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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00449-01

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00449-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 7 de abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió en forma parcial a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Justino Perlaza Zambrano contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandada, que incluye las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación. 25 Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP 3º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2018-00449-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

2 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Demandante : Justino Perlaza Zambrano
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Reconocimiento de pensión gracia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
accionada contra la sentencia de 7 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 1 a 191). El señor Justino Perlaza Zambrano, por
intermedio de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones UGM 21873 de
23 de diciembre de 2011, UGM 40611 de 28 de marzo de 2012, RDP 41764 de
3 de noviembre de 2017 y RDP 10930 de 27 de marzo de 2018, por las que la
entidad accionada negó el reconocimiento de la pensión gracia al demandante.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) conceder la aludida prestación a partir de la fecha de
adquisición del estatus pensional (14 de abril de 2009), debidamente indexada;

1
Las presentes diligencias reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión
judicial denominada Samai.

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

(ii) pagar intereses moratorios y (iii) dar cumplimiento al fallo en los términos
del artículo 192 del CPACA. Por último, se le condene en costas.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el actor que nació el 14 de abril de 1959 y
prestó sus servicios como maestro nacionalizado y municipal del 2 de
septiembre de 1979 al 15 de junio de 1984 y desde el 10 de diciembre de 1990,
respectivamente, motivo por el cual el 28 de septiembre de 2009 y el 7 de junio
de 2017 pidió de la accionada la pensión gracia, negada a través de las
resoluciones cuestionadas, con el argumento de que el «[…] periodo laborado
desde [el] 02 de septiembre [de] 1979 hasta el 15 de junio de 1984 no son
posibles tenerlos en cuenta toda vez que el Decreto de Nombramiento y Acta de
Posesión tienen una inconsistencia» (sic), esto es, «[…] fueron suscrit[o]s en el
año 1979 y firmad[o]s en […] 2009».

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos acusados el preámbulo y los
artículos 1º, 2º, 6º, 25, 29, 48, 53, 90, 121 y 209 de la Constitución Política; 40
de la Ley 4ª de 1966, 1º a 4º de la Ley 114 de 1913, 6º de la Ley 116 de 1928,
1º y 2º de la Ley 40 de 1976, 1º (parágrafo 1º) de la Ley 33 de 1985, 15 de la
Ley 91 de 1989, 3º del Decreto 81 de 1976 y 3º del Decreto ley 2277 de 1979.

Arguye que la demandada incurre en falsa motivación e infracción de las
normas en que debía fundarse, dado que desconoce que satisfizo la totalidad de
requisitos para ser beneficiario de la prestación reclamada, sin que sea dable
perjudicarlo por la desaparición de los documentos originales que prueban su
vinculación con la docencia estatal entre el 2 de septiembre de 1979 y el 15 de
junio de 1984, máxime cuando «[…] el Alcalde del municipio Olaya Herrera
en fecha 20 de octubre de 2009, expide la Resolución N° 48 de […] 20 de
octubre de 2009 por el cual resuelve la reconstrucción del expediente laboral
[…], toda vez que no existe gran parte del archivo municipal debido a los
incendios y atentados por parte de grupos al margen de la ley, donde en la parte
resolutiva […] reconoce la relación laboral entre el municipio y […]» (sic) él.

1.2 Contestación de la demanda (ff. 136 a 1412). La entidad accionada, por
conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del medio
de control y se refirió a los hechos, en el sentido de que unos son ciertos, otros
parcialmente y los demás no. Asimismo, propuso las excepciones denominadas
inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, cobro de lo
no debido y prescripción.

2
Ibidem.

2

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

Dice que «Los tiempos laborados [por el accionante] desde el 02 de septiembre
de 1979 hasta el 15 de junio de 1984, no es posible tenerlos en cuenta por
cuanto el acta de posesión y decreto de nombramiento que los ratifica tienen
un[a] inconsistencia, ya que se indica que se suscribieron en el año 1979 y
fueron firmados en el año 2009, situación totalmente incoherente, además, no
contienen notas aclaratorias que indiquen el por qué de dicha situación» (sic).

Que (i) el lapso laborado por el demandante a partir de 1990 no es susceptible
de ser contabilizado para el reconocimiento de la pensión gracia, «[…] en tanto
el certificado de información laboral de fecha 15 de febrero de 2012, suscrito
por la Secretaría de Educación Municipal de San Andrés de Tumaco, establece
que […] laboró como docente NACIONAL […]» (sic); y (ii) «[…] los recursos
o parte de ellos, devengados […] como docente del Departamento de Nariño /
Municipio de Tumaco se cancelaron con recursos de la Nación y/o del Sistema
General de Participaciones […]» (sic).

1.3 Providencia apelada3. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante
sentencia de 7 de abril de 2021, accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda (con condena en costas), al considerar que el actor colmó los
requerimientos para acceder a la pensión gracia deprecada, puesto que en «[…]
los formatos de certificado de historia laboral que expide el FOMAG
claramente se precisa que durante este periodo [2 de septiembre de 1979 a 15
de junio de 1984] el [actor] se vinculó directamente con el Municipio de Olaya
Herrera, entidad ante la cual efectuó sus aportes, pero además, […] el
Secretario de Educación Municipal de Tumaco ratifica que la vinculación fue
de tipo municipal» (sic).

Que, con Resolución 48 de 20 de octubre de 2009, el alcalde de Olaya Herrera
precisa que adelantó el trámite de reconstrucción del expediente administrativo
a nombre del actor, que contiene los documentos inherentes a la labor prestada
por este como maestro de ese municipio, «[…] específicamente, frente a la
vinculación iniciada el 12 de septiembre de 1979 y culminada el “15 de Junio
de 1985”; se advierte que el demandante aportó “copia simple y en deterioro”
del decreto de nombramiento, pero además, solicitó el recaudo de pruebas
testimoniales para acreditar su dicho; se deja constancia que el archivo
municipal de Olaya Herrera se ha perdido a causa de incendios y de los
atentados terroristas ocurridos en la zona, y que en él no reposan los originales
[…]; y finalmente refiere que con la copia simple aportada y los testimonios
[…] se probó la vinculación […]» (sic).

3
Idem.

3

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

Respecto del fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, sostiene que el
accionante formuló dos (2) reclamaciones, una el 28 de septiembre de 2009 y
la otra el 7 de junio de 2017; sin embargo, conforme al artículo 102 del Decreto
1048 de 1969, aquella «[…] se interrumpe por una sola vez y por un lapso igual,
en el caso concreto, […] debe contabilizarse a partir del 7 de junio de 2017, en
consecuencia, se declararán prescritas las mesadas causadas con anterioridad
al 7 de junio de 2014» (sic).

1.4 El recurso de apelación4. Inconforme con el anterior fallo, la entidad
accionada interpuso recurso de apelación, para lo cual insiste en que el
demandante no satisfizo las exigencias legales para obtener la pensión gracia,
pues (i) no hay «[…] certeza sobre los tiempos de servicio […], no existe la
prueba idónea en donde conste el tipo de vinculación […], es decir,
especificando si es de carácter Nacional, Nacionalizado, Distrital, Municipal o
Departamental, así como la fecha de vinculación y el origen de los recursos
con los que se financió dicha vinculación y copia de los actos de nombramiento
y posesión respectivos» (sic); (ii) «[…] no existe reconstrucción de los actos
administrativos que cumplan con lo previsto en la Ley 50 de 1886, artículos 7
y 8, destacando que no puede ser admisible la prueba testimonial para
comprobar hechos que deben constar por documentos o por pruebas
preestablecidas por las leyes o con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley
1564 de 2012» (sic); (iii) «[…] los tiempos laborados […] en su calidad de
docente del Departamento de Nariño y/o Municipio de Tumaco […], desde el
año 1990, son certificados por el ente territorial para el cual prestó sus
servicios, sin embargo, teniendo en cuenta que dichos tiempos corresponden a
una nueva vinculación, los mismos se consideran para todos los efectos
nacionales»; y (iv) los recursos con los que se sufragan los salarios del actor
provienen de la Nación. De igual modo, solicita se revoque la condena en costas
que le fue impuesta, toda vez que actuó de buena fe.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 23 de junio de 20215 y
admitido por esta Colegiatura a través de proveído de 20 de mayo de 20226, en
cumplimiento del artículo 247 del CPACA7; y durante la oportunidad
establecida en el numeral 4 ibidem la demandada presentó alegatos de
conclusión para reiterar sus argumentos de defensa y alzada8 y pedir pruebas,

4
Ib.
5
Ibidem.
6
Idem.
7
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
8
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada Samai (índice 14).

4

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

mientras que el accionante y el correspondiente agente del Ministerio Público
guardaron silencio9.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Cuestión previa. Antes de abordar la controversia jurídica planteada, se
observa que la accionada, en el escrito de alegaciones finales, solicita que en el
trámite de la segunda instancia se decreten y practiquen las siguientes pruebas:

[…] se oficie a la secretaría de educación del municipio de Contadero
Nariño, del municipio de Funes Nariño y a la secretaría de educación
departamental de Nariño para que se emitan certificados, con anexos […],
emitidos por funcionario competente con el objetivo de determinar el
carácter de las plazas docentes conforme a lo señalado por esta
Corporación en sentencia de unificación.

Se peticiona que se requiera mediante oficio a las entidades antes
señaladas para que remita a este Despacho:

copia de los actos administrativos de nombramiento y posesión; así como,
la expedición del certificado laboral que informe de manera suficiente,
inequívoca y sin inconsistencias: (i) la plaza (o categoría) territorial,
nacional o nacionalizado docente; (ii) la fuente de financiación de todos
los tiempos acreditados para el reconocimiento de la pensión gracia: a)
recursos del situado fiscal, b) recursos propios de las entidades
territoriales, y c) otros (especificar); (iii) identificación del régimen
salarial nacional o territorial de todos los tiempos acreditados; iv) factores
salariales percibidos durante los 20 años de servicios acreditados para el
reconocimiento de la pensión gracia; v) identificación del escalafón
docente durante los 20 años de servicios acreditados para el
reconocimiento de la pensión gracia; vi) Institución educativa y orden
territorial, nacional o nacionalizada de la misma; vii) tipo de educación
prestada por el docente (primaria, secundaria, normalista, entre otras); viii)
forma de vinculación en carrera, provisional o interinidad del docente; y
ix) origen y evolución de la plaza docente antes y después de la
nacionalización de la educación [sic para toda la cita].

Al respecto, resulta menester destacar que, de conformidad con el artículo 212
del CPACA10, para que las pruebas puedan ser apreciadas por el juez de la
causa, deberán ser solicitadas, practicadas e incorporadas al proceso dentro de
los términos y oportunidades allí señalados. Acerca de la posibilidad de requerir

9
Índice 15 ibidem.
10
Modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021.

5

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

la práctica de pruebas en sede de apelación, el artículo en referencia establece
que dicha petición debe ser formulada por la parte interesada dentro del término
de ejecutoria del auto que admite la alzada contra la sentencia de primera
instancia, y en cuanto a la procedencia para su decreto, prevé:

Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro
de los términos y oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica
de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su
respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones
y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último
evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para
probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las
oportunidades probatorias anteriormente señaladas.

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el
término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán
pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su
anuencia.

2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante
haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las
pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los
numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de
ejecutoria del auto que las decreta.

Parágrafo. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren
procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder
de diez (10) días hábiles.

A partir de lo anotado, la Sala estima que no se encuentran acreditados los
supuestos de hecho que preceptúa la anterior normativa, por lo que no es
procedente la aludida solicitud de pruebas, comoquiera que, además de que su
6

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

recaudo involucra a entes territoriales que no tienen relación con la presente
controversia, no se piden de común acuerdo con el demandante ni tratan sobre
hechos ocurridos con posterioridad a la oportunidad probatoria agotada ante el
a quo o negadas en primera instancia; asimismo, resulta innecesaria, habida
cuenta de que en el expediente obra respuesta de la secretaría de educación de
Tumaco, que se pronuncia sobre los mismos aspectos que ahora echa de menos
la entidad accionada.

En esas condiciones, en el asunto sub examine no es dable decretar ni practicar
las pruebas requeridas en segunda instancia.

3.3 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación11, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al actor le asiste razón jurídica para
reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los
requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás
normas que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues no laboró
por lo menos veinte (20) años como profesor con vinculación territorial o
nacionalizada en instituciones educativas departamentales, distritales o
municipales, como lo alega la demandada.

3.4 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial para efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a
su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 191312 consagró por primera vez la pensión
gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente Ley.

11
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
12
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».

7

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían
los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación;
tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 13, la educación
pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto
que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 192814 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a
la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en
la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual15.

La Ley 37 de 193316 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.

13
«[S]obre Instrucción Pública».
14
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
15
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de
una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el
de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
16
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».

8

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199817, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4
(numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no
haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente
el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que
la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos
relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para
acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino
limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación.
En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la
doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido
en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble
asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia
establezca la ley.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197518, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.

17
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
18
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

9

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se
acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de
agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de
1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en
relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión
gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.
[…]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la
establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados
(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como

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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
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dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y
por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley19.

Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202020, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es,
la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales,
los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria
aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,]
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida
fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91
de 1989».

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio
de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la
pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de
diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector
educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó
el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser
acreedor de esa prestación.

19
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás
Pájaro Peñaranda.
20
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

11

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En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de
1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral
de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de
1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen
“un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el
tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de
diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes
nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de
la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER),
girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían
vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y
por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para
entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”,
continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con
el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber:
los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio
de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que
existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata
la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las
leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación
de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31
de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto
y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente
acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada
(artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo
13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no
existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo
12

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150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las
leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del
Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional
haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de
1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros
docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban
vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda
a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta
situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a
disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán
posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa”
la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el
legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya
de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y
quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es
claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que,
las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se
tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad
cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto
por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la
acusación21 [se subraya y destaca].

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

21
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues,
como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre
de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los
vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho
“sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca).
La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.

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a) Cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento del actor, que dan cuenta
de que nació el 14 de abril de 1959 (ff. 21 y 2222).

b) Resolución 48 de 20 de octubre de 2009, por el que el alcalde de Olaya
Herrera (Nariño) «[…] RESUELVE UNA SOLICITUD DE
RECONOCIMIENTO LABORAL Y RECONSTRUCCION DE ESPEDIENTE
LABORAL» (sic) [ff. 25 y 2623], así:

Que el señor JUSTINO PERLAZA ZAMBRANO […] presento […] el
12 de mayo del 2009, solicitud de reconstrucción de expediente Laboral,
Acta de Posesión por considerar haberse posesionado ante el alcalde
Municipal el 12 de Septiembre del Año Mil Novecientos setentainueve
(1979), en el cargo de Docente de la escuela Rural Mixta el Ceibo del
Municipio de Olaya Herrera Nariño desde 12 de septiembre de 1979 hasta
el 15 de Junio de 1985.

Que para probar la existencia de la posesión […] aportó los siguientes
documentos y solicito los siguientes testimonios:

1. Copia simple y en deterioro del decreto de Nombramiento No. 022 del
Once de Septiembre de 1979 expedido por el Alcalde Municipal de Olaya
Herrera Nariño.
2. Que se lo llame a rendir declaración de parte […]
3. Que se llamara a rendir testimonio al director de núcleo de la época […]
4. Que se llamara a rendir testimonio al señor ALVARO LANDAZURY
SANCEHEZ quien fue su aluno escueta Rural Mixta el Ceibo del
Municipio de Olaya Herrera Nariño, en el año de 1979 y 1984 […].
5. Que se llamara a rendir testimonio a la señora VENICIA SÁNCHEZ
quien fue madre de Familia en los años 1979 y 1984 […].

Que debido a los incendios y atentados por parte de grupos al margen de
la Ley que ha sufrido la alcaldía […], se ha perdido gran parte del Archivo
Municipal, y No reposan los originales de los documentos que requiere el
señor […] PERLAZA ZAMBRANO por lo anterior se hiso necesario
adelantar el proceso de reconstrucción de expediente laboral […].

Que de conformidad con la documentación aportada […] el señor […]
PERLAZA ZAMBRANO, laboro al servicio del Municipio de Olaya
Herrera Nariño, en los periodos de tiempo comprendido des del:

CARGO DESDE HASTA
Docente Municipal de Olaya 12 de Septiembre 15 de Junio de
Herrera Nariño en la escuela Rural de 1979 1984
Mixta el Ceibo

[…]

22
Reposan en expediente digital contenido en la plataforma Samai.
23
Ibidem.

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Que en atención a lo anteriormente expuesto el Alcalde Municipal de
Olaya Herrera Nariño.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER la relación laboral existente
entre el Municipio de Olaya Herrera Nariño y el señor JUSTINO
PERLAZA ZAMBRANO, [como] Docente Municipal de Olaya Herrera
Nariño […].

ARTICULO SEGUNDO: expedir las certificaciones, decreto y actas de
posesión correspondientes al cargo que ocupo […].

ARTICULO TERCERO CONSERVAR, todos los documentos que
conforman el expediente y que motivaron la presente resolución de
reconocimiento laboral […], que incluyen actas de posesión
certificaciones laboral y todo cuanto reposa en el expediente.

[…] (sic para toda la cita).

c) Decreto 22 y acta de 2 de septiembre de 1979, suscritos por la aludida
autoridad el 22 de diciembre de 2009 en cumplimiento del acto administrativo
citado en precedencia, por medio de los cuales designa y posesiona al
accionante, respectivamente, en el cargo de profesor (ff. 27 y 2824).

d) Decreto 1341 de 5 de diciembre de 1990, con el que el departamento de
Nariño nombra al demandante como director de la Escuela Rural Mixta de Pital
Piragua de Tumaco (sic; ff. 29 y 3025).

e) Decreto 183 de 25 de abril de 2016, por cuyo conducto el municipio de
Tumaco nombra al actor en período de prueba «[…] como Coordinador (a) en
la Institución Educativa Iberia a partir del 25 de abril de 2016» (sic; ff. 44 a
4526).

f) «FORMATOS» únicos para la expedición de certificado de historia laboral y
de salarios y constancias laborales provenientes de las secretarías de educación
de Tumaco y Olaya Herrera, en los que se consigna que el accionante trabajó
en condición de maestro del 2 de septiembre de 1979 al 15 de junio de 1984 y
entre el 10 de diciembre de 1990 y el 28 de agosto de 2019 (día en que fue
emitida la última de dichas certificaciones), con vinculaciones municipal y
nacionalizada, en su orden (ff. 200 a 206, 227 y 22827).

24
Idem.
25
Ib.
26
Ibidem
27
Idem.

15

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g) El 24 de enero de 2023 se consultó certificado de antecedentes en la página
electrónica de la Procuraduría General de la Nación, en el que aparece que el
actor no presenta antecedentes disciplinarios28.

h) Resoluciones UGM 21873 de 23 de diciembre de 2011 y UGM 40611 de 28
de marzo de 2012, mediante las cuales la entonces Caja Nacional de Previsión
Social (Cajanal) negó la pensión gracia reclamada por el demandante el 28 de
septiembre de 2009, por cuanto los certificados adosados no contienen «[…] la
fecha exacta de vinculación y retiro definitivo del cargo ejercido como docente,
al igual que […] no se encuentra expedido por el funcionario competente […].
Al igual [se] expresa de manera clara que la vinculación del recurrente desde
el año de 1990 a la fecha es de carácter NACIONAL» (sic; ff. 59 a 63).

i) Resoluciones RDP 41764 de 3 de noviembre de 2017 y RDP 10930 de 27 de
marzo de 2018, a través de las cuales la entidad demandada atiende de manera
desfavorable la solicitud de reconocimiento de la mencionada prestación
formulada por el actor el 7 de junio de 2017, toda vez que (i) «[…] los tiempos
laborados desde el 02 de septiembre de 1979 hasta el 15 de junio de 1984, no
es posible tenerlos en cuenta […], por cuanto […] el acta de posesión y decreto
de nombramiento que los ratifica tiene una inconsistencia ya que se
suscribieron en el año 1979 y fueron firmadas en el año 2009, situación que no
es coherente, además no contienen nota aclaratoria que indiquen el porqué de
dicha situación»; y (ii) la secretaría de educación de Tumaco certificó «[…] que
el interesado laboró como docente Nacional desde el año 1990 y hasta el año
2012, y por lo tanto no cumpliría con el requisito de 20 años […] al servicio
docente» (sic; ff. 66 a 7029).

De las pruebas antes enunciadas se desprende que el accionante nació el 14 de
abril de 1959 y prestó sus servicios para la educación oficial, así:

Tiempo
Nominador Acto de nombramiento Desde Hasta laborado
a m d
Municipio de Decreto 22 de 2 de
02/09/1979 15/06/1984 4 9 14
Olaya Herrera septiembre de 1979
Departamento Decreto 1341 de 5 de
10/12/1990 24/04/2016 25 4 15
de Nariño diciembre de 1990
Municipio de Decretos 183 de 25 de
25/04/2016 28/08/201930 3 4 4
Tumaco abril de 2016
28
Corte Constitucional, sentencia C-371 del 14 de mayo de 2002: «[…] la buena conducta que resulta exigible
de los servidores públicos […] se precisa a partir del respectivo régimen disciplinario».
29
Ib.
30
Fecha de expedición del último de los certificados de tiempos de servicio proveniente de la secretaría de
educación de Tumaco, en el que consta que el accionante seguía «ACTIV[O]» como docente (ff. 204 a 206
ibidem).

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Total tiempo de servicio 33 7 9

En tal virtud, el 28 de septiembre de 2009 y el 7 de junio de 2017 el demandante
pidió de la accionada el reconocimiento de la pensión gracia, negado con
Resoluciones UGM 21873 de 23 de diciembre de 2011, UGM 40611 de 28 de
marzo de 2012, RDP 41764 de 3 de noviembre de 2017 y RDP 10930 de 27 de
marzo de 2018 (enjuiciadas), puesto que las pruebas atinentes a la vinculación
en la educación oficial desde el 2 de septiembre de 1979 hasta el 15 de junio de
1984, contienen inconsistencias que impiden su valoración, al paso que su
ingreso con posterioridad al 10 de diciembre de 1990 es de carácter nacional.

En el asunto sub judice, la demandada cuestiona la decisión del a quo, en cuanto
accedió parcialmente a las pretensiones, comoquiera que, según los documentos
adosados, la vinculación del actor después de 1990 es nacional, mientras que no
obra prueba que corrobore el servicio prestado entre 1979 y 1984, «[…] es
decir, especificando si es de carácter Nacional, Nacionalizado, Distrital,
Municipal o Departamental, así como la fecha de [ingreso] y el origen de los
recursos con los que se financió […]»31 (sic) o copia del acto de nombramiento
o la respectiva posesión, amén de que «[…] no existe reconstrucción de los
actos administrativos que cumplan con lo previsto en la Ley 50 de 1886,
artículos 7 y 8, destacando que no puede ser admisible la prueba testimonial
para comprobar hechos que deben constar por documentos o por pruebas
preestablecidas por las leyes […]» (sic)32.

Ahora bien, con el propósito de dilucidar los reparos de la recurrente, se deberán
abordar las distinciones previstas por el legislador entre profesores nacionales,
nacionalizados y territoriales, en lo que tiene que ver con su vinculación.

Sobre este aspecto, resulta oportuno aclarar que, en virtud de la Ley 43 de 1975,
se nacionalizó la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un
término de 5 años (artículo 333), esto es, hasta el 31 de diciembre de 1980, de lo
que se colige que con antelación a dicho trámite únicamente existían dos (2)
categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales y territoriales. Y, posterior
a la referida nacionalización de la educación, se clasificaron en nacionales,
nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación quedó establecida en el
artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:

31
Escrito de apelación (índice 2 del expediente digital).
32
Ibidem.
33
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%)
de los gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los
presupuestos respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en
un veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de
los mismos en 1980 (de 1976 a 1980)».

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i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.

ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito del
artículo 1034 de la Ley 43 de 1975.

La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).

La importancia de tal clasificación radica en que se constituye en el punto de
partida de la Administración y los jueces de esta jurisdicción para evaluar si el
interesado tiene derecho o no al reconocimiento de la pensión gracia.

Entonces, en este caso se debe dar aplicación al principio de la primacía del
derecho sustancial sobre el formal, puesto que no se ajusta a los parámetros de
una correcta administración de justicia negar una prerrogativa, máxime de
carácter pensional, con fundamento en interpretaciones erradas de ciertos
elementos de prueba, cuando a través de otros se demuestran los hechos
debatidos, los cuales soportan las pretensiones de la demanda.

De acuerdo con lo expuesto, en lo atinente al período servido por el accionante
desde el 2 de septiembre de 1979 hasta el 15 de junio de 198435, con Resolución
48 de 20 de octubre de 2009 el municipio de Olaya Herrera finaliza el trámite
de reconstrucción del expediente administrativo de aquel, en su condición de
pedagogo, y, en consecuencia, reconoció la relación laboral entre ellos y ordenó
expedir los actos que certifiquen dicha situación administrativa, a lo que se dio
cumplimiento el 22 de diciembre de 2009, cuando el alcalde suscribió «copias»
del Decreto 22 y el acta de posesión, ambos de 2 de septiembre de 1979, en los
que consta el nombramiento del demandante en el cargo, lo que es corroborado
por la respectiva secretaría de educación y la de Tumaco, al informar que esa
designación correspondió al primero de los citados entes territoriales, motivo
34
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán
con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
35
Objeto de discusión por las partes.

18

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por el cual ese interregno es susceptible de ser contabilizado para el
reconocimiento de la pensión gracia deprecada, como lo determinó el a quo.

Debe anotarse que las anteriores pruebas son las que, a la luz del artículo 1º de
la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación, determinan el tipo
de vinculación de una persona con la «profesión docente»36, pues el primero
prevé que los profesores vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
conforman el «[p]ersonal nacional», al paso que la segunda ha concluido que
el funcionario competente para certificar la calidad de maestro territorial es el
nominador.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE-SUJ-
SII-11-2018 (SUJ-11-S2)37, precisó:

Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas
con el reconocimiento de pensión gracia, […] en el sentido de que […]
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además
se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter territorial [se destaca].

Por otra parte, en el sub lite la accionada insiste (como lo hizo en sede de
primera instancia) en que no hay evidencia de que el trámite de reconstrucción
haya atendido los lineamientos previstos en la Ley 50 de 1886, y lo que aportó
el actor fue un certificado del decreto de nombramiento, que, a su juicio, no
sustituye el acto administrativo ni tiene la connotación de prueba supletoria en
materia pensional.

Acerca de este tema, el artículo 7 de la Ley 50 de 11 de noviembre de 1886,
«Que fija reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones»,
preceptúa que «[…] los servicios de un militar, los cuales deben comprobarse
con su hoja de servicios debidamente formada y calificada; los empleos que
haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar de los respectivos

36
Sobre el particular, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 prevé que «Se entiende por profesión docente el
ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata
este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación
educativa, de conserjería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y
demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos
que determine el reglamento ejecutivo».
37
Fallo de 21 de junio de 2018, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).

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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

nombramientos; los servicios de un individuo, que deben constar en los actos
oficiales que ejecutara y de que debió quedar prueba escrita; y todos los hechos
de la misma naturaleza, deben probarse con los respectivos documentos o sus
copias auténticas» (se subraya).

Por tanto, la vinculación laboral de una persona con la Administración debe
quedar consignada en los actos de nombramiento u otros que demuestren el
ejercicio de las funciones desempeñadas.

En lo atinente a la exigibilidad de la prueba documental, esta Corporación, en
providencia de 8 de febrero de 2001, expediente 460-1999, C. P. Tarsicio
Cáceres Toro, precisó que «[…] como la vinculación al servicio público
requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal
y reglamentaria) y de los pagos de salarios existen las nóminas pertinentes -
que en principio sirven para determinar el tiempo de servicio dado que el
Ordenador del gasto sólo debe autorizar los pagos de los días laborados y de
ley-, entonces, ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos,
además de las certificaciones que sobre dichos aspectos expidan las
autoridades competentes teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean
relevantes» (subraya la Sala).

El referido derrotero se mantuvo vigente en la jurisdicción contencioso-
administrativa y se consolidó, en materia de pensión gracia, en el aludido fallo
de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2) atrás trascrito.

En virtud de lo anotado, la prueba principal para demostrar los tiempos
laborados por un docente para el sector educativo oficial, la constituyen bien
los actos administrativos de nombramiento ora la certificación expedida por el
nominador que, de manera expresa y determinada, dé cuenta de ello.

Resulta necesario recordar que la citada Ley 50 de 1886 (artículo 8) dispuso que
«En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las
pruebas preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a
esta ley o al Código Militar, han desaparecido, el interesado debe recurrir a
aquellos documentos que pueden reemplazar los perdidos o hacer verosímil la
existencia de éstos, ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde
pueden hallarse estas pruebas» (se subraya).

De conformidad con lo expuesto, cuando se demuestre que desaparecieron o no
figuran debidamente conservadas en los archivos institucionales las pruebas

20

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

echadas de menos, el interesado debe acudir a los documentos que puedan
reemplazar a aquellas o hacer «creíble» su existencia38.

En el presente caso, el accionante pidió del municipio de Olaya Herrera la
reconstrucción del expediente administrativo a su nombre, a lo que este accedió
(Resolución 48 de 20 de octubre de 2009) en consideración a que, además de
que se demostró que con ocasión de los siniestros ocurridos en la sede del
archivo local (incendios y ataques de grupos al margen de la ley) el original
desapareció, en todo caso el interesado aportó copia «simple y en deterioro» del
acto de nombramiento y se recibieron los testimonios de personas a las que les
constaba su labor como profesor, acto administrativo que se presume legal y del
que, a juzgar por lo dicho por las partes en las presentes diligencias, no ha sido
cuestionado o anulado, sin que sea dable afirmar que ante la omisión del alcalde
de citar en la mencionada Resolución 48 de 2009 como fundamento de derecho
la Ley 50 de 1886, no desvirtúa que se hayan atendido los parámetros allí
consignados39.

En lo concerniente a los restantes lapsos laborados por el demandante (10 de
diciembre de 1990 a 24 de abril de 2016 y 25 de los mismos mes y año a 28 de
agosto de 2019), obran en el expediente Decretos 1341 de 5 de diciembre de
1990 y 183 de 25 de abril de 2016, con los que el departamento de Nariño y el
municipio de Tumaco lo nombran como profesor, en su orden, cuya
vinculación, según lo certificado por la secretaría de educación de Tumaco,
revisten naturaleza «Nacionalizada», por lo que pueden ser tenidos en cuenta
para la prestación reclamada en el sub lite.

38
Ver fallos de 8 de febrero de 2001, expediente 460-1999, C. P. Tarsicio Cáceres Toro; y 10 de julio de 2020,
expediente 25000-23-42-000-2016-01179-01 (1487-2018), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
39
«ARTÍCULO 8o. En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las pruebas
preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a esta ley o al Código Militar, han
desaparecido, el interesado debe recurrir a aquellos documentos que pueden reemplazar los perdidos o hacer
verosímil la existencia de éstos, ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde pueden hallarse
estas pruebas. La prueba testimonial no es admisible sino en caso de falta absoluta bien justificada de pruebas
preestablecidas y escritas; dicha prueba testimonial debe llenar, además de las condiciones generales, las que
se especifican en el artículo siguiente. La prueba supletoria es también admisible cuando se acredite de un
modo satisfactorio que no se pudo establecer oportunamente prueba escrita y las razones por las cuales esto
sucedió.
ARTÍCULO 9o. En todo caso en que conforme a esta Ley, al Código Militar o a cualquiera otra disposición
hayan de presentarse a cualquiera autoridad o empleado pruebas testimoniales relativas a hechos que funden
derecho a obtener pensión, dichas pruebas serán desestimadas cuando no contengan, además de las
condiciones generales de todo testimonio, las siguientes:
1a. Que el testigo de razón clara y precisa de su dicho o sea que exprese de qué modo tuvo conocimiento de
los hechos sobre que declara; y que de esta expresión resulte que el testigo declara de sus propias y directas
percepciones, de forma que lo que él afirma sea lo que vio, oyó o en general percibió directamente; 2a. Respecto
de los hechos crónicos que el testigo afirme, debe asimismo expresar si estuvo presente a todos los hechos que
racionalmente dejan establecida la cualidad de crónicos de los hechos sobre que declara; 3a. Que el
funcionario que recibe la declaración haga constar que el mismo la recibió personalmente oyéndola del testigo
y haciendo a éste todas las preguntas conducentes a establecer el convencimiento de su veracidad y de su pleno
conocimiento de los hechos que declara y distintamente afirma.
[…]» (se subraya).

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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

Sin perjuicio de lo anotado, si bien le asiste razón a la accionada cuando aduce
que en el expediente administrativo figuran dos (2) documentos provenientes
de la secretaría de educación de Tumaco en los que se consigna que desde 1990
el actor se encuentra adscrito a la educación estatal como maestro nacional40, lo
cierto es que esa inconsistencia fue aclarada a través de constancias posteriores,
como se expuso en líneas previas. Es decir, a pesar de las imprecisiones que,
ciertamente, aparecen en las certificaciones de 15 de febrero de 2012, las de 7
de mayo de 2018 y 28 y 29 de agosto de 201941 no dejan duda acerca de la
vinculación del demandante como pedagogo nacionalizado a partir del 10 de
diciembre de 1990.

Por otro lado, se precisa que pese a que en la expedición del Decreto 1341 de 5
de diciembre de 1990 participó el delegado regional del Ministerio de
Educación Nacional en Nariño, ello no da lugar a asumir que la vinculación del
actor adquirió la condición nacional. Al respecto, la sección segunda, en la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2) de 21 de junio de
201842, dijo:

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que
también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de
la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos
que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados43, resulta factible colegir de manera razonada que lo
propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas
por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los
recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —
situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno
y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos
en calidad de rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en
el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de
la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
40
Archivos 36 y 37 del expediente administrativo grabado en la plataforma Samai.
41
Folios 200 a 206, 227 y 228 del expediente virtual.
42
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
43
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el
Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.

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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal44; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación.

Con base en lo expuesto, no es dable concluir que la intervención del delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER en el
nombramiento de un profesor, implique per se que dicha vinculación sea
nacional, pues para ello habrá que determinarse, como ya se explicó, el carácter
de su designación.

Entonces, como en el sub lite el contenido del Decreto 1341 de 5 de diciembre
de 1990 permite inferir que la vacante en la que fue ubicado el demandante
pertenecía al departamento de Nariño y no a la Nación, debe darse prevalencia
a aquel, máxime cuando allí se advierte que el respectivo nombramiento no
emanó del Ministerio de Educación Nacional, con lo que se salvaguarda, a su
vez, la primacía del derecho sustancial sobre el formal.

En este orden de ideas, se tiene que el actor laboró como educador territorial y
nacionalizado, así:

Tiempo
Entidad territorial Vinculación Lapso certificado
a m d
Municipio de Olaya
Territorial 02/09/1979 a 15/06/1984 4 9 14
Herrera
Departamento de Nariño Nacionalizada 10/12/1990 a 24/04/2016 25 4 15
Municipio de Tumaco Nacionalizada 25/04/2016 a 28/08/201945 3 4 4
Total tiempo de servicio 33 7 9

A manera de corolario, se acreditaron plenamente por parte del accionante los
requisitos necesarios para obtener la pensión gracia, como son el haber prestado
los servicios en calidad de maestro territorial y nacionalizado por veinte (20)
años (trabajó más de 33), vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 (2 de
septiembre de 1979), contar con 50 años de edad (los cumplió el 14 de abril de
2009) y observar una buena conducta en su desempeño, razón por la que, como
lo dispuso el a quo, es dable acceder a las pretensiones de la demanda.

Por otra parte, dado que la entidad demandada en el recurso de apelación solicita
se revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en

44
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
45
Fecha de expedición del último de los certificados de tiempos de servicio proveniente de la secretaría de
educación de Tumaco, en el que consta que el accionante seguía «ACTIV[O]» como docente (ff. 204 a 206
ibidem).

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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
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Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no
estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino
que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este sentido,
se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de 201646, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
46
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
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obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, análisis que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal
proceder de la parte accionada, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la
Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que accedió de
manera parcial a las súplicas de la demanda; y revocará la condena en costas,
que incluye las agencias en derecho, impuesta a la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 7 de abril de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió en forma parcial a las súplicas
de la demanda en el proceso instaurado por el señor Justino Perlaza Zambrano
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones
expuestas en la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandada, que incluye
las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.

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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021)
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Justino Perlaza Zambrano contra la UGPP

3º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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