Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06436-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06436-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06436-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06436-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Declara
improcedencia por configurarse la cosa juzgada constitucional y temeridad por
ejercicio abusivo de la acción de tutela.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. La señora Blanca Cecilia Quintero, a través de apoderado judicial, instauró
demanda de tutela, en busca de que se dejara sin efectos la sentencia del 29 de
junio de 2023, proferida por el Tribunal accionado en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho2, que promovió en contra de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares -Cremil-, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto
administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional.
2. En la referida providencia, el Tribunal Administrativo del Tolima revocó la decisión
de primera instancia3 que concedió las pretensiones de la demanda. Señaló que, de
acuerdo al marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto, para acceder a la
sustitución pensional reclamada, la cónyuge o la compañera permanente debe
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante y que convivió con él no
menos de cinco años continuos inmediatamente anteriores a su fallecimiento. Sin
embargo, la actora no logró acreditar dicha convivencia.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 73001-33-33-752-2015-00097-01.
3 El fallo del 30 de junio de 2021 proferido por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06436-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que la autoridad
accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia “por flagrante error judicial al valorar el acervo probatorio y
desconocer antecedentes jurisprudenciales”.
4. Esgrimió que el Tribunal desconoció las sentencias T-856 de 2014, T-504 de 2015,
y T-221 de 2018, proferidas por la Corte Constitucional, las cuales fueron citadas por
el A quo para acoger las pretensiones de la demanda.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5. Inicialmente el conocimiento del asunto le correspondió a la Corte Suprema de
Justicia, la cual, por auto del 20 de noviembre de 2024, ordenó su remisión al
Consejo de Estado, en atención a lo previsto en el Decreto 333 de 2021.
6. Una vez ingresó a esta Corporación, mediante auto del 28 de noviembre de 2024,
se dispuso: (i) admitir la acción de tutela (ii) notificar de su presentación al Tribunal
Administrativo del Tolima; (iii) vincular a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -
Cremil-, así como a Liz Dubeyi Serna Molina, Edna Lizeth Galindo Quintero, Cristian
Alejandro Galindo Serna y Liliana Katherine Galindo Montañez, en calidad de
terceros con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y; (v) requerir al Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Ibagué para que remitiera copia digital del expediente con radicado número 08001-
33-33- 013-2023-00093-00/01.
7. Previo a proferir sentencia de primera instancia, a través de auto del 16 de enero
de 2025, se ordenó a la Secretaría General de la Corporación notificar el auto
admisorio de la demanda a todos los sujetos vinculados al proceso, tras advertir que
a los señores Liz Dubeyi Serna Molina, Edna Lizeth Galindo Quintero, Cristian
Alejandro Galindo Serna y Liliana Katherine Galindo Montañez no se les había
notificado esa decisión, a pesar de haberse dispuesto. A su vez, se requirió a la Corte
Suprema de Justicia para que remitiera el soporte documental que permitiera
acreditar la fecha exacta de radicación de la acción de tutela de la referencia.
(i) Tribunal Administrativo del Tolima4
8. Sostuvo que la decisión acusada se ajustó a lo probado en el proceso y al marco
normativo y jurisprudencial que resultaba aplicable al asunto, por lo que no vulneró
en forma alguna los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Indicó
que la solicitud de amparo se torna improcedente, toda vez que la accionante
pretende utilizar el mecanismo constitucional como una instancia adicional al
4 Intervención digital contenida en 3 folios
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06436-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
proceso ordinario, en busca de revivir términos, interpretaciones o valoraciones
propias del juez natural.
(ii) Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil-5
9. Solicitódeclarar la improcedencia de la acción constitucional, por cuanto el
propósito de la actora es debatir un asunto que ya fue resuelto por el juez de la causa
conforme a derecho.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Temeridad y cosa juzgada constitucional en la acción de tutela
10.Según la jurisprudencia constitucional, en materia de tutela el fenómeno de la
cosa juzgada se presenta cuando concurren los siguientes elementos: (i) la triple
identidad, es decir, que la misma accionante acuda nuevamente al juez
constitucional alegando una vulneración de derechos fundamentales por parte de
una misma autoridad con fundamento en los mismos hechos y persiguiendo un
objeto idéntico; (ii) que la nueva tutela se haya instaurado con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia que resolvió el fondo del asunto; y (iii) que en el proceso
de tutela anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte
Constitucional6.
11. El Alto Tribunal ha admitido de forma excepcional que la cosa juzgada
constitucional pueda ser desvirtuada, aunque se compruebe la triple identidad,
cuando se presentan hechos nuevos que justifiquen la procedencia de la nueva
acción. En todo caso, ha sido enfática en precisar que “(…) no es cualquier
acontecimiento futuro el que permite estudiar de fondo el problema planteado, pues
tal raciocinio conllevaría a que con el solo transcurso del tiempo se habilite a acudir
indefinidamente a la tutela y atentaría contra los principios de la cosa juzgada y la
seguridad jurídica. Así pues, los hechos nuevos deben tener incidencia en la razón
de la decisión adoptada anteriormente”7.
12. Por su parte, la actuación temeraria se configura cuando una misma persona o su
representante interpone la misma demanda de tutela ante varias autoridades
judiciales, sin que exista un motivo expresamente justificado, caso en el cual el juez
constitucional deberá rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
13. A efectos de evaluar el ejercicio temerario en la acción de tutela, la jurisprudencia
5 Intervención visible a índice 10 del expediente digital.
6 Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7 Sentencia T-427 de 2017, reiterada en la sentencia T-337 de 2020.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06436-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
constitucional8 ha señalado que se debe analizar la concurrencia de los siguientes
elementos: (i) la existencia de la triple identidad antes descrita y; (ii) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso
y de mala fe por parte del demandante.
14. En esa línea, la Corte Constitucional ha precisado que pueden existir eventos en
los que aun cuando se presenta la triple identidad no se configura un actuar temerario
por parte del demandante, debido a que la acción de tutela interpuesta por segunda
vez se presenta de buena fe9.
15. En suma, la cosa juzgada constitucional y la temeridad constituyen dos fenómenos
jurídicos distintos que se configuran a partir de la presentación injustificada de varias
acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los mismos hechos y
las mismas pretensiones. Sin embargo, para que se acredite un ejercicio temerario
se requiere la constatación del ejercicio abusivo del amparo constitucional, es decir,
de la mala fe del actor en la búsqueda de una decisión favorable a sus intereses a
toda costa.
D. Caso concreto
16. EstaSubsección declarará la improcedencia de la solicitud de amparo tras
evidenciar que ha operado la cosa juzgada constitucional y que la parte accionante
ha actuado deliberadamente con temeridad.
17. Verificada la página de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama
Judicial, se constató que, previo a la interposición de la presente acción
constitucional, la actora ya había impetrado una demanda de tutela en contra del
Tribunal Administrativo del Tolima10, con fundamento en los mismos supuestos
fácticos y persiguiendo el mismo objeto.
18. Al igual que en el caso objeto de estudio, en esa demanda se alegó la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la sentencia del 29 de junio de 2023 dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 73001-33-33-752-2015-00097-01.
8 Ver Sentencia SU-027 de 2021.
9 Estas son las hipótesis en que la Corte ha considerado que puede configurarse la cosa juzgada pero no la
temeridad: (i) la condición de ignorancia o indefensión del accionante, porque aquel actúa por miedo insuperable
o por la necesidad extrema de defender un derecho; (ii) el asesoramiento erróneo de un profesional del derecho;
(iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción de
tutela o que se omitieron el trámite de la misma; (iv) cuando la Corte Constitucional emita una decisión de
unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de sujetos que se consideran en igualdad de condiciones
y; (v) la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada
de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo.
10 La acción de tutela que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad, se interpuso en noviembre de 2024,
mientras que la otra demanda previa fue impetrada el 28 de agosto de 2023. Aunque no fue posible establecer
la fecha exacta de radicación de la presente demanda, se observa que el poder conferido por la actora para tales
efectos fue otorgado el 12 de noviembre de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06436-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
19. En esa oportunidad, la demandante sustentó la vulneración alegada en la
ocurrencia de un defecto fáctico por una indebida valoración probatoria y un
desconocimiento del precedente, particularmente, de la sentencia SU-024 de 2018
proferida por la Corte Constitucional y “Sentencia de la Corte Suprema de Justicia
Sala Laboral y Sentencia del Honorable Consejo de Estado”. Con fundamento en
ello, pidió que se dejara sin efectos la decisión cuestionada y, en su lugar, se
ordenara proferir una de reemplazo.
20. Ese asunto fue tramitado bajo el número de radicado 11001-03-15-000-2023-
04675-00 y asignado por reparto a la Sección Segunda, Subsección A de esta
Corporación.
21. Dicha autoridad judicial, mediante sentencia del 14 de septiembre de 2023, negó
la solicitud de amparo al no encontrar acreditada la configuración de los yerros
endilgados. Por un lado, consideró que el Tribunal no omitió el decreto de alguna
prueba necesaria, ni efectuó una valoración caprichosa o irracional del material
probatorio obrante en el expediente ordinario. Por otro lado, estimó que no se
demostró el desconocimiento de algún precedente obligatorio.
22. Aunque se presenten diferencias sutiles en la sustentación del defecto fáctico y el
desconocimiento del precedente que fueron endilgados a la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima el 29 de junio de 2023, lo cierto es que en ambos
asuntos se cuestionó la misma decisión y se le atribuyeron iguales defectos. Frente
a ello, el juez constitucional, al abordar el estudio de la primera demanda, descartó
la configuración de algún vicio de ese tipo y cualquier vulneración de derechos
fundamentales derivada de esa providencia, tal como se evidencia a continuación:
“En conclusión, al no haberse acreditado la configuración de los defectos endilgados
así como tampoco advertirse la existencia de una irregularidad que desconozca
abiertamente los mandatos constitucionales y que, por ende, requiera la imperiosa
intervención del juez de tutela en pro de la salvaguarda de los derechos
fundamentales, se negarán (sic) la tutela solicitada.”
23. Adicionalmente, de la consulta en el aplicativo web Samai, se encontró que la
decisión en cita no fue objeto de impugnación y que el expediente de tutela fue
excluido de revisión por la Corte Constitucional11 a través de auto del 18 de diciembre
de 202312, y respecto al mismo no se presentó insistencia.
24. En las condiciones anotadas, resulta claro que la jurisdicción constitucional ya
emitió un pronunciamiento de fondo sobre el asunto que la actora pretende discutir
nuevamente a través de la presente demanda de tutela. Decisión que, además, ya
se encuentra debidamente ejecutoriada e hizo tránsito a cosa juzgada.
11 En esa corporación se asignó el radicado T9780292.
12 Notificado el 23 de enero de 2024.
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Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
25. Debe precisarse que aun cuando en la demanda que ocupa la atención de esta
Sala se presentó una situación procesal adicional, esto es, que el 20 de octubre de
2024 el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué profirió auto de
obedézcase y cúmplase dentro del referido proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, dicha decisión no implicó una modificación a lo decidido por el juez de
segunda instancia en la sentencia que se acusa, en tanto se limitó a obedecer lo
resuelto por el superior. Esto impide que pueda ser considerada como un hecho
nuevo que habilite al juez de tutela emitir un nuevo pronunciamiento sobre ese
asunto.
26. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha puntualizado que “una variación de
los hechos o un nuevo elemento que no tiene incidencia en las pretensiones ni en la
decisión, tampoco puede ser razón per se para afirmar que no hay identidad de
pretensiones, pues, agregar un hecho nuevo que no tenga incidencia en la decisión
no puede justificar reabrir una controversia que ha cumplido el correspondiente
trámite”13.
27. Una vez constatada la configuración de la cosa juzgada constitucional, la Sala
pasará a examinar el actuar de la parte accionante a efectos de establecer una
posible conducta temeraria.
28. Si bien en la primera demanda la actora obró en nombre propio, mientras que en
la segunda lo hizo a través de apoderado judicial, lo cierto es que aquella confirió
mandato al profesional del derecho para que promoviera esta última, a pesar de que
tenía pleno conocimiento de que ya había incoado otra acción de tutela por los
mismos hechos y las mismas pretensiones que, vale destacar, fue suscrita con nota
de presentación personal ante notaría.
29. Aun así, en el escrito de tutela no se esgrimió razón alguna para justificar la
interposición de una segunda acción constitucional. Muy por el contrario, guardó
silencio frente a la tutela previa y, además, se omitió el deber de manifestar, bajo la
gravedad de juramento, que no se había presentado otra demanda por los mismos
hechos y pretensiones, lo que pone en entredicho la verdadera intención con la
presentación de una nueva tutela y lleva a la Sala a considerar que la actora actuó
de mala fe con el único propósito de obtener un segundo pronunciamiento que
acogiera sus pretensiones.
30. Enconsecuencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por
temeridad.
31.Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
13 Sentencia T-407 de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06436-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
14 VF
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