Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00309-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00309-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2019-00309-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2019-00309-01 (2991-2023)
Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 15 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Cesar, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Mercy Cecilia Díaz Martínez presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones RDP 012331 del 11 de abril
de 2019 y RDP 019224 del 27 de junio de 2019 mediante la cual la Ugpp negó el
reconocimiento de la pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que: i) se declarara que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia,
a partir del 3 de mayo de 2011, en cuantía del 75% de los factores devengados en
el último año de servicio, es decir asignación básica y las primas de antigüedad,
vacaciones y de navidad; ii) se condenara al pago de las mesadas dejadas de
1 En adelante UGPP.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 20001-23-33-000-2019-00309-01 (2991-2023)
Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
percibir indexadas, en los términos de la Ley 71 de 1988, de los intereses moratorios
y las costas y iii) se cumpliera la sentencia en los términos del artículos 189 y 192
ibidem.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Mercy Celina Díaz Martínez nació el 22 de abril de 1951, de manera que en el
2001 contaba con 50 años de edad.
• Prestó su servicio durante 25 años y 2 días en calidad de docente para el
departamento del Cesar, con vinculación nacionalizada desde el 14 de septiembre
de 1977 hasta el 22 de abril de 1981 y de orden territorial entre el 22 de septiembre
de 1994 y el 5 de mayo de 2016, con una interrupción desde el 2 de febrero hasta
el 3 de abril de 1981. Por todo lo anterior alcanzó el estatus el 3 de mayo de 2011.
• Mediante la Resolución RDP 012331 del 11 de abril de 2009 la Ugpp le negó el
reconocimiento de la pensión gracia, al considerar que la vinculación ostentada por
la docente a partir del 22 de septiembre de 1994 fue de orden nacional. Decisión
que fue confirmada con la Resolución RDP 019224 del 27 de junio de 2019, a través
de la cual resolvió el recurso de apelación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 46, 48, 53, 58, 228 y 336
de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913, 6 de la Ley 116 de 1928,
3 de la Ley 37 de 1993, 115 de la Ley 115 de 1994, numeral 1 del artículo 15 de la
Ley 91 de 1989 y 3 del Decreto 2277 de 1979.
En cuanto al concepto de violación3, expuso lo siguiente:
• Los actos demandados desconocieron que la causante reunió los requisitos
establecidos para el reconocimiento pensional, además prestó su servicio en calidad
de docente con vinculación nacionalizada y, posteriormente, territorial, durante más
de 20 años.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda4, por cuanto los actos
demandados fueron proferidos de conformidad con las estipulaciones legales
vigentes, puesto que los docentes que ostentaron una vinculación de orden nacional
no resultaban beneficiarios de la pensión gracia, de manera que el servicio prestado
3 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 2.
4 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 2.
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Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
después de 1994, no es computable el reconocimiento y pago de esa prestación.
Finalmente propuso las siguientes excepciones: inexistencia de la obligación y
prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia del 15 de diciembre de 2022
accedió a las pretensiones de la demanda, en ese sentido declaró la nulidad de los
actos demandados y como consecuencia ordenó a la Ugpp reconocer y pagar la
pensión gracia a partir del 16 de enero de 2016, con el 75% de todo lo devengado
en el último año de servicio. No condenó en costas a la demandada.
Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó lo siguiente5:
• De acuerdo con las pruebas documentales aportadas al proceso, se logró verificar
que Mercy Celina Díaz Martínez trabajó durante más de 20 años, desde el 14 de
septiembre de 1977 hasta el 2 de abril de 1981 y desde el 22 de septiembre de 1994
hasta el 5 de mayo de 2016, esta última fue la fecha de su retiro.
Finalmente se encontró acreditado que la docente cumplió con la totalidad de los
requisitos previstos para el reconocimiento pensional, toda vez que para el momento
de la solicitud contaba con más de 50 años de edad, tuvo una vinculación antes de
1980, desempeñó su cargo con honradez, consagración y buena conducta, y trabajó
por más de 20 años como profesora de orden nacionalizada y territorial.
1.4. El recurso de apelación
La Ugpp interpuso recurso de apelación6 y lo sustentó así:
• El a quo vulneró los principios de legalidad y de sostenibilidad financiera al ordenar
la nulidad de los actos demandados y, en su lugar, acceder al reconocimiento y
pago de la pensión gracia solicitada por Mercy Celina Díaz Martínez sin haber sido
acreditado el cumplimiento de los requisitos para esos efectos.
Además, no fue acreditado que el tiempo de servicio prestado por la demandante
en calidad de docente, obedeciera a una relación legal y reglamentaria, no con
ocasión de órdenes de prestación de servicio, toda vez que, en caso de haber
prestado su servicio mediante contrato u orden de prestación, el tiempo laborado no
sería computable para el reconocimiento pensional, por cuanto la mesada solicitada
fue creada en favor, únicamente, de los profesores vinculados a través de una
relación legal y reglamentaria.
5 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 2.
6 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 2.
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Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
Finalmente, en el escenario de confirmar la providencia objetada deberán
declararse prescritas las mesadas causadas previo a los 3 años que antecedieron
a la reclamación del reconocimiento pensional.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Mercy Celina Díaz Martínez reiteró los argumentos expuestos en la demanda y
señaló que los actos administrativos de nombramiento resultan idóneos para
acreditar el tipo de vinculación que ostentó y solicitó ordenar la inclusión de todos
los factores salariales percibidos durante el año anterior a la adquisición del estatus,
esto es asignación básica y las primas de antigüedad, vacaciones y navidad7.
1.6. El Ministerio Público
En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿Mercy Celina Díaz Martínez cumple con
los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, según lo previsto
en Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan?
2.2. Marco normativo
2.3.1 De la pensión gracia
La Ley 114 de 19138 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la dedicación
al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas
primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era
necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios
en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra
pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad,
siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y que observara buena conducta.
En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación9 señaló que «el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los
profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
7 Índice 8 de Samai actuación denominada 10_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 8.
8 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».
Posteriormente, las leyes 116 de 192810 y 37 de 193311, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así12:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales».
Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley
43 de 197513 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198914, en
la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200015 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado No. S-699.
13 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de
Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras
disposiciones».
14 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00309-01 (2991-2023)
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Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala16 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198917 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta
Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201818, así:
16 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
17 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
18 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -
situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas
fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».
En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
202219, explicó lo siguiente:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».20
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00309-01 (2991-2023)
Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados los tiempos
laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.4. Caso concreto
En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:
2.4.1. Documentales
• Mercy Celina Díaz Martínez nació el 22 de abril de 195121.
• A través de la Resolución 01124 del 18 de agosto de 1977 el gobernador del Cesar
la nombró maestra de enseñanza primaria para la «[c]ont. José Antonio Galán de
Valledupar», dependiente de la Secretaría de Educación. El 14 de septiembre de
1977 tomó posesión del cargo ante el jefe de personal y el secretario de despacho
del departamento, según copia del acta22.
• El gobernador del Cesar, el secretario de educación y el jefe de personal aceptaron
la renuncia presentada por la demandante al cargo de enseñanza de básica primaria
de la Escuela Mixta 5 de Valledupar, a partir del 2 de abril de 1981, a través de la
21 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 2, según
las copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil.
22 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_DDA_47001233300020210008(.zip) NroActua 2.
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Resolución 001629 del 17 de junio de 198123.
• El 6 de julio 1982 el jefe de kárdex y archivo y el jefe de la unidad técnica
administrativa certificó que prestó su servicio para el departamento desde el 14 de
septiembre de 1977, en calidad de profesora de enseñanza primaria en la Escuela
Urbana Mixta José Antonio Galán de Valledupar, posteriormente fue trasladada a la
Escuela Mixta 5 de Valledupar y el 2 de abril le fue aceptada la renuncia24.
• Mediante la Resolución 002493 del 22 de agosto de 1994, el gobernador del Cesar,
el secretario de educación departamental y el representante de la junta
administradora del FER del Cesar nombraron a los docentes contratados por el
municipio de Valledupar, en virtud de lo establecido en las leyes 60 de 1993 y 115
de 1994, entre ellos a la demandante, cuya financiación fue con recursos del situado
fiscal y del municipio de Valledupar, en un 70% y 30%. El 22 de septiembre de 1994
tomó posesión del cargo ante el jefe de personal y el secretario de despacho del
departamento, según copia del acta25.
• La Secretaría de Educación de Valledupar reconoció y ordenó el pago de una
pensión de jubilación con cuotas partes a partir del 3 de marzo de 2011, con el 75%
del promedio de los factores devengados el último año anterior al estatus, como
docente de vinculación nacional cuya fuente de recursos es el situado fiscal26.
• El 9 de noviembre de 2018, el técnico operativo de la secretaría de educación del
Cesar certificó, mediante el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral, que la docente laboró en propiedad, en el nivel de primaria, de orden
nacionalizada, en la Concentración José Antonio Galán de Valledupar desde el 18
de agosto de 1977 [Resolución 01124 nombramiento] hasta su retiro [Resolución
01629] el 2 de abril 198127.
• De conformidad con el formato único para la expedición del certificado de historia
laboral, expedido el 2 de octubre de 2018 por el profesional de la Secretaría de
Educación del Cesar, laboró en provisionalidad en el nivel de básica secundaria, de
orden nacional, en los siguientes periodos; sin embargo, en la casilla de previsión
social indicó que inició desde el 22 de septiembre de 1994 hasta el 5 de mayo de
201628:
Novedad/ acto Plantel educativo Desde
administrativo
Ingreso y Reingreso/ Secretaría de 22/09/1994
Resolución 2493 del Educación de
22/08/1994 Valledupar
23 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_DDA_47001233300020210008(.zip) NroActua 2.
24
Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_DDA_47001233300020210008(.zip) NroActua 2.
25 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_DDA_47001233300020210008(.zip) NroActua 2.
26
Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_DDA_47001233300020210008(.zip) NroActua 2.
27 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_DDA_47001233300020210008(.zip) NroActua 2.
28 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_DDA_47001233300020210008(.zip) NroActua 2.
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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00309-01 (2991-2023)
Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
Traslado/ Decreto 0133 Secretaría de 19/09/1997
del 19/09/1997 Educación de
Valledupar
Ascenso/ Resolución Secretaría de 25/03/2008
0005 del 25/03/2008 Educación de
Valledupar
Continuidad Mixta No. 6 de 01/10/2009
Valledupar
Ascensos/Resolución Mixta No. 6 de 17/09/2010
000299 del 17/09/2010 Valledupar
Cambio de Mixta No. 6 de 01/01/2011
sueldo/Decreto 1227 del Valledupar
04/04/2011
• El 16 de enero de 2019, solicitó el reconocimiento de la prestación y el cual fue
negada por la Ugpp a través de la Resolución RDP 012331 del 11 de abril de 2019,
por cuanto el tiempo de servicio acreditado, fue en virtud de nombramientos de
orden nacional, decisión que confirmó mediante la Resolución RDP 019224 del 27
de junio de 201929.
• El 29 de Julio de 2019 la Procuraduría General de la Nación certificó que la docente
no registra sanciones ni inhabilidades30.
• El 9 de septiembre de 2021, el profesional de la Secretaría de Educación de
Valledupar certificó mediante el formato único para a expedición del certificado de
salarios, los factores percibidos entre el 1º de enero de 2008 y el 5 de mayo de
201631.
2.5. Análisis sustancial
De la valoración probatoria, la Sala encuentra acreditado que Mercy Celina Díaz
Martínez prestó sus servicios como docente en propiedad, en el nivel de primaria,
de orden nacionalizado, en la Concentración José Antonio Galán de Valledupar
desde el 18 de agosto de 1977 [Resolución 01124 nombramiento] hasta su retiro el
2 de abril 1981 [Resolución 01629] y como profesora en provisionalidad, en el nivel
de básica secundaria desde el 22 de septiembre de 1994 hasta el 5 de mayo de
2016.
Respecto del último periodo, la Sala advierte que si bien en el formato único se
indicó que laboró hasta el 1º de enero de 2011, lo cierto es que según el ítem de
prestaciones sociales la docente estuvo vinculada hasta el 5 de mayo de 2016, lo
cual coincide con la información contenida en el certificado de factores salariales en
el que también señaló esa fecha como la última de su vinculación. En este sentido,
es claro que la demandante laboró por más de 23 años.
29 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 2.
30 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_DDA_47001233300020210008(.zip) NroActua 2.
31 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_DDA_47001233300020210008(.zip) NroActua 2
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Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
Con relación al tipo de vinculación ostentado por la docente, se encuentra que fue
nombrada por primera vez a través de la Resolución 01124 del 18 de agosto de
1977, suscrita por el gobernador del Cesar, en el cargo de maestra de enseñanza
primaria para la «[c]ont. José Antonio Galán de Valledupar», en la cual se especificó su
dependencia de la Secretaría de Educación. En una segunda oportunidad fue
nombrada mediante la Resolución 002493 del 22 de agosto de 1994, suscrita por el
gobernador del Cesar, el secretario de educación departamental y el representante
de la junta administradora del FER del Cesar, en virtud de lo establecido en las leyes
60 de 1993 y 115 de 1994, como docente, en la cual se especificó que la financiación
provenía de los recursos del situado fiscal y del municipio de Valledupar, en un 70%
y 30%.
En relación con esta última vinculación, se advierte que el acto de nombramiento se
sustentó en las disposiciones contenidas en las leyes 60 de 199332 y 115 de 199433,
según las cuales, los «docentes temporales vinculados por contrato a los servicios
educativos» debían ser incorporados «a las plantas de personal de los departamentos
o distritos en donde vienen prestando sus servicios» [se resalta]. Ahora bien, la Sala
no pasa por alto que estas disposiciones fueron declaradas inexequibles por la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-555 de 1994, sin embargo, se
advierte que el acto de designación se efectuó durante el periodo en el cual aquellas
se encontraban vigentes, por lo que, permite tener certeza que la plaza en la que
fue vinculada la demandante es del orden territorial.
En ese orden de ideas, se concluye que la demandante siempre estuvo vinculada
en plazas del ente territorial, toda vez que esa información fue especificada en cada
uno de los actos administrativos de nombramiento. De otra parte, en cuanto al
porcentaje proveniente del situado fiscal, esta Corporación unificó su criterio en el
sentido de indicar que los dineros provenientes del situado fiscal -ahora sistema
general de participaciones- pertenecían exclusivamente a los entes territoriales,
puesto que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas y
exógenas34. En los siguientes términos se pronunció esta Sección:
«concluye la Sala que la finalidad del situado fiscal, antes y después de la Carta Política
de 1991, siempre fue la misma; esto es, ceder a las entidades territoriales parte del
presupuesto nacional destinado esencialmente a financiar los servicios de educación y
salud, en atención a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, sin
quebrantar, por supuesto, el eje fundamental del principio relativo a la autonomía
territorial.
En consecuencia, a pesar de que los recursos del situado fiscal tienen su origen en la
Nación, una vez eran cedidos a las entidades territoriales e incorporados a sus
presupuestos pasaban a ser considerados como de propiedad exclusiva de la localidad
32
Parágrafo 1° del artículo 6 [declarado inexequible a través de la sentencia C-555 de 1994].
33
Parágrafo 6° del artículo 105 [declarado inexequible a través de la sentencia C-555 de 1994].
34 Sentencia de Unificación del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01.
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Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
destinataria, e inexorablemente su naturaleza jurídica cambiaba de nacional a territorial,
en virtud de que ingresaban a las arcas locales como rentas exógenas
[…] No existe duda entonces de que los entes territoriales son los <titulares directos>
o propietarios de los recursos girados por la Nación que provengan del sistema general
de participaciones, por cuanto le son asignados directamente por la Carta Política».
De lo anterior se colige que aunque la plaza fuera financiada con recursos del
situado fiscal o de los fondos educativos regionales, esto no indica per se que el
tipo de vinculación sea de orden nacional, pues como ya se dijo, esos dineros son
exclusivamente del ente territorial, máxime si en el expediente obra el acto
administrativo mediante el cual se nombró al docente, como en efecto sucede en
el presente asunto, pues los diferentes actos administrativos de nombramiento de
Mercy Celina Díaz Martínez fueron expedidos por el gobernador del Cesar, para
ocupar plazas de colegios departamentales, cuya destinación no provino de la
nación, de modo que su vinculación continuó de carácter territorial.
En cuanto a la información de la vinculación de orden nacional de uno de los
certificados del formato único para la expedición de la historia laboral de la maestra
si bien muestra una cierta contradicción, pues se indicó que el régimen de
pensiones fue nacional, pero no se precisó el tipo de vinculación, lo cierto es que
los actos administrativos de nombramiento y el acta de posesión prueban el
carácter territorial de la vinculación del 22 de septiembre de 1994, puesto que la
resolución de designación es clara al indicar que el origen de los recursos provino
del situado fiscal, respecto de lo cual se hizo claridad en el anterior párrafo.
Ahora, respecto de lo manifestado en el recurso de apelación en cuanto que los
tiempos laborados en virtud de órdenes de prestación de servicio o de contratos
de prestación de servicio, no resultan computables para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, esta Corporación ha manifestado «resulta
irrelevante que algunos periodos … se hayan laborado a través de órdenes de prestación
de servicios y no en propiedad, ya que el ordenamiento que regula la prestación
reclamada no establece esa condición negativa para el cómputo de los años de servicios,
pues resulta suficiente que el interesado demuestre haber servido al Magisterio como
docente departamental, municipal o distrital en diversas épocas, para que los tiempos
laborados puedan ser tenidos en cuenta en el monto del mínimo requerido (20 años). Para
la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta
docente de las entidades territoriales en propiedad, ya que las funciones que cumplen
unos y otros son ‘similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado
mediante contrato de prestación de servicios también] está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los
docentes ocasionales, a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden
jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
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Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
proporción al tiempo laborado’»35, motivo por el cual no encuentra asidero tal
argumento; sin embargo, al no presentarse ese escenario en la historia laboral de
la demandante la Sala no profundizará en este aspecto.
Al respecto, se advierte que Mercy Celina Díaz Martínez para el momento de la
presentación de la solicitud pensional [16 de enero de 2019] contaba con más de
50 años de edad [nació el 22 de abril de 1951], por lo que cumplió con ese requisito
en 2001]. Además, se encuentra acreditado el requisito de la buena conducta, de
conformidad con los certificados que obran en el expediente, según los cuales no
registra sanción disciplinaria alguna y, en tanto, frente a estos no se efectuó
reproche alguno.
Asimismo, según lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, la demandante
acreditó tener una experiencia anterior al 31 de diciembre de 1980 en una institución
educativa territorial o nacionalizada y más 20 años de servicios en una plaza
territorial o nacionalizada.
Ahora bien, en relación con el término de prescripción, en virtud de lo previsto en
los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, esto es
de 3 años contados a partir de que el derecho se hace exigible, que para el caso en
estudio corresponde a la fecha en la que la demandante adquirió el estatus
pensional.
Se concluye que, según las normas aplicables al caso concreto en torno a la
configuración del fenómeno jurídico de la prescripción, encuentra la Sala que
adquirió el derecho a que le fuera reconocida la pensión gracia el 3 de mayo de
2011 y presentó la solicitud de reconocimiento de la prestación el 16 de enero de
2019, de manera que las mesadas causadas antes del 16 de enero de 2016 se
encuentran prescritas.
Como consecuencia, al encontrarse acreditados los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia, esta Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Mercy Celina Díaz Martínez.
2.6. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
35Sentencia del 19 de enero de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
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Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.36
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida actuase
con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Mercy Cecilia Díaz Martínez
cumplió con todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la pensión
gracia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 15 de diciembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar que accedió a las pretensiones de la demanda
promovida por Mercy Celina Díaz Martínez contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
36 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016,
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Mercy Celina Díaz Martínez
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmtl.
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