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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2016-00501-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2016-00501-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al abogado Omar Andrés Viteri Duarte con tarjeta profesional 111.852, conforme al poder conferido mediante escritura pública que se observa en el índice 34 de SAMAI. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2016-00501-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 20001-23-39-000-2016-00501-01 (3752-2018)
Demandante: Gustavo Lobo Moreno
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. No se demostró la
vinculación como docente territorial o nacionalizado antes del 31
de diciembre de 1980. Falta de credibilidad de documentos por
duda razonable. Carga de la prueba. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El señor GUSTAVO LOBO MORENO instauró demanda en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 042475 del 15 de octubre
de 2015; y (ii) RDP 001623 del 21 de enero de 2016, por medio de las cuales se
negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante, y se confirmó
tal decisión respectivamente al resolver un recurso de reposición.

1 Folios 2 a 3.

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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar al actor la mencionada prerrogativa conforme a las previsiones de
la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos durante
el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, con efectividad desde el 8 de
febrero de 2011, y cancelando el retroactivo actualizado de las mesadas adeudadas
por dicho concepto desde la consolidación del derecho.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos de los «artículos 176, 177 y 178 del CCA.» (sic).

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.

Que el señor Gustavo Lobo Moreno nació el 12 de agosto de 1955. Que en su vida
laboral estuvo vinculado al magisterio desde el 2 de agosto hasta el 31 de diciembre
de 1979 y del 1.º de enero al 31 de diciembre de 1980 en la Escuela Las Cuevas
del municipio de San Fernando (Bolívar). Luego tuvo una vinculación desde el 1.º
de febrero hasta el 31 de diciembre de 1982 en la Escuela de El Pozón de dicha
entidad territorial, y finalmente, por medio del Decreto 023 del 10 de agosto de 1994
emanado del municipio de Chimichagua se concretó su nombramiento como
docente en propiedad a partir del 15 de noviembre de 1994, y al menos hasta el 14
de julio de 2016 cuando se radicó la demanda y aún permanecía activo.

Que el 2 de junio de 2015, la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento
y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad expidió la Resolución RDP
042475 del 15 de octubre de 2015 con la que negó la prestación.

Que el accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto
administrativo, resuelto mediante las Resolución RDP 001623 del 21 de enero de
2016 confirmada la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 30 de noviembre de 20163 y notificada
a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5, para lo cual manifestó que
según las Leyes 91 de 1989 artículo 15, y 4.ª de 1992 artículo 19, se logra extraer
que la pensión gracia se reconoce a los docentes municipales, departamentales y
distritales, por lo que se excluye de tal beneficio a los educadores nacionales, es

2 Folios 3 a 4.
3 Folios 51 a 52.
4 Folios 55 a 56.
5 Folios 104 a 109.

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decir los nombrados directamente por el Ministerio de Educación o vinculados al
ramo docente con posterioridad a la entrada en vigencia de la primera norma
mencionada. Que, en tal sentido, de dicho marco jurídico y de los documentos de
prueba aportados, se logró verificar que el demandante no tiene derecho a la
prestación solicitada, pues su relación legal y reglamentaria como maestro oficial en
el tiempo de servicio prestado en el departamento del Cesar fue del orden nacional.

Propuso como excepciones que las denominó, (i) falta de requisitos pensionales
(pensión gracia) o inexistencia de la obligación, y (ii) prescripción.

En la audiencia inicial6 el tribunal advirtió que las excepciones propuestas no
pueden ser consideradas como previas, por tanto, serían resueltas en la sentencia.
Adicionalmente, en esta diligencia se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la
demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló
que no existía ánimo conciliatorio entre las partes, y se efectuó el decreto de
pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia de pruebas7 se incorporaron las pruebas documentales aportadas,
considerándose que había terminado con el recaudo de todos los medios de
convicción, por lo que se dispuso presentar alegatos de conclusión de conformidad
al artículo 181 del CPACA.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 10 de mayo de 2018
negó las pretensiones de la demanda, argumentando en primer lugar que, el
reclamante acreditó en debida forma el cumplimiento de la edad requerida para
acceder a la pensión gracia, así como el desempeño de su labor con honradez.

Que, en cuanto al tiempo de servicio, de la relación probatoria se observa que el
señor Gustavo Lobo Moreno laboró como docente territorial municipal en los
siguientes periodos: del 2 de agosto hasta el 31 de diciembre de 1979, del 1.° de
enero hasta el 31 de diciembre de 1980 y del 1.° de febrero hasta el 31 de diciembre
de 1982, ello para un total de 2 años, 3 meses y 29 días, demostrando haber ejercido
como educador antes del 31 de diciembre de 1980.

Que mediante el Decreto 023 del 10 de agosto de 1994 expedido por el alcalde
municipal de Chimichagua (Cesar), el accionante fue nombrado como docente en
propiedad de esa autoridad, cargo en el cual se ha desempeñado desde el 15 de
noviembre de 1994 hasta la fecha, pero del que únicamente puede ser tenido en
cuenta para efectos de la pensión gracia, el lapso transcurrido hasta el 18 de mayo

6 Folios 122 a 132.
7 Folios 325 a 329 y 343 a 346.
8 Folios 363 a 373.

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de 2001 (6 años 6 meses y 3 días), toda vez que en esa fecha se suscribió un
convenio entre la Nación y la aludida entidad territorial en el que se acordó
garantizar la afiliación o incorporación de 94 educadores financiados con recursos
del municipio al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, situación que da a
entender que a partir de la vigencia de tal acuerdo, los haberes laborales del actor
estuvieron a cargo de la Nación, por lo que de contera se imposibilita tener dicho
tiempo como válido para consolidar el derecho que pretende.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, de conformidad con el acto
administrativo de nombramiento (Decreto 023 de 10 de agosto de 1994), es claro
que la decisión de vinculación fue adoptada por el alcalde municipal de Chimichagua
(Cesar), ello a fin de que el señor Gustavo Lobo Moreno ocupara el cargo de
docente en la Institución Educativa Lorenza Bustamante.

Que si bien es cierto dicha entidad territorial suscribió convenio con la Nación,
también lo es que tal hecho fue muy posterior a la fecha en que el reclamante fue
nombrado por esa misma autoridad, por lo que no podría ahora cambiarse la
normativa que le asistía desde el comienzo para que no le sea reconocida la pensión
gracia.

Que, en ese evento, a ningún docente le asistiría el derecho al pago de aquella
prestación, pues le estarían alterando las leyes que los rigen, a pesar de que ello
es improcedente en la medida en que, por principio de favorabilidad, no se debe
aplicar una regulación posterior al educador y mucho menos si es menos
beneficiosa.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido el 22 de agosto de 2018,10 y posteriormente,
mediante auto del 15 de enero de 201911 se corrió traslado para presentar alegatos
de conclusión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante presentó escrito de alegatos de conclusión12, en el cual
reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en su recurso de apelación, por

9 Folios 378 a 385.
10 Folio 416.
11 Folio 423.
12 Folios 428 a 434.

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lo que solicitó nuevamente revocar la decisión de primera instancia para acceder a
sus pedimentos.

La parte demandada presentó sus alegaciones de forma extemporánea, tal como
se verifica en la constancia secretarial del 7 de mayo de 2019.13

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial
o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en
tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un

13 Folio 438.

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Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»14. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(…) 2. Pensiones:

14 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, aquella solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales
de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, acerca de la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201816
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
16 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el

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reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,17 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

En suma, conforme a la anterior normativa, se concluye que para consolidar el
derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes
requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias

17 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente en el que se negaron las pretensiones
de la demanda en primera instancia, al margen de los argumentos específicos del
recurso de apelación, lo cierto es que sería del caso verificar el cumplimiento de
cada una de las exigencias enlistadas anteriormente para consolidar el derecho a
la pensión gracia.

Sin embargo, la Sala considera necesario abordar el estudio del tercer requisito
relativo a la demostración de un tiempo de servicio como docente territorial o
nacionalizado anterior al 31 de diciembre de 1980, pues, a partir del acervo
probatorio practicado, hay dudas e inconsistencias que impiden satisfacer esta
exigencia fundamental para acceder a la prerrogativa bajo estudio.

Al respecto, el señor Lobo Moreno asegura que antes de su nombramiento en
propiedad como docente oficial al servicio del municipio de Chimichagua (Cesar) en
1994, aquel aparentemente había ejercido el cargo de educador para los siguientes
períodos: (i) del 2 de agosto al 31 de diciembre de 1979, (ii) del 1.º de enero al
31 de diciembre de 1980 y (iii) del 1.º de febrero al 31 de diciembre de 1982.

De hecho, con el fin de demostrar lo anterior, la parte activa aportó un certificado
emitido el 4 de junio de 2014 por el entonces alcalde del municipio de San Fernando
(Bolívar),18 en el que se indica que el demandante había prestado su servicio como
maestro municipal durante los períodos en mención en las Escuelas “Las Cuevas”
y “De El Pozón” de dicha autoridad territorial, tal como se aprecia de la siguiente
imagen:

18 Folio 14.

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Ahora, en el mencionado documento se observa que, el alcalde hizo alusión a 3
períodos supuestamente laborados por el actor, uno en 1979, otro en 1980 y el
último en 1982. Para analizar del requisito bajo estudio, solo resulta relevantes los
dos primeros lapsos, antes del 31 de diciembre de 1980. Pero, como la certificación
también incluyó en el mismo contenido el tiempo de 1982, este se analizará junto
con los dos anteriores, porque es el mismo material probatorio el que se valorará.

Sobre el particular se resalta que, en la certificación en comento no se hizo mención
de cuál fue la fuente de información o el sustento que le permitió dar fe de la
prestación del servicio por parte del reclamante durante dichos lapsos que tuvieron
lugar con más de 35 años de antelación a la fecha de la certificación.

Para ello solo podría concluirse (sin certeza plena) que, el referido servidor certificó
lo propio en virtud de las actas de posesión19 que el mismo accionante allega con
la demanda a fin de acreditar la vinculación en cada período mencionado. Ahora, lo
que se aprecia de tales documentos es que estos presentan enmendaduras,
tachones, alteraciones o supuestas “correcciones”, precisamente en datos tan
relevantes como las fechas o la indicación de los actos administrativos de
nombramiento, pero sin constancia válida de la modificación por parte de quien
realizó el cambio.

Tal situación genera una serie de dudas razonables sobre la credibilidad de las
mencionadas pruebas y de su capacidad para acreditar la prestación del servicio.

19 Folios 15 a 18.

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Para la Sala se generan los siguientes interrogantes: ¿con base en qué soporte
fáctico el alcalde del municipio de San Fernando certificó que el actor había laborado
para dicha entidad territorial después de tanto tiempo?, si lo fue en virtud de las
actas de posesión, ¿quién tenía la custodia de esta documentación y quién realizó
las enmendaduras visibles?, ¿esa persona tenía facultad para alterar los
documentos?, ¿cómo fue posible determinar la fecha final de cada período laborado
y el ejercicio material del cargo por parte del reclamante durante ese tiempo sin
ningún otro tipo de información?

Ante estos cuestionamientos, el tribunal de primera instancia en la audiencia inicial
decretó como prueba de oficio el requerir al municipio de San Fernando para que
allegara la totalidad de la hoja de vida del señor Lobo Moreno en la que se incluyeran
los actos administrativos de nombramiento para las anualidades de 1979, 1980 y
1982.

En respuesta a lo anterior, el secretario general y de gobierno de la mencionada
entidad territorial expidió Oficio del 22 de enero de 201820 en el que expresamente
aseguró que, si bien no reposa en el archivo de la alcaldía la documentación del
accionante debido a constantes inundaciones y deterioros por humedad, sí podían
rescatarse las correspondientes actas de posesión que dan cuenta de las relaciones
legales y reglamentarias en comento,21 tal como se verifica de las siguientes
imágenes:

20 Folio 338.
21 Folios 339 a 341.

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Como se aprecia de lo expuesto, esta vez el municipio de San Fernando no certificó
expresamente el tiempo de servicio del demandante, sino que, por el contrario,
indicó las razones por las cuales no se encuentran los actos administrativos de
nombramiento ni ningún otro soporte de la hoja de vida del reclamante, básicamente
al aducir que, por múltiples inundaciones en la alcaldía, estos se habían extraviado.

Aun así, lo cierto es que dicha autoridad también aportó las mismas actas de
posesión allegadas por la parte activa, es decir, con evidentes alteraciones,
tachones, sobreescrituras, cambios de letra y modificaciones específicas en lo
relacionado con los datos más importantes para acreditar la vinculación del actor
como son las fechas y los actos con los que fue designado.

Esta ratificación de las inconsistencias encontradas con la primera certificación del
4 de junio de 2014 genera nuevas preguntas propias de la duda razonable, causada
por un análisis documental fundado en la sana crítica.

Como cuestionamientos surgen los siguientes: ¿por qué el alcalde del referido
municipio en 2014 aseguró que el señor Lobo Moreno sí había laborado en los
períodos en mención sin haber hecho alusión a las inundaciones o al extravío de la
documentación, y solo hasta 2018 la propia alcaldía acude a esta justificación?, ¿los
hechos de fuerza mayor alegados ocurrieron entonces solo después de 2014?, ¿por
qué coincidencialmente desapareció la hoja de vida del actor con toda la

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documentación que acreditaba su labor y únicamente se recuperaron las actas de
posesión alteradas?, ¿quién custodiaba tales documentos o dónde se encontraban
para no haberse perdido por las inundaciones?, ¿por qué esta vez la entidad
territorial no certifica expresamente el tiempo de servicio si ya lo había hecho en
2014?, ¿quién y con qué autoridad realizó las enmendaduras a las pruebas en
comento?

De hecho, es todavía más extraño que en la Resolución 000766 del 26 de febrero
de 2013,22 por medio de la cual la Secretaría de Educación Departamental del Cesar
en nombre y representación del FOMAG reconoció una pensión ordinaria de
jubilación al accionante, se evidenciara en la parte motiva de la decisión que el
referido educador solo había aportado pruebas que acreditaban su labor oficial
mediante contratos de prestación de servicios celebrados con el municipio de
Chimichagua entre 1988 y 1994, así como el tiempo acumulado en virtud de su
nombramiento en propiedad desde el 15 de noviembre de 1994 hasta el 3 de mayo
de 2011.

Es decir, en ningún aparte se indica que el demandante hubiese pretendido
acreditar el requisito de los años de servicio como docente oficial incluyendo los
períodos comprendidos entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 1979, o del del
1.º de enero al 31 de diciembre de 1980, los cuales ahora sí solicita que sean tenidos
en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, justo para colmar la
exigencia de haber tenido un vínculo como maestro oficial antes del 31 de diciembre
de 1980.

Lo anterior crea un ambiente de incertidumbre sobre el relato de los hechos
expuestos en la demanda, pues se evidenció que las pruebas con las que se
buscaba corroborar la labor desempeñada por el señor Lobo Moreno antes de la
mencionada fecha, son en esencia inconducentes,23 y por tanto, incumplen con uno
de los elementos esenciales para que estas tuvieran capacidad demostrativa.

Ello en la medida en que los medios de convicción aportados, esto es, una
certificación basada en actas de posesión alteradas sin constancia de su
modificación, resultan totalmente inadecuadas para corroborar un hecho como el
mencionado, todo por ser documentos con inconsistencias e irregularidades
notorias que crean una duda justificada, la cual a su vez impide tener como cierto lo
alegado en la demanda respecto a la prestación real y material del servicio.

22 Folios 246 a 247.
23 Recuérdese que la conducencia de la prueba consiste en que: «[…] el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho. […]». Ver sentencia del Consejo de Estado proferida el 15 de marzo de
2013, radicado: 15001-23-31-000-2010-00933-02(19227), y el auto del 12 de diciembre de 2023 dictado por
esta corporación en el proceso 85001-23-33-000-2017-00178-02 (4654-2022).

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Contrario a ello, lo que se encuentra debidamente comprobado a través del Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del señor Gustavo Lobo
Moreno, expedido el 22 de agosto de 2014 por la Secretaría de Educación
Departamental del Cesar,24 de las certificaciones de factores salariales,25 de las
demás constancias laborales26 y del propio Decreto 023 del 10 de agosto de 199427
con el que el reclamante fue nombrado como docente en propiedad, es que aquel
laboró como tal, solo desde el 15 de noviembre de 1994, es decir, con posterioridad
al 31 de diciembre de 1980, que era la fecha límite para acreditar una vinculación
viable de ser computada para el reconocimiento de la pensión gracia.

Ahora bien, debe resaltarse que en virtud del artículo 122 de la Constitución Política,
«[…] No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún
servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. […]».

Lo expuesto significa que, la existencia de una vinculación formal de un servidor
público, como lo es un docente oficial, requiere de la conjunción de un acto
administrativo de nombramiento y de un acta de posesión, los cuales constituyen,
en esencia, las pruebas por excelencia de la configuración de una relación legal y
reglamentaria vigente.

Tanto es así que, en litigios como el presente relacionado con el reconocimiento de
la pensión gracia, esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de
2018 fijó como regla en materia probatoria frente a la naturaleza jurídica de la
vinculación docente, la siguiente: «[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se
requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca
que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]».

Con todo, si bien el referido postulado claramente debe ser atendido en casos como
el que es materia de estudio, lo cierto es que del mismo modo es indispensable
tener en cuenta que aquel corresponde a un lineamiento interpretativo para la
instrucción de asuntos con la misma causa judicial, sin que por esa razón se haya
modificado y mucho menos derogado la normativa procesal aplicable actualmente
a todos los casos sometidos a esta jurisdicción en virtud de lo reglado en el Título

24 Folio 23.
25 Folios 24 a 25.
26 Folio 22.
27 Folios 19 a 21.

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V, Capítulo IX del CPACA, y por remisión directa del artículo 211 de dicha norma,
también en el Código General del Proceso, en concreto en sus artículos 165 y 176.

En tal sentido, sin perjuicio del hecho de que para demostrar la vinculación de un
educador oficial debe analizarse en primera medida y con preferencia el acto
administrativo de nombramiento para determinar el tipo de plaza ocupada o la
autoridad nominadora, y en su defecto recurrir a certificaciones inequívocas de
estos mismos elementos, lo cierto es que ante la ausencia de estos medios de
convicción, es evidente que el artículo 165 del CGP habilita a las partes a recurrir a
cualquier tipo de prueba útil y conducente que corrobore lo propio, pues únicamente
deben someterse a pruebas solemnes los actos que legalmente así lo requieran
para su estructuración o validez, lo cual no ocurre en este caso.

Por eso, para demostrar la prestación del servicio del demandante durante los
lapsos bajo estudio, aquel, en principio, debió aportar los actos administrativos de
nombramiento, o las actas de posesión respectivas sin alteraciones o
modificaciones que causaran duda, o por lo menos, con la constancia de validez del
cambio firmada por la misma persona que realizó las enmendaduras, o bien un
certificado laboral soportado en material de archivo creíble que acreditara lo propio
de manera inequívoca.

Ante la ausencia de tales documentos, el reclamante también pudo haber aportado,
incluso: planillas de pago de salarios, actos administrativos de reconocimiento de
tiempos de servicio por hecho cumplido, exámenes médicos de ingreso y de egreso,
formato de hoja de vida institucional, resoluciones o decretos de prestaciones
sociales causadas por ese lapso, certificaciones laborales emitidas por el director
de la institución educativa, informes escritos de la autoridad nominadora, o también
testimonios convincentes, coherentes y conducentes que permitieran corroborar
tanto la existencia del vínculo como su naturaleza y duración exacta.

Ahora bien, lo que se aprecia en el asunto de la referencia es que, en ejercicio de
la aludida libertad probatoria, el accionante a fin de demostrar su labor antes del 31
de diciembre de 1980, únicamente acudió a unos documentos carentes de
credibilidad al ser examinados bajo la óptica de la sana crítica, lo que se traduce
entonces en el incumplimiento por parte de la parte activa de la carga probatoria
que le correspondía para demostrar sus supuestos de hecho.

Este mandato se deriva del contenido del artículo 167 del Código General del
Proceso que impone una carga procesal28 a las partes dentro del proceso judicial,

28 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes
procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los imperativos
ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a las partes.
Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión

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consistente en la necesidad de presentar las pruebas demostrativas de los hechos
señalados en la demanda o de las excepciones que se aleguen en la contestación
para su respectivo éxito, ello con la opción judicial de variar el titular de esta, en
atención a las condiciones particulares para aportar los medios de convicción.

De esta manera, se extrae que el referido postulado adjetivo de la carga de la prueba
se compone de tres principios fundamentales: i) al demandante le corresponde
probar los hechos en que sustenta la demanda; ii) la parte demandada una vez
presenta excepciones actúa como accionante y, por ende, debe probar los hechos
en que basa su defensa y; iii) se predica la absolución del demandado si la parte
activa no prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda29.

En consecuencia, la inobservancia de la mentada carga trae consecuencias
desfavorables para la parte que no la satisface, puesto que al no probar los
supuestos de hecho que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra,
ya sea con fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la ausencia de
medios de comprobación.

Por tanto, al evidenciar que el único período computable para colmar el requisito del
tiempo de servicio necesario a fin de adquirir una pensión gracia, es el comprendido
entre el 15 de noviembre de 1994 y el 22 de agosto de 2014, se concluye que el
reclamente no satisfizo el requisito de acreditar un lapso de labor como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, de manera que resulta
inane examinar las demás exigencias para consolidar el derecho en litigio, pues
finalmente este no podría concederse.

En consecuencia, habrá de confirmarse el fallo apelado que negó las pretensiones
de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia y no por las
planteadas por el tribunal de origen.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que

del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la
ley que implican una realización de una conducta facultativa de las partes y en su propio beneficio y cuya
inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto
ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial
tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000.
29 En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la carga de

la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de Estado del 11 de
marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 05001-23-
31-000-2003-01739-01(1634-13).

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estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación y de los alegatos de conclusión presentados
por la parte demandante no presentan una carencia de fundamentación legal que
dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio
manifestaron planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus intereses.
En consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F AL L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda, pero por las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al
abogado Omar Andrés Viteri Duarte con tarjeta profesional 111.852, conforme al
poder conferido mediante escritura pública que se observa en el índice 34 de
SAMAI.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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