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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00307-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00307-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 20 de octubre de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Goens Manuel Morelos Monterroza contra la UGPP. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. 51 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013- […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2018-00307-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de febrero de 2025

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00307-01 (0805-2024)
Demandante: Goens Manuel Morelos Monterroza
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2018-00307-01 (0805-2024)
Demandante: Goens Manuel Morelos Monterroza
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Subtema 1: Prueba de la vinculación del docente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, el 20 de octubre de 2023, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante sostuvo que cumplía con los requisitos legales y fundamentó su
afirmación en su trayectoria como docente nacionalizado. Sin embargo, la entidad
demandada señaló el incumplimiento de los requisitos legales por falta de certeza
sobre su tipo de vinculación docente, pues existen contradicciones entre los actos de
nombramiento y los certificados laborales.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. El señor Goens Manuel Morelos Monterroza, mediante apoderado judicial,
presentó demanda1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), con las
siguientes pretensiones:

i) Se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones RDP 046203 del 12 de diciembre de 2017 y RDP 009936 del 20 de
marzo de 2018, los cuales le negaron el reconocimiento del derecho a la pensión
gracia.

1 4 de julio de 2018.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00307-01 (0805-2024)
Demandante: Goens Manuel Morelos Monterroza
Demandado: UGPP

ii) A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la UGPP a
reconocer y pagar su pensión gracia desde que adquirió el estatus pensional.

iii) Igualmente, pidió que las sumas reconocidas sean indexadas; incluyan los
reajustes previstos en la Ley 71 de 1988; se apliquen los intereses moratorios
correspondientes y se ordene el pago de las costas procesales y agencias en derecho.

iv) Por último, solicitó que la entidad cumpla la sentencia en los términos del
artículo 192 de la Ley 1437 de 20112.

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. El señor Goens Manuel Morelos Monterroza nació el 19 de junio de 1952 y cumplió
50 años de edad en 2002. Fue designado docente en comisión por el Decreto 1003
del 11 de agosto de 1977, expedido por el gobernador de Córdoba, donde ejerció hasta
el 15 de agosto de 1978.

4. Posteriormente, fue nombrado en propiedad como docente nacionalizado por el
alcalde de Moñitos, a través del Decreto 26 del 15 de mayo de 1993, expedido por esa
misma entidad territorial. Ese tipo de vinculación fue reafirmado mediante el Decreto
574 del 1 de junio de 1998, donde se le trasladó por permuta al Centro Docente Brisas
del Sinú, en el municipio de Montería.

5. Dado que, su estatus pensional se consolidó el 3 de marzo de 2011, presentó una
petición ante la UGPP el 13 de septiembre de 2017, con el propósito de obtener el
reconocimiento del derecho a la pensión gracia. Sin embargo, la solicitud fue negada
por medio de la Resolución RDP 046203 del 12 de diciembre de 2017. La negativa se
basó en la falta de claridad en los documentos aportados, ya que no establecían los
extremos laborales, el cargo como docente, el tipo de vinculación y el origen de los
recursos con los que se pagaron sus servicios. Además, se advirtió la falta de valor
probatorio de las actas de posesión y la ausencia de certificados laborales en original
y copia auténtica.

6. Frente a esa decisión, el accionante interpuso el recurso de apelación. Sin
embargo, después de revisar los argumentos presentados en el recurso, la entidad
mantuvo su postura, mediante la Resolución RDP 009936 del 20 de marzo de 2018,
donde se ratificó la negativa del reconocimiento del derecho a la pensión gracia.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

La Ley 114 de 1913, artículo 1.
La Ley 116 de 1928, artículo 6.
La Ley 91 de 1989, artículos 1 y 15.
La Ley 115 de 1994, artículo 115.

2 Índice 2 Samai. 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR. 01expediente_230012333000201800307. págs. 4 a 11.

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Demandante: Goens Manuel Morelos Monterroza
Demandado: UGPP

La Ley 1437 de 2011, artículo 17.
La Ley 1564 de 2012, artículo 246.

8. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso los siguientes
argumentos:

9. Los actos administrativos demandados desconocen la legislación sobre el valor
probatorio de las copias, ya que nunca se solicitó su cotejo en la actuación
administrativa. Por esa razón, las pruebas allegadas no fueron cuestionadas. Además,
la entidad desatendió las disposiciones que regulan el derecho fundamental de
petición, pues se debió haber requerido los documentos que consideraban faltantes
dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud.

10. Aunque los certificados salariales contenidos en los formularios del FOMAG,
emitidos por la Secretaría de Educación de Montería, señalan que el tipo de
vinculación es de carácter nacional, dichos documentos carecen de valor probatorio.
Tanto el FOMAG como las secretarías de educación, no son autoridades competentes
para determinar la naturaleza del vínculo docente, dado que esa clasificación está
establecida por el legislador. Por último, es importante resaltar que la intervención del
Ministerio de Educación en el acto de nombramiento en propiedad no modifica el tipo
de vinculación docente de nacionalizado a nacional.

2.2. Contestación de la demanda

11. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, al
considerar que el accionante no cumple con los requisitos legales para acceder a la
pensión gracia. Concretamente, indicó que no se acreditó de manera adecuada la
vinculación territorial o nacionalizada, ya que las certificaciones presentadas generan
dudas sobre dicha relación entre 1992 y 2016.

12. Para la entidad, la prueba adecuada para demostrar la naturaleza de la plaza
docente debía ser expedida por el FOMAG, como entidad competente para certificar
el vínculo del docente. En ese sentido, señaló que en los antecedentes administrativos
reposa una certificación del FOMAG que confirma que el demandante tenía una
vinculación de carácter nacional. Según la entidad, dicho documento se encuentra
respaldado por las certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación de
Montería y la Institución Educativa Villa Margarita.

13. Dadas las dudas sobre si el vínculo laboral del docente tiene carácter territorial,
nacionalizado o nacional, la UGPP sostuvo que esta incertidumbre afecta directamente
el cumplimiento de los tiempos de servicio exigidos para adquirir el derecho a la
pensión gracia. Según su posición, la falta de claridad en este aspecto impide
reconocer el derecho reclamado por el demandante. Asimismo, la entidad argumentó
que no se encuentra debidamente acreditada la buena conducta, la consagración y la
honradez del docente, requisitos indispensables para acceder a este beneficio. En su
concepto, estas cualidades solo pueden demostrarse de manera idónea mediante el
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la
Nación, el cual, según señala, no fue aportado al proceso.

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Demandante: Goens Manuel Morelos Monterroza
Demandado: UGPP

14. Subsidiariamente, en caso de una eventual condena, la UGPP solicitó que se
declarara la prescripción del derecho a las mesadas pensionales causadas con
anterioridad a los tres años anteriores a la presentación de la demanda, tal como se
establece en el artículo 41 del Decreto 3135 de 19683.

2.3. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 20 de octubre de
2023, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados. En consecuencia,
condenó a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia con efectos fiscales a partir
del 4 de julio de 2015, pues se declaró probada parcialmente la excepción de
prescripción del derecho. Por último, no hubo condena en costas.

16. La primera instancia observó que el demandante cumplió con todos los requisitos
para adquirir el derecho en cuestión. Se concluyó que la vinculación era de carácter
nacionalizada, dado que los actos de nombramiento y traslado por permuta aportados
al proceso así lo establecían. Además, se evidenció que el Decreto 26 del 15 de mayo
de 1992, mediante el cual se realizó el nombramiento en propiedad, fue expedido por
el alcalde de Moñitos, Córdoba, sin que en dicho documento se señalara que el
nombramiento se efectuaba en nombre de la nación. Por último, se comprobó que el
origen de los recursos utilizados provenía del Sistema General de Participaciones,
conforme al certificado expedido por la Secretaría de Educación Municipal.

17. El Tribunal explicó que las certificaciones expedidas por la Secretaría de
Educación de Montería, donde en principio consta que el vínculo docente es nacional,
no corresponden a la realidad de los hechos. Esto se debe a que el análisis del acto
de nombramiento permite concluir que la vinculación es nacionalizada, teniendo en
cuenta las reglas jurisprudenciales establecidas en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018. Por tal razón, se concluyó que el actor tenía un
tiempo de servicios de 31 años, 6 meses y 15 días, que obedecen a una vinculación
nacionalizada.

18. Sin perjuicio de lo anterior, se advirtió que, si bien el derecho pensional se adquirió
el 3 de marzo de 2011, la reclamación administrativa se presentó el 19 de enero de
20184 y la demanda el 4 de julio de 2018. Así pues, a juicio del Tribunal, operó la
prescripción en las mesadas anteriores al 4 de julio de 2015. Como punto final, de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal se
abstuvo a condenar en costas a la entidad demandada porque las pretensiones solo
prosperaron parcialmente5.

3 Índice 2 Samai. 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR. 01expediente_230012333000201800307. págs. 121 a

137.
4 Nota: La Sala advierte que la fecha señalada por el Tribunal Administrativo de Córdoba como de la presentación

de la reclamación administrativa, esto es, el 19 de enero de 2018, corresponde en realidad a la interposición del
recurso de apelación contra la Resolución RDP 046203 del 12 de diciembre de 2017, mediante la cual se negó el
reconocimiento de la pensión gracia. Esta información puede corroborarse en las consideraciones de la Resolución
RDP 009936 del 20 de marzo de 2018, que confirmó la decisión inicial de negar dicho reconocimiento. Al respecto
ver: Índice 2 Samai. 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR. 01expediente_230012333000201800307. pág. 43.
5 Índice 2 Samai. 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR. 17Sentencia2daInst. págs. 1 a 21.

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2.4. Recurso de apelación

19. La UGPP, mediante apoderado, solicitó que se revocara la decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba. Se afirmó que la providencia apelada reconoció el derecho
a la pensión gracia sin tener la certeza del cumplimiento de todos los requisitos legales.
Concretamente, la principal discrepancia radica en que: las certificaciones del FOMAG,
los oficios expedidos por el alcalde de Montería y la certificación de la Institución
Educativa Villa Margarita indican que el vínculo docente del demandante era nacional
durante sus últimos años de servicio. Por lo tanto, a juicio de la entidad recurrente, no
era dable computar esos tiempos de servicio con el fin de reconocer el derecho a la
pensión gracia.

20. Dentro del mismo escrito de apelación, solicitó que, en caso de confirmar la
sentencia de primera instancia, se tenga presente la prescripción de las mesadas
pensionales anteriores a los tres años precedidos de la interposición de la demanda.
Además, se pidió la improcedencia de la condena en costas en el caso bajo examen
porque no se evidenció circunstancia alguna de temeridad o mala fe que justifiquen
dicha imposición6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

21. Mediante auto del 9 de agosto de 20247, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. No hubo
lugar a la presentación de alegatos de conclusión porque las partes no solicitaron la
práctica de pruebas en esta instancia.

22. Ahora bien, se resalta que, de conformidad con el artículo 74J de la Ley 2430 de
2024, que modifica la Ley 270 de 1996, «las altas cortes, los tribunales y los jueces
podrán agrupar temáticamente los procesos para fallo, aunque los expedientes no se
encuentren acumulados de acuerdo con las normas procesales. Las consideraciones
del primer fallo podrán ser reiteradas en los demás, los cuales podrán ser expedidos
de manera simultánea, sin sujeción al orden cronológico de turnos».

2.5.1. Concepto del Ministerio Público

23.La Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado pidió confirmar la sentencia
impugnada. Una vez examinó el acervo probatorio, explicó que lo trascendental para
determinar la naturaleza de la plaza docente era establecer quién y bajo qué aptitud
se expidió el respectivo acto de nombramiento. De esa manera, concluyó que el
accionante logró acreditar el tiempo legal como docente nacionalizado para adquirir el
derecho a la pensión gracia, pues «sus nombramientos fueron ejecutados por el
Gobernador y Alcalde del Departamento (sic) de Córdoba»8. Igualmente, consideró
que se cumplían a cabalidad los demás requisitos legales para acceder a la pensión
gracia9.

6 Índice 2. Samai. 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR. 19RecursoApelacionDemandado. págs. 23 a 32.
7 Índice 5 Samai
8 Ibidem. pág. 15.
9 Índice 10. Samai.

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, Sección
Segunda, subsección B, es competente para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos, de conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. Problema jurídico

25.La Sala, con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
deberá determinar, en primer lugar, si la vinculación laboral docente del señor Goens
Manuel Morelos Monterroza tiene un carácter territorial, nacional o nacionalizada, con
base en el material documental obrante en el proceso.

26. Definido lo anterior, se procederá a establecer si tiene derecho al reconocimiento
de la prestación pensional gracia solicitada, verificando para ello el cumplimiento de
cada uno de los requisitos exigidos por la ley para dicho reconocimiento.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Pensión gracia

27. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de
191310, para beneficiar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

28. La Ley 116 de 192811 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

29. Posteriormente, la Ley 37 de 193312 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

30. Por su parte, la Ley 91 de 198913, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

10 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
11 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
12 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
13 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

31. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43
de 1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1014 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

32. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199715, en los
siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la

14 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional».
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.

Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Demandado: UGPP

educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

33. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201816, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena
conducta.

34. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.3.2. Prueba de la vinculación del docente

35. La jurisprudencia de esta corporación ha subrayado que, para acreditar los
requisitos para obtener la pensión gracia, no existe un sistema de tarifa legal17. Se ha
promovido la aplicación de los principios de libertad probatoria y de libre apreciación
de la prueba, que rigen el ordenamiento jurídico colombiano. En principio, respecto de
la prueba del vínculo del docente, esta misma Sección unificó su jurisprudencia en la
sentencia SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, en los siguientes términos:

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial (negrillas fuera del texto)18.

36. Bajo ese entendido, no existe una única prueba que acredite el tipo de vinculación
de los docentes para efectos de adquirir el derecho a la pensión gracia19. Sin embargo,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política, se ha
considerado que las pruebas por excelencia para demostrar la configuración de una
relación legal y reglamentaria son los actos de nombramiento con su respectiva acta

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-14). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 13

de abril de 2023. Radicado 05001-23-33-000-2016-00987-01 (116-2021). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Sentencia SUJ-11-S2 del 21 de

junio de 2018. Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-14). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de

noviembre de 2024. Radicado 76001-23-33-000-2016-00236-01 (5753-2018). M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Demandante: Goens Manuel Morelos Monterroza
Demandado: UGPP

de posesión20. De ahí que, para determinar el tipo de vinculación docente, debe
analizarse prioritariamente el acto de nombramiento y, de no contar con este, pueden
presentarse certificaciones u otros documentos que acrediten de manera inequívoca
el vínculo en cuestión21.

37. A partir de lo expuesto, la Sección Segunda de esta corporación ha analizado
casos donde el tipo de vínculo docente difiere entre el acto de nombramiento y los
certificados laborales. Salvo la acreditación de falsedad en el documento, se otorga
preferencia al acto de nombramiento, ya que este detalla con mayor precisión el tipo
de designación, la autoridad emisora, la institución educativa, la naturaleza del vínculo
y sus extremos temporales22. Esto no implica descartar otras pruebas documentales
distintas al acto de nombramiento. La jurisprudencia ha reconocido que «aquel
documento no es la única prueba idónea y conducente para acreditar lo propio, toda
vez que la referida regla jurisprudencial concibió una excepción válida y aplicable a
eventos donde no reposa la pieza aludida»23.

38. Sin embargo, las discrepancias entre la información del acto de nombramiento y la
contenida en el certificado, no afecta la eficacia probatoria del primero, pues, tal como
lo ha señalado esta Sala:

[…] se debe dar aplicación al principio de la primacía del derecho sustancial sobre
el formal, puesto que no se ajusta a los parámetros de una correcta administración de
justicia negar una prerrogativa, máxime de carácter pensional, con fundamento en
interpretaciones erradas de ciertos elementos de prueba, cuando a través de otros
se demuestran los hechos debatidos, los cuales soportan las pretensiones de la
demanda (negrillas fuera del texto)24.

39. Lo anterior exige realizar un análisis crítico de todos los elementos probatorios,
asegurando una valoración coherente y conjunta, en cumplimiento del principio de
apreciación conjunta de las pruebas establecido en el artículo 17625 de la Ley 1564 de
201226. Ese análisis probatorio, además, no puede desconocer que los actos de
nombramiento, al ser actos administrativos, cuentan con la presunción de legalidad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 18

de abril de 2024. Radicado 20001-23-39-000-2016-00501-01 (3752-2018). M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
21 Recientemente, la Subsección A de esta Corporación realizó una lista no taxativa de documentos que pueden

ser considerados idóneos para probar la vinculación docente: «planillas de pago de salarios, actos administrativos
de reconocimiento de tiempos de servicio por hecho cumplido, exámenes médicos de ingreso y de egreso, formato
de hoja de vida institucional, resoluciones o decretos de prestaciones sociales causadas por ese lapso,
certificaciones laborales emitidas por el director de la institución educativa, informes escritos de la autoridad
nominadora, o también testimonios convincentes, coherentes y conducentes que permitieran corroborar tanto la
existencia del vínculo como su naturaleza y duración exacta». Ibidem.
22 Al respecto ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.

Sentencia del 13 de abril de 2023. Radicado 68001-23-33-000-2016-00735-01 (396-2021). M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 21 de

enero de 2021. Radicado 68001-23-33-000-2015-00026-01 (2876-16). M.P. William Hernández Gómez.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 2 de

febrero de 2023. Radicado 52001-23-33-000-2018-00449-01 (3728-2021). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
25 «Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de

las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá
siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba».
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 28

de noviembre de 2024. Radicado 76001-23-33-000-2014-00377-01 (1156-2020). M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: Goens Manuel Morelos Monterroza
Demandado: UGPP

40. En ese sentido, para realizar la valoración probatoria en casos donde el tipo de
vínculo docente difiere entre el acto de nombramiento y los certificados laborales, es
importante tener en cuenta lo siguiente:

i) Aunque no existe una tarifa legal para acreditar el vínculo docente, los actos
de nombramiento y sus correspondientes actas constituyen la prueba por
excelencia para demostrar dicho vínculo.

ii) Los certificados laborales adquieren relevancia ante la falta de los actos de
nombramiento, pues son una excepción válida para demostrar la configuración
de una relación legal y reglamentaria. Por lo que puede ser tomada como una
prueba subsidiaria al acto de nombramiento.

iii) Teniendo en cuenta lo anterior, los actos de nombramiento prevalecen sobre
los certificados laborales, dado que la naturaleza del nombramiento depende
exclusivamente de las condiciones y características de la vinculación27. Este
aspecto debe analizarse en cada caso concreto, considerando si existen otros
elementos que puedan llevar a una conclusión diferente28.

iv) La discrepancia entre la información del acto de nombramiento y la del
certificado no compromete la eficacia probatoria del primero. Si bien el
certificado laboral puede estipular una vinculación nacional, «lo cierto es que la
naturaleza del nombramiento depende, estrictamente, de las condiciones o
características del acto de vinculación»29.

3.4. Hechos probados

41. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

• Edad

42. Para reconocer el derecho pensional reclamado, se requiere haber cumplido 50
años de edad. Visto el material probatorio, la Sala observa que el accionante nació el
19 de junio de 1953, como consta en el registro civil de nacimiento30. En consecuencia,
cumplió con el requisito de los 50 años el 19 de junio de 2003.

• Vinculación docente

43.Con base en el Decreto 1003 del 11 de agosto de 197731, expedido por el
gobernador de Córdoba y aportado al proceso, se acredita que el demandante fue
nombrado como maestro en comisión, con efectos fiscales al 1 de junio de 1977, según
consta en el acta de posesión32. Se aclara que prestó sus servicios hasta el 15 de
noviembre de 1978, de acuerdo con el «Certificado de Información Laboral» expedido

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 11

de abril de 2024. Radicado 08001-23-33-000-2016-01457-01 (2575-2018). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Índice 2 Samai. 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR. 01expediente_230012333000201800307. pág. 20.
31 Ibidem. pág. 21.
32 Ibidem. pág. 22.

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Demandado: UGPP

el 23 de agosto de 2017 por la Secretaría de Educación de Córdoba33.

44. A partir de la certificación de disponibilidad presupuestal emitida por la delegada
permanente del Ministerio de Educación ante el Fondo Educativo Regional (en
adelante FER), el alcalde de Moñitos expidió el Decreto 26 del 15 de mayo de 1992
«por medio del cual se nombra en PROPIEDAD (sic) a un Docente de SECUNDARIA
(sic) en el Cole- (sic) Nacionalizado “San José” de Moñitos con cargo a la Nación»34.
Se establece que el demandante fue vinculado en propiedad como licenciado en
Ciencias Sociales en el Colegio Nacionalizado San José. En estos términos, se tiene
acreditado que el demandante asumió el cargo el 21 de mayo de 1992, según el acta
de posesión35.

45.De acuerdo al Decreto 574 del 1 de junio de 1998 «por medio del cual se traslada
por permuta libremente convenida a unos docentes de Nómina Nacionalizada»,
expedido por el gobernador de Córdoba, el demandante es trasladado por permuta al
Centro Docente Brisas del Sinú36.

46. Según se indica en el Certificado de Historia Laboral del 3 de agosto de 2022,
expedido por la Secretaría de Educación de Montería, el señor Goens Manuel Morelos
Monterroza fue trasladado al plantel educativo de Villa Margarita mediante la
Resolución 104 de 200437. El mismo documento también confirma su incorporación a
dicho plantel a través del Decreto 237 de 2004. Finalmente, el certificado señala que
el demandante fue desvinculado del servicio por alcanzar la edad de retiro forzoso, en
virtud del Decreto 264 de 2022.

• Actos demandados

47.Mediante la Resolución RDP 046203 del 12 de diciembre de 2017, la UGPP le
negó al señor Goens Manuel Morelos Monterroza el reconocimiento de la pensión
gracia, al considerar que se trataba de un docente con vinculación nacional38. Esta
decisión fue confirmada en la Resolución RDP 009936 del 20 de marzo de 2018, al
resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante39.

3.5. Caso concreto

48.El demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron la
pensión gracia. De ser favorable su pretensión, pidió que se le reconociera dicho
derecho desde el momento en que adquirió el estatus pensional.

49. El Tribunal Administrativo de Córdoba declaró la nulidad de los actos demandados
al concluir que la vinculación del docente tenía carácter nacionalizado. Esto se
sustentó en los actos de nombramiento y traslado por permuta, en los cuales no se
mencionó que el nombramiento se efectuaba en representación de la nación. En
consecuencia, se determinó que el demandante acumuló un tiempo de servicio de 31

33 Ibidem. pág. 28.
34 Ibidem. pág. 24.
35 Ibidem. pág. 25.
36
Ibidem. pág. 26-27.
37 Índice 2 Samai. 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR. 08RespuestaSolicitud. pág. 5.
38 Índice 2 Samai. 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR. 01expediente_230012333000201800307. pág. 33 a 36.
39 Ibidem. págs. 43-47

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años, 6 meses y 15 días como docente nacionalizado y, por lo tanto, tenía derecho a
la pensión gracia. Además, el Tribunal señaló que, aunque el derecho pensional se
adquirió en 2011, las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 4 de julio de
2015 se encontraban prescritas.

50. Inconforme con esta decisión, la entidad demandada interpuso el recurso de
apelación. Se argumentó que la providencia apelada otorgó la pensión gracia sin
verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales. Para la recurrente, las
certificaciones del FOMAG, los oficios del municipio de Montería y la certificación de
la Institución Educativa Villa Margarita, señalan que el vínculo docente del demandante
era de carácter nacional en sus últimos años de servicio. Por ello, la entidad
demandada consideró que dichos tiempos no debían contabilizarse para conceder la
pensión gracia. Además, en caso de que se confirmara la primera instancia, el
demandado solicitó que se aplicara el término de prescripción.

51.Como se puede observar, el recurso de apelación presentado por la entidad
demandada se limita a cuestionar dos aspectos: la naturaleza de la vinculación
docente del actor, y la prescripción de las mesadas pensionales anteriores a los tres
años previos a la presentación de la demanda. En este contexto, es esencial recordar
que, como lo ha señalado esta corporación40, el escrito de apelación delimita el
problema jurídico y los aspectos de hecho y de derecho que deben ser objeto de
análisis. Por consiguiente, en aplicación del principio de congruencia y de justicia
rogada, no se evaluarán los restantes requisitos de la pensión gracia que no fueron
debatidos ante esta instancia41.

52.Respecto al primer periodo en que ejerció la docencia, el accionante acreditó en el
proceso que: i) fue nombrado por el gobernador de Córdoba como maestro en
comisión, mediante el Decreto 1003 del 11 de agosto de 1977; ii) tomó posesión el 27
de septiembre de 1977, con efectos fiscales a partir del 1 de junio de 1977; y iii) dejó
de prestar sus servicios el 15 de noviembre de 1978, de acuerdo con el «Certificado
de Información Laboral» expedido el 23 de agosto de 2017 por la Secretaría de
Educación de Córdoba.

53. Una vez analizadas las pruebas, esta Sala concluye que el primer periodo de
docencia del demandante se dio bajo una vinculación de carácter territorial 42, situación
que no fue objeto de discusión por la parte demandada en el recurso de apelación.
Concretamente, no se advierte ninguna intervención del Ministerio de Educación en el
proceso de nombramiento docente. No consta que, en el acto de nombramiento, dicha
entidad haya otorgado una autorización expresa a la entidad territorial para designar
al docente en el cargo, lo que confirma que la vinculación se realizó sin su participación
directa o aval previo. Debe agregarse que, en el «Certificado de Información

40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 20 de septiembre de
2018. Radicado 08001-23-33-000-2013-00580-01(22144). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
41 Al respecto ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.

Sentencia del 20 de junio de 2024. Radicado 25000-23-42-000-2019-00416-01 (2909-2021). M.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
42 Se considera que el acto de nombramiento establece una vinculación territorial y no nacionalizada, ya que no

indica que dicha vinculación formara parte del proceso de nacionalización de la educación, en concordancia a lo
dispuesto en la Ley 43 de 1975. Al respecto ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de noviembre de 2024. Radicado 76001-23-33-000-2016-00236-01 (5753-
2018). M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Demandado: UGPP

Laboral»43, elaborado por la Secretaría de Educación de Córdoba, se indica que,
durante el tiempo en comisión, el docente perteneció al sector público departamental.

54. En relación con el segundo periodo en que ejerció la docencia, el actor probó en el
proceso que: i) fue nombrado en propiedad como docente del Colegio Nacionalizado
San José en el municipio de Moñitos, mediante el Decreto 574 del 15 de mayo de
1992, y se posesionó el 21 de mayo de 1992; ii) como parte de la nómina
nacionalizada, fue trasladado por permuta al Centro Docente Brisas del Sinú, mediante
el Decreto 26 del 15 de mayo de 1992, expedido por el gobernador de Córdoba; iii) fue
reasignado al plantel educativo de Villa Margarita a través de la Resolución 104 de
2004; iv) se incorporó a dicho plantel mediante el Decreto 237 de 2004; y v) fue
desvinculado del servicio por cumplir la edad de retiro forzoso, conforme al Decreto
264 de 2022.

55. A partir de los documentos analizados, esta Sala concluye que el demandante
ejerció la docencia con una vinculación de carácter nacionalizada desde 1992. Si se
observa con detenimiento el Decreto 26 del 15 de mayo de 1992, se evidencia que el
docente fue nombrado en propiedad en una institución educativa incluida en el proceso
de nacionalización establecido en la Ley 43 de 1975. En ese sentido, en la motivación
del acto administrativo, se menciona una constancia emitida por la delegada ante el
FER del Ministerio de Educación, que indica la disponibilidad presupuestal para la
creación del cargo. Este aspecto se ajusta a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 43
de 1975, el cual establece que los recursos destinados al proceso de nacionalización
serían administrados por los FER.

56. No se verifica, de acuerdo con lo anterior, una intervención directa del Ministerio
en la decisión de vinculación, sino solo la de su delegado ante el FER, cuyo rol se
limitó a asegurar la financiación a través del situado fiscal. Asimismo, en el acto de
nombramiento no se indica que el demandante ocuparía una plaza docente de carácter
nacional, lo que refuerza la conclusión de que su vinculación no correspondía a dicho
régimen. De hecho, al realizarse el traslado por permuta, se deja claro que él
formaba parte de la nómina nacionalizada.

57. En este punto, es relevante señalar que, a pesar de que el demandante fue objeto
de dos traslados y una incorporación, las condiciones de su vinculación docente no se
modificaron. Según lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sección, las situaciones
administrativas, como las mencionadas, no afectan la naturaleza de vinculación, ya
que «no constituyen un nuevo nombramiento, lo que implica que el tipo de vinculación
tampoco ha sufrido alteración»44. Así, en su último acto de nombramiento, contenido
en el Decreto 26 del 15 de mayo de 1992, el accionante fue vinculado en propiedad
como docente nacionalizado, manteniendo esa condición sin variaciones a lo largo del
tiempo.

58. Aunque en el Formato Único para la Expedición de Certificados Salariales 45 y el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral 46, diligenciados
por la Secretaría de Educación de Montería, se señala que el vínculo docente era de

43 Índice 2. Samai. 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR. 01expediente_230012333000201800307. pág. 28.
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16

de marzo de 2023. Radicado 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
45 Índice 2 Samai. 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR. 08RespuestaSolicitud. pág. 3.
46 Ibidem. pág. 4.

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Demandante: Goens Manuel Morelos Monterroza
Demandado: UGPP

carácter nacional, es importante precisar que esta referencia no es determinante. Si
bien — como se explicó en líneas anteriores — no existe una tarifa legal para acreditar
la vinculación docente, el acto de nombramiento permite detallar con mayor precisión
el tipo de designación, la autoridad emisora, la institución educativa, la naturaleza del
vínculo y sus extremos temporales. Es decir, el acto de nombramiento es considerado
como la prueba por excelencia en estos casos, en tanto permite llevar a cabo un
análisis minucioso para determinar de manera precisa el tipo de vinculación docente.

59. A pesar de que la entidad demandada plantea una duda razonable sobre el
carácter de dicha vinculación, el análisis detallado del acto de nombramiento permite
corroborar con certeza que la vinculación del demandante es nacionalizada. Por lo
tanto, esta Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, pues
los tiempos de servicio fueron sumados correctamente, al considerar que su vínculo
docente era de carácter territorial y nacionalizado.

60. Por otra parte, en relación con el término de la prescripción, hay que recordar que
según los artículos 41 del Decreto 3135 de 196847 y 102 del Decreto 1848 de 196948
es de tres años contados a partir de la exigibilidad del derecho. El Tribunal
Administrativo de Córdoba consideró que dicho plazo debe contarse desde la
interposición de la demanda, por lo que las mesadas anteriores al 4 de julio de 2015
estarían prescritas.

61. No obstante, la Sala49 estima que la prescripción debe computarse desde la
presentación de la reclamación administrativa, considerando que no transcurrieron
más de 3 años respecto de la interposición de la demanda. En consecuencia, dado
que el señor Goens Manuel Morelos Monterroza presentó la petición ante la UGPP el
13 de septiembre de 201750, las mesadas causadas con anterioridad al 13 de
septiembre de 2014 estarían afectadas por la prescripción. Sin embargo, dado que la
entidad demandada es apelante único en este asunto, no se modificará la decisión de
primera instancia, en aplicación del principio de non reformatio in pejus.

3.6. Conclusión

62. Después de analizar la normativa que regula la pensión gracia, los precedentes
jurisprudenciales del Consejo de Estado y, de manera integral, los hechos probados
en el proceso según los principios de la sana crítica, se concluye que el señor Goens
Manuel Morelos Monterroza tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia. Esto
se debe a que cumplió con los requisitos legales establecidos, incluyendo una

47 «Las sanciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados

desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador
ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción,
pero solo por un lapso igual».
48 «1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,

prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho
o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual».
49 Al respecto ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.

Sentencia del 29 de agosto de 2024. Radicado 20001-23-33-000-2019-00309-01 (2991-2023). M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
50 Tras revisar el expediente, se evidencia que, a diferencia de lo afirmado por el Tribunal Administrativo de

Córdoba, el demandante presentó la reclamación administrativa el 13 de septiembre de 2018, como se señala en
las consideraciones de la Resolución RDP 046203 del 12 de diciembre de 2017. Esto se puede observar en: Índice
2 Samai. 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR. 01expediente_230012333000201800307. pág. 33.
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Demandante: Goens Manuel Morelos Monterroza
Demandado: UGPP

vinculación territorial y nacionalizada por más de 20 años.

3.7. Costas

63. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 51 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.

3.8. Reconocimiento de personería

64. La Sala aceptará la renuncia del abogado Omar Andrés Viteri Duarte como
apoderado judicial de la UGPP52. Por su parte, el abogado Jhonier Alejandro Trejos
Valencia presentó poder general otorgado por la entidad demandada mediante
escritura pública 276 del 27 de enero de 202553. Sin embargo, tras revisar los
documentos aportados, no se encontró copia de su tarjeta profesional ni de su cédula
de ciudadanía, razón por la cual no se le reconocerá personería para actuar, al no
estar debidamente identificado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba el 20 de octubre de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda presentada por Goens Manuel Morelos Monterroza contra la UGPP.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

51 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
52 Índice 8 Samai.
53 Índice 19 Samai.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00307-01 (0805-2024)
Demandante: Goens Manuel Morelos Monterroza
Demandado: UGPP

TERCERO: Aceptar la renuncia del abogado Omar Andrés Viteri Duarte, identificado
con cédula de ciudadanía 79.803.031 de Bogotá y tarjeta profesional 111.852 del CSJ,
al poder conferido por la entidad demandada. A su vez, negar el reconocimiento de
personería para actuar en nombre de la referida entidad al abogado Jhonier Alejandro
Trejos Valencia, por las razones aquí expuestas.

CUARTO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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