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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06599-01

Fecha
19 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06599-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO.– REVOCAR la sentencia del 23 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado por la accionante. SEGUNDO.– NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados, por el medio más expedito. TERCERO.– ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06599-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

19 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06599-01
Accionante: Margarita Acosta Maldonado
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / REVOCA la decisión de AMPARAR los derechos
fundamentales invocados / NIEGA el amparo – no se configuró ningún defecto.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo
de Boyacá y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP contra la sentencia del
23 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Segunda – Subsección A del
Consejo de Estado, mediante la cual se concedió el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 25 de octubre de 2023, la señora Margarita Acosta Maldonado, actuando a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Boyacá con la finalidad de que se dejara sin efectos la sentencia
de 11 de octubre de 2023, proferida en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que inició contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-1,
con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos administrativos a través
de los cuales se le negó la reliquidación de su pensión gracia2.

2.- En sentencia de 30 de octubre de 2017 el Juzgado Primero Administrativo de
Sogamoso accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que la pensión

1 Proceso identificado con radicado 15759-3333-001-2015-00250-01.
2 La accionante pretendía que en su liquidación se tomara como factor salarial para calcular el IBC, el sobresueldo

mensual del 20%, consagrado en la Ordenanza Departamental 23 de 1959.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06599-01
Accionante: Margarita Acosta Maldonado
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

gracia debe liquidarse con el 75% de todo lo devengado en el año de causación del
derecho; y que si el empleador no certificó que la actora devengaba el sobresueldo
del 20%, ello obedeció a que su pago se logró en fecha posterior a su reconocimiento
pensional mediante proceso ejecutivo laboral.

3.- El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la sentencia que ahora se
cuestiona, revocó la decisión anterior y negó las pretensiones. Consideró que no se
demostró mediante documento idóneo que la demandante hubiera devengado el
factor salarial reclamado durante el año anterior a la consolidación del estatus
pensional, incumpliendo la exigencia de la Ley 50 de 1886 y demás preceptivas
concordantes.

4.- En su escrito de tutela la parte accionante indicó que con esa decisión la
autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a la tutela judicial
efectiva y el debido proceso, por cuanto desconoció el régimen probatorio
colombiano, concretamente el artículo 76 CGP, que abandonó el concepto de tarifa
legal. Con ello, incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en tanto dejó de valorar los documentos relativos al pago del sobresueldo de 20%
que fueron oportunamente allegados al proceso.

5.- Expuso que la exigencia de un acto administrativo o certificación del jefe de
personal es imposible de cumplir en este caso, pues su empleador se negó a pagar
ese emolumento y sólo fue posible su reconocimiento a través del proceso ejecutivo
laboral, cuyas copias se aportaron al expediente. Igualmente precisó que, ante la
exigencia de un acto administrativo de reconocimiento, se debió observar que
mediante oficio DJ 2373 del 19 de octubre de 1999 el Departamento de Boyacá le
reconoció el referido sobresueldo, que posteriormente fue cobrado judicialmente.

B. Sentencia de primera instancia

6.- La Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del
23 de noviembre de 2023 amparó los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante. Consideró que (i) la Ley 50 de 1886 fue derogada tácitamente por la Ley
91 de 1887, en los términos del artículo 71 del Código Civil, por tanto no resultaba
aplicable al caso ni podía exigirse lo allí previsto a la demandante; y (ii) si en gracia
de discusión se considerase aplicable la referida ley, lo cierto es que las reglas en
materia de valoración probatoria contenidas en los artículos 7 a 9 de la misma son
aplicables en sede administrativa, mas no en la jurisdiccional, pues esos preceptos
no estaban dirigidos a los jueces ni constituían una modificación a los postulados
adjetivos que estaban previstos en el Código Civil (Ley 84 de 1873).

7.- En ese sentido, concluyó que el Tribunal accionado incurrió en un defecto
sustantivo, porque la norma en la que fundamentó la decisión perdió vigencia y por
ende no podía ser aplicada; y en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06599-01
Accionante: Margarita Acosta Maldonado
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

manifiesto, pues al exigirle una carga probatoria adicional a la demandante, esto es,
demostrar lo devengado en el año inmediatamente anterior a la adquisición del
estatus pensional a través de un medio de convicción determinado, desconoció los
principios de libertad probatoria y de primacía de la realidad sobre las formas.

8.- El Consejero Rafael Francisco Suárez aclaró voto, para precisar que en el caso
era procedente aplicar la Ley 50 de 1886 en el reconocimiento de la pensión gracia,
como de hecho lo hizo la Sección Segunda del Consejo de Estado en una sentencia
de la cual fue ponente, en el marco de un proceso ordinario. Sin perjuicio de ello,
acompañó la posición mayoritaria de la Sala que accedió a las pretensiones de la
demanda, porque coincide en que se configuró el defecto procedimental absoluto en
la medida que se le impuso a la parte actora una carga probatoria adicional.

C. Impugnaciones

(i) Tribunal Administrativo de Boyacá

9.- Indicó que la decisión de primera instancia desconoce que en casos similares el
Consejo de Estado ha declarado improcedente la acción de tutela, por no
encontrarse acreditado el requisito de relevancia constitucional3, en este tipo de
asuntos. En ese mismo sentido, expuso que en su escrito de tutela la accionante
repite los planteamientos expuestos en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dejando en evidencia que lo que se pretende es
convertir esta acción constitucional en una tercera instancia.

10.- Frente al caso concreto, sostuvo que:

(i). No incurrió en defecto sustantivo, porque la exigencia probatoria plasmada en
su decisión está sustentada en la Ley 50 de 1886, que para los efectos está vigente
pues la derogatoria que se hizo a través de la Ley 91 de 1887, solo cobijó lo referente
a las pensiones y recompensas del personal militar.

(ii). Tampoco incurrió en un defecto fáctico, porque su labor se circunscribía a
verificar si la demandante cumplió los requisitos probatorios de la Ley 50 de 1886,
para acreditar que devengó el sobresueldo indicado.

(iii). Mucho menos incurrió en un exceso ritual manifiesto, pues la Ley 50 de 1886
no solo es una norma especial en materia pensional, sino que las disposiciones
incluidas en la misma resultan pertinentes de cara a la necesidad de garantizar el
principio de sostenibilidad del sistema pensional, al verificarse con la prueba
documental exigida lo devengado en el último año de adquisición del estatus.

3 Al respecto trajo a colación los fallos de tutela de 17 de noviembre de 2023 (radicado 11001-03-15-000-2023-

06122-00 y 5 de octubre de 2023 (radicado 11001-03-15-000-2023-04688-00).
3

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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

(ii) UGPP

11.- Indicó que era errado acceder a lo pretendido por la accionante, pasando por
alto que el reconocimiento del sobresueldo del 20% es a todas luces ilegal, en razón
a que fue creado por la Asamblea del Departamento de Boyacá a través de
Ordenanza 23 de 1959, sin que dicha entidad tuviera competencia para modificar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. De ahí que a la postre, en
fallo del 24 de mayo de 2012, se dejara sin efectos tal acto administrativo.

12.- Por otra parte, sostuvo que no se acreditaron los requisitos generales y
específicos para que proceda la acción de tutela que ahora incoa la parte accionante.
En especial el de subsidiariedad, en tanto no se acudió al recurso extraordinario de
revisión para controvertir la decisión del Tribunal.

13.- Agregó que la parte accionante no logró demostrar con los medios de prueba
idóneos haber devengado en el año anterior a la adquisición del estatus pensional el
factor denominado sobresueldo del 20%, de manera que resultan ajustados a la
normatividad tanto los actos administrativos demandados, como la decisión del
Tribunal accionado. Además, precisó que para la fecha en que la accionante cumplió
con los requisitos para obtener la pensión gracia, esto es el 17 de febrero de 2008,
ya no se encontraba vigente la Ordenanza 23 de 1959.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

14.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914.

E. Análisis del caso concreto

15.- La revisión del escrito de tutela, las pruebas, el expediente del proceso
ordinario, el fallo de tutela de primera instancia y las impugnaciones, lleva a la Sala
a anticipar que en el presente caso se revocará la sentencia de primera instancia
proferida por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado para, en
su lugar, negar el amparo solicitado.

16.- En el caso concreto la Sala centrará su análisis en la presunta configuración de
dos defectos puntuales: el sustantivo y el procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto. Lo anterior teniendo en cuenta que el A quo encontró acreditados los
mismos y en esa medida (i) constituyen la razón del amparo concedido y (ii) la

4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06599-01
Accionante: Margarita Acosta Maldonado
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

argumentación del Tribunal en su impugnación, se centra en negar que incurrió en
ellos.

17.- Lo primero por indicar al respecto es que el defecto sustantivo no se configuró.
La Sala se aleja del criterio fijado en la sentencia de primera instancia, en la que se
afirma de forma categórica que la Ley 50 de 1886 perdió vigencia y por ende el
Tribunal no podía aplicarla. Al respecto se advierte que sobre ese punto concreto no
existe una postura unificada, ni una interpretación pacífica.

18.- La primera evidencia de ello se encuentra en la aclaración de voto presentada
por uno de los magistrados que integró la Sala de primera instancia, al referir que en
su criterio es viable aplicar esa norma para estudiar lo relativo a la pensión gracia, y
que en una sentencia previa de la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de
Estado, de la cual fue ponente, así se hizo5. En el mismo sentido, se presentan a
modo de ilustración las siguientes decisiones (y una aclaración de voto) producidas
al interior de la Sección Segunda de esta Corporación, en las cuales se evidencia
que existe un criterio disímil en cuanto a la vigencia y aplicación de la referida norma:

(i). Sentencia de 11 de octubre de 2023 (radicado 47001-23-33-000-2018-00278-
01) de la Subsección B: En el mismo, al estudiar el caso concreto se determinó
que “la entidad territorial cumplió con el deber de reconstruir el documento del
cual ostentaba su custodia, para lo cual agotó el trámite y los requisitos
previstos en la Ley 50 de 1886, por lo que, estos documentos tienen la
relevancia probatoria necesaria para demostrar la vinculación territorial de la
demandante como educadora, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980”.
Es decir, le dieron aplicación a la mencionada ley.

(ii). Sentencia de 18 de mayo de 2023 (radicado 25000-23-42-000-2014-02013-01)
de la Subsección B: Dando aplicación al artículo 7 de la Ley 50 de 1886, se
sostuvo que “la vinculación laboral de una persona con la Administración debe
quedar consignada en los actos de nombramiento u otros que demuestren el
ejercicio de las funciones desempeñadas”6.

(iii). Aclaración de voto de 3 de octubre de 2023 (radicado 20001-23-39-000-2015-
00221-01) de un Consejero de la Subsección A: Adujo que la Ley 50 de 1886
se encuentra derogada y por lo tanto no tenía aplicación en asuntos como el
allí estudiado.

5 Sentencia de 28 de septiembre de 2023, radicado 20001-23-39-000-2015-00221-01, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
6 En el mismo sentido se puede consultar la sentencia de 2 de febrero de 2023, radicado 52001-23-33-000-2018-

00449-01, de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado.
5

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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

(iv). Fallo de tutela de 23 de noviembre de 2023 (radicado 11001-03-15-000-2023-
4720-01) de la Subsección A: Haciendo referencia a la discutida Ley 50 indicó
que “la ley precitada fue derogada tácitamente con la Ley 91 de 1887”.

19.- En esos términos, no le corresponde al juez de tutela definir una postura sobre
la vigencia o no de la mencionada norma, y conforme a ello juzgar si el criterio del
Tribunal se alinea con el suyo, pues en el marco de este mecanismo constitucional
su papel no es el de un superior funcional. El análisis de cara al defecto sustantivo
parte de advertir que la norma que aplicó el Tribunal no ha sido declarada
inexequible, y que en lo que se refiere a su vigencia existen posturas divergentes, y
en ejercicio de su autonomía la autoridad judicial está en libertad de acoger
cualquiera de ellas, siempre que su elección esté acompañada de una lectura
razonable del asunto y una debida adecuación de los elementos fácticos que se le
presentan.

20.- De ahí que no se pueda derivar la configuración del defecto sustantivo de la
aplicación que hizo el Tribunal del artículo 7 de la Ley 50 de 1886, para validar los
requisitos que debían acreditarse a efectos de tener en cuenta un emolumento
salarial como parte del IBC. Al respecto la citada disposición indica:

<<Art. 7°. No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que debe
constar por documentos o por pruebas preestablecidas por las leyes. Así los servicios
de un militar, los cuales deben comprobarse con su hoja de servicios debidamente
formada y calificada; los empleos que haya tenido un ciudadano, los cuales
deben constar de los respectivos nombramientos; los servicios de un
individuo, que deben constar en los actos oficiales que ejecutara y de que
debió quedar prueba escrita; y todos los hechos de la misma naturaleza, deben
probarse con los respectivos documentos o sus copias auténticas.>>
(subrayado realizado por el Tribunal en su providencia).

21.- El anterior extracto normativo es útil para poner de presente que el Tribunal
accionado tampoco incurrió en el defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto, que se le endilgó por supuestamente exigirle una carga probatoria
adicional a la demandante, esto es demostrar lo devengado en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional a través de un medio
de convicción determinado. Esta Sala de Subsección estima que el criterio del
Tribunal resulta consecuente con los requisitos definidos en la Ley 50 de 1886 para
el reconocimiento de las pensiones, normatividad cuya aplicación se estima
razonable, según se explicó en precedencia. El juez natural de la causa después de
hacer referencia a las pruebas allegadas al proceso, consideró que la parte actora
no cumplió con la carga de acreditar que devengó el sobresueldo del 20%, con el
propósito de que fuese tenido en cuenta para reliquidar su pensión gracia.

22.- En ese contexto, se tiene que el Tribunal Administrativo de Boyacá valoró
razonablemente las pruebas aportadas al proceso ordinario, pero resolvió restarle
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fuerza probatoria a las documentales relacionadas con el proceso ejecutivo que
cursó ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja con fundamento en el
artículo 7 de la Ley 50 de 1886, según el cual los factores salariales devengados
deben probarse a través de la certificación expedida por la entidad respectiva o con
los actos administrativos expedidos por el respectivo pagador.

23.- Además, para sustentar su decisión la autoridad judicial accionada expuso
claramente que la tarifa legal fijada en el artículo 7 de la Ley 50 de 1886 es una
norma especial en materia pensional, de manera que su aplicación es preferente a
la regla general de la libertad probatoria contenida en el artículo 165 del Código
General del Proceso. Igualmente, indicó que del certificado salarial expedido por la
Secretaría de Educación de Boyacá el cual era el documento idóneo para determinar
la causación del derecho, no podía establecerse que la actora hubiese devengado el
referido sobresueldo en el año anterior a la consolidación del estatus pensional.

24.- De ese modo, una vez revisada la providencia cuestionada, se tiene que el
razonamiento efectuado por la autoridad judicial accionada en modo alguno se torna
arbitrario; pues contrario a lo expuesto en la demanda de tutela, se analizaron todos
los documentos obrantes en el plenario, pero en ejercicio de la autonomía funcional
que caracteriza la actividad de los jueces, el Tribunal Administrativo de Boyacá
concluyó que las providencias proferidas en el proceso ejecutivo adelantado ante el
Juzgado Laboral de Tunja no tenían la potencialidad de acreditar, en los términos del
artículo 7 de la Ley 50 de 1896, que la señora Margarita Acosta devengó el factor
salarial de sobresueldo en el año anterior a adquirir su estatus pensional.

25.- En definitiva, se evidencia que la valoración probatoria efectuada por la
autoridad judicial accionada no fue arbitraria o caprichosa, toda vez que se pronunció
sobre las pruebas aportadas y explicó los motivos legales por los cuales desmeritó
su valor probatorio.

26.- Finalmente, en cuanto a los argumentos esbozados por la UGPP en su
impugnación, la Sala no hará análisis alguno al respecto, pues casi la mayoría iban
encaminados a que se hiciera un estudio respecto al no reconocimiento del
sobresueldo por ser ilegal; argumentos que debieron ser puestos en conocimiento
de los jueces naturales de causa, los cuales son los únicos encargados de verificar
y analizar si la señora Margarita era beneficiaria o no de dicha prestación.

27.- Aunado a ello, frente a la tesis de que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, ya que quien acciona no ha acudido al recurso extraordinario de
revisión para controvertir la decisión del Tribunal, la impugnante omite precisar en
forma clara cómo la situación de la accionante se enmarca en alguna de las causales
fijadas legalmente para la procedencia de este recurso.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

28.- Con fundamento en lo expuesto, se revocará la decisión de 23 de noviembre
de 2023 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A,
para en su lugar, negar el amparo solicitado.

29.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO.– REVOCAR la sentencia del 23 de noviembre de 2023 proferida por la
Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR el
amparo solicitado por la accionante.

SEGUNDO.– NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO.– ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLAS YEPES CORRALES (E)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

7 VF

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