Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04675-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04675-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04675-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04675-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de septiembre de 2023
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04675-00
.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04675-00
Accionantes: Blanca Cecilia Quintero Ordóñez.
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima.
Temas: Acción de tutela. Debido proceso y acceso a la administración de
justicia. Tutela contra providencia judicial que revocó sentencia y
negó pretensiones de sustitución pensional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
ANTECEDENTES
La señora Blanca Cecilia Quintero Ordóñez, en nombre propio, instauró acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, con ocasión a la providencia de 29 de junio de 2023, emitida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 73001-33-
33-752-2015-00097-00 [01].
HECHOS
Narra la actora que en el año 2000 contrajo nupcias por el rito católico con el señor
Hernando Galindo con quien mantuvo convivencia hasta la fecha de su fallecimiento
y procrearon a la menor Edna Lizeth Galindo Quintero.
Sostiene que el señor Hernando Galindo sirvió al Ejército Nacional, hasta que se
hizo acreedor de su asignación de retiro, de la cual vivían él, la accionante y su hija;
además que con dichos dineros habían adquirido una camioneta en la que su
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04675-00
.
esposo hacía acarreos por diferentes municipios.
La actora inició el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
73001-33-33-752-2015-00097-00 en contra de la Resolución 10374 del 17 de
diciembre de 2014, emitida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por medio
de la cual se negó a la señora Quintero Ordóñez, la pensión de sobrevivientes del
señor Hernando Galindo. La primera instancia fue conocida por el Juzgado Once
Administrativo de Ibagué y la segunda por el Tribunal Administrativo del Tolima.
Dicho Tribunal mediante providencia del 29 de junio de 2023, revocó la sentencia
de primer grado del 30 de junio de 2021, en la que se habían concedido las
pretensiones de la ahora actora y en su lugar las negó.
Aduce la accionante que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, comoquiera que, a
pesar de los múltiples testimonios presentados al plenario, tendientes a demostrar
su convivencia con el señor Hernando Galindo, la autoridad judicial accionada no
les dio el valor probatorio adecuado, pues concluyó que no hubo convivencia y que,
además, existían otros hijos. Sobre este último punto, dice la actora que no es más
que una desavenencia del matrimonio y de infidelidad del fallecido, pero que en
nada afecta la convivencia que tuvieron.
Además sostuvo que la accionada desconoció el precedente, por cuanto no aplicó
lo establecido en la sentencia SU-024 de 2018.
PRETENSIONES
La accionante solicita que se protejan sus derechos fundamentales, ordenando al
Tribunal Administrativo del Tolima que profiera una nueva decisión ajustada a
derecho y que se despachen favorablemente sus pretensiones de sustitución
pensional del señor Hernando Galindo.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela de la referencia fue repartida al despacho del consejero ponente
el 29 de agosto de 2023 y el mismo día fue admitida mediante proveído que ordenó
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04675-00
.
notificar, como accionado, al Tribunal Administrativo del Tolima y, como tercero
interesado, a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL. A todos ellos se
les corrió traslado para que, si a bien lo tenían, ejercieran su derecho de defensa.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Tolima, fue enterado del presente trámite de tutela
mediante notificación número 90495 del 30 de agosto del 2023, con el fin de que
ejerciera su derecho de defensa, si a bien lo tenía; sin embargo, no rindió informe
alguno.
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, vinculada en calidad de
tercera interesada, por intermedio de apoderada judicial, rindió informe en el que
solicita la desvinculación del presente trámite de tutela, sosteniendo que no está
legitimada en la causa por pasiva.
En cuanto a la presente acción, aduce que debe negarse, pues dentro del proceso
ordinario ya existe cosa juzgada; además que no se configura el defecto fáctico
alegado, pues las pruebas fueron valoradas en su integridad y tampoco se
desconoció el precedente, como lo pretende alegar la actora, por cuanto el Tribunal
accionado aplicó el adecuado para los hechos y pretensiones que en su momento
fueron objeto de debate y ya se resolvieron.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde resolver si con la providencia del 29 de junio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima se vulneran los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
actora. Para ello, se referirá a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y resolverá el caso concreto.
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04675-00
.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional,
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial,
tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos
que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus
derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea
utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término
razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración
alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de
que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que
sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la
violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la
irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la
protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la
decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita
susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores
de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal
circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de
que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la
protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están
sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna
definitivas las providencias excluidas de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04675-00
.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
El Caso Concreto
En primer lugar, la Sala encuentra cumplidos los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales, puesto que
1) el asunto es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que la
discusión planteada por el accionante se centra en establecer si con la decisión
judicial controvertida se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,
buena fe, igualdad y acceso a la administración de justicia; 2) la acción se presentó
dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de aquella; 3) el actor no cuenta
con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto; 4) La solicitante
identificó claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
transgredidos y 5) no se trata de una acción de tutela contra una sentencia de la
misma naturaleza.
A pesar de que la actora refiere la configuración de un defecto fáctico, esta Sala no
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04675-00
.
observa que lo acredite; sin embargo, ahondando en las garantías propias del juez
constitucional, se examinó el expediente del proceso ordinario y no se logra inferir
que la autoridad judicial accionada hubiere omitido el decreto de una prueba
necesaria en el proceso, así como tampoco una valoración caprichosa o arbitraria
del acervo probatorio existente.
Para adoptar la decisión en segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima
realizó el análisis probatorio así:
De cara al sub-lite, advierte la Sala con relación a la señora BLANCA CECILIA
QUINTERO ORDÓÑEZ, que aquella contrajo matrimonio con el señor HERNANDO
GALINDO (q.e.p.d.) el 24 de diciembre de 2000 (fls. 8, 163 y 243 del C. Ppal. exp.
Juz.); y se observa que el extremo actor esgrime en el relato fáctico de la demanda
que desde esa fecha y hasta el día 26 de agosto de 2014 día del fallecimiento del
señor GALINDO continuaron conviviendo.
En efecto, dentro del plenario aparece acreditado que el causante y la señora
BLANCA CECILIA QUINTERO ORDÓÑEZ contrajeron nupcias y de tal unión
procrearon a una hija llamada EDNA LISETH GALINDO QUINTERO (fl. 167 del C.
Ppal. exp. Juz.), de igual forma se probó que la señora QUINTERO ORDÓÑEZ
interpuso demanda por alimentos contra el señor HERNANDO GALINDO (q.e.p.d.)
ante el Juzgado Sexto de Familia de Ibagué, tal cual se vislumbra en providencia
calendada el 14 de marzo de 2012 (fl. 187 del C. Ppal. exp. Juz.).
En este sentido es importante indicar que al plenario se allegaron los testimonios de
los señores JAVIER AGUDELO PEÑA y ABSALÓN GAVIRIA RINCÓN, quienes
comparecieron a petición del extremo demandante, y atestiguaron que desde el año
2000 (día en que contrajeron matrimonio el señor HERNANDO GALINDO y la
demandante), y hasta el 26 de agosto 2014 (día que falleció el señor HERNANDO
GALINDO (q.e.p.d.) nunca se separaron.
Contrario a lo expuesto por los anteriores testimonios, se observa valoración socio
familiar, realizada el 17 de abril de 2018 por parte del ICBF a la menor EDNA LIZETH
GALINDO QUINTERO junto con su progenitora BLANCA CECILIA QUINTERO,
específicamente se efectuó entrevista a la demandante por parte de la psicóloga
jurídica, trabajadora social del ICBF, DEISY PAOLA CARRANZA LOPEZ
Conviene anotar en este punto que, dentro del proceso ordinario, la accionante
pretendió demostrar con los testimonios de los señores Absalón Gaviria Rincón y
Javier Agudelo Peña, su convivencia con el señor Hernando Galindo y la
procreación de la menor Edna Lizeth Galindo Quintero.
Ahora bien, dentro del escrito de tutela, la accionante manifiesta su inconformidad
con una prueba que el Ad quem consideró para fundar su decisión, pues según sus
voces, era un documento expedido cuatro años después del fallecimiento del señor
Hernando Galindo. Se trata de un informe de valoración sociofamiliar de la menor
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04675-00
.
Edna Lizeth Galindo Quintero, practicado por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar durante los días 16 y 17 de abril de 2018, en el que entrevistaron a la señora
Quintero Ordóñez, quien sostuvo que en el año 2020 había contraído nupcias con
el señor Galindo (q.e.p.d.) y que su unión había culminado cuando él decidió
conformar un nuevo hogar1.
La situación anterior le permitió fincar la tesis a la autoridad judicial accionada para
revocar la sentencia de primer grado del 30 de junio de 2021, proferida por el
Juzgado Once Administrativo de Ibagué, y en su lugar, negar las pretensiones de la
ahora accionante; pues consideró que la señora Quintero Ordóñez no cumplía con
los requisitos para acceder a la sustitución pensional, específicamente en cuanto
trata a la convivencia durante los cinco años anteriores al fallecimiento del señor
Hernando Galindo.
A pesar de tratarse de un informe con fecha posterior al fallecimiento del señor
Hernando Galindo, el fallador de segunda instancia lo consideró como una prueba
que se refiere a la convivencia entre el señor Galindo y la ahora accionante. De ella
concluyó que dicha convivencia se desvirtuaba y por ello decidió negar la solicitud
de sustitución pensional.
Lo anterior resulta ser, para esta Sala de Subsección, una valoración probatoria
válida del juez natural de la causa, apoyada en la independencia y autonomía
judicial, de la que no se advierte un examen caprichoso, infundado o por fuera las
reglas de la sana crítica.
Por otro lado, la actora sostiene que el Tribunal accionado incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente y cita la sentencia SU 024 de 2018. Además, se
refiere a decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de esta Corporación, sin
relacionar las providencias que, a su juicio, configuran precedente obligatorio.
Dicho esto, se observa que la actora no acredita la violación de algún precedente
obligatorio y sólo refiere la sentencia SU 024 de 2018, la cual no guarda relación
con los hechos y derechos debatidos en el proceso nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 73001-33-33-752-2015-00097-00 [01], pues dicha
1 Índice 0009 SAMAI. (F329 a 336 Proc.Ord.)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04675-00
.
providencia trata, entre otros, lo relativo a la pensión de invalidez y el requisito de
fidelidad al sistema, que en su momento era exigido para el reconocimiento de esta
prestación, temática totalmente ajena al caso en estudio, se insiste.
En resumen, no logró la accionante acreditar la violación de algún precedente
obligatorio; por lo que se estima oportuno aclarar que el hecho de su desacuerdo
con las conclusiones adoptadas por el juez natural, no es una razón que habilite a
este juez constitucional a invalidar la decisión que en derecho se adoptó y tampoco
la valoración dada a los elementos de prueba aportados, pues, como se dijo en
líneas precedentes, ello iría en contravía de la autonomía e independencia judicial.
En conclusión, al no haberse acreditado la configuración de los defectos endilgados,
así como tampoco advertirse la existencia de una irregularidad que desconozca
abiertamente los mandatos constitucionales y que, por ende, requiera la imperiosa
intervención del juez de tutela en pro de la salvaguarda de los derechos
fundamentales, se negarán la tutela solicitada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: NEGAR el amparo solicitado por la señora Blanca Cecilia Quintero
Ordóñez, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04675-00
.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
EPM.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.