Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04688-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04688-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04688-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-04688-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ELSA GLADYS PEÑA PLATA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO POR
NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA
HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE LA SITUACIÓN FÁCTICA Y
JURÍDICA DEL CASO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL
ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE
ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ1.
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En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 110010315000 2023 04688 00
Actora: ELSA GLADYS PEÑA PLATA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora ELSA GLADYS PEÑA PLATA, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica
y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, los cuales, a
su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido
en segunda instancia la sentencia de 11 de agosto de 2023, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 150013333014-2016-
00024-01.
I.2.- Hechos
Indicó que como consecuencia de los servicios que prestó como
docente al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ desde el 17 de julio de
1978, a través de Resolución núm. 39346 de 10 de agosto de 2006,
la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL le
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reconoció una pensión gracia, a partir del 24 de mayo de esa
anualidad, fecha en la que adquirió el estatus.
Comentó que el 24 de junio de 2015, solicitó a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL -UGPP2 la reliquidación de la referida prestación con la
inclusión del sobresueldo del 20%, petición que le fue denegada a
través de las resoluciones núms. RDP 045079 de 30 de octubre de
2015 y RDP 003340 de 29 de enero de 2016.
Informó que en el año 2016 promovió un medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la UGPP con la finalidad de
discutir la legalidad de los actos administrativos aludidos y obtener
la reliquidación de su pensión con la inclusión del factor mencionado.
Precisó que el proceso referido fue identificado con el número único
de radicación 150013333014-2016-00024-00 y atribuido para su
trámite al JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL
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En adelante la UGPP.
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CIRCUITO DE TUNJA3 que, mediante sentencia de 8 de mayo de
2017, accedió de forma parcial a sus pretensiones.
Explicó que el JUZGADO encontró que devengó el sobresueldo del
20% como factor salarial, con base en una certificación expedida por
el secretario del JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO
DE TUNJA, en la que constaba que adelantó un proceso ejecutivo
contra el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ por concepto de dicho
emolumento causado entre el 1o. de enero de 2004 y el 31 de
diciembre de 2008.
Agregó que, además, el JUZGADO tuvo en cuenta la liquidación del
crédito aludido, así como un certificado expedido por el tesorero
general del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ en el que hizo constar
que el ente territorial canceló las sumas de dinero y costas
reclamadas en el proceso ejecutivo aludido.
Agregó que la UGPP interpuso el recurso de apelación respectivo
ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 11 de agosto de
2023, revocó la decisión recurrida y, en su lugar, denegó las súplicas
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En adelante el JUZGADO.
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de la demanda, al estimar que no fue acreditado que hubiese
devengado el sobresueldo durante el año anterior al estatus, dado
que no se aportó la certificación de factores expedida por el pagador
o jefe de personal del ente territorial, en criterio de dicha autoridad,
único documento idóneo para tal fin, por tratarse de un hecho sujeto
a sistema probatorio de tarifa legal.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL incurrió
en defecto fáctico, por cuanto desconoció las pruebas obrantes en
el expediente, en particular, con base en las cuales el JUZGADO
encontró probado que sí percibió el sobre sueldo del 20%.
Argumentó que los certificados expedidos por el JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA dan mayor
seguridad que la constancia que podría expedir el DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, máxime cuando este no pagó de forma voluntaria el
emolumento.
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I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…]1.- TUTELAR los Derechos Fundamentales de la
prevalencia del derecho sustancial, debido proceso,
igualdad, justicia, seguridad jurídica, entre otros de la
accionante de la referencia, los cuales están siendo vulnerados.
2.- DECLARAR que con la sentencia proferida el once de agosto
de dos mil veintitrés (2023) por la SALA DE DECISIÓN NÚM.
3 DEL H TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ […] se
incurrió en vía de hecho y/o decisión ilegítima por violación de
los derechos fundamentales de la prevalencia del derecho
sustancial, debido proceso, igualdad, justicia y seguridad
jurídica, entre otros.
3.- Como consecuencia de lo anterior, ordenar dejar sin efecto
la sentencia de segunda instancia proferida el once de agosto de
dos mil veintitrés (2023) por la SALA DE DECISIÓN NÚM. 3
DEL H TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ […].
4.- Que la SALA DE DECISIÓN NÚM. 3 DEL H TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ expida la sentencia de
segunda instancia por medio de la cual confirma el fallo de
primera instancia […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL explicó que, en efecto, revocó la sentencia
proferida por el JUZGADO que había accedido a las pretensiones de
la demanda de la actora, en razón a que esta “[…] no aportó
documento idóneo en virtud del cual acreditara que durante el año
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anterior a la época en que alcanzó el estatus de pensionada devengó
el sobresueldo del 20%, lo anterior, en los términos establecidos en
el artículo 7 de la Ley 50 de 1886 y bajo los parámetros de los
artículos 4 de la Ley 4 de 1966 y 5 del Decreto 1746 de 1966 […]”.
Agregó que, en su sentir, la presente acción de tutela es
improcedente por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que tiene por objeto debatir un
asunto puramente legal, derivado de la posibilidad de que en la
pensión gracia que la actora devenga, se incluya un factor de salario
que no demostró haber percibido con el documento idóneo para tal
efecto.
Indicó que, en todo caso, en la sentencia cuestionada explicó cuál
era la prueba que resultaba plausible para demostrar que la actora
percibió el factor salarial del sobresueldo del 20%, en razón a que el
artículo 7 de la Ley 50 de 11 de noviembre 18864 establece cómo se
debían acreditar los hechos relevantes para el reconocimiento de
pensiones, entre otros, los salarios devengados.
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“Que fija reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones”
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Argumentó que no era posible tomar en consideración una prueba
diferente, porque la ley calificó la forma como se debían probar los
hechos para el reconocimiento pensional, además porque las piezas
procesales relacionadas con el proceso ejecutivo solo reflejaban la
existencia de ese trámite y su devenir.
Destacó que su decisión no puede calificarse como irregular, dado
que fue consecuente con las reglas que precisan cómo se prueba en
estos casos y con los documentos que reposaban en el expediente,
además porque la Ley 50 de 1886, no solo regula la prueba idónea,
sino también la prueba supletoria cuando es imposible presentar la
primera, “[…] pero en uno y otro evento, con el carácter de pruebas
calificadas, previsiones que tienen como fundamento preservar la
integridad del sistema […]”.
I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, indicó que resultaba diáfano que
la inconformidad de la actora devenía de la sentencia proferida por
el TRIBUNAL.
Agregó que, en todo caso, garantizó el principio de legalidad y el
debido proceso a las partes involucradas en el trámite de primera
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instancia surtido dentro del del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 150013333014-2016-00024-01, origen de la presente
controversia.
I.5.3.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés directo
en las resultas del proceso, manifestó que, en su sentir, la presente
acción de tutela es improcedente comoquiera que la accionante
pretende utilizar este mecanismo como si se tratara de una tercera
instancia.
Destacó que fue acertado que el TRIBUNAL hubiese concluido que
a la actora no le asistía el derecho a que se reliquidara su pensión
gracia, dado que no acreditó mediante el documento idóneo que
devengó el sobresueldo del 20% durante el año anterior al estatus
pensional.
Concluyó que la acción de tutela no cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y menos con los específicos, por cuanto
la providencia cuestionada está “[…] ajustada a las normas
reguladoras del caso bajo examen, de lo cual no puede existir duda
y menos que sea objeto de algún tipo de defecto […]”.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
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de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
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hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
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que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 11 de agosto de 2023, proferida en segunda
instancia por el TRIBUNAL que revocó la decisión del a quo y, en su
lugar, denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
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A través del proceso aludido la actora pretendía desvirtuar la
legalidad de los actos administrativos a través de los cuales la UGPP
denegó la reliquidación de su pensión gracia, con la inclusión del
sobresueldo del 20%.
El TRIBUNAL denegó las pretensiones de la demanda en segunda
instancia, porque al proceso no fue allegado un certificado expedido
por el pagador o jefe de personal de la entidad en la que la actora
prestó los servicios, sobre los factores salariales devengados por esta
en el último año previo al estatus.
A la referida providencia la actora le atribuyó la configuración del
defecto fáctico, porque el TRIBUNAL desconoció unas
certificaciones y piezas procesales de un proceso ejecutivo con el que
logró el pago de las sumas de dinero que el DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ le adeudaba por concepto del sobresueldo del 20%,
pruebas que, en su sentir, son suficientes para probar que devengó
dicho factor.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
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vulneró los derechos deprecados e incurrió en el defecto fáctico, al
haber proferido en segunda instancia la sentencia de 11 de agosto
de 2023 aludida.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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Número único de radicación: 110010315000 2023 04688 00
Actora: ELSA GLADYS PEÑA PLATA
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
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En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
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ordinario.
Ahora bien, en la sentencia cuestionada, el TRIBUNAL denegó la
reliquidación pensional de la actora, con fundamento en lo siguiente:
“[…] 4. Marco jurídico
49. La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 en favor
de los maestros de escuelas primarias que hubieran laborado en
el Magisterio por un lapso no menor a 20 años.
[…]
58. La Sala advierte que en forma pacífica y unificada el Consejo
de Estado ha expuesto que la pensión gracia, dada su especial
regulación (i) se liquida con promedio de todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
consolidación de su status pensional; y (ii) no puede ser
reliquidada con valores percibidos con posterioridad a la
adquisición del derecho, pues tal condición, vulnera las normas
especiales que rigen la materia.
59. Ahora, desde el punto de vista probatorio, la
liquidación de la pensión gracia, está atado a que el
aspirante demuestre que devengó el factor salarial que
pretende se incluya en la mesada final, debiéndose
acreditar que durante el año anterior al status percibió tal
emolumento, a través del medio de prueba conducente.
60. En principio, tal cuestión, puede ser acreditada
mediante cualquier medio probatorio conforme con el
Capítulo IX de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con
el artículo 165 del Código General del Proceso.
61. No obstante, esa libertad probatoria en el caso de los
haberes salariales que deben hacer parte de la pensión
gracia, se limita conforme con lo previsto en el artículo 7°
de la Ley 50 de 1886 “Que fija reglas sobre concesión de
pensiones y jubilación”, en donde establece:
“Art. 7°. No es admisible la prueba testimonial para comprobar
hechos que debe constar por documentos o por pruebas
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preestablecidas por las leyes. Así los servicios de un militar, los
cuales deben comprobarse con su hoja de servicios debidamente
formada y calificada; los empleos que haya tenido un
ciudadano, los cuales deben constar de los respectivos
nombramientos; los servicios de un individuo, que deben
constar en los actos oficiales que ejecutara y de que debió
quedar prueba escrita; y todos los hechos de la misma
naturaleza, deben probarse con los respectivos
documentos o sus copias auténticas.” (Negrillas fuera del
texto original).
62. Así, lo atinente a los hechos relacionados con el servicio
prestado por un individuo y los actos de la misma naturaleza,
incluyendo los factores salariales devengados deben ser
acreditados a través de la certificación expedida por la entidad
respectiva (jefe de personal) o con los actos administrativos
expedidos por el respectivo pagador.
63. Si bien, tal disposición normativa es antigua, lo cierto es que,
no se ha modificado o derogado tácitamente por el Código de
Procedimiento Civil, actualmente el Código General del Proceso.
64. Adicionalmente, la Ley 50 de 1886, regula de manera
especial lo relativo a los requisitos que deben acreditarse para
el reconocimiento de las pensiones, por lo que, dicha disposición
normativa prima sobre la general en virtud del criterio de
especialidad, que implica que: “no se está propiamente ante una
antinomia, en razón a que se entiende que la norma general se
aplica a todos los campos con excepción de aquél que es
regulado por la norma especial, con lo cual las mismas difieren
en su ámbito de aplicación” (sentencia C-439 de 2016).
65. En ese orden, en sede administrativa o judicial, en la
medida en que las dos disposiciones refieren a cómo se
demuestra una circunstancia relevante para el
reconocimiento del derecho pretendido, pues, de un lado,
está la regla general de la libertad probatoria (C.G.P.) y
de otra parte, la de la tarifa legal aplicable a la forma de
acreditar los factores salariales que han de hacer parte de
la pensión gracia (Ley 50 de 1886), debe en todo caso,
aplicarse lo previsto en el artículo 17613 del C.G.P.
cuando define que la apreciación de las pruebas se hará
conforme a las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de la
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos.
[…]
74. En suma, conforme con lo establecido en el artículo 4° de la
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Ley 4 de 1966 y el artículo 5° del Decreto 1743 de 1966, la
pensión gracia debe liquidarse con base en los factores salariales
devengados durante el año anterior a la adquisición del status
pensional, los cuales deben acreditarse a través de los medios
de prueba definidos por la Ley 50 de 1886 (norma especial).
75. A falta de los documentos idóneos para tal finalidad, será
procedente, acudir a las pruebas sucedáneas que tengan la
virtud de demostrar el hecho, siempre que las mismas sean
expedidas por la propia entidad, y en los casos en donde por
razones excepcionales como destrucción o deterioro de los
archivos éstas no existan, el particular interesado está habilitado
para solicitar la reconstrucción de los expedientes.
76. Conforme con lo expuesto, los factores salariales que deben
hacer parte de la pensión gracia deben demostrarse mediante
los documentos idóneos, como sería la certificación expedida por
el pagador o jefe de personal de la entidad pública.
5. Caso concreto
77. Con el fin de atender el interrogante planteado, se torna
necesario en primer lugar, atender a lo probado en el proceso.
78. El acervo probatorio se encuentra conformado por las
documentales recaudadas en su integridad en primera instancia,
dado que obran en copia simple, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 24619 del CGP., y de conformidad con el criterio
jurisprudencial del Consejo de Estado20, al no haber sido objeto
de tacha revisten pleno valor probatorio.
79. De ese modo, la Sala encuentra que revisten relevancia para
el debate en segunda instancia, los siguientes medios de prueba:
80. La señora Elsa Gladys Peña Plata, nació el 24 de mayo de
1955 (Folio 61- Cd que contiene el expediente administrativo,
archivo 33).
81. Que mediante Resolución No. 39346 del 10 de agosto de
2006, la Caja Nacional de Previsión Social EICE reconoció la
pensión gracia a la demandante, bajo los parámetros de la Ley
114 de 1913 y las Leyes 33 y 62 de 1985 (folios 31- 33).
82. Posteriormente a la demandante, mediante resolución No.
47664 del 16 de septiembre de 2008, le reliquidaron la pensión
gracia por inclusión de nuevos factores salariales (Fls 28 a 30).
83. La señora Elsa Gladys Peña Plata, adelantó proceso
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ejecutivo laboral que cursó en el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Tunja, Despacho que certificó que,
en auto del 27 de octubre del 2011, se libró mandamiento
de pago por concepto del sobresueldo del 20% de la
remuneración básica que devengaba la demandante,
durante el periodo comprendido entre el 1° de enero del
2004 al 30 de diciembre del 2008 (Folio 20).
84. El Tesorero General del departamento de Boyacá en
certificación expedida el 13 de julio del 2015, precisó que,
en virtud del proceso ejecutivo laboral con radicado 2011-
00348, fueron pagados a la demandante los rubros
correspondientes al sobresueldo del 20% en el periodo
ordenado en el auto que libró mandamiento ejecutivo, así
como los intereses causados (Folio 27).
85. Por otro lado, se evidencia que la demandante, el 24 de junio
de 2015 solicitó a la entidad demandada UGPP, la reliquidación
de la pensión gracia con la inclusión del sobresueldo del 20%
como factor salarial para ser tenido en cuenta dentro del año
base de liquidación del status de pensionada (Folios 16 a 18).
86. La entidad demandada UGPP, a través de Resolución No.
RDP 045079 del 30 de octubre de 2015, negó la reliquidación de
la pensión gracia en los términos solicitados por la señora Peña
Plata, al considerar que la demandante no demostró haber
devengado el sobresueldo del 20% a través de la certificación
expedida por la entidad competente (Folio16 y vto). 87. La
interesada presentó recurso de apelación contra la Resolución
No. RDP 045079 del 30 de octubre de 2015 (Folios 13-15). 88.
El recurso fue resuelto en forma negativa a través de la
Resolución No. RDP 003340 del 29 de enero del 2016 (Folios 11
y 12).
[…]
89. En el caso objeto de estudio, se encuentra probado y no es
tema en discusión, que la docente Elsa Gladys Peña Plata
acreditó los requisitos exigidos para ser acreedora de una
pensión gracia, pues cumplió con 50 años de edad el 24 de mayo
de 2005, fecha en la cual ya contaba con 20 años de servicio en
la docencia en el Departamento de Boyacá. Así, el último año de
servicio anterior al status pensional es el comprendido entre el
24 de mayo del 2004 al 24 de mayo del 2005.
90. Ahora bien, la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE,
reconoció el derecho pensional a la demandante, través de la
Resolución No. 39346 del 10 de agosto de 2006, equivalente al
75%, sobre el salario promedio del año inmediatamente anterior
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a la fecha de consolidación del derecho pensional, incluyendo la
asignación básica con efectividad a partir del 24 de mayo de
2005.
91. La Sala recuerda que la impugnación de la entidad
demandada UGPP se fundamentó en que, la demandante no
acreditó a través de la prueba idónea que devengó el
sobresueldo del 20%, pues ello no es procedente a partir de la
certificación expedida por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Tunja, en el cual se demostró que en tal Despacho
cursó un proceso ejecutivo para obtener el pago forzado de tal
factor salarial.
92. Consideró que, la prueba que tiene la idoneidad para
demostrar que la demandante percibió el factor salarial que
pretende se incluya en la base prestacional, es la certificación
expedida por la entidad nominadora.
93. Indicó además que, el sobresueldo del 20% se reconoció en
virtud de ordenanzas que fueron derogadas y por ello, su
reconocimiento y pago carece de legalidad.
94. Sobre el primer argumento, la Sala advierte que, conforme
a la documental allegada al expediente, no se acreditó que la
demandante devengó el aludido sobresueldo durante el año
anterior al status, pues no se aportó documento idóneo que así
lo demostrara, para el efecto, sería la certificación de factores
salariales devengados en la que se demostrara que había
devengado el sobresueldo del 20%, la cual debía ser expedida
por el Representante Legal del ente territorial y/o pagador de la
entidad, sin embargo, dicho documento no se evidencia dentro
del material probatorio allegado al plenario.
95. Lo anterior, por cuanto, fundamentó su solicitud en la
certificación expedida por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Tunja, en la que se indicó que, la demandante
adelantó un proceso ejecutivo bajo el radicado 2011-00348 para
obtener el pago forzado del sobresueldo del 20%, y que, a través
del auto del 27 de octubre del 2011, se libró mandamiento
ejecutivo por tal concepto, para que le fuera pagado lo
correspondiente al período comprendido entre el 1° de enero de
2004 y el 30 de diciembre de 2008.
96. Es así que, la referida providencia libró mandamiento de
pago por los valores que el Despacho referido consideró
ajustados a derecho; sin embargo, tal decisión no tiene la
suficiencia para demostrar que la señora Elsa Gladys Peña Plata,
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devengó el sobresueldo que pretende incorporar a su pensión
gracia, dado que, tal cuestión debe ser demostrada a través de
los medios de prueba establecidos en la Ley 50 de 1886, así
mismo, no cumplió con lo establecido en el artículo 167 del
Código General del Proceso, que señala que incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho, en el presente caso, la parte
demandante, debía haber allegado la documental que
demostrará que en efecto, devengaba el sobresueldo del 20%,
como ya se indicó para el caso sería la certificación de factores
salariales expedido por la persona competente.
97. En tal virtud, no se acreditó el presupuesto necesario para
derivar del mismo el reconocimiento de la reliquidación de la
pensión gracia, al no demostrarse mediante documento idóneo
que la demandante devengó el sobresueldo del 20% durante el
año anterior al status pensional […]”. (Destacado fuera de texto)
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que el
TRIBUNAL fijó como primera premisa general que para que proceda
la reliquidación de la pensión gracia el interesado debe demostrar
que devengó el factor salarial que pretende le sea incluido.
Además, la autoridad judicial accionada estableció que, si bien en
principio conforme con el artículo 165 del Código General del Proceso
-CGP15 existe libertad probatoria, conforme con el artículo 7 de la Ley
50 de 1886 los factores salariales devengados deben acreditarse con
“[…] la certificación expedida por el pagador o jefe de personal de la
entidad pública […]”, en la que el interesado prestó sus servicios.
15
En adelante CGP.
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El TRIBUNAL precisó que la regla contenida en el artículo 7 de la
Ley 50 de 1886 debía ser aplicada de forma prevalente, conforme
con el artículo 176 del CGP, al ser un sistema de tarifa legal.
Por otro lado, como premisas particulares el TRIBUNAL accionado
encontró que como pruebas de haber devengado el factor allí
reclamado, la actora había aportado, por una parte, un certificado
expedido por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO
DE TUNJA en el que constaba que allí se adelantaba un proceso
ejecutivo en el que se libró mandamiento de pago el 27 de octubre
de 2011 “[…] por concepto del sobresueldo del 20% de la
remuneración básica que devengaba la demandante, durante el
periodo comprendido entre el 1° de enero del 2004 al 30 de
diciembre del 2008 […]” y, por otra, una certificación de 13 de julio
de 2015 expedida por el tesorero general del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ en la que se indicaba que en virtud del proceso ejecutivo
aludido “[…] fueron pagados a la demandante los rubros
correspondientes al sobresueldo del 20% en el periodo ordenado en
el auto que libró mandamiento ejecutivo, así como los intereses
causados […]”.
A partir de lo anterior, el TRIBUNAL concluyó que la actora no probó
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con el documento idóneo que devengó el sobresueldo del 20% que
solicitaba le fuera incluido en la liquidación de su pensión, prueba
que en su sentir “[…] para el caso sería la certificación de factores
salariales expedido por la persona competente […]”.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de la
referencia es improcedente por falta de relevancia
constitucional, porque a través de esta la actora lo que pretende
es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratase
de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario, sin que, en
todo caso, se vislumbre que la autoridad accionada pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial.
En efecto, la divergencia planteada por la actora subyace del hecho
de que, en su sentir, de una adecuada valoración probatoria de los
elementos de juicio obrantes en el expediente podía advertirse que
tenía derecho a la reliquidación de su pensión.
Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de
tutela haga un nuevo examen integral a las pruebas que fueron
allegadas al proceso ordinario, con la finalidad de que se corrija el
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análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la
interpretación que propone.
De igual forma, el asunto planteado por la actora implicaría un debate
meramente legal, dado que recae sobre la interpretación que debe
darse a los artículos 165 del CGP y 7 de la Ley 50 de 1886, aspectos
que fueron abordados de forma razonable por la autoridad judicial
accionada en la sentencia cuestionada.
Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes
acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de
verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en
reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de
la providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201717, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por no cumplir el requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de octubre de 2023.
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OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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