Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04676-01
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04676-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04676-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
1 de febrero de 2024
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Radicado: 11001031500020230467601
Demandante: Wilfor Gutiérrez Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, primero (1) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2023 04676 01
Accionante: Wilfor Gutiérrez Ramírez
Accionados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Tesis: El término de presentación oportuna de la demanda de tutela en contra de
providencias judiciales debe contabilizarse a partir de que las providencias respecto
de las cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales quedan
ejecutoriadas.
Vulneran el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y por ende
incurren en los defectos procedimental y material, las providencias judiciales que
inadmitieron y rechazaron el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho notificadas por estado que no fueron enviadas al correo electrónico del
apoderado de la parte actora, si aquellas fueron proferidas el 29 de octubre y el 27
de noviembre de 2020.
No vulneran el derecho fundamental a la igualdad por desconocimiento del
precedente judicial, las providencias que inadmitieron y rechazaron el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho notificadas por estado que no
fueron enviadas al correo electrónico del apoderado de la parte actora, si aquellas
fueron proferidas el 29 de octubre y el 27 de noviembre de 2020, si la providencia
que fue invocada como desconocida por la autoridad judicial demandada tiene
hechos y fundamentos de derechos diferentes a los que son ventilados en esta
sede.
ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia de 2 de octubre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo
solicitado.
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Demandante: Wilfor Gutiérrez Ramírez
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Wilfor Gutiérrez Martínez, en nombre propio, instauró acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, la dignidad, el
debido proceso, el acceso a la administración de justicia, el derecho a defensa y
contradicción, así como el juez natural.
Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
“VI. PETICIÓN
De manera respetuosa solicito Honorables Magistrados:
1. Solicito al Honorable Juez Constitucional se ordene se me restablezcan mis
derechos fundamentales por las aquí accionadas en especial al JUZGADO
SEGUNDO (2) ADMINISTRATIVO DE PASTO (NARIÑO), y se declare la nulidad
por omisión a la notificación tanto del auto inadmisorio como el auto que rechazo
el medio de Control de Nulidad y restablecimiento de derecho.
2. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
dignidad humana, acceso a la administración de justicia, derecho de defensa y
contradicción entre otros suscritos aquí y/o cualquier otro que resultare
demostrado.
3. ORDENAR a las accionadas en tutela a que dentro de las 48 horas siguientes
a la notificación de la decisión que ponga fin a la instancia, procedan a dar
resolución de fondo, concreta, precisa y de manera congruente.
4. Remitir la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión en caso
de no ser impugnada su decisión.”1.
1.2. Como fundamento de las anteriores solicitudes, expuso los argumentos que
pasan a sintetizarse:
El 3 de julio de 2020, presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. Este
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, entidad que mediante
proveído del 29 de octubre de 2020 inadmitió la demanda y, a través de auto del 27
de noviembre del mismo año, la rechazó.
1 Folio 22 del escrito de la demanda, visible en el índice 2 de SAMAI del proceso de primera instancia.
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En atención a que ni el auto inadmisorio, ni aquél que rechazó la demanda le fueron
notificados a él o a su apoderado judicial al correo electrónico
jamq1235@hotmail.com, así como a que en el sistema de la Rama Judicial no
aparecía información sobre el proceso, el 2 de marzo de 2021, elevó petición ante el
Juzgado con el propósito de obtener información.
Posteriormente, el 12 de mayo de 2021, solicitó la nulidad de todo lo actuado en el
proceso de radicación número 52001 33 33 002 2020 00064 00 alegando violación a
sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de
justicia por la falta de notificación de los autos inadmisorio y de rechazo de la demanda.
Tal solicitud fue resuelta mediante auto del 12 de octubre de 2021, providencia judicial
en la que se rechazó de plano la solicitud impetrada en consideración a que no se
enmarcaba en ninguna de las causales taxativas así establecidas en el Código
General del Proceso y que fue objeto de apelación que, a su vez, fue rechazado en
proveído del 4 de noviembre de 2021 con fundamento en que en contra de ese auto
no procedía dicho recurso.
En contra de este última, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, queja. Aquél
fue resuelto por el Tribunal en providencia del 21 de marzo de 2023, en el sentido de
confirmar la decisión del a quo.
Lo expuesto hasta este punto, generó la vulneración de sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justica.
Con respecto al primero transcribió el artículo 13 Superior y citó, sin identificarla, una
sentencia de la Corte Constitucional en la que se explica que con el fin de verificar la
vulneración a este derecho ha implementado el uso de un modelo que integra el juicio
de proporcionalidad con el test de igualdad.
En lo que se refiere al derecho fundamental al debido proceso, transcribió el inciso
primero del artículo 29 de la Constitución y luego citó una providencia proferida por
esta Sección el 20 de febrero de 2019 en el trámite de una Pérdida de Investidura
adelantada bajo el número de radicación 85001 23 33 000 2017 00223 01. Ello con el
propósito de indicar que la causal de nulidad por indebida notificación del auto
admisorio de la demanda encuentra su fundamento en la garantía de los principios del
debido proceso, publicidad y contradicción. Igualmente, citó apartes de la Sentencia
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C-892 de 1999 y de una sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado proferida el 6 de marzo de 2014 en el radicado número 73001 23
33 000 2013 00296 01, ambas sobre la importancia de las notificaciones en los
procesos judiciales.
Posteriormente se refirió a los requisitos generales de procedibilidad indicando que
todos se cumplen: (i) la cuestión que se discute es de evidente relevancia
constitucional debido a que lo pretendido consiste en la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y de
igualdad. (ii) Se agotaron la totalidad de los medios de defensa judicial existentes pues
en contra de las providencias atacadas ya no existe recurso procedente. (iii) La acción
de tutela se interpuso en un término razonable debido a que el auto atacado se profirió
el 22 de marzo de 2023, mientras que la solicitud de amparo se impetró cinco (5)
meses y cinco (5) días después. En lo que hace a la (iv) en las providencias objeto de
reproche se cometió la irregularidad procesal de no notificárseles según lo previsto en
el inciso 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). Situación que se alegó en el trámite
del proceso ordinario. Finalmente, (v) las providencias atacadas no se profirieron en
el trámite de una acción de tutela.
En cuanto a los requisitos específicos, atribuyó a las providencias atacadas los
defectos sustantivo o material, procedimental absoluto y desconocimiento del
precedente judicial. Al sustentar el primero, señaló que las autoridades accionadas
cometieron un grave error en la interpretación de la norma respecto de la parte final
del inciso segundo del artículo 201 del CPACA. Ello debido a que pese a que el
Juzgado manifestó que su actuación se rigió por el Decreto 806 de 2020, “como es
bien sabido el Decreto 806 de 2020 se originó para la utilización de las tecnologías,
este nunca derogó la Ley 1437 de 2011, ni mucho menos el artículo 201 del CPACA,
además por principio de favorabilidad de la Norma, se debe dar aplicación a aquella
más favorable y garantista al asociado y no se debe dar aplicabilidad a aquella que
vulnere derechos fundamentales, puesto que se estaría en una inseguridad jurídica,
haciendo que el derecho involucione”2.
2 Folio 15 del escrito de la demanda, ibidem.
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Sobre el defecto procedimental absoluto, citó una sentencia de la Corte Constitucional
que no identificó para hacer referencia a su definición, luego indicó que su pretensión
de nulidad se encuentra en un “rango más alto frente a las nulidades taxativas”3 pues
encuentra fundamento en los artículos 2, 4, 6, 29, 228, 229 y 230 de la Constitución.
Al llegar al desconocimiento del precedente, mencionó que de acuerdo a lo señalado
en la sentencia C-836 de 2001, para la garantía del derecho a la igualdad, las
autoridades deben dar la misma protección y trato a quienes se encuentren en una
idéntica situación fáctica. Así, expresó que con la emisión de las providencias
enjuiciadas se desconoció el precedente señalado por la Corte Constitucional en
sentencia T-459 de 2017 y por las Secciones Segunda y Cuarta del Consejo de Estado
en providencias cuyos radicado no identificó, pero en las que aseguró que se había
dicho que era un deber del secretario, enviar un mensaje de datos el mismo día de la
publicación de los estados, a quien haya suministrado su dirección de correo
electrónico.
Posteriormente trajo un artículo de la publicación denominada “gabinete jurídico y
nuevas tecnologías” en la que, según él, se dio a conocer un criterio técnico jurídico
aplicable al caso.
Por último, manifestó que con las providencias atacadas se le causó un perjuicio
irremediable.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la
tutela a través de auto del 30 de agosto de 2023, en el que ordenó notificar a las
autoridades judiciales accionadas y comunicó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
2.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto se opuso a las pretensiones
de la demanda señalando que las actuaciones procesales adelantadas en el
proceso de radicación 52001 33 33 002 2020 00064 00 revisten total legalidad y
fueron adoptadas bajo los principios del debido proceso, celeridad, eficacia y acceso
3 Ibidem.
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a la administración de justicia sin que en ningún momento se hubiera incurrido en
vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
2.3. El Tribunal Administrativo de Nariño y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia
del 2 de octubre de 2023, declaró improcedente el amparo solicitado. Lo anterior al
encontrar que no se cumplía con el requisito general de procedibilidad de la
inmediatez. Lo anterior debido a que, de conformidad con las pretensiones del
accionante, el plazo de seis (6) meses que se considera como razonable para
impetrar la acción de tutela comenzó a correr desde que se notificó la providencia
del 12 de octubre de 2021, mediante la cual el a quo rechazó de plano la solicitud
de nulidad presentada por el accionante.
A tal conclusión arribó al identificar que esa decisión constituyó el último
pronunciamiento relacionado con la falencia que se le atribuye en sede de tutela a
la notificación tanto del auto admisorio como de aquel que rechazó la demanda.
Posteriormente, transcribió apartes del referido proveído del 12 de octubre de 2021,
que rechazó de plano la solicitud de nulidad con fundamento en que los hechos en
que se sustentó la solicitud de nulidad no se adecuaron a ninguna de las causales
de nulidad consagradas en el artículo 133 del Código General del Proceso y la
notificación de las providencias atacadas se realizó de manera correcta. Esa
providencia fue notificada por estado el 13 de octubre de 2021, fecha a partir de la
cual se debe contabilizar el lapso de presentación oportuna de seis (6) meses, por
fuera del cual se impetró la acción de la referencia que se radicó el 28 de agosto de
2023.
Lo anterior, a pesar de que en contra de ese auto se haya presentado recurso de
apelación que fue rechazado por improcedente mediante auto del 4 de noviembre
de 2021, pues de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, la
interposición de recursos abiertamente improcedentes no puede prolongar el
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término razonable para reclamar la protección de derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por decisiones de la administración de justicia4.
En cuanto a los proveídos del 7 de febrero y el 21 de marzo de 2023, emitidos como
consecuencia de los recursos de reposición y en subsidio queja presentados en
contra del auto del 4 de noviembre de 2021, consideró innecesario emitir
pronunciamiento alguno en razón a que no se les atribuye la configuración de
ninguno de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia
judicial. La razón con la que sustentó dicha argumentación consistió en señalar que
esas providencias judiciales se limitaron a confirmar que el recurso de apelación
presentado en contra del auto que resolvió la nulidad estuvo bien rechazado,
mientras que la inconformidad del accionante se relaciona con los autos inadmisorio
y de rechazo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
presentó en contra de La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
IV. LA IMPUGNACIÓN
La parte actora solicitó que se revocara la sentencia de tutela de primera instancia
señalando que (i) en caso de no haber impetrado los recursos en contra del auto
del 4 de noviembre de 2021, la tutela se habría declarado improcedente por no
haber agotado los recursos ordinarios; (ii) que el a quo desconoció el precedente
jurisprudencial de las Altas Cortes, según el cual el lapso razonable para impetrar
la acción de tutela contra providencias judiciales es de seis (6) meses. Término en
el cual se presentó esta solicitud de amparo pues entre la “decisión que se pretende
atacar es del día 21 de marzo de 2023”5, notificada por estado electrónico del 22 de
marzo de 2023 y la fecha de radicación de la tutela el 28 de agosto de 2023,
transcurrieron cinco (5) meses y (10) diez días.
Adicionalmente, señaló que (iii) la demora entre la notificación del auto y la
presentación de la acción de tutela, se debió a la investigación que debió efectuar
para presentar esta última, en la cual evidenció que la jurisprudencia del Consejo
de Estado se ha pronunciado positivamente en casos relacionados con la debida
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 20 de
septiembre de 2018, radicación número 11001-03-15-000-2018-02703-00(AC), M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez. Esta decisión fue confirmada por la Sección Quinta de la Corporación, mediante
sentencia de 31 de octubre de 2018.
5 Folio 4 del escrito de impugnación que obra en el índice 15 del proceso de primera instancia en
SAMAI.
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notificación del auto que rechaza la demanda, por lo que (iv) “la razón que llevó a la
juez de primer grado, para declarar improcedente la acción de tutela, lo fue por la
falta de habilidad jurídica para resolver las pretensiones incoadas en el amparo
solicitado”6.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el numeral tercero del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20217, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de
2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
5.2. Hechos relevantes
5.2.1. La parte actora interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el 3 de julio
de 2020, proceso que correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto.
5.2.2. Esa autoridad judicial, a través de proveídos del 29 de octubre de 2020 y del
27 de noviembre del mismo año, inadmitió y, posteriormente, rechazó la demanda.
5.2.3. El accionante solicitó la nulidad de todo lo actuado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho el 12 de mayo de 2021. Aquella fue resuelta mediante
auto del 12 de octubre de 2021, en el sentido de rechazarla de plano.
6 Folio 6 escrito de impugnación que obra en el índice 15 del proceso de primera instancia en SAMAI.
7 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”
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5.2.4. En contra de esa decisión, que rechazó de plano la solicitud de nulidad,
interpuso recurso de apelación que fue rechazado por improcedente a través de
auto del 4 de diciembre de 2021.
5.2.5. Respecto del referido proveído, la parte actora presentó los recursos de
reposición y, en subsidio, queja.
5.2.6. El recurso de reposición fue resuelto mediante auto del 7 de febrero de 2023,
en el sentido de no reponer el auto del 4 de diciembre de 2021.
5.2.7. La queja fue desatada por el Tribunal Administrativo de Nariño por auto
del 21 de marzo de 2023, en el que se declaró bien denegado el recurso de
apelación presentado en contra de la decisión del 4 de diciembre de 2021.
5.2.8. Esa providencia fue notificada al accionante el 22 de marzo de 2023.
5.2.9. La acción de tutela de la referencia se radicó el 28 de agosto de 2023, según
consta en el índice 1 de SAMAI del proceso de primera instancia.
5.3. Planteamiento
De acuerdo con lo expuesto en la sentencia de primera instancia y la impugnación,
lo que observa la Sala es que hay controversia sobre el cumplimiento del requisito
de inmediatez, pues para el accionante se acreditó en tanto que interpuso la
demanda en ejercicio de la acción de tutela dentro de los seis (6) meses siguientes
a la notificación del auto que resolvió la queja (21 de marzo de 2023); mientras que
para el a quo dicho término fue ampliamente superado, toda vez que lo cuenta
desde la notificación del auto que resolvió la solicitud de nulidad (12 de octubre de
2021).
Definido lo anterior, y en caso de que se concluya que el escrito inicial cumplió con
el anotado requisito de procedencia, la Sala acometerá el análisis de los demás
presupuestos.
5.4. Inmediatez
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En este punto es necesario precisar que no existe discusión acerca de la expedición
de los proveídos que son objeto de reproche en este proceso, es decir, tanto el
demandante como el Juez de Primera Instancia conciben que la cadena de
actuaciones judiciales es la descrita en el acápite de hechos.
En esa medida, la controversia se centra en determinar si cumple el requisito de
inmediatez una demanda interpuesta en ejercicio de la acción de tutela, si fue
presentada dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación del auto que
resolvió el último de los dos recursos interpuestos contra la providencia que rechazó
la solicitud de nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la demanda
ordinaria, pero fuera del anotado término si se cuenta desde la notificación del
proveído que resolvió la petición de nulidad procesal a que se ha hecho referencia.
Para dar respuesta a tal cuestión, cobra especial relevancia indicar que los recursos
impetrados por el memorialista lo fueron en los términos previstos para ese efecto,
circunstancia que debe ser valorada de manera independiente a si procedían o no
tales instrumentos procesales de defensa, pues lo cierto es que sólo con la
providencia que resolvió la queja, la decisión sobre la solicitud de nulidad quedó
ejecutoriada8.
Siendo ello así, no es procedente indicar que la fuente de la vulneración lo es una
decisión que no ha quedado en firme, aun cuando los recursos impetrados fueren
improcedentes, habida cuenta de que es sólo con su ejecutoria que llega a ser
vinculante para las partes e incluso para el aparato judicial.
En ese escenario, la Sala se aparta de la providencia impugnada no sólo por lo
expuesto sino porque una interpretación como la vertida en ese fallo también
desconoce el objeto y la causa petendi que formula el actor en el proceso
constitucional, de las que se extrae que su inconformidad radica en todas las
8 Código General del Proceso. “Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia
adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos”. (Subrayas de la Sala)
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decisiones judiciales emitidas a propósito de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho que instauró contra la Policía.
En tal virtud, la transgresión a los derechos fundamentales que el accionante alega
no puede derivarse del auto del 12 de octubre de 2021 (que resolvió la nulidad
procesal invocada), sino con aquél que resolvió el último de los recursos
presentados, esto es, el del 21 de marzo de 2023, circunstancia que conduce a la
Sala a aceptar por haber sido presentada en un lapso razonable la petición de
amparo, en tanto que no transcurrieron seis (6) meses desde que le fue notificado
ese último proveído (el 22 del mismo mes y año) y la interposición de la presente
solicitud de amparo (28 de agosto de 2023).
Lo anterior, teniendo en cuenta que tal ha sido el término considerado como
razonable por la jurisprudencia para la presentación de tutelas contra providencias
judiciales dado que su finalidad es la protección urgente e inmediata de los derechos
fundamentales del solicitante, por lo que ésta debe formularse en un plazo
proporcionado, contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración de
tales derechos, pues aceptar lo contrario desvirtuaría el carácter excepcional de la
misma.
Sobre el punto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, en lo concerniente a la
verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en los casos que se
controvierten providencias judiciales, consideró que este requisito, por regla
general, se debe tener por cumplido cuando la acción se interpone dentro de los
seis (6) meses siguientes a la notificación de la providencia que se pretende
controvertir. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los términos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas y la
necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
Este plazo, en todo caso, es indicativo, por lo que deberá ser analizado en cada
caso particular, teniendo en consideración las circunstancias especiales de modo,
tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014. Rad.:11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actora: Alpina Productos Alimenticios S.A.; M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Por lo anterior, la regla general que determinaron la Corte Constitucional10 y esta
Corporación respecto al requisito de inmediatez es que, dada la naturaleza de
urgente e inmediata, la acción de tutela debe ser interpuesta en un término
razonable que, en principio, no puede ser mayor a seis (6) meses siguientes a los
hechos que ocasionaron la vulneración de los derechos fundamentales. Esto es así
por cuanto el juez constitucional debe tener mayor rigor en el examen de este
requisito de procedibilidad, ya que permitir su procedencia meses o aún años
después de proferida la decisión, sacrificaría los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, así como eventualmente los derechos de terceras personas.
Una vez resuelto este punto, la Sala proseguirá con el análisis de los demás
requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales.
5.5. Relevancia constitucional
5.5.1. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó
que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.” 11.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro
modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver
al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen
del requisito de relevancia constitucional12.
10 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: SU-391 del 27 de julio de 2016. M.P.
Alejandro Linares Cantillo y T-246 del 30 de abril de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez;
11 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
12 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los
fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia
la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra”.
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A partir de la sentencia C - 590 de 2005, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha desarrollado el concepto de relevancia constitucional, por ejemplo, en la
sentencia SU - 573 de 2019, explicó que este requisito persigue tres finalidades13:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 14. De
manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional.
5.5.2. En el caso que ocupa a la Sala, se cumplen dichos requisitos debido a que
la vulneración de los derechos fundamentales alegados no es solo enunciada y
sustentada con el propósito de justificar su interposición como mecanismo para
controvertir la interpretación de la ley que efectuó el juez natural o para convertir el
proceso en una tercera instancia, sino que el problema que subyace en este pleito
tiene que ver con la posible vulneración de los derechos de acceso a la
administración de justicia y defensa derivados de que el accionante, demandante
en el proceso ordinario, no fue notificado al correo electrónico de su apoderado de
las providencias a través de las cuales le fue inadmitido y, luego, rechazado el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que impetró en contra de La
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
14 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia
del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente
nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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De ahí que se considere como una cuestión de genuina relevancia constitucional,
pues en caso de que al estudiar de fondo el asunto se encuentre que la notificación
no fue efectuada en debida forma, al accionante se le habría cercenado la
posibilidad ejercer su derecho de acción, esto es, decidiendo si presentaba
subsanación de la demanda.
5.5.3. Ahora bien, dicho cumplimiento se verifica respecto del derecho fundamental
al acceso a la administración de justicia15, sobre cuyo núcleo esencial la
jurisprudencia constitucional ha explicado que tiene un contenido múltiple a partir
del cual pueden identificarse tres categorías16: (i) aquellas que tienen que ver con
el acceso efectivo de la persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para
el desarrollo del proceso, y (iii) las relacionadas con la ejecución material del fallo.
Dentro de la primera categoría, única a la que se hará referencia, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que se compone de las siguientes garantías: (i) el
derecho de acción, (ii) a contar con procedimientos idóneos y efectivos para la
determinación legal de derechos y obligaciones, y (iii) a que la oferta de justicia
permita el acceso a ella en todo el territorio nacional.
De ahí que al evidenciarse que el derecho de acción hace parte del núcleo esencial
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y que se
evidencia un riesgo de afectación, el requisito de relevancia constitucional respecto
de este derecho se considera satisfecho.
5.5.4. Sobre el derecho a la igualdad, lo que se advierte es que el demandante indica
que existe trasgresión a dicha prerrogativa, toda vez que las autoridades demandadas
desconocieron el precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
según el cual, las notificaciones por estado, debían ser enviadas al canal digital que
suministraran las partes para esos efectos.
15 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido este derecho como la posibilidad
reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias
que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una u otra
manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus
derechos e interés legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y
con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución
y la ley. Corte Constitucional. Sentencia T- 799 del 21 de octubre de 2011. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
16 Corte Constitucional. Sentencia T- 799 del 21 de octubre de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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Bajo esa perspectiva, la Sala entiende relevante la controversia en lo atinente al
derecho a la igualdad, habida cuenta de que se halla debidamente sustentada la
presunta trasgresión, no es una controversia que recaiga sobre materias legales y se
señala que las providencias objeto de la acción dieron un trato distinto al dispensado
por la jurisprudencia en circunstancias de hecho similares, circunstancias que puede
llegar a enmarcarse en la trasgresión del núcleo esencial de ese derecho,
comprendido de la siguiente manera por la Corte Constitucional:
“De este derecho se desprenden dos mandatos básicos: (i) otorgar el mismo trato
a supuestos de hecho equivalentes y (ii) otorgar un trato diferente a situaciones de
hecho disímiles. Como se observa, el rasgo esencial del derecho a la igualdad es
que implica un juicio de comparación entre dos personas o grupos de personas.
Para determinar con mayor precisión el alcance del derecho a la igualdad, la Corte
ha especificado estos dos mandatos generales en cuatro reglas, a saber: (i) debe
darse un tratamiento distinto a situaciones de hecho que no tienen ningún
elemento en común; (ii) debe darse el mismo trato a situaciones de hecho
idénticas; (iii) debe darse un trato paritario a situaciones de hecho que presenten
similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las
diferencias; y (iv) debe darse un trato diferente a situaciones de hecho que
presenten similitudes y diferencias, cuando las diferencias sean más relevantes
que las similitudes.” 17.
5.5.4.1. Los requisitos restantes
La Sala encuentra que: (i) la irregularidad que se le atribuye a las providencias
atacadas, esto es, que no fueron notificadas al correo electrónico de la parte actora,
podría implicar una afectación a sus derechos, ya que, de haberse incurrido en ella,
el efecto en el proceso sería decisivo y determinante en el sentido de que no se
promovería para el respectivo trámite la función jurisdiccional para ventilar su
controversia; (ii) la situación respecto de la que se alega la vulneración de los
derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela y,
además, la controversia planteada fue señalada en el curso del proceso ordinario
cuando se solicitó la nulidad de todo lo allí actuado y (iii) no se trata de una
providencia contentiva de una sentencia de tutela.
Así las cosas, habiéndose superado el estudio de los requisitos generales, la Sala
emprenderá el estudio de los defectos específicos invocados: procedimental,
sustantivo y desconocimiento del precedente.
17 Corte Constitucional, sentencia C–571 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
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5.6. Defecto procedimental
5.6.1. El defecto procedimental se presenta en eventos donde la autoridad judicial
se aparta de manera evidente de las normas procesales aplicables, o de manera
excepcional cuando se presenta un exceso de ritualismos, en el cual el operador
judicial resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos
excesivamente formales18.
El fundamento normativo del denominado defecto procedimental se encuentra en
los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, normas que consagran los
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.
La jurisprudencia Constitucional ha reconocido dos modalidades de defecto
procedimental, a saber:
i) Absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido para el trámite de un asunto concreto, ya sea
porque sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente o porque omite etapas
sustanciales del procedimiento establecido19, afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso, y
ii) Por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario, por el
apego excesivo e irrestricto a las formas, termina generando un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se convierten
en una clara denegación de justicia20. Se incurre en esta modalidad del defecto
analizado cuando, entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que
no favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el acceso efectivo a la
administración de justicia.
Respecto del defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha señalado:
“[E]l defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se
18 Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto
19 Corte Constitucional, Sentencia T-996 de 2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
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desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso
respectivo. Pero para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la
mencionada acción de tutela será necesario, adicionalmente (…) entre otros que,
como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los
derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la
defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial
o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no
podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso. […]”21
De igual manera esta Corporación22 ha indicado que el defecto procedimental
absoluto se puede configurar porque el funcionario judicial: (i) sigue un trámite
totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia (desvía el cauce del
asunto)23; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes 24 o (iii) “pasa
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho
de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente
negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”25.
Con todo, la jurisprudencia constitucional26 ha precisado que, para que sea
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto
procedimental, deberán concurrir los siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya
posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el
carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales27; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso
ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias
del caso específico28, y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales.”29
21 Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-020 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-996 de 2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-778 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luís Ernesto Vargas Silva.
27 Ibidem
28 Op. Cit., Sentencia C-590 de 2005.
29 Ver las Sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007.
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Asimismo, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del
procedimiento que se alega puede ser una deficiencia atribuible al afectado30.
5.6.2. Pues bien, a la luz de las explicadas características de este defecto, así como
del recuento de los hechos relevantes efectuado en el numeral 5.2., corresponde a
la Sala determinar si vulneran el derecho fundamental al acceso a la administración
de justicia y por ende incurrieron en defecto procedimental, las providencias
judiciales que inadmitieron y rechazaron el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho notificadas por estado que no fueron enviadas al
correo electrónico del apoderado de la parte actora, si aquellas fueron proferidas el
29 de octubre y el 27 de noviembre de 2020, respectivamente.
Señala la parte actora que, al momento de efectuar la notificación por estado de las
referidas providencias, no se tuvo en cuenta el artículo 201 del CPACA, debido a que
no fue informado de la existencia de aquella vía mensaje de datos que le fuera enviado
a su correo electrónico. Por su parte, el juzgado indicó que la notificación por estado
se rigió por el artículo 9 del Decreto 806 de 2020, razón por la cual no se envió mensaje
de datos, pues esa norma no contempla tal obligación. El siguiente fue el
discernimiento:
“Como puede observarse en el artículo en cita, no se impone la obligación de
enviar un mensaje de datos a las partes, cuando de notificar una providencia por
estados se trata, situación que es diferente en el trámite de la notificación personal
dispuesta en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, pues en esa norma se
contempla literalmente que:
‘Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán
efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos
a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se
realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso
físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se
enviarán por el mismo medio. (…)’.
En ese sentido, la notificación por estados electrónicos de los autos por medio de
los cuales se inadmitió y posteriormente se rechazó la demanda, publicados en el
micrositio de la página oficial de la rama judicial, constituye en sí la notificación
judicial de esas providencias, como mecanismo idóneo que desarrolla el principio
de publicidad y asegura la preservación de los derechos de contradicción y
defensa que le asiste a las partes, y a sus apoderados, quienes por tanto tienen
el deber de estar pendientes de la publicación de estados electrónicos.
30 Al respecto, ver las Sentencias T-781 de 2011 y T-1049 de 2012, entre otras.
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Se debe tener en cuenta además que, la notificación por estados se hizo conforme
a los lineamientos de las normas vigentes, se publicó en la página oficial de la
rama judicial el día 30 de octubre de 2020 con el consecutivo N° 038, respecto al
auto inadmisorio, y el auto que rechazó la demanda fue publicado el día 27 de
noviembre de 2020 con el consecutivo N° 045, notificaciones que cumplen con los
requisitos de identificación del proceso, nombres de las partes, fecha del auto y
cuaderno donde se hallan, la fecha del estado y la descripción de la actuación,
estados que además obran en el expediente digital, sin dejar de lado que la
notificación contiene la inserción del link o hipervínculo que permite visualizar la
providencia”. (Subrayas de la Sala)
Las normas a las que se alude tienen el siguiente alcance:
• Artículo 201 del CPACA
“Artículo 201. Notificaciones por estado. Los autos no sujetos al requisito de
la notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados
electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario. La
inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella
ha de constar:
1. La identificación del proceso.
2. Los nombres del demandante y el demandado.
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario.
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y
permanecerá allí en calidad de medio notificador durante el respectivo día.
De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará certificación con su
firma al pie de la providencia notificada y se enviará un mensaje de datos a
quienes hayan suministrado su dirección electrónica.
De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un
archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier
interesado, por el término mínimo de diez (10) años.
Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al
acceso del público para la consulta de los estados”.
• Artículo 9 del Decreto 806 de 2020
“Artículo 9. Notificación por estado y traslados. Las notificaciones por
estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será
necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma
al pie de la providencia respectiva.
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No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que
decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la
autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.
De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera
de audiencia.
Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea
para consulta permanente por cualquier interesado.
Parágrafo. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba
correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la
copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se
entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del
mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente”.
La comparación de estas disposiciones pone en evidencia una diferencia en el evento
en que se emita una providencia que deba ser notificada por estado, pues mientras el
artículo 201 del CPACA prevé que debe ser enviada a la dirección electrónica
suministrada por medio de mensaje de datos, el artículo 9 del Decreto 806 de 2020,
no contempló tal actuación como parte de lo que definió como notificación por estado.
Ante esa dicotomía, es pertinente advertir que la última norma es complementaria y
por ende, no derogó el estatuto procesal de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, de modo que lo allí previsto seguía siendo aplicable. En efecto, en la
parte considerativa ese Acto Legislativo se expresó:
“Que este marco normativo procurará que por regla general las actuaciones
judiciales se tramiten a través de medios virtuales y excepcionalmente de
manera presencial. Por lo que se debe entender que las disposiciones de este
decreto complementan las normas procesales vigentes, las cuales seguirán
siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto.” (Subrayas
de la Sala).
Por lo tanto, para lograr una adecuada interpretación del régimen jurídico aplicable a
las notificaciones por estado durante la vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020,
no era suficiente que el operador judicial observara exclusivamente lo establecido en
dicha norma, pues también debía acudir al régimen contemplado para esta materia en
el CPACA. En otras palabras, resultaba imperativo que para una comunicación
efectiva de las providencias emitidas en un proceso contencioso administrativo, se
fijara un estado virtual (en cumplimiento de lo dispuesto el artículo 9 del Decreto 806
de 2020) y se enviara un mensaje de datos al correo proporcionado por las partes
involucrada (de acuerdo con el artículo 201 del CPACA).
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A esa misma interpretación llegó esta Sección en providencia del 19 de noviembre de
2020, al resolver un recurso de reposición por la indebida notificación de una
providencia; veamos:
“Sin perjuicio de lo explicado en precedencia, cabe señalar que la notificación
del auto de 31 de agosto de 2020 se surtió en debida forma, atendiendo lo
establecido en el artículo 20131 del CPACA, en concordancia con el artículo 9º32
del Decreto 806 de 4 de junio de 202033, pues además de que se realizó la
fijación del estado electrónico el 9 de octubre de 2020, -como se advierte en el
Sistema de Gestión Judicial y en las páginas web de consulta de procesos, tanto
de la Rama Judicial como del propio Consejo de Estado-34, el día 6 de octubre
de 2020, la Secretaría de la Sección le envió a la parte actora el respectivo
mensaje de datos (correo) con la providencia adjunta a la dirección electrónica
servsolucionesop@hotmail.com, tal como obra en la constancia visible a folio
49.”35
31 ARTÍCULO 201. NOTIFICACIONES POR ESTADO. Los autos no sujetos al requisito de la
notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en
línea bajo la responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente al de
la fecha del auto y en ella ha de constar:
1. La identificación del proceso.
2. Los nombres del demandante y el demandado.
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario.
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad
de medio notificador durante el respectivo día.
De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará certificación con su firma al pie de la
providencia notificada y se enviará un mensaje de datos a quienes hayan suministrado su dirección
electrónica.
De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la
consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.
Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al acceso del público para la
consulta de los estados.
32 Artículo 9. Notificación por estado y traslados. Las notificaciones por estado se fijarán
virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el
secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.
No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que decretan medidas
cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar
sujetas a reserva legal.
De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia.
Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta
permanente por cualquier interesado.
Parágrafo. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los
demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del
traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del
envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.
33 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención
a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.”
34 En la cual se puede descargar directamente el auto, a través de la ruta “servicios en línea” –
“consulta de estados”.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto del 19 de
noviembre de 2020. Proceso radicado número: 25000 23 41 000 2018 00597 01. Consejera Ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón
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Ello es así, pues con la expedición del Decreto Legislativo 806 de 2020, precisamente
se buscaba que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dote
al usuario del servicio de administración de justicia de herramientas que permitan el
acceso a los medios para el conocimiento de las providencias que se emiten en los
asuntos de su interés sin que implique el nivel de búsqueda en las plataformas y
menos aún la comparecencia a las instalaciones de los despachos judiciales, sobre
todo por el contexto en el que se encontraba el mundo enfrentando una pandemia que
impedía, en muchos casos incluso, el acceso a la tecnología.
Así las cosas, lo que observa la Sala es que la interpretación realizada por las
autoridades demandadas es consecuencia de un apego excesivo e irrestricto de lo
dispuesto en el artículo 9 del Decreto 806 de 2020, que no solo da al traste con el
carácter complementario y no derogatorio de esa ley, sino que se transluce de su
aplicación un obstáculo para el ciudadano al limitar el conocimiento de las decisiones
judiciales que son de su interés e implica el desconocimiento de los principios de
publicidad y más aún en la denegación de justicia.
De este modo, es claro que las autoridades demandadas con la emisión de las
decisiones censuradas incurrieron en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, dado que llevaron al usuario del servicio de administración de justicia a
impetrar recursos que tardaron más de tres (3) años en resolverse y a que ante su
inconformidad tuviera que acudirse a la tutela como última vía para implorar la
protección constitucional ante evidentes yerros procesales. Se evidencia además que
los autos que se impugnan tienen una definitiva consecuencia, cual es la imposibilidad
de que el señor Guitérrez Ramírez ventile su debate ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, habiendo sido puesta de presente la irregularidad que
ahora es objeto de protección por las autoridades en las dos instancias en el trámite
ordinario. Todo lo cual redunda en la violación de un derecho de raigambre
constitucional, este es, el de acceso a la administración de justicia.
Correlato de lo expuesto, la Sala debe declarar la prosperidad del defecto alegado y
por ende proceder a la salvaguarda del anotado derecho, como se expondrá en la
parte resolutiva de este fallo.
5.7. Defecto sustantivo
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5.7.1. Este defecto alude al aspecto normativo que sustenta las decisiones
judiciales y se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela en contra
de providencias en consideración a que, si bien la competencia asignada a los
jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra amparada por los
principios de autonomía e independencia, ésta no es absoluta, pues al ser una
atribución que emana de la función pública de administrar justicia está limitada por
los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social
de Derecho36.
Ahora bien, los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe
ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión violatoria de
derechos fundamentales, pues la configuración del defecto sustantivo no puede darse
a partir de cualquier diferencia con la interpretación en que se funda una decisión
judicial; ello, ya que el derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural en la que
bien pueden debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso, y todas
ellas resultar razonables y compatibles con las garantías y derechos fundamentales
de los sujetos procesales, pues son distintas las escuelas de pensamiento jurídico y
variados los métodos de interpretación que se utilizan para resolver un problema.
Precisamente de ello deriva la autonomía de los jueces en su labor de administración
de justicia y la necesidad de establecer órganos de cierre.
Ahora bien, resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia constitucional se han
identificado varias situaciones que ponen de presente la existencia de un defecto
material en una providencia judicial37. En atención a los presupuestos que las
configuran, dichos eventos pueden agruparse en i) el defecto sustantivo que plantea
un conflicto en relación con la fuente formal de la providencia que se ataca y, ii)
el defecto sustantivo en torno al método de interpretación de la norma jurídica
que fundamenta la decisión, a saber:
5.7.1.1. Defecto sustantivo respecto de la fuente:
36 Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
37 Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual se reitera
lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de 2012
M.P. (e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P.: Alberto Rojas Ríos y SU-050 de 2017
M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
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Tiene lugar cuando la sentencia se fundamenta en una norma que indiscutiblemente
no es aplicable al caso bajo examen por cuanto, a) es inexistente, b) ha sido
declarada contraria a la Constitución, o c) está derogada y por tanto perdió vigencia.
Asimismo, tiene lugar este defecto cuando de forma manifiestamente arbitraria y
grosera se aplica una norma legal que no se adecúa a la situación fáctica del caso,
lo cual debe ser debidamente alegado y probado ante el juez constitucional, a riesgo
de desconocerse la autonomía del funcionario judicial que dictó la providencia.
5.7.1.2. Defecto sustantivo en torno al método:
Se configura cuando la fuente formal de la sentencia radica en una norma aplicable
al asunto bajo examen, por lo que hay acuerdo al respecto, pero la hermenéutica
que de ella se hace no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable
y aceptable, o “[…] la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes […]”38, o cuando se fija el alcance
de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son
necesarias para efectuar una interpretación sistemática.
5.7.2. Así las cosas, debe la Sala definir si desconoce el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia y por ende incurrieron en defecto sustantivo,
las providencias judiciales que inadmitieron y rechazaron el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho notificadas por estado que no fueron
enviadas al correo electrónico del apoderado de la parte actora, si aquellas fueron
proferidas el 29 de octubre y el 27 de noviembre de 2020, respectivamente.
Con miras a resolver dicho interrogante, es pertinente indicar que, como quedó en
evidencia en el numeral 5.6. de esta providencia, las autoridades demandadas al fijar
el alcance del artículo 9 del Decreto Legislativo 806 de 2020, desatendieron no sólo lo
dispuesto en el artículo 201 del CPACA, sino la naturaleza propia de dicho Decreto,
esta es, complementaria y no derogatoria, lo que las llevó a efectuar una interpretación
errónea respecto a las reglas para las notificaciones por estado en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, lo que de suyo se tradujo en la desatención de las
normas que resultan indispensables para dar una adecuada interpretación sistemática
del ordenamiento jurídico y no conculcar a través de ella derechos fundamentales.
38 Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera.
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Por ende, el cargo tiene vocación de prosperidad.
5.8. Del desconocimiento del precedente
5.8.1. De manera previa a abordar el alcance del defecto aludido, se debe precisar
que la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha definido como
precedente judicial “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”39. Al respecto, estableció como criterios para concluir
cuando se está ante un precedente, los siguientes: “i) que en la ratio decidendi de
la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente”40.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia
pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo
que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos
relevantes, probados y debidamente connotados e iguales fundamentos en
derecho. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que
se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente,
impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia
cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente,
determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada
se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la
pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha
pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces
desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de
los aspectos indicados.
39. Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de
2014.
40 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.
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Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional41 ha hecho la distinción entre
precedente horizontal y precedente vertical, entendiendo por el primero aquellas
decisiones proferidas por el mismo funcionario, mientras que el segundo se refiere
a las decisiones que son emitidas por el superior jerárquico o la autoridad encargada
de unificar la jurisprudencia. La fuerza vinculante del precedente horizontal se
predica de las decisiones de la misma autoridad y se genera en atención a los
principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima y al derecho a la
igualdad42; mientras que el precedente vertical, al provenir de la autoridad de cierre
dentro de cada jurisdicción, limita la autonomía del juez, en tanto se debe respetar
la postura del superior43.
Ahora bien, debe destacarse que el deber de respeto o sometimiento a los
precedentes judiciales no es absoluto. En efecto, una comprensión excesiva del
deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los principios de autonomía
e independencia judicial (artículos 228 y 230 CP).
Precisamente por lo anterior la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
establecido que el juez puede apartarse válidamente de los precedentes, bien sean
estos verticales u horizontales, siempre y cuando se justifiquen de manera clara y
precisa las razones para ello. A este respecto, dicha Corporación precisó
que resulta válido que las autoridades judiciales, merced a la autonomía que les
reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente;
pero aclaró que, en cualquier caso, esa opción argumentativa está sometida a
estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se
aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial –
requisito de transparencia-, y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación
alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y
valores constitucionales –requisito de suficiencia-44.
En el escenario hasta aquí esbozado, es posible concluir que, cuando un juez
desconoce una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a
determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa descrita, incurre en
41 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-460 de 2016.
42 Corte Constitucional. Sentencia T-049 de 2007, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
43 Corte Constitucional. Sentencia SU-354 de 2017, M.P.: Iván Humberto Escrucería Mayolo.
44 Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.
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la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia,
vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las personas que acudieron a la
administración de justicia. Contrario sensu, cuando la sentencia que difiere del
precedente fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente, justificando
tal posición, no resultará procedente la acción de tutela por esta causal específica.
Finalmente, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar las premisas bajo las
cuales habrá de interpretarse una decisión judicial acusada de incurrir en el defecto
en mención, anotando al respecto que se debe: “i) determinar la existencia de un
precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir
las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo
judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues
de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii) verificar
si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por encontrar
diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar que la
decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más
armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la
vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio
pro homine”45.
5.8.2. En este punto se tendrá que precisar si desconocen el derecho a la igualdad
por desconocimiento del precedente, las providencias judiciales que inadmitieron y
rechazaron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho notificadas
por estado que no fueron enviadas al correo electrónico del apoderado de la parte
actora, si aquellas fueron proferidas el 29 de octubre y el 27 de noviembre de 2020,
respectivamente.
En el caso objeto de estudio, el demandante alega como desconocidas las
siguientes providencias: (i) sentencia T-459 de 2017, emitida por la Corte
Constitucional y (ii) los proveídos expedidos por las Secciones Segunda y Cuarta del
Consejo de Estado cuyos radicado no identificó.
45 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-351 de 2011.
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5.8.2.1. Respecto de los proveídos emitidos por esta Corporación, no es posible
realizar el juicio propuesto en el escrito de amparo dado que la parte actora no indicó
concretamente cuáles providencias fueron desconocidas por las decisiones que se
impugnan. Lo anterior como quiera que esa omisión impide realizar el análisis de
comparación de los hechos y fundamentos de derecho de esos trámites con el proceso
de la referencia.
5.8.2.2. De otro lado, respecto del fallo T-459 de 2017, se observa que la Corte
Constitucional estudió una demanda presentada por el señor César Tulio Castillo
Loboa, en contra de una sentencia emitida en un proceso laboral que le negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, pues a su juicio con dicha providencia
se incurrió en: (a) un defecto fáctico pues se desecharon todas las pruebas que
comprobaban que tenía una relación de trabajo con su empleadora, (b) sustantivo,
pues no se aplicó el Decreto 797 de 1949 que impone la sanción moratoria y (c) en
desconocimiento del precedente, pues en criterio del allí accionante, la autoridad
judicial demandada se había apartado de su propio precedente, en el que sí reconoció
la sanción moratoria a empleados que se encontraban en una condición similar a la
suya.
De este modo, es claro que en dicho proceso se discutió un objeto y causa petendi
diferente al presente asunto, en el que se ventila una acción de tutela en contra de las
decisiones que inadmitieron y rechazaron la demanda ordinaria formulada por el
demandante, sin notificarlo debidamente de esas decisiones.
5.9. Sin embargo, como consecuencia de la prosperidad de los defectos
procedimental y sustantivo la Sala revocará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la presente solicitud de amparo para, en su lugar, amparar el
derecho al acceso a la administración de justicia del accionante. En consecuencia, se
dejará sin efectos todo lo actuado desde la notificación del auto inadmisorio de la
demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado
ante el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto bajo el radicado número 52001-33-
33-002-2020-00064-00, con el propósito de que vuelva a ser notificado.
Para ese efecto se ordena llevar a cabo la respectiva actuación en el término
improrrogable de dos (2) días siguientes a la notificación de esta sentencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
VI. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de de 2 de octubre de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de Wilfor Gutiérrez Ramírez y, en consecuencia, se DEJARÁ SIN
EFECTOS todo lo actuado desde la notificación del auto inadmisorio de la demanda
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado ante el
Juzgado Segundo Administrativo de Pasto bajo el radicado número 52001 33 33 002
2020 00064 00, con el propósito de que vuelva a ser notificado, de conformidad con
lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Para ese fin, se concede el término improrrogable de dos (2) días, contados a partir
de la notificación de esta sentencia.
TERCERO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para que se surta la eventual revisión.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 1 de febrero de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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