor José Joaquín Quiroz
Forero.
41.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
12 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04638-00
Accionante: José Joaquín Quiroz Forero
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
13 VF
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